Zafarrancho

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Ese decreto que tienes conmigo

Por – Diario El Comercio.
El día de la Canción Criolla es el 31 de octubre, pero ahora que tiene poderes sin medida ni clemencia, el gobierno debería aprovechar para cambiarlo al 30 de setiembre. Porque, al parecer, nada ha habido tan criollo últimamente como la forma en que se decretó en esa fecha la disolución del Congreso a partir de la tesis de la “denegación fáctica de la confianza”.
Abundar en los problemas lógicos que plantea esa –insistimos– pastrulada conceptual (que figurará para siempre en el glosario de la ignominia política nacional al lado de la “inflación neta” que acuñó la ineptitud económica del primer alanismo y la “interpretación auténtica” del fujimorismo re-reeleccionista) resultaría ocioso, pues solo provocaría una disputa por los pocos kimonos moqueguanos que todavía no tienen dueño; y está visto que lo que el país necesita en este momento es sosiego.
Nos enfocaremos ahora, por lo tanto, en un asunto que dejamos pendiente en nuestra columna de la semana pasada. A saber, el enigma de si el decreto supremo que dio origen al escenario actual contaba con aprobación del Consejo de Ministros y refrendo ministerial (que son dos cosas distintas) a la hora de ser anunciado.
Sobre la necesidad de que la referida aprobación fuese solicitada por el presidente, hay discrepancia entre los especialistas que hemos consultado: unos sostienen que, por la gravedad de la materia (la disolución de un poder del Estado por otro), pedirla y obtenerla era ineludible; y otros, que era conveniente pero no obligatoria. En lo que sí coinciden todos es en que, una vez demandada, la opinión del gabinete no podía ser ignorada. Y es aquí en donde el aporte del ministro Vicente Zeballos (originalmente titular de Justicia pero ahora ascendido a premier por sus méritos académicos) ha sido iluminador.
—‘Técnico-normativo’—
El jurisperito brotado de las aulas de la Universidad Garcilaso de la Vega, en efecto, ha revelado en una entrevista que, antes de decretarla, Vizcarra discutió la iniciativa de disolver el Congreso con sus ministros y que algunos de ellos –en particular el entonces jefe del gabinete, Salvador del Solar– plantearon observaciones al respecto. “Ha habido puntos de vista [sic], pero que de una u otra manera se dan cuando hay un intercambio de pareceres”, señaló. Para luego agregar: “Las observaciones fueron cuestiones de oportunidad; alguna observación de orden técnico-normativo”.
¿“Técnico-normativo” dijo? ¿No es ese precisamente el campo en el que surgen las dudas (que tormentosas crecen) sobre la constitucionalidad de la disolución vizcarrista del Parlamento?
En el mismo sentido, además, apuntan otras declaraciones ofrecidas por esos días a RPP por el ministro del Interior, Carlos Morán. “En base a la prerrogativa constitucional que tiene el presidente de la República, él puso a consideración del gabinete [el cierre del Congreso]. Hubo algunas observaciones de carácter técnico-normativo, pero constructivas”, aseveró. Antes de redondear la faena con la audaz paradoja: “Hubo consenso, que es diferente de unanimidad”.
Queda claro, en consecuencia, que la aprobación del Consejo de Ministros fue solicitada. No tan claro, en cambio, que fuese otorgada. Aunque a lo mejor el presidente consideró que se la habían dado fácticamente…
En cualquier caso, el expremier Del Solar y los otros miembros del gabinete que plantearon las observaciones nos deben, a todos y todas, una explicación sobre la naturaleza de ellas y la relación que podrían guardar con sus eventuales renuncias para salvar su responsabilidad en una ruptura del orden constitucional como la que estaba a punto de producirse.
Lo cierto es que, con o sin aprobación del Consejo de Ministros, Vizcarra dirigió esa tarde un mensaje a la nación para ordenar una disolución del Congreso materializada en un decreto supremo que en ese momento no podía tener refrendo ministerial.
¿Cómo así podemos estar seguros de ello? Muy fácil: a esa hora Vicente Zeballos, que firmó el mencionado decreto supremo como presidente del Consejo de Ministros, todavía no había jurado el cargo.
No hay que descartar, sin embargo, la posibilidad de que el presidente entendiese que, fácticamente, ya había jurado.
—De lujo—
Todo sugeriría, en realidad, que estamos ante otro problemilla “técnico-normativo”. Pero, claro, el arúspice del derecho que ahora encabeza el equipo ministerial no va a darse por enterado, pues su vocación por hacerle el tundete a las criolladas de gabinete que, con golpe de cajón, alienta el mandatario es indoblegable. Con él, ese decreto dormirá escondido una eternidad.
No se puede negar, no obstante, que en la distribución de fajines ha habido esta vez un cierto lujo. Poner de regreso a su ‘causita’ Edmer Trujillo al frente de la cartera de Transportes después de los desaguisados que hace siete meses lo llevaron a la renuncia (más de 100 estaciones de buses sin condiciones de seguridad autorizadas durante su gestión; entre ellas, la de Fiori, donde murieron 17 personas en un incendio) es, por ejemplo, un lujo que Vizcarra solo ha podido darse porque no existe un Congreso que le pueda llamar la atención o interpelar al nuevo premier por tan temeraria elección.
El titular de Cultura, Francesco Petrozzi, por otra parte, parece haber encontrado en este lujoso contexto de contrapeso suprimido la oportunidad de oro para que las leyes “corran como por un tubo”, tal como soñaba cuando formaba parte de la mayoría parlamentaria fujimorista. De ahí, quizás, su reciente descubrimiento de que con el presidente “es muy fácil dialogar”.
Y no olvidemos al ya mentado ministro del Interior, Carlos Morán, que gracias al desahogo que le concede tener la situación de inseguridad en el país controlada, se permite ejercer de vocero político del gobierno y advertirles a los congresistas disueltos que “van a tener que buscar trabajo”.
Criollismo, como se ve, por todos lados, que ayer el presidente ha coronado al enredarse en una resbalosa que busca bloquearle a Pedro Olaechea la posibilidad de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Alguien va a tener que explicarle que a la Permanente no puede disolverla.

Vizcarra en sus “horas locas”

Por Sergio Tapia- www.cafeviena.pe
La fiesta democrática, como por algunos suelen llamar a los actos electorales, será próximamente una “hora loca” si se consuman las elecciones inconstitucionalmente convocadas por el expresidente Martín Vizcarra, quien aún ejerce la función de puro macho, alineándose el Perú tras la senda del gobierno tipo Maduro, que desbasta inmisericordemente al rico país petrolero de Venezuela.
Como ciudadano tomo nota del Pronunciamiento “En Defensa del Orden Democrático”, del 30 de setiembre, por el que el Defensor del Pueblo “considera su deber señalar lo siguiente: (…) 3. (…) el Presidente de la República ante la elección de un magistrado del Tribunal Constitucional, tomó la decisión de disolver el Congreso de la República sobre la base de interpretar que se ha denegado en los hechos la cuestión de confianza solicitada respecto de su proyecto de ley presentado. En opinión de la Defensoría del Pueblo dicha interpretación se aleja de la Constitución.”
¿Cuál es la importancia de la Defensoría del Pueblo? Es el órgano autónomo de los poderes del estado, encargado de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la sociedad. Y, como supervisor del cumplimiento de los deberes del Presidente de la República, lo ha reprochado por haber disuelto el Congreso.
Ese Pronunciamiento del Defensor del Pueblo, es un jaque mate a la jugada política presidencial contra el Congreso. Pronunciamiento que hay que darle el crédito y la valorización jurídica y republicana que amerita. Y, como ciudadano debo recoger ese reproche al ex-presidente Vizcarra, para sostener con suficiente fundamento que el ingeniero Vizcarra ha incurrido en infracción constitucional.
Como abogado, leo la advertencia de la Decana del Colegio de Abogados de Lima, del 30 de setiembre, quien expresa que “3. Cerrar el Congreso de la República (…), constituiría el quiebre de nuestra democracia y acarrearía la responsabilidad del caso a sus impulsores.”
Y, observo que han llegado horas graves para nuestra República, pues, la Decana de los abogados de Lima expresa que la democracia ha sido rota con por la decisión presidencial de cerrar el Congreso. Lo que es sumamente grave, para el Estado de Derecho, para el sistema republicano y democrático de gobierno.
El ex-presidente Vizcarra ha hecho uso malévolo de su influencia ante los altos mandos de las FFAA, haciéndolos deliberar, de tal manera que el Pronunciamiento del Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto y los tres institutos armados, quebranta el artículo 169 de la Constitución que no subordina a las FFAA al Presidente de la República, sino “al poder constitucional”. Por tanto, al emitir ese Pronunciamiento del 30 de setiembre, las altas autoridades de las FFAA han incurrido en infracción constitucional por desconocer el poder constitucional que reposa en el Congreso de la República.
En las fiestas la hora loca es la euforia. En estas “horas locas” que transita la Sociedad Peruana, no es extraña la invasión desenfrenada de las operaciones revolucionarias de las izquierdas marxistas, para copar el poder de la República. Son horas locas de exageración primitiva, de aquellas que sólo puede suscitar la tiranía política desenfrenada. Quedamos, las personas y la sociedad expuestos a las consecuencias del golpe de estado de modelo comunista gramsciano, en el que la política no se torna en guerra civil ni revoluciones violentas, sino en psicopolítica y en confrontación jurídica en sí misma considerada una nueva arma cultural.
Debemos los ciudadanos y los abogados, evitar la quiebra de la democracia y superar el alejamiento de la Constitución, promoviendo toda acción recta, justa y eficaz para obtener la derogatoria del Decreto Supremo N° 165-2019-PCM que contiene tres decisiones deformadoras del modelo republicano de gobierno: (1) Cierra el Congreso, aunque se diga que es disolución; (2) Revoca el mandato parlamentario, y (3) Convoca a ilegítimas elecciones para un nuevo Parlamento, el domingo 26 de enero.

Edmer Trujillo, el hombre que nunca dejó el poder

Por – Diario El Comercio.
La anterior gestión de Edmer Trujillo al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones terminó con una tragedia. Diecisiete personas murieron en el incendio de un bus en el popular terminal de Fiori. Poco después, El Comercio reveló que su gestión le dio autorización de funcionamiento a esta y otras 101 estaciones de buses sin óptimas condiciones de seguridad.
En el MTC señalaron que Trujillo se había concentrado en la ejecución de proyectos y descuidó las regulaciones. El ministro, quien integra el círculo cercano del presidente Martín Vizcarra, dejó el cargo a fines de abril de este año.
Ciento setenta y dos días estuvo fuera de esta cartera, pero se mantuvo cerca del poder hasta el día que volvió a asumir las riendas del sector tras la disolución del Congreso. Durante ese receso, mantuvo resguardo policial y una camioneta oficial registrada a nombre del MTC. El Comercio constató –a través de fotografías captadas el 25 y 26 de setiembre pasado– que Trujillo hizo uso de estos recursos.
De acuerdo al Decreto Supremo 004-2016-IN y a la Directiva 014-2016 de la policía, los exministros tienen derecho a mantener seguridad semiintegral hasta por seis meses después de dejar el cargo. Pero en mayo del 2018, el gobierno de Vizcarra emitió el Decreto de Urgencia 005-2018, que establecía como medida de austeridad que la asignación exclusiva de vehículos era solo para “uso oficial” de ministros y otros altos funcionarios. Esta medida fue replicada en el artículo 10 de la ley de presupuesto del 2019.
A raíz de esta norma, al menos tres exministros de Vizcarra, que prefieren no ser identificados, señalaron que en sus carteras interpretaron que no les correspondía el uso de vehículos oficiales al dejar el cargo, aunque sí seguridad personal. Carlos Bruce, quien fue titular de Vivienda, señaló que antes sí se otorgaba este beneficio, pero a él no se lo ofrecieron esta vez.
En cambio, el exministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes señala que el uso del vehículo sí es una atribución que se les da hasta por seis meses, pero “no es el mismo auto, es uno pequeño”. Trujillo no tuvo la misma interpretación.
En respuesta, Trujillo señaló que “la ley de presupuesto no deroga ningún dispositivo referido a funcionarios que no están en actividad”, por lo que actuó dentro de la legalidad.
—Brazo ejecutor—
Dos semanas después de dejar el MTC, el 15 de mayo, Trujillo fue nombrado miembro del Comité Especial en Inversión en Proyectos de Transportes y Telecomunicaciones de Pro Inversión. La decisión la tomó el consejo directivo, conformado por los ministros de Economía; Transportes y Comunicaciones; Vivienda y Saneamiento; Energía y Minas; y Producción.
Pero poco después Trujillo volvió a ser uno de los brazos operativos del presidente Vizcarra en un cargo estratégico. Fue contratado como asesor de la Oficina de Cumplimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros con el objetivo de dar seguimiento y ayudar a destrabar proyectos de inversión priorizados por el Ejecutivo.
El perfil que buscaban era el de un exministro –pues se tenía que reunir con funcionarios de alto nivel– relacionado a la construcción y que conociera el ciclo de los proyectos. Trujillo era, además, de plena confianza de Vizcarra. Fuentes de este Diario indicaron que se le asignó una oficina en el séptimo piso del edificio de la PCM en la Av. Larco, en Miraflores.
Para esta labor, primero fue contratado a través de una orden de servicio por S/32.000 emitida el 5 de julio de este año, según figura en los registros del OSCE. Sin embargo, sus funciones comenzaron antes.
El 21 de junio, Trujillo visitó a la ministra de Salud, Zulema Tomás, como representante del Despacho Presidencial. Volvió el 26 y el 28 de ese mes. En la última de estas, Trujillo se registró a nombre de la PCM.
En los meses siguientes, Trujillo fue contratado a través del fondo administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo, según indicaron las fuentes. Por esta labor se le asignó otro pago de S/32,000. La información sobre este tipo de contrataciones es opaca, pues no figura en los portales del Estado.
Como prueba de que Trujillo desempeñó esta función hasta pocos días antes de su último nombramiento como titular del MTC, este Diario recopiló visitas que Trujillo hizo a Rocío Espino Goycochea, funcionaria de la Unidad de Gestión de Inversiones de Reconstrucción con Cambios del Ministerio de Salud, el 13 y 27 de setiembre. Se registró a nombre de la PCM.
Además, Trujillo acudía los martes a reuniones en el MTC, según indican fuentes de ese sector, pero sus visitas no figuran en el registro oficial de la entidad que ahora lidera.
El calendario público de reuniones de la dirección ejecutiva de Agro Rural también registra reuniones con Trujillo para ver temas de la reconstrucción. Coordinaba con los sectores de Vivienda y Construcción, y de Educación. Algunas veces se presentaba como asesor de la presidencia; en otras, de la PCM.
En conversación con este Diario, Trujillo confirmó que en el mes de julio asesoró a la PCM en temas de infraestructura, y luego a una unidad ejecutora de esta entidad para la gestión de proyectos.
Este trabajo no solo reforzó su vínculo con el presidente Vizcarra, sino con los brazos ejecutores de los ministerios.

Imposible disfrazar el golpe de Estado

Por Mariella Balbi- Político.pe
En el exterior ya se catalogó el golpe de Vizcarra como tal. Nadie en su sano juicio puede negarlo, menos cuando la pueril razón para realizarlo ha sido “la denegación fáctica” de la confianza por el Congreso, una figura jurídica que no existe. La Comisión de Venecia, aunque no vinculante, se pronunció por la necesaria independencia de poderes, remarcando que el Ejecutivo no puede imponer una reforma constitucional al Parlamento. Cuando el ‘Wall Street Journal’ (WSJ) publicó el titular: “Golpe de Estado en el Perú”, a Vizcarra y a su corte se les pararon los pelos de punta. Imposible controlar a uno de los diarios más influyentes del planeta. Vino una seguidilla de declaraciones ministeriales pretendiendo negarlo.
El ministro de Defensa, bien al ‘tintoreto’ como diría Luis Bedoya, dio una explicación ridícula: no hubo tanques en la calle, dijo. Olvidó mencionar que la Policía, lista negra en mano, negó el acceso al Congreso a los legítimamente elegidos. Usó la fuerza. Esta actitud dictatorial probablemente hizo que el ministro del Interior, de manera patanesca, mandara a los parlamentarios disueltos a buscar trabajo. Vizcarra se ha volcado al asambleísmo con gobernadores regionales y alcaldes (los llama el pueblo), soslayando que al finalizar el año la ejecución del gasto público es inferior al 50%. Un país parado, no puede responsabilizar al Congreso de su ineptitud. Típico de un dictador. Como también lo es decir que “Olaechea usurpa funciones” si firma como presidente del Congreso la demanda ante el Tribunal Constitucional. El ladrón, el golpista, llamando ladrón a otro. Vizcarra decide qué es legal y qué no, además de declarar con desfachatez que él asume -como si pudiera– la responsabilidad del golpe, contrariando la ley que señala que el cierre del Congreso debe ser firmado por el gabinete. Demostrando baja catadura moral, el Ejecutivo contrata de asesor para la cuestión de confianza a un acosador sexual, Gerardo Távara, ex Transparencia.
Esta institución tardó en denunciarlo pero en esos corrillos todos sabían de sus inconductas. La prensa adicta lo llevó a programas pre y post golpe como ‘gran’ analista. Las periodistas no se indignaron. Doble moral. El gobierno nos manda a interesarnos por las próximas elecciones que serán un tremando desmadre. Ante las críticas y dudas, el gobernante solo dice que “siempre habrá obstruccionistas”, eludiendo que la mayor evidencia de su dictadura es que los comicios se inician manteniendo en prisión, arbitrariamente, a la lideresa más importante de la oposición. El gobierno de facto se manejará a punta de decretos de urgencia, modificando leyes orgánicas. Nadie lo fiscalizará, la prensa adicta al régimen es comparsa del Ejecutivo. La mano de Odebrecht está detrás del golpe. Veremos si la justicia le ‘devuelve’ S/525 millones. Es clarísimo que este es un gobierno golpista. Afuera no se cree que los chanchos vuelan.

Vizcarra ‘posmoderno’

Por Martha Meier Miró-Quesada– Diario EXPRESO.
Martín Vizcarra torció la Constitución a su antojo para disolver el Congreso. Si cerrar el Poder Legislativo no es un Golpe de Estado, ¿qué vendría a ser? Vizcarra perpetró ese golpe para deshacerse de un poder compuesto por una amplia oposición democrática, incómoda y fiscalizadora. Si esto no lo convierte en dictador, qué es, ¿un dictablando? Si los comunistas, socialistas y caviares celebran el quiebre constitucional, ¿no será porque les permitirá traerse abajo el libre mercado? Si nos ceñimos estrictamente a la teoría del filósofo y politólogo estadounidense Gene Sharp estaríamos ante un golpe ‘suave’ o ‘blando’. En su libro “De la Dictadura a la Democracia”, Sharp menciona cinco pasos para provocar golpes blandos: ablandamiento; deslegitimación; calentamiento de calle; combinación de formas de lucha y fractura institucional. Paradójicamente los gestores del golpe Vizcarrista aplicaron eso para robarnos la democracia, le sumaron buena parte de la receta del manual castro-chavista y algo del posmodernismo, es decir un menjunje de ideas para hacerse del poder total.
El posmodernismo surgió como movimiento artístico, cultural, literario y filosófico en los años setenta del siglo pasado, reforzándose tras la destrucción del muro de Berlín y el fracaso de los regímenes comunistas de Europa del Este. “En la posmodernidad el individuo no se aferra a nada, no tiene verdades absolutas y sus opiniones experimentan rápidas modificaciones […] ninguna ideología política es capaz de entusiasmar a las personas en favor de actuar a modo de ideario colectivo como un proyecto histórico movilizador”, escribe Jesús Alexis González en la revista Analítica; y añade que la sociedad posmoderna ha mantenido durante medio siglo un “conflicto permanente con la razón, la racionalidad y las grandes ideologías políticas […] Al propio tiempo, la moral está igualmente fragmentada, y tras la pérdida de la fe en la verdad también se está desmembrando el criterio sobre el que se fundamenta la acción moral”. El vizcarrismo posmoderno simboliza, pues, la incoherencia y la renuncia a las ideas del progreso y la razón, de allí su estupidez esa de que “El crecimiento de un país no se basa solamente en la obra física, sino en los valores”, un desestimiento del progreso tangible. “Los nuevos políticos […] ya no creen en nada, sólo en mantener el poder para hacerse ricos [aunque deban] “, “aliarse con el diablo”, “abandonar las propias convicciones”, o “a los votantes”, escribió en 2006 Fernando Pérez Borbujo, en el diario español ‘Córdoba’.
Un ejemplo es el golpista Vizcarra aliado con los rojos, los rojos defendiendo a la corrupta Odebrecht. Nadie votó por Vizcarra y este recortar el periodo de los congresistas electos. Peligroso anticucho posmoderno con #BrisitaBolivariana.

La señal

Por Jorge Morelli– Diario EXPRESO.
El resultado de las elecciones en Bolivia en un semana, el próximo domingo 20 de octubre, va a tener un impacto decisivo en nuestras elecciones del 26 de enero.
Para Evo es crucial ganar en la primera vuelta, porque perdería la segunda. Evo ya tiene 60 años y lleva 14 en el poder. El impacto electoral entre los jóvenes -el 34% de la población- de los incendios forestales que se le escaparon de las manos al gobierno luego de la decisión política de autorizarlos por supuestas razones económicas, puede ser decisivo del resultado. Su desesperación, en todo caso, es por la mayoría parlamentaria que le sería esquiva a Evo, con las consecuencias que ya conocemos.
Es indispensable, sin embargo, ponernos igualmente en el escenario posible de la enésima reelección de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia hasta el 2025. La novedad es que, en las actuales circunstancias políticas peruanas, el efecto de una posible victoria electoral de Evo va a tener un efecto devastador en el voto del Sur del Perú en enero.
Es el “efecto aymara”, pero no es lo principal. El peligro del enemigo en las puertas del Perú viene de mucho más allá. Evo es aliado del Foro de Sao Paulo, de Caracas y de La Habana. Este es un plan geopolítico que abarca el siglo XXI.
Una semana después de las elecciones bolivianas, el 27 de octubre, tendrán lugar las elecciones argentinas, donde el favorito es el candidato del peronismo kirchnerista, el partido causante de 80 años de desastre económico de la Argentina. Desastre del que el pueblo hoy culpa al gobierno actual. Es un sainete mil veces repetido. Pero el resultado de las elecciones argentinas tendrá igualmente un impacto electoral en las peruanas y sumará a Buenos Aires al eje La Habana, Caracas, Sao Paulo.
La otra novedad es que Evo Morales viene de firmar en los últimos días con Vladímir Putin un paquete enorme de inversiones en infraestructura para Bolivia, que incluyen el litio, la energía atómica para su explotación, y el tren bioceánico de Sao Paulo a Ilo.
La construcción primero de una red local y de un gasoducto luego desde Bolivia a Ilo, en el plan Siete Regiones para abastecer de gas natural al Sur, pondría la llave de la energía de todo el Sur del Perú en manos de Evo.
La licitación aún está pendiente de la decisión de Proinversión, y la estatal de gas boliviana es uno de los dos postores del proyecto. Algún tiempo atrás circularon versiones de que el gasoducto lo construiría la estatal rusa Gazprom, la empresa gigante del gas que abastece a Europa.
De ganar el postor competidor -un consorcio del que es parte una gran empresa china- tendremos una señal, porque China y Rusia compiten por los recursos a nivel planetario. También por los del Sur del Perú. De ganar la licitación, en cambio, la estatal de gas boliviana, esa será la señal emblemática que definirá el rumbo político y el significado del gobierno de Martín Vizcarra.

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