Aún más por las consecuencias del proyecto de ley sobre inmigración

Por Lucas Coppen– ThePillarCatholic.com
Nuevas fracturas están apareciendo en la Iglesia Católica en Alemania tras un enfrentamiento político sobre la inmigración antes de unas elecciones federales anticipadas.
Las divisiones quedaron expuestas por primera vez en una controvertida votación del 29 de enero en el Bundestag, el parlamento federal alemán.
Tras el colapso de la coalición gobernante de Alemania en noviembre, Friedrich Merz, el líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania, habría acordado no presentar ningún proyecto de ley antes de las elecciones federales del 23 de febrero si contaban con el apoyo del partido Alternativa para Alemania (AfD), ampliamente descrito como de extrema derecha.
Los críticos acusaron a Merz de violar el acuerdo —conocido en Alemania como “Brandmauer”, o cortafuegos, contra la extrema derecha— cuando los partidos conservadores de la Unión (CDU/CSU) presentaron una moción para restringir la migración ante el Bundestag.
La inmigración se ha convertido en un importante campo de batalla político desde que Alemania recibió a alrededor de un millón de refugiados sirios en 2015. El debate se ha visto intensificado en los últimos meses por los ataques con víctimas masivas perpetrados por inmigrantes en Magdeburgo, Aschaffenburg y Múnich.
La moción no vinculante de cinco puntos fue aprobada por un estrecho margen gracias al apoyo de AfD, lo que provocó revuelo.
El 31 de enero se celebró otra votación sobre un proyecto de ley para restringir la inmigración, llamado Ley de limitación de la afluencia. Esta vez, el Bundestag rechazó el proyecto de ley por 349 votos en contra, 338 a favor y cinco abstenciones.
A raíz de las votaciones surgieron profundas diferencias en varios niveles de la Iglesia católica alemana.

Divisiones entre los obispos

En vísperas de la primera votación, el Parlamento federal alemán, la Oficina Católica en Berlín, que hace lobby en nombre de la Conferencia Episcopal Alemana, y la Alemania Protestante en Alemania (EKD) lanzaron un llamamiento conjunto a los legisladores.
El jefe de la Oficina Católica, monseñor Karl Jüsten, y la representante de la EKD, Anne Gidion, manifestaron su temor de que la democracia alemana “sufriría graves daños” si los partidos de la Unión cooperaran con la AfD.
Pero el día de la votación, la Conferencia Episcopal Alemana se distanció inesperadamente de la intervención conjunta en un correo electrónico a los obispos diocesanos.
Dos obispos (el obispo de Ratisbona, Rudolf Voderholzer, y el obispo de Eichstätt, Gregor Maria Hanke) criticaron públicamente la declaración conjunta, mientras que uno (el obispo de Speyer, Karl-Heinz Wiesemann) la defendió.
En febrero de 2024, los obispos aprobaron por unanimidad una declaración que condenaba lo que llamaban “nacionalismo racial (völkisch)”, y acusaba a la AfD de estar “dominada por una actitud racial-nacionalista”.
Pero la votación del Bundestag puso de relieve las diferencias implícitas entre los obispos sobre si las leyes de inmigración de Alemania deberían endurecerse y si la Iglesia debería intervenir con fuerza en una temporada electoral en lo que podrían verse como cuestiones de juicio prudencial.

Divisiones dentro del ZdK

Tras la votación del 29 de enero, el influyente grupo laico Comité Central de los Católicos Alemanes (ZdK) emitió un comunicado de prensa acusando a los partidos de la Unión de cruzar “los límites de la cultura política”.
“La CDU/CSU quiere limitar duramente la inmigración, pero no ofrece criterios humanos”, afirma Irme Stetter-Karp, presidenta del ZdK.
Las críticas a la CDU/CSU provocaron una reacción negativa dentro del ZdK, que tradicionalmente ha tenido fuertes vínculos con los partidos de la Unión.
Annegret Kramp-Karrenbauer, una figura destacada del partido CDU de Alemania, informó a Stetter-Karp el 31 de enero que renunciaba al ZdK en respuesta a su intervención.
La pérdida fue significativa porque Kramp-Karrenbauer dirigió la CDU de 2018 a 2021 y alguna vez fue promocionada como sucesora de la canciller alemana de larga trayectoria, Angela Merkel.
Otras figuras de la CDU expresaron sus dudas sobre la postura del ZdK, sugiriendo una creciente brecha entre el partido y la influyente organización laica que copatrocinó el polémico “camino sinodal” de Alemania junto con los obispos.
Friedrich Merz, líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania. Partido Popular Europeo vía Wikimedia (CC BY 2.0).

Divisiones dentro de las organizaciones católicas

El día en que Kramp-Karrenbauer dimitió del ZdK, la presidenta de la Asociación de Mujeres Católicas Alemanas (KDFB), un grupo con unos 180,000 miembros, se mostró a la defensiva tras la votación.
Anja Karliczek, presidenta de la KDFB y política de la CDU, emitió un comunicado justificando sus votos a favor de la moción.
“Aunque la propuesta de resolución fuera aprobada con los votos de la AfD, no se trata de una colaboración con este partido racista y de extrema derecha que quiere destruir nuestra democracia”, afirmó.
“Mi voto a favor de esta moción no significa en ningún caso proximidad a la AfD ni tolerancia hacia sus opiniones políticas”.
La vicepresidenta de la KDFB, Monika Arzberger, criticó la postura de Karliczek y afirmó que “las acciones políticas de la facción CDU/CSU, a la que pertenece nuestro presidente, han provocado incomprensión y tristeza en la última semana”.
La KDFB no fue la única asociación de mujeres católicas que sufrió las consecuencias de la votación. También lo hizo la Comunidad de Mujeres Católicas de Alemania (KFD), que cuenta con unos 265,000 miembros.
La asociación diocesana de la KFD de Münster pidió la dimisión de la presidenta federal de la KFD, Mechthild Heil, otra política de la CDU que votó a favor de la moción.
“Nosotros ya no aceptamos que Mechthild Heil sea la presidenta nacional del KFD”, afirmó la asociación diocesana. “Sus prácticas electorales no demuestran un compromiso reconocible con los valores del KFD. Esperamos que ella saque las consecuencias correspondientes”.
Heil había defendido su voto en un comunicado de prensa de KFD del 7 de febrero .
“Soy diputada de la CDU en el Bundestag por mandato directo y represento las preocupaciones de mis electores. En mi opinión, es necesario un cambio en la política migratoria: nuestro país debe poder seguir ayudando a las personas que huyen de la guerra y del desplazamiento forzado en el futuro y ofrecer una oportunidad justa y humana a quienes ya viven aquí y son bienvenidos. Esto subraya los valores de la KFD”, afirmó.
La votación también enfrentó a las organizaciones juveniles católicas de Alemania entre sí.
El Grupo de Trabajo de Asociaciones de Estudiantes Católicos (AGV), que se autodefine como la mayor asociación de estudiantes católicos de Alemania, se enfrentó a la Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), un organismo que agrupa a las organizaciones juveniles católicas.
En una carta abierta del 28 de enero, la AGV criticó una publicación en Instagram del BDKJ que aparentemente estaba dirigida a los partidos sindicales.
El mensaje decía: “Si sólo pueden realizar sus planes con la ayuda de enemigos de la democracia y de la humanidad, entonces quizás sus planes sean simplemente antidemocráticos y antihumanos”.
La AGV acusó al BDKJ de emitir en realidad “una recomendación electoral contra un partido que es indiscutiblemente parte del centro democrático”.
“La declaración de la BDKJ implica que la política migratoria de los partidos de la Unión es fundamentalmente ‘antidemocrática y antihumana’. Semejante generalización no es aceptable en un debate democrático”.

JD Vance: “Miedo de sus propios votantes“

Vance también dijo a los líderes europeos que “si tienen miedo de sus propios votantes, no hay nada que Estados Unidos pueda hacer por ustedes”. Dijo que ninguna democracia podría sobrevivir diciendo a millones de votantes que sus preocupaciones “son inválidas o indignas de ser siquiera consideradas”. “La democracia descansa en el sagrado principio de que la voz del pueblo importa”, dijo. “No hay lugar para cortafuegos”.
El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius replicó que “todas las opiniones tienen voz en esta democracia. Hace posible que partidos en parte extremistas como AfD hagan campaña con total normalidad, como cualquier otro partido”. Señaló que Weidel estuvo en el prime-time de la televisión alemana junto con los otros contendientes. Pero añadió que “la democracia no significa que la minoría ruidosa tenga automáticamente la razón”, y que “la democracia debe ser capaz de defenderse de los extremistas que quieren destruirla”.
Olaf Scholz acudió a la red social X para “rechazar enfáticamente” los comentarios de Vance”. A partir de las experiencias del nazismo, los partidos democráticos de Alemania tienen un consenso conjunto, que es el cortafuegos contra los partidos de extrema derecha”, escribió.
El gobernador de Baviera, Markus Söder, figura prominente del bloque opositor de centro-derecha alemán, que lidera las encuestas preelectorales, dijo a los periodistas que “tomamos en serio todas las opiniones, pero decidimos nosotros mismos con quién formamos coalición”, informó la agencia de noticias alemana DPA.
La reunión de Vance con Weidel se produjo después de que fuera recibida por el primer ministro nacionalista de derechas de Hungría, Viktor Orbán. La oficina del vicepresidente dijo que Vance también se reunió con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y con el líder de la oposición, Friedrich Merz, mientras que con Scholz se reunió a principios de esta semana cuando ambos se encontraban en París para asistir a una cumbre sobre inteligencia artificial.
Fuente: Euronews.com

¿Es suficiente un oficio para que la fe prospere? Trump, Paula White y la “teología de la prosperidad“

Por  Simone M. Varisco– Caffe Storia.
«Creo que la prosperidad tiene un propósito». Éste es probablemente uno de los pasajes más eficaces para resumir el pensamiento de Paula White sobre la riqueza. El suyo es un enfoque articulado, a veces nebuloso y a menudo contradictorio, que va desde las Escrituras hasta el coaching mental de moda. Algo así como: «Tu futuro está en tu rutina diaria. La gente de éxito hace a diario lo que otros hacen de vez en cuando».
Una fe de oficina
Que Donald Trump haya elegido a una predicadora de televisión y líder de un movimiento religioso como Paula White para dirigir la nueva Oficina de la Fe significa, sin duda, algo. Efectivamente: que al presidente de Estados Unidos se le haya ocurrido crear una Oficina de la Fe significa algo. Incluso demasiado. Ya sea para «devolver la religión» a Estados Unidos o para protegerse de los «prejuicios anticristianos» en el país -ambos objetivos declarados en los últimos días-, la nueva Oficina pretende alimentar ese halo de santidad de neón que se enciende tras el jefe de Trump y en el que se basa parte de su aprobación. «Como dice la Biblia, ‘Bienaventurados los pacificadores’. Y con ese fin, espero que mi mayor legado, cuando todo esté dicho y hecho, sea el de un pacificador y unificador», escribe Trump en el antiguo Bluebird.
Es el Evangelio según X, garantizado tanto por el capital tecnológico de Elon Musk como por el atractivo trascendente de White. Una que en 2019, ya lanzada a la campaña con el actual presidente, demuestra que sabe cómo hacerlo. «Cuando entro en la Casa Blanca, Dios entra en la Casa Blanca. Tengo todo el derecho y la autoridad para declarar la Casa Blanca como suelo sagrado porque el lugar donde estoy es sagrado». ¿Una lectura extrema de Dios con nosotros o una inmensa tontería? Poco importa, al fin y al cabo: Paula White se mueve con gracia en esta fe sin gracia, dominando el escenario con el don pseudoespiritual de las lenguas y una capacidad mucho más concreta para recaudar dinero.
Teología de la prosperidad
La llaman «teología de la prosperidad», pero no está claro a quién se la atribuye. Afirman que Paula White es su heraldo, aunque ella misma afirma no creer en ella. Versión abreviada de una teología innecesariamente compleja: la riqueza es una bendición que Dios concede a sus elegidos. Y hace falta poca imaginación para imaginar la suerte (y los defectos) de los demás. Es una vieja historia, que durante siglos ha preocupado a una parte de la tradición judía y a las iglesias evangélicas, sobre todo en el norte de Europa y ultramar.
Hoy en día, la «teología de la prosperidad» parece ante todo la coartada necesaria para justificar un poder cada vez más lobista y oligárquico, para expulsar de Estados Unidos al mayor número posible de personas con problemas y, tal vez, para dar un empujón a la asistencia social. Si Dios quiere. Hasta aquí han llegado los llamados paycheck-to-paycheck, los que viven «de cheque en cheque», que según algunos analistas han contribuido sustancialmente a la victoria de Trump. ¿Quizá acaben sintiéndose también antipáticos desde arriba?
Sin embargo, la riqueza económica no es más que uno de los temas que centran el reflejo pseudoreligioso del culto a Donald Trump, principalmente a la personalidad. El aborto y el género desempeñan un papel propio. Por no hablar de la defensa oficiosa de los católicos «perseguidos» por la administración Biden (mala también en este aspecto, sin duda).
Todo justo, al menos sobre el papel, y todos temas de actualidad, incluso en la agenda de muchas confesiones religiosas. Pero temas capaces también, y sobre todo, de garantizar al político (y a la política) una excelente visibilidad mediática y una buena cobertura ideológica, ya sea entre los llamados tradicionalistas o entre los progresistas. Y poco importa si las posiciones vacilantes de la razón de Estado provocan mareos, y algunas náuseas.
Es el fruto indigerible de todo defensor fidei que los pueblos se han infligido en tiempos de debilidad. El precio del hombre fuerte, salvador tanto de la fe como de la patria. En los últimos años, parte del mundo -incluso en Occidente- ha pasado por esto con Vladimir Putin. Ahora, en Paula White, Trump ha encontrado a su propio Kirill. Ni siquiera necesita ser un patriarca: le basta con dar la ilusión de que puede ganar la guerra. Incluso a la hora de trazar una salida a la crisis, existencial y antropológica antes que global. ‘He sido salvado por Dios para hacer América grande de nuevo’. Palabra de Donald.
Estados Unidos, modelo singular
La historia ya ha demostrado que cualquier intriga entre religión y política sólo puede generar vástagos horripilantes. Se podría decir: Estados Unidos siempre ha sido, incluso en este aspecto, un caso peculiar. Paula White no necesita ciertamente la glosolalia para hablar el idioma de millones de votantes estadounidenses. Para la mayoría de los italianos, la suya es en cambio una retórica incomprensible, al menos de momento. De hecho, una comunicación cada vez más omnipresente y globalizada está cambiando rápidamente las cartas sobre la mesa. Incluso a este lado del Atlántico, en el futuro, un rosario expuesto en la plaza pública podría ser el lejano recuerdo de un primer y torpe paso.
¿Vale la pena externalizar la defensa de la religión a la política por el espejismo de una bendición para la identidad cultural y los valores de la nación? ¿A quién se le pedirá que pague el precio de una fe convertida en instrumento de apoyo popular y justificación de opciones políticas de otro modo injustificables? Robert Hugh Benson ha escrito más de una página sobre estos amos del mundo. Y también sobre su destino.
Fuente: ZENIT.

Poder Judicial ordena excarcelación del general (r) Nicolás Hermoza Ríos

Tras declarar fundado el habeas corpus a favor del exjefe militar, quien padece enfermedades graves, incluyendo demencia senil y complicaciones derivadas del Parkinson, el Poder Judicial dispuso su excarcelación, luego de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
El Poder Judicial ordenó la excarcelación de Nicolás de Bari Hermoza Ríos, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del régimen de Alberto Fujimori Fujimori, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
El 11° Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima dio a conocer que se ha declarado fundado el Habeas Corpus (HC) a favor del exjefe militar contra el presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).
“Declarar FUNDADA la demanda de habeas corpus interpuesta por María Soledad Condori Alfaro Cionculescu en favor del interno NICOLAS DE BARI HERMOZA RÍOS contra el PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, el DIRECTOR REGIONAL DE LIMA DEL INPE y el SUBDIRECTOR DEL REGISTRO PENITENCIARIO ORL- INPE, al haberse acreditado plenamente la vulneración a su derecho a la libertad individual», se lee en el documento oficial.
Tribunal Constitucional declara ‘fundado’ habeas corpus
Como se recuerda, el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Nicolás de Bari Hermoza Ríos, quien se encontraba cumpliendo una sentencia en prisión en el centro penitenciario Ancón II, por diversos delitos relacionados con violaciones de derechos humanos y corrupción. La decisión se tomó luego de que el TC declarara fundada una demanda de habeas corpus interpuesta en favor de Hermoza Ríos, quien padece múltiples enfermedades graves, incluyendo demencia senil y complicaciones derivadas del Parkinson. El tribunal argumentó que mantener sin libertad a un interno en estas condiciones afecta directamente a su dignidad humana.
Entre tanto, el fallo del TC no solo beneficia al condenado Hermoza Ríos, sino que establece un precedente significativo en la aplicación de la figura de libertad anticipada para internos mayores de 80 años en situaciones similares.
Fallo generará un precedente en la justicia peruana
El Tribunal Constitucional exhortó al Congreso de la República a legislar sobre esta problemática, con el fin de establecer criterios normativos claros para la excarcelación humanitaria. En su resolución, el TC enfatizó que la decisión no implica la extinción de la condena, sino el reconocimiento de circunstancias excepcionales que justifican la aplicación de medidas humanitarias. Además, recalcó que las responsabilidades legales y morales de Hermoza Ríos se mantienen intactas, pero su estado de salud lo hace incompatible con el régimen penitenciario actual.
Fuente: LimaGris.com

Keiko Fujimori y otros acusados del “Caso Cócteles” piden anular juicio oral por fallo del TC: los detalles y escenarios

Por Karem Barboza Quiroz– Diario El Comercio.
Keiko Fujimori y otros 12 acusados, entre personas naturales y jurídicas, solicitaron al Poder Judicial (PJ) que se anule el juicio oral que se les sigue por presuntos aportes ilícitos en el marco del “Caso Cócteles”.
Ello, como efecto de la sentencia de hábeas corpus que emitió el Tribunal Constitucional (TC) a favor de José Chlimper, anulando en parte la acusación que el Ministerio Público presentó en su contra por este caso.
Ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, que lleva adelante el juicio oral, la lideresa de Fuerza Popular y sus co-acusados solicitaron la nulidad del juicio al considerar que, por extensión, se les debe aplicar el mismo beneficio resuelto por el TC.
El Tribunal Constitucional anuló la acusación de José Chlimper Ackerman en el extremo de los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia, pero no por presunta falsa declaración.
En esa línea, declaró nula la acusación del “Caso Cócteles” del 11 de marzo de 2021, y la Resolución 28, del 18 de abril de 2022, que dictó el auto de enjuiciamiento, en los extremos que comprenden a Chlimper.
El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, acusa a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos, organización criminal, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Por ello, pidió 30 años y 10 meses de condena, así como 15 años y cinco meses de inhabilitación.
La fiscalía sostiene que, junto a sus co-acusados, habría integrado una red criminal que habría lavado más de US$17 millones y S/18,000. Parte de dicho dinero sería un presunto aporte de US$1 millón de la empresa brasileña Odebrecht y de empresas nacionales.
El dinero, señala fiscalía, se introdujo en sus campañas electorales de 2011 y del 2016, a través de falsos aportantes y actividades sociales como cenas y cócteles.

Alegan unidad de proceso y posición anterior de la sala de juzgamiento

Durante la audiencia de este lunes 6 de enero, Gonzalo del Río, abogado de José Chlimper, solicitó a la Sala de Juzgamiento que se aplique la sentencia que emitió el TC a favor de su patrocinado, declarando la nulidad de todo su juicio oral.
Para el abogado, se trata de un cúmulo de hechos irregulares que fueron detectados por el TC y por ello, toda la acusación debe retrotraerse hasta la etapa de investigación y, de ser el caso, la fiscalía deberá volver a pronunciarse en una sola acusación conjunta.
“Los considerandos de la resolución podrán ser tomados en cuenta por el señor fiscal para cuando emita la nueva acusación contra el señor Chlimper, en todos sus extremos; porque dividir las imputaciones lo único que hará es perjudicarlo”, señaló.
A este pedido se unió Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, quien requirió que “se extienda a los co-acusados el efecto de la nulidad de la acusación” para que se haga “una sola e integral” y que el juicio oral se reinicie cuando el fiscal haya cumplido con hacer una acusación que vaya en consonancia con los argumentos del TC.
Bajo su concepto, en el fallo a favor de Chlimper, el TC enumeró los excesos cometidos por la fiscalía y entre ellos, en el fundamento 37, sobre el presunto delito de organización criminal, se señala que este coordinó con su patrocinado Jaime Yoshiyama. Por tanto, expresó, la acusación no puede ser fragmentada.
“La acusación es un todo, aunque se la quiera fragmentar, es un requerimiento integral (…) el problema es que en esta acusación no está solo el señor Chlimper y el TC no puede exceder sus funciones y decir que estas cosas se han dado de manera extensiva a otras personas, pero el hecho innegable, desde el Código Procesal Penal, es que se ha acreditado una vulneración de derechos y que tiene efecto en las demás personas”. Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama.
A su turno, Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, indicó que el fallo del TC señala expresamente que se han detectado deficiencias en la imputación, “una acusación sorpresiva”, ya que se incluyeron hechos que no estaban contemplados en la investigación preliminar o formalización de la investigación preparatoria.
Además, señaló que se debe tener en cuenta el voto de la presidenta del TC, Luz Pacheco, quien precisa que los errores atribuidos a la fiscalía “no hacen sino crear incertidumbre en el accionante y de sus co-imputados”.
Por tanto, continuó, la imputación fiscal “deficiente” no era únicamente contra Chlimper, sino que, al ser hechos imputados bajo la tesis de “pluralidad de agentes”, las afectaciones también son para esos co-imputados.
Loza señaló ante el tribunal que la “acusación sorpresiva” no solo es para Chlimper, sino para los co-acusados, por tanto, existe la necesidad de retrotraer el proceso, declarar la nulidad y que se corrija de manera inmediata, de cara a no seguir afectando los derechos fundamentales.
“En esa línea, esta defensa se une a la petición antes esbozada y solicita se sirva , en condición de establecer el efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 2803-2023-HC, se extienda a los demás co-imputados a fin de no seguir generando indefensión y condiciones que pudieran traer a futuro la nulidad procesal”. Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori.
David León, abogado de Fuerza Popular, también se adhirió al pedido, señalando que existía una vinculación entre los hechos imputados a Chlimper y su patrocinado, puesto que se le atribuyen aspectos como representante del partido político.
Entonces, debido a que la fiscalía presentó una “imputación en conjunto”, señaló León, “la suerte que caiga sobre su representante, el señor Chlimper, va a recaer inmediatamente en su representada, que era Fuerza Popular en su momento”.
José Nolasco, abogado de Ana Hertz, alegó, ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, que ellos ya establecieron un criterio sobre la aplicación de las resoluciones del TC al extender los efectos del fallo a favor de Arsenio Oré Guardia, quien fue excluido del juicio por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
“Ya estableció la aplicación de la extensión a todos los procesados en el juicio oral, al aplicar la resolución del Tribunal Constitucional a favor de Arsenio Oré Guardia, extendiendo sus efectos a todos los acusados por el delito de obstrucción a la justicia”, sostuvo.
Por tanto, anotó que de acuerdo a las resoluciones 35 y 36 de agosto del 2024 que el mismo colegiado emitió, se debe extender el nuevo fallo del TC para todos los implicados y por todos los delitos acusados.
Julio Espinoza Goyena, abogado de Efraín Goldenberg, también solicitó aplicar el efecto extensivo de la sentencia del TC, al considerar que es “inviable” la continuación del juicio oral, “pues existe conexidad de las imputaciones” y el TC ya declaró que la acusación constituye un acto procesal nulo.
Agregó que, de acuerdo al Artículo 51 del Código Procesal Penal establece que la regla es la unidad del proceso, y excepcionalmente es procedente la separación.
Fanny Uchuya, abogada de Adriana Tarazona; Madelaine Reyes, abogada de Pier Paolo Figari; Guillermo Astudillo, abogado de Luis Barboza Dávila; Rafael Vega, defensa de Augusto Bedoya Camere; Jorge Jerí, abogado de Vicente Silva Checa; Sergio Huamán, defensa de Mark Vito Villanela y de la empresa MVV Bienes Raíces Sac; así como Mario Cáceres, abogado de Antonietta Gutiérrez Rosati, se adhirieron al pedido de extensión.

“La sentencia no establece un criterio vinculante para los otros acusados”

Ante las alegaciones, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, que se rechace el pedido de Keiko Fujimori y otros co-acusados.
Además, remarcó que el Tribunal Constitucional no ha declarado nula toda la acusación de José Chlimper, puesto solamente se refiere a organización criminal, lavado y obstrucción de la justicia; mientras que en el fundamento 33 de la sentencia desestima el agravio en relación a dicho delito.
“El TC no ha amparado que se le hayan afectado sus derechos a Chlimper por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Entonces ¿cómo van a proceder? Tenemos una opción uno: anular el juicio. Si ustedes optan por esta propuesta del abogado, el criterio de esta fiscalía es que ustedes dejan de ser jueces independientes de un Estado constitucional de derecho y se convierten en una suerte de jueces de Estado legal de derecho, propias de dictaduras”, adujo.
Mientras que, la segunda opción, es que no anulen todo el juicio porque subsiste el mismo contra Chlimper por presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo.
“Es decir, los acusados, encabezados por Keiko Fujimori le solicitan a ustedes magistrados, que ustedes anulen este juicio. Entonces, el punto de controversia de la digna corte especializada de cara a lo que va a significar la historia de la lucha contra la criminalidad organizada es ¿Van hacer ustedes extensivos los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional para anular este juzgamiento?”. José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato.
En ese sentido, señaló, la facultad de la Sala de juzgamiento es aplicar la sentencia del TC (Exp. 2803-2023-HC) en sus propios términos. Es decir, actuando con la prudencia e imperatividad que el caso amerita; ya que “el TC no ha establecido que los efectos de la sentencia que favorece a José Chlimper, sean vinculante para los otros acusados”.
“He pedido a ustedes que actúen con esa prudencia e imperatividad que requiere el caso. Prudencia, porque la sentencia del TC que favorece a Chlimper no establece un criterio vinculante para los otros”. José Domingo Pérez, fiscal.
De otro lado, alegó que el colegiado de juzgamiento no tiene la competencia para evaluar cuestiones de congruencia procesal, señaladas por el TC, ya que ello corresponde a la etapa intermedia.
Además, recordó que con la sentencia del TC a favor de Arsenio Oré que dispuso su exclusión y la de los otros acusados por ese delito, se ha continuado con el juicio oral desde hace más de cuatro meses.
Por tanto, dijo que no es cierto que no se pueda seguir con el proceso bajo el argumento de existir una “afectación de unidad objetiva”.
Tras escuchar los argumentos, el tribunal concluyó la sesión y anunció que emitirá su pronunciamiento sobre el pedido de nulidad del juicio oral el lunes 13 de enero.

¿Corresponde la aplicación de la extensión de la sentencia del TC?

Andy Carrión, abogado especialista en derecho penal, señaló a El Comercio que sí se puede extender la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional, tal como este mismo colegiado ya lo hizo con el caso de Arsenio Oré.
Es decir, excluyó del juicio no solo a Oré Guardia por obstrucción a la justicia; sino a todos los que estaban imputados por este delito. No obstante, remarcó que hacerlo por otros delitos más graves sería “radical”.
“¿Se puede extender? Sí, claro que sí, pero la pregunta es ¿Hasta dónde? Y creo que ese es el punto neurálgico de la discusión que se debe tener ahora ¿Por qué? Porque en el anterior caso únicamente se reconducía al tema de obstrucción a la justicia, y por tanto se retrotrajo por ese delito y para los demás imputados, pero el caso de Chimpler es muy radical (…) El problema es que aquí están casi todos los delitos porque allí están organización criminal, lavado de activos. Entonces, sería muy radical que el colegiado diga de que es inviable el juicio como tal”. Andy Carrión, abogado penalista.
Para el abogado, se presentan dos escenarios. Uno, en una interpretación restrictiva, excluyendo únicamente a Chlimper y manteniendo a los demás co-acusados en el juicio oral.
Ello, teniendo como ejemplo, el voto de la presidenta del TC, Luz Pacheco, donde ya se señalan irregularidades en “todo el caso”. Por tanto, si el colegiado decide avanzar con el juicio, “probablemente se termine cayendo con el paso de los meses, puesto que recursos de los co-acusados llegarán al TC”.
Mientras que, en el segundo escenario, siguiendo la lógica del caso de Arsenio Oré, y deciden aplicar la exclusión de todos los co-acusados por los mismos argumentos que Chlimper, “en realidad estás anulando todo el juicio”.
“Entonces, las dos soluciones son radicales. No sé si ellos quieran hallar un punto medio, pero tampoco creo que el tribunal se quiera comprar un pleito de anular todo el juicio, eso tendría un impacto sensible en todos los casos de Lava Jato”, advirtió.
Un punto medio, sostuvo Carrión, podría encontrarse en lo resuelto por el Colegiado de Juzgamiento en las primeras audiencias, donde los acusados alegaron la falta de imputación necesaria o de congruencia -es decir todo lo hallado por el TC en el caso de Chlimper- y anunció que ello sería resuelto junto con la sentencia.
Yo creo que ese sería el punto medio. Es decir, pueden decir: “excluyo a José Chlimper, no obstante tomamos en cuenta los considerandos del Tribunal Constitucional para el momento en que emitamos la sentencia condenatoria u absolutoria” Andy Carrión, abogado penalista.
El especialista en derecho penal, Miguel Reyes, consideró que la decisión que adopte el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional “será bien trascendente en este caso”.
Recordó que la sentencia del TC en el caso de Chlimper Ackerman detectó que hubo una “acusación sorpresiva”, porque se entiende que las personas solamente pueden ser acusadas por hechos que le fueron imputados a través de la formalización de la investigación preparatoria.
Además, mencionó que el TC, en la sentencia de Nadine Heredia (Exp. 5811-2015-HC) estableció que los procesos de hábeas corpus sí pueden extenderse otros implicados que no han sido parte del proceso de habeas corpus; siempre y cuando se encuentren en la misma situación de afectación.
Por tanto, explicó, el colegiado tendría que ver si la afectación que se ha detectado, también golpea a los demás co- imputados. Es decir, por ejemplo, si a Keiko Fujimori se le imputa A, B y C, debe verificar si en la acusación desarrolla “A, B y C”; porque si además encuentra “D,E y F”, entonces sí estaría en la misma situación que Chlimper.
“Entonces, para qué vas a continuar con un juicio oral que ya está nulo. Creo que el colegiado tiene que, primero, determinar que estén en las mismas condiciones y si determinan ello, pueden declarar la nulidad del juicio oral y devolver todo al juzgado de investigación preparatoria”. Miguel Reyes, abogado penalista.
Advirtió que los jueces que llevan adelante el juicio oral, no pueden ir contra lo que ya resolvió el TC. No obstante, indicó, si deciden no aplicar la extensión, cada uno de los co-acusados, deberán seguir su propio proceso de habeas corpus ante el TC.
“Ellos tendrían que continuar sus propios procesos. Lo que pasa es que no es tan sencillo como tan solo pedirlo. Porque para declararlo extensivo, tengo que tener la misma condición. Es decir, las defensas tienen que demostrar que hay la misma vulneración del derecho a la defensa”, añadió.

Ceremonia de instalación del pleno de la JNJ para el periodo 2025-2030

Se desarrolló la ceremonia de instalación del nuevo pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para el período 2025 – 2030, integrado por los magistrados Gino Ríos Patio, Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi, María Cabrera Vega, Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic González y Rafael Ruiz Hidalgo.
En la ceremonia, que contó con la presencia de la presidenta de la república Dina Ercilia Boluarte Zegarra, se dio lectura a la resolución que nombra al doctor Gino Ríos Patio, como presidente del organismo constitucional autónomo para el primer año de gestión. El presidente prestó juramento ante el doctor Víctor Hugo Chanduví Cornejo, como representante del pleno.
Acto seguido, se dio lectura de la resolución que nombra a la doctora María Teresa Cabrera Vega, como vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia para el año 2025, quien juramentó ante el presidente.
En su discurso, Ríos Patio refirió que la independencia reclama principalmente una responsabilidad inalterable con la verdad, la ética y el servicio a la sociedad, y es la sociedad que espera que la actuación de la JNJ sea impenetrable a la corrupción.
Agregó que las disposiciones de esta junta deben ser una demostración incuestionable de compromiso con el sistema de justicia y con los valores que inspiran un estado democrático y de derecho. Sobre la imparcialidad dijo que se concibe como una imperiosa exigencia ética, y no solo como un simple estándar técnico.
Finalmente, la presidenta de la república indicó que la Junta Nacional de Justicia como garante de la calidad del servicio judicial guía el camino hacia la mejora continua del sistema de justicia promoviendo la ética y la profesionalidad.
La ceremonia contó con la participación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi; la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zegarra; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; entre otras altas autoridades.
Fuente: www.gob.pe

A través de una resolución oficializada en el Diario Oficial El Peruano, la fiscal de la Nación designó a Fany Quispe Farfán como nueva coordinadora de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.

Por Luis Felipe Rodríguez Jiménez– Radio Programas del Perú.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dio por concluida la designación del fiscal titular Jorge Chávez Cotrina como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Así lo dispuso en una resolución publicada en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
A través de una resolución oficializada en el Diario Oficial El Peruano, la fiscal de la Nación designó a Fany Quispe Farfán como nueva coordinadora de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada: “Dar por concluida la designación del abogado Jorge Wayner Chávez Cotrina, fiscal titular especializado contra la criminalidad organizada de Lima, Distrito Fiscal de Lima, actualmente Distrito Fiscal de Lima Centro -designado en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada- como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada“, indica la disposición en el artículo primero.
La funcionaria asumirá, además, la jefatura de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y como coordinadora del Despacho de la Fiscalía de la Nación, ante la Sección de Asuntos para Narcóticos (NAS) y DEA de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y demás organismos vinculados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
Cabe resaltar que Jorge Chávez Cotrina fue designado en el cargo en marzo del 2015, por el entonces fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia.

¿Por qué el cambio?

Según se indica en la resolución, los cambios se hacen en el marco del proceso de modernización de la gestión pública y alineado con el Objetivo Estratégico Institucional (OEI.01): “Incrementar la capacidad resolutiva de casos fiscales requeridos por la sociedad”; objetivo tal que se orienta a mejorar la celeridad del servicio que ofrece el Ministerio Público, con especial énfasis a su función constitucional como titular de la acción penal, lo cual importa la intervención del fiscal como ente encargado de conducir la investigación del delito; por tanto, con incidencia directa en la celeridad procesal“.
“En ese contexto, es de mencionar que, las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada y las fiscalías especializadas en delitos de tráfico ilícito de drogas, realizan labores que incluyen la atención de casos complejos que mantienen estrecha vinculación, los cuales requieren enfoques integrales y coordinados para garantizar resultados efectivos en la persecución de delitos que afectan gravemente los derechos fundamentales y la seguridad del Estado; dicha circunstancia, pone de manifiesto la necesidad de unificar esfuerzos y fortalecer estrategias en la investigación de estos delitos que tienen alta sensibilidad social“, indica el documento.
“Por ello, la actuación bajo una única coordinación contribuirá al deber que mantiene el Ministerio Público de garantizar una administración de justicia más efectiva para la sociedad, estandarizando criterios investigativos y optimizando la gestión y utilización de los recursos. Además, permitirá una mejor articulación de funciones entre los distintos despachos fiscales, maximizando el impacto positivo de sus actuaciones y asegurando una respuesta más eficiente, coherente y alineada con las demandas sociales“, puntualiza.

Por Martín Calderón– Diario El Comercio.
El Tribunal Constitucional (TC) ordenó a la fiscalía hacer público, en un plazo máximo de cinco días hábiles, el acuerdo de colaboración eficaz suscrito en el 2019 con la constructora brasileña Odebrecht.
Una copia de ese acuerdo será entregada al conductor de televisión Phillip Butters, quien llevó el caso ante el TC luego de que el Ministerio Público y el Poder Judicial rechazaran que acceda al documento.
El tribunal declaró fundado un recurso de agravio constitucional presentado por Butters “por haberse vulnerado el derecho fundamental de acceso a la información pública”.
Con la resolución, se conocerá el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz de febrero de 2019 y el acuerdo complementario de mayo de ese mismo año. Estos fueron celebrados entre el Equipo Especial de Fiscales del Caso Lava Jato, Odebrecht y los colaboradores Jorge Barata, Ricardo Boleira, Renato Ribeiro y Antonio Nostre.
Desde el 2019, el Ministerio Público mantuvo como reservado el acuerdo con Odebrecht con el argumento de que el proceso especial de colaboración eficaz solo es de conocimiento de la fiscalía, el colaborador, su defensor, el agraviado y el juez a cargo del caso.
En su momento, el Ministerio Público también destacó que a una investigación fiscal solo pueden acceder los sujetos procesales; es decir, las personas o entidades que participan en un proceso judicial.
Además, entre el 2023 y este año, el Poder Judicial resolvió en dos instancias que el acuerdo de colaboración tiene carácter de reservado porque, entre otros motivos, “su develación podría tener efectos nocivos en la lucha contra la corrupción”.
El acuerdo permitió al equipo especial del Caso Lava Jato recibir información y documentos para las investigaciones de los casos Interoceánica Sur, Metro de Lima, Vía Evitamiento de Cusco y Costa Verde tramo Callao. En estos, Odebrecht admitió la entrega de sobornos.
El acuerdo estableció que Odebrecht debe indemnizar al Estado peruano con S/760 millones.
La sentencia judicial que lo homologó fijó que el monto sea pagado en quince armadas hasta el 2034.
No obstante, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional concluyó que con la emisión de la sentencia que aprobó el acuerdo de colaboración eficaz, “la finalidad legítima de la reserva ya no existe y en consecuencia, la reserva cesa, y no resulta oponible para su difusión pública”.
Además, la sala del TC destacó que los colaboradores eficaces del caso Odebrecht ya renunciaron a la reserva de su identidad.
Precisó que mientras un proceso judicial se encuentra en curso, el acceso al expediente es exclusivo de las partes y debe solicitarse de manera directa ante el juez a cargo del proceso. No obstante, una vez que este ha culminado, al contar con sentencia firme o ejecutoriada, “permite que se recobre su carácter público conforme al artículo 139, inciso 4 de la Constitución”.
El mencionado artículo establece que los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos.
La segunda sala del TC concluyó que los fines del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht “ya han producido sus efectos, además de haberse revelado la identidad de los colaboradores con su anuencia”, por ello no encontró razones que justifiquen la restricción de su acceso.
La sala está integrada por los magistrados Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro y César Ochoa Cardich. Este último fue el ponente del caso.
El expediente de este caso ingresó a la sala segunda del TC el 16 de agosto pasado.
La vista de la causa se realizó el último 2 de diciembre.
La sentencia fue emitida tres días después y, finalmente, publicada este martes 17 de diciembre en la página web oficial del TC.

Ollanta Humala y Martín Belaunde

Por Thalía Cadenas– Diario El Comercio.
Martín Belaunde Lossio, ex asesor de Ollanta Humala, declaró en el juicio contra el expresidente y su esposa, Nadine Heredia, por los presuntos aportes irregulares al Partido Nacionalista, que una de las supuestas valijas diplomáticas que llegaron de Venezuela contenía 850 mil dólares.
Indicó que esta información se la brindó la exfuncionaria venezolana Virly Torres y que las maletas fueron enviadas al Perú a través de la empresa de mensajería DHL.
“Virly Torres me contó que había 850 mil dólares que llegaron por DHL y que las recogió de las oficinas de DHL en el aeropuerto. Después de eso, si es que ingresaron más valijas, no sabría cuantificar el monto, pero ya he dicho que es entre 4 y 6 millones”, respondió a la consulta del abogado de Nadine Heredia, Julio Espinoza.
En el contra interrogatorio, Espinoza también le preguntó si le constaba la procedencia del dinero y el ingreso a través de valijas diplomáticas.
“Me consta el ingreso a través de dos mochilas, lo demás me lo han contado”, contestó Belaunde.
El empresario ratificó así la versión que dio en una audiencia anterior sobre el aporte del régimen chavista para la campaña de Humala. El dinero, de acuerdo con su testimonio anterior, fue utilizado para pagar la pauta publicitaria de la campaña del exmandatario en el 2006.
En otro momento, el ex asesor reiteró que recibió 400 mil dólares en el 2006 de la mano de Jorge Barata, entonces representante de Odebrecht en el país, para la campaña nacionalista de ese año.
Detalló que el día que recogió el dinero en las oficinas de Odebrecht en Chacarilla (Surco) también estaba presente Raimundo Trinidad, quien en ese entonces se desempeñaba como gerente de relaciones institucionales de la constructora.
A la consulta de por qué recién brinda ese detalle, respondió que no le pareció trascendente.
Además, volvió a afirmar que Jorge Barata no dijo la verdad cuando negó conocerlo. “No ha dicho la verdad porque a mí me conoció y entregó el dinero”, expresó.
De otro lado, indicó que la expareja presidencial le pidió suscribir un contrato para sustentar ingresos para su crédito hipotecario.
“Me pidieron un contrato para sustentar ingresos, pero no conozco las fechas ni nada del crédito hipotecario”, dijo. Dicho documento se suscribió con su empresa Centros Capilares.
Humala amplía su declaración
En la audiencia también participó Humala para brindar una ampliación de su declaración.
El expresidente negó que conozca a Belaunde desde fines del 2005, señaló que su vínculo con él se inició a fines de marzo del 2006.
Calificó de mentira que el hoy colaborador eficaz haya sostenido reuniones con Virly Torres y la entrega del dinero chavista. “Rechazamos de plano haber recibido aportes de Venezuela y de Odebrecht. Para acusar hay que hacerlo bien”, expresó.
Además, sostuvo que el testimonio de Belaunde sería una represalia por no haber impedido su extradición en el 2015 cuando era presidente, como se lo había solicitado el padre del empresario.
Martín Belaunde Lossio fue extraditado en el 2015.
“[Dijo que] Si no impedía la extradición de su hijo, nunca me lo iba a perdonar. Esto puede explicar la conducta de la familia Belaunde”, remarcó.
La fiscalía acusa a Ollanta Humala y Nadine Heredia por el delito de lavado de activos. Se les atribuye haber recibido dinero de origen ilícito del Gobierno de Venezuela y de las constructoras brasileñas Odebrecht para sus campañas presidenciales del 2006 y 2011, respectivamente.
Por estos cargos, pide una condena de 20 años de prisión para el expresidente y de 26 años y seis meses para la ex primera dama. Además, se requiere la disolución del Partido Nacionalista.
Respuesta de la defensa
En diálogo con El Comercio, Wilfredo Pedraza, abogado de Humala, afirmó que las declaraciones de Belaunde se sustentan solo en dichos y cuestionó que los acuerdos de colaboración eficaz “no tengan rigor”.
Asimismo, indicó que Belaunde se contradice en sus declaraciones sobre Jorge Barata y la entrega de los 400 mil dólares.
Añadió que el entonces representante de Odebrecht en el Perú ha afirmado que recién conoció a Humala a fines del 2006, en el Cade, y no cuando era candidato presidencial.
Finalmente, estimó que el juicio contra su patrocinado culminará a fines de febrero del 2025.

Por Mariella Balbi- Diario Expreso.
Quienes seguimos atónitos la asunción y caída del exfiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry, durante el gobierno del ‘Lagarto’ Vizcarra, vemos complacidos cómo la verdad sale a luz. El magistrado, de intachable reputación, honesto al 100%, cabal, íntegro, logró, por sus méritos, llegar al puesto más alto en su institución. Como en las novelas de intriga, jamás imaginó que el propio presidente de la República se encargaría de sacarlo malamente del cargo. La razón es simplísima: era demasiado honesto. Después de cuatro años, un colaborador eficaz, exministro de PPK, reveló lo que todos sabíamos. Vizcarra, quien ya había ‘comprado’ al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez para el caso Chinchero, no podía controlar a Chávarry, quien estaba dispuesto a revisar las 46 investigaciones fiscales que tenía en Moquegua.
Para bajárselo, Vizcarra logró el apoyo de los medios vinculados al latrocinio de Odebrecht y de los que ‘masajeaba’ con publicidad estatal. Previamente (julio de 2020), el IDL lanzó una bomba en una pecera: el caso ‘Los Cuellos Blancos’ y filtró audios convenientemente, teniendo al país en vilo más de cinco meses. Una conversación inocua de Chávarry con un vocal supremo, ‘el hermanito’, se convirtió en un escándalo de polendas. El ataque mediático en su contra fue brutal, pocas veces visto. Nadie puede enfrentar semejante avalancha de mentiras. Le dieron como a piñata. Con semejante campaña demoledora, su imagen quedó perforada.
Al mismo tiempo, Chávarry fue traicionado por el fiscal Vela, a quien nombró confiando en él. Este, a su vez, incorporó al equipo Lava Jato al desequilibrado fiscal Pérez. A Vela se le remarcó que la insania de Pérez desvirtuaría la lucha anticorrupción. Dijo: necesitamos un chacal. Su presencia solo sirvió para difamar a Chávarry y soliviantar a la institución, siempre apoyado por la campaña mediática.
Ahora que conocemos la verdad, el fiscal Chávarry debería ser desagraviado. El ridículo juicio que lleva debe finiquitarse y ser repuesto, aun sea por corto tiempo. Es un derecho. La infamia y la vejación vividas ya le causaron enorme daño: tiempo perdido, salud, dinero en su defensa legal, indignación, desánimo. Pero un resarcimiento público y la reposición simbólica son tareas que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, debería emprender. La JNJ debe ser amonestada por su prepotencia y su abierta politización.
El caso Chávarry es emblemático; son muchas instituciones implicadas. El telón de fondo es la corrupción, esa plaga que crece y se extiende en cada rincón del país. Con acierto, la fiscal Espinoza desactivó el Eficcop, brazo político del Ministerio Público que, junto con la policía política DIVIAC, ha extorsionado y chantajeado a quienes han querido.
La presidenta Boluarte ha pedido, con razón, ser citada por la fiscal de la Nación para aclarar sus temas. Se volantean las declaraciones en su contra y la mandataria no puede hacer su descargo, denigrando su imagen. La campaña anti-Boluarte tiene un propósito político: sacarla del gobierno. Nuevamente, el telón de fondo es la corrupción, intereses que la quieren lejos del cargo. En los cuentos de hadas, los buenos siempre ganan. En la realidad, no. La decisión deshonesta de un funcionario público, municipal, judicial, regional, policial le arruina la vida al ciudadano. Lo sabemos quienes padecemos la corrupción. Esperemos que Vizcarra sea interrogado sobre el caso Chávarry.

Guerrillero que acompañó a poeta Javier Heraud está involucrado en caso de Odebrecht

El guerrillero Pedro Morote que formaba parte del grupo que ingresó al Perú con Javier Heraud, por la ciudad de Madre de Dios, en Puerto Maldonado, está involucrado en el caso de megacorrupción de Lava Jato, según reveló la periodista de investigación, Jenny Zúñiga Mourao.
Estas declaraciones fueron formuladas por la escritora, en la presentación del libro “En los zapatos de Javier Heraud, confrontando la posverdad”, que contiene sorprendentes revelaciones sobre la vida y el asesinato del poeta peruano.
Asimismo, Zúñiga Mourao explicó que en su investigación encontró muchos indicios del enriquecimiento ilícito de parte del exguerrillero Morote, quien acompañó a Heraud en la trágica aventura guerrillera. “Se perdió en un yucal el mismo día de la muerte de Javier Heraud. Todos recuerdan que él durmió a su lado, la misma noche que desaparecieron los pertrechos, el dinero y las cuentas de la guerrilla”.
Pedro Morote, exguerrillero y compañero de Javier Heraud.
Refiere la escritora que meses después de la muerte de Heraud, Morote se compró un carro nuevo y luego de algunos años aparece como dueño de La Palizada; un restaurante de moda en los años 70 y 80. Él afirmó que recibió una herencia, sobre la cual nunca mostró documentos. “Descubrí que llegó a tener un patrimonio de 2 millones de soles en un momento”, señala Jenny.
Resumen de adquisiciones de Pedro Morote. JZM
LA POSVERDAD DE LAS GUERRILLAS
“No ha sido fácil la investigación para escribir este libro. He encontrado la posverdad de las becas para estudiantes a Cuba, en el inicio de los 60´. Muchos jóvenes, como Javier, durante el gobierno en dictadura en el año 1962, realizaron muchos esfuerzos para salir del país, ilusionados para estudiar en el extranjero. No importaba el lugar. Lo principal era salir y convertirse en profesionales, lo cual no resultó para todos”, escribe Jenny Zúñiga.
“Detrás de todo estaba el guerrillero Fidel Castro, reconocido por sus ultimas victorias de esa época. Todos los jóvenes querían conocerlo, y por qué no, saborear de alguna forma sus logros y tal vez seguirlo. Por esta poderosa razón es que preferimos ponernos los zapatos de Javier Heraud para comprenderlo todo”, explica Zúñiga.
El poeta Javier Heraud y su padre.
En el libro, la escritora expone la forma en que se genera una apresurada operación de guerrilla en el Perú, al poco tiempo de recibir una obstruida instrucción militar, para formar guerrilleros, a jóvenes desde los 19 años. En Cuba, el mismo Fidel los agrupa con otros guerrilleros mayores, y con ellos se prepara la gran marcha como dijo el Che Guevara para el Perú, la cual sería liderada por Héctor Béjar.
Por alguna razón que todavía no esta clara, se separa la guerrilla en Bolivia y Javier Heraud y otros más cruzan la frontera. La hipótesis de Zúñiga que desarrolla en este libro, es que un traidor se encarga de dar detalles del ingreso al Perú de los guerrilleros que coincidía con un gran mitin de Belaúnde en la plaza central de Madre de Dios. Los delatan, y desde el primer momento que cruzan el río, los persiguen en la ciudad. Más tarde una historia con poco detalles, explica el asesinato de Javier en una pequeña canoa al lado del sobreviviente Alain Elías Caso.
El desafiante río Madre de Dios, otro protagonista en esta historia. Foto JZM.
“Confrontar la posverdad después de 56 años es lo que nos corresponde como periodistas. Nosotros cumplimos con entregarles los mejores testimonios recogidos durante todos los tiempos”, precisa la autora en esta publicación.
“En los zapatos de Javier Heraud” es una nueva forma de comprender y desarrollar el periodismo de investigación, en los enrevesados caminos de la Literatura. Está disponible en la librería “El Virrey” en Miraflores, y en Amazon.
Yo no me río de la muerte. Sucede simplemente, que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles— Javier Heraud.
Fuente: https://jennyzunigamouraohome.wordpress.com/

¿Cuál fue la razón que llevó al expresidente de la república Pedro Castillo a dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022?
La pregunta generó diversas especulaciones, pero detrás existía una historia que se mantuvo en secreto y que esta investigación de Umberto Jara revela a dos años de la caída del gobierno de Castillo.
Un Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú, integrado por sesenta y siete policías, hombres y mujeres, logró confesiones directas sobre actos de corrupción que se planificaban y ordenaban desde el Despacho Presidencial. La reacción del gobierno fue iniciar acciones de represalia, tratar de bloquear las investigaciones y, a la vez, organizar un Servicio de Inteligencia extraoficial y una Policía paralela con el objetivo de imponer una autocracia en el país.
Para hacer frente a ese grave peligro, los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2022, el Equipo Especial PNP llevó a cabo una singular operación de Inteligencia que cambió el curso de la historia y permitió que se mantengan vigentes la democracia y la libertad en el Perú.
El ahora expresidente intentó adelantarse a ese escenario terminal para su débil gobierno y mediante un mensaje anunció su decisión de disolver el Legislativo de su país: “En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de Derecho y la democracia”, afirmó. La intención de dar este golpe de Estado, rechazado por las Fuerzas Armadas, la Policía y por la institucionalidad peruano, tuvo un efecto contrario, pues el Congreso se reunió inmediatamente, lo destituyó y juró en su lugar la vicepresidenta Dina Boluarte, quien previamente se opuso a la interrupción del orden constitucional que quería ejecutar Castillo, quien hoy está detenido y acusado por el delito de rebelión.
En los 16 cortos meses que ha durado su gobierno, Castillo nombró cinco gabinetes conformados por 80 ministros y su administración fue una de las más inestables en un país que en los últimos cuatro años ha sido gobernado por seis presidentes.
La caída del expresidente peruano se debe a las numerosas denuncias de corrupción no sólo contra su régimen y sus familiares, sino principalmente contra él mismo, pues fue acusado de encabezar una organización criminal proyectada para adjudicarse contratos del Estado.
Otro factor que contribuyó a la defenestración de Castillo y de la mencionada serie de presidentes peruanos es el diseño constitucional, sobre todo cuando cae en manos de una oposición capaz de entablar alianzas para ejercer la facultad de la vacancia. Se trata, en realidad, de un sistema que intenta combinar un presidencialismo fuerte, con poder para disolver el Congreso -lo que intentó activar Castillo, pero sin éxito-, y un sistema parlamentario también dotado del derecho de poner en marcha la vacancia del presidente. Bajo estas prerrogativas, puede que no haya un escenario de gobernabilidad que saque a Perú de estos terremotos políticos de su sistema mixto.
Fuente: Editorial Planeta.

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
Todo lo que no es formal es ilegal. Si no fuera así, dejaríamos de pagar impuestos y seguiríamos operando nuestras empresas. ¿Qué tal? La hipocresía debe acabar, igual que las nomenclaturas que intentan suavizar lo intolerable: minería informal, ilegal, artesanal; todas operan fuera de la ley, y, por tanto, todas son ilegales. Por menos, cierran bodegas y persiguen a vendedores ambulantes a palazos.
La Amazonía sur agoniza, es una de las zonas megadiversas del planeta; el mercurio contamina los ríos, la trata de mujeres y menores es un abominable negocio más en los campamentos-ciudad mineros, y la tierra, violada una y otra vez, pierde su capacidad de regenerarse. Pero no es solo en Madre de Dios; en 21 de nuestras 25 regiones, esta plaga aniquila suelos agrícolas y envenena cursos de agua de los que dependen diversas actividades y millares de familias rurales para calmar la sed.
La minería ilegal no comenzó con este gobierno ni terminará con él. Hace falta un líder con la osadía de Nayib Bukele, alguien dispuesto a enfrentarse a una actividad que mueve mucho más que los ocho mil millones de dólares que reporta la Superintendencia de Banca y Seguros.
Bukele, presidente de El Salvador, dio un golpe a las Maras, pero un organismo multilateral le auguró un colapso económico si actuaba de manera radical. “El Salvador perderá 10% de su PIB”, le dijeron, pero Bukele no titubeó, asumió el riesgo. En cuestión de meses, su país dejó de ser el más peligroso del planeta y el PIB creció 3%. ¿Quién tiene esa convicción en el Perú? Nadie quiere enfrentarse a un negocio que involucra a más de medio millón de personas y, sumando familiares y asociados, más de tres millones de votantes.
¿Aquí las multilaterales, como el Banco Mundial, el BID o el FMI, asustan también lejos de respaldar y promover decisiones valientes y necesarias? La minería criminal tiene cómplices dentro del sistema, dentro de la formalidad. Hay mineras establecidas que prefieren comprar oro sucio, pues es más barato que extraerlo. En las zonas asoladas, una empresa de maquinaria pesada, varias veces denunciada, repone los equipos confiscados a los ilegales en cuestión de horas. Es un sistema perfectamente aceitado, y su dinero invisible es intocable.
Figuras reconocidas como el ingeniero Rómulo Mucho caen víctimas de este cáncer. “¿Qué resuelve mi censura?”, dijo tras su salida como ministro, gracias a la estupidez del Congreso. “Tenemos que gestionar para todos los estratos de la minería”. Pero nadie quiere escuchar. Y Hernando de Soto, quien advirtió hace décadas sobre la minería informal, sigue siendo desoído. ¿Y qué se hace? Operativos mediáticos combinados para dinamitar dragas mientras se dejan intactos los sistemas que son alimentados por esta actividad: los puti-bares, las tiendas que les abastecen, las marcas que lucran y los amigos de peso.
A grandes males, grandes remedios. Den un plazo para que abandonen las zonas y dinamiten todo. Si Bukele pudo enfrentar a las Maras, ¿los peruanos no podemos salvar nuestra tierra?
La respuesta es evidente: No.

El Dr. Víctor Raúl Nomberto Bazán, director de la Escuela Profesional de Ciencia Política y Gobernabilidad de la UNAMBA, participó como Delegado Nacional del Perú en la COP29, realizada en Bakú, Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre de 2024. Este evento reunió a representantes de todo el mundo para debatir sobre la lucha contra el cambio climático, destacando la importancia de la agricultura en la seguridad alimentaria, la paz social y la mitigación de la crisis climática.
Uno de los temas centrales fue la necesidad de aumentar la financiación climática para los países en desarrollo. Actualmente, se han comprometido 100 mil millones de dólares anuales, pero se plantea elevar esta cifra a un billón anual. Según el Dr. Nomberto Bazán, países como Estados Unidos, China, India y Rusia mostraron disposición para alcanzar un nuevo objetivo colectivo de financiación que combine recursos públicos y privados.
La COP29 también discutió la reforma de la arquitectura financiera internacional y la transición hacia energías renovables, dejando atrás los combustibles fósiles. Sin embargo, países dependientes del petróleo, como Rusia y Arabia Saudita, han frenado acuerdos más ambiciosos en este punto. Expertos como Catherine Abreu advirtieron que sin abandonar los combustibles fósiles, el calentamiento global seguirá siendo una amenaza seria.
Por último, se resaltó el papel de China, el principal emisor de carbono, como posible nuevo donante del fondo climático, algo valorado positivamente por varias delegaciones. No obstante, algunos países en desarrollo dejaron claro que no aceptarán compromisos en mitigación y transición energética si no se garantiza un acuerdo justo y transparente sobre la financiación climática.
Fuente: Fuerza Informativa de Apurímac.

Memorándum de entendimiento

“El Perú ratifica hoy su compromiso por fortalecer nuestras relaciones bilaterales, incrementar la cooperación comercial y económica para aprovechar nuestra mutua membresía en el acuerdo amplio y progresista de la Asociación Transpacífico, así como el foro APEC”, manifestó.
Asimismo, destacó la próxima suscripción del memorándum de entendimiento para establecer un mecanismo de consultas bilateral, en el marco de la visita de Estado, lo que contribuirá a incrementar la agenda bilateral, “dotándola de mayor contenido, además de contribuir al diálogo y cooperación en temas de interés común“.
“Manifiesto la firme voluntad del Perú de aprovechar esta nueva plataforma de diálogo, la que se abre con la suscripción de este memorándum, que permitirá la regularidad de sus sesiones“, agregó.
En otro momento, la mandataria destacó que Brunéi Darussalam y el Perú iniciaron relaciones bilaterales hace 34 años, tiempo en el que se desarrolló una relación bilateral fundamentada en intereses comunes en torno al comercio, la inversión y el desarrollo sostenible.
“Ambos países compartimos objetivos de política exterior, especialmente en temas del fortalecimiento del multilateralismo y la promoción del comercio internacional“, añadió.
El sultán de Brunéi Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, inició una visita de Estado a nuestro país, que comprende una reunión de trabajo de ambos equipos ministeriales y la suscripción de diversos acuerdos.
Fuente: Diario El Peruano.