La disputa fronteriza entre Perú y Colombia
Hay que tener en cuenta contexto internacional entre Perú y Colombia para entender el estallido del llamado escándalo de Putumayo. Ambos países se disputaban una extensa región amazónica fronteriza, entre el Putumayo y el Caquetá, justamente donde se hallaban las caucherías explotadas por la empresa de Arana. El 6 de julio de 1906 se había celebrado un modus vivendi entre ambas naciones, que neutralizó la zona en disputa y facilitó, indirectamente, por la ausencia de autoridades civiles, policiales o militares, la acción de gente inescrupulosa. Cuando en octubre de 1907, la cancillería colombiana pidió unilateralmente el cese del modus vivendi, la cancillería peruana pidió a Arana que ayudara con sus empleados a repeler una posible invasión colombiana. Se produjeron así choques entre peruanos y colombianos. El gobierno peruano veía por eso a la empresa de Arana como un símbolo tangible de la defensa del territorio patrio. Mientras que Colombia, interesada en apoderarse de esa zona, desató una campaña intensa y vilipendiosa contra Arana y su empresa.
Los gobiernos colombianos antes de 1930, nunca hicieron algo frente a la compañía de Arana y, desde los orígenes de la explotación del caucho en el Amazonas colombiano, tenían buenas relaciones con Arana. Por ejemplo, en el gobierno del general Reyes (1905-1910) el cónsul en Manaus era un cauchero peruano, y el mismo general en tiempos de juventud había tenido negocios con Arana, ya que su familia y él tenían el negocio de la explotación de la quina y utilizaban las mismas rutas que el caucho, por tanto, alquilaban las embarcaciones de la Casa Arana.
Mapa con la demarcación de los territorios fronterizos en disputa entre Perú y Colombia, y que pasaron a este último país por el Tratado de 1922.
Trayectoria política
Instalado nuevamente en el Perú, tras una estadía en Argentina, Arana se interesó otra vez por la política, y en el gobierno del Oncenio (década 1920) fue elegido senador suplente por el departamento de Loreto. Cuando el senador titular, Julio Ego-Aguirre Dongo, asumió como ministro de estado, ocupó dicho escaño durante varios años. Su labor en el parlamento estuvo orientada a promover el progreso de la región amazónica, con iniciativas como la creación de un régimen de protección a las propiedades indígenas, en 1923; la reducción de los cánones tributario para la explotación del petróleo, también de 1923; y la creación del Colegio Nacional de Iquitos, efectuado mediante la Ley N°5100 de 18 de mayo de 1925.
Fue uno de los más tenaces opositores al Tratado Salomón-Lozano (suscrito en 1923), porque estipulaba que el Perú debía renunciar, a favor de Colombia, la margen izquierda del río Putumayo –donde Arana tenía propiedades concedidas por el gobierno peruano– y se desconocía la nacionalidad peruana de sus pobladores. Incluso encabezó una campaña propagandística en contra del tratado y escribió un folleto titulado El protocolo Salomón-Lozano, que fue decomisado por el gobierno (1927). Cuando el tratado fue sometido a su aprobación por el Congreso, Arana se contó entre los siete legisladores que votaron en contra, frente la abrumadora mayoría de 102 representantes que votaron a favor (20 de diciembre de 1927). Los otros seis fueron los senadores Julio Ego-Aguirre Dongo y Pío Max Medina, y los diputados Santiago Arévalo, Toribio Hernández Mesía, Vicente Noriega del Águila y Fermín Málaga Santolalla.
Su vida política duró hasta la caída del gobierno de Leguía (27 de agosto de 1930), tras lo cual decidió retirarse de la vida pública. Alejado desde hacía tiempo de la selva, murió en Lima en 1952, en el olvido.
Julio C. Arana es notoriamente una de las figuras más controvertidas de la amazonía peruana y de la historia del Perú, pues para unos fue un inclemente explotador de indios, mientras que otros lo vieron como un fervoroso defensor de la soberanía de su país.
La defensa de Arana
En 1913, Arana tuvo que defenderse ante la Cámara de los Comunes en Londres, donde se había creado una comisión especial para investigar los crímenes del Putumayo. La principal defensa de Arana fue presentarse como «civilizador de indios», a los cuales se describía como salvajes y caníbales. En breve tiempo redactó diversos escritos en Inglaterra y España con la intención de apuntalar su defensa, uno de los cuales es el libro Las cuestiones del Putumayo (Barcelona, 1913).
Arana adujo a su favor que él no había tenido una vigilancia directa y personal sobre los métodos empleados para la recolección del caucho, por lo que ignoraba si se habían cometido las crueldades espantosas que se achacaba al personal subalterno, entre ellos los negros de Barbados, así como a algunos de sus directores, entre ellos el colombiano Ramón Sánchez y el boliviano Armando Normand. Aseveró que él no podía haber dado órdenes para cometer semejantes crímenes, basándose en la razón de que jamás habría diezmado a la población indígena, ya que eso habría ido contra sus propios intereses (su negocio requería de mucha mano de obra).
La defensa de Arana la asumió el doctor Carlos Rey de Castro, quien señaló que el escándalo fue desatado por las siguientes razones:
La propaganda intensa y onerosa desatada por Colombia, país que quería apoderarse del territorio situado entre el Putumayo y Caquetá, que entonces disputaba al Perú.
Algunos accionistas británicos de la Peruvian Amazon participaron en la intriga contra Arana.
El gobierno británico actuó movido por intereses políticos, ya que con la excusa de ayudar a los nativos pretendía intervenir en los asuntos de Sudamérica (era la época de la expansión de los imperialismos).
Casement era un neurótico, poseído por un afán enfermizo de notoriedad; además, recibía dinero de Colombia.
La Sociedad Antiesclavista y de Protección de los Aborígenes, si bien realizaba una campaña humanitaria, tenía al mismo tiempo el propósito oculto de aniquilar a toda empresa cauchera no británica para favorecer la producción de la India.
El periodista peruano Benjamín Saldaña Roca (de Iquitos) sacó a la luz estos escándalos basándose en informes de empleados despedidos y de algunos oportunistas, quienes previamente habían intentado chantajear a Arana, pidiéndole dinero a cambio de guardar silencio.
El estadounidense W. E. Hardenburg -el que publicó en la prensa londinense los testimonios citados anteriormente- también fue acusado por Arana de chantaje, así como de falsificación.
Scotland Yard of Barbados.
Los negros barbadenses dieron declaraciones falsas o exageradas, a veces llevados por su odio a los blancos y otras veces en espera de recompensas.
Algunos empleados colombianos de la Peruvian Amazon hicieron similares declaraciones por patriotismo, es decir, para apoyar la versión de su gobierno.
Otros testimonios provenían de personas de nula confianza: revoltosos, díscolos o alborotadores.
Los indios nativos se sumaron a la ola de acusaciones por su inclinación a la mentira o por rencor a sus patrones.
La prensa mundial se hizo eco del asunto por puro sensacionalismo.
Los que sostenían la culpabilidad de Arana, consideraban que había una abundancia de pruebas en su contra que hacían prácticamente inútil su defensa, que se basaba fundamentalmente en desacreditar a quienes le acusaban. Sin embargo, Arana salió bien librado ante la justicia peruana. Se dice que usó sus influencias sobre las autoridades, entre ellos un ministro de Estado, parlamentarios y autoridades de la región.
Referencias bibliográficas
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Fuente: Wikipedia.