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Una mujer en las calles de Granada el 2 de mayo. Crédito Jorge Guerrero/Agence France-Presse- Getty Images.
La nueva normalidad
Por Martín Caparrós- The New York Times.
Nunca pensé que escribiría estas palabras, pero aquí van: he aprendido a ser conservador. Todavía no digo que lo sea; digo que, tras huirle como a la peste toda mi vida, ahora entendí cómo podría serlo. Me ataca, lenta, arrolladora, la conciencia de que no vamos a vivir como vivíamos. Llevo días y días extrañando la vida que creo que perdí; días y días pensando en esas cosas que me gustaban de mi vida anterior al virus que seguramente no volverán -los viajes, la felicidad de mezclarse sin pegas con personas en mercados o estadios o manifestaciones, los encuentros y conversaciones impensados, el calor de un abrazo-. Días y días lamentando su desaparición tan probable; días y días imaginando cómo podría conservarlos.
Esa es, ahora entendí, la actitud entre melancólica y reactiva -reaccionaria- del conservador: sabe que algo se le escapa y se pregunta cómo podría conseguir que algo de ese algo no se fuera del todo o volviera de algún modo. Se suele pensar que los adultos se vuelven conservadores porque quieren vivir mejor. Creo que es un error: lo hacen, si lo hacen, porque creen que han vivido mejor: no, en mis tiempos… Eso es, creo, ser conserva, y me está dando. Porque ahora, parece, empieza la otra vida.
Ahora desescalamos: esa es la orden, al menos en España, donde estoy. Yo sabía que los escaladores escalaban y, una vez que habían llegado a la cumbre, bajaban o incluso descendían; nunca supe que desescalaran, pero nosotros sí lo haremos. No será fácil: no es lo mismo abrir que descerrar. Y si conseguimos desescalar lo suficiente llegaremos abajo de todo, muy abajo, al fondo, donde nos espera la nueva normalidad. Desescalar hacia la nueva normalidad es la consigna: el castellano sufre, las sociedades puede que también.
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Era un clásico: cada vez que se producía algún cataclismo extraordinario, su víctima intentaba “volver a la normalidad”. Ya no; ahora vamos a ir, con suerte, hacia la “nueva normalidad”.
En Barcelona, el 4 de mayor Crédito Nacho Doce/Reuters
“Nueva normalidad” es una contradicción en los términos. La normalidad se construye a través del tiempo, poco a poco, probando y descartando y adoptando formas y maneras que se van volviendo normales. Ahora es normal que las mujeres voten; hace cien años era anormal, y se fue “normalizando” a golpes durante todo el siglo XX, por ejemplo. La “nueva normalidad”, en cambio, no será el resultado de un largo proceso sino la imposición de unos gobiernos empoderados por nuestro miedo.
Están inflados. Nunca gobiernos democráticos tuvieron tanta cancha para ejercer su poder: hace dos meses que les permitimos cualquier cosa porque estamos asustados por la enfermedad, por la muerte presente y prematura. Lo hacen, por supuesto, por nuestro bien; no hay razón más eficaz para hacerte obedecer que convencerte de que es “por tu bien”, y ahora estamos, con razón o sin ella, convencidos.
Así que todo lo que hicimos con nuestras vidas en estos meses no fue producto de un debate, de una decisión consultada y compartida: es lo que nuestros gobiernos, apoyados en el supuesto saber de ciertos científicos, nos dicen que hagamos. La democracia se suspende -por nuestro bien, faltaba más- y los poderes deciden sin más máscaras. No digo que esté bien o mal; digo que sería bueno tenerlo presente. Cuando se nos pase el susto, la inmovilidad del susto, habrá movidas, pedidos y pases de cuentas: terremotos políticos varios.
Y eso mismo que hacen los Estados lo hacen, en estos días, tantos ciudadanos, cuando sermonean a los “infractores”, los atacan, les lanzan desde sus ventanas el peso de sus mejores intenciones. Es el peligro de las causas justas o, peor, las buenas causas. Cuando tenemos una -cuando creemos que tenemos una-, ella lo justifica todo. Entonces podemos permitirnos todas esas conductas que en general reprimimos, porque la causa lo requiere. Ahora tenemos la mejor -o una de las mejores-: la conservación de la salud de la comunidad, la vida de la comunidad. Y, gracias a eso, miles de ciudadanos antes ¿respetuosos? ¿temerosos? ¿reprimidos? se transformaron en verdaderas arpías policiales, llenos de razón y sacrosanta cólera, que se dedican a decirles a los otros lo que deben hacer -y todo por la causa-. Si no diera asco daría risa. Y, sobre todo, si no cupiera la sospecha de que esa conducta llegó para quedarse: que el control mutuo “por la buena causa” será una de las bases de la nueva normalidad.
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Nueve semanas. Ya van dos meses que nos despertamos cada mañana con las cifras de los muertos, las historias de los muertos, los ecos de los muertos: la muerte en la cabeza. Para una cultura que se dedica a ocultar la muerte es un fracaso extraordinario y habrá que ver cómo nos cambia. Hemos hecho todo lo que hemos hecho todos estos días por el miedo a la muerte, por la muerte. Ahora la sabemos, de esa manera física en que se saben pocas cosas. No está claro que podamos deshacernos de ella y volver a ser empecinados ignorantes. No está claro, en general, cómo seremos, pero la nueva normalidad incluirá una presencia de la muerte que hasta ahora supimos evitar.
Mientras, la pregunta del millón es si los Estados mantendrán algo de la fuerza que consiguieron en estas semanas. Todos -las grandes empresas, las pequeñas empresas, ciertos ricos, los pobres de todas las formas y colores- los necesitamos para sobrevivir en estos tiempos difíciles. Muchos -sobre todo los grandes capitales- intentarán desasirse cuando los tiempos se apacigüen. Pero ha quedado claro que en ciertas situaciones el famoso mercado no alcanza o no sirve. Y que hay momentos en que el destino de las personas se hace común, cuando alcanza con que unos pocos estén mal para que todos lo estemos; que hay males —las epidemias, la destrucción de la Tierra— que todavía no aprendieron a discriminar según fortunas. Esa sería la gran enseñanza que los más poderosos querrán olvidar: contradice las bases de su conducta, de sus ideas del mundo.
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Y llegarán los cambios en la vida cotidiana, los que me volvían conservador. Los que podamos viviremos, sin duda, en un mundo más plano. La pantalla -la computadora que suele estar detrás- es un campo de concentración, un territorio concentrado. Ya cumple las funciones que hasta hace poco cumplían muchas herramientas distintas: el tocadiscos, la calculadora, el libro, el diario, el mercado, la radio, la televisión, el cine, el teléfono, la libreta, el naipe, el mapa, el correo y siguen firmas. En estos días incluyó también relaciones sociales y espectáculos que le escapaban, y trabajo, mucho trabajo. La tendencia existía, pero se aceleró. Lo sabemos: el teletrabajo llegó para quedarse, y habrá que ver cómo nos cambia.
Puede producir, entre otras cosas, ciudades menos congestionadas por personas yendo a sus empleos, pero también acabar con los negocios de tantos -bares, restoranes, transportes, roperías- que vivían de sus necesidades. Puede producir un uso más razonable de nuestro tiempo pero ya produce -dicen estudios recientes- un aumento del tiempo de trabajo. Puede reducir el control de los jefes cocoritos pero también dificulta la posibilidad de armar respuestas comunes de los trabajadores.
Y será un mundo mucho menos físico. Entre el avance de las relaciones digitales y el miedo a los demás nos tocaremos mucho menos. Los abrazos y los besos quedarán limitados a los muy cercanos, y a ver cuántos son los valientes que se atreven a darle la mano a un desconocido cuando se lo presenten. Nos miraremos con esa desconfianza que ya se encuentra en cualquier góndola, y ni siquiera nos veremos: viviremos en un mundo con muchas menos caras, con las caras hundidas detrás de esas máscaras que, por disimular, llamamos mascarillas. La sonrisa se volverá algo privado: un privilegio de interiores, como el pelo de las mujeres musulmanas.
Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero, el 6 de mayo. Crédito Francisco Robles/Agence France-Presse- Getty Images.
(Es curioso. Una de las características más destacadas del avance chino en el mundo era que tenía rasgos occidentales: lo llevaban adelante con costumbres y cosas y maneras y máquinas diseñadas de este lado, para vivir vidas parecidas a las “nuestras”, hechas de coches, rascacielos, vinos, teléfonos, bluyines. Lo que había triunfado no era Oriente sino un Occidente desplazado, con mano de obra más barata. Las mascarillas, que ellos usan desde hace mucho y ahora todos usaremos, serán, quizá, el primer gran rasgo oriental que se va a imponer en nuestro espacio: una marca de su poder en nuestras caras).
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Un mundo empieza en estos días, y siempre es fácil encontrar belleza en el que se termina. En eso consiste esa tontería de ser conservador. Pero es cierto que, si todo sigue como parece, viviremos en un mundo con más miedos y controles. Un mundo con menos gestos, menos intercambio. Un mundo donde los extraños serán tanto más extraños.
Son solo algunas previsiones para los que todavía creemos que podemos prever algo. Hay millones -muchos millones- cuya previsión más insistente consiste en querer prever -y proveer- la comida de mañana. Mientras algunos teletrabajamos y nos dolemos por los viajes y los besos perdidos, millones clamarán, reclamarán, exigirán a gritos. Con ellos -y con la respuesta que reciban- se jugará la suerte de nuestros países. Entonces sí sabremos cómo será esa normalidad que anuncian nueva y que puede ser, en lo esencial, siempre la misma. O no, cómo saberlo. Hace tres meses no imaginábamos nada de lo que nos sucede: si esta lección no nos enseña la modestia, nunca nada podrá.
Martín Caparrós (@martin_caparros) es periodista y escritor. Sus libros más recientes son el ensayo Ahorita y la novela Sinfín, que transcurre en 2070.
Abusos sexuales en Trujillo y Huamachuco: Una herida abierta en la Iglesia Católica en Perú
Por GISÚ GUERRA FARRO Y WALTER SÁNCHEZ SILVA– ACI Prensa.
La Iglesia en el norte del Perú fue sacudida hace algunos años por un escándalo de abusos sexuales en el que fueron acusados al menos diez sacerdotes. Las autoridades eclesiales involucradas afirman que los procesos ya han concluido y solo queda uno pendiente en el fuero civil, pero parecen haber olvidado a las víctimas.
El 12 de julio el diario La República publicó un extenso reportaje sobre una serie de denuncias de abusos sexuales en la Arquidiócesis de Trujillo y la Prelatura de Huamachuco, sufragánea (dependiente) de la primera, sobre casos investigados desde 2016, con acusaciones que se remontarían a casi 30 años atrás.
La reacción de las diócesis involucradas fue defensiva: la Arquidiócesis de Trujillo y la Prelatura de Huamachuco publicaron comunicados informando que los numerosos casos denunciados ya estaban resueltos, sin hacer referencia alguna a la atención, ayuda o reparación para las presuntas víctimas. Fuentes vinculadas a ambas jurisdicciones consideraron que las numerosas denuncias son “tema cerrado” o “un refrito”.
El Arzobispo de Trujillo, Monseñor Héctor Cabrejos, quien además es presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) envió un comunicado a los obispos de América Latina el 16 de julio explicando que los casos de abusos sexuales en su Arquidiócesis y en la Prelatura de Huamachuco fueron cerrados definitivamente en los fueros civil y eclesial.
En su comunicado, Monseñor Cabrejos aseguró que noticia original sobre el escándalo había sido retirada del sitio web de La República tras dirigir una carta a su director. Sin embargo, el informe siempre se mantuvo en línea y el diario incluso ha publicado una sección especial con toda la documentación, audios y videos de su investigación bajo el titulo: “Pederastia en Perú: Batalla al interior de la Iglesia”.
ACI Prensa envió a Trujillo y Huamachuco a la periodista Gisú Guerra para conocer la situación actual de los casos y solicitar aclaraciones a las autoridades eclesiales.
Trujillo se ubica en el noroeste del Perú y es la tercera ciudad más poblada del país. Huamachuco, ciudad minera y comercial, está a 184 kilómetros al noreste de Trujillo, en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes.
Durante las décadas de 1980 y 1990, Huamachuco sufrió los embates del terrorismo y esta podría ser una de las razones por las que los abusos sexuales no fueron denunciados antes, ya que la atención de la prensa estaba dirigida a la violencia que afectó seriamente al país.
En esta diócesis sirven los Franciscanos de la Tercera Orden Regular (T.O.R.), a la que pertenece Mons. Sebastián Ramis Torrens, quien era Obispo de Huamachuco cuando ocurrieron los abusos sexuales denunciados en el reportaje de La República.
En 2016 y ante el surgir de denuncias públicas, se creó en la Prelatura una comisión de investigación presidida por el Padre Ignacio Gómez T.O.R. quien buscó, sin éxito por la desconfianza de la población local, testimonios de víctimas en diversos pueblos de la zona como Chugay, Huaylillas, Chillia, Huancaspata, Tayabamba, Urpay y Pataz.
Una fuente cercana al caso, cuya identidad pidió mantener en reserva, explicó a ACI Prensa que hacer comisiones de investigación es una costumbre muy arraigada en el Perú y “posiblemente el Obispo Sebastián Ramis (hoy Emérito de Huamachuco), poco o nada versado en derecho canónico” vio en esta comisión “la respuesta social y moral más adecuada. La consecuencia fue una investigación poco profesional tanto en el método empleado para recabar y mantener los informes”, como en lo que debió hacerse después.
Obispo Ramis admite que rompió una denuncia
En Huamachuco, ACI Prensa entrevistó a la madre de una presunta víctima del Padre Manuel Mendoza Ruiz, uno de los sacerdotes acusados.
La mujer dijo que su hijo tenía 15 años en 2015 cuando en un viaje de varias horas en autobús de Chimbote (al sur de Trujillo) a Huamachuco, el Padre Mendoza Ruiz “estaba haciéndose el dormido, cuando metió las manos en los genitales de mi hijo. Este al sentirlo lo botó una vez, pero lo volvió a hacer. Mi hijo le reclamó”.
La madre relató lo ocurrido a Monseñor Ramis, quien luego fue a su casa. “Mi hijo le contó cómo había sido. Y el Padre (Ramis) me dijo, ‘¿Hija qué quieres que haga?’. Padre, yo quiero que bote a ese cura porque no merece estar en nuestra parroquia”.
“Hicimos un documento, mi hijo y yo lo firmamos. No había plata para sacar copia. El Obispo me dijo que él iba a sacar una. Nunca tuve la copia”.
ACI Prensa tuvo acceso a un video en el que se ve a la madre de la presunta víctima, al Obispo Ramis y al Padre Gómez reunidos durante un retiro de sacerdotes en 2016, en la sede de la Prelatura de Huamachuco.
En el video la mujer dice que no se ha hecho caso a la denuncia que hizo y rechazó el ofrecimiento del Padre Gómez de hacer una denuncia por escrito o acudir a la fiscalía, algo que finalmente sí hizo después.
“Cuánto me gustaría confiar en eso Padre, pero si he confiado en el Padre superior [el obispo Ramis] de la Iglesia Católica en esta provincia y no se me ha hecho caso, ¿Qué pueden ustedes pensar padres presentes?”, preguntó.
En el video, Monseñor Ramis dice a la mujer: Yo le pregunté si usted quiere que denunciemos, usted dijo ‘No. No quiero hacer nada’. Entonces, ¿qué hice? Pam, pam, lo rompí (la denuncia), porque usted dijo ‘no quiero que hagan nada’.
Se aprecia luego en el video que la discusión crece en tensión y la mujer le dice al Obispo: “usted, para darme confianza, me dijo que este sacerdote no solo hizo eso a mi hijo; sino que había cometido otras faltas”.
“Otras faltas”
En 2016, la comisión investigadora en Huamachuco recibió el testimonio del sacerdote Nery Tocto, sobre dos seminaristas que acusaron al Padre Mendoza Ruiz de acercarse a ellos para buscar tener relaciones sexuales y, ante el rechazo, presentaba conductas vengativas.
Tocto indicó que los denunciantes, Renzo Ortiz y Gonzalo Lloclla, informaron por escrito al rector del Seminario San Carlos y San Marcelo de Trujillo entre 2012 y 2013.
Los otros sacerdotes acusados de abusos en Huamachuco son los diocesanos Emeterio Castañeda Muñoz, Marco Antonio Tito Valle, Walter Reátegui Ledesma y Rodrigo Vargas. Por falta de pruebas fueron absueltos en los fueros eclesial y civil. Todos sirven actualmente en la Prelatura de Huamachuco, aunque Vargas está en año sabático.
También quedaron absueltos de cargos los franciscanos T.O.R. David Castro Mayurí y Manuel Sanchíz Pons, que residen en Lima y España respectivamente.
Los sacerdotes fueron denunciados por otro grupo de presbíteros entre quienes están Esteban Desposorio, Agustín García, Nery Tocto y el ahora exsacerdote Antonio Campos. Todos siguen en la Prelatura de Huamachuco.
La fuente cercana al caso dijo a ACI Prensa que durante las investigaciones los sacerdotes Tocto y Desposorio querían que cada una de sus afirmaciones fuese “tomada como prueba plena” cuando “esto no es posible”. Para la fuente, “ambos tenían ambiciones de mayor relevancia y puestos de poder en la Prelatura”. Cuando se les llamaba a declarar “eran muy renuentes, incluso amenazantes”.
En 2016, los sacerdotes denunciantes dieron a conocer las acusaciones a través de un canal de televisión y se manifestaron en rebeldía contra el Obispo Ramis.
En un video de septiembre de 2016 se aprecia a Tocto decir que “nosotros, hemos tomado la determinación de desconocer a Sebastián Ramis Torrens como nuestro obispo de la Prelatura de Huamachuco por incapacidad moral y complicidad con los sacerdotes pedófilos, violadores y homosexuales”.
Este pronunciamiento suscitó la suspensión por un tiempo de algunos de los sacerdotes denunciantes, a quienes luego se les habría levantado la sanción tras la intercesión del Nuncio Apostólico en Perú, Mons. Nicola Girasoli, quien viajó al lugar.
Prelatura de Caravelí acepta a sacerdote investigado
ACI Prensa encontró al Padre Manuel Mendoza Ruiz en Huamachuco. “Ya la Iglesia no ha encontrado nada contra mí”, dijo el sacerdote y agregó que “he ingresado a la Prelatura de Caravelí pero por la pandemia y mi diabetes, he regresado con mi familia. No tengo todavía ninguna parroquia en Caravelí”.
ACI Prensa escribió a la Prelatura de Caravelí, a cargo del Obispo Reinaldo Nann, para confirmar si el Padre Mendoza había sido aceptado para trabajar en esa jurisdicción eclesiástica ubicada en el departamento de Arequipa, en el sur del Perú.
El 4 de agosto de 2020, la Prelatura respondió que el Padre Mendoza, “fue denunciado por abuso sexual de un menor ante el obispo de Huamachuco en 2016 por un hecho, que supuestamente pasó en el 2015. El Padre fue investigado y procesado por la Prelatura de Huamachuco en coordinación con la Congregación por la Fe (sic) en el Vaticano”.
La Prelatura parece referirse a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Dicasterio del Vaticano que se encarga de las investigaciones sobre abusos sexuales.
Según la respuesta de la Prelatura, el Padre Mendoza “durante su proceso fue suspendido de sus funciones sacerdotales ad cautelam (2016-2018). Su proceso terminó en 2018, absolviéndolo por no encontrar pruebas sólidas, de que se haya producido el abuso”.
El texto agrega que “la misma denuncia se hace en mayo de 2017 ante la fiscalía de Huamachuco. Hasta agosto del 2020 está en calidad de investigado y no de acusado. El Padre Manuel está colaborando con la justicia civil de Huamachuco. Se espera el archivamiento del caso. Si la justicia civil lo encontraría culpable en algún momento, la justicia eclesial reabrirá de nuevo su caso”.
También señala que el Padre Mendoza conversó con Monseñor Reinaldo Nann “a inicios de 2020, para trabajar en esta jurisdicción. Después de un examen psicológico exhaustivo y el permiso del obispo de Huamachuco se le dio esta posibilidad, aunque por la crisis del Covid no ha sido posible, que el Padre Mendoza se traslade a la Prelatura de Caravelí” y confirma que el sacerdote debe de estar con su familia “sin ejercer su ministerio”.
Sin embargo, en su último comunicado sobre el caso, la Prelatura de Huamachuco no hace referencia a que el Padre Mendoza fuera absuelto en el fuero eclesial en 2018 como dice la Prelatura de Caravelí. Tampoco menciona que fue aceptado para trabajar en esta última.
Previamente, en abril de 2019 un comunicado firmado por el entonces Obispo-Administrador Apostólico de Huamachuco, Monseñor Emiliano Cisneros, informó al clero local que el Padre Mendoza Ruiz tenía prohibido ejercer su ministerio “con la salvedad de someterse a un examen y terapia sicológicas en un régimen de internado, si así lo elige voluntariamente, de lo contrario otras sanciones se podrán considerar oportunamente”.
La fuente consultada por ACI Prensa señaló que la fiscalía local archivó el expediente del Padre Mendoza Ruiz, pero la justicia eclesial “fue más severa” al imponerle restricciones y prohibiciones que son fruto “de otras indagaciones”, con lo que se demuestra “que su idoneidad es muy cuestionable”.
La misma fuente explicó a ACI Prensa que es justo “reconocer la imparcialidad y buen hacer” de Monseñor Cisneros porque “los casos que llegaron a sus manos fueron resueltos con rectitud, prontitud y competencia doctrinal”.
Sacerdote suspendido por abuso sexual es director de un colegio
ACI Prensa entrevistó al sacerdote diocesano Ángel Cachay Malo, que sirve actualmente en una parroquia en la localidad de Tayabamba en la Prelatura de Huamachuco.
El Padre Cachay relató que cuando era seminarista, el sacerdote –ahora suspendido– Tulio Montenegro Infante le insinuaba tener relaciones sexuales.
“Cuando nos íbamos de regreso de Huamachuco a Tayabamba, luego de la ordenación episcopal de Sebastián Ramis, en un lugar llamado Chahuán nos dieron un cuarto para dormir todos: soldados, catequistas y seminaristas. Tulio me llamaba. Ven a mi lado, aquí está tu espacio. En la madrugada comenzó a bajarse el pantalón, darse vuelta hacia mí como para tener relaciones, yo no acepté esas cosas”, dijo el Padre Cachay.
Según el sacerdote, este episodio lo hizo dudar de su vocación. “Yo no acepté esas cosas. Ahí sí me hizo llorar. Lloraba de impotencia, de cólera, quería golpearlo, levantar a toda la gente que estaba ahí al costado durmiendo”, recordó.
En 2016, Montenegro también fue acusado por Héctor Reyes Prieto, un joven huérfano que luego presidiría la Asociación de víctimas de abuso sexual del Perú, de obligarlo a “tener relaciones sexuales bajo amenaza”.
Los presuntos abusos habrían ocurrido entre 1994 y 2001, mientras vivía una experiencia vocacional en una parroquia del distrito de Buldibuyo, a cargo de Montenegro. Según Reyes Prieto, los abusos terminaron cuando escapó de la parroquia, de la cual el sacerdote le había prohibido salir durante casi 7 años.
Las denuncias de abuso sexual contra Montenegro prescribieron en el fuero civil, pero la justicia eclesial sí lo sancionó en 2018.
Además, en abril de 2019, Monseñor Emiliano Cisneros informó al clero local que a Montenegro se le prohibió de manera “permanente ejercer el ministerio presbiteral en público y no puede presentarse en ningún caso como sacerdote”. Actualmente las penas que se le impusieron están en apelación en el Vaticano.
“El cúmulo de indicios de una conducta permanente y violatoria del celibato lo hacen poco o nada idóneo para el ejercicio del ministerio”, dijo la fuente a ACI Prensa.
Sin embargo, “las pruebas ofrecidas por el principal de sus acusadores no son conclusivas, especialmente por Héctor Reyes Prieto” quien ha visto en la condena de Montenegro “una victoria para su causa: la de la promoción del movimiento homosexual y la posible obtención de una suma de dinero. La Prelatura le ofreció ayuda profesional, espiritual, psicológica, etc. pero no dinero”.
La condena de Montenegro se dio por las “interminables acusaciones muy verosímiles en su contra, así como las afirmaciones propias en el examen personal y otros elementos”, agregó la fuente.
Montenegro siguió trabajando como maestro y ahora es director de la escuela secundaria estatal “Manuel Scorza” en la localidad de Pataz cercana a Huamachuco.
ACI Prensa consultó al Ministerio de Educación (Minedu) sobre el caso de Montenegro.
El 24 de agosto, el Minedu informó que cuatro imputaciones de hostigamiento sexual de Montenegro contra dos profesores, varios alumnos y un vigilante entre 2005 y 2017, finalmente fueron archivadas.
Sin embargo, el organismo ha decidido revisar la situación de Montenegro y ha solicitado –según indicó a ACI Prensa– a la Prelatura de Huamachuco información sobre las razones por las cuales Montenegro “fue apartado del ejercicio público del ministerio sacerdotal”.
El Minedu recordó que en Perú está vigente la Ley Nº29988, “que establece medidas tales como la separación definitiva del sector educativo, al personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas con condenas por delitos de violación de la libertad sexual, entre otros”.
Los casos de Trujillo
Trujillo es capital del departamento de La Libertad. Allí está la sede de Arquidiócesis de Trujillo, que tiene como jurisdicciones sufragáneas a las diócesis de Cajamarca, Chimbote, Huaraz, Huari, así como las prelaturas de Huamachuco y Moyobamba.
En el 2016, mientras la Prelatura de Huamachuco investigaba las denuncias de abuso sexual, el Arzobispado de Trujillo hacía lo propio ante las denuncias contra los presbíteros William José Costa Serrano y Segundo Asunción Fernández Haro por “participar en fiestas en las cuales se bebía licor y prostituía a adolescentes”. Tras las acusaciones ambos fueron suspendidos.
El comunicado del 13 de julio del Arzobispado de Trujillo señala que “la suspensión ad cautelam de todas las obligaciones ministeriales” de ambos sacerdotes “se mantiene vigente hasta hoy”.
En Trujillo las presuntas víctimas debían declarar ante una comisión en la que era delegado el Padre Ricardo Angulo Bazauri. Sin embargo, los denunciantes Héctor Reyes Prieto y Juan Blanco Ramírez no quisieron dar su testimonio ante él porque aseguraron haberlo visto en las fiestas donde se prostituía a menores.
Ante la desconfianza de las víctimas hacia el Padre Angulo, tomó nota de las denuncias el Padre Ignacio Gómez T.O.R.
Según consta en su testimonio grabado de 2016, Reyes dijo que “el Padre Angulo mandó un emisario llamado Jorge Manrique para que yo me retractara sobre Ricardo Angulo. Por ello él me iba a dar un dinero. ‘A Juan Blanco le vamos a dar 15 mil soles [unos 4,200 dólares] y a ti 20 mil [unos 5,600]’, me dijo, ‘pero primero tienes que firmar la carta en la que dices que a él no lo has visto participar de estas fiestas. En el papel decía Yo me retracto (…) Tú sabes que el Padre es así. A Ricardo Angulo no lo toquemos. Yo lo defiendo porque es mi paisano’.
El 15 de agosto de 2020 ACI Prensa preguntó al Padre Ignacio Gómez si informó al Padre Ricardo Angulo sobre la acusación del envío de un emisario para comprar el silencio de las víctimas, a lo que Padre Gómez respondió: “Lo siento, no recuerdo si lo hice”.
El comunicado del Arzobispado de Trujillo del 13 de julio de 2020 señala que sobre el Padre Ricardo Angulo Bazauri “no ha recibido denuncia de ningún tipo y no ha sido denunciado ni en lo civil ni en lo canónico”.
El Padre Angulo es el actual Gerente de Desarrollo Institucional de la Universidad Católica de Trujillo. Fue Vicario General de Monseñor Héctor Cabrejos y presidente del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo.
El 14 de agosto de 2020 ACI Prensa le envió fotografías a Héctor Reyes Prieto y este identificó en ellas al que sería el emisario del Padre Angulo. Reyes dijo que se trata de Jorge Manrique Catalán, director de la Oficina de Educación Católica (ODEC) de Trujillo.
Este no es el único episodio que involucra al Padre Ricardo Angulo.
En la entrevista concedida a ACI Prensa, el Padre Ángel Cachay acusó al Padre Angulo de abusar repetidamente de un seminarista –cuyo nombre mantenemos en reserva– en el Seminario San Carlos y San Marcelo de la Arquidiócesis de Trujillo.
“Casi siempre, todas las mañanas salía Ricardo Angulo del cuarto de él. Parecía raro si el reglamento del Seminario era bien estricto”, dijo el Padre Cachay cuya habitación estaba al lado del de la presunta víctima.
“Eso era normal y pasaba a vista y paciencia de todo el seminario”, agregó.
Al ser consultado sobre si alguna vez le preguntaron algo al seminarista, el Padre Cachay dijo que “no, nadie se metía. Se callaban la boca. Lo que pasa es que cuando uno es seminarista anda con el temor de que cualquier cosa que haga o diga le puedan decir ‘ya no sirves’.
El Padre Cachay contó también que en Trujillo el Obispo Ramis compró una casa “para que los sacerdotes, seminaristas y religiosas se hospedaran mientras estaban de paso. Ahí llegaban Tulio [Montenegro] y Emeterio [Castañeda]. Eran los que más frecuentaban. Se cometían muchas atrocidades”.
Sobre las acusaciones de abusos, el sacerdote dijo que “si bien es cierto para el fuero civil prescribieron, para el fuero eclesiástico es una cosa moral que nunca va a prescribir. La moral nunca prescribe”.
La versión de la casa donde ocurrían las fiestas entre sacerdotes y jóvenes menores de edad en Trujillo, coincide con los relatos de 2016 de Héctor Reyes y Juan Blanco.
“Luego del trago venía el sexo (…) nos pagaban una propina, 20 soles [unos seis dólares]. Eso fue más de un año”, dijo Juan Blanco a la prensa en Trujillo, luego de negarse a declarar ante la comisión investigadora de la Arquidiócesis.
ACI Prensa buscó en distintas oportunidades y por varios medios al Padre Ricardo Angulo y a Jorge Manrique Catalán, para obtener su versión sobre las acusaciones en su contra. Nunca recibimos una respuesta.
ACI Prensa también acudió al Seminario de San Carlos y San Marcelo en Trujillo para pedir los archivos de los alumnos y verificar la denuncia sobre el seminarista presuntamente abusado. El Padre Nilton Saavedra explicó que los archivos están en el Arzobispado de Trujillo.
Después de una Misa celebrada por Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte el 27 de julio en la Catedral de Trujillo, la periodista de ACI Prensa intentó entrevistarlo personalmente sobre el caso del Padre Angulo y otros dos sacerdotes suspendidos –William Costa y Segundo Fernández– sin éxito.
Luego de repetidos intentos y ante el silencio del encargado de prensa del Arzobispado, Juan Andonaire, el 17 de agosto ACI Prensa llamó por teléfono y envió un correo electrónico al Arzobispado de Trujillo con una nueva solicitud de declaración.
Al día siguiente el Arzobispado respondió al correo indicando que “sobre este tema que usted indica, el Arzobispado de Trujillo ya se manifestó de manera contundente e indubitable mediante el comunicado de fecha 12 de julio, el cual le adjunto”.
¿Por qué las víctimas no quieren hablar?
Una fuente en Huamachuco dijo a ACI Prensa que luego de la investigación en el fuero eclesial que comenzó en 2016, las presuntas víctimas ya no querían hablar por miedo al poder político y social de la Iglesia en Trujillo y Huamachuco.
“Iniciaron una persecución contra todas aquellas personas que han apoyado a las víctimas que han declarado. Denunciaron a siete personas en la fiscalía y durante 3 años hemos llevado un juicio. ¿Quién ordenó la denuncia? El Arzobispo de Trujillo y el Obispo de Huamachuco de entonces [Sebastián Ramis]. Los temores están ahí”, dijo la fuente.
El 3 de junio de 2016, el Padre Ricardo Angulo Bazauri presentó una denuncia por el delito de asociación ilícita para delinquir, contra Héctor Reyes Prieto, el ahora ex sacerdote Antonio Campos, su hermana Gregoria, y el Padre Nery Tocto. Los acusó de generar una campaña mediática para luego extorsionarlo con la afirmación de que participó en fiestas homosexuales.
En su denuncia, el Padre Angulo dijo que la acusación contra él era un intento de deslegitimar la comisión investigadora de la Arquidiócesis de Trujillo en la que era delegado.
El Padre Angulo indicó que la versión de Reyes Prieto acusándolo de participar en las fiestas se debía a que el sacerdote “era pieza clave para obtener dinero”.
El 3 de mayo de 2018 un juzgado Trujillo archivó la denuncia de Angulo.
“[Monseñor] Cabrejos es el Arzobispo de Trujillo, es presidente de la Conferencia Episcopal y del CELAM [Consejo Episcopal Latinoamericano]. Ni siquiera hay una palabra que se refiera a que van a escuchar a las víctimas. Nada, siempre a la defensiva. Cuando se ha dicho alguna cosa al periodismo, de alguna forma se vuelve una persecución contra quienes han denunciado”, indicó la fuente en Huamachuco.
Para la fuente, las presuntas víctimas de abusos en Huamachuco y Trujillo se enfrentan a “un poder aplastante y enfermizo que quiere hacer callar los hechos y las víctimas. Pero no van a poder hacerlo eternamente”.
“Después de que se van ustedes [los periodistas] la gente sigue ahí ante el poder de la Iglesia, se les deja sin trabajo, se les amenaza de muerte”, alertó.
Según la fuente, otra razón para el silencio de las víctimas sería que algunos sacerdotes creen que la Iglesia está dividida en “izquierda” y “derecha”; y que el caso de los escándalos podría ser usado por ACI Prensa para “atacar” a la “izquierda” eclesial y difundir la idea de que no hay un verdadero interés en las víctimas.
ACI Prensa se contactó con Reyes Prieto, quien aceptó una entrevista el sábado 25 de julio junto al Padre Esteban Desposorio, otro de los sacerdotes denunciantes, en el local de la defensoría del pueblo en Trujillo. Sin embargo, ni Reyes ni Desposorio llegaron a la cita y ya no contestaron las llamadas telefónicas.
Pese a su ausencia, algunos días después Reyes envió archivos de audio a ACI Prensa con los testimonios que presuntas víctimas grabaron en 2016 e identificó a Jorge Manrique Catalán como el “emisario” que el Padre Ricardo Angulo habría enviado para comprar su silencio.
En Lima, el Padre Ignacio Gómez T.O.R dijo no conocer ni el número de teléfono, ni el correo electrónico del Prelado Emérito de Huamachuco, Monseñor Sebastián Ramis, quien hoy reside en Mallorca (España).
En la sede de los franciscanos T.O.R. en Lima, ACI Prensa preguntó por el Padre David Castro Mayurí –absuelto por la comisión investigadora de Huamachuco–, y nos informaron que debido a su edad es “población vulnerable” ante el coronavirus y por eso se encuentra guardando distancia social en otro lugar.
Maximina Tamayo, quien trabajó 24 años como cocinera en la sede de la Prelatura de Huamachuco, declaró a ACI Prensa que las acusaciones contra el Obispo Ramis “son calumnias que le hacen los sacerdotes, quien los ha educado como un padre”.
Tamayo explicó que Monseñor Ramis financia desde España el tratamiento de su nieta, en una clínica de rehabilitación física de los hermanos de San Juan de Dios.
Un exsacerdote admite no haber actuado ante una denuncia de abusos
ACI Prensa también buscó insistentemente al actual Administrador Apostólico de la Prelatura de Huamachuco, Monseñor Benjamín Rivera Montoya T.O.R., pero no obtuvo respuesta.
En Radio Los Andes, emisora local de Huamachuco, una periodista puso a ACI Prensa en contacto con un exsacerdote dispuesto a contar su experiencia con la condición de mantener en reserva su identidad.
Este exsacerdote admitió haber recibido una acusación contra un sacerdote por tocamientos indebidos en la localidad de Tayabamba y no hacer nada al respecto, cuando formaba parte de la estructura de la Prelatura de Huamachuco.
Al ser preguntado sobre si cuestionó al presbítero aludido, el exsacerdote dijo que no lo hizo porque recibió la denuncia de una tercera persona y no de la supuesta víctima ni de un familiar directo.
¿Es posible abrir un nuevo proceso en el fuero eclesial?
Según canonistas peruanos y estadounidenses no vinculados al proceso de Trujillo y Huamachuco sí es posible abrir un nuevo caso en el fuero eclesial, teniendo en cuenta dos condiciones: que el delito no haya prescrito y que el delito no haya sido juzgado.
Los expertos coinciden en que si hay nuevas evidencias, como por ejemplo que alguien haya cometido otros abusos que no se conocían, entonces esa sería una nueva causa y debe ser tratada como tal.
Al ser preguntados sobre los derechos de las víctimas de conocer los detalles de los procesos en Trujillo y Huamachuco, así como los pasos a seguir en el futuro para prevenir situaciones similares a las denunciadas, los canonistas dijeron que ese “es un tema muy difícil” porque “las actas de un juicio canónico, por la doctrina, principios y lenguaje jurídico son inaccesibles tanto para la prensa secular como para las partes del proceso”.
También explicaron que, de hacerse públicas estas actas, la prensa y las partes involucradas necesitarían la ayuda de un canonista, de lo contrario las interpretaciones y conclusiones que se obtendrían serían muy distorsionadas y en vez de esclarecer el caso, podrían generar más confusión.
Las normas eclesiales que sirven como marco en estos casos son el motu proprio “Como una Madre amorosa” de 2016 y Vos estis lux mundi (Vosotros sois la luz del mundo) de 2019, ambos documentos firmados por el Papa Francisco sobre lo que debe hacer la Iglesia ante las denuncias de abusos sexuales.
Vos estis lux mundi establece que cuando hay denuncias sobre abusos en una diócesis, corresponde la investigación a la Arquidiócesis sede de la provincia eclesiástica.
Los canonistas dijeron que si dicha Arquidiócesis está en cuestión, entonces se debe contactar con el obispo sufragáneo más antiguo de la provincia eclesiástica para que realice la investigación.
Los expertos explicaron que si bien el Nuncio Apostólico o representante del Papa no tiene competencia jurisdiccional sobre los obispos porque no es su superior, sí puede actuar como nexo con el Vaticano. Mediante el Nuncio se puede acudir a uno de los dicasterios competentes: Congregación para los Obispos o Congregación para el Clero.
Consultado por ACI Prensa sobre si estaría dispuesto a ir a la Nunciatura Apostólica para la posible reapertura del caso, Héctor Reyes Prieto dijo: “Yo ya no creo en nadie porque nunca he visto justicia. Yo todo lo dejo en las manos de Dios que es el único en quien confío. Él es el único justo y que nunca se vende”.
El 21 de agosto Reyes comentó que ya no cree “ni en el Papa. Yo creo que si él desea ayudarnos lo hubiese hecho rápido y nos hubiese dado la ayuda a todas las víctimas con ayuda psicológica” pero “no veo ni una iniciativa por parte de la Iglesia”.
“Es por eso que ya no deseo saber nada de este caso. Todo lo dejo en las manos de Dios que él es justo. Más bien gracias por todo. Que el Señor los bendiga y paz a las personas de buena voluntad”, concluyó.
En 2016, Reyes, Nery Tocto, Esteban Desposorio, Agustín García y otros más llegaron hasta la Nunciatura Apostólica en Lima con su denuncia. El Nuncio Apostólico era entonces Monseñor James Patrick Green.
El 17 de octubre de 2019, el actual Nuncio, Monseñor Nicola Girasoli, que se desempeña en el cargo desde 2017, dirigió una carta a un periodista del diario La República en la que explica que recibió dos comunicaciones de Esteban Desposorio sobre “casos de abusos sexuales y comportamiento homosexual de algunos sacerdotes de la Prelatura Territorial de Huamachuco”.
En su carta, el Nuncio explica que, por su naturaleza institucional y diplomática, la Nunciatura que es la Embajada de la Santa Sede en el Perú, “no es un organismo judicial”, pero sí recibe a todos “y de inmediato alerta a la competente autoridad eclesiástica” y al Ministerio Público de ser el caso.
Monseñor Girasoli concluye la carta indicando que para conocer la actual situación de los sacerdotes denunciados, se debe consultar a Monseñor Benjamín Rivera Montoya, Administrador Apostólico de Huamachuco, quien no respondió a la solicitud de entrevista de ACI Prensa.
¿Obstaculización de la justicia?
Los canonistas consultados por ACI Prensa coincidieron en que en los casos de Trujillo y Huamachuco, las acusaciones específicas se refieren a “obstaculización de la administración de justicia o negligencia en administrarla por parte de un miembro de la jerarquía. Es decir, en este caso, un obispo diocesano, o su equivalente, cabeza de una Iglesia particular”.
“La cuestión sustancial que afecta a la Arquidiócesis de Trujillo es que es posible que algunos casos no hayan sido tratados de acuerdo a derecho. Es también muy posible que algunos casos hayan prescrito porque la acción penal no es posible de aplicarse a determinados individuos, pero la responsabilidad del superior queda aún en entredicho y ese es un delito distinto del abuso del súbdito. Todo esto se entiende en caso de menores”, señaló uno de los expertos.
En caso de adultos, la situación es más difícil de enfrentar. Se puede alegar abuso de autoridad o amenaza, normados en el canon 1395 o 1389 del Código de Derecho Canónico, pero estos casos prescriben en un máximo de 5 años.
El canon 1395 señala que si un sacerdote comete “un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido dieciséis años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera”, mientras que el canon 1389 establece que “quien abusa de la potestad eclesiástica o del cargo debe ser castigado de acuerdo con la gravedad del acto u omisión, sin excluir la privación del oficio”.
En cuanto a los obispos, los canonistas dijeron que la responsabilidad más grande corresponde a los obispos diocesanos o sus equiparados. No así a los obispos auxiliares, obispos titulares y eméritos (jubilados).
Los expertos canonistas advirtieron que cuando el obispo conoce algo debe “indagar inmediatamente cualquier notitia criminis [noticia de un crimen] y a la vez informar de la investigación tanto a los dicasterios romanos como a las autoridades civiles si el abuso o el resultado de la investigación es relevante jurídicamente”.
El canon 1717 establece que siempre que el obispo “tenga noticia, al menos verosímil, de un delito, debe investigar con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias así como sobre la imputabilidad”.
El Vaticano publicó este año el Vademécum o Manual “sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos”, un documento que da claras indicaciones sobre cómo las autoridades eclesiales deben actuar en casos como los de Trujillo y Huamachuco.
Entre otras cosas, el manual en el artículo 17 explica que “incluso en ausencia de una explícita obligación legal, la Autoridad eclesiástica dé noticia a las autoridades civiles competentes cada vez que considere que esto es indispensable para tutelar a la persona ofendida o a otros menores del peligro de eventuales actos delictivos”.
Fuente: ACI Prensa.
