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Por Gustavo Rodríguez García- ElMontonero.pe
Lima no quiere sermones moralistas, quiere resultados. Y, la verdad, es que Lima necesita resultados. Lima no necesita un gobierno municipal prepotente que acuse a los que opten por una opción política distinta como casi cómplices de la corrupción. Me lo he preguntado antes y lo vuelvo a preguntar ahora: ¿realmente creía la señora Villarán que ganaría? ¿tan cegado era su análisis y cálculo político?
El panorama es interesante: ganó el que se presentó como gestor, como constructor, como emprendedor. Y el electorado premió a quién se presentó como técnico, como hombre con ideas, con propuestas, como cambio serio. Finalmente, el electorado castigó -¡y de qué manera!- a quién se presentó con soberbia cubierta por un manto de supuesta honestidad y limpieza. La izquierda, en torno a Villarán, de manera torpe, a mi entender, se juntó con el partido del señor Toledo minando precisamente el discurso de limpieza que quería explotar. La izquierda, en torno a Villarán, pretendió atropellar con un discurso de “buenos y santos” contra “malos y corruptos”. En buena cuenta, la gran perdedora ha sido la “izquierda bruta y achorada”.
La red de Villarán, Odebrecht y OAS
Por ISABEL ZAMORA- Diario EXPRESO
Cuando empezaba la campaña para revocar a Susana Villarán de la alcaldía de Lima, en febrero de 2013, su gestión firmó el contrato Vías Nuevas de Lima para que Odebrecht invirtiera en mejorar las carreteras, Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé. Aunque en realidad fue a cambio de dinero, como admitió la ex alcaldesa hace un año.
El entonces congresista Pedro Spadaro denunció esta irregularidad pero Augusto Rey, a la sazón asesor edil, la defendió a capa y espada. Rey ganaba S/ 7,000 mensuales a pesar de que era solo bachiller en Derecho. Luego negociaría la expropiación de tierras para otros peajes: los de Línea Amarilla de la también corrupta OAS.
Según el fiscal Carlos Puma, Villarán no solo tuvo como cómplice para este tinglado a su exgerente José Miguel Castro. Los indicios involucran a la exregidora Marisa Glave, el exfuncionario Gabriel Prado -quien se reunió con ejecutivos de Odebrecht por un asunto particular-, la exfuncionaria Paola Ugaz y la vocera del No a la revocatoria, Anel Townsend.
Glave acudía a diversos programas de televisión a defender el contrato, y admitió que ella impulsó “directamente” la ampliación de diez años para el proyecto Línea Amarilla.
Ugaz había sido contratada por el municipio limeño para diversas “asesorías”por 10 mil soles mensuales. Entre el 2013 y el 2014, habría viajado varias veces a Panamá y Colombia. Luego se perdió la documentación de los términos de referencia que fijaban su sueldo. Townsend era jefa de campaña del No. Cuando se revelaron desbalances contables, dijo que el dinero lo había manejado una asociación civil.
Glave fue denunciada porque, como presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano edil, gestionó el pago sobrevaluado de un terreno en Campoy para cumplir el contrato con OAS. El Ministerio Público aún no se pronuncia.
A mediados del año pasado, el investigador Edgardo Palomino también acudió a la Fiscalía para que se investigue a Ugaz y a Townsend, e interpuso un recurso de amparo al respecto.
En el caso de Rey, el Ministerio Público desestimó investigarlo tres veces, pero también en otras tres veces se retomó por orden de la Fiscalía Superior. Desde entonces, los peajes de Rutas de Lima pasaron de costar S/3.00 a los actuales S/5.50.
Acción de amparo contra fiscales del Equipo Lava Jato por irregularidades en denuncia contra Paola Ugaz, exgerente de MML
El abogado Edgardo Palomino Martínez interpuso acción de amparo contra los fiscales Carlos Puma Quispe y Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, miembros del Equipo Especial Lava Jato, por serias irregularidades y contradicciones incurridas en el proceso de la denuncia que presentó contra Paola Ugaz en su condición de exgerente de “Social Media” de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El proceso de defensa constitucional fue iniciado el pasado 9 de diciembre y persigue que el Equipo Especial del Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial de Corrupción de Funcionarios inicie las investigaciones de las actividades que Paola Ugaz realizó durante su gestión en el año 2013; entre éstas, sus inexplicables viajes a Panamá en mayo y noviembre del mencionado año.
Como se recuerda, Palomino Martínez el 1 de julio de 2019 formalizó denuncia contra Anel Townsend, Paola Ugaz y otros, para que se investigue la participación de estos en los presuntos actos de corrupción de la exalcaldesa Susana Villarán realizados a través de una supuesta organización criminal que el propio Equipo Especial Lava Jato estableció y difundió.
RESOLUCIÓN
Sin embargo, el fiscal provincial Puma Quispe, mediante Providencia N° 270 de 15 de julio de 2019, dispuso “No ha lugar” a la denuncia formulada por Palomino Martínez por cuanto los hechos denunciados ya eran materia de investigación; decisión que fue ratificada por el Fiscal Superior Adjunto Mendoza Salvador, mediante disposición del 30 de septiembre de 2019. [ver La Razón, 8 octubre, 2019, Equipo Lava Jato blinda a Paola Ugaz del IDL-R]
Lo resuelto por estos fiscales resulta cuestionable y genera dudas sobre su imparcialidad en el manejo del proceso anticorrupción en el caso de la MML, dado que el órgano rector metropolitano, mediante Carta N° 3457-2019-MML/SGC-FREI y el Memorando N° 2615-2019-MML-GA-SP, afirmó que sobre Paola Ugaz no tienen documentación alguna sobre sus actividades, como tampoco sobre sus viajes a Panamá. Así cabe preguntarse, en el caso de la exgerente de “Social Media”: ¿qué está investigando el Equipo Especial Lava Jato? [ver La Razón, 7 diciembre, 2019, “MML niega tener información acerca de Ugaz en sus archivos”].
Acción de amparo fue interpuesta contra los fiscales Carlos Puma y Hernán Mendoza.
CONTRADICCIONES
De otro lado, también existen contradicciones e irregularidades en las que los Fiscales Puma Quispe y Mendoza Salvador habrían incurrido a los fines de archivar la denuncia contra Ugaz. Conforme a cargo firmado por el propio Palomino Martínez, la Providencia N°270 le fue notificada el 2 de agosto de 2019; y, dentro del plazo de Ley, el 9 de agosto siguiente, éste solicitó la elevación de los actuados al Fiscal superior, elevación que se concedió mediante Providencia N° 287 de 15 de agosto de 2019.
Para elevar los actuados, Puma Quispe, revisó que la solicitud de elevación presentada por Palomino Martínez estuviese dentro de los plazos de Ley. Sin embargo, Mendoza Salvador, en la disposición del 30 de septiembre de 2019, señala que la Providencia N° 270 fue notificada “bajo puerta” el 23 de julio de 2019, pretexto que empleó para justificar el archivamiento de la denuncia interpuesta por Palomino Martínez.
DUDAS
De lo resuelto por Mendoza Salvador surgen dudas y cuestionamientos: ¿Puede un fiscal de la talla de Puma Quispe equivocarse tan groseramente en el cómputo de plazos para elevar los actuados a su superior? ¿Por qué doble revisión de los requisitos de admisibilidad de la solicitud de la elevación solicitada por Palomino Martínez? ¿Por qué la contradicción de fechas entre Puma Quispe y Mendoza Salvador?
Fuente: Diario La Razón.
Crónicas de una administración municipal corrupta: el gobierno edil de Susana Villarán De la Puente
Por Edgardo Palomino Martínez– LaAbeja.pe
En recientes declaraciones, difundidas por medios de comunicación y redes sociales, los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez han informado que el exgerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez, supuesto número 2 de la presunta organización criminal que la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente dirigió desde la MML, estaría aspirando a acogerse a la condición de colaborador eficaz en los distintos procesos penales que se le siguen como parte de la corrupción que dirigió el gobierno edil de nuestra ciudad capital entre los años 2011 y 2014.
Para que Castro Gutiérrez acceda a la condición de colaborador eficaz no sólo debe decir la verdad acerca de todo lo sucedido en la MML durante la administración de Villarán de la Puente, sino también debe aportar pruebas nuevas y/o aportar los elementos de corroboración de las pruebas con las que ya cuenta el Ministerio Público.
Luego de que el Presidente Martín Vizcarra, el 28 de julio de 2018, durante su discurso ante el Congreso, declarase la “Guerra contra la corrupción, caiga quien caiga”, el autor de esta nota, en su condición de ciudadano preocupado, desde agosto de ese año, ha venido siguiendo el proceso penal que el Ministerio Público sigue contra Villarán de la Puente, Castro Gutiérrez y otros, por diversos delitos de corrupción que supuestamente habrían cometido durante su gestión; y, asimismo, en paralelo ha realizado diversas investigaciones cuyos resultados ha puesto a disposición de los fiscales correspondientes, quienes las han desestimado, pues difieren con las hipótesis que ellos sustentan.
¡Para muchos periodistas de investigación y comentaristas, abogados especializados en el caso, testigos y el propio autor de esta nota, el organigrama de la supuesta asociación ilícita que Susana Villarán habría enquistado en la MML, que el Fiscal Carlos Puma Quispe presentó en las audiencias de mayo-junio de 2019 ¡está incompleto!; así como lo están los casos de corrupción por los que están siendo procesados Villarán de la Puente, Castro Gutiérrez y otros.
Cabe recordar que dichas audiencias estuvieron dirigidas a modificar el arraigo de la exalcaldesa de comparecencia con normas de conducta, por uno de prisión preventiva (habiéndose variado esta última hace poco por una de arresto domiciliario); y, cuya consecuencia fue que Villarán admitiese haber recibido dineros maculados de las constructoras OAS y Odebrecht.
En efecto, en la aludida organización criminal presentada por el Ministerio Público no se comprenden a una serie de personajes políticos, ya sea que hayan pasado por la MML y luego se han reciclado; o, que, de alguna manera, hayan coadyuvado a la supuesta comisión de ilícitos penales; y, que, por razones de una supuesta reserva procesal, como señala el constitucionalista Enrique Ghersi, magistrados de izquierda que integran el Ministerio Público y el Poder Judicial no se allanan a explicar el porqué de su exclusión en los procesos de investigaciones preliminares y preparatorias.
En este enrevesado entramado de personajes que estarían vinculados a la supuesta corrupción del gobierno edil de Villarán de la Puente, y que son materia de procesos actualmente en giro, se encontrarían, entre otros: Marisa Glave, Indira Huilca, Anel Townsend Diez-Canseco, Augusto Rey Hernández de Agüero, Gabriel Prado Ramos, Carlos Rivera Paz, Ronald Gamarra Herrera, Paola Ugaz Cruz, Antonio Salazar García, Amado Enco Tirado, Gino Costa, Salomón Lerner Ghitis, Rafael García Melgar, Augusto Ortiz de Zevallos y muchos más; como también sería el caso de ONGs como “Ciudad Nuestra”, el “Instituto de Defensa Legal” (IDL e IDL Reporteros); sin descartar a las empresas nacionales y extranjeras con las que la MML haya contratado durante el período de Villarán. Inclusive, podría darse el caso de magistrados del Ministerio Público que estén implicados en un posible delito de encubrimiento, por negarse a investigar a los antes mencionados a pesar de los elementos de convicción que tienen para ello.
Sobre la participación de todos ellos en la supuesta organización criminal que Susana Villarán de la Puente dirigió desde el más alto cargo de la MML, el exgerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez debería declarar si la condición de colaborador eficaz quiere obtener.
Pero no nos adelantemos. En los siguientes artículos describiremos nuestra hipótesis del caso penal de corrupción en la MML durante el período Villarán; y, con los elementos de respaldo correspondientes, demostraremos que nuestras conclusiones responden a una seria labor de investigación criminal.
UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA POR SUSANA VILLARÁN EN EL GOBIERNO DE LA MML
Por Edgardo Palomino Martínez– LaAbeja.pe
Muchos de los que venimos siguiendo el caso de corrupción en la MML consideramos que existen elementos de convicción suficientes para establecer que, durante el período 2011-2014, una supuesta organización criminal, liderada por Susana Villarán de la Puente, se habría enquistado en el gobierno de la MML.
Esta hipótesis, si bien ha sido recogida por el Ministerio Público, hoy se encuentra en tela de discusión, pues la estructura elaborada por el equipo de trabajo que dirige el Fiscal Provincial Carlos Puma Quispe estaría incompleta y sólo comprendería a dos de los integrantes de la cúpula de la asociación ilícita que habría gobernado en el municipio capitalino en ese entonces; a decir: Susana Villarán de la Puente y José Miguel Castro Gutiérrez.
El resto de los incorporados a dicha estructura serían meros subordinados o “soldados”, que habrían cumplido las órdenes de Villarán de la Puente y Castro Gutiérrez; lo que determinaría que no se cumple con el presupuesto del mínimo de tres integrantes para que se configure el delito de organización criminal.
La organización criminal está definida por Ley como “aquella agrupación que cuenta con tres miembros o más, entre quienes se reparten tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que tenga carácter estable o tiempo indefinido, funcione de manera coordinada y tenga el propósito de cometer delitos”.
El organigrama de la estructura criminal presentada el Fiscal Puma Quispe, durante las audiencias de mayo-junio de 2019, para que se ordene la prisión preventiva de Villarán y Castro Gutiérrez, no basta para acreditar la existencia de una organización criminal.
La estructura presentada por la Fiscalía dentro de su hipótesis de crimen organizado no cumple con los requisitos esenciales exigidos por la Ley, ya que no prueba que ésta haya sido una organización clandestina con distribución de tareas y funciones con el objetivo común de cometer delitos de corrupción desde el interior de la MML; que contaba con un sistema de toma de decisiones propio; con códigos de conducta comunes; con la posesión de medios técnicos materiales y personales para la comisión de delitos; con redes de protección para asegurar su impunidad a través de su vinculación con el mundo empresarial o con la política; entre otros elementos.
En el caso de la MML, durante el período 2011-2014, existen elementos de convicción, que la Fiscalía no ha considerado, que conducen a concluir que, desde el inicio de su gestión, la exalcaldesa Villarán de la Puente, conjuntamente con regidores y funcionarios allegados a ella, habrían montado una organización criminal, de las características arriba descritas, para lucrar con las contrataciones públicas de este gobierno local.
Esta organización inicial más adelante se ampliaría con ocasión de la “Campaña por el No” durante el proceso de consulta popular de revocatoria, así como de su campaña de reelección, teniendo como razón de ser perpetrarse en el poder municipal, y lucrar de él, por medio de los sobornos y contribuciones realizados por las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht.
Bajo esta hipótesis la supuesta organización criminal que Susana Villarán habría dirigido como alcaldesa de Lima, entre otras, habría estado integrada por las siguientes personas, con las posibles tareas y funciones que se indican:
-Susana Villarán de la Puente: quien habría sido la líder y dirigente de la organización criminal.
-Marissa Glave Remy: quien habría dirigido el planeamiento y ejecución de los actos de corrupción de la organización criminal.
-José Miguel Castro Gutiérrez: quien habría sido el ejecutor de los actos de corrupción planificados por Glave Remy, así como cobrador y cajero de la organización criminal.
-Augusto Rey Hernández de Agüero: quien habría sido el relacionista institucional o contacto “bisagra” con las constructoras brasileras corruptas, así como participación en actividades de movimiento y lavado de activos.
-Anel Townsend Diez Canseco: quien, con supuesto conocimiento del origen maculados de los fondos de la “Campaña por el No”, habría dirigido ésta; y, destinado los fondos ilícitos a los fines de que la organización criminal se perpetre en el gobierno Municipal.
-Paola Margot Ugaz Cruz: quien habría encubierto los ilícitos incurridos por la organización criminal para alcanzar su impunidad, así como participación en actividades de movimiento y lavado de activos.
A decir del constitucionalista Enrique Ghersi, no puede descartarse un blindaje de la Villarán y su entorno “…habida cuenta de que en el Ministerio Publico y en el Poder Judicial (…) la influencia de IDL y de la izquierda es muy grande, poco debemos descartar el hecho de no atacarla directa o indirectamente implica un respaldo implícito o tácito [a Susana Villarán]”.
MARISA GLAVE, LA REGIDORA DE CONFIANZA
Por Edgardo Palomino Martínez– LaAbeja.pe
“A confesión de parte relevo de pruebas” es el axioma jurídico que Marisa Glave, la regidora de confianza de Susana Villarán de la Puente, debió tener presente cuando públicamente afirmó ser ella la artífice de los contratos celebrados por el Municipio Metropolitano con Odebrecht y OAS durante la gestión de la Villarán. En el caso de OAS, específicamente la Adenda N°1 del Contrato de Concesión del Proyecto “Línea Amarilla”, suscrita el 13 de febrero de 2013, con sustanciosos beneficios para OAS y sus asociadas, como también, presumiblemente, para la “cúpula” de la supuesta organización criminal enquistada en el gobierno edil de ese entonces.
La confesión de Glave Remy reconociendo que ella misma, directamente, se ocupó de la Adenda N° 1, la hizo a Víctor Andrés García Belaunde, en el debate que ambos políticos sostuvieron en marzo de 2016, en el programa que dirigía la periodista Mónica Delta con ocasión de las elecciones generales de dicho año y que era difundido por el canal de señal abierta Frecuencia Latina.
Este hecho, que ha quedado registrado para la posterioridad en internet (https://www.youtube.com/watch?v=G2_TCATgiJ4), ha sido públicamente confirmado por García Belaúnde en la reciente entrevista; y, su omisión por el Fiscal Carlos Puma Quispe y su equipo de trabajo, a los efectos de establecer la existencia de una organización criminal en el gobierno de la MML dirigida por Villarán de la Puente, constituiría culpa inexcusable, si no dolo.
Como explicamos en nuestro artículo anterior, la Ley requiere un mínimo de tres sujetos para que se configure el delito de “Organización Criminal”. Marisa Glave sería quien, con Susana Villarán y José Miguel Castro, completaría el trío mínimo que la Ley exige para que se configure la asociación ilícita que se enquistó en el gobierno de la MML durante el período 2011-2014.
¿“Jefa de Planeamiento” de la organización criminal enquistada en la MML?
Con experiencia como regidora de la MML entre el 2007 y el 2010, Marisa Glave fue la regidora de confianza de Susana Villarán desde inicios del 2011 hasta su revocatoria en marzo del 2013, ocupando durante este período el cargo de presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la MML, puesto de importancia y poder.
Conforme al Art. 36° del Reglamento Interior del Concejo Metropolitano de Lima, corresponde a la Comisión de Desarrollo Urbano dictaminar la procedencia de asuntos vinculados con: acondicionamiento territorial; usos de suelo y su planificación; zonificación urbana; planificación urbana metropolitana; planificación y ejecución de desarrollo, de renovación y de expansión urbana; proyectos habitacionales; proyección de asentamientos humanos marginales; planificación metropolitana de vías e infraestructura urbana; planificación metropolitana de equipamiento y servicios; zonas y áreas ribereñas; áreas verdes, parques y áreas recreativas; entre otros temas.
Así, en su condición de presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Marisa Glave habría determinado los términos y condiciones y dictaminado favorablemente: el Contrato de Concesión “Proyecto Vías Nuevas de Lima” otorgado a Odebrecht y sus asociadas; la Adenda N° 1 del Contrato de Concesión “Proyecto Línea Amarilla” a favor de OAS; el “Plan Río Verde”; la reubicación de la Comunidad Shipibo-Konibo; la compra del terreno dónde sería reubicada la mencionada comunidad; el cambio de zonificación del mencionado terreno; entre otros tantos casos cuestionados por corrupción vinculados con Odebrecht, OAS y terceros.
Si en mérito a los actos y contratos antes mencionados, dictaminados favorablemente por Marisa Glave como presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de Lima, se derivan los fondos y dineros maculados con los que se financiaron la “Campaña por el NO” y la “Campaña de Reelección a la Alcaldía” de Susana Villarán, cabe preguntarse: ¿Resulta creíble que Marisa Glave [dada su relación tan estrecha con Susana Villarán; sus funciones en la MML; y, su interés de no ser revocada como regidora] no fuese parte de la presunta organización criminal que la Villarán habría liderado y dirigido; y, que no conociese acerca de los actos corruptos entre la MML y las constructoras brasileras? ¿Por qué no se ha investigado y/o denunciado a Marisa Glave?
No debe descartarse la hipótesis que, en su momento, Marisa Glave, para pasar desapercibida por “el radar” de los medios de comunicación y redes sociales, se haya apoyado en la periodista Paola Ugaz –a la sazón, supuesta Gerente de “Social Media” de la MML en ese entonces, con quién mantenía una estrecha relación personal–, como se narrará en un próximo artículo.
Tampoco debe desestimarse la posibilidad que Marisa Glave estés siendo blindada desde el Ministerio Público, donde, a decir de Enrique Ghersi “…la influencia del IDL y de la izquierda es muy grande”, y que, por ello, en su caso, la impunidad triunfe.
Tenga en cuenta, estimado lector, que, si en el caso de Marisa Glave la impunidad triunfa, ésta también habrá triunfado en el caso de Susana Villarán, pues no se podrá cumplir el presupuesto del mínimo de tres miembros que la Ley exige para que se configure el delito de “organización criminal”.
FAENÓN EN “VÍA PARQUE RÍMAC” Y “VÍAS NUEVAS DE LIMA”
Por Edgardo Palomino Martínez– LaAbeja.pe
A fines de diciembre de 2012, a escasos 2 meses y días de llevarse a cabo la Consulta Popular de Revocatoria para la remoción de Susana Villarán de la Puente, todo hacía prever que era inminente que ella sería vacada del cargo, pues durante los dos primeros años de su gestión edil, en promedio, sólo había tenido un 20% de respaldo.
El 3 de enero de 2013, la jefa y vocera por el “No”, Anel Townsend, admitió públicamente la contratación de Luis Favre como estratega de la campaña; y, que Salomón Lerner era quien había propuesto contratarlo. Townsend no pudo explicar cuánto se le iba pagar ni de dónde provendrían los fondos para ello, pero sí aseguró se le pagaría con recursos privados.
La contratación de Favre por el Comité Ciudadano por el “No” fue duramente criticado en todos los medios, pues de ello se infería que alcaldesa capitalina habría optado por defender los contratos con Odebrecht y OAS, a las que la Municipalidad de Lima adjudicó proyectos por US$500 millones y US$700 millones, respectivamente.
En las semanas siguientes al anuncio de la contratación de Favre, Marisa Glave y su equipo de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano debieron estar muy ocupados con estudios y elaboración de dictámenes, pues el 9 de enero de 2013 la MML suscribió con Odebrecht el Contrato de Concesión del Proyecto “Vías Nuevas de Lima”; y, el 13 de febrero siguiente se firmó a favor de OAS la “Adenda N° 1 del Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla”.
Y casualmente era la Adenda N° 1 con LAMSAC/OAS lo que Víctor Andrés García Belaúnde debatía con Marisa Glave en marzo de 2016 cuando ella confesó que quien personal y directamente era la que veía estos contratos con las constructoras extranjeras.
García Belaúnde aducía que lo acordado con OAS en la Adenda no era beneficioso para la Ciudad de Lima, pues importaba un mayor gasto para el erario municipal; incrementaba el plazo de la concesión de 30 a 40 años; y, autorizaba el incremento de los peajes, lo que sucedió en diciembre de 2013 cuando el peaje de la Vía de Evitamiento de S/.3.00 a S/.4.00. Por su parte, Glave defendía “su” Adenda, argumentando a que gracias a ella la empresa brasilera debía destinar fondos de la concesión para el proyecto Río Verde por US$74.5 millones; la construcción de un viaducto en SJL y zonas del centro histórico de Lima por US$29 millones; y, que la participación de la MML equivalente al 7% de los peajes representaba en el tiempo un ingreso de US$200 Millones.
Lo cierto es que luego de la suscripción de los acuerdos con Odebrecht y LAMSAC/OAS, el Comité Ciudadano por el “No” contó con cuantiosos recursos para financiar su campaña que evitó la revocatoria de Susana Villarán como alcaldesa de Lima, pero no la vacancia de varios, sino todos, sus regidores, entre ellos Marisa Glave.
Con el tiempo, durante las investigaciones por corrupción durante la gestión Villarán en la MML, de la boca del propio Luis Favre se conocería que la “Campaña por el NO” fue pagada por Odebrecht y OAS, y que por sus servicios de asesoría en “Marketing Político”, las constructoras brasileras habían pagado directamente a FX Comunicación Global, de propiedad de Valdemir Garreta, un honorario de US$3 Millones.
Respecto al “Plan Río Verde” que OAS se obligó a ejecutar en virtud de la Adenda N° 1, consistente en la construcción de un malecón de 2.5 km entre la alameda Chabuca Granda y el Parque de la Muralla, las edificaciones de puentes peatonales y la implementación de áreas verdes, tenía como único inconveniente la necesidad de reubicar a los pobladores Shipibo-Konibo establecidos en Cantagallo en un terreno a ser adquirido por la Municipalidad.
Para la reubicación indicada, la Comisión de Desarrollo Urbano había identificado un terreno de poco más de 7,000 metros cuadrados ubicado en Campoy, San Juan de Lurigancho; y, que sus propietarios habían adquirido por la suma de US$1’142,580.80. Este terreno que tenía como inconveniente no contar con la zonificación adecuada para la reubicación de los Shipibo-Konibo.
En febrero del 2011 la empresa Portal Campoy SAC, sin ser aún la propietaria del terreno, solicita a la MML el cambio de zonificación; y, el 29 de diciembre de 2011, con plena certeza que su solicitud sería declarada procedente –y en función a ello el precio del terreno subiría–, esta empresa adquirió el terreno por la suma de US$2’502,822.77.
En febrero del 2012, la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano presidida por Marisa Glave emitió el DICTAMEN N°010-2012 con conclusión favorable al cambio de zonificación solicitado por Portal Campoy SAC.
Según denuncia formulada por la entonces congresista Yeni Vilcatoma, presentada a la Coordinadora Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios el 23 de agosto de 2019, el cambio de zonificación habría sido concertado entre la empresa Portales Campoy y la entonces regidora Marisa Glave.
El 14 de febrero de 2013 se publicó la Ordenanza N° 1587-MML que modificaba la zonificación del terreno de Campoy, con lo que quedaba allanado el camino para que la MML lo adquiriese, como posteriormente lo hizo, para la reubicación de comunidad Shipibo-Konibo.
El 7 de octubre de 2014, la MML adquirió de Portal Campoy SAC, por la suma de US$4’641,735.00,el terreno que la Comisión de Desarrollo Urbano presidida por Marisa Glave habría elegido para reubicar a la comunidad Shipibo-Konibo que habitaba en Cantagallo, pagando un sobreprecio de US$2’138,912.00, en razón del cambio de zonificación.
Con todos estos indicios: ¿Por qué el Ministerio Público estaría blindando a Marisa Glave y no la investiga y procesa como presunta “Jefa de Planificación” de la organización criminal que Susana Villarán habría dirigido?
“¡… DILE A ELLA, PORQUE ELLA FUE!”
Por Edgardo Palomino Martínez– LaAbeja.pe
Marisa Glave ha declarado por plazas, calles y avenidas, por todos lados, que ella no tomó ni formó parte de la supuesta organización criminal que Susana Villarán habría dirigido para financiar la “Campaña por el NO”. Ello, para marcar distancia de quien fuera su líder y reciclarse políticamente.
Esto resultaría poco creíble, por la participación personal y directa que Marisa Glave tuvo en la celebración del Contrato de Concesión del Proyecto “Vías Nuevas de Lima” que la MML suscribió con Odebrecht el 9 de enero de 2013, así como en la firma de la “Adenda N° 1 del Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla” que la Comuna Limeña otorgó a favor de OAS el 13 de febrero siguiente.
Esta actuación de Marisa Glave, desde la presidencia de la Comisión de Desarrollo Urbano de la MML, aportaría indicios más que suficientes para considerar que ella sí habría integrado la mencionada asociación ilícita; y, que, entre otros actos de corrupción, ella sí habría participado en el financiamiento de la “Campaña por el No”; desde la obtención de los fondos maculados y los sobornos reconocidos por la Villarán, hasta su aplicación a la campaña y presuntamente a otros fines.
El 9 de mayo de 2019, el fiscal provincial Carlos Puma Quispe formuló contra la exalcaldesa Susana Villarán el requerimiento de variación de la medida coercitiva de comparecencia restringida por la de prisión preventiva; medida que fue otorgada y recientemente cesada y variada a la de arresto domiciliario por razones humanitarias.
Durante las extensa y prolongada audiencia que motivo el pedido del Fiscal Puma Quispe dentro del marco del proceso judicial de investigación preparatoria, que duró varios días, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la de Eduardo Zegarra Méndez, ex teniente alcalde en la gestión de Villarán, que señala que Marisa Glave integraba el “staff” que coordinaba la campaña del “NO” a la revocatoria de la exalcaldesa y de sus regidores.
No es presumible que Marisa Glave no haya sido parte de ese “staff”. Glave era la regidora de confianza de la Villarán; además, Glave estaba dentro del número de regidores a ser revocados; y, asimismo, Glave como presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano había participado directamente en las negociaciones con OAS y Odebrecht para otorgar a éstas términos y condiciones más beneficiosos en las concesiones municipales que se habían adjudicado a éstas.
Así, la declaración de Zegarra Méndez, en cuanto a que Marisa Glave Remy era parte del “staff” de la campaña por el “NO”, resulta siendo más que creíble.
En su declaración, Zegarra Méndez señala que Marisa Glave también estuvo presente el día en que la exalcaldesa presentó al publicista Luis Favre como encargado del “Marketing Político” para la campaña e informó que los honorarios de éste por la asesoría de “marketing político” ascenderían a US$150,000.00.
Según Zegarra Méndez, la “regidora de confianza” no cuestionó ni objetó el importe de los honorarios de Favre, a pesar que era pública y notoriamente conocido que Favre, de una parte, cobraba honorarios muy superiores al mencionado por la Villarán; y, de otra, que había brindado servicios a Odebrecht y OAS a través de la agencia brasileña FX Comunicación Global, existiendo en su contratación un evidente conflicto de intereses, que rayaba en ilícito.
¿Cómo se justifica la inmutabilidad de Marisa Glave? ¿Sería que como parte de la “cúpula” de la presunta organización criminal que Susana Villarán habría dirigido, Marisa Glave conocía que Odebrecht y OAS estaban pagando US$3 Millones directamente FX Comunicación Global, de propiedad de Valdemir Garreta; y, que éste, a su turno, pagaba a Favre; tal como este último declaró el 25 y 26 de julio del 2018 en París ante fiscales peruanos sobre la participación que tuvo en la “Campaña por el No”?
A pesar de cualquier deslinde que Marisa Glave haga con relación al financiamiento de la “Campaña por el NO”; o, crítica, censura o acusación que formule contra Susana Villarán; lo cierto es que sobre la participación de Marisa Glave en la corrupción que dentro de la MML habría existido entre enero del 2011 y marzo del 2013; desde entonces y hasta la fecha, a través de portales públicos de transparencia, así como a la información difundida a través del Internet por los medios de comunicación, se tienen muchos indicios que obligan a investigarla.
Surge entonces la siguiente pregunta: ¿Por qué la prensa y el Ministerio Público no han investigado antes a Marisa Glave?
En el primer caso, no debe descartarse la hipótesis que, en su momento, Marisa Glave se haya apoyado en la periodista Paola Ugaz –a la sazón, supuesta Gerente de “Social Media”
de la MML en ese entonces, con quién mantenía una estrecha relación personal– para pasar desapercibida por “el radar” de los medios de comunicación y redes sociales con los que “Larryportera”, como se narrará en un próximo artículo.
En el segundo caso, cabe referir que, cada día que pasa, cobra más fuerza la hipótesis del abogado Enrique Ghersi que sostiene que al interior del Ministerio Público “… la influencia de IDL y de la izquierda es muy grande”, siendo por ello plausible que el Fiscal Carlos Puma Quispe no formule cargos en contra de Marisa Glave, dado que ello perjudicaría a Susana Villarán y al sector de la izquierda “que se identificaba” con ella.
Considerando que, por el momento, es suficiente lo escrito sobre Marisa Glave, en los siguientes artículos trataremos sobre otros posibles miembros de “la cúpula” de la presunta organización criminal que Susana Villarán habría dirigido desde la alcaldía de la MML.
¡EN POLÍTICA NO HAY INGENUOS… NI CASUALIDADES!
Franklin D. Roosevelt sostenía que “En política, nada ocurre por casualidad”; o, citando a Heduardo, nuestro peruanísimo famoso caricaturista de humor político: “En política no hay q ser ingenuos”, recomienda García; “Y tampoco hay que ser caídos del palto”, añadiría Fujimori.
Que un político de la talla de Anel Townswend Diez-Canseco se acoja a la ingenuidad como defensa en la participación que habría tenido en la presunta corrupción que hubo en la campaña para la “No Revocatoria” de Susana Villarán como alcaldesa de Lima, resulta pueril.
A pesar que, en el 2013, en una entrevista televisiva, la propia Susana Villarán señaló que Townsend era la jefa de la campaña y que ella conocía el manejo de las finanzas de la misma; hecho que Anel nunca desmintió; el Ministerio Público sostiene que Anel Townsend sólo fungió de “vocera” de la “Campaña por el NO”.
Por tanto, la Fiscalía presume que Susana Villarán detentó individualmente, con exclusión de todo su entorno cercano, la jefatura de la mencionada campaña.
En consecuencia, para la Fiscalía, Anel Townsend no conoció los detalles de la campaña; no conoció de los términos y condiciones de la contratación de Luis Favre; nunca tuvo conocimiento que la modalidad que se usó para ingresar el dinero de Odebrecht y OAS a la campaña fue a través de “doleiros” (modalidad que se utilizó para ocultar el dinero ilícitamente obtenido y hacerlo ingresar al circuito económico nacional); nunca se le cruzó por la mente que los dineros que ella ordenaba distribuir y pagar, y respecto de los cuales ella y Marco Zevallos rendían cuenta sobre gastos de campaña, provenían de “doleiros”.
Conforme a esta hipótesis que presenta el Ministerio Público, para Anel Townsend todos los millonarios fondos de campaña, porque, engañándola, así se lo había afirmado Villarán, provenían de la “Asociación Amigos de Lima” y de los colectivos a favor del “No”; puesto que Odebrecht y OAS nunca tuvieron participación económica alguna en la campaña.
¿Resulta creíble la versión de Anel Townsend y la hipótesis planteada por el Ministerio Público?
La hipótesis alternativa, sobre la base de las investigaciones que ha realizado sería que habiendo Marco Tulio Gutiérrez solicitado la revocatoria de Susana Villarán, el empresario Salomón Lerner Ghitis (gran amigo de Alejandro Toledo y ex premier de Ollanta Humala) habría visto en ella la oportunidad de un “negocio político” a futuro; y, por ello participó en la misma.
El propio Luis Favre, en París, el 25 y 26 de julio de 2018, en la manifestación que rinde a los fiscales Hamilton Castro y Sergio Jimenez, señala que fue Lerner Ghitis quien lo llama a Brasil y le propone la campaña de Villarán; quien le pagó el pasaje de avión de ida y vuelta para que vaya a Lima, así como los diversos gastos a la llegada; que fue en su oficina, ubicada en Miraflores, donde se reunió con Lerner Ghitis, Villarán y Townsend en diciembre de 2012; que con posterioridad a dicha reunión, en el 2013, fue contratado por la agencia brasileña FX Comunicación Global, de propiedad de Valdemir Garreta, para brindar asesoramiento a la alcaldesa Villarán en marketing personal, redacción de propaganda, preparación de entrevistas y spots publicitarios.
Favre también señaló a los fiscales que, a pedido expreso de Garreta se reunió con Leo Pinheiro, ex presidente de OAS, en un hotel en Lima; y, Garreta reveló, en la declaración que rindió a la fiscalía peruana en el 2017, que la reunión entre Favre y Pinheiro se dio en el marco de la campaña de revocatoria.
Garreta también admitió ante la fiscalía peruana que recibió US$3 millones –US$2 millones de Odebrecht y US$1 millón de OAS– como pago por la publicidad y asesorías brindadas para la campaña del No; detallando además que todos los pagos [de aportes a ésta y otras campañas] fueron realizados en efectivo, en moneda brasileña [reales], bajo la modalidad de entregas en un hotel.
A su turno, Lerner Ghitis declaró a un conocido diario de Lima que no negaba lo declarado por Favre al Ministerio Público; y, asimismo, ante la Comisión Multipartidaria del Congreso, en diciembre de 2017, afirmó que su percepción era que Anel Townsend era la jefa de la “Campaña por el NO” y que Townsend participó, incluso, en las reuniones con Luis Favre.
La “frágil” memoria de Lerner Ghitis respecto a su participación en la “Campaña por el NO”, al sostener en una entrevista que, en marzo de 2019, concedió a un conocido diario sobre “que no recuerda bien”, que “estamos hablando de cerca de seis años atrás, tendría que chequear”, nos lleva a preguntarnos si la propuesta de contratación de FX Comunicación Global y de Luis Favre se la hizo a Susana Villarán o a Anel Townsend.
Sospechamos que, para llegar a Susana Villarán, Lerner se valió de la amistad que había granjeado con los esposos Guillermo (Willy) Gonzáles Arica y Anel Townsend, asesor de prensa y Ministra de la Mujer en tiempos de Toledo, respectivamente.
En febrero de 2013, Gonzáles Arica fue nombrado Embajador del Perú en Honduras. Lo normal hubiese sido que, si simplemente era la vocera de la “Campaña por el NO”, Anel renunciase a su cargo y se fuese con su esposo a Tegucigalpa. ¡Pero NO! Anel se quedó en Lima hasta el final de la consulta popular. ¿Qué poderosa razón podría tener para ello?
La investigación que hemos realizado nos lleva a presumir que Townsend conocía al por menor todos los entretelones de la “Campaña por el NO”; y, que se habría quedado en Lima hasta el final de la misma para el manejo de los fondos maculados de campaña proporcionados por Odebrecht y OAS.
Con Anel Townsend ya se tendrían identificados a cuatro miembros de “La Cúpula” de la organización criminal que Villarán habría enquistado en la MML.
NO ES PERSONAL, SÓLO SON NEGOCIOS…
Por Edgardo Palomino Martínez– LaAbeja.pe
Don Luis Miró Quesada de la Guerra dijo que “el periodismo es la más honorable de las profesiones y el más vil de los oficios…”; y, Michael Corleone, “El Padrino” de Mario Puzzo, cuando ordenó que asesinaran a los mafiosos que atentaron contra su familia, dijo que ello “era un tema de negocios y no uno personal”.
Para Paola Ugaz su paso por la MML, que según ella se habría iniciado en diciembre de 2012, fue un tema de negocios. Su función no fue ejercer el periodismo desde la Comuna Limeña. Como “Gerente de Social Media”, del área de Serenazgo, ella se habría encargado del manejo de redes sociales y la relación con los medios de comunicación, percibiendo una retribución mensual de S/10,000.00.
Durante ese año los medios realizaron una demolición de los opositores de Susana Villarán. Nuestra hipótesis es que Paola Ugaz fue contratada para coordinar con los medios ese trabajo de demolición –desde la consulta popular de revocatoria, hasta el término de su CAS en enero de 2014–; y, ocultar del público los actos de corrupción de la gestión villaranense. Para ello, Ugaz, con presunta vileza, alevosía y nocturnidad, habría empleado sus conocimientos y relaciones como periodista; actividad que ejerce como oficio (y no como profesional), tal como ella lo afirmó el 11 de junio pasado en conferencia pública promovida por la Biblioteca Nacional.
Ugaz, como presunta “Jefa de Defensa e Impunidad” de la organización criminal habría gozado de poder ilimitado para la realización de su trabajo, pues habría comandado un ejército de “trolls” para, a través de cuentas “Tweeter” y “Face Book”, atacar a los opositores de Villarán y hacer publicidad y gala de las obras de su gestión.
Además, tanto por mérito propio, como por estar adscrita al IDL Reporteros, teniendo como mentor a Gustavo Gorriti, sin desdeñar la relación de Guillermo Gonzales Arica con la “Campaña por el NO”, Ugaz tenía fácil llegada a los diarios del Grupo El Comercio, Grupo La República (con el que estaba relacionado Salomón Lerner Ghitis), semanarios, canales de televisión, estaciones de radio, periodistas independientes adscritos o simpatizantes de la izquierda y/o del IDL. Asimismo, gracias a Mario Vargas Llosa era corresponsal del diario conservador “ABC” de España.
Pero también, como años más tarde se haría evidente, tenía llegada y mantenía estrechos lazos dentro del Ministerio Público, en especial con el ex Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, recientemente denunciado constitucionalmente de encubrir a Odebrecht por el Fiscal Supremo Tomás Gálvez.
En suma, Ugaz habría sido contratada porque contaba con medios y recursos para distraer la atención pública hacia supuestos aspectos positivos de la gestión Villarán, aparentemente verosímiles gracias a su “arte periodístico”; y, de esta manera, habría mantenido “fuera del radar” las distintas coordinaciones y manejos ilícitos que se producían al interior de la MML para lograr el objetivo de que Susana Villarán no sea revocada; de los cuales ella habría tenido pleno conocimiento.
Cómo llegó Ugaz a la presunta organización criminal que Susana Villarán habría enquistado en la MML no lo sabemos a ciencia cierta; pero es importante investigarlo para ver hasta dónde llegan los tentáculos. Al respecto, tenemos tres posibles hipótesis.
La primera apunta a que Ugaz habría llegado a la “Jefatura de Defensa e Impunidad” de la supuesta organización criminal a través del IDL y Gustavo Gorriti; tal como otros miembros de dicha ONG habrían llegado a prestar servicios y asesorías para fines personales de Susana Villarán, pero pagados por la MML.
La segunda apunta a la relación de Ugaz con Morgana Vargas Llosa, hija del peruano ganador del Premio Nobel de literatura en el 2010, a quien se le imputa haber apadrinado a los ex Presidentes Toledo, Humala y Kuczynski, todos ellos envueltos en escándalos de corrupción.
Esta hipótesis maneja dos posibles escenarios, dada la cercanía de Ugaz con los Vargas Llosa y que han dado pie a la “leyenda urbana” de que la Ugaz se “coló” a la entrega del Premio Nobel haciéndose pasar por “nana” de la familia.
El primer escenario sería que la Villarán habría decidido convocar a la Ugaz a sugerencia de Morgana y/o su padre, a raíz de la exposición de “la Chalina de la Esperanza” acogida por la MML a inicios del gobierno edil de la Villarán, en enero del 2011. El segundo tiene base sobre la presunta amistad entre Nadine Heredia con Morgana y Paola; y, habría sido la Primera Dama de ese entonces quien sugirió a Villarán la contratación de la Ugaz.
La tercera hipótesis está basada en que existe una amistad más que estrecha entre Marisa Glave y la Ugaz, que se acredita con la Resolución de Alcaldía N° 085 de 11 de abril de 2013, en la que se encarga a Marisa Glave, a pedido de parte, que oficie el matrimonio civil de Paola Ugaz con Daniel Bayly Collins, celebrado el 13 de abril de 2013. Para ser más claros: Ugaz habría pedido que la case su “amiga” Marisa Glave, quien habría sido la “Jefa de Planificación y Estrategia” de la supuesta organización criminal que Villarán enquistó en la MML.
Es públicamente conocido que el autor de esta crónica viene investigando la supuesta organización criminal cuyo liderazgo se imputa a Susana Villarán; así como que el 1 de julio de 2019 interpuso denuncia fiscal contra Anel Townsend, Paola Ugaz y otros por su
presunta participación en ella. Sin embargo, hasta la fecha dicha denuncia no ha sido admitida.
Asimismo, es públicamente conocido que, en las investigaciones realizadas sobre las actividades de la Ugaz, la MML ha informado que el legajo de Paola Ugaz ha desaparecido. Mediante Carta N° 3457-2019-MML/SGC-FREI y Memorando N° 2615-2019-MMLGA-SP se señala que sobre Paola Ugaz no pueden brindar información alguna, habida cuenta que “el
Área de Legajo de la Subgerencia de Personal de la Municipalidad de Lima a través del Memorando N’ 359-2019-MML-GA-SP-AP, informa que luego de realizar la búsqueda en el archivo, no se ha ubicado el término de referencia del Contrato Administrativo de Servicios, documento en el cual se detalla las funciones realizadas por la citada ex servidora; asimismo no se ubicó la Resolución [que autoriza los viajes de Ugaz a Centroamérica y Panamá] con o sin goce de haberes (…)”.
Pareciera que cuando se intenta investigar la labor de Paola Ugaz en el año que trabajó en la MML y sus conexiones con la organización de Susana Villarán, uno se estrella contra un muro de contención que la protege. No obstante, es importante que se sepa que Paola Ugaz ha dejado muchas huellas de actos reñidos con la ley, que han sido recogidas y almacenadas por diversas fuentes, y que daremos a conocer cuando se publiquen las crónicas sobre los viajes de Paola Ugaz a Panamá y Centro América; y, al blindaje que de ella hace el Ministerio Público.
NOS ESTAFARON, NINGÚN MÉDICO CUBANO ESTÁ APTO PARA ENTRAR A UCI
El consejero regional de Moquegua Luis Miguel Caya Salazar, reveló que de los 16 profesionales de Cuba que están en Moquegua, ninguno puede ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), porque no tienen la especialidad para tratar a estos pacientes críticos, Informó el Portal “Puerto Noticias”.
El Gobernador Regional de Moquegua Zenón Gregorio Cuevas Pare nos vendió ‘humo como cancha’. Lo que no tenemos son médicos Emergenciólogos, Uciólogos o intensivistas, que se requieren para enfrentar esta pandemia. De la delegación comunista de “médicos” solo seis (6), son médicos, de los cuales uno es internista y el resto médicos generales. Los demás son técnicas en enfermería y enfermeras.
Este servicio no es gratuito, nuestro Gobierno desembolsa una cuantiosa cantidad, que va dirigida a la cúpula del Partido Comunista cubano que lucra con la labor de sus compatriotas en el exterior, cosa que ha sido denunciada en varios foros internacionales por el abuso cometido a los derechos laborales. Pero y los Peruanos?. Se dice que no hay especialistas, que cuesta caro contratarlos, pero si hay recursos para contratar personal foráneo que en el caso de Moquegua, y esto es expresión de funcionarios del Área de Salud, no hay emergenciólogos ni intensivistas, entonces, qué habría pasado con la solución que impuso Zenón Cuevas a rajatabla y que ahora parece no llegar a buen puerto, incluso el Colegio Médico, base Moquegua pide investigar como viene funcionando el Hospital Covid 19, síntoma de que algo está mal y no lo quieren decir, denunció el consejero.
Fuente: www.manifiestoperu.com
Según la información de OSCE, Luis Ángel Rivera Talledo comienza a contratar con el Gobierno desde el 20 de abril de 2017. Su primer contrato fue con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el monto de S/4,400 soles. En esa fecha el presidente Vizcarra era el Ministro de Transportes. El 22 de mayo de 2017, el presidente Vizcarra renuncia a la cartera de Transportes por el escándalo de Kuntur Wasi y después de haberse conocido el informe del Aeropuerto de Chinchero que presentó en su momento el ex Contralor General Edgar Alarcón.
El 26 de junio del 2017, Luis Rivera obtiene una nueva orden de servicio por el concepto de «Servicio de apoyo Administrativo» -por el monto de S/6,600 soles– también en el Ministerio de Transportes. Tres meses después, exactamente el 13 de septiembre del 2017, Luis Rivera logra una nueva orden de servicio por «Servicio de apoyo Administrativo» ahora por un monto de S/8,800 soles.
Junto a Luis Rivera, al MINEDU también llegó Gabriela Judith Huari Escurra, quien fue designada el 23 de noviembre de 2018 como Secretaria Nacional de la Juventud RM N° 642-2018-MINEDU pero al no cumplir el perfil para el cargo renuncia el 12 de diciembre de 2018.
El 22 de enero de 2019, justo dos meses después de su primera orden de servicio en el MINEDU, Luis Rivera consigue una nueva orden de servicio por la suma de S/15,700 soles, para realizar el «Servicio de Asistencia Técnica Administrativa DIPROGE». Es decir, se le pagó seis veces más por realizar el mismo trabajo que había hecho dos meses atrás.
Pero eso no es todo, en 2019 el ascenso económico para Luis Rivera continuó. El 29 de marzo de 2019, justo una semana después del cumpleaños del presidente Martín Vizcarra, Luis Rivera logra una nueva orden de servicio en el MINEDU, esta vez por el monto de S/16,500 soles. Nuevamente como detalle de la contratación aparece «Servicio de Asistencia Técnica Administrativa DIPROGE».
El 28 de junio de 2019, Luis Rivera continúa con más fuerza en su buena racha, y esta vez consigue una orden de servicio por el monto de S/17,250 soles, nuevamente por el servicio de «Asistencia Técnica Administrativa DIPROGE».
Tres meses después, exactamente el 20 de septiembre de 2019, aparece otra nueva orden de servicio para Luis Ángel Rivera Talledo, ahora por el monto de S/17,650 soles.
En enero de 2020 Luis Rivera Talledo obtiene una nueva orden de servicio, pero ahora la suma es mayor que las anteriores; esta vez la cifra es de S/18,300 soles, nuevamente por el servicio de «Asistencia Técnica Administrativa DIPROGE».
En plena pandemia Luis Rivera sigue obteniendo contratos del Ministerio de Educación en la gestión del ministro Martín Benavides, pero esta vez sus órdenes de servicio bajan al monto de S/4,500 soles y se vuelven mensuales. Todo esto por continuar haciendo el mismo trabajo, tal como lo detalla la documentación del 01 de abril de 2020, donde se lee el objeto de contratación: «Servicio de Asistencia Técnica Administrativa». 
Pero 29 días después, exactamente el 30 de abril de 2020, Luis Rivera obtiene otra orden de servicio por el monto de S/4,500 soles. Luego esto se repite el 29 de mayo. Exactamente un mes después y en plena pandemia, Rivera Talledo vuelve a conseguir una orden de servicio por S/4,500 soles. Esta orden de servicio fue la última que obtuvo justo 10 días después que destapáramos el caso de Richard Swing en el Ministerio de Cultura.
Hay que señalar que igual que Richard Swing, Luis Rivera no cuenta con estudios universitarios, tal como figura en la búsqueda de SUNEDU. 
Además, según la consulta RUC, es una persona natural con negocio, presuntamente de «Pelucas & extensiones», conforme se aprecia en la siguiente imagen y en el link https://www.blizuu.com/luis-angel-riveratalledo/786/#/.
Dentro de su experiencia laboral, el señor Luis Ángel Rivera Talledo, solo cuenta con experiencia profesional menor como asistente académico en el Instituto Cepeban (01/03/2011 al 30/11/2011). También como encargado de proyectos en la Municipalidad de Bellavista (01/06/2014 al 30/10/2015), y como operador de atención al cliente en Digitex (01/10/2014 al 25/02/2015), según lo que reporta en sus órdenes de servicio con la SENAJU.
Con la documentación presentada se aprecia claramente que la experiencia profesional no se le exige a todos por igual, ya que solo personajes como Richard Swing o Luis Ángel Rivera Talledo logran contratos bien pagados con diferentes entidades del Estado.
Otra de las cosas que sorprende es que el señor Luis Rivera Talledo no tiene reparo en señalar abiertamente que viene recomendado desde Palacio de Gobierno, y que tiene el poder de designar a los funcionarios y personal de SENAJU del Ministerio de Educación. Incluso, según nuestra fuente, se ufana de reunirse en palacio con la señora Miriam Morales y Karem Roca Luque, ambas secretarias de la Presidencia de la República. Ese vínculo está demostrado, pues esta persona ingresó al sector público cuando Martín Vizcarra llegó al Ministerio de Transportes.
En las redes sociales Luis Rivera aparece como Lucho Rivera, y permanentemente sube fotografías de sus reuniones de trabajo, y además cuenta con una gran cantidad de fotografías donde aparece acompañado del presidente Martín Vizcarra. Lucho Rivera también asiste a reuniones representando a la SENAJU. Incluso el 14 junio de 2019, junto a Henry Jordán Medina, ingresó a Palacio de Gobierno y se reunió con el presidente Martín Vizcarra. En el registro de Palacio de Gobierno figura como una visita «Particular», con la hora de ingreso de 12:39 y salida de 13:06 de la tarde.
Además, Luis Rivera administra el correo institucional coordinacionsenaju@minedu.gob.pe, a través del cual da órdenes a otros trabajadores y se sabe que hostiga de manera enfática al personal condicionando sus contrataciones, llegando incluso a haber despedido a algunos, haciendo alarde de su poder.
Desde su posición de poder como allegado del Presidente Vizcarra y “Coordinador General”, ha
Lo curioso de estas contrataciones es que figuran para realizar el trabajo de digitalización de expedientes, cuando el MINEDU ya tiene todo su sistema digitalizado. Además, dentro de las personas contratadas en la SENAJU aparece su primo Luiggi Alexander Fernández Rivera. Lo cobrado por Lucho Rivera asciende a S/133,390.00 soles, a esto hay que sumarle los S/272,740 soles referente a las contrataciones de amistades y familiares. El monto que se ha gastado pagando a Luis Rivera y sus allegados suma un total de S/406,130.00 soles.
Muchos se preguntarán ¿Cómo conoció Luis Rivera Talledo al presidente Martín Vizcarra?, pues de igual manera que lo hizo Richard Swing: en la campaña de PPK.
Finalmente aquí la conformidad de las contrataciones, el documento sobre Luis Rivera Talledo es firmado por Fiorella Noguera Mendieta, Henry Jordán Medina (quien se reunió en Palacio de Gobierno con el presidente Vizcarra) y Víctor Vásquez Cruzado.
Existiendo buenos profesionales en el Perú, al final los puestos en el Gobierno vienen siendo ocupados por personas allegadas al presidente Martín Vizcarra. Dónde quedó eso de «El cargo público tienes que ganártelo con tu conocimiento». Esperemos que el presidente y el ministro Martín Benavides, se pronuncien sobre el tema.
