Por María Eugenia Salas- Diario La República.
“El doctor Alejandro Toledo se compromete a defender el patrimonio regional, en particular la intangibilidad de Sedapar, Seal y Egasa, como empresas de propiedad y administración pública”.  
El extracto corresponde a una acta suscrita por Alejandro Toledo, el 16 de mayo de 2001, en la Federación Departamental de Arequipa (FDTA). Era el candidato presidencial que  junto con Alan García pasó a la segunda vuelta electoral.
El documento selló los compromisos que el líder de Perú Posible adquirió en un mitin en la  Plaza de Armas. Ahí fue crítico de la política neoliberal y que tenía como pilar básico las privatizaciones emprendidas por Alberto Fujimori.
Esa mecha prendió el “arequipazo” cuando al año siguiente, el presidente, olvidándose de la palabra empeñada, autorizó la venta de Egasa. A diez años de este conflicto social, el primero en democracia después de la dictadura fujimorista, saltan algunas reflexiones.
¿Sirvió de algo? ¿Puso en duda la validez de un modelo económico que comenzaba a colapsar en varios países latinoamericanos? ¿Fue una revolución moral para exigirle al  presidente que cumpla su palabra? ¿Solo sirvió para que Juan  Manuel Guillén y algunos  dirigentes intenten ganar protagonismo?  Y siguen las interrogantes.
Stop privatizaciones
El efecto inmediato de la nevada arequipeña fue detener las privatizaciones, explican algunos analistas. La venta de las empresas públicas era una de las patas de la mesa del neoliberalismo económico inaugurado en el gobierno de Alberto Fujimori. Este régimen privatizó más de 200 empresas públicas por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI). La  justificación, que reportaban pérdidas y generaban gastos al Estado.
El gobierno recibió US$9,200 millones.  Al final del fujimorismo, solo quedaron US$ 500 millones. Lo demás se destinó a armamento obsoleto, pago de la deuda externa, entre otras cosas.
Además de la corrupción, las críticas a las privatizaciones fueron múltiples. Desde el aspecto social provocaron desempleo, miles de trabajadores perdieron sus trabajos. Encarecieron las tarifas de servicios básicos como el teléfono (¿alguien recuerda con entusiasmo el pago de la renta básica de Telefónica?).
Muchas de las empresas se vendieron a precio “ganga”, sostiene Óscar Ugarteche, integrante de la comisión que investigó los delitos económicos y financieros, cometidos durante la década fujimorista. Citó el caso de Solgas, vendida a US$7 millones. Dos años después, los compradores chilenos la revendieron a US$39 millones.
Insatisfacción social
Con todos estos antecedentes de irregularidades en el país, se inició una ola de críticas al modelo neoliberal. La insatisfacción crecía porque a fines de los noventa, el gobierno de Fujimori era considerado autoritario y corrupto. El Poder Judicial y el Legislativo estaban subordinados al Ejecutivo.
La máxima prueba de corrupción llegó en setiembre de 2000, a menos de 60 días del tercer gobierno de Fujimori. Se difundió un video donde el asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, sobornaba a un congresista de oposición para que se pase al oficialismo. Dos meses después vía fax, Fujimori renunció a la presidencia desde Japón.
El periodo de transición en el país estuvo a cargo de Valentín Paniagua, quien convocó a proceso electoral que puso cara a cara a Alan García y Alejandro Toledo, en segunda vuelta.
En esa campaña la privatización fue uno de los puntos del debate.
El Estallido 
En Arequipa surgió el Frente Amplio Cívico de Arequipa (Faca), una de las organizaciones críticas al modelo económico.
A pesar de su palabra empeñada, Toledo inició la privatización de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (Egasa) y Egesur de Tacna. El Faca convocó a diversas medidas de protesta, recordando que el Presidente se comprometió con Arequipa a no privatizarla.  Le exigían que cumpla  su palabra.
El 3 de junio, un grupo de dirigentes del Faca inició una huelga de hambre en el atrio de la Catedral. Siguieron las protestas y a  pesar de ello, el 14 de junio se entregó Egasa y Egesur a Tractebel por US$ 167.4 millones. Entonces las protestas se masificaron.
Una vez que se procedió a abrir los sobres, un grupo de autoridades reunidas en la Municipalidad Provincial de Arequipa, veía con asombro la consumación de un acto cuestionado. La batalla no solo era social. En el Poder Judicial, el entonces alcalde Juan Manuel Guillén, presentó una acción de amparo admitida en el Poder Judicial contra el proceso. En la medida se argumentaba que  Arequipa tenía acciones y no había sido consultada de la venta.
Arequipa paralizada
Desde el 14 de junio se realizaron concentraciones en la Plaza de Armas. Arequipa se declaró en huelga indefinida.
No había transporte público, los establecimientos dejaron de atender y se suspendieron las labores escolares y académicas.  Las movilizaciones y  choques con la Policía se acrecentaron.
En los diversos distritos, vecinos echaban vidrios en las pistas. Otros prendían llantas viejas e impedían el paso de toda unidad por las calles. Entró en escena el “cacerolazo” a las 12.00 y 19.00 horas, medida que se copió de Argentina que vivía una profunda crisis política. Había tenido tres presidentes en menos de un año.
Una mala información del entonces prefecto Luis Gutiérrez Cuadros al presidente Toledo, asegurando que los que protestaban eran unos cuantos, atizó el conflicto social. Los ministros emitieron frases ofensivas, dejando entrever que los arequipeños eran unos ignorantes y que el reclamo era muy reducido.
El domingo 16 se dispuso el estado de emergencia. Arequipa quedó al mando del jefe de la Tercera Región Militar, general Óscar Gómez de la Torre. Al día siguiente, siete alcaldes y una regidora, con Guillén a la cabeza, se sumaron a la huelga de hambre de los dirigentes.
El 18 llegó una comisión de Alto Nivel presidida por monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio e integrada por el vicepresidente Raúl Diez Canseco y el ministro Diego García Sayán.
El bus de la comitiva resultó apedreado por un grupo de manifestantes.
Humo blanco
El diálogo se produjo en el colegio San José. Después de varias horas de tensas negociaciones, ese día no hubo acuerdo. El trabajo se retomó el 19 y después de más de 19 horas de conversaciones, se firmó un acta que puso fin al “arequipazo”. Se dejó sin efecto la privatización y el gobierno de Toledo pedía disculpas por las agresiones verbales de sus  ministros.
Camino al aeropuerto, rumbo a Lima, la comitiva advirtió la magnitud y espíritu solidario de la medida de fuerza. Cuando llegaron, las calles lucían llenas de piedras, vidrios y restos de llantas quemadas. Culminada la misma, ya estaban limpias.
Pérdidas irreparables
Del 14 al 19 de junio los enfrentamientos entre policías  y manifestantes fueron constantes. Fallecieron dos jóvenes que casualmente transitaban por las calles, Edgar Pinto Quintanilla y Fernando Talavera Soto. Ambos murieron por impacto de las bombas lacrimógenas. Además se reportaron 318 heridos, según precisa Luis Saraya López, uno de los presidentes colegiados del Faca en su libro “La Gesta de Junio, Testimonio de Lucha”.
Diez años después
El analista Jorge Bedregal sostiene que el “arequipazo” lo único que consiguió fue paralizar la privatización de Egasa. “Pudieron capitalizar la protesta para conseguir cosas más concretas para Arequipa, pero no lo hicieron”, comentó.
Remarca que fue la primera protesta social en plena democracia que alentó jornadas posteriores como el “moqueguazo”,” tacnazo”, “juliacazo”.
Lamentó que los dirigentes luego desvirtuaran el movimiento, postulando sin éxito a las elecciones municipales siguientes.
El sociólogo Carlos Leyton reconoce la fuerza que puede llegar a tener un movimiento social que busca defender algo  concreto (Egasa).
Reventó descontento
Sin embargo, recordó que el “arequipazo” también es el estallido de la olla a presión. “La gente venía de la década del fujimorismo en que desaparecieron las protestas, porque se apresaban dirigentes con el pretexto del terrorismo. Había mucho descontento que se exteriorizó en la marcha de los cuatro suyos y luego en Arequipa.
El analista Sinesio López recuerda que el movimiento social de Arequipa, además de poner fin a las privatizaciones, tuvo impacto político enorme. Se tumbó al gabinete ministerial presidido por el premier Roberto Dañino. “Es una muestra de lo que puede conseguir una movilización masiva articulada. Es uno de los grandes movimientos que frenó parte del modelo neoliberal impuesto por el FMI”.
León despierto
Según López, el “arequipazo”, a diferencia de los movimientos antimineros, tiene mayor consistencia y no generó polarización, cómo si pasa con la minería, en que unos están a favor y otros en contra.
Todos coinciden en que Arequipa sigue siendo el León del Sur, que puede reaccionar en cualquier momento. “Si lo de Espinar o Cajamarca pasara en Arequipa, estoy seguro que ya estarían masivamente en las calles”, advierte Sinesio López.
Se perdieron S/. 2,500 millones y se bloqueó crecimiento
Durante la protesta se dieron hechos vandálicos, más allá de las barricadas, émulo de la revolución del 50, se registraron saqueos, se afectó la propiedad pública y privada. Turbas la emprendieron contra las casetas de telefonía pública de Telefónica, cuestionaban la privatización de Entel Perú. También se malograron las luces de balizaje del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón.
Todas estas imágenes del lado oscuro de los disturbios se propalaron en Lima y en el exterior, todos calificaban a los arequipeños como retrógados, que se oponían a la inversión privada.
El economista Germán Chávez indica que Arequipa fue estigmatizada. “Las inversiones se fueron al norte y la resaca del “arequipazo” se prolongó hasta el 2004.
“En el 2002, 2003 y 2004 no crecimos al menos 9% en el Producto Bruto Regional. Dejamos de producir al menos unos S/. 2,500 millones que no los recuperaremos nunca. Siempre tendremos ese saldo en contra. Es como si hubiésemos podido tener dos casas ahora y solo tenemos una”.
Solo ese año el turismo se contrajo en 9%.
Entrevista a Juan Manuel Guillén, Presidente regional y ex alcalde de Arequipa
¿Cómo sería Arequipa sin el “arequipazo”?
Es todo un misterio. Se dijo que las inversiones se frustraron, que no tendríamos desarrollo, creo lo contrario. Arequipa conserva las mayores inversiones, estamos en quinto lugar en Latinoamérica.
Las inversiones se alejaron.
Hay que recordar que previamente se acataron paros y hubo gestiones para dialogar, incluso a través del  congresista (Arturo) Valderrama. Había un proceso judicial en marcha y a pesar de eso siguieron con el proceso. Por eso recurrimos al tema de la dignidad, hubo algunas expresiones a nivel nacional sumamente despectivas . La gente en los pueblos jóvenes compró sus postes y ahora veía que su empresa pasaría a manos privadas.
¿Se sentía responsable que no hayan inversiones?
Sí, no puedo decir que no me afectó personalmente. Después del “arequipazo” me retiré de la vida pública. Uno de los factores por los que decidí postular al Gobierno Regional en el 2006, fue ese precisamente. Desde el GRA quería impulsar proyectos de desarrollo y generar inversiones con acuerdos con el sector privado, consolidando los acuerdos y generando espacios de mucha estabilidad, que es determinante para la inversión privada.
Cambió radicalmente. Hace 10 años lideró el “arequipazo” y hoy promueve las inversiones privadas.
Hace 10 años las inversiones públicas eran escasísimas. Los presupuestos dependían de recursos que podían provenir del Fondo de Compensación, no había transferencias de canon como hay ahora, con las justas hicimos el intercambio Lambramani con Venezuela. Había un notable vacío de parte del Estado y engendraba clima muy especial. Ahora hay muchas posibilidades, hay que ser conscientes, ahora hay que negociar las condiciones con el sector privado. Hay posibilidades de desarrollo, hay que fijar posiciones y negociar.
¿Protestaron contra la privatización?
En la forma cómo querían hacerlo. Toledo como candidato firmó un compromiso para no privatizar, lo que exigimos es que cumpla y no se burle de un pueblo.