Por Alan García Pérez– Diario El Comercio.
Dentro de unas semanas, la gran mayoría de los electores comenzará a hacer una decisión racional, ajena a la distracción de lo llamativo o lo novedoso. Y, pensando en su futuro y en el de sus hijos, en lo que ya tiene y no debe perder, buscará una opción segura que afirme el crecimiento, el empleo y la responsabilidad a través de la educación y la democracia. Confiamos en que en ese momento escogerá nuestra propuesta por el crecimiento.
Cuando en el 2006 ofrecimos crecer más de 8% anual, algunos nos respondieron “No se puede”. Y, sin embargo, la economía creció 7.65%, 8.9%, 9.8%, 1% y 8.7% en los 5 años siguientes, generando dos millones quinientos mil empleos. Y ello no solamente se debió a los mejores precios en los minerales entonces, pues Chile, mayor productor de cobre, solo alcanzó a crecer 4% anualmente. Se debió, básicamente, a la decisión y a la velocidad impresas por el gobierno al promover la inversión y ejecutar la obra pública. Ahora sostenemos que el país crecerá más del 6% anual y que se reducirá la pobreza a menos del 10% de la población, pero los de siempre vuelven a decir “No se puede”.
Sí se puede, si aplicamos la experiencia necesaria y actuamos rápido, desde el mismo 28 de julio. Para la inversión pública tenemos los proyectos listos y los recursos disponibles. Por ejemplo, en cuanto a las obras de agua potable y alcantarillado, para iniciar el esquema Próceres en Chorrillos y aledaños, el esquema de los Trescientos en Villa María del Triunfo o Bayóvar en San Juan de Lurigancho, Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote. Además, aprovechando que el precio de la brea y el asfalto está en su nivel más bajo por la caída del precio del petróleo, el programa Pistas y Veredas podrá multiplicar sus obras en lugares como Pachacútec o en el más distante Ferreñafe, que ha perdido todas sus pistas. Solo en esas obras la masa de salarios distribuida significaría una vigorosa reactivación del consumo. Y hay muchas otras por hacer.
En una situación como la actual, un instrumento reactivador esencial es la infraestructura, la masificación del gas, la electrificación rural o una meta inmediata de 2,000 kilómetros de carreteras. Con eso inyectaremos recursos y salarios de manera productiva y además reproductiva por su estímulo sobre otras áreas de la economía. El Perú debe, además, aprovechar los bajos precios que las industrias petrolera, cementera y siderúrgica mundiales ofrecen por su sobrestock productivo.
En el campo agrario, con inversiones directas y con el canon comunal se construirán y revestirán cientos de canales y represas. Así aumentará la producción de alimentos y se reducirá la pobreza rural. Además el Agrobanco impulsará los créditos con menores intereses, ofreciendo mejores condiciones de seguro agrario al campesino.
Construiremos nuevamente colegios emblemáticos, pero también hospitales emblemáticos como lo son el Instituto del Corazón o el nuevo Hospital del Niño. ¿Y por qué no hacer ya cuatro hospitales magisteriales dedicados exclusivamente a los profesores del país, así como existen los hospitales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? A ello añadiremos que los trabajadores podrán utilizar parte de sus fondos AFP para la cuota inicial o para el pago de sus viviendas, pues con eso se multiplicarán el empleo, la producción de cemento y la carpintería nacionales.
Pero es imprescindible transferir más recursos a los gobiernos locales para obras de infraestructura. Ya no puede argumentarse en contra con el ejemplo repetitivo de monumentos que antes se construyeron, porque esos gobiernos subnacionales están muy vigilados por la opinión y la crítica. Hace unas semanas visité Huaral y su alcaldesa me informó que en el año 2011 ese municipio recibió 60 millones de soles como transferencia del Foncomun, en tanto que en el 2015 solo le remitieron 15 millones. La cuarta parte. Por ello la obra pública descentralizada se ha reducido en igual proporción.
Así, el Estado será un referente de velocidad en la ejecución y la inversión. Sin embargo, sabemos que el Estado apenas invierte uno de cada cinco soles que se invierten en el Perú. Por ello, para promover y decidir a la inversión privada derogaremos los plazos y trámites que ahora la bloquean, reduciéndolos por ley a la mitad. El Estado debe ser socio interesado del inversionista privado porque de este depende que el país supere el problema internacional que por lo menos hasta el 2018 limitará nuestro crecimiento. Para ello, se establecerá el Estado online, desde el hogar y sin papeles, lo cual, usando la propia velocidad de las nuevas tecnologías podrá hacerse en tiempo récord hasta lograr un Texto Único de Procedimientos Administrativos Digitalizado. Además, se impulsarán programas de obras y de servicios por impuestos, el silencio administrativo positivo, las alianzas público-privadas y se eliminará la arbitrariedad y el abuso de la Sunat. Serán cinco años de apoyo en crédito, compras estatales y beneficios tributarios para las pymes que pueden generar prontamente cientos de miles de empleos.
Aliados a la gran inversión nacional y extranjera, promoveremos de inmediato el túnel trasandino de Ticlio, el tren de la costa, el tren a Pucallpa y el tren de Iquitos a Yurimaguas, para los que sí existen abundantes capitales en el exterior. El Perú debe aprovechar de inmediato la tendencia a la inversión por parte de países que han acumulado inmensas reservas pero cuya capacidad de invertirlas dentro de ellos mismos está paralizada. Lo mismo ocurre con su industria, especialmente la asiática, y para aprovechar sus máquinas y eliminar el costo de transporte de nuestras materias primas hacia allá y su vuelta convertidas en máquinas y productos, promoveremos grandes parques industriales para instalar la industria asiática y europea de alta tecnología que aquí añadirá valor agregado a nuestras materias primas creando empleo e innovación tecnológica.
Así se crearán 2’500,000 empleos con salario digno, plenos derechos, y se erradicará la pobreza. Lo hicimos antes. Ahora lo haremos mejor. Sí se puede, si se evita la improvisación y el desorden.
El ex congresista Carlos Torres Caro presentó esta tarde ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 un recurso de nulidad contra la inscripción de la plancha presidencial de 
