Recuerdo que cuando estudiaba el doctorado en la universidad de Fordham, en Nueva York, llevé un curso al que llamaban Applied Developmental Psychology (psicología del desarrollo aplicada) y que tenía el objetivo general de analizar los fundamentos psicológicos de las políticas públicas. Como parte del trabajo final del curso uno tenía que ubicar una política pública, investigarla y sustentarla o rebatirla desde los resultados de investigaciones de la psicolgía del desarrollo. Los trabajos que recuerdo versaban sobre los temas más disímiles, por ejemplo: 1) ¿En qué se sustenta la política de separar de sus madres, cuando cumplen 3 años de edad, a los hijos de las presas? ¿Por qué solo se les permite vivir con ellas en la prisión hasta esa edad? ¿Es eso lo mejor para la madre y para el niño, y por qué, desde un punto de vista psicológico? 2) ¿Qué dice la investigación científica en psicología del desarrollo sobre el vínculo padre – niño, como para que en caso de divorcio la tenencia de los hijos pueda ser otorgada a los padres? ¿Qué datos hay que sustenten la política de priorizar a la madre en la tenencia? ¿Debería pensarse en cambiar dicha política a la luz de lo que la psicología del desarrollo conoce hoy? 3) ¿A que edad una persona es verdaderamente responsable de sus actos y cómo se pueden combatir (o fundamentar) ciertas leyes, por ejemplo, la que condena a muerte a menores de edad o la que regula las relaciones sexuales consentidas? 4) ¿Se debe permitir o no adoptar niños a parejas homosexuales? ¿Que dice la investigación respecto al desarrollo de los niños que se crían en una familia de este tipo? ¿Se afecta este en algo, y si es así, en qué? ¿Es eso suficiente para cancelar el derecho de estas personas a la adopción de niños? Y un largo etc. La pregunta final a la que debía responderse era si se sostenía o no determinada política en función de lo que la literatura especializada, proveniente de la psicología del desarrollo en este caso, decía al respecto.
Ésta buena práctica, la de tomar decisiones de políticas públicas no basadas en el sentido común, en una ideología sin mayor fundamento o en los intereses del gobierno de turno sino respaldadas por datos provenientes de investigaciones serias parece que todavía no ha llegado al Perú. El último ejemplo de esto es el anuncio de la creación del así llamado Colegio Mayor secundario del Perú (ver noticia aquí), en el que los 500 mejores alumnos de cuarto y quinto de secundaria puedan estudiar y vivir, contando con instalaciones educativas y deportivas de calidad.
Es lo que en inglés se llama tracking, la separación de estudiantes en diferentes carriles educativos en función de alguna variable previamente definida, usualmente capacidad intelectual, como en este caso.
Aparentemente, esta sería una idea brillante: seleccionar a los más destacados estudiantes y darles las mejores oportunidades para potenciar sus talentos es algo que nadie podría criticar. Se asume que eso motiva al estudiante, que mejora su autoconcepto y autoestima y que es a la larga bueno para todos. ¿Pero cuáles son los fundamentos de esta propuesta? ¿En que se basa? ¿Qué se sabe de este tipo de sistemas en otras partes del mundo? En otras palabras, ¿en base a qué se ha tomado esta decisión?
