Un día antes de la asamblea, el nuevo nuncio apostólico, el estadounidense James Patrick Green, le anunció a Rubio en su despacho de Jesús María que, a pedido expreso del mismo Bertone, la Conferencia Episcopal nombraba como sus representantes a los tres obispos que finalmente asistieron.
Monseñor Cipriani se puso en contacto con Rubio cuando su hija falleció tras una penosa enfermedad, lo que coincidió exactamente con la elección de Piñeiro. “Me mandó una carta de condolencia y dijo que quería verme”, reveló el rector a CARETAS. “Fui a su casa en una visita completamente privada y tuvimos una conversación de media hora que no tuvo nada que ver con los conflictos sino con mi situación personal de duelo. Tengo que reconocer que el cardenal se portó muy bien personalmente conmigo, y un poco que se restableció un contacto que tal vez nunca se debió haber perdido”.
Cipriani y Rubio se volvieron a encontrar la semana pasada en el avión que los trajo de vuelta de Roma. Allí sí charlaron sobre la situación de la Universidad por alrededor de una hora.
Las circunstancias no han mellado el buen humor de Rubio. “Ya ve, si hubiéramos firmado los cambios no estaríamos conversando ahora”, le bromeó a Monseñor Panizza al entregarle de regalo un pequeño cofre de madera, luego de culminar las casi cinco horas de sesión extraordinaria del martes. Panizza es el secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal mientras que el obispo Del Río, integrante de los neocatecumenos, es su vicepresidente.
“Hay que ver cómo conversamos”, insiste Rubio. “Vamos a dialogar con la jerarquía de la Iglesia como ella considere para encontrar una fórmula de solución. Ellos dirán si es con el cardenal Cipriani, con el presidente de la Conferencia, con el nuncio, o con los tres juntos”.
“Negociar es hablar”, responde tras una larga pausa. “Yo no sé si va a haber un punto medio, aunque indudablemente hay una voluntad por encontrarlo. Voy a poner todo mi esfuerzo por llegar a él, dentro de los límites que me da la asamblea”.
Fuente: Revista CARETAS.
“No hay ninguna dificultad para que los estatutos puedan ser adecuados porque no van contra la Constitución Política del país ni contra la Ley General de Universidades o del ordenamiento legal vigente”, dijo Javier Del Río Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, en diálogo con RPP.
“En el marco del acuerdo internacional entre la Santa Sede y el Perú está la posibilidad de que la Iglesia Católica lleve instituciones educativas a distintos niveles, adecuándose a sus propias normas internas, que no son contradictorias con las del país”, agregó.
Comunicado de Prensa de la Santa Sede
“Su eminencia el Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado, ha recibido esta mañana al Doctor Marcial Rubio Correa, Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
El Secretario de Estado ha hecho referencia al asiduo y generoso empeño con el que varios exponentes de la Universidad se dedican a la formación cualificada de los estudiantes, así como a la amplia gama de disciplinas que la PUCP ofrece a los jóvenes.
A continuación el Cardenal Bertone ha comunicado al Doctor Rubio Correa las conclusiones a las que ha llegado la Santa Sede después de un intenso diálogo y de numerosos encuentros llevados a cabo en el arco de muchos años entre el actual Gran Canciller, sus predecesores y la Universidad, como también durante la visita apostólica a la misma, realizada por el Cardenal Peter Erdö, Arzobispo de Esztergom-Budapest, los días del 5 al 11 de Diciembre de 2011.
Dichas conclusiones han tenido en cuenta, de manera particular, los resultados de la visita apostólica y la propuesta, presentada por el Rector al final de la misma.
El Eminentísimo Secretario de Estado ha notificado al rector Rubio Correa la petición de la Santa Sede de que los estatutos de la PUCP sean regularizados cuanto antes, adecuándolos a la constitución apostólica ‘Ex Corde Ecclesiae’ para el bien de la misma PUCP y de la Iglesia en Perú. Dada la importancia evidente de salvaguardar la identidad católica de la Universidad, el Eminentísimo Secretario de Estado ha pedido consiguientemente que las autoridades académicas competentes presenten, antes del próximo 8 de abril, domingo de Pascua, los estatutos con las enmiendas indicadas a la Universidad el 16 de Julio de 2011, para su aprobación.
Por último, el Eminentísimo Cardenal Bertone ha expresado su deseo de que la comunidad académica acoja cuanto señalado, de manera que la PUCP pueda realizar cada vez más su misión de ofrecer a las nuevas generaciones una sólida formación, enraizada en la fidelidad al Magisterio de la Iglesia, como garantía de la gran contribución que la Universidad está llamada a ofrecer al País”.
El Código de Derecho Canónico señala que ninguna universidad, aunque sea católica de hecho, podrá usar este título sin el consentimiento de la Iglesia. Con lo cual, es el Vaticano la autoridad única para nombrar a una casa de estudios como “católica”.
También se indica que las Conferencias Episcopales deben procurar que “con respeto de su autonomía científica” se investiguen y enseñen disciplinas “de acuerdo con la doctrina católica” en estas universidades.
Los profesores que dicten ahí deben “destacar” por la rectitud de su “doctrina e integridad de vida” y quienes no cumplan con ello deben ser “removidos de su cargo” por la “autoridad competente según los estatutos” de la casa estudios.
También se menciona que en las universidades católicas debe existir una cátedra de Teología, también para estudiantes laicos. Asimismo, deben impartirse clases en que se traten cuestiones teológicas en conexión con materias propias de las facultades. En ambos casos, los profesores deben contar con “mandato de la autoridad eclesiástica competente”. En la PUCP, existe un departamento de Teología y se dictan cursos sobre el tema en relación con otras disciplinas en estudios generales y en otras facultades.
El código también exige que en la universidad exista una parroquia para procurar una cura pastoral para los estudiantes. De hecho, en la PUCP hay una capilla y existe el Centro de Asesoría Pastoral Universitaria (CAPU), donde se realizan una serie de actividades extracurriculares sobre la fe católica.
La Secretaría de Estado del Vaticano convocó a Marcial Rubio Correa, Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con el propósito de comunicarle las decisiones tomadas tras la visita del enviado especial Cardenal Peter Erdö.
La información fue difundida por la Nunciatura Apostólica en el Perú, a través de un comunicado de prensa, en el que se recordó que la visita del representante papal fue para mediar en el conflicto entre el Arzobispado de Lima y las autoridades universitarias.
En aquella oportunidad, y tras la cita, el Rector de la PUCP calificó de positiva la reunión con Erdö y sostuvo que existía “disposición” para resolver el conflicto.
El Nuncio se reunió con el Cardenal Juan Luis Cipriani, quien manifestó que el Papa Benedicto XVI desea que haya mucha paz en el país y que pronto se resuelva este conflicto.
El Vaticano habría decidido darle a la Universidad Católica la oportunidad de adecuar sus estatutos a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae. Caso contrario, se presume que mediante decreto papal, como el de 1942 –que la erigió como Pontificia– sería suprimido dicho título y el nombre de Católica.
La Vicerrectora de la PUCP, Pepi Patrón, indicó que todo lo que proponga El Vaticano será discutido como recomendaciones en la Asamblea Universitaria. En setiembre del año pasado, la Asamblea Universitaria se reunió y decidió rechazar el pedido hecho por la Santa Sede para modificar sus estatutos vigentes. El Rector Rubio Correa retornará a Lima para convocar a una asamblea universitaria extraordinaria e informar de la posición del Vaticano.
“El Papa ha dado ya su palabra y los católicos tienen que respetarla y acatarla. De lo contrario, el Secretario de Estado habrá informado al Rector cuáles pueden ser las consecuencias de no seguir la sugerencia”, señaló Fernán Altuve.
En tal sentido, el Vaticano podría disponer que la PUCP pierda los títulos de “Pontificia” y “Católica” porque la Iglesia “es dueña de su propio nombre”, dijo Altuve. En tal sentido, ante la eventual pérdida de los títulos, los bienes de José de la Riva Agüero -que permitieron la fundación de la PUCP- dejan de pertenecer a la casa de estudios, opina Altuve; y “revierten al Arzobispado de Lima”.
Ello porque se empieza a dar un uso al bien diferente al fin para el cual fueron donados.
Lo cierto es que la universidad continuaría cumpliendo con su labor educativa, en el mismo marco en que lo ha venido haciendo desde su nacimiento, a pesar de perder los títulos. Pero no se trataría de “educación católica”, fin para el cual se donaron los bienes, afirma Altuve.
“Si usted no es una universidad católica y no tiene el reconocimiento del Vaticano no puede usar eso para fines de educación católica. Entonces, usted tiene que devolver esos bienes (…) El tema es si la universidad da educación católica y es el Vaticano el que lo determina”, apuntó.
Fuente: Diarios El Comercio, La República y Perú21.
Dr. Marcial Rubio Correa entrevistado por Balo
Cuando uno acepta un cargo como el que has aceptado, ¿cuáles son los pensamientos inmediatos que te hacen decir sí o no?
A mí me llamó Valentín Paniagua el 24 de noviembre a las 3 de la tarde y me dijo: «Estoy pensando para ti como ministro de Educación, pero quiero decirte con toda franqueza que no eres el único, porque quisiera poner a una persona de provincias y si me dice que sí, la pongo, y a ti te pongo en otro ministerio, porque yo te conozco…» Yo le dije «Mira, Valentín -nos conocemos desde hace 31 años, somos bastante amigos-, yo en realidad no tengo ninguna aspiración, tú decide como quieras, yo te ayudo. Me acuerdo de que le dije, porque le dio risa: «si necesitas un chofer de confianza yo me voy a manejarte el carro, porque vale la pena; pero yo me siento cómodo en Educación, porque en los otros sitios veo que hay gente competente». Ya se voceaba a otras personas. Entonces me dijo: «déjame tu teléfono». Entonces le dí mi teléfono celular, que yo siempre lo tengo apagado, como a ti te consta; pero ese día lo tuve todo el día prendido. Hablé con el rector y le dije, «bueno, me han ofrecido esto, ¿qué hago?», porque yo tengo un cargo elegido en la Universidad que no debo dejar. Me dijo: «No, la situación del país es tan difícil que si te llaman, vas». En eso quedó la cosa. Al día siguiente era la juramentación. Llegó el mediodía, nadie me llamaba; me dije «habrá aceptado esta persona de provincia». Me senté ante el televisor a ver la juramentación. De repente a las 12:10 suena mi teléfono y me llama un primo hermano mío, primo hermano doble, además, que es diplomático; me dice: «Oye ¿qué haces en tu casa?» Y yo le respondo: «¿Cómo que qué hago en mi casa?, estoy en mi casa». Me dice: «estoy colaborando con el secretario general del Ministerio en la juramentación de los ministros y tengo aquí en mi mano la resolución de tu nombramiento como ministro de Educación». «Pero a mí nadie me ha dicho nada», le digo. Entonces me responde, «espérate un ratito». Y me pasa a don Javier Pérez de Cuéllar. «Marcial, cómo está usted, está usted de ministro, ¿dónde está usted?» «En La Molina; uy, en La Molina, ¿y cuánto le demora venirse?» Bueno, agarré mi carro, me puse la corbata caminando y salí en el carro. Tenía una custodia porque yo en ese momento era el representante de la sociedad civil en la Comisión del Servicio de Inteligencia Nacional. Ahí estaban los tenientes que me cuidaban. Nos subimos al carro mi mujer, mi hija -mi hijo estaba en otro sitio-, los dos tenientes y yo. Entonces, manejando, el teniente ya se comunicó a través de su sistema de Seguridad del Estado, y supimos que me iban a esperar. Yo estaba atorado a las 12 del día un sábado en la Javier Prado, tratando de llegar a Palacio de Gobierno. Entonces me dice: «Salga por Circunvalación, que allí lo va a esperar una camioneta». Salimos por Circunvalación, por Camacho y llegamos al peaje de la Circunvalación… y ahí había un camionetón con un capitán que dijo, «señor ministro, pase adelante». Y yo, como no estaba acostumbrado, miré a los costados, y después me dí cuenta de que el ministro era yo, que todavía no me había acostumbrado a que me dijeran ministro. Entonces le dí la llave del carro al teniente, me subí con mi mujer y mi hija a la camioneta y salimos a 160 kilómetros por hora, con dos motociclistas… y llegué a la juramentación. Me metí a la juramentación prácticamente haciéndome el nudo de la corbata. Allí juramenté y después del saludo se armó el despelote porque vino un montón de gente; los de seguridad nos metieron por una puerta a la parte de atrás de la oficina del presidente y de ahí subimos al segundo piso… y tuvimos un Consejo de Ministros que duró desde las 2 hasta las 10 de la noche, de donde salió un Comandante General, entró otro, se repuso a uno y bueno… En realidad, recién me dí cuenta de que era ministro cuando estuve sentado en ese Consejo de Ministros a las 3 de la tarde, y me dije: «¿qué diablos hago acá sentado?».
Fuente: Abelardo Sánchez León-Revista Quehacer DESCO.
Estado de Derecho, autoridad y autonomía
Por J. Eduardo Ponce Vivanco
Estas son las categorías conceptuales que deben presidir cualquier juicio sobre la situación de la PUCP y la controversia que está mellando su prestigio y tradición. El 19 de julio de 1980 el Perú y la Santa Sede suscribieron el tratado que actualmente rige sus relaciones y que, según la propia Constitución, prevalece sobre ella y la legislación nacional -como es el caso de todos los acuerdos internacionales. La frase inicial de su artículo primero estipula que “La Iglesia Católica en el Perú goza de plena *independencia* y autonomía”. Después de 17 cláusulas referentes a temas menos cruciales, el artículo XIX del mismo tratado dispone que “La Iglesia tiene plena libertad para establecer centros educacionales de todo nivel, de conformidad con la legislación nacional, en el ámbito de la educación particular”. Por su contenido y ubicación en el tratado, es evidente que esta alusión a la legislación nacional se refiere al cumplimiento de requisitos de orden administrativo pues, de no ser así, la norma específica estaría modificando el régimen general de “plena * independencia* y autonomía” que preside todo el acuerdo. Lo evidencia el mismo artículo XIX cuando precisa que para un acto de poca entidad como el “nombramiento civil de profesores de Religión Católica” se necesita que el Obispo respectivo los presente, y añade que el profesor se mantendrá en el cargo “mientras goce de la aprobación del Obispo”.
Más allá de la lógica con que fue negociado el acuerdo, su cumplimiento está sujeto a principios tan fundamentales como el respeto a los tratados y al Estado de Derecho, ambos garantizados por nuestra Constitución. Por ello es indispensable tener presente, también, que en el artículo sobre solución de controversias (XXI), el tratado establece que “Las eventuales diferencias que pudieran presentarse acerca del contenido del presente acuerdo u otros puntos que pudiesen darse se resolverán amistosamente entre las partes”.
Como los Estados no pueden tomar estas situaciones a la ligera y están obligados por las normas que rigen la responsabilidad internacional en caso de incumplimiento de la palabra empeñada entre ellos, la instancia jurisdiccional competente para resolver las controversias que no se superen por la negociación sería el arbitraje o el recurso a la Corte Internacional de Justicia.
El hecho de que el rector de la PUCP haya sido convocado por el Secretario de Estado del Vaticano y que la Santa Sede haya emitido un comunicado oficial “notificando” su posición a la universidad son claras manifestaciones de la autoridad del Papa y su determinación de ejercerla en base al acuerdo bilateral vigente con el Perú y a la normatividad que la Santa Sede aplica a las universidades católicas y pontificias. Dado el caso, el gobierno peruano no se podrá poner de costado porque es la contraparte del acuerdo bilateral (y en la actual coyuntura vecinal no podemos arriesgarnos a que se nos acuse de no respetar los tratados internacionales que hemos firmado).
Si las autonomías se definen necesariamente como facultades acotadas por su relación a una autoridad principal sustentada en normas jurídicas obligatorias, es lícito comparar el caso de la PUCP con el del gobierno regional de Cajamarca u otros que interpretan sus autonomías relativas hasta el extremo de desconocer la autoridad del gobierno central.
Como exalumno de la PUCP, hago votos para que la bonhomía, la inteligencia y la autoridad del doctor Rubio prevalezcan sobre las actitudes personales y políticas que animan a sus asesores jurídicos y a la presidenta de la FEPUC. Deberían revisar la página web de la universidad y releer el documento “Espíritu Católico” que incluye. Fue escrito por el exrector laico Guzmán Barrón, expresando una profesión de fe vibrante y respetuosa.
Su lectura sería especialmente útil a la lideresa estudiantil, cuya actitud no parece muy prometedora para dialogar con un Cardenal al que trata de “señor Cipriani” (o con SS al Papa, a quien seguramente se dirigiría como “señor Ratzinger”).

La congresista Marisol Pérez Tello (APGC), dio a conocer a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento el informe final de la denuncia constitucional contra el legislador oficialista Omar Chehade, donde se señala que el presunto delito encontrado es el de patrocinio ilegal.
Pérez Tello dijo que Chehade, sí había favorecido la participación de civiles y en su calidad de vicepresidente de la República infringió la Constitución.
De hallarse responsabilidad, el también congresista del partido de gobierno podría ser destituido e inhabilitado por cinco años para ejercer alguna actividad pública.
El informe señala que se había hallado una responsabilidad de patrocinio ilegal.
Pérez Tello explicó que había presunción de peligro de ofrecimiento, y que no se trataba de un delito de resultado. Comentó que se había hecho un desarrollo doctrinario de cada tipo legal en la que hubo una tipificación objetiva y subjetiva.
Otra de las conclusiones a la que llegó el informe es que existe razonabilidad para una sanción política a Omar Chehade por haber infringido el artículo 126° de la Constitución Política, dado que los funcionarios públicos: “…no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
Fuente: RPP Noticias.

Conga es considerada inviable
En sesión extraordinaria de Consejo Regional de Cajamarca, se aprobó por unanimidad, el dictamen de la ordenanza que declara de interés público regional la conservación, protección e intangibilidad de las cabeceras de cuenca en toda la jurisdicción de la Región Cajamarca, en armonía con los planes regionales y nacionales de desarrollo sostenible; así mismo se declara inviable la ejecución del proyecto Conga en las cabeceras de cuenca, donde se ubican las lagunas: el Perol (comprensión del distrito de Sorochuco), Azul y Cortada (comprensión del distrito de Huasmín), Namococha (comprensión del distrito de Bambamarca) y todas aquellas ubicadas en el ámbito de influencia de este proyecto. Es de conocimiento y debate público la inconsistencia de su estudio de impacto ambiental, sobre todo en base a sus deficiencias procedimentales, así como el daño irreversible que provocaría este proyecto en los ecosistemas de los que son parte las lagunas que se encuentran en el ámbito del proyecto y que a su vez forman parte de las cabeceras de cuenca, por lo que en las instalaciones del Gobierno Regional de Cajamarca, el Consejo Regional de Cajamarca acordó sentar una posición legal, que mantendrá la lucha en defensa de los recursos hídricos, sin afectar las condiciones que impone el estado de emergencia en que se encuentra las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá en nuestra región durante tres horas se argumentaron los fundamentos legales, así como los técnicos, que sostienen esta resolución, que acompañada del correspondiente informe técnico será publicada en el plazo correspondiente conforme lo dicta la ley, informó el presidente del Consejo Regional, profesor Élzer Elera López.
Ordenanza regional inconstitucional
El ex presidente del Tribunal Constitucional Javier Alva Orlandini afirmó que existen razones suficientes para que se declare inconstitucional la ordenanza del Gobierno Regional de Cajamarca que considera inviable el proyecto Conga.
Alva Orlandini, dirigente de Acción Popular, señaló que al ser Conga un tema de alcance nacional “es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo” ver este tipo de decisiones y no del gobierno regional.
“Existe razones más que suficientes para que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional esta ordenanza que señala la inviabilidad del proyecto minero Conga, creo que existe un desconocimiento de las autoridades regionales respecto a las competencias del Estado”, dijo a la agencia Andina.
Señaló que este caso lo verá en su momento el Tribunal Constitucional y debido a otros antecedentes de ordenanzas similares, lo declararía inconstitucional.
ANTECEDENTE
Alva Orlandini recordó que en el 2008 se presentó un proceso de inconstitucionalidad contra una ordenanza del Gobierno Regional de Puno que declaraba a la hoja de coca patrimonio regional y cultural, así como la suspensión de la erradicación forzosa en esa región.
Indicó que en dicho caso el máximo intérprete de la Carta Magna, declaró inconstitucional la ordenanza pues la legalidad de los cultivos de hoja de coca siempre ha sido competencia del Gobierno Nacional.
Fuente: Diario El Comercio.

Por Reinhard Seifert
Cajamarca tiene una larga historia de luchas sociales. Desde que el pueblo rechazó al invasor chileno en la histórica batalla en la provincia de San Pablo el 13 de julio de 1882, pasando por la lucha de recuperar las tierras-bajo la batuta de la CCP- de los años 70 del siglo pasado, la creación de la genuina ronda campesina en 1976, única en el mundo, hasta la defensa heroica del Cerro Quilish en el año 2004, los cajamarquinos son indomables. Saben pelear a raudales, sin dar marcha atrás, con “los grandazos” y no con los “marineros”. De esta manera habían revertido el viejo adagio cajamarquino : “La pata que patea no tiene la culpa, sino el poto que lo aguanta”.
Hoy recién hemos terminado un paro indefinido activo y pacífico, durante 11 días, a partir del 24 de noviembre, paro que sigue – con los brazos caídos, protesta corajuda- en la actualidad. El movimiento social hoy está agrupado -en gran parte- en el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, este a la vez forma parte de la Coordinadora de los Frentes de Defensa Provinciales de la Región de Cajamarca (CFP), formada por las provincias de Cajamarca, Celendin, Contumazá, Hualgayoc, San Pablo, San Marcos, Cajabamba y Santa Cruz, las primeras cuatro se encuentran en estado de emergencia desde el 5 de diciembre. La CFP fue la organización, la que soportó e impulsó con gran valentía el paro.
¿A qué se debe la legitimidad de un Frente de Defensa? Se debe a que muchas autoridades elegidas democráticamente, luego instaladas en el poder, no encuentran salidas coherentes para una gestión eficiente en el desenvolvimiento de las políticas públicas. Un Frente de Defensa es un auténtico “indignado”.
Hace más de un año la CFP inició el trabajo – reunir y organizar todas las fuerzas- y había presionado durante meses al Gobierno Regional de Cajamarca y los alcaldes para que se iniciara la protección de cabeceras de cuenca, que incluye a los acuíferos, bofedales y humedales; hoy día el principal reclamo de la población. Lamentablemente la inercia, los cálculos políticos, una agenda oscura, y la corrupción de algunas autoridades impidieron el avance de la gestión pública. En muchas reuniones y trámites infructuosos no se logró avanzar. Es así que la voz de protesta se acrecentaba y paralelamente la capacidad de movilización de la CFP fue puesta a prueba, casi a diario. La incidencia política se desplegó en muchas direcciones, bajando a bases, organizando a las masas -como anteaño- sensibilizando a todas para definir el sentir del pueblo.
Si las autoridades hubieran hecho su trabajo un Frente de Defensa no tiene razón de ser. Sin embargo, aparece en la escena política para presionar –es la fuerza moral- y para construir una opinión pública favorable a los reclamos sobre la base de las propuestas programáticas. Claro está, históricamente hablando son muchos años de trabajo sacrificado y abnegado.
Yanacocha (Newmont Mining Corporation) tiene un largo historial de engaños e impunidad en la región de Cajamarca. El pueblo rechaza la idea de la “minería inocua”, porque en la praxis contamina y destruye a las fuentes de agua. Asimismo,el poblador ciudadano y rural refuta el abuso de la mina, la compra de conciencias, la prensa amarilla y la falta de seriedad de esta empresa minera, que en enero de 2012 cumplirá 20 años en Cajamarca.
Por eso es que nuestro Presidente Constitucional de la República Ollanta Humala tenía que resolver rápido el “nudo gordiano”, o el desafío “agua u oro “, de manera contundente y drástica. No lo hizo. Defender al agua implicaba pensar en el futuro.
¿Cómo se habría resuelto? Con la propuesta de dar prioridad al agua y luego buscar las alternativas técnicas para la gran minería, que sí las hay. De modo que el pueblo de Cajamarca lucha contra la empresa minera transnacional Newmont Mining Corporation, no contra el gobierno o el Presidente Humala. Esta claridad y señales faltaban, las de estar a lado del pueblo. El pueblo pidió coherencia al gobierno central, cumpliendo la palabra “cambio”, dentro de los cánones democráticos y nada con la violencia. Rechazamos la violencia venga de donde venga.
Nuestros pueblos del interior son muy sensibles frente al centralismo limeño que se lleva la mayor parte de” la torta”. Lo único que piden es voz y voto, participación plena en las decisiones, como ciudadanos reconocidos, no ser defraudados. Allí, del Presidente Humala exigían dar la cara al pueblo-directamente-la que fue la consigna popular por estos días. Situaciones difíciles requerían soluciones inteligentes.
Visto que el dialogo se ha estancado es necesario desentrampar o derrumbar al invisible “muro de Berlín”, dado que en el seno del pueblo hay tres grupos políticos que se disputan el liderazgo político partidario (Patria Roja, los radicales, Tierra y Libertad), es hora que los dirigentes del “segundo plano” o nivel, o sea los técnicos honestos y transparentes, que forman parte del movimiento social asuman su responsabilidad. Hay que facilitar el camino parafraseando a Antonio Machado: “Caminante, el camino se hace al andar”.
¿Cómo hacer viable la propuesta? Simple, por ahora poner en la congeladora a los políticos, a los figurettis, a los oportunistas de siempre y centrar la discusión en la parte técnica, que de ninguna manera está separada de la parte política. Esta es una buena política. Obviamente más adelante los políticos tienen que tomar las decisiones políticas más sensatas, acerca de las propuestas técnicas, no de las de corifeos vendidos.
Los dirigentes de los Frentes de Defensa tienen la suficiente legitimidad, influencia y poder y están dispuestos de aceptar el gran reto: el desarrollo de la región de Cajamarca, que no pasa por la minería excluyente. Evidentemente se debe desarrollar la ganadería, la agricultura, el turismo, entre otros sectores productivos.
La minería de Yanacocha no ha creado la demanda solvente, aquella que satisface las necesidades básicas de la población y que crea un excedente para el mercado. Todo lo contrario. Yanacocha ha empobrecido más al pueblo cajamarquino. Veamos. Pongamos un ejemplo; por persona anualmente durante el año 1994 se recibió 0.10 soles, en 2000 algo de 15 soles y en 2010 apenas 50 soles por el concepto del canon minero, respectivamente. No es nada –es un mendrugo- frente a la gran riqueza que extraen de las entrañas de Cajamarca. Otro mito creado por la empresa minera y el Estado es que el canon minero por cobrar a Minas Conga – cuyo titular es Yanacocha- es que traerá “el desarrollo” y que combate a la pobreza. Nada más falso.
Si comparamos las cifras del INEI en Huasmín, el 88.3% es pobre y el 50 % vive en extrema pobreza. En Sorochuco, el 79.1% es pobre y el 46.3% habita en extrema pobreza. Son los distritos en conflicto, donde están las lagunas en disputa con el proyecto minero Conga. Empero, el distrito La Encañada-donde se sitúa Yanacocha- que recibió durante los últimos 18 años la mayoría del canon minero, la realidad de la pobreza es parecida: 78.5% es pobre y el 44.3% extremadamente pobre. Entonces, ¿donde está la reducción de la pobreza? En ningún lado, como si la empresa minera Yanacocha no existiera en la zona. En resumen, el canon minero no sirve para cambiar o reducir los niveles de pobreza, es insignificante y no ha contribuido al anhelado desarrollo de los pueblos olvidados.
Esto es, la gente quiere aguas limpias, sanas y cristalinas, que no enferman a nadie. Alrededor de estas consignas –fue el tronco-fueron organizadas las demás alternativas, el rechazo a las injusticias, por defender al medio ambiente, al futuro, por ende a la vida.
En este sentido declarar el estado de emergencia en Cajamarca fue totalmente desproporcionado. Lo que hizo fue “echar más leña al fuego”. No fue un análisis social y político fino de la situación en Cajamarca, además del tradicional repudio a los militares que solucionan los problemas “con las botas y las armas”.
El carbón ya prendido e incandescente, más adelante pueda desembocar en incendiar todavía más a la pradera cajamarquina. Si tocan y maltratan más a los campesinos empeorará la situación. Se percibe así un Estado represivo, el de siempre y de toda la historia republicana, como el “hermano gemelo” de las empresas transnacionales y no como un gobierno capaz de enrumbar y solucionar los problemas en democracia y para la gran mayoría. Por ejemplo, el día domingo 4 se cerró por completo a la Plaza de Armas de Cajamarca, con todo el poder militar y policial, desfilaron únicamente los trabajadores de Yanacocha, con polos blancos en señal de provocación, no dejaron participar al movimiento social. El Estado nos faltó el respeto. Apareció otro Estado – otra vez- dentro de el, a lado de los privilegiados, a lado de los ricos. El viejo Estado oligárquico con sus poderes fácticos. Hoy los malos policías, cuya estadía es financiada por Yanacocha, arman escándalos, se emborrachan, molestan a las mujeres y cometen otras barbaridades. Son repudiados por el pueblo.
Esto tiene que acabar y pronto.

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Yanacocha
A propósito de la publicación en IDL-Reporteros de un informe que el Ministerio del Ambiente habría entregado a la Presidencia de Consejo de Ministros sobre el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga, Yanacocha quiere dar a conocer su posición acerca de algunos conceptos vertidos en el reportaje:
El Proyecto Conga “transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los restantes, de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible”.
La presencia del proyecto en la cabecera de cuenca significa una oportunidad para el manejo del agua, y los impactos sobre el ecosistema de jalca se gestionarán en forma adecuada con medidas de mitigación, control y compensación. Esta es la tendencia en operaciones mineras de clase mundial, donde el uso de medidas ingenieriles y de diversas disciplinas ambientales determinan su viabilidad.
Si bien el Proyecto plantea mover 4 lagunas a 4 reservorios que serán construidos con elementos naturales, la estrategia para gestionar los impactos comprende medidas que consideran la provisión original de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas a ser intervenidos. Estas medidas no solo generan oportunidades de interés humano, sino que también compensan las funciones ecosistémicas presentes en las lagunas.
El informe revela que de las cuatro lagunas que se proyecta desaparecer, solo dos, Perol y Mala serán vaciadas para extraer el oro. Las otras dos, Azul y Chica, “serán vaciadas y utilizadas como depósitos de desmontes”.
La ubicación del depósito de desmonte se determinó a través de un análisis de alternativas que se basó primordialmente en aspectos de protección ambiental. El análisis determinó que la ubicación más favorable era la cuenca del río Alto Jadibamba, debido a que las dos instalaciones con requerimientos de manejo de agua más exigentes estarían en una sola cuenca, evitando ocupar otras cuencas de manera innecesaria.
También indica el informe que “la evaluación de los humedales (lagunas altoandinas, bofedales) no se ha desarrollado en función a la fragilidad del ecosistema que se pretende intervenir”.
El enfoque para la evaluación de los humedales ha tenido como punto de partida la comprensión del grado de importancia y fragilidad del ecosistema para la propuesta de medidas que signifiquen no solamente la satisfacción de servicios relacionados con el bienestar humano, sino también la gestión de impactos.
Según el informe, el EIA no considera “las microcuencas de manera integral”. Por eso, “el criterio y análisis de afectación a los caseríos y centros poblados debiera realizarse por cada microcuenca hidrográfica”.
El EIA realizó los análisis con el enfoque de cuencas hidrográficas en el área de estudio ambiental. Se tomó en cuenta los caseríos y centros poblados dentro del área de estudio en el contexto de las cuencas consideradas en el EIA. Es importante destacar que el Área de Estudio General del ámbito social comprendió el análisis de los aspectos económicos y sociales de las áreas que potencialmente recibirían los impactos indirectos, tales como la región de Cajamarca, las provincias de Cajamarca y Celendín, y los distritos de La Encañada, Sorochuco y Huasmín.
El Informe sostiene que “la vulnerabilidad de la zona de emplazamiento del proyecto por ser una cabecera de cuenca requiere un análisis hidrológico e hidrogeológico detallado”.
El EIA incluye en las secciones 3.2.10 y 3.2.11 la línea base detallada para el componente hidrológico e hidrogeológico, mientras que las secciones 5.2.4.6 y 5.2.4.7 presentan el análisis de impactos para estos componentes. Finalmente, las medidas de manejo a detalle para el componente hidrológico se presentan en la sección 6.1.5 y, para el componente hidrogeológico, en la sección 6.1.6. El documento físico está en las oficinas del MEM y una versión electrónica del Resumen Ejecutivo del EIA se encuentra en el siguiente enlace: www.yanacocha.com.pe/sala-de-prensa/ultimas-noticias/informe-final-eia-proyecto-conga/
De hecho, añade, “no se han realizado estudios que de manera fehaciente demuestren que los depósitos de relaves no producirán filtraciones (…) riesgo potencial, toda vez que en el EIA se confirma la existencia de flujos hídricos subterráneos (…). Por ello, el EIA debió haber contemplado estudios complementarios que aclaren estos aspectos”.
El Anexo 5.6 del EIA presenta un análisis de filtraciones en 3D desde el depósito de relaves, el mismo que se realizó mediante un modelo FEFLOW. En base a este análisis se definieron los detalles de esta instalación, para garantizar un control adecuado de los flujos potenciales y proteger el entorno.
En cuanto a la valoración económica del EIA de Conga, el Informe presentado indica que “la estimación del valor económico de la biodiversidad es insuficiente… una gran variedad de especies de flora y fauna que se han identificado en la zona… no ha sido valorada”.
La cuantificación de los costos asociados al impacto ambiental consideró la metodología que, dado el contexto local de la zona del proyecto, otorga la más alta valoración a los cambios que el proyecto pudiese ocasionar. Por otro lado, la biodiversidad de la zona se encuentra adecuadamente representada en el entorno, por lo que condiciones ecológicas particulares o únicas no serán impactadas.
El informe también indica que “los US$86’000,000 de valor de reposición estimados en el EIA están subestimados; así, al eliminarse las lagunas y construirse un reservorio en su reemplazo no se está mitigando el impacto, sino compensando solo el servicio de provisión hídrico, dejando de lado la compensación de los otros servicios ambientales perdidos”.
La gestión de los reservorios no solo está dirigida a la compensación de los impactos ligados al tema hídrico. Se manejarán los nuevos reservorios teniendo en cuenta la provisión de hábitats para especies residentes y migratorias. Asimismo, el manejo del agua durante la etapa de operación y de la infraestructura para la etapa de cierre, también genera una oportunidad para el manejo de vegetación de bofedales en el ámbito del proyecto.
Yanacocha tiene plena confianza en el trabajo realizado para la aprobación del EIA del Proyecto Conga y está dispuesta a atender todos los requerimientos de información que sean solicitados.
Renuncias y permanencias
Por Gustavo Gorriti
Una primera razón (de la renuncia) fueron los desórdenes recientes en Andahuaylas, cuando dos ministros –Miguel Caillaux, de Agricultura y Carlos Herrera Descalzi, de Energía y Minas– abandonaron imprevista y presurosamente la reunión con dirigentes y pobladores en Andahuaylas y volaron a Lima sin avisar a los otros miembros de la delegación (entre los cuales se encontraba De Echave), por una supuesta amenaza a la seguridad de los ministros.
La sorpresiva partida de Caillaux y Herrera enardeció a los manifestantes andahuaylinos, y puso en efectivo riesgo la seguridad de quienes, como De Echave, (y otros 20 funcionarios del MINAM, PCM, Agricultura y el MEM), se quedaron. Todo indica que la tocata con fuga es más apreciada en las salas de concierto que en las asambleas tumultuosas.
Una segunda razón fue el anuncio que hizo el presidente Humala sobre la reestructuración de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Ambas pasarían a depender de la PCM, con lo cual, según De Echave, se crearía en la práctica un ministerio del Ambiente paralelo.
La tercera razón fue el manejo del actual Gobierno de los conflictos sociales. De acuerdo con De Echave, “no hay una estrategia ni una visión clara para enfrentarlos”.
De Echave insistió en que “me estoy yendo muy agradecido con Ricardo [Giesecke] y no quiero golpearlo”.
Pero fue el propio Giesecke quien con sus declaraciones el día domingo pareció distanciarse de las observaciones del MINAM al Proyecto Conga, que él mismo había presentado apenas dos días antes al primer ministro Lerner.
“Lo que dijimos es cómo se puede sugerir y perfeccionar el estudio para que el tema sea tomado en cuenta por la empresa”, dijo Giesecke en entrevista con La República publicada el domingo 27. Harto diferente a la visión del Proyecto Conga en el informe del MINAM: “… el referido proyecto transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios sistemas y fragmentando los restantes de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible”.
El propio Giesecke había dicho, a principios de mes, que “es facultad del ministerio del Ambiente revisar cualquier estudio de impacto ambiental, por más aprobado que esté”.
Así que, apenas dos días después de darse a conocer, la primera turbulencia ambiental por el informe del MINAM ha remecido al propio ministerio.
Queda todavía por ver si el Gobierno utilizará el Informe para mejorar los términos del diálogo entre el campo y la mina; entre lo regional y lo transnacional, o si a la vera de los campos se empezará a escuchar el ladrido con sobrepeso del perro del hortelano.
Fuente: IDL-Reporteros.
Caballero nomás
Por Raúl Wiener
El último domingo por la tarde recibí un “mail” de Carlos Tapia, a mi pedido, para confirmar y aclarar la información que me llegó a comienzos de la semana sobre las reuniones entre el asesor Luis Favre, el jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos de la PCM, Víctor Caballero, y el gerente de Yanacocha, César Humberto Cabrera, en horas de la noche en los pasillos de la PCM.
Este es el texto: “Yo he visto en la PCM, en el pasadizo central conversando al chato con Cabrera (pareciera en camino a una reunión, eso creo). Yo los he visto, y él no te lo puede negar. También he visto a Cabrera conversando con Favre, en la puerta del pasadizo que va hacia la oficina de Favre”.
El “chato” es, por si acaso, el actual jefe de la Oficina de Conflictos y Cabrera el gerente de Yanacocha. Y la razón de esta nota era la acusación de “calumnia” que Favre lanzó desde su Twitter y que ha sido interpretada, por algunos medios, como dirigida a mí, así como el rumor que circuló el domingo de que Víctor Caballero estaba enviando una carta de rectificación al diario La Primera desmintiendo mi afirmación.
Esa carta nunca ha sido entregada a sus destinatarios de La Primera, pero ha circulado entre los amigos del aludido, algunos de los cuales han dado por cierto el desmentido.
Y, claro, lo que Favre y Caballero puntualizan es que no se puede probar que estaban juntos los tres, como si yo hubiera querido hacer una imputación de tipo penal y ellos tuvieran su coartada. Pero el tema de fondo es otro.
Puntualmente se trata de lo siguiente: (a) La relación entre el asesor Favre y el jefe de la Oficina de Conflictos de la PCM con el gerente de Yanacocha, en pleno desarrollo del conflicto de Cajamarca; (b) La utilización de ambientes estatales del más alto nivel para coordinaciones con la gran empresa, fuera del horario de atención al público; (c) La vinculación Favre-Caballero, en momentos en que el primero hace alarde de su papel en la salida de miembros de la izquierda del gobierno.
¿Está Caballero en condiciones de negar estos puntos precisos? Recuérdese que yo mencioné estos asuntos a partir del alarde del asesor argentino-brasileño de que él sí sabía cómo ganar elecciones y gobernar, y me preguntaba si sus contactos y orientaciones de política (que trascienden por todas partes), eran una prueba de ello. Lo del jefe de la Oficina de Conflictos venía empaquetado en estas reflexiones. Pero, claro, no es cualquier cosa, por el cargo que se ejerce y por de donde se viene.
Hace cinco años, Caballero me enfrentó en un debate epistolar que él inició (pueden leerse las posiciones en: www.rwiener.blogspot.com), cuando yo apoyaba la primera candidatura de Humala y me calificó de converso y de subirme al carro del nacionalismo a pesar de mi pasado radical.
Todo eso se escribió cuando yo coincidía con Ollanta en la necesidad de revisar los contratos de privatización y nacionalizar los recursos naturales, y mi amigo venía de andar subido al carro estatal de Toledo (fue jefe del PRONAA) y volvió a subirse, poco después de ese intercambio, al de García, en la Unidad de Conflictos bajo la autoridad de Jorge del Castillo.
Ahora está nuevamente en el carro estatal. Seguramente pensando que el converso es ahora Ollanta con su hoja de ruta. Por mi lado, me mantengo en lo esencial en mis ideas y en mi rol de fiscalización. Y si esa responsabilidad me hace chocar con antiguos amigos reacomodados, lo voy a sentir. Pero no por eso voy a callarme.
Fuente: Diario La Primera.

El ex integrante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Wilfredo Saavedra Marreros, viene utilizando la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Cajamarca para coordinar diversas medidas de protesta como bloqueos, paralizaciones y actos violentos en contra del proyecto minero Conga.
De acuerdo a información difundida por el noticiero “El Río Suena” de Cajamarca, Saavedra Marreros ha anunciado que se reunirán con las diferentes organizaciones civiles que están en contra del referido proyecto minero, para tomar acciones y anunciar movilizaciones que impidan su ejecución.
El cuestionado dirigente informó que “están consultando con sus organizaciones de base para la realización de un paro interprovincial y posteriormente un paro regional, para lo cual se reunirán el viernes 4 de noviembre a las 5 de tarde en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe”.
“Ojalá que con la participación adecuada de las autoridades se promueva desde el Estado la necesidad de la paralización de los trabajos de exploración de Minas Conga para evitar un conflicto social de mayor envergadura, en la medida en que las comunidades de Huasmín y del Tambo han dado un plazo para el retiro de la maquinaria de este proyecto”, sostuvo.
Saavedra expresó además que la explotación del proyecto durará más de 15 años, con una inversión de 4 mil 800 millones de dólares; 3 mil 500 millones de dólares que serán utilizados en una chancadora que será colocada cerca de la laguna El Perol, indicando que la inversión neta será recuperada en un máximo de cuatro años.
Dijo que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga ha afectado diversas normativas y, fundamentalmente, la Ley General del Ambiente, pues no es posible que la autoridad estatal desconozca los ecosistemas frágiles y simplemente se apruebe el estudio.
Como puede comprobarse, utilizan la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe para tener estas reuniones de índole política, de donde salen acuerdos de bloqueos, paralizaciones y actos violentos.
Según información que aparece en internet, Wilfredo Saavedra Marreros purgó 10 años de prisión en los 90 por terrorismo.
La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe estuvo hace un tiempo encargada al entonces párroco Marco Arana, y fue utilizado el púlpito como bastión de lucha contra la minería. Cabe anotar que Marco Arana está suspendido en el ejercicio de su sacerdocio.
Saavedra Marreros (Camarada Rodrigo) fue militante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y condenado por dinamitar las instalaciones del Juzgado Mixto de San Marcos.
Según el expediente 1187-1989, que obra en el Juzgado Penal de Cajamarca, el 7 de octubre de 1988 se produjo una explosión en el Juzgado Mixto de San Marcos, donde Saavedra se desempeñaba como abogado defensor de oficio de la Segunda Sala Mixta de Cajamarca.
Tras las investigaciones policiales, se detiene a Jorge Laveriano Cachi Trujillo, mando zonal del MRTA, y Carmen Reinaldo Cotos Morales, quienes sindicaron a Saavedra Marreros como uno de los que participó en el atentado.
En el momento de su detención, Saavedra Marreros estaba armado y con la boleta militar del hermano menor de Jorge Laveriano Cachi Trujillo. A través de ello, la Policía pudo establecer su relación con los otros terroristas.
En 1989 se condenó a Saavedra Marreros a diez años de pena privativa de libertad por el delito de subversión y su pena venció en 1999.
Fuente: Diarios Expreso y Correo.
Testigos de El Potao
Entre las versiones que dio el segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade, durante su intervención en la Comisión de Ética, quizá la más arriesgada fue su afirmación de que su hermano Miguel Chehade y su amigo Miguel León Barandiarán nunca visitaron al general Guillermo Arteta en El Potao, como éste sostiene.
Confiado, a lo que parece, en que había un solo testigo, el capitán PNP (r) Richard Salas, y que éste era desacreditable, Chehade arriesgó negar esa visita e intentar desmentir a Arteta contraponiendo una versión contra la otra.
Pero, menos de 24 horas después de su intervención, Chehade es quien ha resultado rotundamente desmentido.
No solo hubo un testigo de la visita de su hermano Miguel Chehade y de Miguel León Barandiarán, al cuartel de El Potao. Hubo por lo menos seis.
El programa Tribuna Abierta, que dirige Rosa María Palacios, dio a conocer los nombres de casi todos esos testigos.
Ahora, IDL-Reporteros precisa sus nombres y relata la visita a El Potao de Chehade y León Barandiarán, a partir del testimonio de aquellos.
Las personas que desmienten a Chehade son las siguientes (en orden de aparición):
• Alférez PNP Jhonnatan Mendoza;
• Suboficial PNP Vanessa Quinto;
• Suboficial PNP (r) Teresa Chotón;
• Coronel PNP (r) Gilbert Raúl Soto;
• Suboficial PNP Maritza Silva Trinidad;
• Capitán PNP (r) Richard Salas.
Todos ellos vieron de cerca a Chehade y León Barandiarán en El Potao, el 6 de octubre, de acuerdo con la siguiente secuencia.
Ese día Chehade y León Barandiarán llegaron a El Potao e indicaron quiénes eran y a quién buscaban, al vigilante de puerta. Este los llevó a la Guardia, donde se encontraba el alférez Jhonnatan Mendoza, ante quien se presentaron.
Quizá impresionado por sus visitantes, el alférez Mendoza se olvidó de registrarlos en el cuaderno de la Guardia, por lo que habría sido castigado hace poco con cuatro días de arresto simple, según informaron fuentes creíbles a IDL-Reporteros.
Mendoza llamó a Vanessa Quinto, la secretaria del general Arteta, quien salió a la Guardia a recibir a los visitantes. Ahí les indicó que Arteta estaba en una reunión con sus oficiales y que probablemente demoraría. Chehade y León dijeron que lo esperarían. Vanessa Quinto los hizo pasar entonces a la sala de espera.
La sala no estaba vacía. Ahí se encontraban Teresa Chotón y Gilbert Soto, esperando también al general. Chotón, una suboficial retirada de la Policía, estaba activamente empeñada en campañas de seguridad ciudadana en Trujillo, y había llegado a visitar a Arteta. Soto, coronel retirado de la Policía, que también se presenta como magíster Soto, es funcionario del gobierno regional de Lima provincias y vino desde Huacho a ver a Arteta para pedirle ayuda en asuntos de su función.Chehade y León Barandiarán compartieron la sala con Chotón y Soto durante un largo rato.
La suboficial Maritza Silva, a quien dicen ‘Mara’, cuyo escritorio es cercano al de Vanessa Quinto, salió de su oficina, curiosa por ver al hermano del vicepresidente y a su acompañante. Lo mismo fue el caso del capitán (r) Richard Salas.
Los he visto y como han permanecido bastante rato en las inmediaciones de acá, del pasadizo, hemos tenido la oportunidad de verlos bien de cerca”, dice uno de los testigos.
Como el general Arteta demoraba en salir de la reunión, Chehade y León Barandiarán buscaron a Vanessa Quinto. Esta salió al pasadizo al que da su oficina (y la de Arteta) y les dio el encuentro. Como ambos ya estaban impacientes, Quinto alertó a Arteta.
Este salió entonces al pasadizo, saludó a Chehade y León Barandiarán e inició la conversación que ya ha relatado varias veces.
“Efectivamente” dice uno de los testigos, “vi cuando el general Arteta salió y se dieron el encuentro y le entregaron un sobre. Desconozco el contenido, pero lo vi perfectamente”.
Casi todos los testigos han sido citados ya por el Ministerio Público para rendir testimonio. La mayoría lo hará la próxima semana; y luego de eso, Chehade deberá explicar porqué mintió al afirmar que su hermano y León Barandiarán no visitaron a Arteta en El Potao.
Fuente: IDL-Reporteros.
Ética investiga a Chehade por infidencia
El miembro de la Comisión de Ética del Congreso, Juan José Díaz Dios, anunció que el grupo de trabajo invitará nuevamente al vicepresidente Omar Chehade para que responda por el caso Tren Eléctrico y por una nueva denuncia que involucra el envío de información confidencial a Chile.
“(Chehade) habría mandado información muy confidencial, que tiene que ver con la seguridad nacional y con nuestro armamento militar, a otro país, nada menos que se trata de Chile”, indicó el legislador fujimorista.
Hace unos días, los almirantes en retiro Luis Giampietri y Jorge Montoya señalaron que Chehade, entonces jefe de la Unidad de Extradición de la Procuraduría, incluyó información de las adquisiciones de nuestras fuerzas armadas en el expediente de extradición de Alberto Fujimori enviada a Chile.
Para el congresista Díaz Dios “es un tema grave que requiere investigación y no estoy adelantando por eso opinión”.
En similar línea, enfatizó que “de ninguna manera” se retirará de la Comisión de Ética y que si Chehade Moya quiere su salida, por supuestamente adelantar opinión en su caso, “puede recusarme”.
Además, consideró que el comentario del nacionalismo para que Humberto Lay y su persona pasen por Ética “me sonó a amenaza, a amedrentamiento, no fue simplemente un llamado a que no adelantemos opinión”.
De otro lado, anotó que el grupo que integra también deberá investigar la afirmación del director general de la Policía Nacional, Raúl Salazar, de que Miguel Chehade lo llamó desde la oficina de su hermano y que a pesar de eso, no figura en la relación de las personas que visitaron el despacho del congresista.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Por Juan Aurelio Arévalo– Diario El Comercio.
El candidato por el partido político Fonavistas del Perú, Raúl Canelo, pasó de ser un reconocido abogado especialista en Derecho de Familia a convertirse en el defensor de personajes tan variopintos como Alfredo González, Genaro Delgado Parker, Ricardo Chiroque o Paula Marijuán.
A partir de 1999, la carrera de Canelo dio un giro inesperado al enrumbarse en causas tan escabrosas como la defensa del ex Alcalde de San Juan de Lurigancho Ricardo Chiroque (vacado del cargo por sus propios regidores en el 2001) y del ex Ministro Absalón Vásquez, ambos acusados por malversación de fondos y falsificación de firmas en favor del movimiento fujimorista Vamos Vecino. Canelo también asistió legalmente al diplomático Celso Pastor Belaúnde, quien en el 2004, ebrio, arremetió con su auto contra ocho jóvenes en Miraflores. Y, por si fuera poco, participó en la defensa de Genaro Delgado Parker durante su disputa por Panamericana Televisión y en la de Williams Kouri, hermano de Álex Kouri, denunciado por una adquisición irregular de terrenos.
Pero si de clientes polémicos hablamos, su defensa menos difundida es la de los hermanos Sánchez Alayo, integrantes del clan familiar de los Sánchez Paredes, denunciados por el presunto delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
“Los representé en un proceso que duró dos años y que ha sido resuelto con éxito hace unos cuatro meses. Fue en el área de propiedad intelectual de defensa del consumidor en INDECOPI, por cuanto algunas instituciones financieras y bancarias habían cerrado las cuentas a estas personas, violando la presunción de inocencia. Ellos no tenían una acusación fiscal y solo contaban con una investigación preliminar”, explica.
Canelo es consciente de que su cartera de clientes le puede jugar en contra a la hora de las elecciones y, aunque admite haberse sentido incómodo al defender algunos casos, entiende que esto forma parte de su profesión.
“Soy responsable de un estudio y tenemos que atender a todo tipo de clientes. No los voy a clasificar como buenos o malos, pero en todos los casos que me tocó intervenir los declararon inocentes. A diferencia de otros, yo vivo de mi profesión, vivo de la defensa. Tengo las manos limpias y nadie me puede decir que he robado o me he beneficiado ilícitamente”, afirma.
¿Pero quién se cruzó en el camino de Canelo en el año 1999 y originó que personajes tan cuestionados lo contraten como su abogado? Pues nada menos que el controvertido dirigente futbolístico Alfredo González, a quien por esa época no le daba la gana de reconocer la suspensión de cuatro años que le había impuesto la Federación Peruana de Fútbol por un caso de intento de soborno a jugadores del Torino de Talara. La FIFA obligó a Universitario a hacer efectiva la sanción, pero el rechoncho dirigente se limitó a contestar que solo abandonaría Odriozola “en un cajón de Agustín Merino”.
Ante la terquedad de su defendido, Canelo ideó una estrategia y partió de la base de que la sanción impuesta por la FIFA solo recaía en el ámbito futbolístico. Por lo tanto, creó la figura de la doble presidencia: una institucional y otra deportiva. De esta forma le salvó el pellejo a González y de paso a Universitario, que se libró de ser inhabilitado de competencias internacionales.
Por su exitosa gestión, el abogado cobró 36 mil dólares -según el propio presidente institucional- y al poco tiempo ocupó la vicepresidencia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP). Su vínculo con el fútbol no terminó ahí. En el 2001 asumió la defensa del “Granítico” Héctor Chumpitaz, condenado a dos años de prisión suspendida, por recibir 30,000 dólares de Vladimiro Montesinos como aporte a su campaña como regidor.
“Él era mi ídolo de pequeño. Verlo tan deprimido fue muy doloroso. Incluso en un momento le dije en broma al juez: Deje libre a Chumpi y que se quede preso Chiroque”, comenta entre risas.
Sin dejar de lado sus batallas jurídicas, Canelo ha incursionado en la lid electoral en medio de cuestionamientos según los cuales las firmas que reunió para alcanzar el referéndum nacional de devolución de aportes serían las mismas que usó para inscribirse ante el JNE. “Es falso. Los dos millones y medio de firmas del referéndum se consiguieron hace cinco años y las del partido político recién este 2010”, afirma Canelo, quien sintiéndose ignorado por los medios prefiere realizar una campaña directa en las calles.
Para los que lo llaman “oportunista” aquí les deja un mensaje: “Sé que nunca he construido una pista ni soy político. Defiendo al FONAVI y al SUTEP. Puedo tener patrocinados mediáticos, pero nunca dejé de lado la defensa social. Eso nunca cambiará”.
¿Los niños envenenados en Cajamarca, no tienen derechos?
Por Martha Meier Miró Quesada
“Una madre de familia ha colocado los alimentos en un balde que contenía residuos de productos químicos o pesticidas”, dijo Aída ‘Mocha’ García Naranjo sin tartamudear. La ministra de la Mujer y Desarrollo Social lanzó su sentencia sin pruebas y sin una investigación en curso que, por lo menos, diera ciertos indicios sobre lo que sostuvo con tanta seguridad y que hoy se sabe mentira. Sacó, así, alegremente el cuerpo y se fue a bailar con el ‘Puma’ Carranza. No pareció demasiado afectada por la muerte de tres niños ni el envenenamiento de más de cincuenta otros pequeños, tras ingerir alimentos distribuidos por el Programa Nacional de Alimentos (PRONAA).
El envenenamiento masivo ocurrió en el caserío Redondo, distrito de Cachachi, Cajamarca. La inexplicable conducta de la ministra –que ahora pide perdón por su insensible baile mientras las madres lloraban a sus hijos– ocurrió en Lima, centro del poder y donde el poder parece generar un efecto perverso en ciertos sectores que acceden a él tardíamente. El triste episodio ha servido para que los y las peruanas constatemos, una vez más, la doble vara moral utilizada por la izquierda criolla. ¿Dónde están las organizaciones de derechos humanos pidiendo la cabeza de una ministra que notoriamente ha tratado de eludir su responsabilidad y no ha tenido empacho en extender el dedo acusador para señalar al grupo de mujeres rurales que recibieron la ayuda alimentaria, confiando en su calidad y salubridad? ¿Los niños envenenados no tienen, acaso, derechos? ¿O es que la consigna es no hacer olas cuando de ‘camaradas’ se trata?
Si la ministra de la Mujer fuera, por ejemplo, una fujimorista como Luisa María Cuculiza o una aprista histórica como Meche Cabanillas, ya estaría en marcha una operación coordinada desde las ONG, solventada con dinero extranjero, para triturar mediáticamente a través de diversos voceros a la ministra. Por las calles andarían jóvenes ilusos portando cartelones y gritando con ligereza “a-s-e-s-i-n-a”, mientras esa particular especie de peruanos llamada “los abajo firmantes” (nótese que siempre son las mismas ‘personalidades’) circularía por calles, plazuelas, y por todos los medios, algún pronunciamiento culpando al Estado, al sistema, al presidente, al libre mercado, a lo que sea, y exigiendo con indignación que rueden las cabezas. Todas las cabezas.
Con ‘Mocha’ no ha pasado nada de eso porque la izquierda local se cree impune. Por demasiado tiempo se ha permitido a sus representantes ser jueces, parte, acusadores y verdugos de todos aquellos peruanos que no comparten su pensamiento único y trasnochado. Los culpables son siempre otros, jamás ellos. Y esto nos debe preocupar especialmente ahora que son gobierno y no simple oposición.
La ministra García Naranjo debería exigirse lo que exige a otros: coherencia e integridad. Quienes la conocen deben haber quedado tan perplejas –como esta columnista– con su falta de solidaridad ante el dolor de las familias que perdieron a sus hijos o los ven hoy padecer las secuelas del envenenamiento. Ha sorprendido ingratamente su inmediata reacción para salvar su espacio, su puesto, su silla, su cargo, su ego. ¡Vaya usted a saber!
Luego de realizadas las pesquisas en el colegio de Cajamarca donde murieron tres niños tras ingerir alimentos del Pronaa, el Ministerio de Salud (MINSA) informó que no se halló ningún rastro de insecticida en los alimentos, como señaló en un inicio la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo.
Fumigación en el PRONAA
Manuel Acosta, Director de Salud de las Personas del MINSA, indicó que “todo hace pensar que la contaminación ha sido externa”, basándose en el informe preliminar remitido por los profesionales médicos que visitaron el caserío de Redondo, donde se ubica el centro educativo.
“Según nos han informado los epidemiólogos, no se encontró insecticida en el lugar donde se guardan los alimentos al interior de la escuela. Entonces la investigación correrá por el Ministerio Público, para saber cómo los alimentos terminan siendo contaminados con insecticidas si no se han encontrado en el lugar”, indicó el funcionario.
Este informe complicaría aún más la situación de la ministra García Naranjo y del jefe del PRONAA, abogado fonavista Dante Mendoza, quienes desde un inicio culparon a las madres de familia por una “negligencia” al momento de la preparación de la comida.
“La ministra será responsable de lo que está diciendo”, sentenció Acosta, al ser consultado por la versión de la titular de la Mujer, quien fuera refutada por las madres y cocineras del colegio, así como duramente cuestionada ayer en la Comisión Conjunta de Salud y Fiscalización en el Congreso, donde será interpelada.
Fuente: Diarios El Comercio y La República.

¿La PUCP con “C” de Caviar y P de “Plural”?
Por Alejandro Cavero Alva- Grupo Perú Futuro
Este artículo no es una férrea defensa de la causa del arzobispo Juan Luis Cipriani, es un llamado a reflexionar sobre la necesidad de precisamente reforzar esa pluralidad que hoy tanto defendemos. Crearla de verdad, y no solo remitirla en palabras. A mi parecer, el gran problema del juicio que hoy se lleva a cabo es precisamente que ambas partes quieren jugar el todo o nada, y poco han hecho por dialogar y negociar una salida a este problema.
Quiero comenzar diciendo que yo no considero que la PUCP sea una universidad verdaderamente plural. En la PUCP no te mandan a leer a Hayek en estudios generales letras, todos los profesores (o por lo menos más del 90%) tienen una bibliografía bastante selecta y exclusiva de autores de izquierda y por lo general sus círculos intelectuales se concentran en esos ámbitos. Es verdad que existen facultades de “derecha” como Historia (así como existen facultades marxistas como la de Ciencias Sociales), pero la verdad es que la PUCP es una universidad caviar, y eso no es ser verdaderamente “Plural”. No nos comamos nosotros mismos este cuento. Si la PUCP fuera de “derecha” como hoy los rojos se han puesto a profesar en la desesperación, entonces Cipriani no estaría tocándonos la puerta con deseos de entrar.
El gran problema aquí es que en la PUCP la derecha ha sido sectorizada, marginalizada y estereotipada, creando una tendencia constante a la polarización tanto interna, como en los cuadros que provee a nivel nacional. En lo PUCP no hay medias tintas, es blanco o negro. También producto de los radicalismos marxistas de sus intelectuales, y la marginalización de las formas de pensar distintas a la comunista o la social demócrata.
La universidad Católica es una universidad con un claro sesgo hacia la izquierda y hacia su bibliografía. Poco se estudia el liberalismo, el conservadurismo y tendencias similares. Claro, siempre existen excepciones, pero son como destellos de luz en medio de la oscuridad.
Si bien aquí nadie quiere la dictadura de una forma de pensar conservadora, es verdad que esta batalla jurídica nos abre también la posibilidad de un balance de poderes más contundente dentro de la universidad. Que ya no le deje cancha libre a los caviares para hacer de la universidad su chacra, pero ojo, eso tampoco significa cederle todo al cardenal y entonces volvernos un seminario religioso.
El secreto aquí estará en una correcta negociación que permita un balance de poderes entre ambas fuerzas. Precisamente no jugar al todo o nada. Solo de esta manera se construirá una verdadera PUCP con “P” de “Plural”. Hoy eso está bastante lejos de la realidad.
Francamente me parece denigrante el juego que algunos intelectuales de izquierda, sobre todo columnistas de la República y algunos de Perú 21, han jugado intentando estereotipar al cardenal Cipriani. Eso siempre funciona en política. Todo es cuestión de distorsionar las imágenes y esparcir los rumores, aquella nunca ha sido una tarea difícil en nuestro país. Más allá de atacar las personalidades de los actores en la disputa, debemos atacar sus argumentos. Creo que caer en la falacia de yo no quiero que “Cipriani tome la PUCP y no nos deje venir con pantalón corto” o “Cipriani es el demonio”, sinceramente no solo dejan muy en bajo el coeficiente intelectual de supuestamente los alumnos que serán la “élite intelectual del Perú” como los califica Tuesta, sino que además contribuyen más a esa polarización, en la cual la PUCP ya tiene bastante responsabilidad.
Negociemos y dialoguemos. Creemos una salida con un mecanismo que permita balancear el poder entre estas dos formas de pensar completamente opuestas para verdaderamente sacar a la PUCP del hoyo caviar y volverla una verdadera universidad plural, como la que todos queremos.
Universidad del Perú
Por Augusto Álvarez Rodrich
Y que Cipriani se quede con lo de pontificia y católica.
La última maniobra del cardenal Juan Luis Cipriani para usar al Vaticano como ganzúa para capturar la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) es parte de un esfuerzo mayor de sectores conservadores para imponer un pensamiento monocorde e intolerante en el país.
El Vaticano pretende apuntalar el abordaje de la PUCP por parte de un grupo de personas que parecen –por lo que están haciendo– piratas, a través de la indicación de que se cambien los estatutos de la universidad con el fin de que el arzobispado de Lima pueda intervenir en asuntos cruciales que van desde la designación del rector hasta la identificación de un conjunto de requisitos que deben cumplir sus profesores, todo lo cual busca mellar la libertad y la pluralidad de la cátedra.
Dicho anuncio fue celebrado con bombos y platillos precisamente por los medios de comunicación que andan, desde hace tiempo, en busca del establecimiento de esa agenda, lo cual se frustró por la derrota de su candidata Keiko Fujimori, un objetivo al que Cipriani se entregó en cuerpo y alma.
En esencia, lo que se busca es nombrar como rector a alguien que convierta en noviciado a una de las mejores universidades del país, por su pluralidad, tolerancia y excelencia académica, todo lo cual no está reñido, en modo alguno, con el respeto por la iglesia católica así como por cualquier otra religión.
El uso de las palabras ‘pontificia’ y ‘católica’ pretende ser utilizado como chantaje para el abordaje de Cipriani. “¿Quieren dejar de ser católica y pontificia? Que lo dejen con sus consecuencias”, ha señalado el cardenal, dando a entender que eso significaría la pérdida del control de los inmuebles de la universidad, los cuales se los apropiaría el arzobispado.
Eso carece de asidero. Sin embargo, la bolsa o la vida parece ser el lema del cardenal Cipriani, quien es claramente un político antes que un sacerdote, cuyo accionar se caracteriza por maniobras tan subalternas como los objetivos que persigue.
El riesgo es que la PUCP caiga en manos de fuerzas políticas que pretenden imponer una sola visión y la demolición de todas las que se le opongan. Eso es lo que está en juego en todo este litigio entre la universidad y el cardenal.
Los mecanismos para lograrlo están en el terreno judicial y, ahora, en una ordenanza del Vaticano. Pero eso es la apariencia, pues en el fondo el debate es sobre la posibilidad de preservar una institución que es uno de los centros de estudio más potentes, plurales y valiosos del país. Si para lograrlo es necesario que la PUCP retire las palabras ‘pontificia’ y ‘católica’ de su nombre, volviéndose la Universidad del Perú, será un costo lamentable pero indispensable para vencer a las fuerzas que –como las que representa Cipriani– pretenden imponer una visión monocorde en el país.
Fuente: Diario La República y ATV.
Con la verdad ante todo: La fidelidad a la Iglesia une, no divide
Por Juan Luis Cipriani Thorne – Arzobispo de Lima y Cardenal Primado del Perú
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) tiene como génesis la coyuntura social de inicios del siglo XX, tiempo en el cual imperaba el pensamiento positivista, el liberalismo progresista y el racionalismo, desdeñándose las enseñanzas de la fe católica y el pensamiento de los hombres de la Iglesia, lo que primaba en la enseñanza superior. Esto implicaba que los alumnos, luego de dejar las aulas escolares, se declaraban agnósticos o indiferentes con la religión.
Por ello, la Arquidiócesis de Lima, tomando en cuenta el Concilio Plenario Latinoamericano de 1899 (Roma, Papa León XIII), decidió que este problema podía ser resuelto fortaleciendo la educación católica de manera que, como lo cuenta HAMPE MARTÍNEZ 1, “en cada país de nuestro hemisferio hubiese un centro de enseñanza superior regido por autoridades clericales“. Así nace la PUCP, con un vínculo no escindible, desde su inicio, con la Iglesia peruana.
La PUCP se funda en 1917 previa aprobación eclesiástica con el carácter de “persona moral pública de Derecho Eclesiástico“, cuyos bienes, cualquiera sea la forma en que los adquiera, constituyen bienes eclesiásticos, conforme a la normativa jurídica-canónica vigente al momento de su fundación.
Esta participación y vinculación de la autoridad eclesiástica en la vida de la PUCP se vio bendecida y reforzada cuando el Papa Pío XII, en 1942, previa solicitud de la propia PUCP, decretó su erección Pontificia, instituyéndose en 1943, por disposición de la Santa Sede, el oficio de Gran Canciller de la PUCP al Arzobispo de Lima.
Cuando la PUCP, en la década del cuarenta e inicios del cincuenta del siglo pasado, se consolida en su régimen jurídico civil, como universidad de ámbito nacional, no se diluye en absoluto su vinculación con la Iglesia; prueba de ello es que el artículo cuarto de su Estatuto de 1956 precisó:”La Universidad Católica del Perú se rige por los presentes Estatutos, en entera conformidad con las leyes de la Iglesia y las del Estado Peruano, con absoluto acatamiento de las resoluciones de la Santa Sede, de la cual depende“.
El 15 de agosto de 1990, el entonces Santo Padre, nuestro Beato Juan Pablo II, promulgó la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, disponiendo que toda Universidad Católica en el mundo adecue su Estatuto a ella y encargando a cada Obispo la responsabilidad de promover la buena marcha de la Universidad en su diócesis, otorgándole el derecho y el deber de vigilar para mantener y fortalecer su carácter católico.
En noviembre de 2009 -luego de que la Santa Sede, de manera reiterada, los exhortara a cumplir con dicha ineludible obligación-, el actual Rector de la PUCP, Dr. Marcial Rubio, me solicitó, de manera formal, según Protocolo 378/2009 R, que eleve el Estatuto que vienen aplicando a la Sagrada Congregación para la Educación Católica para su revisión y aprobación.
Recientemente, las actuales autoridades de la PUCP han sido notificadas respecto de las modificaciones que la Sagrada Congregación para la Educación Católica -máxima instancia vaticana para las universidades católicas- considera deben introducir necesariamente en su Estatuto, para superar su irregular situación actual.
Las correcciones por introducir responden, en consecuencia, a la expresa indicación de las actuales autoridades de Roma, que exigen que el Estatuto garantice, de forma institucional, su identidad católica y patenticen su dependencia de la Santa Sede. En ese sentido, no bastan declaraciones de fidelidad, la Constitución Apostólica dada por Juan Pablo II exige que el Estatuto refleje e incorpore las consecuencias jurídicas que vinculan a las universidades católicas con la autoridad de la Iglesia.
Los cambios por introducir no son otros que aquellos que ya están establecidos en los estatutos de otras universidades pontificias y católicas en el mundo. Incluso, en nuestro país existen actualmente varias universidades católicas cuyos estatutos ya fueron adecuados a la Ex Corde Ecclesiae, sin que ello transgreda ninguna norma de la República, pues el Estado Peruano reconoce la autonomía e independencia de la Iglesia en el Perú, y su plena libertad para gobernar sus centros educacionales de todo nivel, en consonancia con sus principios.
Mi doble responsabilidad episcopal, al frente del Arzobispado de Lima y como Gran Canciller de la PUCP, me obligan a esclarecer la verdad. Ha sido el Santo Padre quien me ha nombrado para esos encargos, que comprometen mi trayectoria como hombre que busca el bien.
Amo a la PUCP, pero ese amor está subordinado a mi amor a la Iglesia y al cumplimiento del deber de obediencia que tengo a los mandatos del Papa, sucesor del Apóstol Pedro. La Iglesia es una institución jerárquica, en la que todo católico debe obediencia a los mandatos del Vaticano, de lo que siempre dio ejemplo el R.P. Jorge Dintilhac SSCC, su primer Rector. Quien no entienda ello, se coloca al margen de la Iglesia.
Benedicto XVI acaba de decir, el 19 de agosto, a los jóvenes profesores universitarios, que prestáis una espléndida colaboración en la difusión de la verdad, en circunstancias no siempre fáciles, que la Universidad ha sido, y está llamada a ser siempre, la casa donde se busca la verdad propia de la persona humana. Por ello, no es casualidad que fuera la Iglesia quien promoviera la institución universitaria, pues la fe cristiana nos habla de Cristo como el Logos por quien todo fue hecho (cf. Jn 1,3), y del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Esta buena noticia descubre una racionalidad en todo lo creado y contempla al hombre como una criatura que participa y puede llegar a reconocer esa racionalidad. La Universidad encarna, pues, un ideal que no debe desvirtuarse ni por ideologías cerradas al diálogo racional, ni por servilismos a una lógica utilitarista de simple mercado, que ve al hombre como mero consumidor. Palabras del magisterio pontificio que tienen hoy para la PUCP el sentido de un llamado nuevo a la humildad y a la obediencia, a la disposición de servicio a la Iglesia, tal como la Iglesia quiere ser servida, por amor a la verdad sin engaños pueriles ni intereses de grupo.
Recemos a Santo Tomás de Aquino y a Santa Rosa de Lima, patronos de la PUCP, para que, a través de su intercesión, se entienda claramente el camino a seguir.
Nota:
1 HAMPE MARTÍNEZ, Teodoro: Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú 1917-1987, Lima, PUCP, Fondo Editorial, 1989, pág. 18.
Concordancia entre las leyes nacionales y las normas canónicas
Dr. César Delgado Barreto
Profesor Principal del Departamento Académico de Derecho
PARTE I
El Código de Derecho Canónico de 1983, en lo que respecta a la enseñanza superior de la Iglesia, distingue entre las universidades católicas y las universidades eclesiásticas dedicando un capítulo a cada una de estas categorías.
Las trata con independencia aunque hay tres cánones de común aplicación que son: el 808, según el cual ambas categorías no pueden utilizar el título o nombre de Universidad Católica sin el consentimiento de Autoridad Eclesiástica competente; el 809, que encarga a las Conferencias Episcopales el cuidado de planificar las universidades y facultades católicas; y el 810, que también hace responsable a las Conferencias Episcopales de la observancia de los principios de la doctrina católica en ambas categorías de Universidades.
En lo que respecta a la ley-marco que ofrece el Código de Derecho Canónico a la Universidad Católica, éste se completa en la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae de 15 de Agosto de 1990 y que entró en vigencia el primer día del año académico de 1991 a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.
Según el artículo 3 inciso 4 de la mencionada Constitución Apostólica, las Universidades Católicas privadas no están obligadas a que sus estatutos sean aprobados por la Autoridad Eclesiástica competente:
Artículo 3. Erección de una Universidad Católica
1. Una Universidad Católica puede ser erigida o aprobada por la Santa Sede, por una Conferencia Episcopal o por otra Asamblea de la Jerarquía Católica y por un Obispo diocesano.
2. Con el consentimiento del Obispo diocesano una Universidad Católica puede ser erigida también por un Instituto Religioso o por otra persona jurídica pública.
3. Una Universidad Católica puede ser erigida por otras personas eclesiásticas o por laicos. Tal Universidad podrá considerarse Universidad Católica sólo con el consentimiento de la Autoridad eclesiástica competente, según las condiciones que serán acordadas por las partes.
4. En los casos mencionados en los incisos 1 y 2, los estatutos deberán ser aprobados por la Autoridad eclesiástica competente.
Por otra parte las Universidades Eclesiásticas (caso distinto al de la PUCP) están regidas adicionalmente a lo dispuesto en el Código de Derecho Canónico por la Constitución Apostólica Sapientia Christiana de 24 de mayo de 1931.
Las Universidades Católicas, como personas jurídicas son sujetos de derecho canónico con las obligaciones y derechos congruentes con su propia naturaleza (canon 113). En la Iglesia las personas jurídicas son corporaciones o fundaciones, las primeras están compuestas por personas y las segundas por patrimonios (canon 115).
Las personas jurídicas —corporaciones o fundaciones— pueden ser públicas o privadas. Las personas jurídicas públicas están constituidas por la Autoridad Eclesiástica competente dentro de los límites que se les señala, y cumplen en nombre de la Iglesia la misión que se les confía mirando el bien público; las demás personas jurídicas son privadas (canon 116). En el caso de las personas jurídicas públicas siempre interviene la Autoridad Eclesiástica, con lo cual adquieren personalidad jurídica pública.
Tratándose de las personas jurídicas privadas (como se aplica a la PUCP), estas surgen por la iniciativa privada de los fieles en uso de sus derechos fundamentales de libre asociación, siendo los cánones 312 y 322 los que especifican cuál es la Autoridad Eclesiástica competente que erige las personas jurídicas públicas y cuales las que constituyen a las personas jurídicas privadas.
A tener de lo dispuesto en el canon 1257:
1. “Todos los bienes temporales que pertenecen a la Iglesia Universal, a la Sede Apostólica o a otras personas jurídicas públicas en la Iglesia, son bienes eclesiásticos, y se rigen por los cánones que siguen, así como por los propios estatutos.
2. Los bienes temporales de una persona jurídica privada se rigen por sus estatutos propios, y no por estos cánones, si no se indica expresamente otra cosa”.
Vale decir que sólo los bienes pertenecientes a las personas públicas en la Iglesia son bienes eclesiásticos, mientras que los bienes de las personas jurídicas privadas (como la PUCP) pertenecen a la institución fundadora y se rigen por sus propios estatutos
PARTE II
La Pontificia Universidad Católica del Perú fue fundada por el R.P. Jorge Dintilhac SS.CC y un grupo de cinco laicos, quienes firmaron la Escritura de constitución, siendo reconocida por el Estado, contando con la aprobación de la Autoridad Eclesiástica. El Padre Jorge Dintilhac la inscribió como asociación civil sin fines de lucro en los Registros Públicos de personas jurídicas el año 1937, pocos meses después que el Código Civil de 1936 permitiera crear las asociaciones civiles. Desde la nomenclatura canónica es una persona jurídica privada, por no ser fundada por la Autoridad Eclesiástica, sino por particulares, contando con la aprobación eclesiástica.
Recién el 30 de setiembre de 1942, con motivo de sus 25 años de vida institucional, el Papa Pío XII la erige canónicamente como Universidad con sus derechos y privilegios correspondientes mediante Rescripto de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades, desde entonces data el título de Pontificia.
Hay que tener presente que el hecho de ostentar el título de Pontifica no convierte a la PUCP en persona de derecho público canónico pues este está reservado sólo a las universidades fundadas por la autoridad eclesiástica. Sino que sigue siendo una persona jurídica de derecho privado y en consecuencia su patrimonio continua siendo de propiedad privada de la institución, y no se le puede considerar como bien eclesiástico.
Por Decreto Ley N°11003 del 08 de abril de 1949 se le dio a la PUCP la categoría de universidad nacional, lo cual fue ratificado por la Ley N°13417 del 08 de abril de 1960, especificándose en su artículo 80 que la PUCP quedará sujeta a las disposiciones del Estatuto Universitario, con algunas excepciones referidas a la elección de su personal directivo, docente y administrativo el cual será designado en la forma que determina su régimen normativo interno, debiendo las personas designadas llenar los mismos requisitos que los fijados para las Universidades creadas por el Estado, asimismo, su personal no tiene el carácter de empleado público. En virtud de esta excepción la PUCP pudo seguir rigiéndose tanto por las leyes universitarias nacionales, como por las normas canónicas referidas al gobierno de las universidades católicas.
La Ley Universitaria N°23733 del 09 de diciembre de 1983, que rige tanto a las universidades públicas como privadas dispone en su artículo 1.
“Las Universidades están integradas por profesores, estudiantes y graduados. Se dedican al estudio, la investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y a su extensión y proyección social. Tiene autonomía académica, económica, normativa y administrativa, dentro de la Ley”.
Y el artículo 4 precisa:
“La autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las leyes de la República”.
En virtud de esta Ley Universitaria, obligatoria tanto para las universidades públicas como privadas, la PUCP el 07 de junio de 1984 adecuó sus Estatutos a la nueva normatividad vigente concordando y armonizando la autonomía universitaria con las disposiciones canónicas, dando a la Jerarquía Católica una participación efectiva tanto en el gobierno como en la dirección pastoral en nuestra universidad. Esta modificación estatutaria contó en su oportunidad con la aprobación del Cardenal Augusto Vargas Alzamora, Arzobispo de Lima y Gran Canciller de la Universidad y la misma Jerarquía Eclesiástica confirmó a los rectores elegidos por la Asamblea Universitaria en 1977, 1984, 1989 e incluso en 1994 cuando ya había entrado en vigencia la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae vigente a partir del primer día del año académico de 1991 (artículo 8).
La Ley Universitaria 23733, no contradice el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado peruano de fecha 19 de julio de 1980 porque de conformidad con lo dispuesto en su artículo 19 la Iglesia tiene libertad para establecer centros educativos a todo nivel, de conformidad a lo dispuesto con la ley nacional.
La educación es un servicio público esencial y como tal no puede el Estado excluirse de normarla, y así lo hace en lo que respecta a la Universidad en el artículo 18 párrafo cuarto de la Constitución el cual expresamente dice:
“Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de la Leyes”.
Cada caminante siga su camino
Por Federico Prieto Celi
Antonio Machado fue convocado durante la Guerra Civil española para que pusiera un lema en un cuartel. El poeta de Castilla escribió: “Cada caminante siga su camino”. Dicen que la poesía se define como “unas pocas palabras verdaderas”, brotadas de la intuición, con licencia para priorizar la belleza sobre la gramática. Bien, supongamos que el consejo de Machado sea oportuno para el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
La Iglesia, dos veces milenaria, sabe mucho de disidentes. Los ha tenido desde el primer Colegio Apostólico. Algunos, como Lutero y Calvino, han tenido mucho éxito humano en su empeño de dividir a la cristiandad. En los últimos tiempos, en cambio, los disidentes han optado por disentir desde dentro, sin irse, porque desde dentro se puede influir más, confundir más, conseguir objetivos de dominio que, una vez fuera, es imposible lograr.
Yo no he tenido la suerte de conocer al padre Jorge (Dintilhac), como lo llamábamos en el colegio de La Recoleta, aunque ya no estuviera entre nosotros. Su figura, su recuerdo, su obra, en cambio, sí estaba, y el padre Lázaro, que representaba a la Congregación de los Sagrados Corazones en el Consejo Superior de la PUCP, nos hablaba de sus empeños fundacionales, en los que lo acompañaron, entre otros, dos figuras que sí tuve la suerte de conocer: Víctor Andrés Belaunde y Jorge Velaochaga. Ellos hablaban de las dificultades que tuvieron para romper el monopolio estatal universitario y del aliento y apoyo que desde Roma les enviaba el Santo Padre con sus bendiciones, sus normas canónicas y sus gestiones a través de la jerarquía eclesiástica, el Nuncio Apostólico incluido.
Ulpiano definía la justicia como dar a cada uno lo suyo. Así de simple. A nadie se le escapa la evidencia de que una universidad que es pontificia y católica debe tener un vínculo con la jerarquía de la Iglesia. No hay que contraponer leyes civiles a eclesiásticas. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ambas son compatibles y armónicas. Tampoco hay que confundir la Santa Sede, al servicio de la Iglesia, con el Estado Ciudad del Vaticano, que es el recinto independiente que garantiza la independencia del Papa en el gobierno de la Iglesia.
Mas allá de las demostraciones jurídicas que los juristas Natale Amprimo y Luis Gaspar han derrochado estos días en los medios de comunicación, con documentos convincentes, creo que lo que todos los peruanos esperamos es que, dado el fundamento legal indiscutible –aunque sea desesperadamente discutido por los disidentes, apelando al insulto al cardenal Cipriani– es un sinceramiento total: institucionalmente, o te quedas y aceptas la verdad o te vas… con el cuento a otra parte.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, el recién elegido papa Pío XII lanzó al mundo un llamado urgente de última hora: “Nada se pierde con la paz, todo se puede perder con la guerra”. Consideración papal que bien debería inspirar la respuesta que la comisión creada por la Asamblea Universitaria de la PUCP debe dar el próximo 30 de setiembre sobre las inevitables correcciones que la Santa Sede ha enviado al rector, como consecuencia de la solicitud que este hiciera en el 2009 para que tales estatutos sean aprobados por la Iglesia Católica.
¡PUCP: catástrofe, desastre, debacle, apocalipsis caviar!
Por Aldo Mariátegui
Un “boccato di cardinale” (bocado de cardenal) es una expresión italiana medieval referida a que lo que se comía o disfrutaba era excelso, digno de un príncipe de la Iglesia. Y vaya que monseñor Cipriani ha logrado, con toda la justicia y el Derecho de su parte, un “boccato” de marca mayor: la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que hacía décadas había caído en manos de un círculo caviar a pesar de lo claramente dispuesto por Riva-Agüero en su testamento.
Lógicamente, los caviares están picones al máximo y no quieren acatar la sentencia. En cambio, si hubieran ganado, ¡ya me imagino los elogios que le harían al TC! Y no me extraña la alharaca levantada por la argolla caviar. Este fallo es una catástrofe para ellos, pues pierden a la principal fuente de su poder en el Perú. Allí trabajan, allí se publican, allí se elogian, allí se promocionan, allí adoctrinan a los jóvenes en la caviarada y desde allí influyen en la sociedad. La PUCP es el corazón de la caviarada, ya muy debilitada tras la pérdida de El Comercio y Perú21. Deberían reconocer su derrota como caballeros y el rector Marcial Rubio debería presentar su renuncia por dignidad profesional, como lo haría un gerente que hubiera llevado a una derrota jurídica de estas proporciones a cualquier empresa privada que liderase.
Refresquemos la memoria: José de la Riva-Agüero y Osma, Marqués de Montealegre y Aulestia y bisnieto del presidente José de la Riva-Agüero y Sánchez Boquete, fue un brillante intelectual conservador -hasta coqueteó con el fascismo- que devino en un catolicismo militante (incluso renunció al premierato en 1934 cuando el mariscal Benavides promulgó la ley del divorcio; antes fue alcalde de Lima) en el tercio final de su corta vida (1885-1944).
Hijo único, solterón y heredero de una inmensa fortuna, amén de alejado de San Marcos por una pifia irrespetuosa de estudiantes apristas y comunistas a Víctor Andrés Belaúnde, Riva-Agüero decidió legar su patrimonio (el Fundo Pando, mansiones en el Cercado de Lima y Chorrillos, muchos ahorros, etc.) para reforzar a la entonces muy pequeña Universidad Católica. Para esto redactó cuatro testamentos sucesivos (de 1933, 1935, 1938 y 1939).
En el testamento del 33 estableció que sus bienes pasaban al control de la universidad a los 20 años de su muerte. Pero posteriormente, en 1938, dispuso que una Junta de tres miembros, presidida por el arzobispo de Lima, sea la que ADMINISTRE todos los bienes y rentas de la universidad de manera PERPETUA e INSUSTITUIBLE. Si había discordia entre los dos miembros de dicha junta por cualquier problema, el voto dirimente lo tenía el clérigo. Y como hasta cualquier lego en Derecho sabe, el testamento que es definitivamente válido es el último, así que ese argumento caviar de que prima la cláusula del testamento del 33 sobre aquella del 38 es infantil, hasta idiota.
Además, hay otros elementos demoledores:
1) Si esa Junta desaparecía en 1964 (a los 20 años de la muerte de Riva-Agüero), ¿entonces por qué siguió funcionando ininterrumpidamente hasta 1994, sin que nadie reclamase? Por qué ahora el litigante PUCP Avendaño no recuerda que él representó a la Iglesia en esa Junta en los 70? ¿O tiene un clon?
2) Esa Junta ya se inscribió judicialmente en Registros Públicos como la instancia administradora de la PUCP ante el magistrado Velasco Gallo en 1957, quien de manera expresa reconoció judicialmente que el testamento válido era el de 1938. Esto es CLAVE.
3) Entonces, el acuerdo privado de 1994 entre monseñor Vargas Alzamora (jesuita “progre” al que no le interesaba la administración del claustro y prefería dejársela a sus amigos caviares) y Salomón Lerner no es válido, pues va en contra de la voluntad testamentaria de 1938, que es lo que manda aquí. Allí no prima ninguna supuesta prescripción posterior a los 10 años por no haber reclamo como si fuera un contrato. ¡Prima la voluntad del muerto en el testamento y no la de los vivos, punto!
4) Y eso de que se vulnera la “autonomía universitaria” es un disparate. ¡Se vulnerará la autonomía de los caviares, pero no la voluntad de Riva-Agüero, que estableció que el arzobispo limeño administre! Lo único que limita aquí correctamente a la universidad es la voluntad del occiso.
5) La PUCP debe recordar que ha perdido por algo en primera y segunda instancia y ahora, por goleada 5-1, en el TC. Simplemente no tiene la razón de su lado.
6) Hace bien el TC en pronunciarse sobre el fondo del asunto, porque cautelar la voluntad tan zarandeada de un muerto sobre un derecho de propiedad en un caso tan emblemático es una garantía constitucional para todos, amén que fue la propia PUCP la que metió el tema de la propiedad en el litigio. Como bien dicen los magistrados, “defender la auténtica voluntad de Riva-Agüero es la real y auténtica defensa de la universidad”.
7) Quien metió la pata fue la defensa de la PUCP al acudir a un amparo en lugar de litigar y aguantar la cosa por años. Esto le abrió la posibilidad a Cipriani de llegar al TC. Falla clamorosa de Jorge Avendaño, que ya no es lo que era.
8) Critiqué mucho el fallo del TC sobre el cemento, pero éste es una pintura en argumentación, claridad, ilación y redacción. Sugiero leer por lo menos el voto de los cuatro magistrados. Muy bueno.
9) ¡Es evidente que un resucitado Riva-Agüero preferiría a Cipriani que a los caviares!
10) Esto ya es definitivo y el tema se acabó aquí. Cualquier juzgado sólo debe acatar lo dispuesto por el TC y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no procesa temas de personas jurídicas (por eso la ministra Aráoz no pudo llevar allí el tema del arancel del cemento), salvo que su integrante Diego García Sayán sea más milagroso que Cristo.

Comunicado del Sodalicio de Vida Cristiana
Tras concluir la Asamblea General, reunida para elegir nuevas autoridades, el Sodalicio de Vida Cristiana siente el deber, a la luz de la justicia y la caridad, de comunicar hechos dolorosos referidos a quien fuera Vicario General del Sodalicio de Vida Cristiana, Germán Doig, fallecido el 13 de febrero de 2001.
En junio de 2008 recibimos un testimonio dando cuenta de inconductas sexuales de Germán Doig reñidas con su condición de cristiano y de laico consagrado del Sodalicio.
Luego de la sorpresa inicial, del dolor y el desconcierto –porque esta doble vida nos era desconocida-, una comisión de autoridades de nuestra comunidad comenzó un proceso de investigación a lo largo del cual recibió dos testimonios adicionales entre junio de 2008 y diciembre de 2010. En ningún caso se trató de abuso de niños.
Las personas que han prestado su testimonio han pedido guardar el anonimato. Por ello, este proceso se ha llevado a cabo en la más estricta y debida confidencialidad.
El conocimiento de los hechos nos llevó ante todo a brindar asistencia a las personas afectadas para reconciliar las heridas que pudieran tener, tanto espirituales como psicológicas.
Ante la consistencia y credibilidad de los testimonios comunicamos estos hechos a diversas autoridades eclesiásticas, a los miembros del Sodalicio y de la familia espiritual.
Decidimos detener los actos preliminares que llevábamos a cabo para iniciar el proceso de reconocimiento público de quien creíamos tenía una vida modélica; así como retirar su retrato de distintos lugares. No hemos cerrado la posibilidad de tomar ulteriores medidas.
Queremos dejar en claro que estas conductas contrarias a nuestra vocación cristiana y nuestros compromisos libremente emitidos ante Dios no sólo no pueden tener cabida en nuestra comunidad sino que deben ser denunciadas y rechazadas con energía, claridad y transparencia. Actos graves como estos conllevan un proceso de expulsión del Sodalicio.
Como comunidad declaramos además que no podemos considerar a Germán Doig como una persona ejemplar. Hoy lo encomendamos al corazón misericordioso de Dios y a la intercesión de María sabiendo que ella, la Virgen Santísima, a quien hemos confiado nuestra comunidad desde sus inicios, nunca deja de interceder por todos sus hijos.
Ante esta situación dolorosa pedimos con humildad que se unan a nosotros para ofrecer oraciones por todas las personas afectadas y sus familias y para que quienes formamos parte de esta comunidad podamos estar siempre a la altura de los ideales de la fe, esperanza y caridad.
Oficina de Comunicaciones del Sodalicio de Vida Cristiana
El vocero del Sodalicio de Vida Cristiana, Padre Gonzalo Len, confirmó la cancelación del proceso de beatificación del laico consagrado y extinto Vicario General, Germán Doig, debido a tres “gravísimas acusaciones” que surgieron en su contra y que evidencian que llevó una “doble vida”, la misma que ha causado mucho dolor y decepción en la organización religiosa debido a “su traición al Señor”.
“Los procesos preliminares para declarar su vida ejemplar se han cerrado definitivamente y ya no se continúa al paso siguiente, que era el proceso de beatificación. Hubieron muchos testimonios para declararlo un hombre ejemplar”. Len precisó que también recibieron tres testimonios graves y contundentes que los llevaron, luego de una profunda investigación, a cerrar este proceso. “Germán murió hace poco más de diez años”, recordó al ser consultado de cuándo datan los testimonios.
Len argumentó que las personas pidieron absoluta reserva en el manejo de sus casos e insistió en que “se hizo un proceso interno, se dieron los testimonios, se investigaron y, cuando hubo claridad, se cerró y se comunicó”.
El sacerdote agregó que este tema “ha sido muy claro, muy doloroso y muy triste porque Germán era una persona de nuestra comunidad, que para mucha gente era ejemplar y esta doble vida y esta contradicción nos tomó por sorpresa y ha generado un profundo dolor”.
“Hay mucha gente que está sufriendo. Su familia, sus hermanas…”, dijo Len. Y las tres familias afectadas también.
Añadió que el tema ya ha sido comunicado a las autoridades de la Santa Sede y a los respectivos Arzobispos.
“Yo, en lo personal, quedo profundamente dolido. Esta experiencia con Germán Doig es una lamentable decepción que nos duele en el corazón”.
“Nos quedamos con la experiencia propia de la Iglesia. Como el caso de los 12 Apóstoles donde uno de ellos traicionó al Señor”.
¿Merece perdón?
“Dios perdona a todos los seres humanos. Sus malos ejemplos deben ser perdonados como a cualquiera de nosotros”. La verdad seguirá abriéndose paso.
Guerra sucia
Por Alberto Massa Gálvez
Diario 16, en su edición del 1 de febrero, da cuenta en portada completa, del escándalo sufrido por la orden religiosa Sodalicio, pues al extinto Vicario General, Germán Doig Klinge, “laico consagrado”, se le ha cancelado el proceso de beatificación, debido a tres gravísimas acusaciones que surgieron en su contra y que penosamente evidenciaron que el “personaje” llevó una doble vida, la misma que ha causado mucho dolor y decepción en su organización, por lo que se ha ordenado retirarle el culto y la fe debido a su traición al Señor.
Los motivos que dieron pie a este caso, que calificaré de penoso, sólo por tratarse de un jerarca laico de la Iglesia, con votos de castidad, obediencia, y expediente avanzado de beatificación. El joven jerarca manejaba una organización similar al Opus Dei, a ojos de los profanos.
Germán Doig Klinge, fue hijo del ingeniero Benjamín Doig Lossio, importante miembro de Acción Popular, a quien algunos consideran padre de la Vía Expresa. Doig llevó, desde muy joven, a su hermano preferido, Luis Castañeda Lossio, a las filas de la organización de Fernando Belaunde, donde aquel hizo sus pinitos políticos, demostró ser un hombre contraído al trabajo, con defectos congénitos para la oratoria. Luis Castañeda, de muy buen corazón, volcó el afecto filial en su sobrino, de corte clerical y tempranamente desaparecido.
A pesar de las dificultades para expresarse, Castañeda hizo a la prensa, en los últimos días, unas declaraciones infelices, de corte homofóbico. No sabemos si ya le habían anticipado los problemas que atravesaba el expediente de beatificación, o si su incapacidad de “aggiornamento” le durará toda la vida.
La triste noticia, que algunos atribuyen a castigo divino, debió reservarse para el final de la elección. En todo caso, puede ser que morigere los afanes de contratar a un Rasputín venezolano, para estructurar una guerra sucia, porque estas vienen desde arriba, sin necesidad de que se contraten.
Fuentes: Diario 16 y La Primera.
Como lobos rapaces
Se difundió el nombre de un miembro del Sodalicio acusado de pedofilia. Se trata del sodálite Jeffery Stewart Daniels Valderrama, quien habría realizado tocamientos indebidos a un ex integrante de dicha comunidad, identificado como ‘Tito‘. Según el testimonio anónimo, Jeffrey lo manoseaba constantemente y acosó sexualmente a otros menores de edad.
Fuente: Diario La República.

Los presupuestos de las universidades están sufriendo drásticos recortes
La Academia Venezolana de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales teme por el destino de la ciencia en su país, dice Claudio Bifano, presidente de la entidad.
Bifano acusa al gobierno de tratar de controlar la ciencia y la educación superior en Venezuela. Señala que profesionales inexpertos, con poco conocimiento científico, están ocupando posiciones de poder con base solamente en su lealtad política, una medida que restringe la libertad académica y el diálogo con la comunidad de investigación.
Otras medidas son igualmente preocupantes: el presidente del país está estableciendo la agenda científica basándose en sus propias creencias, los fondos del sector privado se distribuyen a proyectos con “objetivos sociales” más que por la calidad de las propuestas de investigación, las universidades están sufriendo drásticos recortes en sus presupuestos y restricciones para el acceso a la literatura científica e Internet, y no existen planes para dotar con personal académico apropiado a unas 40 universidades.
Los científicos jóvenes se están yendo del país y Venezuela está perdiendo su capital intelectual, advierte Bifano. Además, científicos prominentes están siendo obligados a dejar sus puestos de trabajo, añade. Por ejemplo, Raimundo Villegas, fundador del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) fue obligado a jubilarse y Jaime Requena, también de IDEA, fue despedido sin el debido procedimiento legal.
Fuente: www.aulaabiertavenezuela.org/