Abogado de EMAPE y SERPAR, fue Secretario General de la PUCP

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COMUNICORE
Por Juan Aurelio Arévalo – Diario El Comercio
El candidato por el partido político Fonavistas del Perú, Raúl Canelo, pasó de ser un reconocido abogado especialista en Derecho de Familia a convertirse en el defensor de personajes tan variopintos como Alfredo González, Genaro Delgado Parker, Ricardo Chiroque o Paula Marijuán.
A partir de 1999, la carrera de Canelo dio un giro inesperado al enrumbarse en causas tan escabrosas como la defensa del ex Alcalde de San Juan de Lurigancho Ricardo Chiroque (vacado del cargo por sus propios regidores en el 2001) y del ex Ministro Absalón Vásquez, ambos acusados por malversación de fondos y falsificación de firmas en favor del movimiento fujimorista Vamos Vecino. Canelo también asistió legalmente al diplomático Celso Pastor Belaúnde, quien en el 2004, ebrio, arremetió con su auto contra ocho jóvenes en Miraflores. Y, por si fuera poco, participó en la defensa de Genaro Delgado Parker durante su disputa por Panamericana Televisión y en la de Williams Kouri, hermano de Álex Kouri, denunciado por una adquisición irregular de terrenos.
Pero si de clientes polémicos hablamos, su defensa menos difundida es la de los hermanos Sánchez Alayo, integrantes del clan familiar de los Sánchez Paredes, denunciados por el presunto delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
“Los representé en un proceso que duró dos años y que ha sido resuelto con éxito hace unos cuatro meses. Fue en el área de propiedad intelectual de defensa del consumidor en INDECOPI, por cuanto algunas instituciones financieras y bancarias habían cerrado las cuentas a estas personas, violando la presunción de inocencia. Ellos no tenían una acusación fiscal y solo contaban con una investigación preliminar”, explica.
Canelo es consciente de que su cartera de clientes le puede jugar en contra a la hora de las elecciones y, aunque admite haberse sentido incómodo al defender algunos casos, entiende que esto forma parte de su profesión.
“Soy responsable de un estudio y tenemos que atender a todo tipo de clientes. No los voy a clasificar como buenos o malos, pero en todos los casos que me tocó intervenir los declararon inocentes. A diferencia de otros, yo vivo de mi profesión, vivo de la defensa. Tengo las manos limpias y nadie me puede decir que he robado o me he beneficiado ilícitamente”, afirma.
¿Pero quién se cruzó en el camino de Canelo en el año 1999 y originó que personajes tan cuestionados lo contraten como su abogado? Pues nada menos que el controvertido dirigente futbolístico Alfredo González, a quien por esa época no le daba la gana de reconocer la suspensión de cuatro años que le había impuesto la Federación Peruana de Fútbol por un caso de intento de soborno a jugadores del Torino de Talara. La FIFA obligó a Universitario a hacer efectiva la sanción, pero el rechoncho dirigente se limitó a contestar que solo abandonaría Odriozola “en un cajón de Agustín Merino”.
Ante la terquedad de su defendido, Canelo ideó una estrategia y partió de la base de que la sanción impuesta por la FIFA solo recaía en el ámbito futbolístico. Por lo tanto, creó la figura de la doble presidencia: una institucional y otra deportiva. De esta forma le salvó el pellejo a González y de paso a Universitario, que se libró de ser inhabilitado de competencias internacionales.
Por su exitosa gestión, el abogado cobró 36 mil dólares —según el propio presidente institucional— y al poco tiempo ocupó la vicepresidencia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP). Su vínculo con el fútbol no terminó ahí. En el 2001 asumió la defensa del “Granítico” Héctor Chumpitaz, condenado a dos años de prisión suspendida, por recibir 30,000 dólares de Vladimiro Montesinos como aporte a su campaña como regidor.
“Él era mi ídolo de pequeño. Verlo tan deprimido fue muy doloroso. Incluso en un momento le dije en broma al juez: “Deje libre a Chumpi y que se quede preso Chiroque”, comenta entre risas.
Sin dejar de lado sus batallas jurídicas, Canelo ha incursionado en la lid electoral en medio de cuestionamientos según los cuales las firmas que reunió para alcanzar el referéndum nacional de devolución de aportes serían las mismas que usó para inscribirse ante el JNE. “Es falso. Los dos millones y medio de firmas del referéndum se consiguieron hace cinco años y las del partido político recién este 2010”, afirma Canelo, quien sintiéndose ignorado por los medios prefiere realizar una campaña directa en las calles.
Para los que lo llaman “oportunista” aquí les deja un mensaje: “Sé que nunca he construido una pista ni soy político. Defiendo al FONAVI y al SUTEP. Puedo tener patrocinados mediáticos, pero nunca dejé de lado la defensa social. Eso nunca cambiará”.
¿Los niños envenenados en Cajamarca, no tienen derechos?
Por Martha Meier Miró Quesada
“Una madre de familia ha colocado los alimentos en un balde que contenía residuos de productos químicos o pesticidas”, dijo Aída ‘Mocha’ García Naranjo sin tartamudear. La ministra de la Mujer y Desarrollo Social lanzó su sentencia sin pruebas y sin una investigación en curso que, por lo menos, diera ciertos indicios sobre lo que sostuvo con tanta seguridad y que hoy se sabe mentira. Sacó, así, alegremente el cuerpo y se fue a bailar con el ‘Puma’ Carranza. No pareció demasiado afectada por la muerte de tres niños ni el envenenamiento de más de cincuenta otros pequeños, tras ingerir alimentos distribuidos por el Programa Nacional de Alimentos (PRONAA).
El envenenamiento masivo ocurrió en el caserío Redondo, distrito de Cachachi, Cajamarca. La inexplicable conducta de la ministra –que ahora pide perdón por su insensible baile mientras las madres lloraban a sus hijos– ocurrió en Lima, centro del poder y donde el poder parece generar un efecto perverso en ciertos sectores que acceden a él tardíamente. El triste episodio ha servido para que los y las peruanas constatemos, una vez más, la doble vara moral utilizada por la izquierda criolla. ¿Dónde están las organizaciones de derechos humanos pidiendo la cabeza de una ministra que notoriamente ha tratado de eludir su responsabilidad y no ha tenido empacho en extender el dedo acusador para señalar al grupo de mujeres rurales que recibieron la ayuda alimentaria, confiando en su calidad y salubridad? ¿Los niños envenenados no tienen, acaso, derechos? ¿O es que la consigna es no hacer olas cuando de ‘camaradas’ se trata?
Si la ministra de la Mujer fuera, por ejemplo, una fujimorista como Luisa María Cuculiza o una aprista histórica como Meche Cabanillas, ya estaría en marcha una operación coordinada desde las ONG, solventada con dinero extranjero, para triturar mediáticamente a través de diversos voceros a la ministra. Por las calles andarían jóvenes ilusos portando cartelones y gritando con ligereza “a-s-e-s-i-n-a”, mientras esa particular especie de peruanos llamada “los abajo firmantes” (nótese que siempre son las mismas ‘personalidades’) circularía por calles, plazuelas, y por todos los medios, algún pronunciamiento culpando al Estado, al sistema, al presidente, al libre mercado, a lo que sea, y exigiendo con indignación que rueden las cabezas. Todas las cabezas.
Con ‘Mocha’ no ha pasado nada de eso porque la izquierda local se cree impune. Por demasiado tiempo se ha permitido a sus representantes ser jueces, parte, acusadores y verdugos de todos aquellos peruanos que no comparten su pensamiento único y trasnochado. Los culpables son siempre otros, jamás ellos. Y esto nos debe preocupar especialmente ahora que son gobierno y no simple oposición.
La ministra García Naranjo debería exigirse lo que exige a otros: coherencia e integridad. Quienes la conocen deben haber quedado tan perplejas –como esta columnista– con su falta de solidaridad ante el dolor de las familias que perdieron a sus hijos o los ven hoy padecer las secuelas del envenenamiento. Ha sorprendido ingratamente su inmediata reacción para salvar su espacio, su puesto, su silla, su cargo, su ego. ¡Vaya usted a saber!
Luego de realizadas las pesquisas en el colegio de Cajamarca donde murieron tres niños tras ingerir alimentos del Pronaa, el Ministerio de Salud (MINSA) informó que no se halló ningún rastro de insecticida en los alimentos, como señaló en un inicio la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo.
Fumigación en el PRONAA
Manuel Acosta, Director de Salud de las Personas del MINSA, indicó que “todo hace pensar que la contaminación ha sido externa”, basándose en el informe preliminar remitido por los profesionales médicos que visitaron el caserío de Redondo, donde se ubica el centro educativo.
“Según nos han informado los epidemiólogos, no se encontró insecticida en el lugar donde se guardan los alimentos al interior de la escuela. Entonces la investigación correrá por el Ministerio Público, para saber cómo los alimentos terminan siendo contaminados con insecticidas si no se han encontrado en el lugar”, indicó el funcionario.
Este informe complicaría aún más la situación de la ministra García Naranjo y del jefe del PRONAA, abogado fonavista Dante Mendoza, quienes desde un inicio culparon a las madres de familia por una “negligencia” al momento de la preparación de la comida.
“La ministra será responsable de lo que está diciendo”, sentenció Acosta, al ser consultado por la versión de la titular de la Mujer, quien fuera refutada por las madres y cocineras del colegio, así como duramente cuestionada ayer en la Comisión Conjunta de Salud y Fiscalización en el Congreso, donde será interpelada.

Fuente: Diarios El Comercio y La República.

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