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Pueblos y comunidades nativas

Alfonso Graña, rey de los jíbaros

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Por Alvaro Otero- Diario El País.
Aventurero y audaz, Alfonso Graña fue uno de tantos gallegos que emigraron en busca de fortuna. Pero su historia es de cine. Empezó como cauchero en Iquitos (Perú), y cuando murió, en 1934, se había convertido en el rey Alfonso I y reinaba sobre 5,000 indios jíbaros del Amazonas
Partió analfabeto y aprendió a leer y a escribir en la selva, donde nadie leía y escribía. Las tribus jíbaras huambisa y aguaruna del alto Amazonas, conocidas por guerrear sin pausa y reducir las cabezas de sus enemigos, ejecutaban sus órdenes con respeto y cierta reverencia, pues aquel hombre blanco, inmune a las fiebres, al veneno de las tarántulas o a la furia de los rápidos, parecía a veces inmortal. Como el Kurtz de Conrad en El corazón de las tinieblas, también vivía río arriba, en compañía de los salvajes. He ahí, no obstante, la única coincidencia con el personaje literario. Graña fue un Kurtz bueno que falleció de muerte natural en algún remoto lugar de la jungla. Una desaparición recogida por grandes periódicos de la época y evocada, como antes lo había sido su vida, por escritores y científicos de una II República española que también pronto moriría.
En una casucha derruida de la parroquia orensana de Amiudal, perteneciente al Ayuntamiento de Avión, célebre por ser la patria chica de acaudalados emigrantes como el magnate de la prensa mexicana Mario Vázquez Raña, hay una lápida con la siguiente inscripción: “Casa natal de Alfonso Graña, rey de los jíbaros“.
Está por ahí arriba“, dice un anciano señalando las ruinas con su bastón. Y añade, mirándome con curiosidad: “De vez en cuando vienen algunos fanáticos a verla“. En su lugar natal no parece despertar demasiado entusiasmo la figura de Alfonso Graña, pero lo cierto es que comienza a cobrar caracteres de mito gracias a un puñado de entusiastas investigadores que desde hace unos pocos años se afanan en recabar información sobre uno de los personajes más fascinantes que haya dado la emigración gallega. Un hombre que, partiendo de una aldea misérrima de la Galicia del siglo XIX, llegó a dominar sobre miles de indios amazónicos y a ser respetado por quienes le conocieron o supieron de él.Maximino Fernández Sendín, ovetense de padres gallegos y apasionado biógrafo de Graña, afirma en su libro Alfonso I de la Amazonia. Rey de los jíbaros que “a finales del siglo XIX emigra a las Américas, recala en Belén de Pará y un tiempo después se traslada a Iquitos (Perú), donde está documentado que se encuentra en 1910 y trabaja en distintos oficios, incluido el de cauchero“.
En Iquitos, próspera ciudad amazónica gracias a la industria del caucho, reside Alfonso Graña durante una década y traba profunda amistad con otro personaje de novela: Cesáreo Mosquera. Originario de una parroquia cercana a Amiudal, Mosquera era un ferviente republicano que había hecho la guerra en Filipinas antes de asentarse en la capital del departamento peruano de Loreto, donde había formado una familia y fundado la célebre librería Amigos del País, verdadero centro de reunión de una colonia española que acudía allí para enterarse de las últimas novedades de la patria y leer con fruición las novedades del Ya o El Sol.
AlfonsoPero la prosperidad de Iquitos comienza a tambalearse con la caída de los precios del caucho natural en los mercados internacionales. Esta crisis se vuelve virulenta alrededor de 1920, y es entonces cuando Alfonso Graña se adentra río arriba en busca de nuevas oportunidades. Hay varias versiones sobre cómo acabó contactando con los jíbaros, pero muchas coinciden en que hubo un enfrentamiento con los indígenas durante el cual el hombre que le acompañaba murió y Graña se salvó de correr la misma suerte porque “se encaprichó con él la hija del jefe de la tribu“, según uno de los testimonios recogidos por Fernández Sendín.
A Graña, alto y delgado, la apostura le venía de familia, conocida en la remota aldea natal por el apodo de Los Chulos. Le gustaba -quizá herencia del padre, sastre- vestir elegantemente, y se tocaba con unas gafas redondas que le daban un aire intelectual. Esa imagen, al parecer, le libró de morir a manos de los feroces jíbaros, y su audacia e inteligencia le servirían para suceder a su suegro a la muerte de éste.
Lo cierto es que Graña desapareció en los confines de la selva sin que ni siquiera su gran amigo librero tuviera noticias de él, pero cuando vuelve a aparecer lo hace de forma espectacular. El periodista y escritor Víctor de la Serna, el primero que utilizó el sobrenombre de Alfonso I, Rey de la Amazonia, y quizá la persona que más contribuyó a ensalzar la figura de Graña en la España republicana, describió así el momento: “Al cabo de unos años se supo por unos indios jíbaros, de la tribu de los huambisas, que allá por la gigantesca grieta que el Amazonas abre en el Ande, hacia el Pongo de Manseriche, vivía y mandaba un hombre blanco. Graña era el rey de la Amazonia. Y entonces un día, hacia Iquitos, avanzó por el río una xangada con indios jíbaros, muchas mercancías (…) y Graña. Lo reconocieron sus amigos y, sobre todo, con doble alegría, Mosquera“.
Los indígenas lo adoraban y seguían a todas partes“, cuenta el editor y escritor Gonzalo Allegue, precursor en el redescubrimiento de este personaje. “En la ciudad les curaba las úlceras de las piernas, les cortaba el pelo, les invitaba a helados y los llevaba al cine. Por las tardes, los huambisas se vestían de frac y sombrero de copa de los masones de la colonia española y salían a pasear en el Ford 18 descapotable cedido por Cesáreo Mosquera“.
Más allá de estos divertimentos, Graña acudía a la ciudad para hacer negocios y después se iba. Aparecía una o dos veces al año con las balsas cargadas de carne curada, pescado salado, monos, venados, bueyes y tortugas, siempre rodeado de jíbaros que mostraban a las asombradas hijas de Mosquera las tzantzas o cabezas reducidas. Nadie sabía dónde vivía exactamente, pero se movía sobre todo en el entorno del Pongo de Manseriche, el terrible rápido a 10 jornadas enteras de canoa, río arriba, desde Iquitos.
Diez kilómetros de violentos remolinos, rocas, torrentes…“. Así describe Mario Vargas Llosa el Pongo en su novela La casa verde. Con el tiempo, la gente fue relacionando la ascendencia de Graña sobre los jíbaros, entre otras cosas, con su capacidad para atravesarlo sin siquiera amarrarse a las balsas, como un loco inmortal llegado de otro mundo. No es para menos, porque el Manseriche, donde las aguas del Marañón se encajonan en un angosto cañón rocoso de sólo 25 metros de ancho y acaban precipitándose sobre una piedra de 30 metros de altura, era y sigue siendo un infierno de remolinos que se traga decenas de hombres y barcos de gran porte.
Sólo los jíbaros más valientes se atrevían a navegar el Pongo…y Graña. Según cuenta Allegue en su libro Galegos: as mans de América, cruzaba la torrentera agarrado tan sólo a su pértiga y encomendándose a voz en grito al padre Rafel Ferrer, un sacerdote español que 100 años antes había muerto en el río y cuyo espíritu, según el gallego, le protegía. Graña, además, había enseñado a los indios a aumentar la producción de sal, indispensable para curar el pescado y la carne, y se empleó a fondo para reducir los conflictos entre aguarunas y huambisas utilizando sus dotes de persuasión y su capacidad de mando.
Su fama, con el transcurrir de los años, fue creciendo. Mosquera, que, a pesar de haber aprendido a leer ya mayor, tenía una irrefrenable pasión de cronista, le sentaba delante de él cada vez que llegaba, le instaba a contarle sus aventuras y, mientras tanto, reproducía su cháchara tecleando compulsivamente en su vieja máquina de escribir. Esas páginas, redactadas con fluidez y gracejo, cuajadas de faltas de ortografía y expresiones en gallego, representan hoy un testimonio clave para comprender la vida de Graña, su relación esporádica con la civilización y su posterior contacto con uno de los proyectos científicos más ambiciosos de la II República.
Acaba de llegar aquí nuestro paisano Alfonso Graña de su tribu del río Santiago y Marañón con indios huambisas trayendo una balsa con mucha metralla para vender aquí“, consigna en uno de esos escritos. “Animales y aves curados y ahumados, parece un necroterio (sic), que diría Darwin“. “Ya nos retratamos y todo con ellos“, añade en otro, “y hasta con la cachola de una mociña que han escamochado saben ellos por qué“. La autoridad de Alfonso Graña sobre ese vasto territorio selvático se consolida con el tiempo y llega incluso a oídos de los hombres más poderosos del planeta. “Cuando en 1926 la Standard Oil [la petrolera propiedad de los Rockefeller] quiso explotar los supuestos pozos petrolíferos del alto Amazonas“, relata Lois Pérez Leira, responsable de migración de la Confederación Intersindical Galega y otro precursor en las investigaciones sobre el personaje, “tuvo que pactar con Graña, y gracias a él pudo hacer los sondeos“. Sólo Graña podía evitar que las tribus atacasen a los expedicionarios, sólo él podía proveerlos de víveres y, lo que es más importante, sólo él conocía dónde brotaba el petróleo de la tierra con la misma naturalidad que el agua de una fuente.
Expedición científicaMientras tanto, Cesáreo Mosquera se entera por un artículo de Víctor de la Serna de que el famoso aviador republicano Francisco Iglesias Brage lidera en España una denominada Expedición Iglesias al Amazonas, con el apoyo del Gobierno y de intelectuales de la época como Gregorio Marañón o Ramón Menéndez Pidal. Sin pensárselo dos veces, y aún incrédulo, Mosquera le escribe a Brage: “Supongo que es una broma [la noticia], pero si no lo es, aquí estamos Graña y yo“.
El aviador, famoso por hazañas como su vuelo sin escalas de Sevilla a Salvador de Bahía en 1929, le contesta de inmediato y a partir de ese momento el librero y su amigo Graña se convierten en entusiastas colaboradores del proyecto. Mosquera escribe decenas de cartas a Brage con datos preciosos para los preparativos de la expedición, “entrevista” compulsivamente a Graña cuando éste se acerca a Iquitos sobre todo de tipo de aspectos relacionados con la vida en la selva -costumbres de los indios, distancias, fauna, formas de las embarcaciones- e incluso inquiere a los jíbaros -con la ayuda de un sospechoso ahijado de Graña, de gran parecido con éste, que hacía de traductor- sobre la técnica para reducir cabezas o los efectos de la ayahuasca, la planta “que no se toma para curar, sino por soñar“.
Víctor de la Serna comienza a hacerse eco del poder de Graña en los periódicos y revistas de la época, mientras la Expedición Iglesias al Amazonas alcanza velocidad de crucero. El 16 de junio de 1932, las Cortes elaboran una ley para darle el definitivo impulso y se inicia la construcción del Ártabro, un buque especialmente diseñado a tal efecto que contenía desde un laboratorio hasta pequeños aviones de alas plegables con los que realizar las exploraciones.
Mientras tanto, Mosquera, que seguía al dedillo la evolución del proyecto, no sólo se limita a enviar datos por escrito, sino que le hace llegar a Iglesias Brage todo tipo de material traído por Graña: botellitas con agua del río, con petróleo, monos ahumados, paujiles, paiches, capullos de crisálida y decenas de fotografías realizadas por el gallego selva adentro. Víctor de la Serna divulga sin descanso los trabajos. El filósofo Ortega y Gasset se suma al patronato de la expedición y es entonces cuando, de nuevo en el Amazonas, un suceso acaba por asentar definitivamente el reinado de Alfonso Graña.
Todo comienza cuando en 1933 un avión de combate de las Fuerzas Aéreas peruanas que participaba en la guerra entre Perú y Colombia se estrella en plena selva. Fallece el piloto, y el mecánico queda malherido. Los indios, comandados por Graña, localizan los restos del aparato y salvan la vida del herido cuidando de él toda la noche.
Fue entonces cuando Graña toma una decisión con la que alcanzaría una fama imperecedera. Embalsama el cadáver con la ayuda de los indígenas, ordena recoger los restos del hidroavión y los embarca junto al ataúd en una balsa. En otra, monta un segundo avión de la misma cuadrilla que había sufrido desperfectos tras el amerizaje de emergencia, aunque sin víctimas. Y con esa frágil flota se dispone a hacer lo que parecía imposible: cruzar el Pongo de Manseriche.
Con ayuda o no de su espíritu protector, lo cierto es que logra su objetivo, y más de una semana después llega a Iquitos, donde le recibe una multitud impresionada ante la valentía de ese hombre que se había jugado la vida para entregar el cadáver a la familia del piloto. Una familia de gran alcurnia que, agradecida, contribuyó sin duda a que poco después el Gobierno peruano reconociese oficialmente la soberanía de Alfonso Graña sobre el territorio jíbaro y la explotación de sus salinas. Alfonso I, Rey de la Amazonia había dejado de ser el apodo acuñado por Víctor de la Serna para convertirse en una realidad. Aquel piloto se llamaba Alfredo Rodríguez Ballón, y el aeropuerto de la ciudad peruana de Arequipa lleva hoy su nombre.
Alfonso Graña no pudo disfrutar mucho de su gloria. El misterio de la causa y el momento de su muerte se mantendría hasta que Maximino Fernández localizó una carta firmada por Luis Mairata, un español residente en Iquitos, y enviada al capitán Iglesias Brage en diciembre de 1934: “Le supongo enterado de que el pobre Graña murió el mes pasado”, dice, “cuando se dirigía a su fundo del Marañón. El pobre padecía cáncer de estómago y no tuvo remedio”.
Murió en plena selva, y nunca se localizó su cadáver. Su gran amigo Cesáreo Mosquera se había marchado el mes de junio de ese mismo año a España, con intención de quedarse. De la Serna le dedicó en enero de 1935, en el periódico Ya, un inspirado obituario: “Detrás de su alma en tránsito”, escribió; “detrás de su alma simple, como la de una criatura elemental, la selva se habrá cerrado en uno de esos estremecimientos indecibles del cosmos vegetal”. Poco después, la Guerra Civil se llevó por delante, entre tantos sueños, el de la Expedición Iglesias al Amazonas. Y casi se lleva también a Mosquera, que, republicano confeso, huyó a Portugal, y de ahí, de nuevo, a Brasil. Nunca regresaría a España. Murió en Iquitos en 1955. Hoy, su librería sigue ahí, aunque con el nombre cambiado. Se llama Tamara.
GrañaA diez días del paraíso
Alto, huesudo y de semblante distraído, así lucía Alfonso Graña Cortizo el día en que dejó su natal Galicia, allá por 1910, con la esperanza de convertirse en un próspero empresario del caucho. Años después, llegaría a Europa la noticia de un hombre blanco que vivía en el Pongo de Manseriche, a diez días de Iquitos, rodeado por indígenas reductores de cabezas. Ese hombre se llamaba Alfonso I de la Amazonía, Rey de los jíbaros.
A diez días del paraíso, obra publicada por el periodista español Javier Juárez bajo el sello editorial de Tierra Nueva, narra la historia de Alfonso Graña, el primer hombre blanco que lideró a los jíbaros. Al llegar a Iquitos a finales de 1910, Graña descubre que el negocio del caucho toca a su fin, debido a que Inglaterra prefiere el oro verde de las colonias del sudeste asiático. El gallego ensaya entonces otras fórmulas para sobrevivir, como la venta de madera o de comida. El fracaso de estos negocios lo lleva a contactar con los jíbaros y comerciar con ellos de manera permanente. “Graña conocía todas esas teorías que adornaban la imagen belicosa y cruel atribuida a los jíbaros”, dice Juárez. Esto no desanimó a Graña, quien logra ganarse el respeto de los nativos proveyéndoles de todo tipo de artículos y novedades del Viejo Mundo.
Fuente: Revista CARETAS.

Levantamiento de inmunidad

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Nayap
La Corte Suprema de Justicia solicitó al Congreso el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del nacionalista Eduardo Nayap a fin de que pueda ser procesado por el presunto delito de falsedad ideológica y contra el derecho de sufragio.
El pedido fue tramitado luego de que se aprobara, por unanimidad, el informe de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad que declaró procedente el requerimiento de la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Utcubamba (Amazonas) para que Nayap responda por los delitos contra el Estado y contra su excolega José Maslucán.
Fuente: Diario Perú21.
Villarán no es Humala
Por Alfonso Baella
Heráclito decía “uno no se puede bañar dos veces en el río con la misma agua”. En la misma línea del pensador griego podemos afirmar que no hay dos campañas políticas iguales. Cada una tiene su característica, su momento, su proceso y por cierto, su candidato. Extrapolar una estrategia exitosa o intentar aplicar lo que funcionó con un candidato, en otro candidato, es riesgoso.
La campaña presidencial pasada evidenció que para ganar una elección no sólo se requiere dinero sino, y sobre todo, ideas políticas y disciplina en la ejecución de una estrategia.
Escuché el relato de Vladimir Garreta, socio de Luis Favre, sobre la campaña que dirigió su agencia y que ayudó a ganar a Ollanta Humala en el 2011. Señaló como las claves del éxito la humildad y la disciplina del candidato. Humildad, porque Humala entendió que tenía que cambiar para ganar; cosa que hizo. Y disciplina, porque como militar cumplió las órdenes sin dudas ni murmuraciones. El resultado, está en Palacio.
Era obvio que ante tan espectacular resultado Garreta-Favre seguirían por aquí un buen tiempo. Sin embargo el mito sobre la infalibilidad que a veces se crea en torno a quienes están alrededor de una campaña política exitosa puede llevar a imaginar que son los asesores quienes hacen ganar a los candidatos y no estos últimos los que son votados por los electores.
Pero nuestra coyuntura revocadora marca un escenario bien distinto. 1. No es una elección, y por lo tanto no hay oponentes. Por eso, la dicotomía planteada de buenos contra malos, a estas alturas, es evidente que sólo empeoró las cosas para el NO. 2. La humildad no está en el ADN de Villarán. La palabra perdón, error, equivocación o disculpa no está en el vocabulario ni en sus gestos. 3. La disciplina sin una idea clara es como un auto sin combustible El NO ha sido incapaz de fijar una idea clara, un derrotero creíble y menos levantar algún sentimiento popular.
Por último, la aparición de paneles, de la fastuosidad que hemos visto, con un mensaje tan pero tan elaborado, sólo hace pensar que – en el mejor de los casos – servirán para que el segmento A no se termine de alejar del No. Es curioso que las piezas publicitarias para que no se revoque a la alcaldesa no tengan ni su foto ni su nombre. ¿Será tan negativa su imagen?. Muchos han visto esa publicidad como una afrenta que podría estar sirviendo para cristalizar el voto del C, D y E a favor del Sí.
Sin embargo lo mejor parece estar por venir. La alcaldesa ha revelado que ya llegan los spots y la campaña por televisión del No. En fin, a estas alturas está claro que Villarán no es Humala y que Garreta-Favre no son magos ni hacen milagros; y que Susana no tiene una Nadine.

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William Luna y Claudia Dammert

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William Luna

El cantante William Luna cuestionó las expresiones racistas de la actriz Claudia Dammert sobre las personas que están a favor de la revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y le pidió a esta última que renuncie a su cargo para evitarle un gasto a la ciudad.
“Lamentable, apareció Claudia Dammert como defensora de lo que hoy es indefendible, la Sra. Susana Villarán, a quien respeto, pienso, debe renunciar”, escribió el artista en su cuenta de Twitter.
“Si (Villarán) renuncia 1-evitaría un gasto a la comunidad con las votaciones, 2-demostraría su capacidad de saber perder ante las consecuencias”, agregó.
La posición del intérprete del tema Mi linda wawita llama la atención porque fue uno de los integrantes de Rostros y voces por el No, colectivo que busca que la burgomaestre capitalina permanezca en su cargo. Incluso, estuvo presente en la presentación de la iniciativa en el hotel Bolívar.

Claudia Dammert“Yo apoyé al NO por 2 razones: primero, porque pensé que Lima no debería parar, sin embargo, estaba estancada; y dos, porque los oponentes son también un retraso”, agregó.
Las declaraciones del cantante desataron la polémica en las redes sociales, donde algunos usuarios respaldaban su decisión, mientras que otros la criticaban.
“Me insultan tan solo por decir lo que pienso ¿Acaso no podemos opinar todos en este país? ¡Es una muestra que vivimos en un país lleno de ira e hipocresía!”, escribió.
Fuente: Diario Perú21.

Secuestrados en Supayacu

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Supayacu

El comandante de la Policía Nacional del Perú, Marco Martínez Carrión, comisario sectorial de la provincia cajamarquina de San Ignacio informó que los ingenieros geólogos del Instituto Geológico Minero Metalúrgico, identificados como Víctor Hugo Pérez Tarrillo, César de la Cruz Pómac y Chrystian Alejandro Pajares Terrones continúan secuestrados en la comunidad de Supayacu, distrito de Huarango.
De igual manera, los nativos Jerman Jempek Chiguán, Román Jempek Pecsa, Zenobio Cuyo Jempek, Teliman Jelimpic Tapic y Colman Jelimcic Tapic.
Los moradores de la comunidad supayaquina están solicitando que no se realice la actividad minera en su territorio agregando que no quieren presencia de las autoridades ni de la policía.
Como se recuerda, las ocho personas fueron secuestradas por los pobladores quienes rechazan su presencia en dicha zona.

Jesús SuárezEntrevista al arquitecto Jesús Suárez del INGEMMET
Por Luigi Faura- Diario El Comercio
Jesús Suárez fue designado por el INGEMMET para negociar la liberación de los tres geólogos de esa institución, secuestrados el domingo pasado por miembros de la comunidad awajún de Supayacu, en la selva de Cajamarca.
Aquí habla del peligroso escenario que encontró, de la rara actitud de las autoridades que lo acompañaron y de cómo, finalmente, consiguió liberar a los geólogos tras cuatro días de encierro.
¿Qué escenario encontró al llegar a Supayacu?
Llegamos al mediodía del miércoles y los nativos nos esperaban con los rostros pintados y lanzas en la mano, en señal de guerra.
Ud. llegó con una comitiva de autoridades de la provincia cajamarquina de San Ignacio.
Sí, con 12 personas: el alcalde provincial, varios gobernadores, representantes de la Defensoría del Pueblo, la fiscalía, representantes de la Mesa de Concertación, de la Iglesia Católica y tres awajún que habían viajado a San Ignacio.
Los awajún acusaban a los geólogos de trabajar para una empresa minera y de haber ingresado sin permiso a su comunidad.
No solo los awajún, casi toda la comitiva con la que viajé pensaba lo mismo. La primera acusación la rebatí con abundante documentación que demostraba que trabajan para el INGEMMET. El segundo punto fue más difícil porque en ningún momento me permitieron ver a los secuestrados, así que no sabía cómo habían llegado hasta Supayacu. Luego comprobé que sí habían pedido permiso.
¿Qué hacían los geólogos del INGEMMET en esa zona?
Estudios para cerrar el Mapa Nacional de Geoambiente, el cual permitirá visualizar la situación de las microcuencas de todo el país.
¿Cómo fueron las negociaciones?
El clima era hostil. Además, el diálogo fue con traductor, así que no pudo ser ágil. La asamblea duró seis horas y se inició con un mensaje nuestro: ellos debían liberar a los geólogos y yo me comprometía a gestionarles una reunión con el Ejecutivo para que le planteen sus problemas y se inicie un proceso para solucionarlos.
¿Cómo tomaron su propuesta?
En principio no la aceptaron. Pero, déjeme decirle, yo encontré ahí temas que me molestan mucho: complicidad de las autoridades, una Defensoría del Pueblo que considera que el pueblo solo son los nativos. Nunca se preocuparon por los geólogos.
¿Una visión muy paternalista?
Paternalista y muy peligrosa. Incluso, y esto me pareció francamente grosero, los representantes de la defensoría (Roly Bazán y Brenda Adrianzén) me dijeron que la única forma de resolver el problema era pagando 100 mil soles por cada geólogo.
¿La Defensoría del Pueblo le planteó pagar un rescate?
Me dijeron que el acuerdo ya estaba tomado y que tenía que pagar; si no, no los liberaban.
Pero eso es secuestro con ánimo de lucro. Con cómplices, además.
Claro, es el accionar de una banda. Además, ninguna de las autoridades que me acompañaron les dijo a los awajún que eso estaba mal, que no podían secuestrar y pedir rescate porque era delito. Y la defensoría me insistía: tiene que pagar; si no, no los sueltan.
Párroco perverso
¿Cómo resolvieron ese punto?
Les dije a los awajún que gestionaría la posibilidad de que el Estado haga obras en su comunidad por un equivalente a 300 mil soles o más. Pero Demóstenes Silva, el párroco de San José de Lourdes (comunidad vecina a Supayacu), insistía en que entregase la plata ese mismo día, para que se la repartan.
¿El representante de la Iglesia y los de la defensoría complicaron las negociaciones?
La defensoría y el párroco tuvieron una actitud realmente perversa. Hay allí un nivel de actores extracomunidad que piden cosas que la comunidad no ha solicitado, y se arrogan ser sus intérpretes. Pero finalmente la gran masa awajún los desautorizó y se logró sacar a los geólogos.
¿Cómo así?
¿Sabes cómo? Una mujer awajún que escuchaba la asamblea se levantó, después de seis horas de conversaciones, y empezó a hablar con una fortaleza impresionante. El traductor no quería traducir por miedo, pero le exigí que lo haga. La mujer acababa de decir que esta experiencia debía servir para que yo les transmita a las autoridades de Lima los problemas que tienen en su comunidad. Así de simple y claro. Por eso les he gestionado una reunión en la PCM el próximo 13 de noviembre. Así se logró la liberación.
CIDHCIDH
Organismo internacional debatirá los cambios que plantean las comunidades nativas. Audiencia de este caso se realizará el próximo 1 de noviembre en Washington.
Por Sandra Alvarado S.
Este primero de noviembre, en representación de las comunidades nativas y la sociedad civil, el abogado Javier La Rosa, del Instituto de Defensa Legal (IDL), se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar cambios en el proceso de implementación de la Ley de Consulta Previa emprendido por el Estado.
“Solicitamos una audiencia para llamar la atención sobre estas inconsistencias que se estarían produciendo por parte del Estado en la implementación del derecho a la consulta previa”, anotó.
Desde su punto de vista, hay incoherencias y algunas omisiones, pues no se están dando todos los instrumentos, expresó La Rosa en diálogo con Gestión.
Explicó que estas carencias estarían originando que los usuarios de estos derechos, que son las organizaciones indígenas, se aparten de este proceso.
Para el abogado el Estado ha actuado de una manera “sinuosa”, pues no ha implementado una serie de instrumentos para poder aplicar la Ley de Consulta Previa .
“No basta la ley y el reglamento. A pesar de que se establecía que se arme una base de datos sobre a quién se le aplica, es decir quién es pueblo indígena en el Perú. También se establecía en la ley que tenía que publicarse una guía metodológica, pero hasta ahora no se ha hecho eso.
La Rosa indicó que se intenta llamar la atención del Estado y la idea es que se establezca ante la comisión un compromiso por parte del Ejecutivo para llevar bien el proceso de la consulta previa.
“En principio, hay la mejor disposición de conversar con los representantes del Ejecutivo, que también va a ir (y a presentar la posición del Estado)”.
La audiencia se da a pocas semanas de que se anunciara la realización de la primera consulta previa en Loreto a inicios del 2013, en la zona donde se explotará el lote 192 (ex 1AB).
Iván LanegraLote 192
Viceministro Iván Lanegra indicó que aún no se establece número de pueblos que participará en el proceso para dar luz verde a explotación de petróleo en Loreto.
Por Sandra Alvarado S.- Diario Gestión
Todavía se desconoce cuál será el número exacto de comunidades que tendrán que ser consultadas a inicios del próximo año para llevar adelante la exploración del lote petrolero 192 (ex 1AB), en la región Loreto, manifestó el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra.
Si bien los representantes de las comunidades señalan que serían unas 17, Lanegra indicó a Gestión que está pendiente establecer el número. “Es un tema que tenemos que conversar con las comunidades. Eso es parte del plan de consulta, el identificar las comunidades objeto del proceso. Hemos quedado con ellas en que no se cerrará el tema hasta conversar con ellas. Una vez que tengamos toda la información reunida ya se tomará un acuerdo”, acotó.
Definición
El viceministro de Interculturalidad también se refirió al pedido hecho, a inicios de octubre, por organizaciones indígenas que serían las afectadas por dicha actividad extractiva. Dichos grupos piden una indemnización por daños y la compensación por el uso de tierras, tras cuarenta años de actividad petrolera en la zona, así como la remediación de todos los pasivos ambientales.
“En general, me parece que hay buenas posibilidades de ver cómo incorporar compromisos. Lo mejor es conversar directamente con ellas para que todo esté muy claro sobre los posibles compromisos”.
Agregó que el tema será tratado por la Comisión Multisectorial a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Estimó que en las semanas que vienen la comisión será convocada por la PCM.
Proceso
Se estima que a fines de octubre Perupetro convocará al Proceso de Selección para la adjudicación del Contrato de Licencia para la explotación de hidrocarburos en el lote 1AB. El actual contrato de explotación está por vencer en el 2015.
Producción
El lote 1AB tiene una producción de 17,500 barriles diarios de petróleo, que representan el 11.74 % de la producción total del país, y reservas probadas de 72.5 millones de barriles.
Lote 67
Se realizarán 185 pozos de producción en tres yacimientos ubicados en el referido lote. Una vez en producción, se proyecta un volumen de 60,000 barriles diarios a partir del 2017. 52.60 % es la participación de la empresa PetroVietnam en el lote 67, anunciada en el primer semestre del año. 300 millones de barriles es la cantidad de reservas que Perenco estima en sus yacimientos del lote 67.
Por Wilfredo Huanachín Osorio- Diario Gestión
La compañía francesa Perenco estimó en US$1,590 millones el presupuesto para poner en marcha su programa de desarrollo en el lote 67 (Loreto), informó la agencia de noticias BNamericas.
La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA) de los trabajos propuestos.
El programa contempla 185 pozos de producción en los campos Dorado (34 pozos), Paiche (78 pozos) y Piraña (73 pozos).
En Dorado, Paiche y Piraña colocarán seis, ocho y siete plataformas, respectivamente, para la realización de pozos de producción.
También comprende 15 pozos de inyección en plataformas cercanas a estaciones de procesamiento central. Los trabajos de perforación demandarán inversiones de US$715 millones y US$871 millones se invertirán para infraestructura de superficie.
Este año Perenco y la petrolera estatal Petroperú suscribieron un memorando de entendimiento conforme al cual esta última transportará la producción de crudo del bloque 67 de Perenco, concesión en la que se proyecta un volumen de crudo de 7,000 barriles diarios (b/d) en el período 2013-2017, que aumentará a 20,000 b/d desde el 2017 y posteriormente escalar a 60,000 b/d.
El lote 67 abarca 101,931 hectáreas en la cuenca Marañón, en Loreto. Perenco también tiene una participación en el bloque 121.
Retos del sector
De otro lado, un informe del Scotiabank precisa que los proyectos en el sector hidrocarburos enfrentan algunos retos para los próximos años. De esta manera, precisa que, para desarrollar proyectos de la industria petroquímica y el gasoducto andino del sur, es necesario certificar las reservas en los lotes 57 y 58, operados por Repsol y Petrobras, respectivamente. Según fuentes del mercado, el proceso de certificación de estas reservas podría demorar alrededor de un año.
Acción estatal
Respecto a la participación del Estado en el sector hidrocarburos, Scotiabank refiere que aún no hay claridad sobre el rol que ejercerá Petroperú. De acuerdo con Perupetro, la empresa participaría en los 36 lotes próximos a licitarse. Sin embargo, no queda claro cuál será el esquema de participación. Tampoco está definida la presencia de Petroperú en el gasoducto andino del sur y en la petroquímica.
Fuente: Radio Programas del Perú y Diario Gestión.

Directorio de Comunidades Nativas 2012

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Directorio
Solo se puede hacer respetar lo que se conoce. Sobre esta premisa reposa la labor del SICNA, Sistema de Información sobre Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana (SICNA), que desde su creación en 1996 ha logrado recopilar información catastral y social sobre el 85% de las comunidades nativas de la Amazonía peruana.
El trabajo de vanguardia que desarrolla el SICNA en el marco institucional del Instituto del Bien Común (IBC) viene a llenar un sentido vacío en la cartografía nacional y en las mentes de amplios sectores de la ciudadanía peruana, al colocar en la carta nacional a las comunidades nativas del Perú, que hasta entonces habían sido prácticamente invisibles.
Así, la herramienta del SICNA hace un significativo aporte al desarrollo sustentable y armónico de la Amazonía peruana: por un lado contribuye a visibilizar y afianzar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y, por el otro, avanzen el ordenamiento territorial de la Amazonía peruana, que es una condición indispensable para el desarrollo sostenible de la región.
Dado que existe todavía un vacío a nivel del Estado en cuanto a información sistematizada sobre las comunidades del Perú, y que estamos en la víspera de la aplicación de la Ley de Consulta Previa e Informada, el Directorio de Comunidades Nativas 2012 cobra gran relevancia, contribuyendo en forma directa a la toma de decisiones sobre la base de información precisa y fidedigna.
El Directorio contiene información detallada sobre la inscripción oficial y titulación de Comunidades Nativas registrada entre febrero de 1975 y abril 2012. Los datos presentados indican que a abril 2012 se ha inscrito 1,807 Comunidades en el Registro Oficial, distribuidas en los departamentos de Loreto, Ucayali, Amazonas, Junín, Pasco, Cusco, San Martín, Madre de Dios, Huánuco, Cajamarca y Ayacucho.
Los datos están organizados de acuerdo a la situación legal de las comunidades nativas en la Amazonía. Así, en primer lugar figuran las comunidades nativas inscritas y tituladas legalmente, seguidas por las comunidades nativas que se encuentran inscritas y cuyo proceso de titulación está en curso, y por último, aparecen las comunidades nativas que se hallan pendientes de inscripción y titulación.
A su vez, la información de las comunidades nativas inscritas y tituladas oficialmente ha sido ordenada por departamento, provincia y distrito, con criterio alfabético. Para cada comunidad se indica el nombre, tal como aparece en el título de propiedad, el grupo etnolingüístico de pertenencia, la resolución de inscripción y la fecha de la misma, así como el número del título de propiedad y el número y fecha de la resolución de titulación. Respecto a la extensión superficial, se consigna información sobre el área titulada, el área cedida en uso, el área fiscal, el área de protección y el área reservada. La suma total de estas cifras corresponde con el área consignada en la Resolución que aprueba el plano del territorio de la comunidad.
Las fuentes fundamentales utilizadas para elaborar el Directorio de Comunidades Nativas 2012 son los documentos contenidos en los expedientes oficiales de inscripción y de titulación de tierras de los organismos estatales (Ministerio de Agricultura, PETT, Direcciones Regionales Agrarias), que el SICNA ha venido recopilando por más de una década. En los casos de las Comunidades para las que no ha sido posible obtener la referida información, por motivo de pérdida u otros, se ha utilizado los datos contenidos en el Directorio de Comunidades Nativas del Perú 1999, elaborado por el PETT. Adicionalmente, SICNA viene trabajando conjuntamente con AIDESEP en la actualización de la información sobre las demandas territoriales de los pueblos indígenas, datos que han sido incluidos en este documento.
Esperamos que esta entrega sea de utilidad en el objetivo de completar los procesos aún pendientes de titulación de comunidades nativas, impulsadas en las iniciativas para la gestión de los territorios de los pueblos indígenas por sus propios habitantes y en la aplicación de la ley de Consulta Previa. Asimismo, confiamos en que este trabajo aporte a la creación de un catastro oficial de comunidades nativas y al ordenamiento territorial de la Amazonía peruana en un marco de respeto a los derechos indígenas.
Esta publicación del Instituto del Bien Común ha sido posible gracias al apoyo financiero de la Fundación Avina.

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Consulta previa

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Consulta previa
El primer proceso de consulta previa relacionado con la exploración del lote petrolero 1AB, en la región Loreto, se iniciará en marzo próximo, con lo que el Perú ingresará en una etapa de desarrollo de actividades productivas con elementos de sostenibilidad.
La medida, que responde a la política ambiental del Gobierno y que además considera el componente social para la toma de decisiones, fue confirmada por el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, durante su presentación en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que preside el parlamentario Víctor Grandez.
Balance
Al realizar un balance del proceso de implementación de la Ley de Consulta Previa en el país, Lanegra informó que en este mecanismo participa una Comisión Multisectorial compuesta por 18 viceministerios y ocho organizaciones indígenas.
Explicó que con este trabajo se lograron 119 acuerdos de consenso con la participación de representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Defensoría del Pueblo, Coordinadora de Derechos Humanos y la Red Muqui.
Diálogo intercultural
Lanegra precisó que el proceso de consulta previa es un mecanismo complejo que requiere de una fase de preparación que permita identificar las medidas a ser consultadas, especialmente en materias relacionadas con las industrias extractivas y la protección de manejo de recursos naturales.
Dijo, además, que el derecho a la consulta debe ser un instrumento articulador con miras a favorecer el diálogo intercultural.
Guía y capacitación
El viceministro Iván Lanegra informó que su despacho elaboró una guía metodológica sobre derecho de consulta con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que será actualizado permanentemente.
Asimismo, se desarrolla una base de datos oficial de pueblos indígenas, con el propósito de corregir la falta de información que existe sobre estas comunidades.
En otro momento de su exposición, el viceministro manifestó que en el marco de la puesta en marcha de este proceso se organizó el primer curso de capacitación que contará con la participación de 30 intérpretes en seis lenguas indígenas. “Hasta fin de año se espera concluir con la capacitación y el registro de intérpretes en 17 lenguas”, señaló.
Fuente: Diario El Peruano.
Base de Datos de los Pueblos Indígenas
Por Rocío Barja Marquina- Diario Gestión
Viceministro de Interculturalidad estimó que la Guía Metodológica para la consulta previa estará lista a finales de octubre, mientras que la Base de Datos de los Pueblos Indígenas antes de la primera semana de diciembre.
Plazo razonable
De acuerdo con los estimados del Viceministerio de Interculturalidad a finales de octubre el Ministerio de Energía y Minas (MEM) habrá definido los procedimientos administrativos en los que será aplicable el proceso de consulta previa, así como el órgano de línea competente que lo realizará y el momento en que deberá realizarse.
Al respecto, el titular de dicho viceministerio, Iván Lanegra, precisó que en julio, el MEM aprobó que tanto para el sector eléctrico como para el transporte de hidrocarburos por ductos, la consulta será antes del otorgamiento de la concesión.
“Eso significa que nos faltan las precisiones para el sector minero y esas las tendremos en los próximos días”, dijo.
De otro lado, anotó que los sectores Ambiente, Agricultura y Transporte también trabajan en dichas identificaciones, pero sus avances son más lentos. “Hay aspectos coyunturales que se deben tomar en cuenta”, mencionó.
Herramientas
Según el viceministro Lanegra, la meta del Gobierno es que antes que se cumpla un año de vigencia de la Ley de Consulta Previa (abril 2013) se tengan todas sus herramientas funcionando.
Vale precisar que a la fecha, la citada norma no cuenta con su Guía Metodológica sobre Derecho a la Consulta ni la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas, herramientas sin las cuales es una ley muerta, pues no puede aplicarse. “En el caso de la guía prevemos tenerla concluida a finales de octubre, mientras que en el caso de la base de datos la fecha límite es antes de la primera semana de diciembre”, finalizó.
Líderes
Este año se tendrán 380 líderes y lideresas indígenas de 14 pueblos originarios capacitados en sus derechos. Durante el 2013, la meta es llegar a capacitar a 650 líderes de 32 pueblos.
Intérpretes
A la fecha se han capacitado a 30 intérpretes en seis lenguas nativas. El segundo proceso arranca este mes y se espera cerrar el año con 60 intérpretes para 17 lenguas.
Indígenas no se sienten incluidos en consulta
Respecto al proceso de implementación de la Ley de Consulta Previa, el congresista de Gana Perú, Eduardo Nayap, señaló que los indígenas no se sienten representados ni mucho menos incluidos en dicha normativa, tal como está ahora.
“Para nosotros (los indígenas) un buen viceministro de Interculturalidad no debe pensar por los indígenas sino que debe traer a un indígena para que piense por su grupo”, sostuvo enérgicamente.
En ese sentido, añadió que al Ministerio de Cultura, que se supone representa a los indígenas, le está quedando muy grande el encargo.
Hidrocarburos
Están bajo el estado de “fuerza mayor”, y no solo por los conflictos sociales, sino también por los problemas de burocracia para aprobar estudios de impacto ambiental y permisos del Instituto Nacional de Cultura.
Cinco años han transcurrido desde la fecha en que fueron paralizados los trabajos de exploración en el lote 115, entregado en concesión a Pluspetrol E&P. En todo ese tiempo, no se ha podido levantar la oposición al proyecto de la comunidad nativa Achuar, que habita la cuenca del Marañón, en el departamento de Loreto, donde se encuentra el pozo en el que se piensa que existen hidrocarburos.
La empresa, que trabaja en sociedad con Korea National Oil Corporation, asumió la responsabilidad de confirmar o descartar la presunción en diciembre del 2005, cuando suscribió un contrato con Perupetro. Alegándose que el contrato se encuentra bajo el estado de “fuerza mayor”, todo está detenido.
Según fuentes empresariales consultadas por Gestión, eso ocurre con un total de 26 proyectos de exploración (incluido el de Pluspetrol) y dos de explotación, todos del sector de hidrocarburos.
Un aspecto importante es que no todos están paralizados por oposición de comunidades nativas, de organizaciones sociales de otro tipo o por falta de seguridad, como ocurre en el VRAE. Existe un grupo que no puede ser ejecutado por las trabas burocráticas para aprobar, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, o para conseguir los permisos del Instituto Nacional de Cultura.
Si bien el de Pluspetrol es el caso más grave, con 1,865 días bajo el estado de “fuerza mayor”, existen otros cinco que también superan los mil días, es decir, casi tres años.
¿Se van?
El viceministro de Energía, Luis Ortigas, explicó que “cuando las empresas, por alguna razón, se demoran en conseguir permisos y los plazos se les vencen, aplican una de las cláusulas del contrato, que es la fuerza mayor”.
No obstante, descartó que las compañías involucradas en esta situación vayan a tomar la decisión de dejar el país.
“Hay empresas que a veces analizan, ven los estudios y de repente se dan cuenta de que el lote que han escogido a veces no es muy prometedor como en un principio ellos pensaron. Ahí toman decisiones para después. Entonces, no es que esas empresas se retiran del proyecto y se van, sino que después certifican en otros lotes”, explicó en una entrevista telefónica a Gestión.
Defensa
Sin embargo, los empresarios se manifestaron preocupados, porque sienten poca efectividad en la lucha contra el terrorismo que está operando en el VRAE, lentitud en la relación que debe establecer el Estado con las comunidades campesinas y nativas, y poca acción de los gremios empresariales.
Incluso, un grupo de altos ejecutivos de empresas extranjeras dijo a nuestro diario que perciben que “hay gremios empresariales que han dejado de reclamar por sus asociados”.
Expresaron que al país le haría muy bien que el Gobierno reciba críticas y opiniones respecto a lo que está haciendo, para que de esa manera se percate de cuáles son los errores que están impidiendo el fomento de las inversiones en el país, e impedir que más obras y proyectos se mantengan paralizados.
Anuncio
La petrolera Karoon Gas Australia anunció que a inicios del 2013 reabrirá su data room (muestreo de cifras) para exploraciones en Perú y actualizará su estimado de reservas para sus activos en Sudamérica.
Un analista de Citigroup apuntó “que probablemente se doblen las reservas libres de riesgo entre Brasil y Perú”.
De otro lado, Reuters informó que la petrolera estadounidense ConocoPhillips puso fin a la exploración de dos lotes en Perú, como parte de su plan de reducir sus activos no esenciales en el extranjero.
Maurel et Prom está en fuerza mayor desde el 23 de noviembre del 2011, dado que la aprobación para iniciar la actividad de perforación depende de la consulta previa en Domingusa.

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Miguel Arcángel Piovesán

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Purús

Jesucristo dijo yo soy el camino. Yo soy la carretera“, señala el párroco Miguel Arcángel Piovesán en la única radio que existe en la provincia de Purús.
Por Beatriz Jiménez- Diario La República.
¿Qué quiere la población inteligente de Purús?”, arenga el diácono José Manuel Ortiz, de la misión de Purús. “¡Carretera…!”, le responden decenas de colonos congregados en el aeropuerto de Puerto Esperanza, capital de la provincia Ucayalina de Purús. Con un bombo a cuestas, el diácono calienta con su ritmo el ambiente, mientras la masa espera que aterrice el vuelo del que desembarcará al promotor del supuesto sueño: el congresista fujimorista Carlos Tubino.
Separados por un pequeño cordón policial, indígenas de la Federación de Comunidades Nativas del Alto Purús (FECONAPU) también hacen bulla: “No a la carretera. Queremos más vuelos de acción cívica”.
El proyecto de ley 1035-2011/CR declara “de necesidad pública y prioritario interés nacional” una conexión terrestre entre Puerto Esperanza, capital de la provincia de Purús (Ucayali) e Iñapari, en la provincia de Tahuamanu (Madre de Dios).
La población de Puerto Esperanza, 20% del total de habitantes de esta gigante y aislada provincia, quiere una carretera para salir de lo que consideran “la prisión de Purús”.
Capitaneados por el párroco Miguel Piovesán y el alcalde Lerner Panduro, que apoyan la carretera, el millar de habitantes de Puerto Esperanza están dispuestos a todo para salir de lo que consideran su encierro. Su empeño es tal que a golpe de machete han iniciado una trocha que, según verificó el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SERNANP) el 31 de agosto, cuenta con 10 kilómetros y se adentra en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Alto Purús.
“La trocha es una desesperación –justifica a La República el congresista Tubino tras realizar una audiencia pública en Puerto Esperanza–. El gran dilema es hasta qué punto el cuidado de la biodiversidad es ético y afecta a la vida humana. Hay gente que muere por una apendicitis porque no hay un cirujano en la zona”.
La vida en Puerto Esperanza es muy cara. El flete aéreo por kilo asciende a 5 soles y encarece tremendamente la vida de los ribereños, que pagan hasta 8 soles por un kilo de arroz. En diciembre de 2011, el presidente Ollanta Humala visitó la capital de Purús y prometió más vuelos de acción cívica. Hoy existen dos vuelos subsidiados semanales a 140 soles el pasaje y cada 15 días vuelos de acción cívica a 50, pero no permiten transportar carga. Esto, unido a la especulación, hace que la carestía asfixie a la población colona de esta pequeña ciudad, cuya economía se mueve gracias a la presencia de funcionarios de instituciones públicas. Para los pobladores de Puerto Esperanza, el desarrollo de su pueblo solo puede venir sobre ruedas.
La carretera de la discordia, de algo menos de 300 kilómetros, tendría un costo superior a los 300 millones de dólares debido a la dificultad de la fisiografía, que presenta más de 100 cuerpos de agua, entre ríos, quebradas y cochas, según explica Arsenio Calle Córdoba, jefe del Parque Nacional de Alto Purús. Sus altos costos y el hecho de que beneficiaría a una población no superior a las 1,000 personas han hecho inviable hasta ahora su construcción.
El Parque Nacional de Alto Purús, que sería atravesado por una carretera cuyo trazado corre paralelamente a la línea de frontera, alberga bosques primarios no intervenidos. Según un estudio de CITES Caoba, el Parque tiene una densidad de 2-3 árboles de caoba por hectárea, un millonario botín repartido a lo largo de los 2.5 millones de hectáreas que forman parte de una zona reservada que alberga los últimos caobales del país y constituye una de las reservas de biodiversidad más ricas de la Amazonía.
Los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial viven en campamentos internados en los bosques primarios de la reserva territorial Mashco Piro, que alberga el Parque Nacional de Alto Purús. En julio y agosto salen a las playas del río Purús a cosechar los huevos de taricaya y son fácilmente visibles, como atestiguan fotos y videos que registran cómo disparan flechas a los curiosos.
El 20 de julio, una de esas flechas se clavó en el hombro de Miguel Coshico Melendez, indígena sharanahua de la comunidad de Gasta Bala, la más cercana al Parque Nacional de Alto Purús. Ellos han aprendido a convivir con sus hermanos “calatos”, pero de vez en cuando ocurren estos incidentes cuando pescan en el Purús.
Para los sharanauas, la carretera traería a sus tierras comunales y a su despensa –el Parque Nacional– a migrantes colonos y a taladores que pondrían en peligro su subsistencia. Junto a los sharanahuas, la mayoría de los indígenas de las etnias Culina, Cashinahua y Amahuaca, que suman alrededor de 3,500 personas repartidas en 25 comunidades, se oponen a la carretera. No obstante, según pudo comprobar La República, algunas comunidades Cashinahua como Cantagallo y Miguel Grau, cercanas a Puerto Esperanza, apoyan la interconexión, lo que la Federación de Comunidades Nativas de Purús atribuye al trabajo de la misión del padre Miguel Piovesán, ferviente militante procarretera.
“La carretera trajo la invasión de colonos que nos botaron de nuestra comunidad”, cuenta Lucas Flores Zumaita, jefe de la comunidad ashaninka de Pankirentsy, a hora y media de Puerto Esperanza.
En 1997, 12 ashaninkas llegaron desde la comunidad de Yavirikoni, en Satipo, a Purús. Hoy son 76 y viven en una nueva tierra autososteniéndose con ventas de semilla de caoba y de producción de etanol.
“El desarrollo viene con la salud y la educación, no con una carretera”, argumenta Flores en nombre de su pueblo, que siguiendo el modelo de ciudades como Leticia (Colombia) han logrado desarrollarse sólo a través de la conectividad aérea y fluvial.
El Ministerio de Cultura ha advertido que la conectividad terrestre “pone en riesgo los derechos a la vida y a la salud de la población en situación de aislamiento y contacto inicial” que habita la Reserva Territorial Madre de Dios.
El Parque Nacional de Alto Purús cuenta con cuatro puestos de control con 3 guardaparques por puesto que realizan labores de patrullaje, durante las cuales han constatado la presencia de grupos de indígenas en aislamiento.
El informe técnico del patrullaje realizado por el Puesto de Control Tahuamanu, realizado del 17 al 25 de marzo de este año, informa del hallazgo de flechas, tambos y artefactos en un área que forma parte del trazado propuesto por el proyecto de ley para la carretera que uniría Iñapari con Puerto Esperanza.
80% de la población de la provincia es de las etnias Sharanahua, Culina, Cashinahua, Mastanahua y Amahuaca.

Oleoducto Norperuano

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Oleoducto
Por Javier Cobeñas- Diario Correo
El próximo miércoles 8 de agosto, se firmará en Quito, Ecuador, un convenio para promover y facilitar el transporte de petróleo proveniente del sur oriente ecuatoriano por el Oleoducto Norperuano (ONP).
El acto se realizará en las oficinas del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables del Ecuador. El documento será firmado por Pedro Méndez Milla, Gerente General de Petroperú y representantes de la Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador (SHE). El Presidente del Directorio de Petroperú, Humberto Campodónico Sánchez, señaló que este convenio refuerza los lazos de integración y amistad entre los sectores de hidrocarburos de Perú y Ecuador.
El convenio fue resultado de un proceso iniciado con la firma de una carta de intención el 19 de abril de 2011 entre la SHE y Petroperú, cuyo objetivo central fue definir la viabilidad de transportar crudo de pozos petroleros cercanos a la frontera con Perú a través del ONP. Estos lotes están muy cerca de la Estación de inicio del Ramal Norte del ONP (Andoas), por lo que la salida más factible de la producción de crudo es por territorio peruano. El estudio de viabilidad, finalizado en julio del 2011 concluyó que el traslado de petróleo ecuatoriano por el ONP es técnica, legal y ambientalmente viable.
Para Ecuador, este convenio permitirá aumentar el valor económico de los yacimientos del suroriente ecuatoriano de próxima licitación, los que no se han podido desarrollar por la falta de infraestructura de transporte de crudo cercano. Estos lotes se encuentran próximos a la frontera con Perú y específicamente al ramal Norte del ONP y la Estación Andoas.
Para Perú, este proyecto incrementará la rentabilidad del ONP, asimismo generará sinergias con el proyecto de modernización de Refinería Talara y con las refinerías El Milagro e Iquitos, las que recibirán la futura producción del Lote 64 (crudo liviano), por parte de Talisman.
El ONP es una de las obras de mayor envergadura del último siglo, cuya producción, a diciembre de 2011, bordeó los mil millones de barriles de crudo, transportados de la Selva a la Costa, en un recorrido de 1106 km, de los cuales 854 km corresponden al tramo Selva-Costa y los otros 252 km pertenecen al ramal norte de Bayóvar, en Piura.
Esta obra, que atraviesa todas las regiones naturales del país, fue todo un desafío a la ingeniería en su momento. Su construcción fue considerada por los expertos internacionales como el segundo oleoducto en cuanto a la dificultad en la construcción, después del oleoducto que atraviesa Alaska.

Base de datos para la consulta previa

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Directiva que regula el funcionamiento de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios
RESOLUCION MINISTERIAL Nº202-2012-MC
Lima, 22 de mayo de 2012
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº29565 se creó el Ministerio de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, constituyendo un pliego presupuestal del Estado;
Que, a través de la Ley Nº29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se creó la base de datos oficial de los pueblos indígenas u originarios y sus instituciones y organizaciones representativas, la que está a cargo del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, por ser el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo;
Que, mediante Decreto Supremo Nº001-2012-MC, se aprobó el Reglamento de referida Ley Nº29785, en cuyo numeral 29.2 del artículo 29 se precisa que el Viceministerio de Interculturalidad es la entidad responsable de elaborar, consolidar y actualizar la Base de Datos Oficial;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 29.2 del antes citado artículo se señala que la Directiva que regula la Base de Datos Oficial, incluyendo los procedimientos para la incorporación de información en la misma, en particular la disponible en las distintas entidades públicas, así como para la coordinación con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, será aprobada por Resolución Ministerial del Ministerio de Cultura;
Que, el Viceministerio de Interculturalidad ha remitido el Informe Técnico Nº001-2012-DGIDP-VMI-MC de fecha 04 de mayo de 2012, al que se acompaña la propuesta de Directiva que regula el funcionamiento de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, la cual cuenta con la conformidad de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto otorgada mediante Memorando Nº337-2012-OGPP-SG/MC de fecha 17 de mayo de 2012;
Estando a lo visado por el Viceministro de Interculturalidad, el Secretario General, el Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Directora General (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; la Ley Nº29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y, el Decreto Supremo Nº001-2012-MC, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29785;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- APROBAR la Directiva Nº03-2012-MC “Directiva que regula el funcionamiento de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios”, la misma que en documento anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Disponer que a través de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional se publique la presente Resolución y sus anexos en el Portal de Transparencia del Ministerio de Cultura (www.mcultura.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3.- Precisar que la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios estará a cargo de la Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos del Viceministerio de Interculturidad, órgano responsable de su implementación.
Artículo 4.- La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ALBERTO PEIRANO FALCONI-Ministro de Cultura
DIRECTIVA Nº03-2012-MC
DIRECTIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BASE DE DATOS OFICIAL DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS
I. OBJETIVO
La presente Directiva tiene por objeto establecer las normas, pautas y procedimientos sobre la administración de la Base de Datos Oficial de los Pueblos Indígenas u Originarios.
II. FINALIDAD
La presente Directiva tiene como finalidad, elaborar, consolidar y actualizar la Base de Datos, así como los procedimientos para la incorporación de información en dicho instrumento, en particular la información sobre pueblos indígenas u originarios producida, obtenida o recogida por las diversas entidades de la administración pública competentes, y aquella que se obtenga en coordinación con los pueblos indígenas del país.
III. ALCANCE
3.1 Viceministerio de Interculturalidad.
3.2 Órganos y unidades orgánicas que conforman el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.
IV. BASE LEGAL
– Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
– Ley Nº29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual incorpora la obligación de implementar la Base de Datos.
– Ley Nº28736, Ley para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.
– Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
– Ley Nº29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura.
– Decreto Supremo Nº001-2011-MC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura.
– Resolución Legislativa Nº26253, que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
V. RESPONSABILIDAD
La Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos, es el órgano responsable del cumplimiento de la presente Directiva.
VI. DISPOSICIONES GENERALES
6.1 La Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos es el órgano encargado de establecer las pautas, normas y procedimientos para llevar a cabo la elaboración y actualización de la Base de Datos, en concordancia a lo que dispone la Ley Nº29785 y su Reglamento.
6.2 El Viceministerio de Interculturalidad evaluará periódicamente el proceso de elaboración de la información para la Base de Datos. Dicho órgano podrá implementar las medidas necesarias para cumplir con el objetivo y la finalidad de dicha Base de Datos.
6.3 La Base de Datos es una herramienta que permite a las entidades de la administración pública y a la ciudadanía en general acceder a la siguiente información:
a) Denominación oficial y autodenominaciones con la que los pueblos indígenas u originarios se identifican.
b) Referencias geográficas y de acceso.
c) Información cultural y étnica relevante.
d) Mapa etnolingüístico con la determinación del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas u originarios ocupan o utilizan de alguna manera.
e) Sistema, normas de organización y estatuto aprobado;
f) Instituciones u organizaciones representativas, ámbito de representación, identificación de sus líderes o representantes, período y poderes de representación.
6.4 La Base de Datos incorporará la información señalada en el ítem 6.3. de manera progresiva y se actualizará de forma permanente.
6.5 La Base de Datos tiene carácter declarativo y referencial. Dada su naturaleza distinta a la de un registro, no es constitutiva de derechos.
6.6 La información contenida en la Base de Datos es de uso libre citándose la fuente, con fines no comerciales.
VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
7.1 ACCIONES DE IDENTIFICACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS
7.1.1 Para la identificación de pueblos indígenas se realiza la evaluación, análisis, sistematización y estandarización de la data sobre los pueblos indígenas u originarios con que cuentan, producen u obtienen de las entidades de la administración pública.
7.1.2 Para el proceso de identificación de los pueblos indígenas u originarios que integran la Base de Datos, se consideran los criterios objetivos y subjetivo (*) NOTA SPIJ dispuestos en el artículo 1 del Convenio 169 de la OIT, el artículo 7 de la Ley Nº29785 y el artículo 3 de su Reglamento.
7.1.3 Los criterios objetivos incluyen lo siguiente: “continuidad histórica”, es decir, permanencia en el territorio nacional desde tiempos previos al establecimiento del Estado; “conexión territorial”, entendida como la ocupación de una zona del país por parte de los ancestros de las poblaciones referidas; e “instituciones políticas, culturales, económicas y sociales distintivas” conservadas total o parcialmente por los grupos humanos en cuestión.
7.1.4 El criterio subjetivo se refiere a la autoidentificación de las personas que forman parte de un colectivo humano como pertenecientes a un pueblo indígena u originario del territorio nacional.
7.1.5 La Base de Datos incorpora como elementos objetivos para el reconocimiento de un pueblo indígena los siguientes: lengua indígena, en tanto constituye una de las principales instituciones sociales y culturales de todo pueblo; y tierras comunales de pueblos indígenas, que establecen la existencia de conexión territorial. Ambos elementos, en conjunto, dan cuenta de “continuidad histórica” desde tiempos anteriores al establecimiento del Estado.
7.1.6 El criterio subjetivo se combina y complementa con los criterios objetivos referidos para la identificación de los diferentes pueblos indígenas.
7.1.7 La Base de Datos incorpora la información en cuanto a los criterios objetivos y subjetivos de manera concurrente.
7.1.8 La Base de Datos incorpora progresivamente, y en tanto sea producida por las entidades competentes, otra información respecto de las diferentes instituciones sociales y culturales de los pueblos indígenas.
7.2 FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
7.2.1 Las fuentes principales para la obtención de la información son los censos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática; la data de comunidades campesinas y nativas del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) y de los Gobiernos Regionales a través de sus oficinas competentes; los registros de organizaciones, instituciones y comunidades de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP); las disposiciones legales vigentes sobre pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (PIACI); la data de la red vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Registro Nacional de Instituciones Educativas de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación.
7.2.2 Se utilizarán como fuentes complementarias otros sistemas informativos de entidades públicas y privadas, previa evaluación de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7.6 de esta Directiva.
7.2.2 Se incorporará a la Base de Datos la información sobre pueblos indígenas que se obtenga de los procesos de consulta previa realizados por las diferentes entidades de la administración pública.
7.2.3 La Base de Datos se complementará y actualizará con información elaborada y procesada por las diferentes entidades de la administración pública competentes.
7.3 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS
7.3.1 La Base de Datos está conformada por dos estructuras de datos de contenido cartográfico y alfanumérico que interactúan con el respaldo de una plataforma de Sistema de Información Geográfica (GIS). Estas estructuras reciben los nombres “MINCUL-BASE” y “MINCUL-TEMATICO”.
7.3.2 Estructura “MINCUL-BASE”. Esta estructura, bajo la categoría “administración”, incluirá información sobre centros poblados, límites departamentales, límites provinciales, límites distritales y límites internacionales; bajo la categoría “hidrografía”, incluirá información sobre ríos, quebradas y cuerpos de agua como lagunas y lagos; bajo la categoría “hipsografía”, incluirá información sobre toponimia, curvas de nivel, cotas y señales geodésicas; y bajo la categoría “transporte”, incluirá data sobre vías de comunicación de carácter nacional, departamental y local.
7.3.3 Estructura “MINCUL-TEMATICO”. Esta estructura, bajo la categoría “aspecto social”, incluye información sobre organización de los pueblos indígenas, familias etnolingüísticas y reservas territoriales; bajo la categoría “recursos naturales no renovables”, se incluye información sobre concesiones mineras y lotes de hidrocarburos; bajo la categoría “recursos naturales renovables”, se incluye información sobre áreas naturales protegidas y sus respectivas zonas de amortiguamiento, bosques de producción y concesiones forestales.
7.3.4 Como se ha dispuesto en el numeral 7.2.3, la Base de Datos se complementará y actualizará con información elaborada y procesada por las diferentes entidades de la administración pública competentes.
7.4 INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN A LA BASE DE DATOS
7.4.1 La Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos es el órgano responsable de incorporar la información a la Base de Datos considerando su pertinencia conforme lo establecido en los numerales 6.3 y 7.1 de la presente Directiva.
7.4.2 Para la incorporación de información, la Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos realizará informes técnicos que deberán contener lo siguiente:
7.4.2.1 Identificación de los pueblos indígenas sobre la base de los criterios objetivos y subjetivos.
7.4.2.2 Fuentes oficiales utilizadas.
7.4.2.3 Proceso de obtención de la información.
7.4.2.4 Procesamiento de la información.
7.4.2.5 Determinación clara y precisa de la información a ser incorporada en la Base de Datos.
7.4.3 En La Base de Datos se incorpora las autodenominaciones de los pueblos indígenas y otras denominaciones con las que dichos pueblos hayan sido identificados por el Estado.
7.4.4 La Base de Datos sistematiza las referencias geográficas y de acceso a partir de la información de las entidades de la administración pública competentes.
7.4.5 La información sobre instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas considera los distintos ámbitos de representación. Los ámbitos de representación son los siguientes:
7.4.5.1 Nacional: cuando la organización es representativa de más de dos pueblos ubicados en varias regiones del país, o cuando la organización es representativa de un solo pueblo en más de dos regiones del país;
7.4.5.2 Regional: cuando la organización es representativa de uno o varios pueblos ubicados en una región;
7.4.5.3 Local/comunal: cuando la organización es representativa de uno o varios pueblos ubicados en uno o varios distritos de una región pero no en todos; o cuando la organización es representativa de un pueblo organizado en una comunidad campesina o nativa.
7.4.6 La Base de Datos incorpora información sobre las lenguas indígenas de los respectivos pueblos.
7.4.7 En tanto las entidades competentes cuenten con la información cultural y étnica relevante, se evaluará su incorporación en la Base de Datos.
7.5 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
7.5.1 La Base de Datos se actualizará de manera permanente.
7.5.2 La Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos es el órgano responsable de solicitar la información a las entidades públicas y privadas que generen, cuenten u obtengan data sobre pueblos indígenas.
7.5.3 La Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos es el órgano responsable de participar en los diferentes espacios y procesos de obtención y producción de información sobre pueblos indígenas implementados por las entidades de la administración pública competentes.
7.5.4 La Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos facilitará los medios para contar con la participación de los pueblos indígenas con el fin de actualizar la información contenida en la Base de Datos.
7.5.5 La Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos facilitará los medios para contar con aportes de otras entidades públicas y privadas con el fin de actualizar la información contenida en la Base de Datos.
7.5.6 La Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicación será el órgano del Ministerio de Cultura que brindará el soporte tecnológico para el desarrollo del sistema informático asociado a la Base de Datos. Asimismo, será la responsable de la seguridad de la información de este sistema siguiendo los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Informática.
7.6 EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN
El funcionamiento de la Base de Datos será evaluado por el Viceministerio de Interculturalidad de forma periódica, para lo cual realizará las coordinaciones del caso, con el fin de contar con la participación de los pueblos indígenas.
7.7 PUBLICACIÓN
7.7.1 La Base de Datos será de acceso público y gratuito, y se podrá ingresar a ella mediante el portal en Internet del Ministerio de Cultura (www.mcultura.gob.pe).
7.7.2 La información de la Base de Datos será publicada de conformidad con las disposiciones del artículo 20 de la Ley Nº 29785.
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
8.1 La Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos es la responsable de realizar las coordinaciones necesarias con otras entidades de la administración pública para la difusión de la Base de Datos.
8.2 La suscripción de convenios de colaboración con entidades públicas y privadas para actualizar y complementar la información contenida en la Base de Datos se sujetará al procedimiento correspondiente del Ministerio de Cultura.
IX. ANEXO 01: GLOSARIO DE TÉRMINOS EMPLEADOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA
INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN REPRESENTATIVA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS:
Institución u organización que, conforme los usos, costumbres, normas propias y decisiones de los pueblos indígenas, constituye el mecanismo de expresión de su voluntad colectiva. Su reconocimiento se rige por la normativa especial de las autoridades competentes, dependiendo del tipo de organización y sus alcances.
AUTODENOMINACIÓN:
Nombre con el que un pueblo indígena u originario y las personas que pertenecen a él se identifican colectivamente a sí mismas.
MAPA ETNOLINGÜISTICO:
Mapa de las lenguas indígenas habladas en el territorio nacional que incluye el número de hablantes de cada idioma.
ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
Son aquellas mencionadas en el artículo 1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Marcial Rubio

Silencio sísmico
Entrevista de Ana Núñez-Diario La República
Hace más de dos meses se rompió el diálogo con la Iglesia y, según algunos medios, sería inminente el retiro de los títulos de Pontificia y Católica a la universidad por el Vaticano. ¿Qué hay de cierto en eso?
Lo que ha habido desde que se terminó el diálogo es solo una campaña mediática… No he recibido ninguna indicación directa ni indirecta de que vaya a haber un retiro del título de pontificia o del carácter católico de la universidad. Lo que podría hacer el Vaticano, en realidad, es retirar el título de pontificia que se nos otorgó en 1941 a través de un documento jurídico. La condición de “católica” no la da el Vaticano.
¿Hay forma de que la universidad pierda el nombre “Católica“?
Según el Código de Derecho Canónico, nadie puede usar el nombre “Católica” si no es autorizado por el obispo del lugar. Entonces, es muy probable que si nos quitan el título de pontificia, el arzobispo de Lima (Juan Luis Cipriani) nos pida que no usemos el nombre de Católica.
¿Y la universidad podría “sobrevivir” a esta situación?
El título de pontificia es un honor y el Vaticano podría retirarlo, pero en términos prácticos, en el funcionamiento diario de la universidad, tener el título de pontificia o no tenerlo no afecta nada. Ahora, el nombre de Pontificia Universidad Católica es nuestro nombre y está registrado en Indecopi, así que ya veremos qué pasa…
Desde el Arzobispado se ha señalado que de desvincularse la universidad de la Iglesia no mantendría los valores que se imparten actualmente en ella…
Los valores académicos, morales y éticos que se imparten en la universidad son los que la comunidad universitaria considera que se deben aplicar y en los que, por supuesto, creemos. En eso, los nombres y la vinculación con la Iglesia son independientes.
¿Tuvo respuesta la carta que envió al secretario de Estado del Vaticano pidiendo un nuevo interlocutor en reemplazo del cardenal Cipriani?
No, no tuvo respuesta. Pero, en realidad, a la hora de tomar decisiones, el centro del mundo no es el señor cardenal Cipriani. Para estos efectos, el centro del mundo es la universidad Católica y su compromiso de formación. Lo que hicimos fue decirle al cardenal Bertone, en una decisión colectiva –porque estas no son decisiones individuales del rector–, que en vista de que el señor cardenal decía expresamente que primero quiere arreglar el tema del estatuto y después el asunto de los juicios de la herencia, pedimos un interlocutor que arregle todo porque queremos una solución integral.
Con ese objetivo, usted preparó una propuesta de negociación, pero hubo algunos puntos que tuvieron oposición, como el que en la comisión que vería la administración de los bienes haya una mayoría de la Iglesia…
A mí, como rector, la Asamblea me pidió conversar con las autoridades de la Iglesia para, dentro de la autonomía universitaria, buscar una fórmula que permita acortar las cosas. Entonces, llegamos a esa fórmula en cuanto a la reforma del Estatuto, que es una fórmula intermedia, como en toda negociación. Yo sin embargo dejé muy en claro que yo no aprobaba nada, que la Asamblea tenía que aprobar todo. Claro, en la Asamblea somos 79 personas y sería un milagro que todos pensáramos igual, pero creo que el número de profesores que estuvo en desacuerdo con esto era reducido.
Y es en ese momento que Cipriani patea el tablero…
Nosotros como universidad siempre dijimos que se tenía que arreglar toda la discusión con la Iglesia, y eso está expreso en muchos documentos. En una carta que nos envía el cardenal Bertone, incluso, él decía que el tema de la herencia era un tema importante para resolver. ¡Nadie puede pensar que se puede postergar un tema sobre el cual hay siete juicios y cinco años de pleito que el Perú ha visto en los periódicos!
Y que, al parecer, era el mayor interés del cardenal…
Indudablemente, es el mayor interés del cardenal desde que eso ha frustrado todo. Mi conclusión a partir de los hechos es que el Arzobispado trata de tener un control de los bienes. Todo esto rompió la negociación porque no estamos dispuestos a arreglar la mitad del problema. Se arregla todo el problema o no se arregla.
¿Qué pasará ahora?
Nosotros somos una universidad católica y pontificia y seguimos funcionando como una universidad católica y pontificia. La Asamblea ha acordado que en lo posible se converse con las autoridades de la Iglesia para que la universidad siga siendo católica y pontificia. Pero eso no depende de nosotros, que por ahora nos encontramos en un silencio sísmico…
Y respecto de los bienes que son parte de la herencia de Riva Agüero hay procesos judiciales que tendrán que llegar a su fin…
El tema de la herencia está en el Poder Judicial y habrá un fallo de la justicia nacional en algún momento. Ese fallo se cumplirá en el Perú de acuerdo con la ley peruana. Ahí el Vaticano no tiene injerencia. El cardenal dice que en el testamento se le encarga vigilar los bienes de la Católica. Eso es absolutamente falso. Al arzobispo de Lima no se le encarga nada, solo se le encarga nombrar a una persona en una junta. La versión de los testamentos del cardenal es una interpretación de él, y en extremo.

Prostibares en minería ilegal

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Madre de Dios

Por Anna Rosales-Radio Nederland Internacional
El rescate de casi 300 mujeres víctimas de explotación sexual, hace unos días en la selvática Madre de Dios, en Perú, revela tan sólo una parte de la gran problemática de la minería informal en esa zona del sur peruano.
Testimonios en el lugar confirman que ya antes de que se realizara el operativo policial, era bien conocida la existencia de centros nocturnos, o bares, donde también se ejerce prostitución. Como si eso no bastara, la zona minera de La Pampa, alberga todo tipo de negocios que acompaña inevitablemente las actividades de la minería informal.
Tierra de nadie
Allá hay de todo, prostitución, trata de blancas, explotación laboral, tráfico de drogas, de madera; es indescriptible la situación que se vive en esa zona”, comenta a Radio Nederland el periodista Héctor Mamío, director de la radio la Voz Amazónica de Puerto Maldonado.
Mamío describe la situación de caos que vive la zona desde hace años y explica que el enclave minero siempre atrajo a buscadores de oro provenientes de la región más pobre de Perú, el trapecio andino, que buscan nuevas formas de subsistencia. “Es el grave problema de la zona; un problema de trabajo y social, que nunca se ha intentado solucionar de una manera integral”.
Legislador involucrado
Si no hubo antes intervención de las autoridades es porque había intereses, comenta el periodista, quien confirma que uno de los principales responsables del problema es un parlamentario del gobernante partido de Ollanta Humala, quien ya está siendo interrogado por el Congreso peruano.
Contra Amado Romero, parlamentario de Madre de Dios, quien era un dirigente minero, se ha presentado una denuncia por poseer unas 14 concesiones mineras, mas no a su nombre, sino a nombre de terceros o familiares”.
Mamío explica el sistema de “reparto” de concesiones en la zona y cuál es beneficio potencial de quien logra adjudicarse una de estas tierras. Cada concesión es de 100 hectáreas, y dicen que Romero tendría 14 concesiones. En cada una hay “invitados” que trabajan en la minería y, quien acepte esa invitación debe pagar una “regalía” equivalente a entre 10 y 15 gramos de oro por cada fin de semana. Si usted multiplica cada concesión, con un promedio de 40 invitados, imagínese el resultado. En teoría, este legislador podría estar cobrando 5 kilos de oro mensuales.
El informador aclara que esto sucede principalmente en el ámbito de la minería ilegal, sin descartar que algunos grupos mineros legales estén también involucrados en la problemática. Se dice que de las 2300 concesiones mineras que hay allí, sólo 19 tienen licencia ambiental, las demás son informales.
Mayor control
Mientras en el Congreso de la República se tramita el levantamiento de la inmunidad del parlamentario para enjuiciarlo, en la zona de La Pampa y otros lugares de Madre de Dios comienza a decirse que se está “tomando el toro por las astas”, al menos eso dijo el Director de la Policía de esa región, José Luis Aguirre Pastor.
Por su parte, el Ministerio del interior anunció en un comunicado que instalará un Complejo Policial en la zona afectada, para abordar no sólo la inseguridad ciudadana, sino también luchar contra todos los delitos que propicia la minería informal, entre ellos, la prostitución, la trata de mujeres y la explotación de menores.
Las víctimas
Mamío comenta cómo se da el proceso de reclutamiento de mujeres para el trabajo en los diversos “negocios” derivados de la actividad minera. Les prometen que van a trabajar a la zona minera, a atender en un hotel o en un restaurante como cocinera, a cambio de un salario. Pero cuando llegan a la zona, ya cambia totalmente eso, terminan siendo dama de compañía y ahí ya comienzan a presionarlas para el “otro” trabajo.
En algunos casos, las víctimas son menores de edad, aunque “en muchos casos se trata de mujeres que lo hacen a sabiendas, que se dedican a esa actividad, es la pura verdad”. Y ninguna instancia se preocupa por la situación de pobreza, la salud y la falta de educación.
Medio ambiente
Los pobladores de Madre de Dios esperan que, por fin, se preste mayor atención a su problemática. “Esperamos que con más atención a escala internacional pueda ejercerse más presión sobre el Gobierno para que empiece a trabajar”. Está bien que se comience con este tipo de operativos, sostiene Mamío, pero que esto sea tan sólo el principio, ya que existe una problemática aún más grande, que es la situación del medio ambiente.
“El problema por la explotación del mercurio utilizado en la minería es bárbaro. Está contaminándolo todo”, sostiene el periodista, quien confirma informaciones según las cuales de cada 10 especies de peces para consumo humano en los ríos amazónicos, 3 tienen un grado de contaminación tan alto que ya no es posible su consumo. “El nivel de envenenamiento supera los parámetros que la Organización Mundial de la Salud estipula, esos peces ya no se deben consumir”.
Contaminación, deforestación de los cauces de los ríos, actividades ilegales, tráfico de madera y de drogas, menuda tarea que Ollanta Humala debe afrontar apenas cumplidos meses de su mandato.

Quo vadis

Participación en el baguazo
Consultado respecto a cuando daría cara a la prensa, el congresista Acha sostuvo que hablaría la próxima semana: “están saliendo los resultados de la investigación policial…mis trabajadores han sacado su pronunciamiento que nunca los obligué a dormir conmigo. Que pena me da cuando a veces inventan cosas y denigran mi imagen, en su momento, la gente que se entere quien ha sido ella o que ha sido”, dijo Acha sobre su víctima.
Respecto a la decisión del Ministerio Público de Pucallpa de iniciar investigación en su contra, dijo que responderá: “Que me investiguen donde sea, yo estoy dispuesto…no hay problema, no voy a decir no”, sostuvo.
Los trabajadores del despacho del parlamentario Walter Acha Romaní expresaron su rechazo a las afirmaciones vertidas por Idelia Calderón Ramos, quien, además de denunciarlo por violación sexual, manifestó que “el congresista tenía por costumbre, cuando realizaba viajes de representación, obligar a sus trabajadores a dormir con él en la misma habitación de hotel”. Así lo dieron a conocer por medio de un comunicado.
Según refieren las declaraciones de la exasesora de prensa “no tiene sustento real, puesto que el personal que forma parte de la semana de representación posee los viáticos asignados por el Congreso para sus gastos operativos como alojamiento, alimentación, movilidad, etc., que se podrá corroborar con los informes que se presentan mensualmente al Congreso”.
En tal sentido, exigen la rectificación pública de la también abogada Calderón Ramos, caso contrario tomarán las acciones legales pertinentes.
“Ha manifestado un hecho que agravia públicamente la imagen del personal de despacho, por lo que se le exige la rectificación inmediata”, señala el comunicado.
Cabe indicar que los trabajadores que firman el comunicado son: Karina Carbajal Moreira, Juan Urrutia, Petronila Hinostroza, entre otros.
Fuente: Radio Programas del Perú y Diario Correo.