La Contraloría General de la República denunció penalmente por el presunto delito de colusión a 26 funcionarios, así como a tres representantes de un consorcio empresarial, por defraudar al Estado en la ejecución del contrato del tramo 2 de la carretera Interoceánica Sur.
La denuncia, presentada el 14 de marzo de 2017, tiene como base una auditoría realizada por la contraloría al período de agosto del 2005 a julio del 2015, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).
En el informe se señalan las supuestas irregularidades detectadas, las mismas que habrían ocasionado al Estado un perjuicio económico que asciende a más de US$180 millones.
La denuncia comprende a funcionarios y servidores públicos del MTC, su unidad ejecutora Provias Nacional, y del Ositran.
Del mismo modo, también incluye a representantes de la Concesionaria Interoceánica Sur–Tramo 2 S.A., comprendida por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas S.A. e ICCGSA, quienes han sido denunciados ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
Vale anotar que en su denuncia penal, la contraloría pide al Ministerio Público considerar que se incluya en la acusación a otros funcionarios de las entidades mencionadas y el embargo de bienes de propiedad de los denunciados por la suma total de US$200 millones.¿Qué ocurrió?
La denuncia penal señala tres casos de irregularidades detectadas por la contraloría.
El primero es la supuesta colusión entre los funcionarios del Estado y la empresa concesionaria para el pago injustificado y en exceso por tres obras o “soluciones técnicas” en las zonas de Hualla Hualla, Huaylloc y Ocongate, solicitadas por la concesionaria, y que fueron aprobadas y pagadas por las entidades del Estado.
Ello, pese a que no cumplían con los requisitos técnicos, lo que habría ocasionado un perjuicio por más de US$101 millones, incluidos intereses y reajustes.
El segundo caso es la presunta concertación entre representantes del MTC (Provias Nacional) y la concesionaria para el pago directo de 83 precios unitarios, a través de un “trato directo” por supuestas controversias.
En ese trato directo se incluyeron y aprobaron incrementos de costos de insumos y disminución de rendimientos de equipos, ajenos a la materia de la supuesta controversia, que fue aprobado por Ositran, y que habrían ocasionado un perjuicio económico por más de US$57 millones.
El tercer caso denunciado es la colusión entre funcionarios y la concesionaria para la suscripción de una adenda que incrementó de 27% a 35% los gastos generales del presupuesto del proyecto referencial.
Dicho incremento significó un costo de inversión adicional de US$19 millones a favor de la concesionaria, para lo cual el Estado realizó una operación de endeudamiento externo con la Corporación Andina de Fomento-CAF. Por intereses y comisiones se sumaron US$2 millones más.
En total, la supuesta colusión en este caso habría ocasionado al Estado un perjuicio por más de US$21 millones, que incluye US$1 millón 822 mil por interés del pago del saldo pendiente de deuda.
Fuente: Diario El Comercio.

Fiscalía anticorrupción allana las oficinas de Kuntur Wasi

Por Karem Barboza Quiroz– Diario El Comercio.
La fiscalía anticorrupción allana las oficinas de la empresa Kuntur Wasi, en el distrito de San Isidro, a fin de recoger documentación respecto a la concesión del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.
El titular de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, José Domingo, ha acudido hasta las instalaciones de la empresa junto a otros miembros de su equipo.
Durante la diligencia, según informaron fuentes del Ministerio Público, se viene recogiendo documentación entre la que figura el expediente de la firma del contrato y de la adenda recientemente suscrita entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Kuntur Wasi.
Vale anotar que a inicios de marzo, el fiscal Domingo Pérez inició una investigación a los integrantes del comité de Pro Inversión y a ejecutivos de Kuntur Wasi, que en abril del 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, concesionaron el aeropuerto de Chinchero al mencionado consorcio.
Desde Kuntur Wasi se mostraron disconformes y “extrañados” con el proceder del Ministerio Público.
“Fuimos notificados por el Ministerio Público sobre la necesidad de realizar una diligencia de exhibición de documentos privados. Hemos colaborado con las autoridades. Esta diligencia se cumplió el pasado 14 de marzo, entregándose toda la documentación solicitada”, indicaron.

El Asesino Llamó Dos Veces

¿Por qué uno de los asesinos del periodista José Yactayo llamó dos veces a Beto Ortiz? Es una de las preguntas que tiene la División de Homicidios.
Las llamadas hechas a Ortiz están registradas el martes 28 de febrero, la primera recibida a las 3:55 p.m. con una duración de 17 segundos, sin que nadie hablara. La segunda fue a las 10:43 p.m., cuando Ortiz se encontraba con unos amigos en una cena por su cumpleaños.
Según reconoció, pensó que Pepe lo saludaría por su onomástico pero nadie respondió al otro lado de la línea. Decide devolver la llamada y nadie habló.
La amistad de Ortiz y Yactayo data de muchos años, pero la relación de trabajo tenía ahora en el centro la realización de un documental sobre la reinserción de expresidiarios a la sociedad. Tenían más de 200 horas de videos de entrevistas grabadas a presos del penal Ancón 2, un promedio de 40 reos primarios entre el 2014 al 2016. Horas del taller de literatura dictado por Ortiz, cuando escriben sus textos, declaman poesía, debates fuera del penal.
Dijo que el material que sustrajo de las computadoras en esas horas cruciales (CARETAS 2478) tiene estos vídeos sin editar: –En esos tres días, como realizador de un documental que ha tardado tres años, con casi 200 horas de video, me dije va a venir la Policía y se llevará todo, y el trabajo se va al diablo–.
Indicó que algunos de los reos entrevistados se encuentran gozando de libertad. En el matutino de Panamericana Televisión añadió que son reos primarios y no delincuentes avezados, pero que tampoco “pondría las manos al fuego por nadie”.
Ortiz no descartó que entre los criminales pueda estar “un alumno mío” pero reclamó “la máxima pena porque ha sido un crimen salvaje, que parece sacado de una película de horror“. La policía maneja la hipótesis de la participación de delincuentes del norte chico, que habrían ayudado a deshacerse del cuerpo.
Ortiz agregó que con la autorización de la madre de Pepe, ingresó a la habitación de José acompañado de los periodistas Bibiana Melzi y Carlos Paz. Ellos vieron la laptop prendida y revisaron su correo, mensajes de Facebook y twitter. No consiguieron ubicar al iphone. “A lo largo de ese día  también estuvieron James Detleff y su esposa Giuliana Casano, el periodista Martín Calderón y el productor Martín Suyón, Ricardo Sánchez editor de Panorama, el técnico Capcha de la División de Desaparecidos, mi chofer Antoni Mejía y la madre de José Yactayo”, dijo Ortiz.
Ortiz dice que declaró ante la policía de la División de Desaparecidos el martes 28, pero en su cuenta de twitter escribe lo contrario, que fue el 1 de marzo en la Terraza del afrancesado Café ‘La Bombonniere’. La reunión duró dos horas y estuvieron presentes el Coronel PNP Santos García y los suboficiales Torres y Capcha.
La desaparición de Yactayo la mañana del domingo 26 hace pensar a los agentes a cargo de la investigación que Pepe conocía a las personas que lo sacaron con engaños de su casa.
La ruta seguida por sus captores, según el sistema de geolocalización de la policía, indica que la antena del celular de Yactayo estuvo la noche del domingo 26 en el distrito de San Isidro. Una segunda ubicación confirma que Yactayo y sus captores estuvieron en la ciudad de Huaral pasada la 1:00 p.m. del lunes 27, horas antes que un agricultor encontrara parte de su cuerpo descuartizado y quemado en una maleta en el Fundo Catalán en Andahuasi.
Esa misma noche, la señal de la antena de su celular se sitúa en tres distritos más: San Isidro, Pueblo Libre y Lince, donde fue apagado el equipo. La policía confirmaría tres días después que los restos hallados en Andahuasi correspondían a José Yactayo.
Agentes de homicidios estuvieron la noche del lunes en casa de Yactayo realizando pruebas de luminol. Esa mañana fueron citados a la DIRINCRI Hugo Aguirre, James Detleff y el primo de Yactayo, Marcos Ibáñez Yactayo. Este último rechazó entre lágrimas las versiones que lo vinculan con el crimen y respondió que cuando acudió a la casa se encontraba Ortiz. “Mientras haya una investigación no se pueden tocar las evidencias”, contestó.
Fuente: Revista CARETAS.

Por Mario Ghibellini– Revista SOMOS- Diario El Comercio
La vez pasada la idea era mala, pero esta vez es pésima. Después de la refriega –con saldo negativo– que protagonizó antes del licenciamiento del ministro Jaime Saavedra por parte del Congreso, el presidente Kuczynski ha anunciado que si la interpelación en marcha al titular de Transportes Martín Vizcarra deriva en una moción de censura, esta vez sí le planteará a la representación nacional una cuestión de confianza. Es decir, comprometerá la suerte de todo el gabinete con la de ese ministro que, al parecer, es el primer persuadido de que eso de ir adelante con el proyecto del aeropuerto de Chinchero es un despropósito.
TUPIDO PERO CONTENTO
Vizcarra, en efecto, no solo detuvo hace un mes la decisión de firmar la famosa adenda del contrato con Kuntur Wasi ante una vaga exhortación de una comisión del Congreso (obligando al propio mandatario a salir en televisión a decretar que la iniciativa iba de todas maneras), sino que ahora ha vuelto a poner todo en la congeladora por unas declaraciones del contralor sobre una posible ‘ilegalidad’ de la referida adenda. Además, en consonancia con parte de las críticas de los que piden su cabeza, ha comenzado a promocionar la idea de que la concesión a los socios privados del estado para operar el aeropuerto debería reducirse de 40 a 30 años. Y por último, dirigiéndose a los cusqueños este último jueves, dijo sobre el contrato: “Si ustedes me dicen que lo anule, lo hacemos”. Su temor y su desorientación con respecto al proyecto, en resumen, se olfatean a la distancia.
Pero el presidente Kuczynski, que vive tupido pero contento, solo atinó a comentar: “Bueno, se verá lo que dice la Contraloría, pero es un buen proyecto”. Y ahora, como algunos parlamentarios insisten en ejercer la función de fiscalización del poder Ejecutivo que la Constitución les asigna, ha lanzado la amenaza de la que hablábamos al principio: una fórmula segura de exacerbar los ánimos de los legisladores que hasta el momento se mantenían en una posición neutral en este enfrentamiento.
Su bravata, por otro lado, es doblemente necia, pues esta vez ni siquiera dispone de los activos con los que contaba cuando hizo el mismo numerito a propósito de las intenciones de la oposición de censurar a Saavedra. Concretamente, no puede, como en aquella oportunidad, agitar ante la opinión pública una causa tan popular como la defensa de la reforma de la educación y sus cifras de aprobación en las encuestas se han encogido severamente. Es decir, no puede aspirar a recoger en la calle –donde, justificadamente o no, las suspicacias con respecto a la concesión campean– el respaldo que no tiene en el Congreso, donde hasta los miembros de su menguante bancada sueñan en voz alta con la posibilidad de vacarlo.
De hecho, antes de dar rienda suelta a esta auténtica cruzada suya, el presidente haría bien en pasar revista a la hueste más bien menesterosa con la que cuenta para ir a la carga. Porque la verdad es que ni el Legislativo ni en el Ejecutivo se distingue a muchos paladines oficialistas dispuestos o convencidos de librar esta batalla. Y el problema, además, de andarle preguntando a la gente si confía en uno cuando no hace falta es que en una de esas te responden.

CUANDO ODEBRECHT Y PPK INTENTARON PRESIONAR AL DIARIO EXPRESO

Por Cesar Rojas- www.manifiesto.net.pe
Mucho de lo que ahora se informa sobre la Interoceánica Sur, ya se denunció en el año 2008. El diario EXPRESO fue el primero en revelar irregularidades, por lo cual hubo fuertes roces con Odebrecht y el ahora presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ellos usaron diferentes tretas para evitar que se siga destapando la cuestionada licitación.
El 7 de abril de ese año, el tradicional periódico publicó en su portada “La Estafa del Siglo”. Los periodistas habían ido hasta la misma Madre de Dios para verificar el estado de la carretera. Incluso el autor del reportaje, Víctor Rado, sacó con sus manos un pedazo de asfalto, demostrando que los estudios de suelo habían estado fraguados.
Como PPK y el consorcio IIRSA Sur estaban involucrados en el tema, el hombre de prensa se contactó con ellos para que dé su versión. Sin embargo, ambos sectores pretendieron jugar sucio contra quien había destapado el fraude, y había hecho la denuncia con el entonces congresista Gustavo Espinoza.
“Días después de la denuncia, llegó una delegación de Odebrecht por la mañana. En esa época, el gerente general era Antonio García Miró, director Luis García Miró y yo editor. Los brasileros no querían reunirse con el personal periodístico. Querían con un ejecutivo o con el dueño de la empresa, y menos con el que había hecho la nota. Se pusieron malcriados. Allí estaba la hermana de Baella, fue (Jorge) Barata y otra persona. A consecuencia del informe que salió, fueron sin previa cita. Querían arreglar, entre comillas, para no seguir con el tema. Pero en EXPRESO la parte económica-administrativa no tiene que ver con la parte periodística”, nos narra Antonio Ramírez, actual director del diario.
“Impertinente visita de Odebrecht a EXPRESO” se leía, en medio de las diferentes notar de las irregularidades de la obra del gobierno de Alejandro Toledo. Sin embargo, Kuczynski también actuaría de mala manera.
“El trasfondo era que Víctor Rado comienza a pedirle su versión a PPK, que había sido premier. Lo llamamos de mi oficina, que en esa época tenia salida de teléfono. En la primera llamada fue muy cordial, dijo que que estaba ocupado pero que luego nos daba información. Rado insiste dos o tres veces, y a la cuarta viene el director García Miró muy molesto. Lo había llamado PPK diciendo que Rado lo estaba extorsionando y le estaba pidiendo plata, y que lo saque. Pero Rado hacía las llamadas delante mío, y yo era testigo de que no había nada de eso”, acota Ramírez.
Periodistas no se dejaron amedrentar por socios de Interoceánica Sur
Cabe indicar que, hace unas semanas, Augusto Álvarez Rodrich mencionó que ese año -cuando dirigía Perú21- también lo había ido a buscar Jorge Barata. Sin embargo, eso no fue problema para que años después acepte una “donación” de 250,000 dólares, de parte de la corrupción brasilera.
Cabe preguntarse, ¿a cuántos medios de comunicación fueron los de Odebrecht a “conversar”? Sin duda, una pista para destapar todo el andamiaje mediático de Lava Jato en nuestro país.

Procuraduría pide investigar

Al respecto, el presidente Kuczynski, a través de la PCM, ya había respondido a esta denuncia realizada por La Mira TV, calificándola de tendenciosa y de no ser fiel a la verdad.
“En primer lugar, la información bancaria del Presidente es producto de una solicitud hecha por el Congreso a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de la información de las personas que participaron de la licitación de la carretera IIRSA Sur. No es producto de transacciones financieras sospechosas ni de “cuentas secretas”, decía el descargo.
Sobre el hecho de que Odebrecht Latinvest Perú habría realizado depósitos a Latin American Enterprise Fund, “ligada a PPK”, afirmaron que “no se tiene conocimiento” de dichos depósitos.
Asimismo, advirtieron que toda esta información fue entregada a la Comisión Pari y proviene del Banco de Crédito del Perú, por lo que no puede ser “secreta”.
LO DESCONOCE
La presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, dijo desconocer los pormenores de este oficio, ya que se encuentra delicada de salud. “No tengo conocimiento, no he sido informada al respecto. No he estado en el Consejo por motivos de salud. Los procuradores tienen que informar, la ciudadanía tiene que estar atenta e informada de todo lo que van haciendo. He tenido conocimiento que otro procurador ha informado también de otro tema delicado e importante, pero aún no recibo ese documento”, dijo a Correo.
ACLARE
Para el excongresista Juan Pari, aludido en el oficio de la procuradora Ampuero, la investigación al presidente Kuczynski por parte de la Fiscalía, debe de darse de todas maneras. “La información que se observa llama a preocupaciones. Los depósitos, según información del BCP, existen. Tiene que aclararse qué relación tiene el señor Kuczynski con First Capital y las otras empresas, si es contractual, real, qué tipo de contactos tiene con ellas”, señaló.
De otro lado, dijo que es pleno derecho de la procuradora pedir las acciones correspondientes y solicitar investigación a todo tipo de funcionario, incluso al Presidente de la República.
“Si hay dudas, si hay temas que tengan que aclararse, tiene que investigarse por el bien mismo del país. Me parece correcto el pedido de la Procuraduría Ad Hoc si hay responsabilidad, pues tiene que asumirse y si no la hay, pues mejor para todos”, manifestó no sin antes aclarar que nunca ocultó esa información como manifiesta el congresista Mauricio Mulder.
ACCIONES
La congresista Yeny Vilcatoma, por su parte, señaló que la procuradora Ampuero actúa según sus atribuciones y espera que el fiscal inicie acciones de inmediato.
“De haber sido recibido el oficio, el Fiscal de la Nación está obligado a iniciar acciones inmediatamente, empezar una investigación preliminar y establecer una línea de tiempo para que pueda tener información básica y de ser necesario incluir al Presidente como investigado”, manifestó.
Recordó, además, que el procedimiento es muy importante puesto que el Presidente tiene la investidura, por ello resulta clave saber las fechas de los hechos en cuestión.
“La procuradora ha tenido que analizar el contenido y concluir que ha habido una connotación delictiva. Por lo menos está cumpliendo con su deber de pedir a las autoridades competentes que inicien las acciones. Se espera que haga lo propio para el tema de la Interoceánica, estando a la actuación que tuvo PPK en aquel entonces, en el año 2004-2005. Es lo que corresponde. A partir de ese momento, los fiscales ya están habilitados para iniciar investigaciones en el ejercicio de sus atribuciones”, concluyó.
Así las cosas, el fiscal Pablo Sánchez debe decidir si abre una investigación contra PPK. Se supo que el documento ya se encuentra en trámite dentro del Ministerio Público, pero por lo delicado del asunto, se mantiene en la más estricta reserva.
Según fuentes del Ministerio Público, el fiscal de la Nación Pablo Sánchez derivó el pedido de la procuradora Katherine Ampuero a las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavados de Activos y Pérdida de Dominio, a fin de obtener opinión. La notificación seguirá su curso y se espera que en los próximos días, Sánchez se pronuncie oficialmente respecto a esta solicitud y el rumbo que tomará.
Fuente: Diario Correo.

Verónika Mendoza era el ‘brazo derecho’ de Nadine Heredia

Exembajador Luis Raygada pide a lideresa de Nuevo Perú que asuma su cuota de responsabilidad. “Resulta infantil negarlo”, opina.
Luis Raygada y Verónika Mendoza se conocieron en París allá por el año 2006, cuando ella estudiaba un máster en Ciencias Sociales en la Universidad Sorbona Nueva-París 3, en pleno Barrio Latino de la capital francesa, unos meses antes de que su camino se cruzara azarosamente con el de Nadine Heredia.
Por aquellos días, Raygada también conoció a Ronal Barrientos, el “novio” de Mendoza Frisch -como lo define- con quien años más tarde compartiría las mieles del poder, aupado ya el mal llamado nacionalismo a la grupa de la política peruana.
Cuando Luis Raygada se encontró con Verónika y Nadine en Lima, la impresión que tuvo fue que eran “muy amigas”, unas “colaboradoras muy estrechas”, según sus propias palabras, pero sometida siempre la primera a la última. “Era su asistenta directa”, manifiesta.
Antes eran inseparables. Ahora, el cálculo político se impone
Este personaje, que dice llevar el nacionalismo en su ADN, recibió a ambas en Caracas (Venezuela), cuando los trajines partidarios les imponían intensas reuniones con líderes políticos del ‘chavismo’ vivo de entonces. “A algunas reuniones iba yo, a otras no podía asistir”, recuerda.
En aquellos días Raygada ya había sido nombrado embajador del Perú en el país llanero, por obra y gracia del entonces presidente Ollanta Humala, a quien también había conocido en Francia, cuando era agregado militar. De hecho, este personaje metido a diplomático también tiene doble nacionalidad: la peruana y la francesa.
Exembajador y dirigente humalista Luis Raygada
“Verónica falla al no decir las cosas como son. Ella era parte del grupo de Nadine Heredia y Ollanta Humala y resulta infantil negarlo“, agrega.
Luis Raygada fue el que dio a conocer varios correos electrónicos enviados por Mendoza Frisch entre los años 2006 y 2007, en los que coordinaban reuniones con miembros del partido del expresidente Hugo Chávez en Venezuela.
En esas comunicaciones se consignan también números de una cuenta para depósitos que son los mismos que aparecen en la denominada “agenda roja” de la exPrimera Dama acusada de lavado de activos.
Esto le costó a Raygada una serie de insultos y diatribas, sobre todo de Ronal Barrientos -ese al que conoció en París- quien llegó a calificarlo de “traidor”, como él mismo recuerda.
Verónika Mendoza conoce de cerca relaciones de Humala con el régimen chavista
El exdirigente humalista afirma que no le sorprendió el anuncio de Jorge Barata, el representante de Odebrecht en el Perú, en el sentido de que entregó a Nadine Heredia US$3 millones, pues su “aburguesamiento” fue un proceso paulatino.
“Ellas (Verónika y Nadine) eran muy amigas, colaboradoras muy estrechas, directas”, mencionó, tras exhortar a la hoy lideresa de Nuevo Perú a asumir su cuota de responsabilidad en este espinoso tema.
Fuente: www.manifiesto.net.pe

Los rescatistas hallaron el cuerpo del seminarista que se ahogó en el balneario Las Delicias de Trujillo, cerca del puerto de Salaverry. Fue identificado como Luis Enrique Chilcón López (22).
El fallecido, junto con el sacerdote Marco Antonio Dávila Montalvo -decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Benedicto XVI- y otros dos seminaristas, se ahogaron luego de ser arrastrados por las fuertes olas.
Según había informado el Centro de Operaciones de Emergencia (COER) de La Libertad, el cura ingresó a nadar, pero debido al fuerte oleaje no pudo salir del mar, por lo que cinco seminaristas entraron a rescatarlo. Sin embargo, tres de ellos también se ahogaron. Entre ellos el adolescente Francisco Vice (17).
Se pudo rescatar a otros dos seminaristas: Roidel Ronaldo Alvarado Moreno (22) y Antonio Fernando Altamirano Gross (20), quienes se encuentran estables.
Se sabe que el grupo pertenecía al Seminario Arquidiocesano San Carlos y San Marcelo del distrito de Moche.En tanto, el cuerpo del seminarista Guillermo Santos Plasencia Chávez (21) fue encontrado flotando en las mallas de un pescador en el puerto de Salaverry, a unos cinco kilómetros al sur de Las Delicias.
Fuente: Diarios Perú21, El Comercio, Radio Programas del Perú y www.trujilloenlinea.pe

El origen legal del Gasoducto del Sur se dio tras visita de Marcelo Odebrecht y Barata a Palacio de Gobierno

Un día después de la reunión, el expresidente Ollanta Humala envió al Congreso el proyecto de ley que fue la partida de nacimiento de la obra que fue adjudicada al consorcio liderado por la empresa Odebrecht como único postor.
Por Óscar Libón
Los brasileños Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora brasileña que lleva su apellido, y Jorge Barata, exrepresentante en Perú de la misma compañía, sostuvieron reuniones en Palacio de Gobierno y en el Ministerio de Energía y Minas en momentos claves de la gestación y proceso de la millonaria concesión del Gasoducto del Sur -entre los años 2012 y 2014-, que fue otorgada a un consorcio liderado por la mencionada empresa de Brasil, concesión que está bajo investigación en la Segunda Fiscalía Anticorrupción.
Precisamente, estos encuentros durante la gestión del presidente Ollanta Humala, se realizaron en el mismo periodo en el cual la firma Odebrecht admitió haber pagado sobornos a altos funcionarios en Perú entre 2005 y 2014, según la propia confesión de la empresa brasileña que fue difundida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en diciembre pasado.
En efecto, el jueves 9 de agosto de 2012, Marcelo Odebrecht, ahora preso en Brasil por corrupción y lavado de activos, y Jorge Barata, quien reconoció haber pagado coimas al exmandatario Alejandro Toledo, fueron hasta Palacio de Gobierno, donde tuvieron una reunión por más de tres horas. Ambos llegaron a las 4:44 de la tarde y se retiraron a las 8 de la noche, de acuerdo con el reporte oficial de visitas enviado en enero último a la fiscalía que investiga el caso y al que accedió Convoca.pe.
En el registro de ingresos y salidas de personas del Despacho Presidencial se consignó la visita de los altos directivos de Odebrecht a la “Presidencia de la República” con sus respectivos números de pasaporte y carne de extranjería, según el oficio N° 008-2017-DP-OGA/OTI elaborado por el ingeniero Joan Miguel Palacios Ramírez, director de la Oficina de Tecnologías de la Información de la sede de Gobierno.
Al día siguiente del encuentro, el 10 de agosto, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el Oficio 197-2012-PR, firmado por Humala, con el proyecto de Ley “que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país”, el cual fue el origen del Gasoducto del Sur, que terminó siendo adjudicado al consorcio de Odebrecht por más de 7 mil 300 millones de dólares, como postor único, el 30 de junio de 2014.
El oficio que recoge las visitas de altos funcionarios de Odebrecht a la Presidencia de la República en el régimen de Ollanta Humala.
El marco legal para el Gasoducto del Sur fue aprobado en el Parlamento por 95 votos a favor (en su mayoría de congresistas del partido de gobierno de Humala), uno en contra y tres abstenciones, cuando el nacionalista Víctor Isla era presidente del Legislativo.
“Mucho estimaremos que se sirva disponer su trámite con el carácter de URGENTE”, se lee en el documento, también rubricado por el entonces premier Juan Jiménez Mayor, en el que se apeló al artículo 105 de la Constitución con el fin de que el Parlamento priorizara la propuesta legislativa.
La iniciativa ingresó al Congreso con el número 1396/2012-PE y se convirtió en la Ley 29970, promulgada el 22 de diciembre del mismo año, considerada la partida de nacimiento de la megaobra, con la cual además se autorizaba un cobro a los ciudadanos en los recibos de luz para financiar su construcción.
El marco legal para el Gasoducto del Sur fue aprobado en el Parlamento por 95 votos a favor (en su mayoría de congresistas del partido de gobierno de Humala), uno en contra y tres abstenciones, en la sesión plenaria del jueves 13 de diciembre de 2012, cuando el nacionalista Víctor Isla era presidente del Legislativo.
Oficio remitido al Congreso por el mandatario Ollanta Humala dan nuevos elementos en el caso Gasoducto del Sur, que investiga el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia.

Visitas estratégicas

El nombre de Jorge Barata figura como visitante de Palacio de Gobierno, durante la gestión gubernamental de Ollanta Humala, en otras dos ocasiones: el 26 de octubre de 2011 (de 5:40 de la tarde a 7:10 de la noche) y el 1 de agosto de 2012 (de 11:06 de la mañana hasta las 5:36 de la tarde).
Pero el representante de Odebrecht en Perú también registra ingresos al Ministerio de Energía y Minas, sector responsable de establecer los lineamientos y estándares del Gasoducto del Sur.
Entre 2013 y el primer semestre de 2014 -en plena preparación y desarrollo del proceso de concesión de la obra que terminó en manos del consorcio de Odebrecht-, Barata visitó al menos 13 veces la sede de este ministerio para reunirse con los titulares del sector en esos años, Jorge Merino y su sucesor Eleodoro Mayorga. Este último se encuentra investigado en la Segunda Fiscalía Anticorrupción, a cargo del magistrado Reynaldo Abia, por un presunto conflicto de interés debido a que fue consultor de Odebrecht.
Según los registros a los que Convoca.pe tuvo acceso, Jorge Barata ingresó al ministerio el 11 de enero de 2013 a las 3:41 de la tarde. Un día antes, el presidente Ollanta Humala y los ministros Jorge Merino y Luis Castilla ratificaron mediante la resolución suprema 005-2013- EF, el acuerdo adoptado por Proinversión para que el Gasoducto del Sur fuera incorporado en el proceso de promoción de la inversión privada, es decir se iniciara los procedimientos para que el proyecto fuera adjudicado a alguna compañía privada.
Dos semanas después, el 29 de enero, Humala rubricó la resolución suprema 010-2013-EF mediante la cual se constituyó el Comité Pro Seguridad Energética en Proinversión y se designó a sus miembros, bajo la presidencia de Guillermo Lecarnequé, instancia encargada de realizar el proceso de selección. La convocatoria y publicación de bases se efectuó el 24 de febrero del mismo año.
El 19 de setiembre del 2013, en el registro de visitas de la alta dirección del ministerio se consignó que Barata y Lecarnequé, titular del comité de Proinversión para el Gasoducto del Sur, se reunieron a las 11:30 de la mañana con el ministro Merino.

La concesión

El entonces ministro Eleodoro Mayorga, exconsultor de Odebrecht que sucedió a Jorge Merino el 24 de febrero de 2014, recibió dos visitas de Jorge Barata antes de que hubiera cambios en la presidencia del Comité Pro Seguridad Energética, a menos de dos meses del otorgamiento de la buena pro del megaproyecto.
El mencionado directivo de la firma brasileña se reunió con Mayorga, en su despacho de San Borja, el 6 de marzo y el 4 de abril de 2014. Y el 8 de mayo siguiente, Guillermo Lecarnaqué fue removido de su puesto y en su lugar fue designado Édgard Ramírez Cadenillas, quien también había realizado consultorías para Odebrecht, hasta 2012.
Entre 2013 y el primer semestre de 2014 -en plena preparación y desarrollo del proceso de concesión de la obra que luego terminó en manos del consorcio de Odebrecht-, Jorge Barata visitó al menos 13 veces el Ministerio de Energía y Minas.
Como se recuerda, el 30 de junio de 2014, el referido comité de Proinversión -con Ramírez Cadenillas- adjudicó la concesión del Gasoducto del Sur al consorcio integrado por Odebrecht y la empresa española Enagás, en medio de sospechas de favorecimiento a la constructora brasileña.
Tras revelaciones periodísticas sobre presuntos conflictos de interés, el Ministerio Público abrió una indagación preliminar que está en curso, a cargo del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, en la cual están incluidos exfuncionarios de Proinversión, representantes en el país de Odebrecht, como Jorge Barata; el exministro Eleodoro Mayorga, la exprimera dama Nadine Heredia, abogados de estudios jurídicos que participaron en el proceso de selección y otras personas.
Convoca.pe buscó las versiones del expresidente Ollanta Humala, mediante su abogado Julio César Espinoza, y de los exministros Jorge Merino y Eleodoro Mayorga, pero no hubo respuesta. Esta mañana, Humala acudió a una citación de la Segunda Fiscalía Anticorrupción para responder en calidad de testigo sobre la millonaria concesión del gasoducto del sur al consorcio de Odebrecht. A su salida, destacó la importancia del megaproyecto y evitó responder sobre las sospechas de irregularidades.
Por su parte, la exsecretaria de prensa de la Presidencia de la República, Cynthya Montes, quien aparece como la persona visitada en Palacio de Gobierno por Marcelo Odebrecht y Jorge Barata el 9 de agosto de 2012, dijo a Convoca.pe que ella no los recibió y que tampoco se reunieron con el exmandatario peruano, a pesar que los documentos oficiales que están en manos de la Casa Militar del Despacho Presidencial y del Ministerio Público señalan que la visita sí se realizó.
Fuente: www.convoca.pe

El maletín de César Almeyda

La ministra de la Mujer reveló que ella solicitó, a título personal, aportes económicos a Jorge Barata, representante de Odebrecht en Perú, para la ONG Centro Global, que ella dirigió durante 10 años. “Ellos no se acercaron a nosotros, nosotros sí a ellos”, indicó.
Ana María Romero precisó que solicitó dicho aporte a través de una carta que le dirigió a Jorge Barata, con el objetivo de conseguir recursos que le permitiesen cumplir con los objetivos de la ONG, como la lucha contra la pobreza.
Explicó que su acercamiento con Jorge Barata se dio en el Perú, luego de concluir el Cuarto Encuentro de Expresidentes en el Brasil, desarrollado en el año 2009. Detalló que la cifra aportada por Odebrecht fue de US$ 71 mil, tras enfatizar que toda actividad de la ONG ha sido transparente, sin testaferros y sin cuentas offshore, tal y como lo señalan también en la cuenta de Twitter de su cartera:
De otro lado, la ministra de la Mujer sostuvo que la relación que ha mantenido con el ex presidente Alejandro Toledo ha sido estrictamente en el ámbito laboral, profesional y para asuntos programáticos de la ONG.
“A lo largo de 10 años que he ejercido como directora ejecutiva mi relación con el presidente de la asociación, con el señor Alejandro Toledo, han sido estrictamente profesional y técnica, sobre todo en los aspectos programáticos de la ONG”, expresó.
Fuente: Diario El Comercio.

Luego que se emitiera el Decreto Supremo que modifica las normas de contratación del personal altamente calificado en el Estado -específicamente contratar bachilleres con 10 años de experiencia-, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó recomendar que se derogue, pero aún la decisión final está en manos de la Comisión Permanente.
Con 11 votos a favor 3 en contra y 3 abstenciones se aprobó el informe en minoría presentado por la congresista fujimorista Úrsula Letona, quien asegura que existe “ilegalidad” del artículo cuarto en el extremo que modifica la Ley 29806.
En contra del pedido votaron los legisladores oficialistas Vicente Zeballos, Gilbert Violeta y el aprista Javier Velásquez, mientras que se abstuvieron los congresistas del Frente Amplio Alberto Quintanilla, Zacarías Lapa y Mario Canzio.
Con este Decreto Supremo que modifica la Ley N° 29806, el Gobierno bajó la valla en las normas de contratación en Ministerios, Despacho Presidencial y entidades adscritas a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Antes se exigía contar con la licenciatura.
Fuente: Diario Perú21.
La Comisión Permanente del Congreso de la República dejó sin efecto una norma que implementó el actual Gobierno para que los profesionales con grado de bachiller puedan ocupar altamente calificados en los estamentos del Poder Ejecutivo.
La gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski emitió dicha norma al amparo de las facultades legislativas. Sin embargo, el Parlamento derogó el artículo 4 del decreto legislativo N°1337.De esta forma, los trabajadores que sean contratados para un cargo altamente calificado deben contar con el título de licenciatura o grado de maestría.
El Gobierno pretendía que los empleados solo debían tener 10 años de experiencia para acceder a un puesto de alta importancia. Incluso, la norma ya venía siendo reglamentada en diversas entidades públicas y estaba cerca de ser aplicada, pero el Congreso le puso luz roja.
En diálogo con Gestion.pe, la legisladora de Fuerza Popular Úrsula Letona refirió que el grado bachiller no garantizaba la calidad de los trabajadores altamente calificados.
“El recién egresado en la mayoría de los casos sale como bachiller. Entonces tener diez años de experiencia laboral no es una garantía. Y la anterior norma ni siquiera precisaba que los diez años de experiencia estén relacionados al cargo”, expresó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, refirió que la flexibilización de los requisitos para otorgar el nivel de personal altamente calificado no tenía una relación directa con el argumento de la optimización del servicio público, el cual era uno de los objetivos del pedido de facultades legislativas.
Fuente: Diario El Comercio.