Mientras que la empresa brasileña Odebrecht pagará como reparación civil la irrisoria suma de 610 millones de soles al Estado peruano por los hechos de corrupción cometidos en nuestro país para ganar licitaciones de diversas obras, la constructora está demandando al Perú por 2,000 millones de dólares en tribunales internacionales, y por otros 2,500 millones de dólares en arbitrajes nacionales.
Así lo advirtió la parlamentaria Karina Beteta (FP), quien señaló a EXPRESO que la firma brasileña demandaría al Perú por la obra de la Central Hidroeléctrica de Chaglla. “Lo más gracioso que nos va a pasar es que perdamos esos arbitrajes por la Hidroeléctrica de Chaglla, porque todavía eso está por resolverse, son millones que vamos a perder (…). Todavía no se ha resuelto ese tema, pero es obvio que vamos a perder”, indicó. Beteta manifestó que este arbitraje presentado por Odebrecht por la Hidroeléctrica de Chaglla fue planteado por la compañía antes de vender esta obra por 1,400 millones de dólares a un consorcio chino. Es decir, la empresa presentó un recurso contra el Estado antes de realizar esta venta.
“Hay una gran responsabilidad del Ministerio de Justicia, a través del procurador, ¿cómo han permitido dar una opinión favorable?”, indicó la congrenacional, sista, responsabilizando al Ministerio de Justicia por haber permitido esta venta. La parlamentaria también criticó que parte del preacuerdo entre la Fiscalía y la Procuraduría con la constructora brasileña incluyera que la mitad del monto por el que fue vendido Chaglla sea para el erario ya que consideró que es una suma ínfima en comparación a lo que implicaría perder el arbitraje.
“Al final, nosotros vamos a salir debiéndole a la empresa Odebrecht. (…) Creo que están pidiendo más de US$ 1,000 millones [por Chaglla], superior al monto de la deuda”, enfatizó la legisladora, quien integró la Comisión Lava Jato. La congresista también aseguró que Odebrecht presentó otro arbitraje en contra del Estado, por la Hidroenergética Olmos, así como por la obra de Chavimochic, las cuales fueron investigadas por la Comisión Lava Jato en el Congreso de la República. Beteta Rubín manifestó que, con estos nuevos arbitrajes, la empresa ya estaría bordeando entre los 2,000 y 2,500 millones de dólares en contra del Estado peruano, lo cual significará una pérdida total para el país. “También está Chavimochic, o la Hidroenergética de Olmos. (…) De manera general, es por ahí [2,000 y 2,500 millones de dólares]. Ese es un aproximado”, manifestó.
NUEVOS ARBITRAJES
Por su parte, el parlamentario Víctor García Belaunde (AP) respaldó lo informado por la fujimorista Karina Beteta, y aseguró que el Estado peruano deberá afrontar varios arbitrajes interpuestos por Odebrecht. “Es cierto [que Odebrecht presentó denuncias contra el Estado peruano por estas obras]. Hay juicios, y el monto que piden es cerca de 2,500 millones de dólares, es un monto de forma general, no puedo recordar ahora el monto de cada obra”, manifestó. Cabe precisar que además de las obras reveladas por los congresistas, Odebrecht también tiene en proceso una demanda contra el Perú por el Gasoducto Sur Peruano, obra por la cual exige 2,000 millones de dólares, responsabilizando al Estado peruano por haber anulado el contrato.
Se debe detallar que la demanda fue presentada a través de las subsidiarias Odebrecht Latinvest S.A. y Odebrecht Latin Finance S.A.R.L., las cuales invocaron el tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo, lugar donde fueron constituidas ambas empresas. Dentro de esta denuncia, la compañía brasileña alegó una presunta vulneración a las normas entre el inversionista y el Estado, como el trato justo y equitativo, de igual protección y seguridad jurídica. De acuerdo a lo que señala la transnacional como argumento, el Decreto de Urgencia 003-2017, promulgado por el gobierno peruano, con el cual se establecía que los procuradores debían establecer un monto de reparación civil anticipada, afectó su inversión, y ocasionó una expropiación indirecta a sus ganancias. Según Odebrecht, cuando iniciaron los problemas y las investigaciones por los hechos de corrupción, sus activos valían 3,000 millones de dólares; no obstante, al no dejársele vender sus activos, estos redujeron su precio y terminaron valiendo mil millones de dólares, motivo por el cual exige que el Estado asuma la diferencia, y pague los 2,000 millones de dólares, según informó en su momento una publicación especializada.
Cabe indicar que el tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo establece que el primer paso de la demanda permite que exista un trato directo entre la empresa y el Estado, el cual durará un plazo de seis meses; sin embargo, el Estado anunció que no participará del trato directo.
Fuente: Diario EXPRESO.

Orden para rebaja en reparación civil sería del Gobierno

Por MARÍA TERESA GARCÍA y JOSÉ CARMEN MORAN- Diario EXPRESO.
Hace solo un año la Procuraduría Ad Hoc del Caso Lava Jato, a cargo de Jorge Ramírez, planteó una reparación civil de 3,468 millones de soles, que debería pagar la constructora brasileña Odebrecht por los daños ocasionados al Perú. Hoy sabemos que dicha suma se redujo al irrisorio monto de 610 millones de soles. ¿Qué pasó con las pretensiones del Gobierno? Exprocuradores y ex jueces señalan que en el ínterin pudo haber una transacción de tipo político y no descartan que sea también económica, de la cual no habría estado exento el fiscal José Domingo Pérez.
En enero de 2018, en declaraciones a la prensa, Ramírez dijo lo siguiente: “Nosotros esperamos que Odebrecht cambie de actitud, no es posible que ofrezcan 66 millones de dólares de reparación civil (…) Ellos tienen que reflexionar y si quieren enmendar, espero que propongan un monto mayor”.
La cantidad de casi 3,500 millones de soles tomó en cuenta tres proyectos.
Primero, el Gasoducto Sur Peruano, licitado en el gobierno de Ollanta Humala, por un costo estimado de 23,700 millones de soles, donde el equipo de la Procuraduría calculó  la reparación civil solo por este proyecto en 1,482 millones de soles.
Segundo, por la Carretera Chacas licitada bajo la gestión del también encarcelado exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, por un monto de 559 millones de soles, el resarcimiento monetario ascendía a 248 millones de soles.
Por último, para el proyecto Interoceánica Sur, tramos dos y tres, licitación otorgada durante el gobierno de Toledo, la reparación solicitada sería de 1,736 millones de soles.
Entonces ¿qué sucedió con Ramírez? La exprocuradora Yeni Vilcatoma parece tener la respuesta. “Si Odebrecht compró siempre todas las voluntades con dinero, los hechos nos hacen pensar que podría estar sucediendo lo mismo y que debería investigarse algún tipo influencia de dinero sobre las autoridades que están participando [en el acuerdo] para tener una actuación de esa naturaleza”.
“Si cuando Odebrecht ponía y sacaba presidentes, lo hacía con el poder económico, cómo no lo va a hacer ahora que se juega la libertad de sus directivos”, dijo Vilcatoma, tras señalar que la empresa está haciendo su mayor esfuerzo para liberarse del enorme problema legal.
La tercera vicepresienta del Congreso anunció que en los próximos días presentará una queja “contra los fiscales a cargo del preacuerdo con Odebrecht” ante la Oficina de Control Interno por haber actuado contra los intereses del Estado que ellos deben defender, y lo mismo hará en el caso del procurador Jorge Ramírez.
Asimismo, dijo que presentará sendos proyectos de ley con el objetivo de evitar que próximas negociaciones tan desventajosas para el Estado puedan favorecer a empresas extranjeras a las que se les otorgan la buena pro de las obras.
“También estoy haciendo un proyecto de ley para que se eliminen los arbitrajes en el ámbito público y también para derogar la ley 30737 y allí veremos la voluntad del presidente Daniel Salaverry y del Congreso en su conjunto para pronunciarse por la derogación de la ley”, afirmó.
HISTORIA
Yeni Vilcatoma narró a EXPRESO que fue el propio procurador Jorge Ramírez quien la convocó a su despacho y, con el ecram en mano, le explicó cómo había llegado al monto que debería pagar Odebrecht por los tres proyectos, es decir los S/ 3,468 millones.
“Me convocó a su despacho y me explicó cómo habían llegado a ese monto, que luego debería sustentar ante el juez, estamos hablando de cuánto es el perjuicio causado, la sobrevaloración, el lucro cesante, porque tampoco puede ir con un monto inventado”, recordó.
También rememoró que durante esa reunión el procurador estuvo acompañado por todo un equipo que se dedicaba a exclusividad a efectuar esa labor para la cual se le había designado un fuerte presupuesto.
“Debemos empezar averiguando a partir del ingreso de procurador Ramírez, ¿a cuánto personal se contrató? ¿Cuántas consultorías se hicieron? ¿A cuántas universidades se contrataron?”, se preguntó.
Pero lo primero que hay que saber –indica Vilcatoma- es la razón por la cual un procurador como Ramírez, quien en un inicio fue objeto de memes y del ataque de Odebrecht por señalar el millonario monto de reparación, hoy haya terminado aceptando una cantidad que no se asemeja ni por asomo a la que iba a reparar al Estado sólo por tres proyectos de infraestructura.
“Entonces resulta inexplicable, cómo habiendo desarrollado durante tantos meses con un equipo multidisciplinario ese monto, es incoherente que ahora plantee una cantidad  tan mínima. Habría que averiguar si hubo algún tipo de pago de coimas a su persona o presión, o es que si alguien le ha impuesto a él o le ha hecho llegar ese monto”, sostuvo.
Al ser consultada sobre una probable influencia originada desde lo más alto del Ejecutivo para variar el monto, expresó su preocupación ya que por encima del procurador está el ministro de Justicia y sobre él, el presidente de la República.
“Lo que vemos es una total injerencia del ministro sobre los procuradores. Si partimos que el presidente mismo tiene una posición ambigua y con un premier que dice que sí van a contratar (con Odebrecht) y después un presidente que dice que no, entonces no hay una posición frontal. Aquí la posición debe ser “me pagas y no contrato más contigo”, sostuvo.
“HUBO UNA NEGOCIACIÓN POLÍTICA”
Para el expresidente de la Corte Superior de Lima, Marcos Ibazeta, el verdadero trasfondo de la enorme variación del monto de la reparación civil no es otro que el político, ya que en las investigaciones no está comprendido el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ni su entorno más íntimo.
“Las cifras que aparecen en el preacuerdo  son ridículas, entonces quiere decir que primero hubo una negociación política con el gobierno peruano a través del Ministerio de Justicia, porque el ministro no hace nada sin autorización del gabinete, por allí viene la fijación del monto”, dijo.
“Pero aquí comprometen al fiscal porque el fiscal no se puede hacer el sordo, ciego y mudo sabiendo que va a ver un control posterior del juez”, agregó.
Siguió señalando que “así lo político se mete en las investigaciones y el fiscal acepta restringir las indagaciones en cuatro casos donde se verá beneficiada toda la gente de este gobierno porque no están en las investigaciones lo actos de PPK, entonces hay que analizar bien esa línea de investigación”.
Ibazeta dijo que una vez conocido en su totalidad el acuerdo, está clara la ruta de la de negociación, por lo cual se hace imperioso que el Gobierno otorgue las explicaciones del caso, o es que se está “manoseando este tema con Odebrecht para salvar a unos y culpar a otros”.
PROCURADURÍA: REPARACIÓN SE CALCULÓ CONFORME A LEY 30737
La Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato calificó de falsas e imprecisas las afirmaciones que señalan que no se habría calculado el monto de la reparación civil de la empresa Odebrecht dentro de los lineamientos y fórmulas que establecen la Ley 30737 y su reglamento.
A través de un comunicado, refirió que se ha confundido el proceso de cálculo de la reparación civil con el beneficio que propone la Fiscalía para excluir a Odebrecht de los alcances de la Ley 30737 y su reglamento, en virtud del alto grado de colaboración con información y pruebas que viene aportando la empresa a juicio de los fiscales.
“Este beneficio que se le otorgaría a Odebrecht por solicitud de la Fiscalía, el cual está contemplado dentro de la misma Ley 30737, recién entraría en vigencia una vez que se firme el acta final de colaboración eficaz y esta sea aprobada por un juez del Poder Judicial”, agregó.
Remarcó que mientras el acuerdo no sea aprobado por el Poder Judicial, la empresa Odebrecht sigue bajo los alcances de la Ley 30737 y su reglamento.
“Por tanto, el monto de la reparación civil se ha calculado bajo los lineamientos y fórmulas de estas normas legales”, acotó.
La Ley 30737 y su reglamento es la norma que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos.  La ley fue debatida y aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, el 12 de marzo de 2018. El reglamento se aprobó en mayo del mismo año.
EXMINISTRO VÍCTOR GARCÍA TOMA HABLA CLARO:

Deben dar explicaciones del preacuerdo

El constitucionalista también exhortó al ministro Vicente Zeballos y a la fiscal Zoraida Ávalos a pronunciarse sobre si respaldaban o no el preacuerdo que ya es público.
La Procuraduría debería informar cual fue el método y la fórmula legal que utilizó para establecer el monto de 610 millones de soles como reparación civil que se le pide a la empresa brasileña Odebrecht, dentro del pre acuerdo de colaboración que se pretende aprobar con esa compañía.
Así lo manifestó a EXPRESO el ex ministro de Justicia, Víctor García Toma, quien explicó que al revelarse la reserva del acuerdo “a través de la publicación de una ONG”, este ya pasó a ser público.
“Esto [el pre acuerdo] debía mantenerse en reserva, pero a viva cuenta de que de la Fiscalía, o la Procuraduría, u Odebrecht, o de alguno de estos tres lugares se filtró [el pre acuerdo] el día 8 [de diciembre], donde se le hizo llegar a una ONG”, sostuvo.
“Luego, esta filtración ha seguido, ahí es donde se ha hecho público el tema, y habiendo surgido cuestionamientos, sería bueno que el procurador explique y justifique su labor”, agregó.
El también ex presidente del Tribunal Constitucional se pronunció respecto al Decreto Supremo 096-2018-EF, es decir el reglamento de la Ley Nº 30737 (Ley que asegura el pago inmediato de reparación civil), y señaló que el Procurador debería explicar si siguió esta norma o vulneró el proceso legal.
“Si el Procurador respetó el marco legal, utilizó los criterios técnicos que eran los adecuados para llegar a esa cifra [610 millones de soles], no hay nada que hacer. Pero si no se utilizó ese marco, o no se utilizó adecuadamente el procedimiento para establecer la cifra, o no se incluyeron todos los elementos necesarios para llegar a la cifra adecuada, habría actuado mal”, enfatizó.
El constitucionalista también exhortó al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, y a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a manifestar si respaldaban o no el pre acuerdo que ya es público.
“El procurador ha llevado a cabo las negociaciones, pero es al ministro de Justicia a quien finalmente queremos escuchar de manera expresa y clara, si avala o no avala el trabajo realizado por su procurador”.
“Y lo mismo debería suceder con la Fiscal de la Nación, en relación a las negociaciones que, en nombre y representación de esa institución, llevaron a cabo los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez”, acotó.
García Toma explicó que al haberse hecho público este pre acuerdo, los argumentos de la Procuraduría y de la Fiscalía, respecto a que esto todavía debe mantenerse en reserva, ya no tendría sustento, por lo que emplazó a los funcionarios a explicar qué funciones han realizado respecto a la formulación de este trato con la firma brasileña.
“Eso [la reserva del pre acuerdo] estaba justificado en el momento en que efectivamente se había constituido la reserva, el fiscal no podía emitir una opinión. Pero ya se hizo público, a través de una filtración (…) Habiéndose establecido un debate, sería bueno que el procurador dé una explicación de cómo se han llevado las negociaciones”, manifestó.

Lamas Puccio: la idea es generar expectativas

A su turno, el jurista Luis Lamas Puccio advirtió que el pre acuerdo establecido entre Odebrecht con la Fiscalía y la Procuraduría, no solo sería lesivo en temas económicos para el país, sino que además impediría que la justicia peruana reciba más información respecto a los que participaron de los actos de corrupción.
“Estoy convencido que el acuerdo de colaboración es algo inventado, han hecho creer que habrá nuevas revelaciones, y eso no es verdad, ya las revelaciones, de una u otra manera, se han manifestado, entonces, la idea es generar nuevas expectativas, para ahí meter el tema de la reparación civil, significativamente rebajada”, señaló.
Aseguró que este tipo de acuerdo se realizó con el objetivo de buscar una forma legal, la cual permita bajar la reparación civil que debería pagar Odebrecht al Estado peruano.
“No existía una fórmula para que Odebrecht pudiera pagar una cantidad mucho menor de manera significativa, entonces, inventan el tema de la colaboración eficaz, y hacer creer a la opinión pública que a través de esa colaboración eficaz, aparecerán nuevas revelaciones sobre nuevos hechos y nuevos involucrados”, finalizó.

Países de todo el mundo lo reconocen como presidente de Venezuela

Luego de que el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, asumiera la presidencia interina de ese país, desconociendo como presidente a Nicolás Maduro, diversos países de todo el mundo y organismos internacionales reconcieron a Guaidó como presidente de Venezuela.
Los gobiernos de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Costa Rica anunciaron en Davos (Suiza) que reconocen al presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, como “presidente de Venezuela”. El anuncio se hizo tras una reunión en la que participaron los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; Colombia, Iván Duque; Costa Rica, Carlos Alvarado; Ecuador, Lenín Moreno, y la vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz.El mandatario de Chile, Sebastián Piñera, respaldó a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, después de que varios países de la región también hicieran lo mismo este miércoles. “El Gobierno de Chile, igual que el grupo de Lima, y especialmente Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Canadá, y también otros países del mundo como Estados Unidos y Francia, hemos decidido reconocer esta Presidencia como encargado de Juan Guaidó”, dijo Piñera.
El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que reconoce al titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente legítimo “interino” del país suramericano, un paso con el que busca aumentar la presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Trump reveló su decisión en un comunicado, minutos después de que Guaidó anunciara que asume las competencias del Ejecutivo venezolano para luchar contra la “usurpación” de la Presidencia por parte de Maduro.El mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez, expresó su “apoyo” a Juan Guaidó como “presidente encargado de Venezuela”, después de que el líder del Parlamento venezolano anunció este miércoles que asume las competencias del Ejecutivo
El gobierno de Guatemala reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, anunció la canciller Sandra Jovel en Twitter. “Guatemala reconoce al Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó como Encargado Interino de la Presidencia de Venezuela y manifiesta su apoyo”, señaló Jovel en la red social.
Pronunciamiento de OEA
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que el “reloj” sobre la salida de Venezuela del organismo se paró “ya” desde el momento en el que el líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, anunció que asume la Presidencia interina del país. “Sí, obviamente, el reloj ya se paró (…) desde ya”, dijo Almagro a un reducido grupo de periodistas, entre ellos Efe, al ser preguntado sobre la salida de Venezuela de la OEA.
México reconoce a Maduro
El gobierno de México dijo que reconoce todavía al gobierno de Nicolás Maduro luego de que el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamara presidente interino. “Hasta donde estamos, (el posicionamiento de México) es que nosotros reconocemos a las autoridades electas de acuerdo a la constitución venezolana”, dijo a la AFP el portavoz de la presidencia mexicana, Jesús Ramírez.
Fuente: EFE y AméricaTV.

Fabiana Rosales: ¿De monaguilla a Primera Dama de Venezuela?

Su nombre es Fabiana Andreina Rosales Guerrero, es comunicadora social y la esposa del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó. La joven no ha dejado de acompañar al dirigente político opositor en los momentos más cruciales que este ha vivido en los últimos días, entre estos, su nombramiento al frente del Parlamento Venezolano, y la detención y liberación por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque la conducción política de Venezuela, pareciera no estar muy clara todavía, la historia que se va conociendo y tejiendo en torno a la “pareja presidencial” que posiblemente regirá al país suramericano, a partir del 23 de enero, no dejan de sorprender y generar la necesaria esperanza en esta etapa crucial para los venezolanos.
Ha sido monseñor Luis Enrique Rojas Ruiz, obispo auxiliar de Mérida, quien este 15 de enero dio a conocer un detalle especial en la vida de Fabiana Rosales, a quien los venezolanos desde ya identifican como la “Primera Dama”. Su historia se hizo viral en las redes sociales, esta vez en tono de esperanza y alegría para los venezolanos. ¿La razón? Fabiana era monaguilla en la población de Tovar, estado Mérida.
Bajo el título: “De Monaguilla a Primera Dama”, el prelado reveló que hace veinte años una niña lo recibió y tomó de la mano, cuando fue enviado por el arzobispo de Mérida, Baltazar Porras, a ejercer como vicario de la parroquia “Nuestra Señora de Regla”, en la población de Tovar, donde fue enviado a cumplir su primera experiencia sacerdotal.
“Recuerdo que ese día domingo cuando llegué acompañado de mucha gente de Mérida, en la Plaza Bolívar de Tovar, me esperaban algunas personas (…) la mayoría ya estaba dentro del templo y entre los que estaban afuera había un grupo de niños: monaguillos y monaguillas unos que ya venían prestando un servicio en el altar, otros que se iniciaban ese día y el resto que simplemente querían recibir y acompañar al sacerdote que llegaba a trabajar”, escribió en su artículo el prelado merideño.
“Entré al templo en medio de aplausos y gritos de bienvenida como es costumbre en nuestras parroquias; los saludaba a todos, pero de la mano me llevaban dos niñas: Fabiana Andreina Rosales Guerrero y María Alejandra Montilva”. Las niñas le habrían expresado su deseo de “ser monaguillas” al igual que se sentían felices de recibirlo ese día en su parroquia. “Quedé inmediatamente impresionado de la capacidad de estas dos niñas que para el momento tenían sólo 7 años de edad”, relató “Kike” Rojas.

Juan Guaidó le pide la bendición

El obispo centró su narración en Fabiana Rosales, “a quien después de haberla visto crecer, formarse toda una señorita, hizo su primera comunión conmigo, luego en su fiesta de 15 años, en su graduación de bachiller y de la universidad como licenciada en comunicación social”. También cuenta que ella manifestó el deseo de hablar con él “para presentarme a su novio para que yo lo conociera y le diera, como solemos decir, el visto bueno, para así ella continuar más tranquila con esa relación de noviazgo”.
“Llegó el día de conocer al joven que ya era un profesional, proveniente de La Guaira y egresado de la UCAB, nos encontramos en un sitio y así conocí al novio de mi monaguilla que era Juan Guaidó”, describió el sacerdote en el viralizado artículo. Cuenta que le dio “buena impresión el muchacho muy educado (…) recuerdo que Juan ese día se presentó y de una vez me pidió la bendición, costumbre que mantiene presente actualmente cada vez que nos encontramos o nos saludamos”.

Familia escogida para una misión

“Sé que Juan y Fabiana, jamás pensaron que Dios, la vida y nuestra amada Venezuela nunca los elegirían para una misión y un compromiso como el que hoy se les presenta, pero sé que los dos junto a su hermosa hija: Miranda Eugenia Guaidó Rosales (a quien bauticé en la Catedral de Mérida) están preparados y con formación en valores: humanos, morales, éticos, religiosos y familiares para ser la Familia Presidencial, que desde hace tanto tiempo le hace falta a un país como el nuestro donde uno de los sectores más valorados e importantes, como es el grupo familiar, hoy se siente herido y maltratado”, dice en una parte de la historia acerca de estos venezolanos del momento.
“Los dos vienen de familias buenas, no perfectas, pero si con mucha formación y arraigados en los principios y valores fundamentales que hoy necesitamos rescatar”, acotó. “He sido siempre ha sido “un defensor y trabajador incansable de las familias y los que conocen mi trabajo pastoral saben que es así, por lo que no puedo dejar pasar desapercibido este momento tan importante, trascendental y determinante en nuestra historia política de Venezuela”, sostiene el prelado.
“Es por eso que hoy hablo con propiedad, autoridad moral y espiritual de esta familia joven: Guaidó Rosales, en primer lugar para que los pongamos en oración, los acompañemos, apoyemos y los veamos como una familia elegida por Dios. Recordemos que Dios siempre revela todas estas cosas a los más humildes y sencillos”, añade.
¡NO TENGAN MIEDO! De manera personalísima el obispo auxiliar de Mérida se dirigió a esta familia venezolana. “Queridos: Juan Guaidó, Fabiana y Miranda, cuentan con mi oración, mi acompañamiento y cercanía como siempre lo hemos vivido”, dijo.
“No tengan miedo, tengan fe y confianza en Dios que todo va a salir bien. Cuentan ustedes también en estos momentos con todo un pueblo sediento de paz, democracia y libertad. El mismo Dios que permitió que un día ustedes se encontrarán, se conocieran, se enamoraran, tuvieran una hija tan hermosa; ese mismo Dios hoy los llama a cumplir esta misión en Venezuela y no los dejará solos. La historia, Venezuela y todas las generaciones por venir se los agradecerá siempre”, indicó.
“Reciban también mi bendición y la del Señor Cardenal Porras Cardozo, porque tú Fabiana seguirás siendo nuestra monaguilla de la Iglesia merideña y en Tovar. Que la Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela los cubra con su Santísimo Manto. Los quiere y los bendice todos los días como ustedes siempre me dicen: El Padre Kike”.
Concluye comprometiéndose en algo a lo que están llamados a participar millones de venezolanos para el próximo 23 de enero de 2019: “estaré muy cerca de ustedes acompañándoles con mi oración y mi Eucaristía”.
Fuente: Aleteia.org

Quiroga y Adrianzén coinciden: Vizcarra quebró la Constitución por mantenerse como socio de su empresa mientras fue ministro de Transportes

Por Aaron Salomón– Político.pe
El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga y el exministro de Justicia Gustavo Adrianzén coincidieron en que el presidente de la República, Martín Vizcarra, infringió la Carta Magna puesto que, de acuerdo con las propias palabras del propio jefe de Estado en entrevista con Mónica Delta para Latina, se mantuvo como socio de su empresa C y M Vizcarra mientras ocupó el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones (desde julio del 2016 hasta mayo del 2017).
“Está prohibido según el artículo 126 la Constitución”, expresó Quiroga. “La Constitución es clarísima en esta prohibición y Vizcarra mismo ha declarado que se mantuvo como socio (de su compañía). Se ha cometido una infracción”, secundó Adrianzén. En efecto, el citado artículo señala que “los ministros NO PUEDEN ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
La noche de este domingo el jefe de Estado aseveró que recién el 23 marzo del 2018 -luego de que Pedro Pablo Kuczynski renunciara a la presidencia y a él le tocaba asumir las riendas del país en su calidad de vicepresidente– se desligó completamente de C y M Vizcarra. “El 31 de diciembre de 2010 renuncio a ser trabajador (de C y M Vizcarra) porque iba a ser gobernador regional […] pero mantenía mi condición de socio. Sin embargo, cuando me comunican que PPK había renunciado al cargo –en ese momento yo estaba en Canadá–, el 22 de marzo retorno al Perú con mi familia. Lo primero que hago cuando llego al Perú es desligarme por completo de la sociedad. Así que el 23 de marzo hicimos una carta dirigida a los socios”, refirió.
Al ser consultado Vizcarra por qué no dimitió como socio de su compañía cuando fue titular del MTC, el exgobernador moqueguano retrucó que “estaba desligado operativamente”. Además, en otro momento del diálogo, el presidente reiteró que, al momento en que su empresa fue proveedora de Conirsa, no sabía que Odebrecht integraba el consorcio, pese a que la corrupta constructora carioca tenía el 70% de acciones. “En ese momento nadie sabía que Odebrecht integraba Conirsa”.
Señor presidente: ¿de veras pretende que creamos que usted le alquilaba maquinaria a un consorcio sin conocer las compañías que lo integraban? ¿Ni siquiera por “simple curiosidad” se le ocurrió enterarse de ello? ¿Qué pasaba si le prestaba servicios a empresarios ligados al narcotráfico o, por decir lo menos, a unos morosos?

Acertijo para Shiguiyama

Por Aldo Mariátegui- Diario Perú21.
¡Ay, César Hildebrandt! ¿Con qué cara te metes, insinúas cosas o sermoneas a los demás si le debes 1’663,668 soles por impuestos a la Sunat y estás en cobranza coactiva desde el año 2011 (poner nombre en http://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Aliashttp://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias y luego ir abajo a “deuda coactiva”)? ¿Y por qué figuras allí como “contribuyente no habido”? ¿No vives en Lima? ¿No es que eres rojimio y reclamas un “Estado fuerte” a cada rato, un tipo de aparato gubernativo que precisamente se podría tener y mantener si toda la gente pagase sus impuestos? ¿No es que exiges siempre una más justa redistribución de la riqueza en esta sociedad y justo tú no estás al día con tus tributos? ¿Será que ahora eres un republicano tipo Trump y crees en impuestos bajos? Me pregunto el porqué la Sunat ahorca con todo a muchísima gente que debe menos y a ti te toleran adeudar sin problemas el equivalente a US$480 mil… ¿Por ser un periodista con fama de maloso? No, no creo. ¡Suerte de aquellos que como tú no son importunados por no pagar sus impuestos y por esos montos tan elevados! ¿Víctor Shiguiyama, flamante titular de la Sunat, será igual de permisivo, de buena gente contigo como lo han sido sus antecesores? ¿Por qué no nos explicas en tu semanario cómo es que has llegado a esa astronómica deuda tributaria? ¡Aunque lo más interesante es que nos compartas el secreto para que a uno no le pase nada!
Me imagino que estarás esperando que el “perdón tributario” que este gobierno va a implementar te alcance. Por el momento, sugiero que establezcas tu dirección tributaria en la sureña y apacible localidad de Conchán, tan cerca a Lima y tan emblemática respecto a todos aquellos que juzgan tanto a los demás y exigen tanta justicia social. Quien busca encuentra. ¡Saludos!

Marcha ciudadana contra Odebrecht en Miraflores

Miles de manifestantes se reunieron en el Óvalo de Miraflores para la movilización denominada ‘Gran Marcha contra Odebrecht y sus consorciadas’, la cual fue convocada hace unos días por el congresista no agrupado Roberto Vieira .
Con banderas y pancartas, muchos de los protestantes expresaron su rechazo contra Odebrecht por seguir operando en el Perú, a pesar del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasilera.
“Las empresas corruptas como Odebrecht no deben seguir en el país. Está bien que colabore con el país, pero que se largue”, señaló el congresista Roberto Vieira para ATV+.
Esta marcha tuvo como punto de partida el óvalo de Miraflores. Los manifestantes caminaron por la avenida José Pardo hasta la embajada de Brasil, centro de su protesta.
Cabe mencionar que esta marcha fue convocada hace unos días, a través de las redes sociales, por el congresista no agrupado Roberto Vieira.
Fuente: Diario Perú21.

El caso Chaglla es más que ilustrativo

El 30 de noviembre de 2018 se concretó la venta de la hidroeléctrica de Chaglla de Odebrecht al consorcio China Three Gorges, con apoyo del Ministerio de Justicia, por un monto de 1,390 millones de dólares. En esa oportunidad la prensa oficialista informó que el Perú “recibirá US$ 319 millones de reparación civil” a tenor de la aplicación de la Ley N° 30737. Exceptuada Odebrecht de la aplicación de esta ley por el preacuerdo de “colaboración eficaz”, ahora solo pagará al Estado S/ 80 millones para la primera cuota de los S/ 610 millones. Qué vergüenza.
¿NI EL GASODUCTO?
Conforme pasan las horas y volvemos a leer el acuerdo o preacuerdo entre la Fiscalía, el Gobierno y Odebrecht; podemos afirmar que el Perú está en manos de ignorantes o de timadores. O de las dos cosas juntas. Si la constructora brasileña solo debe responder por cuatro obras (la vía Evitamiento del Cusco, la vía Costa Verde 4-Callao, las Interoceánicas 2 y 3, y el tren eléctrico tramos 1 y 2) de los 76 proyectos que ejecutó en el Perú, ¿cómo así no ha entrado, por ejemplo, el Gasoducto del Sur,  cuyo precio pasó de 1,300 millones a 7,300 millones de dólares con Odebrecht?
PREGUNTAS DIRECTAS
¿No hay delito en todas las trapacerías para convertir a Odebrecht en el único postor para el gasoducto con apoyo de personajes puestos para tal fin en el mismo Proinversión, como el investigado Édgar Ramírez en complicidad con la abogada  de Odebrecht Claudia Hokama? ¿Y por qué se olvidaron de las carreteras de Odebrecht en las regiones, como Áncash, con el angelito César Álvarez, o el asfaltado de la vía Cuyumbuque -Sisa en la Región San Martin, cuando el actual premier César Villanueva era gobernador?
SIGUEN TRABAJANDO
Al margen de los proyectos, ¿cómo así es que José Domingo Pérez ni siquiera ha podido calcular desde la Fiscalía el monto del perjuicio de esa empresa carioca contra el Perú? ¿Cómo es que esta transnacional ha sobrevalorado las obras con sus consorciadas como Graña y Montero y en la ejecución de las mismas se ha dado maña para cobrar adicionales y adendas sinfín que han triplicado y cuadriplicado el presupuesto de los proyectos iniciales con apoyo de funcionarios venales que siguen trabajando como si nada hubiera pasado?
¿QUIÉN MIENTE?
¿En qué se basan los 610 millones de soles de la reparación civil propuesta por la Procuraduría y aceptada por el fiscal Pérez? ¿Dónde está el peritaje del Ministerio de Justicia? La caviarona Marisol Pérez Tello dijo el lunes que esa cifra está con base en un cálculo hecho por la Contraloría. Llamamos a la Contraloría y nos dicen que ellos no han hecho ningún cálculo de la reparación civil. ¿Quién miente?
CONDUCTA INSULTANTE
Pedir que el fiscal “Juan Pérez” o Rafael Vela elaboren u ordenen peritajes sobre megaobras es pedir peras al olmo. Son letrosos. Pero que por los 15 años en que Odebrecht deba pagar la esmirriada cifra de 610 millones de soles ni siquiera han dolarizado este monto para prevenirse de la devaluación de nuestra moneda, ni han tomado recaudos sobre la inflación. Menos aún la tasa legal en intereses, esto es más que insultante. Han jugado para Odebrecht.
NO PUEDE PASAR
En consecuencia, la necesidad de establecer un monto real y justo de la reparación civil es una tarea pendiente. El acuerdo o acta firmada entre el fiscal “Juan Pérez”, el procurador Jorge Ramírez y los representantes de Odebrecht (Ricardo Luis Machado Weyll y Lourdes Carreño Carcelén) no puede pasar. Tiene que ser reformulado por un grupo de técnicos serios, que al menos se manejen en temas de alta ingeniería y manejo contable y financiero con apoyo de una supervisora extranjera. Sí, señores.
CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN
De lo contrario, habrá que pensar que este acuerdo no solo es de apoyo a la impunidad de Odebrecht sino el salvavidas al bendito club de la construcción. Y es que la ciudadanía se da cuenta que en el preacuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht no aparece nada relacionado con Pedro Pablo Kuczynski ni a Susana Villarán, la reina de los peajes más caros del mundo y por 40 años concesionado. Así que antes de viajar a Andorra, en plan de fiscales finteros, este lunes 28, arreglen estos problemas.
TREMENDA OSTRA
Y por si todo esto no fuera suficiente como para hacer hervir la sangre de indignación, resulta que el fiscal Juan Pérez, algunos congresistas y un diario numérico arrodillado ante el vizcarrato tienen la tremenda ostra de decir que el hacer público este mamarracho, perdón, preacuerdo, tiene como objetivo evitar que los corruptos sean castigados. ¡Ya, pues! ¿Quieren que nos chupemos el dedo con fresa o con chocolate? ¡Es el preacuerdo el que blinda y premia a los corruptos!
Fuente: Diario EXPRESO.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ADMITE QUE EMPRESA CYM ALQUILÓ MAQUINARIA PARA OBRAS EN INTEROCEÁNICA SUR

Cuando la prensa libre tuvo acceso a los documentos que vinculaban al presidente Martín Vizcarra con la constructora Graña y Montero, al extremo de haberle extendido dos poderes en su partida de Registros Públicos, la opinión pública estuvo escéptica. Pero este domingo el programa “Panorama” ha destapado lo que muchos sospechaban: que también trabajó para Odebrecht como proveedor en la obra más cuestionada de esa transnacional brasileña: los tramos 2 y 3 de la Interoceánica o IIRSA Sur.
La gran verdad ha sido descubierta en los almacenes de la empresa Polysistemas, ubicados en Pachacámac, donde se guardan miles y miles de papeles y documentos del consorcio Conirsa que se encargó de la ejecución de las obras de los citados tramos de  la Interoceánica, uno de los proyectos más grandes y sobrevaluados donde el Estado peruano gastó la astronómica suma de 4 mil 500 millones de dólares y el entonces presidente Alejandro Toledo recibió un soborno de 20 millones de dólares.
Según la propia página web de la constructora Odebrecht, Conirsa –consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales– estuvo a cargo de la construcción de 656 km de la carretera Interoceánica Sur, en el tramo 2, que une Cusco con el Puente de Inambari, y el tramo 3, que une Inambari con Iñapari, hasta la frontera con Brasil.
En la actualidad, es la Concesionaria IIRSA Sur, conformada por Odebrecht, JJC Contratistas Generales e ICCGSA, la que “está a cargo de la construcción, rehabilitación, mejoramiento y operación por concesión de los tramos 2 y 3 durante un periodo de 25 años”.
Hacemos esta precisión para dejar en claro que el problema es actual. Según el reportaje de “Panorama”, CyM Vizcarra es una empresa grande, con 25 años de trayectoria, conformada por los hermanos César y Martín Vizcarra Cornejo. Es una firma especializada en presas, construcción de edificios, mantenimiento de carreteras, montaje electromecánico y alquiler de equipo pesado.
Y es la misma que aparece en la lista de proveedores de Conirsa de los años 2006 (en dos ocasiones) y 2008. El primer pago hecho a la empresa asciende a S/ 145,551.77 y luego aparece otro por S/ 123,386.58, en tanto el pago hecho en el 2008 fue de S/ 54,107.18.
Cuando días atrás se debatía el tema de la reforma constitucional, una reportera de ATV le preguntó al Presidente de la República “si su empresa fue proveedora para Odebrecht en la Interoceánica. ¿Podría contestarnos al respecto?”. Esa interrogante causó un nerviosismo evidente en el rostro del mandatario.
“Respecto ah…, no en absoluto, en absoluto. Es falsa esa información”, respondió Vizcarra.
“La empresa que represento nunca ha realizado ningún tipo de contrato con Odebrecht para la construcción de la Carretera Interoceánica Sur ni para ningún otro proyecto”, añadió, y este mismo temperamento ha sido ratificado ayer (ver pág. 13).
Si bien el contrato de CyM Vizcarra fue con Conirsa, este ha sido un consorcio liderado por Odebrecht con una participación accionarial del 70%. En consecuencia el negocio en el fondo fue con Odebrecht porque Conirsa era una suerte de subsidiaria suya, como lo eran la Concesionaria Interoceánica Sur–Tramo 2 S.A., precisamente para efectos del tramo 2, y la Concesionaria Interoceánica Sur–Tramo 3 S.A., para el tramo 3.
RECUPERANDO LA MEMORIA
De otra parte, poco o nada se sabría de los negocios de Martín Vizcarra con la principal consorciada de Odebrecht, que es Graña y Montero S.A. Pero los investigadores de la prensa y el Congreso ubicaron unas fichas registrales que marcaron el nuevo derrotero.
Y es que con fecha del 1 de septiembre de 2005, ante la Notaría de Jaime Murguía Cavero, en Lima, la constructora Graña y Montero S.A. otorga poder de representación a Martín Vizcarra Cornejo y a su hermano César Vizcarra Cornejo y los nombra sus apoderados judiciales y administrativos con relación a la ejecución de la obra llamada “Instalaciones Eléctricas SPCC [Southern Peru Copper Corporation]”.
Los detalles de estas facultades de representación están inscritos en la partida registral Nº11006796 de la Zona Registral Nº IX de Lima. Asimismo, en la misma partida hay otro “nombramiento de mandatarios”, que es también un otorgamiento de poderes en la misma notaria y a nombre de los mismos personajes respecto de la “ejecución de la obra denominada ‘Nave Convertidores de la Fundición de Ilo K009”.
Este tema se puso en evidencia en una sesión que efectuó la Comisión Lava Jato, entonces presidida por la fujimorista Rosa Bartra, en marzo pasado de 2017, donde los exdirectivos de Graña y Montero (GyM) intentaron evitar dar información sobre su sociedad con el ex ministro de Transportes, Martín Vizcarra en el ‘Consorcio Ilo’.
Durante cinco horas, José Graña Miró Quesada, expresidente del directorio de GyM, así como Hernando  Graña Acuña, ex director del grupo GyM,  respondieron las interrogantes del grupo indagador, que los citó para preguntarles sobre los posibles vínculos de su ex representada en la investigación de los presuntos sobornos pagados por las empresas brasileñas.
Pero fue el congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP) quien preguntó si GyM había subcontratado o utilizado los servicios del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ya que según una búsqueda efectuada en la Sunarp, figura el nombre del ministro de Transportes cuya inscripción coincide con la de la empresa constructora.
“No tenemos esa información, vamos a verificar y se la haremos llegar”, contestó Hernando Graña Acuña, luego de lo cual la sesión se volvió reservada por aproximadamente media hora, tiempo en el que los miembros de la comisión los interrogaron sobre sus balances financieros.
Cuando la reunión volvió a ser pública, García Belaunde les preguntó a los ex representantes de GyM qué era el ‘Consorcio Ilo’. “Consorcio Ilo es una sociedad entre GyM y CyM Vizcarra, entonces ¿eran socios o no eran socios?”, inquirió el legislador.
“Sí, con CyM Vizcarra sí, era Consorcio Ilo, estoy de acuerdo. Recién lo recuerdo, me ha hecho recordar [García Belaunde]. El Consorcio Ilo fue una obra que hicimos para Southern Perú asociados con CyM Vizcarra, ellos de forma minoritaria”, reconoció Hernando Graña luego de recuperar la memoria.
Esta súbita recuperación de sucesos pasados puso en evidencia que Martín Vizcarra era hombre de absoluta confianza de Graña y Montero, al extremo que le otorgó poderes especiales de representación en dos oportunidades.
Es de subrayar que el hoy jefe de Estado era socio fundador y gerente de operaciones de CyM. Y según el estatuto de la constructora moqueguana, el gerente general –que era su hermano César Vizcarra Cornejo- y el gerente de operaciones gozaban de amplias facultades y atribuciones para representar, administrar y supervigilar los negocios de la sociedad.
Es decir, Martín Vizcarra conocía cada negocio de la empresa, estaba encargado de supervigilarlos. Y no solo en los negocios con Graña, sino con Conirsa- Odebrecht y otras consorciadas de la transnacional carioca, como se puede leer en estas páginas.

También Milagros Leiva

Durante el programa televisivo de Milagros Leiva se dio cuenta del registro de compras de Conirsa de septiembre a diciembre de 2004, tomo Nº 2 del folio 228 al 0576. También, la documentación del 3 de agosto de 2006. Las cifras coinciden con lo destapado en “Panorama”.

Proyecto Especial Pasto Grande

La ejecución del Proyecto Especial Pasto Grande, iniciada en 1988, en Moquegua, tierra del hoy mandatario, estuvo plagada de irregularidades y astronómicos sobrecostos, de acuerdo con una investigación que se hizo en la Comisión Agraria del Congreso en el año 2002 y en la cual Vizcarra fue uno de los indagados.
La obra de grandes proporciones que contempló la construcción de la presa Pasto Grande, el canal Umaizo, canal Pasto Grande y túnel Jachacuesta, inicialmente tuvo un costo de US$ 30 millones pero terminó en la astronómica suma de US$125 millones, con una sobrevaluación de US$ 85 millones.
En el 2002,  la Comisión Agraria encargada de la investigación concluyó atribuyéndole responsabilidades de tipo penal a Martín Vizcarra, quien en ese momento era director ejecutivo del proyecto, así como a la empresa constructora JJ Camet, beneficiada con la construcción.
Todos sabemos que JJ Camet es una de las empresas consorciadas peruana de la empresa brasileña Odebrecht.
En cuanto a la responsabilidad funcional de las empresas constructoras y supervisoras que intervinieron en la construcción del Túnel Jachacuesta y los canales comprendidos, esta fue por haber incumplido los acuerdos de los contratos firmados e incurrir en responsabilidad por no actuar de acuerdo a su reglamento.
“En los adicionales de obra y reparaciones de obra en el Proyecto Pasto Grande, figuran los siguientes contratistas Federico Páucar Tito, Cohisa, CEINSA Ingenieros Contratistas, Consorcio ICCSA –CICSA, Consorcio COUSA-ICCGSA-CICSA, CHAVPE SR.LTDA. FAINSA, TRACS Contratistas S.A. (empresas relacionadas con el ingeniero J.J. Camet)”, se señala.
LOMAS DE ILO
El ciudadano Jesús Paredes Zegarra, presidente del Frente Anticorrupción de Moquegua, denunció presuntas  irregularidades en el desarrollo del Proyecto Especial Regional Pasto Grande-Lomas de Ilo-Moquegua, en el año 2014, cuando Martín Vizcarra era gobernador regional.
Según detalla Paredes Zegarra, el Gobierno Regional de Moquegua contrató a la empresa Asesores Técnicos Asociados S.A. (ATA), de propiedad del exministro de Agricultura y Riego, Manuel Hernández Calderón, para elaborar el expediente que se usaría en dicha obra.
En el caso del proyecto “Lomas de Ilo”, la firma tuvo lugar el 7 de marzo de 2013 y por un monto de 2’373,076.81 soles se realizaría el servicio de consultoría, así como seguros e impuestos.
Según el contrato Nº 021-2013-GG-PERG/GR.MOQ, el consorcio al que se le adjudicó la buena pro para la Construcción de la Línea de Conducción Nº 1 Jaguay-Lomas de Ilo y el sistema de riego de la primera etapa del proyecto Ampliación de la frontera agrícola Lomas de Ilo-Moquegua fue Obrainsa-Astaldi, por un monto de 80’981,137.34 soles.
El contrato fue firmado el 6 de diciembre de 2013, y dicho monto cubriría el costo completo de la instalación de tubería, sistema de riego, seguro e impuesto, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución.
Sin embargo, las irregularidades, de acuerdo a Paredes Zegarra, estuvieron en las contrataciones. En  el contrato Nº 025-2013-GG-PERPG/GR.MOQ figura la empresa ATA como encargada de la supervisión de la adquisición de la tubería y construcción del proyecto por un monto de 4’573,185.04 soles.
Es decir, la misma a la que se le adjudicó la realización del expediente técnico, y donde Hernández Calderón es accionista mayoritario. Este documento se encuentra firmado por el mismo Manuel Hernández y el ingeniero José Luis Núñez Herrera, gerente general del Gobierno Regional de Moquegua de ese entonces.
El problema es que esta obra  paralizada es objeto de una investigación exhaustiva de la Contraloría. Y si no se ha judicializado, es por el temor de la Fiscalía y la Judicatura regional a Martín Vizcarra, según versiones recogidas por EXPRESO.

Vizcarra asegura que nunca tuvo como cliente a Odebrecht

“Hace 12 años, ninguna de las empresas que trabajaban tenían inconvenientes para contratar ni denuncias por irregularidades”, sostuvo.
El presidente Martín Vizcarra ratificó que la empresa CyM Vizcarra, de la cual formó parte, nunca tuvo como cliente a la constructora brasileña Odebrecht.
En declaraciones a la prensa, precisó que hace 12  años la empresa CyM Vizcarra sí alquiló maquinaria a algunas compañías que participaron en la construcción de la carretera Interoceánica Sur.
“Pero ninguna fue a la empresa Odebrecht”, manifestó.
Añadió que CyM Vizcarra atendió en esa época a algunos consorcios tal como lo hicieron cientos y hasta miles de proveedores que participaron con bienes y servicios en el contrato de la carretera Interoceánica Sur.
Añadió que la lista de clientes de una empresa es información pública, pues cualquier ciudadano puede conocer qué clientes han tenido las compañías.
“Y se puede verificar que la empresa CyM Vizcarra nunca tuvo como cliente a la empresa Odebrecht”, subrayó.
El primer mandatario recordó que la semana pasada, durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, fue consultado sobre si CyM Vizcarra, cuando él formaba parte de su directorio, firmó algún contrato con Odebrecht.
“Fui concreto y categórico y lo reafirmo. (…) hace 12 años, cuando era parte de la empresa, dio servicio de alquiler de maquinaria a unas empresas que hicieron la carretera Interoceánica Sur, pero ninguna fue Odebrecht”, subrayó.
Dijo que CyM Vizcarra sí ha tenido como cliente al consorcio Conirsa, pero aclaró que en ese tiempo era desconocido cuáles eran las empresas que lo integraban.
“Además, hace doce años, ninguna de las empresas que trabajaban tenían inconvenientes para contratar y no tenían ninguna denuncia por irregularidades”, manifestó.
Fuente: Diario EXPRESO.

El discreto hermano

Vizcarra insistió en que nunca contrataron directamente con Odebrecht. Aunque la denuncia fuera evidentemente teledirigida y de escasa monta, sonó a música para los apristas. Alan García cuestionó la impronta anticorrupción de Vizcarra y Jorge del Castillo también fue con todo contra lo que consideró una falta a la verdad del mandatario. Bocatto di cardinale en el contexto del cobro de US$100 mil que hizo García por una conferencia que en realidad habría sido pagada por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la famosa contabilidad paralela. Por su parte, Fuerza Popular promueve que la Comisión de Fiscalización investigue el caso. El hermano del presidente salió a respaldar su versión y aclarar que no sabían que Odebrecht integraba el consorcio. Suena poco creíble pero da cuenta del efecto corrosivo –y en retrospectiva, lo que tiene un punto de absurdo– que hoy tiene el nombre de la constructora. Lo más interesante es que respondió César Santiago Vizcarra Cornejo, el discreto hermano que es una de las personas más influyentes de la esfera presidencial.
Fuente: Revista CARETAS.

CyM Vizcarra le debe más de 70 mil soles a la SUNAT

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó investigar al consorcio CONIRSA y su vinculación con CyM Vizcarra, los cuales llevaron a acabo la construcción de la carretera Interoceánica sur junto con la empresa brasileña Odebrecht.
A través de Exitosa Noticias, Nicolás Lúcar, reveló que el jefe de Estado tendrá que responder a una nueva denuncia. “Hay una nueva pregunta que va a tener que responder Martín Vizcarra, resulta que CyM Vizcarra le debe 77,535  soles a la SUNAT. La empresa tiene una deuda coactiva remitida a las centrales de riesgo … la deuda se encuentra actualizada al 11 de enero del 2019  y corresponde al primer trimestre del año pasado”, indicó el periodista en una entrevista con Katherine Ampuero.
Es una empresa de construcción civil con más de 25 años de trayectoria. Hasta comienzos del año pasado le pertenecía al -actual- Presidente de la República Martin Vizcarra y a su hermano.
Tal como lo señaló un diario local, Peru21, el jefe de estado habría cedido todas las acciones de su empresa –CyM Vizcarra- el día que asumió el cargo de presidente es decir el 23 de Marzo.
Fuente: www.exitosanoticias.pe

¿QUIÉN ES LUIS CAPPELLETI LERCARI? ¿CUÁL ES SU RELACIÓN CON PEDRO SALINAS?

El 25 de enero del presente tendrá lugar en la ciudad de Piura la quinta audiencia por la querella interpuesta por Monseñor José Antonio Eguren en contra del periodista Pedro Salinas por el delito de difamación.
Para la ocasión, el abogado de Salinas ha hecho saber que uno de los testigos que presentará para la defensa de su patrocinado es  Luis Cappelleti Lercari. Al ser interrogado sobre este tema durante la audiencia pasada, Salinas Chacaltana incurrió en flagrantes contradicciones.
El hecho de proponer a Cappelleti como testigo resulta, por decir lo menos, inaudito. Y explicaremos por qué. Resulta que Luis Cappelleti vivió hasta el año 2008 en una comunidad del Sodalicio de Vida Cristiana en su calidad de sacerdote y profeso perpetuo. En ese año pidió su separación de la comunidad y entendemos que luego siguió los pasos para dejar también el sacerdocio.
Cappelleti radica hace varios años en Estados Unidos, está casado y tiene un trabajo estable. Hasta ahí, nada llama particularmente la atención en relación a su calidad de testigo en contra de Monseñor Eguren. Sin embargo, al contrastar la historia del Sr. Cappelleti Lercari en el Sodalicio de Vida Cristiana con una de las acusaciones que Salinas ha reiteradamente señalado en contra del obispo -la de haber sido creador y responsable de un sistema de abusos cometidos en el Sodalicio- la historia cobra tintes sorprendentes.
Luis Cappelleti Lercari ingresó como sodálite en el año 1973, antes de que lo hiciera el entonces joven José Antonio Eguren, quien se asocia el año siguiente cuando estaba en la universidad. Según fuentes cercanas, Cappelleti no era uno más en la organización, fue una persona de absoluta confianza de Figari, líder de la naciente asociación religiosa, con quien mantenía una estrecha amistad.
Años más tarde, Figari designó a Cappelleti como la cabeza de la comunidad de formación del Sodalicio, ubicada en San Bartolo. Sí, Cappelleti fue Superior del lugar de formación sodálite sobre el que Salinas escribió un primer libro, titulado “Mateo Diez”, y en el que sucedieron muchas de las historias anónimas que luego recopiló en su investigación “Mitad monjes, mitad soldados”.
Pasados unos años, Cappelleti fue elegido para una nueva misión importante, también como Superior, en la primera comunidad sodálite fuera del Perú, en Río de Janeiro. Y, por si fuera poco, regresó nuevamente a San Bartolo dándosele la tarea de Capellán y director espiritual, a fines de los noventa e inicios del dos mil.
Durante esos años ocurrieron una parte importante de los abusos psicológicos que Salinas y Ugaz narran en su investigación periodística. Toda esta información ha sido confirmada por Pedro Salinas en diversos momentos de su intervención en la audiencia que se llevará a cabo el pasado 14 de enero del presente en la ciudad de Piura.
Una pregunta apremia al sentido común: ¿Puede  Luis Cappelleti, superior y luego Capellán y director espiritual del que habría sido el “centro de abusos” del Sodalicio, dar algún tipo de testimonio a favor de la acusación de “haber sido creador y responsable de un sistema de abusos cometidos en el Sodalicio” sin incriminarse a sí mismo?
A juzgar por la hoja de ruta, Cappelleti tiene muchos más indicios de adjudicarse dicha acusación que la que podría tener Monseñor Eguren que nunca estuvo encargado de la formación en San Bartolo ni fue Capellán en dicho lugar.
Y otra pregunta también queda rebotando: ¿por qué Salinas nunca ha investigado y menos aún acusado a Cappelleti? Reiteramos, tiene mucho mejor “perfil” que el que podría tener Eguren. ¿Será por la amistad que los une desde que Salinas fue retirado del colegio San Agustín por su mal desempeño, y gracias a Cappelleti logró ingresar al María Reina?
Si Salinas fuera coherente, lo debería denunciar por encubridor, por ser tanto o más parte del núcleo fundacional que Eguren, por haber dirigido la casa de formación y haber sido Capellán de la misma, cargo que lo puso en inmejorable posición para presenciar los abusos y haber podido hacer algo al respecto. Sin embargo, el Sr. Salinas no sólo no lo ha denunciado sino que ahora tiene la brillantez de presentarlo como testigo de una acusación que tiene más la talla de Cappelleti que de Eguren.
Fuente: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA ABEJA.PE

La patada que encumbró a Zoraida Ávalos

Por FERNANDO ROSPIGLIOSI– Diario El Comercio.
Caben pocas dudas de que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, será una magistrada complaciente con el gobierno de Martín Vizcarra. Ella ha llegado a ese puesto gracias a la campaña que el gobierno y sus aliados desarrollaron contra Pedro Chávarry y tiene rabo de paja, lo que la hace vulnerable en caso de que quiera salir del carril que le han trazado.
Ávalos se convirtió en fiscal suprema en el 2012 en una trama que Ricardo Uceda describió como una maniobra urdida en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para elegir al cuestionado Carlos Ramos Heredia como fiscal de la Nación. El CNM designó a Zoraida Ávalos y Nora Miraval, dos personas que no tenían los méritos necesarios y, en efecto, Ramos Heredia, con el voto de ellas se convirtió en fiscal de la Nación. Ramos no duró ni un año en el cargo. A fines del 2014 fue suspendido y luego destituido por el propio CNM por sus vínculos con la mafia de César Álvarez, entonces gobernador regional de Áncash.
Vale la pena recordar lo que decía Ricardo Uceda en ese entonces sobre la corrupción en los organismos del sistema de justicia. “Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público pertenece al tipo de corrupción que no se encuentra necesariamente penado por la ley. […] La cofradía del CNM se dispuso a llenar la vacante que faltaba en la Junta de Fiscales Supremos con alguien que votara de todos modos por Carlos Ramos. Ese alguien era Zoraida Ávalos. […] A Zoraida Ávalos, no fue fácil nombrarla fiscal suprema. En el 2012, en el proceso que terminó designándola, los seis postulantes que quedaban luego del examen escrito desaprobaron en la evaluación curricular, de modo que ninguno podía pasar a la entrevista personal. Entonces, el CNM recalificó las trayectorias profesionales. A la predestinada Ávalos le pegó una patada para arriba sobrenatural: sus 50 puntos se convirtieron en 87,50. Quedó primera en el cuadro final”. (“Cómo se nombra realmente a un Fiscal de la Nación”, “La República”, 21/1/14).
El resultado de la jugarreta que tenía a Ávalos como una de sus protagonistas era, según Uceda, que “tendrá mayor influencia en el Ministerio Público un poder oculto cuyo cableado atraviesa el Poder Judicial, pasa por el despacho de algunos congresistas, y toma energía en un grupo inmobiliario investigado por extorsiones y lavado de activos”.
El Comercio también publicó varios reportajes en el mismo sentido. En un artículo titulado “Fiscales que votaron por Ramos Heredia fueron favorecidas” (28/4/14), Rodrigo Cruz explica que “dos fiscales que participaron en el concurso que nombró a Zoraida Ávalos y Nora Miraval fiscales supremas denunciaron que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) actuó con un sesgo que tuvo como fin asegurar la elección de ambas magistradas”. Allí se detalla que “las mencionadas fiscales sacaron un puntaje muy por debajo del mínimo requerido”; sin embargo, les subieron escandalosamente las notas sin justificación alguna.
El artículo recoge la versión de un magistrado que afirma que en el “proceso hubo ‘una manipulación escandalosa’ por parte del” CNM. “Todo estaba arreglado para que Miraval y Ávalos ocupen esos cargos”. La finalidad era clara, según El Comercio: “Las dos fiscales supremas fueron determinantes en el reciente nombramiento de Ramos Heredia. Sin sus votos, el polémico magistrado no hubiera sido elegido el próximo titular del Ministerio Público”.
Esa es la nueva heroína anticorrupción que la coalición vizcarrista ha puesto al frente del Ministerio Público para supuestamente cambiarlo, limpiarlo y mejorarlo, a la que venían promoviendo públicamente desde hace meses y a la que ahora alaban sin mesura. Su cinismo parece no tener límites. Por supuesto, los antecedentes aquí reseñados no han aparecido, ni aparecerán, en la mayoría de medios de comunicación, los mismos que destacan desmedidamente las presuntas cualidades de la nueva fiscal de la Nación.
En realidad, adonde apunta el gobierno y la coalición que lo respalda es a la próxima Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reemplazará al CNM, donde el fiscal de la Nación tiene un asiento. Necesitan dominarla para poder tomar el control del sistema judicial.
También el Tribunal Constitucional es un objetivo que está ahora al alcance de la mano. Varios voceros de la coalición vizcarrista venían negándole al actual Congreso la potestad constitucional de reemplazar a varios de sus miembros que deben jubilarse en los próximos meses, porque suponían que no serían de su facción. Ahora, con la acelerada pulverización del keikismo, es probable que el gobierno pueda imponer sus candidatos a un Parlamento sumiso.
Así, la concentración del poder y el quebranto de la democracia avanzan a paso ligero.

Cuatro Fiscales Supremos afrontan procesos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Por Sofía López- Diario Correo.
Por unanimidad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó dar prioridad al paquete de denuncias contra los integrantes del Ministerio Público (MP). Son cuatro de cinco fiscales supremos los que cargan con denuncias en ese grupo congresal, siendo los exfiscales de la Nación Pedro Chávarry y Pablo Sánchez quienes tienen mayor cantidad de acusaciones por resolver; seguidos de Víctor Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez Villegas.

VOTACIÓN

Durante la sexta sesión extraordinaria del grupo presidido por el congresista César Segura (FP), se consultó a los integrantes su opinión sobre los casos pendientes.
La legisladora Karina Beteta (FP) pidió que se revisen también las denuncias contra exministros de Estado. “Igualdad y equidad para todos. Debemos pronunciarnos sobre esas denuncias”, dijo.
Finalmente, el grupo decidió que se dé prioridad a las denuncias planteadas contra integrantes de la Fiscalía.
César Segura espera que el viernes 11 todas las denuncias sean calificadas, con la intención de convocar a una sesión el próximo lunes 14 para definir los temas.
“De aprobarse alguna denuncia, ese día (el lunes) se elevarán a la Comisión Permanente para que nos otorgue el plazo necesario con el propósito de resolver la solicitud”, indicó a Correo.

DENUNCIAS

Se estima que las denuncias en la Subcomisión que alcanzan a los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos sean resueltas en un periodo de dos meses, lo que podría terminar con la destitución de alguno de ellos de sus respectivos cargos.
La congresista Gloria Montenegro (APP) propuso ampliar la denuncia constitucional contra el renunciante fiscal de la Nación Pedro Chávarry.
En el documento, de 12 páginas, se incluyen hechos recientes: la remoción de los integrantes del Equipo Especial “Lava Jato”, el ocultamiento de información y la obstrucción de acción de la justicia.

Cómo se nombra realmente a un Fiscal de la Nación

Por Ricardo Uceda- Diario La República.
El fiscal supremo Carlos Ramos Heredia está a punto de convertirse en Fiscal de la Nación en virtud de un sistema que permite a grupos de interés manejar las riendas de la elección de tan alto cargo. En esta nota se desarrolla la idea de que no es por sus méritos. Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público pertenece al tipo de corrupción que no se encuentra necesariamente penado por la ley.
El engranaje de la elección comienza en el Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM ), responsable de nombrar autoridades en el Ministerio Público, el Poder Judicial, la ONPE y el Reniec. Lo integran siete delegados de distintas corporaciones públicas y gremiales. Cada uno es cortejado por grupos de la magistratura, por el gobierno, por partidos –especialmente el Apra?, y algunas veces son captados, si es que no venían con camiseta desde antes. El CNM ha afrontado duros cuestionamientos por falta de transparencia y abuso, pero ha salido adelante, reformándose en parte. Ahora afronta una crisis de credibilidad.
El CNM nombra por concurso a los seis fiscales supremos que eligen cada tres años al Fiscal de la Nación. Cualquiera que hable con representantes del Ministerio Público puede comprobar que la objetividad del CNM en estos procesos está seriamente cuestionada. La percepción es que, en el período previo a la elección del Fiscal de la Nación, el CNM reemplaza vacantes en  la junta electora en función de la correlación necesaria para nombrar a quien responda al pacto mudo al que han llegado los consejeros. Así fue elegido José Antonio Peláez , cuyo mandato vence en abril próximo.
PRIMER CAMBIAZO
En 2011, la votación en la junta de fiscales supremos se dio entre los antiguos José Antonio Peláez, Gladys Echaíz, Pablo Sánchez, y los recientemente nombrados por el CNM Carlos Ramos y Pedro Chávarry. Estos últimos, los nuevos, hicieron Fiscal de la Nación a Peláez. Echaíz votó por Pablo Sánchez. Hay suficientes evidencias para sostener que el CNM, por entonces presidido por Edmundo Peláez Bardales,  hermano de quien sería elegido, actuó sesgadamente para que los fiscales nombrados fueran precisamente Ramos y Chávarry.
En enero del 2011, entre siete candidatos para ocupar tres plazas a Fiscal Supremo, Ramos y Chávarry quedaron en el cuarto y sexto puesto en el examen escrito. Ramos, a punto de quedar fuera, fue resucitado por el CNM, quien le otorgó luego los mejores puntajes en evaluación curricular y entrevista personal. Con lo cual quedó segundo en el cuadro final de calificaciones. Chávarry terminó quinto. El CNM, que necesita cinco de siete votos de los comisionados para llegar a un acuerdo, solo logró mayoría calificada para nombrar fiscales supremos a dos: a Ramos y a Chávarry. Dejó afuera a Cesar Hinostroza, el primer lugar; a Mateo Castañeda, el tercero; y a Pedro Angulo, el cuarto. ¿Por qué?
La respuesta es que los votos seguros para Peláez eran los de Ramos y Chávarry. Para nombrarlos, el CNM descartó a Hinostroza por “cuestionamientos públicos” dados a conocer en los últimos días; a Castañeda por “diversos cuestionamientos” y a Angulo por causas desconocidas (ver detalles en El Informante del 19.11.2013). Sin entrar a discutir aquí las objeciones, el CNM pudo haberlas sustentado adecuadamente a fin de ejercer la capacidad discrecional que le otorga la ley para saltarse el orden de calificaciones. No lo hizo. Y porque no fundamentó la inhabilitación de Hinostroza y Castañeda, el Tribunal Constitucional consideró que el CNM violó el debido proceso, ordenándole volver a votar según el cuadro de méritos. Esta sentencia fue desacatada.
Pero Carlos Ramos también tenía “cuestionamientos públicos” sin demostrar. Solo que el CNM no los consideró.
UN AUDIO EN ESCENA 
El 22 de abril del 2010, familiares de los 29 jóvenes que en 2002 perdieron la vida en el incendio de la discoteca Utopía denunciaron una posible corrupción en el Ministerio Público para bloquear la investigación a uno de los responsables. En ese momento estaba por consumarse una estrategia del dueño de Utopía, Alan Azizollahoff, para ser  excluido del juicio.
En 2006 un hábeas corpus había anulado el proceso en su contra, y en 2008 un fiscal había resuelto no volver a acusarlo. Los familiares revelaron el audio de una conversación telefónica en el que uno de dos  interlocutores –después identificado como Jorge Alfaro, operador del empresario? asegura tener bajo control al fiscal clave. El otro dialogante era el abogado de Azizollahoff Alberto Químper, más tarde implicado en los Petroaudios. En la conversación Alfaro y Químper expresan el temor de que el abogado de los familiares, César Nakazaki,  presentara una queja contra la resolución fiscal. ¿Quién la resolvería? Carlos Ramos.
JORGE ALFARO: Nos falta un peldaño más.
ALBERTO QUÍMPER: Más bien, vamos a ver quién es el de arriba.
ALFARO: Yo ya sé quién es.
QUÍMPER: ¿Quién es?
ALFARO: Carlos Ramos.
QUÍMPER: ¿Carlos?
ALFARO: Ramos.
QUÍMPER: ¿Ramos qué?
ALFARO: No me acuerdo de su segundo… esto. Pero ya está conversado desde hace un año.
QUÍMPER: Ah, ya, ya… Muy bien.
ALFARO: Y es más, hoy ya lo llamamos también de nuevo. Para que si sale vaya preparando el lapicero.
QUÍMPER: Ahora, si él declara la queja infundada se acabó, ah.
ALFARO: Claro, esa es la idea.
CASO ARCHIVADO 
La queja efectivamente fue presentada por Nakazaki y la iba a resolver la Cuarta Fiscalía Superior, a cargo de Ramos. Solo que al mismo tiempo este fue cambiado de cargo y la resolvió a favor de Azizollahoff su sucesora, Sonia Chávez. De modo que Ramos no vio directamente nada de Utopía y el Ministerio Público archivó un proceso disciplinario sobre su conducta. Cuando en enero del 2011 se presentó a su entrevista personal con el CNM estaba libre de polvo y paja. Pero el CNM pudo haber conjeturado, como en el caso de Hinostroza y  Castañeda, que Ramos tenía un “cuestionamiento público”. Los familiares de las víctimas, por entonces, estaban indignados y lo declaraban abiertamente.
En beneficio de Ramos habría que decir que nada concreto lo incriminaba. No conocía a Químper ni a Alfaro. Y sobre todo no tocó el caso.
Ramos no tenía que decidir –recuerda ahora Nakazaki- pero pudo ser un operador desde afuera. Este caso debió investigarse más. El Ministerio Público nos bloqueaba por todos los lados.
El Ministerio Público no aceptó que los familiares fueran parte agraviada en la investigación que se abrió a partir de la revelación del audio. Antes, tampoco quiso investigar unos mails que el gerente de Utopía, Percy North, envió a Azizollahoff aludiendo a arreglos bajo la mesa en el Ministerio Público. En estos mails no se menciona a Ramos. Las peticiones y quejas de los deudos rebotaban continuamente y en una ocasión hubo que recurrir a una notaría para que fueran recibidos. En una entrevista periodística, la entonces Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, llegó a quejarse de tanto reclamo. Recién en 2013 la Corte Suprema anuló todos estos favorecimientos y decidió reabrir el proceso penal contra Azizollahoff, considerando que como integrante del directorio tenía responsabilidad. El caso está de lo más actual porque la sentencia se dicta el lunes 27 de enero.
EL GRAN PACTO 
Una vez nombrado Fiscal Supremo, Ramos votó, como ya estaba escrito, por Peláez. A su vez, Peláez tiene un compromiso que deberá cumplir en abril próximo: votar por Ramos para Fiscal de la Nación. Peláez también recibió el voto de Chávarry, pero este tiene una relación de amistad con Peláez que es ampliamente conocida. El actual Fiscal de la Nación, como se verá más adelante, no se siente comprometido con Chávarry para que lo suceda. En cambio puede descubrirse otra afinidad entre Peláez y Ramos. Ambos tienen especial sensibilidad hacia los asuntos del presidente regional de Áncash, César Álvarez.
Hace un tiempo esa sensibilidad era invisible, hasta que se mostró brutalmente cuando el Fiscal de la Nación cambió a nueve fiscales que de uno u otro modo pretendieron investigar en Chimbote un centro de comunicaciones denominado La Centralita, una locación de Álvarez donde supuestamente se examinaban ilícitas interceptaciones telefónicas. Ante una denuncia del congresista Modesto Julca, el CNM se vio precisado a pedirle explicaciones a Peláez, y como sus justificaciones fueron insuficientes le abrió un proceso disciplinario en marzo del 2013. El CNM aún no resuelve, y es posible que Peláez culmine su mandato sin que haya resultados. Mientras tanto, los fiscales en Áncash saben que no hay que meterse con el Presidente Regional. Ya no lo han hecho. Julca ha documentado diez casos de fiscales cambiados, sancionados o destituidos por denunciar supuestos actos de corrupción contra Álvarez.
Uno de ellos lo manejó precisamente Carlos Ramos, a la cabeza de la Fiscalía Suprema de Control Interno en la que fue nombrado. En octubre del 2011 el fiscal provincial provisional de Áncash, José Luis Checa, recibió la información de que una camioneta del gobierno regional llevaba dinero para entregarlo a manifestantes con fines políticos. La comunicó al Fiscal Decano, quien puso al tanto al de turno, que dispuso inspeccionar la camioneta. No encontraron nada. Álvarez, ocupante del vehículo, se quejó ante el Ministerio Público. Desde la Fiscalía Suprema de Control Interno, Ramos suspendió a Checa y encontró irregularidades en trece fiscales. La apelación de Checa llegó a la junta de los supremos.  En la reunión, Gladys Echaíz pidió conocer el expediente. Ramos se opuso.
Usted, en este momento, no es nadie –replicó Echaíz-, hizo la investigación y está impedido de intervenir.
SEGUNDO CAMBIAZO
Echaíz le pidió a Peláez que Ramos se retirara mientras se debatía el punto. Tuvo que hacerlo. Luego de revisar el expediente Echaíz dijo que si se sancionaba a Checa habría que hacerlo con cualquier fiscal probo, cuya misión es actuar ante el conocimiento de algún presunto delito. Pablo Sánchez también opinó por levantar la sanción. Peláez, ni qué decirlo, estaba a favor de mantenerla. Ya había archivado una denuncia por enriquecimiento ilícito contra César Álvarez, quien declaró mantenerse con solo diez mil quinientos soles y no poseer bienes, ni tarjetas de crédito ni cuentas en bancos privados. Le tocó el turno a Chávarry, quien hasta ese momento era afín a Peláez y Ramos. Se sospechaba que su voto sería para confirmar la suspensión, con lo cual la sanción era un hecho, pues Peláez dirimiría el empate en su calidad de presidente de la junta. Pero sorprendió:
A mí no me gustaría que me sancionaran por esto –dijo Chávarry.
Y así se salvó Checa momentáneamente. De paso, Chávarry empezó a ver las cosas de otra manera.
Cuando se aproximaba el fin del período de Peláez, la cofradía del CNM se dispuso a llenar la vacante que faltaba en la junta de fiscales supremos con alguien que votara de todos modos por Carlos Ramos. Ese alguien era Zoraida Ávalos. Para entonces, Máximo Herrera había asumido la presidencia del CNM. La junta de fiscales supremos, a iniciativa de Carlos Ramos, propuso a Herrera al CNM como representante del Ministerio Público, y después allí fue elegido presidente. Véase el currículum de Herrera en la página web del CNM para no hacer aquí más comentarios. La primera alianza Peláez-Ramos-Chávarry lo prefirió a la candidata de Echaíz-Sánchez,  Rocío Villanueva, cuya superior trayectoria también puede verse en la web Departamento de Derecho de la PUCP. Una forma cruda de describir la situación es que Herrera le debe su puesto a Ramos.
Volviendo a Zoraida Ávalos, no fue fácil nombrarla Fiscal Suprema. En 2012, en el proceso que terminó designándola, los seis postulantes que quedaban luego del examen escrito desaprobaron en la evaluación curricular, de modo que ninguno podía pasar a la entrevista personal. Entonces, el CNM recalificó las trayectorias profesionales. A la predestinada Ávalos le pegó una patada para arriba sobrenatural: sus 50 puntos se convirtieron en 87,50. Quedó primera en el cuadro final.
TROIKA EN ACCIÓN
Ahora, ante la renuncia de Echaíz por negarse a ir al JNE, se ha formado una troika, un nuevo poder: Peláez, Ramos, Ávalos. El CNM nombrará un nuevo reemplazante entre Nora Miraval y José Pereira, los dos candidatos que quedaron aptos en el proceso que designó a Ávalos. Y luego, entre todos, designarán al representante ante el JNE antes de elegir al Fiscal de la Nación. Una votación para suplentes al JNE, la semana pasada, indicó que en primera instancia la troika desea enviar allí a Pablo Sánchez y en segunda instancia a Pedro Chávarry. Ambos podrían impedirlo vía una acción de amparo. Y probablemente con éxito. Esa designación tiene, pues, destino incierto.
Pero lo que parece inminente es el nombramiento de Ramos como Fiscal de la Nación. Hay mayoría suficiente, sobre todo si Pereira es el sexto fiscal supremo. A fin de cuentas, no importa mucho que Carlos Ramos sea primo de Nadine Heredia. Lo preocupante, según opinan fiscales que no pueden confesarlo públicamente, es que tendrá mayor influencia en el Ministerio Público un poder oculto cuyo cableado atraviesa el Poder Judicial, pasa por el despacho de algunos congresistas, y toma energía en un grupo inmobiliario investigado por extorsiones y lavado de activos. No hay nada firme que involucre a Ramos con este pulpo, pero son percepciones en el Ministerio Público que es necesario reportar. Sin embargo, algo cabe asegurar: si es nombrado Fiscal de la Nación, el mensaje a los fiscales que combaten la corrupción en Áncash será notable. El fin de año Ramos pidió a la junta de fiscales que destituya al fiscal José Luis Checa. Vuelve a poner sobre el tapete el pecado de haber inspeccionado una camioneta del Presidente Regional. También propone suspender por la misma causa a Marco de la Cruz, presidente del Ministerio Público del departamento, y multar y amonestar a otros catorce fiscales. El pedido original de estas sanciones es del propio César Álvarez.
Cuando Ramos sea Fiscal de la Nación la mayoría que lo respalda resolverá gustosamente el caso.

Fiscales que votaron por Ramos Heredia fueron favorecidas

Por RODRIGO CRUZ ARANA- Diario El Comercio.
Se empiezan a atar los cabos en la sospechosa elección de Carlos Ramos Heredia como fiscal de la Nación. Dos fiscales que participaron en el concurso que nombró a Zoraida Ávalos y Nora Miraval fiscales supremas denunciaron que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) actuó con un sesgo que tuvo como fin asegurar la elección de ambas magistradas.
Prueba de ello son los resultados en las evaluaciones escritas y curriculares de Ávalos y Miraval. Las referidas fiscales salieron desaprobadas en la segunda prueba; sin embargo, se vieron favorecidas tras presentar un recurso de reconsideración.
Las dos fiscales supremas fueron determinantes en el reciente nombramiento de Ramos Heredia. Sin sus votos, el polémico magistrado no hubiera sido elegido el próximo titular del Ministerio Público.
Para Víctor Cubas Villanueva, fiscal superior que participó en este concurso, Miraval Gambini debió ser descartada desde un principio del proceso. Recordó que cuando presentó su reclamo, tras ser descalificado en la evaluación escrita, pidió que se le entregue la prueba de Miraval para comparar resultados.
“Verifiqué que mis respuestas eran buenas, no obstante, estaba desaprobado. En cambio, la señora Miraval tenía una prueba que era un mamarracho y le habían puesto 16”, afirmó en diálogo con El Comercio.
Cubas rememoró también que el CNM no aceptó revisar de nuevo su examen escrito. Caso contrario sucedió con las evaluaciones curriculares, etapa a la que solo accedieron Miraval, Ávalos y otros cuatro.
Respecto a esto último, las mencionadas fiscales sacaron un puntaje muy por debajo del mínimo requerido (66,66).  Empero, tras un recurso de reconsideración se le aumentó 17,50 y 29 puntos, a Ávalos y a Miraval, respectivamente. Un hecho sin precedentes en este tipo de procesos convocados por el CNM.
“Todo hace indicar que en el primer examen aprovecharon para perjudicar a los postulantes y en el siguiente para beneficiar a estas dos fiscales”, comentó el fiscal Cubas a este Diario.
“Creo que aquí hubo un sesgo, un acto completamente irregular y arbitrario”, dijo. Agregó que a fines del año pasado presentó una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso a fin de que se esclarezcan estos polémicos hechos.
“TODO FUE MANIPULADO”
Un segundo fiscal que participó también en el concurso 002-2012, y que prefirió mantener su nombre en reserva, señaló que en este proceso hubo “una manipulación escandalosa” por parte del colegiado evaluador.
“Todo estaba arreglado para que Miraval y Ávalos ocupen esos cargos”, refirió el fiscal.
“Cuando el doctor Cubas presentó la documentación para que se revisen las pruebas, el CNM se opuso […] no es ninguna casualidad que ellas hayan votado a favor de Ramos Heredia como fiscal de la Nación”, añadió.

Acuerdo de traidores

Por Martha Meir Miró Quesada- Diario Expreso.
Dentro de pocos días se concretará una traición a la patria llamada “Acuerdo con Odebrecht”, una vergonzosa claudicación del Estado peruano ante un enemigo extranjero, encarnado en el cartel constructor del Brasil donde resalta la poderosa Odebrecht, “que pone y saca presidentes”, y ahora parece que también fiscales. El “acuerdo” garantiza la impunidad a quienes llegaron aquí a corromper, destruir la moral nacional y saquear el tesoro público.
En los estudios jurídicos comentan que el grupo de peruanos que colaboró en la vil trama duerme ya tranquilo, pues será como si nada hubiese pasado. La multa impuesta es ínfima y pagadera en cómodas cuotas a lo largo de más de una década; los ejecutivos brasileros no serán sancionados ni su patrimonio en Perú afectado; la empresa seguirá contratando con el Estado, podrá vender sus obras y llevarse el dinero. Un asco bendecido por una fiscalía rehén de las oenegés marxistas, del gobierno del ingeniero Vizcarra, constructor él, y de la “aplanadora” mediática. Siendo un acuerdo secreto, es probable que el favoritismo sea para que salten “revelaciones” que afecten, principalmente, a expresidentes, políticos y autoridades que trabaron a la brasilera o denuncian el proyecto marxista que pretenden implantar los “vizcaviares”.
En un artículo de 2017, publicado en El Comercio, la historiadora Carmen McEvoy sostiene que “la inmensa trama de corrupción [fue] organizada por Odebrecht en el Perú –con la venia de los mandatarios brasileños y la complicidad de políticos, empresarios, abogados, gobernadores, alcaldes y publicistas nacionales– […] El otrora imperio portugués perfeccionó a lo largo de varios años un sistema político-económico que exportaba corrupción, [somos] una suerte de colonia económica con un virrey brasileño apellidado Barata, quien departía con la crema y nata de la sociedad peruana”.
El acuerdo de “colaboración” (de traición, más bien) tiene 17 páginas y se pactó entre el equipo especial de la fiscalía para el caso Lava Jato (Rafael Vela y José Domingo Pérez) y la procuraduría ad hoc brasilera, con Odebrecht. La corrupta empresa se compromete a entregar información y documentos sobre las coimas entregadas a funcionarios peruanos de todos los niveles (nada de los privados). El Ministerio Público no podrá usar las pruebas contra Odebrecht ni sus ejecutivos, tampoco compartir la información con autoridades nacionales o extranjeras, a menos que medie pacto de no utilizarla contra los maleantes del Brasil.
¿Para cuándo la marchita de indignados, a ver?

Pablo Sánchez tiene pendientes 14 denuncias

Por MARÍA TERESA GARCÍA/ JOSÉ M. CARMEN MORÁN- Diario EXPRESO.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales analizará cada una de las 24 denuncias contra los miembros del Ministerio Público, de las cuales 14 fueron presentadas en contra del ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, así como de varios fiscales supremos desde el año 2017.
Entre los fiscales supremos cuyo destino depende de la decisión de los integrantes del grupo especial congresal, están Víctor Raúl Rodríguez Monteza, Tomás Aladino Gálvez Villegas, Pedro Chávarry Vallejos y los ex fiscales de la Nación José Peláez Bardales y Gladys Echaíz Ramos.
Las acusaciones contra Pablo Sánchez fueron presentadas desde agosto de 2017 y continuaron hasta el 2018. Lo mismo sucedió con las denuncias en contra de los demás representantes del Ministerio Público que se fueron acumulando en la subcomisión y durmieron el sueño de los justos, hasta que las bancadas pidieron revisar los casos de Pedro Chávarry.
Lo que sorprende es que la mayoría de bancadas y en especial la oficialista y las de tendencia izquierdista, pidan la cabeza de Pedro Chávarry, pero quien más cuestionamientos tiene es su antecesor Pablo Sánchez, por quien dichos parlamentarios guardan un silencio casi sepulcral.
¿ORGANIZACIÓN CRIMINAL?
Entre las denuncias pendientes de calificación está la Nº 136 presentada el 25 de agosto de 2017 y hecha por el ciudadano Vicente Díaz Arce contra el entonces fiscal de la Nación Sánchez por la presunta omisión del ejercicio de la acción penal, estipulada en el artículo 424º del Código Penal (CP).
¿La razón? Supuestamente haber omitido su función de persecutor del delito desconociendo su deber de ejercitar la acción penal.
Le sigue la acusación Nº 157 del ciudadano Eber Humberto Cabañas López en contra de Sánchez, presentada el 1 de diciembre de 2017, por la presunta infracción constitucional de los principios de independencia, imparcialidad y tutela de la recta administración de Justicia, señaladas en los artículo 139º y 159º y artículo 39º sobre la buena administración y de prescripción de la corrupción. Ello al supuestamente no haber tomado las acciones necesarias en la lucha contra la corrupción.
También se encuentra la denuncia constitucional Nº 161 hecha doce días después, el  13 de diciembre pasado, por los ciudadanos Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino Córdova en contra de los entonces ministros del Interior y el fiscal de la Nación, Carlos Basombrío y Pablo Sánchez, respectivamente.
Esto por la presunta infracción constitucional, artículo 2º inciso 24, y la supuesta comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de abuso de autoridad, artículo 376º del Código Penal.
El motivo es el haber presuntamente afectado el derecho a la presunción de inocencia y declarado que los denunciantes son parte de una organización criminal sin existir una sentencia firme.
Un día después, el 14 de diciembre del mismo año, ingresa la denuncia constitucional del ciudadano Fernando Villarreal Zavala, apoderado de Vigilancia Integral Corporativa SAC, contra Sánchez por la presunta comisión del delito de crimen organizado, tipificado en la Ley Nº 30077, artículo 2.
Asimismo por los delitos de secuestro, contra la fe pública, estafa agravada, cohecho activo específico, prevaricato, abuso de autoridad y lavado de activos, artículos 152º, 427º y 428º, 196º y 196º-A, 395º,  418º y 376º del Código Penal.
Lo denuncian por supuestamente integrar una organización criminal y concertar con un estudio de abogados y dejar en la impunidad graves delitos.
Luego, seis días después, el 22 de diciembre, se presenta la denuncia Nº 164 rubricada por la ciudadana Rocío Estefanía Saavedra Duarte, siempre contra Pablo Sánchez y el fiscal adjunto supremo titular, Jorge Bernal Cavero, por la supuesta infracción constitucional a los artículos 39º, 138º, 139º incisos 3, 5, 8 (7 y 20) y 2º del CP.
Saavedra Duarte lo acusa por el hecho de que habría dejado de emitir un pronunciamiento de ley al formular una resolución en perjuicio de la denunciada.
Pero las denuncias continúan. El 26 de diciembre de 2017, cuatro días después, ingresa la denuncia constitucional Nº 167 del ciudadano Raúl Arca Araníbar contra el citado fiscal por la presunta comisión de encubrimiento de los delitos de traición a la patria, crimen organizado y espionaje.
Solicita al entonces fiscal de la Nación que se oficie para que responda al Congreso de la República por qué no resuelve sus múltiples denuncias.
TAMBIÉN EN 2018
El 27 de febrero de 2018, lo denuncia constitucionalmente el ciudadano Jorge Virgilio Chimpay Caja al presuntamente no haber fiscalizado a sus colegas del interior del país.
Al igual que en el 2017, las acusaciones contra Sánchez no cesan. El 1 de marzo de 2018, el ciudadano Humberto Armando Rodríguez Cena le presenta la denuncia Nº 183 en su contra, pero también incrimina al juez supremo Luis Alberto Cevallos Vegas por la presunta infracción constitucional al artículo 146 inciso 3.
También por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión de funciones, malversación y peculado, asociación ilícita para delinquir, tráfico de influencias, encubrimiento real y encubrimiento personal.
Todo al supuestamente haber sufrido una persecución política y judicial por el Ministerio Público en represalia de sus denuncias contra otro familiar de Pablo Sánchez Velarde.
El 23 de marzo del mismo año ingresa la acusación Nº 191 del ciudadano Aureliano Pascacio Ángeles Bonilla contra Sánchez Velarde por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal agravado y omisión del ejercicio de la acción penal artículo 404º y 424º del Código Penal.
Lo denuncia porque habría dispuesto que su solicitud de colaboración eficaz sea vista por un fiscal de Chiclayo, poniendo en riesgo su vida.
OTRAS DENUNCIAS
La denuncia constitucional Nº 238 fue hecha por la ciudadana Virginia Delgado Berlanga y Jesús Linares Cornejo. El documento ingresó el 21 de agosto, pero esta vez acusa a Pedro Chávarry, fiscal supremo; Alan García Pérez, expresidente; Víctor Raúl Rodríguez Monteza, vocal supremo, y Pablo Sánchez, fiscal supremo.
Ello, por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal contra la fe pública, falsificación de poder y procesos judiciales, encubrimiento agravado, omisión de denuncia y prevaricato, al haber presuntamente una organización ilícita conformada por los denunciados con la finalidad de robar una empresa inmobiliaria, Oropesa S.A., y su activo el edificio de la avenida Tacna y Emancipación del Cercado de Lima desde el año 1982 hasta la fecha.
Casi dos meses después, la congresista Yeni Vilcatoma lo acusa (denuncia Nº 266) de la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales (artículo 377º del CP), al presuntamente haber omitido realizar diligencias tendientes a evitar que el vocal supremo Hinostroza Pariachi rehuyera a la acción de la justicia.
El 17 de diciembre, ingresa la denuncia constitucional (Nº 281) de la ciudadana Emiliana Estelita Vázquez Livia en contra del exfiscal y la fiscal adjunta Patricia Benavides Vargas por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora y actos funcionales, artículo 377º del CP, al presuntamente haber retardado u omitido un acto, no obstante su promesa de investigar a una fiscal provincial.
Todas estas denuncias están listas para dar cuenta y obvio que pendientes de calificación.
DENUNCIAS EN PROCESO
El 7 de diciembre de 2017, el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez emitió su descargo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego que el entonces congresista fujimorista Daniel Salaverry lo acusara por la presunta infracción constitucional a los artículos 39º, 139º y 59º porque habría cometido grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción.
Ese mismo día Sánchez dio explicaciones ante el grupo especial, pero esta vez por la denuncia de la parlamentaria Yeni Vilcatoma por la presunta infracción constitucional, artículo 159º incisos 4 y 5, al haber afectado con sus decisiones administrativas las atribuciones del Ministerio Público.
También Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez
Un total de cuatro denuncias constitucionales pendientes de calificación en el Congreso tiene el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, las cuales ingresaron en diciembre de 2017 y no se sabe por qué razón no se procesaron.
La primera de ellas es la del 18 de agosto del 2017, presentada por Raúl Clemente Flores Díaz por la presunta comisión de los delitos de prevaricato y encubrimiento personal previstos en los artículos 418 y 404 del CP.
Lo acusa de presuntamente proteger y encubrir a un vocal superior de la Corte Superior de Áncash.
El 22 de noviembre del mismo año, ingresa a la subcomisión otra acusación, pero esta vez presentada por José Gregorio Flores Torres en contra del mismo fiscal supremo por presunto delito de prevaricato en agravio del Estado al haber supuestamente rechazado una denuncia en contra de la fiscal superior Mirian Herrera Velarde.
Otra acusación fue la presentada por César Jordán Boleje e ingresada dos días después por la presunta comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes, al supuestamente haber omitido denunciar penalmente a la magistrada de Lima, Irma Díaz Livaque por haber retardado más de 7 meses una queja de derecho.
La cuarta acusación ingresó el 6 de diciembre de 2017 y fue presentada por José Gregorio Flores Torres por la presunta comisión del delito de prevaricato, al supuestamente haber tramitado erróneamente un recurso de apelación del denunciante.
TOMÁS ALADINO
Pero el fiscal supremo Tomas Aladino Gálvez Villegas tampoco se escapó de ser denunciado ante la subcomisión en donde tiene dos acusaciones para dar cuenta.
La primera fue ingresada por el 26 de junio de 2018 y presentada por Alipio Palomino Prado por la presunta comisión del delito de prevaricato, al haber presuntamente emitido un dictamen cuyo argumento basa su conclusión, omitiendo el texto expreso de una ley de desarrollo constitucional.
La segunda denuncia constitucional fue hecha por las congresistas Maritza García y Lizbeth Robles quienes lo acusan de presuntamente haber cometido el delito de organización criminal, abuso de autoridad, peculado doloso, cohecho activo específico, tráfico de influencias, omisión de denuncia, fraude procesal y uso de documento privado falso.
Todo ellos por el presunto irregular manejo de los fondos del Ministerio Público en el año del 2013. La denuncia ingresó el pasado 27 de agosto de 2018.
SEGÚN INFORME DE CALIFICACIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA
La Subcomisión recomienda declarar procedentes denuncias contra Chávarry
Acusaciones también incluyen a los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez, así como a Duberlí Rodríguez Tineo.
Los informes realizados por la Secretaría Técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomiendan declarar procedentes las seis denuncias constitucionales presentadas contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos.
De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso EXPRESO, la primera denuncia que será revisada según la agenda de la subcomisión, es la Nº 239, la cual fue formulada por el parlamentario Gino Costa (Liberal) el 20 de agosto de 2018.
Dentro de esta acusación, Costa imputaba a Chávarry haber cometido infracción constitucional de los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Carta Magna, por “carencia de transparencia e integridad (impedimento de fiscalización – Favorecimiento Irregular y Direccionamiento de la Opinión Pública)”,  “mentiras arteras a la ciudadanía”, “Notas Adulteradas – ratificación cuestionable” y “plagio de tesis”.
Sin embargo, de acuerdo al documento revisado por EXPRESO, la Secretaría Técnica de la Subcomisión recomienda declarar procedente solo las acusaciones por “Notas Adulteradas – ratificación cuestionable” y “plagio de tesis”, mientras que recomienda declarar improcedente las acusaciones por “carencia de transparencia e integridad” y “mentiras a la ciudadanía”.
La segunda denuncia es la Nº 248, presentada por Gloria Montenegro (APP) el 3 de septiembre de 2018, acusando a Chávarry por una infracción constitucional contra los artículos 158 y 146, inciso 2 de la Constitución, así como por la comisión de los delitos de promoción, constitución o integración de una organización criminal y encubrimiento real, tipificados en los artículos 317 y 405 del Código Penal.
Cabe precisar que en esta denuncia, Montenegro también acusó al fiscal supremo Tomás Gálvez de infracción constitucional al artículo 146° inciso 2, y supuesta comisión de los delitos de promoción, constitución o integración de una organización criminal y encubrimiento real, tipificados en los artículos 317 y 405, respectivamente, del Código Penal.
En este punto, la Secretaría Técnica recomienda declarar procedente solo la acusación contra Chávarry por infracción constitucional al artículo 146, inciso 2, y por los delitos 317 y 405 del Código Penal, pero declara improcedente la imputación de infringir el artículo 158 de la Constitución. En el caso de Tomás Gálvez, también se declara la procedencia de su acusación.
En la agenda también figura la acusación Nº 262, formulada por el procurador Amado Enco el 1 de octubre de 2018, y en la cual se acusa a Pedro Chávarry, a los fiscales supremos Tomas Gálvez, Víctor Rodríguez, y a los jueces supremos Aldo Figueroa Navarro, Martín Hurtado Reyes, Duberlí Rodríguez Tineo y Ángel Romero Díaz, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y el delito contra la tranquilidad pública – organización criminal, tipificados en los artículos 400, 385 y 317 respectivamente del Código Penal.
De acuerdo al informe del área técnica, se recomienda que la acusación se declare procedente. Cabe precisar que el procurador Enco no puede presentar una denuncia constitucional, por lo que los congresistas Gino Costa, Patricia Donayre, Alberto de Belaunde, Gloria Montenegro y Richard Arce hicieron suya esta denuncia.
El siguiente punto es la denuncia Nº 270, también presentada por el procurador Amado Enco el 29 de octubre de 2018, contra los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe, Guido Aguila Grados, Orlando Velásquez Benites, y el fiscal supremo Pedro Chávarry, “por la comisión del delito contra la tranquilidad pública – organización criminal – artículo 317 del Código Penal.
El informe técnico recomienda declarar procedente esta acusación, pero solo en el caso de Pedro Chávarry, mientras que en el caso de los exconsejeros del CNM se recomienda la improcedencia de la denuncia. Al igual que la acusación anterior, los parlamentarios Gino Costa, Patricia Donayre, Wilbert Rozas, Sonia Echevarría, Jorge Meléndez, Richard Arce, Gloria Montenegro y Edmundo del Águila hicieron suya la denuncia.
El penúltimo punto es la acusación  Nº 285, formulada por los congresistas del Nuevo Perú, Marisa Glave, Katia Gilvonio, Alberto Quintanilla y Manuel Dammert, presentada el 4 de enero de este año, acusando a Chávarry de haber infringido los artículos 39, 41 y 43 de la Constitución.
Además, la última denuncia de la agenda es la Nº 288, formulada por Gino Costa el 8 de enero de este año, en la que le imputa a Pedro Chávarry los delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real, contemplados en los artículos 404 y 405 respectivamente del Código Penal, así como haber infringido los artículos 39°, 44°, 139° inciso 3, 158° y 159° inciso 2, de la Constitución.
En ambos casos, la Secretaría Técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomienda declarar procedentes las denuncias contra Pedro Chávarry.

PPK acusado de lavado de activos en proyecto Olmos

El informe Lava Jato recomendó acusar constitucionalmente al expresidente Ollanta Humala porque habría beneficiado a la empresa Odebrecht en el Proyecto Trasvase Olmos y el Proyecto Irrigación Olmos. Asimismo solicitó a la Fiscalía investigar al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo.
También encontró indicios de que Humberto Acuña Peralta ha podido cometer el delito de colusión agravada, al haber llevado a cabo un acuerdo indebido con los representantes de la concesionaria Trasvase Olmos.
Si bien la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. y H2Olmos S.A. se encargaron de ejecutar el Proyecto Trasvase Olmos y el Proyecto Irrigación Olmos, se ha demostrado que ambas empresas que forman parte del grupo Odebrecht fueron favorecidas por el gobierno nacionalista de entonces.
El informe Lava Jato concluye que el expresidente Ollanta Humala debe ser denunciado constitucionalmente al haber cometido el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, al haber suscrito tres decretos supremos entre el 2012 y el 2013, mediante los cuales se transfirió al Gobierno US$49’326,000.00 a fin de pagar a la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. un perjuicio que le fue reconocido de manera irregular.
La conducta descrita de Humala Tasso debe evaluarse en base a las declaraciones brindadas por Marcelo  Odebrecht y Jorge Barata, exrepresentantes del grupo Odebrecht, quienes aseguraron  haber pagado US$3 millones durante la campaña electoral del expresidente.
Por otro lado, existen indicios que permiten inferir que, Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gloria Jesús Kisic Wagner, su secretaria, habrían incurrido en el presunto delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión, por cuanto el ex presidente utilizó la empresa off shore Dorado Asset Management LTD, a fin de realizar operaciones comerciales que le permitan percibir el pago de US$1’079,636.00 obtenido por su empresa Westfield Capital en la asesoría financiera a Concesionaria Trasvase Olmos S.A.
En el caso de Gloria Kisic Wagner, se advierte que en su cuenta N°1931014533117 del BCP, mancomunada con Pedro Pablo Kuczynski, recibió dos transferencias provenientes de la empresa Dorado LTD, ordenando de inmediato su traspaso a la cuenta de la empresa Westfield Capital Ltd, de propiedad de PPK.
En cuanto a la responsabilidad civil, en el punto relacionado a la incorrecta clasificación del Proyecto Irrigación Olmos como iniciativa privada autosostenible, estarían involucrados los señores Javier Roca Fabián, ex director general de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional; Rosalía Haydee Álvarez Estrada, exsecretaria general del MEF; María Soledad Giulfo Suárez exviceministra de Economía.
De igual forma, Carlos Casas Tragodara, exviceministro de Economía, Pablo Enrique Salazar Torres, exgerente general del PEOT, José Huamán Castillo, exconsejero delegado del Gobierno Regional de Lambayeque y Adela Saavedra Díaz, exconsejera del Gobierno de Lambayeque.

HUMALA

Ollanta Humala Tasso, presidente de la República durante el periodo 2011-2016, suscribió en el 2012 y 2013, tres decretos supremos por los cuales se transfirió al Gobierno Regional de Lambayeque el monto total de S/132’818,920.00, a fin de pagar el perjuicio económico financiero reconocido a la Concesionaria Trasvase Olmos S.A.
Por ello, Luis Miguel Castilla Rubio, entonces ministro de Economía y Finanzas, suscribió el Decreto Supremo N°073-2012-EF, el Decreto de Urgencia N°016-2012 y el Decreto Supremo N°331-2013-EF, mediante los cuales se transfirió al Gobierno de Lambayeque el monto total de S/132’818,920 a fin de pagar el perjuicio económico financiero reconocido a Concesionaria Trasvase Olmos S.A.
Asimismo, Luis Ginocchio Balcázar, titular de Agricultura, suscribió dos de los referidos decretos, mediante los cuales se transfirió al Gobierno de Lambayeque el monto total de S/. 116’960,560 a fin de pagar presunto perjuicio a Odebrecht.

PPK

Durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo Manrique, Kuczynski Godard desempeñó altos cargos públicos, los cuales le permitieron participar en el proyecto Olmos.
El 21 de julio de 2004, siendo ministro de Economía y el 11 de febrero y de 2006, en su condición de primer ministro, firmó el Decreto Supremo N°014-2006-EF, por el cual se aprobó el otorgamiento de una garantía soberana hasta por US$401’331,000.00 a favor de la concesionaria Trasvase Olmos S.A.
Estas acciones  habrían generado que la estructuración financiera propuesta por su empresa unipersonal Westfield Capital LTD, a favor de las empresas Norberto Odebrecht S.A. y Concesionaria Trasvase Olmos S.A., sea exitosa.
Se presume que, a través de las empresas Westfield Capital y Dorado Asset Management Ltd, Kuczynski Godard, habría percibido US$1’079,636.00, durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2004 al 11 de octubre de 2007, producto de la asesoría financiera que habría brindado a través de su empresa Westfield Capital LTD.
A efectos de que el dinero ingrese a la esfera económica de Kuczynski, pues la empresa Odebrecht Latinvest Perú SAC informó que solo abonó a la empresa Westfield Capital el importe de US$64,636.00, se habría constituido la empresa “off shore” Dorado Asset Management LTD en las Islas Vírgenes Británicas (considerado como paraíso fiscal), con la finalidad de transferir al Perú el presunto dinero ilícito, a través de operaciones inmobiliarias.
Cabe indicar que el 25 de abril de 2005, la citada empresa adquirió un inmueble en Cieneguilla por US$320,000.00, mientras que el 3 de abril de 2006 compró el inmueble de la calle Choquehuanca de San Isidro, de Kuczynski, por US$695,000.00 mediante dos transferencias de US$350,000.00 y 345,000.00 de fechas 16 y 22 de marzo de 2006, respectivamente, en la cuenta mancomunada que mantiene Kuczynski Godard con Gloria Jesús Kisic Wagner en el BCP.
De acuerdo a la adquisición del inmueble ubicado en San Isidro, se advierte que el monto cancelado fue realizado antes que se suscriba la escritura pública de compraventa el 3 de abril del 2006.
Es más, este dinero terminó siendo transferido por Gloria Kisic a la cuenta del Wachovia Bank, de propiedad de la empresa Westfield Capital LTD, al día siguiente de haberlos recibido, bajo la denominación de “reenvió de fondos y transferencias”, ocultando así durante todo este proceso cualquier vínculo del expresidente con sus referidas empresas.
“En consecuencia, estos hechos permiten advertir la existencia de un dinero cuyo origen no tiene fuente conocida; por lo tanto, y a efectos de esclarecer los hechos, los actuados deberán ser remitidos al Ministerio Público, a efectos que a través de una indagación se establezca el origen lícito o ilícito del dinero proveniente de la empresa Dorado Asset Management LTD, utilizado para las operaciones inmobiliarias antes detalladas”, refiere el documento.
COHECHO PASIVO
A Kuczynski Godard también se le atribuye responsabilidad de carácter penal por el delito de cohecho pasivo impropio ya que, en su condición de ministro, suscribió los decretos supremos por los cuales se dieron lugar a la garantía soberana y a la garantía de crédito parcial que beneficiaron a Concesionaria Trasvase Olmos S.A. en el proceso de colocación de bonos corporativos.
La suscripción de tales decretos se realizó en el marco del contrato de asesoría financiera que suscribió la Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Westfield Capital, empresa unipersonal del expresidente.
La conducta ilícita se encuentra en la suscripción de los decretos supremos que se califican como actos propios de los cargos públicos que desempeñaba PPK como ministro de Economía y premier.
Producto de ello Kuczynski habría recibido un beneficio económico indebido, ya que el mismo provino del pago a favor de Westfield Capital por el contrato de asesoría financiera.
HUMBERTO ACUÑA
De otro lado existen indicios que permiten presumir que Humberto Acuña Peralta habría cometido el presunto delito de colusión agravada, al haber llevado a cabo un acuerdo indebido con los representantes de la concesionaria Trasvase Olmos, Juan Andrés Marsano Soto y Ramesh Agrawal Fernández, a fin de que la concesionaria se favorezca con el pago de US$43’642,000.00.
Acuña Peralta, gobernador regional de Lambayeque, suscribió el acta de reuniones de trato directo, el acuerdo de transacción extrajudicial y la tercera adenda al contrato de concesión del Proyecto Trasvase Olmos, permitiendo el pago por reconocimiento de perjuicio económico financiero ascendente a US$49’326,000.00 a favor de Concesionaria Trasvase Olmos S.A.
Asimismo, Francisco Gayoso Zevallos, gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), participó en el acta de reuniones de trato directo y en el acuerdo de transacción extrajudicial, permitiendo el pago por reconocimiento del citado perjuicio económico financiero.
Sergio Rafael Bravo Orellana, experto financiero contratado por el Gobierno Regional de Lambayeque, emitió distintos informes sobre el cálculo del reconocimiento por ingresos del servicio de trasvase programados y no percibidos por Concesionaria Trasvase Olmos S.A., recomendando finalmente que se le reconozca al concesionario el monto de US$43’642,000.00, incluyendo los intereses devengados.
Jorge Alva Hurtado, experto técnico contratado por Concesionaria Trasvase Olmos S.A. y el Gobierno Regional de Lambayeque, emitió los informes por el primer y segundo grupo de eventos no imputables, recomendando que se le reconozca al concesionario el monto de US$5’684,000.00.
3 Decretos Supremos
Fueron firmados entre el 2012 y el 2013 para la transferencia de US$ 49’326,000.00 a fin de pagar a la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (Odebrecht), por un perjuicio indebido, con el dinero de todos los peruanos.
La Contraloría
Edgar Alarcón Tejada, ex gerente central de operaciones de la Contraloría General de la República, suscribió el Oficio N°00277-2011-CG/GOPE, mediante el cual dicha entidad se pronunció en virtud a la solicitud de informe previo sobre el proyecto de la tercera adenda del contrato de concesión del Proyecto Trasvase Olmos presentada por el gobierno regional.

PARA BENEFICIO DE EMPRESA ODEBRECHT

Se empleó información dada por Concesionaria Trasvase Olmos
La ejecución de las obras del Túnel Trasandino del Proyecto Trasvase Olmos se dio durante el periodo inicial o de construcción, el cual tuvo lugar a partir de la suscripción del acta de entrega del control del proyecto, de fecha 22 de marzo de 2006.
Sucede que durante este periodo se dieron diferentes hechos que afectaron los trabajos de perforación del referido túnel. Principalmente, se produjeron estallidos de roca que impidieron el desarrollo del cronograma de trabajo definido por Constructora Norberto Odebrecht S.A. en su propuesta técnica presentada en el proceso de adjudicación.
De acuerdo al contrato de concesión del Proyecto Trasvase Olmos, el Gobierno Regional de Lambayeque debe reconocer a Concesionaria Trasvase Olmos S.A. un perjuicio económico financiero si se trata de causas no imputables a la misma, producto de demoras o atrasos en el cumplimiento de las prestaciones a cargo.
La forma de resarcir tal perjuicio sería con el otorgamiento de la prórroga necesaria del plazo de la concesión, para que la  Concesionaria Trasvase Olmos S.A. se recupere cobrando la tarifa de trasvase de agua que debe pagar el gobierno regional, durante el periodo adicional de concesión.
El Gobierno de Lambayeque decidió reconocer el perjuicio económico financiero pagándole a Concesionaria Trasvase Olmos S.A. el monto de US$43’642,000.00 por los ingresos del servicio de trasvase programado no percibido y US$5’684,000 por la inversión adicional que tuvo que asumir el concesionario en la ejecución del Túnel Trasandino.
Para ello, se suscribieron un acta de reuniones de trato directo, un acuerdo de transacción extrajudicial y la tercera adenda al contrato de concesión del Proyecto Trasvase Olmos. De esta forma, se hizo el pago directo por el referido perjuicio, y no se recurrió a la ampliación de la vigencia de la concesión.
En el proceso de reconocimiento del perjuicio económico financiero a favor de Concesionaria Trasvase Olmos S.A., no se definió con certeza si todos los estallidos de roca que supuestamente habían afectado al concesionario, ocurridos entre el 24 de febrero de 2007 y el 13 de agosto de 2011, resultaban verdaderamente ser hechos no imputables por ser de mayor intensidad y frecuencia a los pronosticados por Constructora Norberto Odebrecht S.A. en sus propuestas técnica y económica presentadas para el concurso.
Tal determinación era fundamental a fin de aplicar la cláusula 3.3 del contrato de concesión del Proyecto Trasvase Olmos, y así reconocer eventualmente algún perjuicio económico financiero.
Según el ingeniero Jorge Alva Hurtado, experto técnico contratado por Concesionaria Trasvase Olmos S.A. y el Gobierno  de Lambayeque, en sus informes sobre los mayores costos de obras, para determinar la intensidad de los estallidos de roca se debía emplear parámetros cuantificables.
Contrariamente, el concesionario no había demostrado de manera objetiva, con fundamentos técnicos y mediciones auditables, que los estallidos de roca en cuestión hayan significado condiciones geológicas distintas a las que razonablemente se habían calculado al momento de la elaboración de las propuestas técnica y económica.
Por ello, se realizó un análisis técnico sobre los estallidos de roca, desde un punto de vista geológico y geotécnico, determinando que no todos estos estallidos ocurridos durante la excavación del Túnel Trasandino necesariamente fueron de alta intensidad, conocidos también como “golpe de montaña”.
Es así que el ingeniero Alva buscó determinar el parámetro mediante el cual se pueda establecer qué estallidos de roca fueron efectivamente de tal magnitud que pudieran ser calificados como de alta intensidad.
No obstante, Alva no encontró una medición instrumental y auditable de la magnitud de los estallidos (por ejemplo, el uso de sonómetros o mediciones sísmicas), por lo que recurrió a los efectos observados y registrados por el concesionario, tales como la altura o volumen de la caverna que haya surgido a partir de los supuestos estallidos de roca.
Es decir, el especialista empleó información recaba por la propia Concesionaria Trasvase Olmos S.A. a fin de definir si los estallidos de roca calificaban como hechos no imputables por los cuales se le debía reconocer un perjuicio económico financiero.
Esta falta de objetividad,  no fue tomada en cuenta por el Gobierno de Lambayeque, incluso nunca cuestionó el origen de los estallidos de roca ni su grado de intensidad, para saber si debieron ser tratados como hechos imputables o no.
Tampoco se descartó dar a los estallidos de roca el trato de evento de fuerza mayor, conforme lo estipula la cláusula 13 del contrato de concesión, y que no  contemplaba ningún tipo de indemnización o resarcimiento a la parte afectada.
Fuente:  Diario EXPRESO.

PRIMA DE ALLAN WAGNER COBRÓ DINERO DE ODEBRECHT CON PPK

Por César Rojas– Manifiestoperu.com
El embajador Allan Wagner, actual presidente de Transparencia, confirmó que Gloria Jesús Kisic Wagner, mano derecha de Pedro Pablo Kuczynski en la recepción de dinero de Odebrecht, es su prima.
“Es mi prima, fue secretaria privada de PPK durante muchos años y está colaborando con la justicia”, tuiteó el diplomático.
Como se sabe, Kuczynski fue sometido a un proceso de vacancia luego de que se descubriera su mentira, de que no había tenido relaciones comerciales con la corrupta empresa brasilera. Finalmente, el peruano-norteamericano renunció.
“La Unidad de Inteligencia Financiera siguió el rastro a las mencionadas transferencias y detectó que una cuenta mancomunada entre Kuczynski y su secretaria de toda la vida, Gloria Kisic Wagner, recibió de Westfield Capital -su propia empresa- US$2’328,751“, señalaba La República en marzo del año pasado.
Según PPK, ignoraba el origen porque estas transacciones las había realizado su socio Gerardo Sepúlveda, pero la documentación referida acreditaba que el dinero le había llegado directamente en montos millonarios, algo difícil -si no imposible- de ignorar para el titular de la cuenta bancaria.

Naranjada

La bancada de Fuerza Popular presentó una moción que pide la censura del presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, luego de lo ocurrido en el pleno del lunes 7 de enero, en el cual se retiraron por cuestionar cómo presidió el debate.
“Hemos presentado una moción de censura al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por sus reiteradas infracciones al reglamento”, informó el vocero titular de Fuerza Popular, Carlos Tubino.
“Es imperativo dejar constancia que defenderemos la Constitución y las leyes en toda circunstancia, exigiendo respeto al igual que a todas las bancadas”, añadió el legislador.
En la moción se señala que Daniel Salaverry “haciendo ejercicio abusivo de su cargo, no convoca a los miembros de la Mesa Directiva, desde hace seis semanas, adoptando decisiones de manera unilateral, respecto de la gestión y administración del Congreso”.
En alusión de Cambio 21 y la Bancada Liberal, Fuerza Popular menciona que el titular del Congreso ordenó que se proceda a la creación y registro de los nuevos grupos parlamentarios “incumpliendo con lo dispuesto por el fallo del Tribunal Constitucional, según el cual solo los parlamentarios disidentes por razones de conciencia debidamente justificadas, puedan conformar nuevos grupos parlamentarios”.
Otra razón que incluye en sus considerandos es que Salaverry no convoca al Consejo Directivo antes de la realización de un nuevo pleno.
En una conferencia de prensa que brindaron luego de retirarse del debate en el pleno, Fuerza Popular consideró que Daniel Salaverry no respetó el reglamento del Parlamento por no haber convocado a Junta de Portavoces luego de que Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) no retirara una frase que los legisladores naranjas consideraron ofensiva.
Daniel Salaverry también protagonizó una discusión con Fuerza Popular, específicamente con Cecilia Chacón, quien le increpó en el debate que no acatara el reglamento y procediera a llamar a una Junta de Portavoces.
En ese sentido, Carlos Tubino también confirmó que presentaron una denuncia contra Alberto de Belaunde ante la Comisión de Ética por considerar que “difamó y humilló” a Fuerza Popular en el pleno del Congreso.
En el debate del lunes, Alberto de Belaunde criticó a Fuerza Popular y consideró que habían sido parte de un “pacto de impunidad” con el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por haber frustrado una Junta de Portavoces para analizar el proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público.
Fuente: Diario El Comercio.

Fuerza Popular pierde mayoría parlamentaria

El partido Fuerza Popular se encuentra en el “ojo de la tormenta”, tras las renuncias por parte de cinco miembros de la bancada naranja en las últimas horas. Así, el partido naranja perdería en parte el control del Congreso, cuya mayoría antes les permitió aprobar leyes en favor del fujimorismo en tiempo récord u oponerse a proyectos del Ejecutivo.
El fujimorismo pierde fuerza ad portas de votarse una moción de censura contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, impulsada paradójicamente por Fuerza Popular; aunque el vocero fujimorista, Carlos Tubino minimizó las salidas de sus colegas.
Precisamente, Daniel Salaverry presentó su carta de renuncia a la bancada de FP indicando a la prensa: “Te presentan una moción censura, te dicen que eres traidor, que uso rodilleras, sabiendo lo que eso significa. Yo no puedo, por dignidad, seguir perteneciendo (…) Cuando tienes claras tus convicciones se debe tomar decisiones, por más difíciles que estas sean”.
A la renuncia de Salaverry al partido naranja se sumaron los legisladores los congresistas Miguel Castro y Glider Agustín Ushñahua quienes se oponen a la moción de censura que presentó el fujimorismo contra el presidente del Congreso.
El congresista Rolando Reátegui también anunció su alejamiento de manera irrevocable a la agrupación política que lidera la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva. “Es nuestra responsabilidad dejar esta situación de polarización política y crisis permanente e innecesaria, que perjudican al país y empezar a trabajar en beneficio de la gobernanza y del Estado de Derecho”, afirma.
Otra parlamentaria que se apartan de la bancada de Fuerza Popular es la suspendida congresista Yesenia Ponce, sostuvo que se aleja de FP, pero que mientras fue parte de esa agrupación mostró disciplina y lealtad a las decisiones que se obtenían en consenso, aún cuando muchas veces no estuve de acuerdo con ellas como en la “votación para suspender al congresista Kenji Fujimori, por quien también guardo respeto”.

Mayoría parlamentaria

Según el reglamento del Congreso, para admitir a debate la moción de censura contra contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se requiere de la mitad más uno de los votos de los Congresista. Son 130 congresistas, de los cuales dos están suspendidos, quedando 128 legisladores.
De esa manera, para la mitad más un voto se requiere del apoyo de 65 congresistas (64 +1). Tras las renuncias al fujimorismo que se anunciaron hoy, la bancada de Fuerza Popular cuenta con 56 parlamentarios, lo que no le alcanza para el debate de la moción. 
A esto se suma que la bancada aprista adelantó que no apoyará la moción de censura presentada por Fuerza Popular contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, según lo confirmó a diariocorreo.pe el vocero del Apra, Jorge del Castillo. Así, los miembros del Apra votarían por la abstención.

Tubino: “Se veía venir”

Al respecto, Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, lamentó la salida de Salaverry, pero señaló que esta podría ser la solución para que deje de existir confrontación en el Parlamento.
El congresista fujimorista se mostró sorprendido por las renuncias presentadas, pero a su vez señaló que las declinaciones se veían venir.
Fuente: Diario Correo.

Los regidores para la gestión 2019-2022

Por Lourdes Fernández Calvo– Diario El Comercio.
De los 21 regidores de Acción Popular, al menos 5 son invitados. Dos de ellos son ex regidores miraflorinos, una activista del pueblo afroperuano, un representante de los comerciantes y un joven recién egresado de la universidad. Se trata de Jhonny Velarde, quien además es el concejal más joven de la gestión de Muñoz. Fue criticado durante la campaña por tener 23 años y no contar con experiencia laboral. Velarde asegura que a él lo respaldan sus estudios en Ciencias Políticas y el haber acompañado a Muñoz a recorrer la ciudad.
“Hemos llevado nuestras propuestas a todos los distritos de Lima”, afirma. Además, dice, está llevando cursos de Gestión Pública para empaparse de la labor municipal. Quien tiene un poco más de experiencia en el sector público y sí es militante de Acción Popular es Jhosselyn Jheydi Quiroz. La número 2 de la lista de regidores, trabajó 5 años en el Ministerio de Transportes y tiene una maestría en Gestión Pública. La nueva regidora tiene los primeros objetivos claros: regularizar la normativa concerniente a la autoridad de transporte urbano para Lima y Callao, y emitir normas que impidan el acoso callejero. “También aplicaremos uno de los ideales del partido: una política sin corrupción”, agrega.
—Sin oposición—
Según la obtención de votos, el resto del concejo quedó repartido en pequeños grupos de oposición [Ver infografía]. El partido Podemos por el Progreso Perú, cuyo candidato a la alcaldía fue Daniel Urresti, alcanzó 8 plazas. Una de ellas la ocupará el ex alcalde de Pueblo Libre y postulante a la Alcaldía de San Borja Ángel Tacchino. Su postulación con el partido va más por su afinidad con el fundador de Podemos, José Luna, que con lo propuesto por Urresti; por eso, dice, su grupo no será de oposición sino de colaboración. “No vamos a entrar a pelear, vamos a mejorar el transporte y fortalecer al serenazgo”, afirma.
Desde el partido Perú Patria Segura, Norma Yarrow, quien postuló como teniente alcaldesa de Renzo Reggiardo, coincide en que no habrá una política de oposición pero asegura que sí habrá mucha fiscalización. La también ex regidora de Luis Castañeda (períodos 2003-2006 y 2007-2010), dice ir de la mano con lo propuesto, hasta el momento, por Muñoz. “Si mañana debemos declarar al Metropolitano en emergencia, lo hacemos; pero que todo sea dentro de lo legal”, aclara. Para ella, la fiscalización a la gestión saliente debe estar en manos de una comisión investigadora.
Una vez más, el PPC vuelve a quedar relegado en el Concejo Metropolitano y solo obtuvo dos plazas. Una de ellas será ocupada por el ex alcalde de San Borja Marco Álvarez, quien buscará que cada distrito administre los temas de tránsito porque “solo así se obtendrá el orden”.
Para el analista político José Carlos Requena, la gestión de Muñoz tiene la ventaja de haber sido exitosa en Miraflores, lo que a su vez genera más expectativa. “Aquí es donde se verá la muñeca del alcalde para manejar el concejo, tiene que fiscalizar sí, pero no debe dedicar todos su esfuerzo a ello. Es hora de ir a temas concretos”, finaliza.