Metamorfosis salaverrana

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Ávalos

La patada que encumbró a Zoraida Ávalos

Por FERNANDO ROSPIGLIOSI– Diario El Comercio.
Caben pocas dudas de que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, será una magistrada complaciente con el gobierno de Martín Vizcarra. Ella ha llegado a ese puesto gracias a la campaña que el gobierno y sus aliados desarrollaron contra Pedro Chávarry y tiene rabo de paja, lo que la hace vulnerable en caso de que quiera salir del carril que le han trazado.
Ávalos se convirtió en fiscal suprema en el 2012 en una trama que Ricardo Uceda describió como una maniobra urdida en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para elegir al cuestionado Carlos Ramos Heredia como fiscal de la Nación. El CNM designó a Zoraida Ávalos y Nora Miraval, dos personas que no tenían los méritos necesarios y, en efecto, Ramos Heredia, con el voto de ellas se convirtió en fiscal de la Nación. Ramos no duró ni un año en el cargo. A fines del 2014 fue suspendido y luego destituido por el propio CNM por sus vínculos con la mafia de César Álvarez, entonces gobernador regional de Áncash.
Vale la pena recordar lo que decía Ricardo Uceda en ese entonces sobre la corrupción en los organismos del sistema de justicia. “Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público pertenece al tipo de corrupción que no se encuentra necesariamente penado por la ley. […] La cofradía del CNM se dispuso a llenar la vacante que faltaba en la Junta de Fiscales Supremos con alguien que votara de todos modos por Carlos Ramos. Ese alguien era Zoraida Ávalos. […] A Zoraida Ávalos, no fue fácil nombrarla fiscal suprema. En el 2012, en el proceso que terminó designándola, los seis postulantes que quedaban luego del examen escrito desaprobaron en la evaluación curricular, de modo que ninguno podía pasar a la entrevista personal. Entonces, el CNM recalificó las trayectorias profesionales. A la predestinada Ávalos le pegó una patada para arriba sobrenatural: sus 50 puntos se convirtieron en 87,50. Quedó primera en el cuadro final”. (“Cómo se nombra realmente a un Fiscal de la Nación”, “La República”, 21/1/14).
El resultado de la jugarreta que tenía a Ávalos como una de sus protagonistas era, según Uceda, que “tendrá mayor influencia en el Ministerio Público un poder oculto cuyo cableado atraviesa el Poder Judicial, pasa por el despacho de algunos congresistas, y toma energía en un grupo inmobiliario investigado por extorsiones y lavado de activos”.
El Comercio también publicó varios reportajes en el mismo sentido. En un artículo titulado “Fiscales que votaron por Ramos Heredia fueron favorecidas” (28/4/14), Rodrigo Cruz explica que “dos fiscales que participaron en el concurso que nombró a Zoraida Ávalos y Nora Miraval fiscales supremas denunciaron que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) actuó con un sesgo que tuvo como fin asegurar la elección de ambas magistradas”. Allí se detalla que “las mencionadas fiscales sacaron un puntaje muy por debajo del mínimo requerido”; sin embargo, les subieron escandalosamente las notas sin justificación alguna.
El artículo recoge la versión de un magistrado que afirma que en el “proceso hubo ‘una manipulación escandalosa’ por parte del” CNM. “Todo estaba arreglado para que Miraval y Ávalos ocupen esos cargos”. La finalidad era clara, según El Comercio: “Las dos fiscales supremas fueron determinantes en el reciente nombramiento de Ramos Heredia. Sin sus votos, el polémico magistrado no hubiera sido elegido el próximo titular del Ministerio Público”.
Esa es la nueva heroína anticorrupción que la coalición vizcarrista ha puesto al frente del Ministerio Público para supuestamente cambiarlo, limpiarlo y mejorarlo, a la que venían promoviendo públicamente desde hace meses y a la que ahora alaban sin mesura. Su cinismo parece no tener límites. Por supuesto, los antecedentes aquí reseñados no han aparecido, ni aparecerán, en la mayoría de medios de comunicación, los mismos que destacan desmedidamente las presuntas cualidades de la nueva fiscal de la Nación.
En realidad, adonde apunta el gobierno y la coalición que lo respalda es a la próxima Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reemplazará al CNM, donde el fiscal de la Nación tiene un asiento. Necesitan dominarla para poder tomar el control del sistema judicial.
También el Tribunal Constitucional es un objetivo que está ahora al alcance de la mano. Varios voceros de la coalición vizcarrista venían negándole al actual Congreso la potestad constitucional de reemplazar a varios de sus miembros que deben jubilarse en los próximos meses, porque suponían que no serían de su facción. Ahora, con la acelerada pulverización del keikismo, es probable que el gobierno pueda imponer sus candidatos a un Parlamento sumiso.
Así, la concentración del poder y el quebranto de la democracia avanzan a paso ligero.
Cuatro Fiscales Supremos afrontan procesos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Cuatro Fiscales Supremos afrontan procesos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Por Sofía López- Diario Correo.
Por unanimidad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó dar prioridad al paquete de denuncias contra los integrantes del Ministerio Público (MP). Son cuatro de cinco fiscales supremos los que cargan con denuncias en ese grupo congresal, siendo los exfiscales de la Nación Pedro Chávarry y Pablo Sánchez quienes tienen mayor cantidad de acusaciones por resolver; seguidos de Víctor Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez Villegas.

VOTACIÓN

Durante la sexta sesión extraordinaria del grupo presidido por el congresista César Segura (FP), se consultó a los integrantes su opinión sobre los casos pendientes.
La legisladora Karina Beteta (FP) pidió que se revisen también las denuncias contra exministros de Estado. “Igualdad y equidad para todos. Debemos pronunciarnos sobre esas denuncias”, dijo.
Finalmente, el grupo decidió que se dé prioridad a las denuncias planteadas contra integrantes de la Fiscalía.
César Segura espera que el viernes 11 todas las denuncias sean calificadas, con la intención de convocar a una sesión el próximo lunes 14 para definir los temas.
“De aprobarse alguna denuncia, ese día (el lunes) se elevarán a la Comisión Permanente para que nos otorgue el plazo necesario con el propósito de resolver la solicitud”, indicó a Correo.

DENUNCIAS

Se estima que las denuncias en la Subcomisión que alcanzan a los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos sean resueltas en un periodo de dos meses, lo que podría terminar con la destitución de alguno de ellos de sus respectivos cargos.
La congresista Gloria Montenegro (APP) propuso ampliar la denuncia constitucional contra el renunciante fiscal de la Nación Pedro Chávarry.
En el documento, de 12 páginas, se incluyen hechos recientes: la remoción de los integrantes del Equipo Especial “Lava Jato”, el ocultamiento de información y la obstrucción de acción de la justicia.
Fiscales que votaron por Ramos Heredia fueron favorecidas

Cómo se nombra realmente a un Fiscal de la Nación

Por Ricardo Uceda- Diario La República.
El fiscal supremo Carlos Ramos Heredia está a punto de convertirse en Fiscal de la Nación en virtud de un sistema que permite a grupos de interés manejar las riendas de la elección de tan alto cargo. En esta nota se desarrolla la idea de que no es por sus méritos. Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público pertenece al tipo de corrupción que no se encuentra necesariamente penado por la ley.
El engranaje de la elección comienza en el Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM ), responsable de nombrar autoridades en el Ministerio Público, el Poder Judicial, la ONPE y el Reniec. Lo integran siete delegados de distintas corporaciones públicas y gremiales. Cada uno es cortejado por grupos de la magistratura, por el gobierno, por partidos –especialmente el Apra?, y algunas veces son captados, si es que no venían con camiseta desde antes. El CNM ha afrontado duros cuestionamientos por falta de transparencia y abuso, pero ha salido adelante, reformándose en parte. Ahora afronta una crisis de credibilidad.
El CNM nombra por concurso a los seis fiscales supremos que eligen cada tres años al Fiscal de la Nación. Cualquiera que hable con representantes del Ministerio Público puede comprobar que la objetividad del CNM en estos procesos está seriamente cuestionada. La percepción es que, en el período previo a la elección del Fiscal de la Nación, el CNM reemplaza vacantes en  la junta electora en función de la correlación necesaria para nombrar a quien responda al pacto mudo al que han llegado los consejeros. Así fue elegido José Antonio Peláez , cuyo mandato vence en abril próximo.
PRIMER CAMBIAZO
En 2011, la votación en la junta de fiscales supremos se dio entre los antiguos José Antonio Peláez, Gladys Echaíz, Pablo Sánchez, y los recientemente nombrados por el CNM Carlos Ramos y Pedro Chávarry. Estos últimos, los nuevos, hicieron Fiscal de la Nación a Peláez. Echaíz votó por Pablo Sánchez. Hay suficientes evidencias para sostener que el CNM, por entonces presidido por Edmundo Peláez Bardales,  hermano de quien sería elegido, actuó sesgadamente para que los fiscales nombrados fueran precisamente Ramos y Chávarry.
En enero del 2011, entre siete candidatos para ocupar tres plazas a Fiscal Supremo, Ramos y Chávarry quedaron en el cuarto y sexto puesto en el examen escrito. Ramos, a punto de quedar fuera, fue resucitado por el CNM, quien le otorgó luego los mejores puntajes en evaluación curricular y entrevista personal. Con lo cual quedó segundo en el cuadro final de calificaciones. Chávarry terminó quinto. El CNM, que necesita cinco de siete votos de los comisionados para llegar a un acuerdo, solo logró mayoría calificada para nombrar fiscales supremos a dos: a Ramos y a Chávarry. Dejó afuera a Cesar Hinostroza, el primer lugar; a Mateo Castañeda, el tercero; y a Pedro Angulo, el cuarto. ¿Por qué?
La respuesta es que los votos seguros para Peláez eran los de Ramos y Chávarry. Para nombrarlos, el CNM descartó a Hinostroza por “cuestionamientos públicos” dados a conocer en los últimos días; a Castañeda por “diversos cuestionamientos” y a Angulo por causas desconocidas (ver detalles en El Informante del 19.11.2013). Sin entrar a discutir aquí las objeciones, el CNM pudo haberlas sustentado adecuadamente a fin de ejercer la capacidad discrecional que le otorga la ley para saltarse el orden de calificaciones. No lo hizo. Y porque no fundamentó la inhabilitación de Hinostroza y Castañeda, el Tribunal Constitucional consideró que el CNM violó el debido proceso, ordenándole volver a votar según el cuadro de méritos. Esta sentencia fue desacatada.
Pero Carlos Ramos también tenía “cuestionamientos públicos” sin demostrar. Solo que el CNM no los consideró.
UN AUDIO EN ESCENA 
El 22 de abril del 2010, familiares de los 29 jóvenes que en 2002 perdieron la vida en el incendio de la discoteca Utopía denunciaron una posible corrupción en el Ministerio Público para bloquear la investigación a uno de los responsables. En ese momento estaba por consumarse una estrategia del dueño de Utopía, Alan Azizollahoff, para ser  excluido del juicio.
En 2006 un hábeas corpus había anulado el proceso en su contra, y en 2008 un fiscal había resuelto no volver a acusarlo. Los familiares revelaron el audio de una conversación telefónica en el que uno de dos  interlocutores –después identificado como Jorge Alfaro, operador del empresario? asegura tener bajo control al fiscal clave. El otro dialogante era el abogado de Azizollahoff Alberto Químper, más tarde implicado en los Petroaudios. En la conversación Alfaro y Químper expresan el temor de que el abogado de los familiares, César Nakazaki,  presentara una queja contra la resolución fiscal. ¿Quién la resolvería? Carlos Ramos.
JORGE ALFARO: Nos falta un peldaño más.
ALBERTO QUÍMPER: Más bien, vamos a ver quién es el de arriba.
ALFARO: Yo ya sé quién es.
QUÍMPER: ¿Quién es?
ALFARO: Carlos Ramos.
QUÍMPER: ¿Carlos?
ALFARO: Ramos.
QUÍMPER: ¿Ramos qué?
ALFARO: No me acuerdo de su segundo… esto. Pero ya está conversado desde hace un año.
QUÍMPER: Ah, ya, ya… Muy bien.
ALFARO: Y es más, hoy ya lo llamamos también de nuevo. Para que si sale vaya preparando el lapicero.
QUÍMPER: Ahora, si él declara la queja infundada se acabó, ah.
ALFARO: Claro, esa es la idea.
CASO ARCHIVADO 
La queja efectivamente fue presentada por Nakazaki y la iba a resolver la Cuarta Fiscalía Superior, a cargo de Ramos. Solo que al mismo tiempo este fue cambiado de cargo y la resolvió a favor de Azizollahoff su sucesora, Sonia Chávez. De modo que Ramos no vio directamente nada de Utopía y el Ministerio Público archivó un proceso disciplinario sobre su conducta. Cuando en enero del 2011 se presentó a su entrevista personal con el CNM estaba libre de polvo y paja. Pero el CNM pudo haber conjeturado, como en el caso de Hinostroza y  Castañeda, que Ramos tenía un “cuestionamiento público”. Los familiares de las víctimas, por entonces, estaban indignados y lo declaraban abiertamente.
En beneficio de Ramos habría que decir que nada concreto lo incriminaba. No conocía a Químper ni a Alfaro. Y sobre todo no tocó el caso.
Ramos no tenía que decidir –recuerda ahora Nakazaki- pero pudo ser un operador desde afuera. Este caso debió investigarse más. El Ministerio Público nos bloqueaba por todos los lados.
El Ministerio Público no aceptó que los familiares fueran parte agraviada en la investigación que se abrió a partir de la revelación del audio. Antes, tampoco quiso investigar unos mails que el gerente de Utopía, Percy North, envió a Azizollahoff aludiendo a arreglos bajo la mesa en el Ministerio Público. En estos mails no se menciona a Ramos. Las peticiones y quejas de los deudos rebotaban continuamente y en una ocasión hubo que recurrir a una notaría para que fueran recibidos. En una entrevista periodística, la entonces Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, llegó a quejarse de tanto reclamo. Recién en 2013 la Corte Suprema anuló todos estos favorecimientos y decidió reabrir el proceso penal contra Azizollahoff, considerando que como integrante del directorio tenía responsabilidad. El caso está de lo más actual porque la sentencia se dicta el lunes 27 de enero.
EL GRAN PACTO 
Una vez nombrado Fiscal Supremo, Ramos votó, como ya estaba escrito, por Peláez. A su vez, Peláez tiene un compromiso que deberá cumplir en abril próximo: votar por Ramos para Fiscal de la Nación. Peláez también recibió el voto de Chávarry, pero este tiene una relación de amistad con Peláez que es ampliamente conocida. El actual Fiscal de la Nación, como se verá más adelante, no se siente comprometido con Chávarry para que lo suceda. En cambio puede descubrirse otra afinidad entre Peláez y Ramos. Ambos tienen especial sensibilidad hacia los asuntos del presidente regional de Áncash, César Álvarez.
Hace un tiempo esa sensibilidad era invisible, hasta que se mostró brutalmente cuando el Fiscal de la Nación cambió a nueve fiscales que de uno u otro modo pretendieron investigar en Chimbote un centro de comunicaciones denominado La Centralita, una locación de Álvarez donde supuestamente se examinaban ilícitas interceptaciones telefónicas. Ante una denuncia del congresista Modesto Julca, el CNM se vio precisado a pedirle explicaciones a Peláez, y como sus justificaciones fueron insuficientes le abrió un proceso disciplinario en marzo del 2013. El CNM aún no resuelve, y es posible que Peláez culmine su mandato sin que haya resultados. Mientras tanto, los fiscales en Áncash saben que no hay que meterse con el Presidente Regional. Ya no lo han hecho. Julca ha documentado diez casos de fiscales cambiados, sancionados o destituidos por denunciar supuestos actos de corrupción contra Álvarez.
Uno de ellos lo manejó precisamente Carlos Ramos, a la cabeza de la Fiscalía Suprema de Control Interno en la que fue nombrado. En octubre del 2011 el fiscal provincial provisional de Áncash, José Luis Checa, recibió la información de que una camioneta del gobierno regional llevaba dinero para entregarlo a manifestantes con fines políticos. La comunicó al Fiscal Decano, quien puso al tanto al de turno, que dispuso inspeccionar la camioneta. No encontraron nada. Álvarez, ocupante del vehículo, se quejó ante el Ministerio Público. Desde la Fiscalía Suprema de Control Interno, Ramos suspendió a Checa y encontró irregularidades en trece fiscales. La apelación de Checa llegó a la junta de los supremos.  En la reunión, Gladys Echaíz pidió conocer el expediente. Ramos se opuso.
Usted, en este momento, no es nadie –replicó Echaíz-, hizo la investigación y está impedido de intervenir.
SEGUNDO CAMBIAZO
Echaíz le pidió a Peláez que Ramos se retirara mientras se debatía el punto. Tuvo que hacerlo. Luego de revisar el expediente Echaíz dijo que si se sancionaba a Checa habría que hacerlo con cualquier fiscal probo, cuya misión es actuar ante el conocimiento de algún presunto delito. Pablo Sánchez también opinó por levantar la sanción. Peláez, ni qué decirlo, estaba a favor de mantenerla. Ya había archivado una denuncia por enriquecimiento ilícito contra César Álvarez, quien declaró mantenerse con solo diez mil quinientos soles y no poseer bienes, ni tarjetas de crédito ni cuentas en bancos privados. Le tocó el turno a Chávarry, quien hasta ese momento era afín a Peláez y Ramos. Se sospechaba que su voto sería para confirmar la suspensión, con lo cual la sanción era un hecho, pues Peláez dirimiría el empate en su calidad de presidente de la junta. Pero sorprendió:
A mí no me gustaría que me sancionaran por esto –dijo Chávarry.
Y así se salvó Checa momentáneamente. De paso, Chávarry empezó a ver las cosas de otra manera.
Cuando se aproximaba el fin del período de Peláez, la cofradía del CNM se dispuso a llenar la vacante que faltaba en la junta de fiscales supremos con alguien que votara de todos modos por Carlos Ramos. Ese alguien era Zoraida Ávalos. Para entonces, Máximo Herrera había asumido la presidencia del CNM. La junta de fiscales supremos, a iniciativa de Carlos Ramos, propuso a Herrera al CNM como representante del Ministerio Público, y después allí fue elegido presidente. Véase el currículum de Herrera en la página web del CNM para no hacer aquí más comentarios. La primera alianza Peláez-Ramos-Chávarry lo prefirió a la candidata de Echaíz-Sánchez,  Rocío Villanueva, cuya superior trayectoria también puede verse en la web Departamento de Derecho de la PUCP. Una forma cruda de describir la situación es que Herrera le debe su puesto a Ramos.
Volviendo a Zoraida Ávalos, no fue fácil nombrarla Fiscal Suprema. En 2012, en el proceso que terminó designándola, los seis postulantes que quedaban luego del examen escrito desaprobaron en la evaluación curricular, de modo que ninguno podía pasar a la entrevista personal. Entonces, el CNM recalificó las trayectorias profesionales. A la predestinada Ávalos le pegó una patada para arriba sobrenatural: sus 50 puntos se convirtieron en 87,50. Quedó primera en el cuadro final.
TROIKA EN ACCIÓN
Ahora, ante la renuncia de Echaíz por negarse a ir al JNE, se ha formado una troika, un nuevo poder: Peláez, Ramos, Ávalos. El CNM nombrará un nuevo reemplazante entre Nora Miraval y José Pereira, los dos candidatos que quedaron aptos en el proceso que designó a Ávalos. Y luego, entre todos, designarán al representante ante el JNE antes de elegir al Fiscal de la Nación. Una votación para suplentes al JNE, la semana pasada, indicó que en primera instancia la troika desea enviar allí a Pablo Sánchez y en segunda instancia a Pedro Chávarry. Ambos podrían impedirlo vía una acción de amparo. Y probablemente con éxito. Esa designación tiene, pues, destino incierto.
Pero lo que parece inminente es el nombramiento de Ramos como Fiscal de la Nación. Hay mayoría suficiente, sobre todo si Pereira es el sexto fiscal supremo. A fin de cuentas, no importa mucho que Carlos Ramos sea primo de Nadine Heredia. Lo preocupante, según opinan fiscales que no pueden confesarlo públicamente, es que tendrá mayor influencia en el Ministerio Público un poder oculto cuyo cableado atraviesa el Poder Judicial, pasa por el despacho de algunos congresistas, y toma energía en un grupo inmobiliario investigado por extorsiones y lavado de activos. No hay nada firme que involucre a Ramos con este pulpo, pero son percepciones en el Ministerio Público que es necesario reportar. Sin embargo, algo cabe asegurar: si es nombrado Fiscal de la Nación, el mensaje a los fiscales que combaten la corrupción en Áncash será notable. El fin de año Ramos pidió a la junta de fiscales que destituya al fiscal José Luis Checa. Vuelve a poner sobre el tapete el pecado de haber inspeccionado una camioneta del Presidente Regional. También propone suspender por la misma causa a Marco de la Cruz, presidente del Ministerio Público del departamento, y multar y amonestar a otros catorce fiscales. El pedido original de estas sanciones es del propio César Álvarez.
Cuando Ramos sea Fiscal de la Nación la mayoría que lo respalda resolverá gustosamente el caso.

Fiscales que votaron por Ramos Heredia fueron favorecidas

Por RODRIGO CRUZ ARANA- Diario El Comercio.
Se empiezan a atar los cabos en la sospechosa elección de Carlos Ramos Heredia como fiscal de la Nación. Dos fiscales que participaron en el concurso que nombró a Zoraida Ávalos y Nora Miraval fiscales supremas denunciaron que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) actuó con un sesgo que tuvo como fin asegurar la elección de ambas magistradas.
Prueba de ello son los resultados en las evaluaciones escritas y curriculares de Ávalos y Miraval. Las referidas fiscales salieron desaprobadas en la segunda prueba; sin embargo, se vieron favorecidas tras presentar un recurso de reconsideración.
Las dos fiscales supremas fueron determinantes en el reciente nombramiento de Ramos Heredia. Sin sus votos, el polémico magistrado no hubiera sido elegido el próximo titular del Ministerio Público.
Para Víctor Cubas Villanueva, fiscal superior que participó en este concurso, Miraval Gambini debió ser descartada desde un principio del proceso. Recordó que cuando presentó su reclamo, tras ser descalificado en la evaluación escrita, pidió que se le entregue la prueba de Miraval para comparar resultados.
“Verifiqué que mis respuestas eran buenas, no obstante, estaba desaprobado. En cambio, la señora Miraval tenía una prueba que era un mamarracho y le habían puesto 16”, afirmó en diálogo con El Comercio.
Cubas rememoró también que el CNM no aceptó revisar de nuevo su examen escrito. Caso contrario sucedió con las evaluaciones curriculares, etapa a la que solo accedieron Miraval, Ávalos y otros cuatro.
Respecto a esto último, las mencionadas fiscales sacaron un puntaje muy por debajo del mínimo requerido (66,66).  Empero, tras un recurso de reconsideración se le aumentó 17,50 y 29 puntos, a Ávalos y a Miraval, respectivamente. Un hecho sin precedentes en este tipo de procesos convocados por el CNM.
“Todo hace indicar que en el primer examen aprovecharon para perjudicar a los postulantes y en el siguiente para beneficiar a estas dos fiscales”, comentó el fiscal Cubas a este Diario.
“Creo que aquí hubo un sesgo, un acto completamente irregular y arbitrario”, dijo. Agregó que a fines del año pasado presentó una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso a fin de que se esclarezcan estos polémicos hechos.
“TODO FUE MANIPULADO”
Un segundo fiscal que participó también en el concurso 002-2012, y que prefirió mantener su nombre en reserva, señaló que en este proceso hubo “una manipulación escandalosa” por parte del colegiado evaluador.
“Todo estaba arreglado para que Miraval y Ávalos ocupen esos cargos”, refirió el fiscal.
“Cuando el doctor Cubas presentó la documentación para que se revisen las pruebas, el CNM se opuso […] no es ninguna casualidad que ellas hayan votado a favor de Ramos Heredia como fiscal de la Nación”, añadió.

Acuerdo de traidores

Por Martha Meir Miró Quesada- Diario Expreso.
Dentro de pocos días se concretará una traición a la patria llamada “Acuerdo con Odebrecht”, una vergonzosa claudicación del Estado peruano ante un enemigo extranjero, encarnado en el cartel constructor del Brasil donde resalta la poderosa Odebrecht, “que pone y saca presidentes”, y ahora parece que también fiscales. El “acuerdo” garantiza la impunidad a quienes llegaron aquí a corromper, destruir la moral nacional y saquear el tesoro público.
En los estudios jurídicos comentan que el grupo de peruanos que colaboró en la vil trama duerme ya tranquilo, pues será como si nada hubiese pasado. La multa impuesta es ínfima y pagadera en cómodas cuotas a lo largo de más de una década; los ejecutivos brasileros no serán sancionados ni su patrimonio en Perú afectado; la empresa seguirá contratando con el Estado, podrá vender sus obras y llevarse el dinero. Un asco bendecido por una fiscalía rehén de las oenegés marxistas, del gobierno del ingeniero Vizcarra, constructor él, y de la “aplanadora” mediática. Siendo un acuerdo secreto, es probable que el favoritismo sea para que salten “revelaciones” que afecten, principalmente, a expresidentes, políticos y autoridades que trabaron a la brasilera o denuncian el proyecto marxista que pretenden implantar los “vizcaviares”.
En un artículo de 2017, publicado en El Comercio, la historiadora Carmen McEvoy sostiene que “la inmensa trama de corrupción [fue] organizada por Odebrecht en el Perú –con la venia de los mandatarios brasileños y la complicidad de políticos, empresarios, abogados, gobernadores, alcaldes y publicistas nacionales– […] El otrora imperio portugués perfeccionó a lo largo de varios años un sistema político-económico que exportaba corrupción, [somos] una suerte de colonia económica con un virrey brasileño apellidado Barata, quien departía con la crema y nata de la sociedad peruana”.
El acuerdo de “colaboración” (de traición, más bien) tiene 17 páginas y se pactó entre el equipo especial de la fiscalía para el caso Lava Jato (Rafael Vela y José Domingo Pérez) y la procuraduría ad hoc brasilera, con Odebrecht. La corrupta empresa se compromete a entregar información y documentos sobre las coimas entregadas a funcionarios peruanos de todos los niveles (nada de los privados). El Ministerio Público no podrá usar las pruebas contra Odebrecht ni sus ejecutivos, tampoco compartir la información con autoridades nacionales o extranjeras, a menos que medie pacto de no utilizarla contra los maleantes del Brasil.
¿Para cuándo la marchita de indignados, a ver?

Pablo Sánchez tiene pendientes 14 denuncias

Por MARÍA TERESA GARCÍA/ JOSÉ M. CARMEN MORÁN- Diario EXPRESO.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales analizará cada una de las 24 denuncias contra los miembros del Ministerio Público, de las cuales 14 fueron presentadas en contra del ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, así como de varios fiscales supremos desde el año 2017.
Entre los fiscales supremos cuyo destino depende de la decisión de los integrantes del grupo especial congresal, están Víctor Raúl Rodríguez Monteza, Tomás Aladino Gálvez Villegas, Pedro Chávarry Vallejos y los ex fiscales de la Nación José Peláez Bardales y Gladys Echaíz Ramos.
Las acusaciones contra Pablo Sánchez fueron presentadas desde agosto de 2017 y continuaron hasta el 2018. Lo mismo sucedió con las denuncias en contra de los demás representantes del Ministerio Público que se fueron acumulando en la subcomisión y durmieron el sueño de los justos, hasta que las bancadas pidieron revisar los casos de Pedro Chávarry.
Lo que sorprende es que la mayoría de bancadas y en especial la oficialista y las de tendencia izquierdista, pidan la cabeza de Pedro Chávarry, pero quien más cuestionamientos tiene es su antecesor Pablo Sánchez, por quien dichos parlamentarios guardan un silencio casi sepulcral.
¿ORGANIZACIÓN CRIMINAL?
Entre las denuncias pendientes de calificación está la Nº 136 presentada el 25 de agosto de 2017 y hecha por el ciudadano Vicente Díaz Arce contra el entonces fiscal de la Nación Sánchez por la presunta omisión del ejercicio de la acción penal, estipulada en el artículo 424º del Código Penal (CP).
¿La razón? Supuestamente haber omitido su función de persecutor del delito desconociendo su deber de ejercitar la acción penal.
Le sigue la acusación Nº 157 del ciudadano Eber Humberto Cabañas López en contra de Sánchez, presentada el 1 de diciembre de 2017, por la presunta infracción constitucional de los principios de independencia, imparcialidad y tutela de la recta administración de Justicia, señaladas en los artículo 139º y 159º y artículo 39º sobre la buena administración y de prescripción de la corrupción. Ello al supuestamente no haber tomado las acciones necesarias en la lucha contra la corrupción.
También se encuentra la denuncia constitucional Nº 161 hecha doce días después, el  13 de diciembre pasado, por los ciudadanos Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino Córdova en contra de los entonces ministros del Interior y el fiscal de la Nación, Carlos Basombrío y Pablo Sánchez, respectivamente.
Esto por la presunta infracción constitucional, artículo 2º inciso 24, y la supuesta comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de abuso de autoridad, artículo 376º del Código Penal.
El motivo es el haber presuntamente afectado el derecho a la presunción de inocencia y declarado que los denunciantes son parte de una organización criminal sin existir una sentencia firme.
Un día después, el 14 de diciembre del mismo año, ingresa la denuncia constitucional del ciudadano Fernando Villarreal Zavala, apoderado de Vigilancia Integral Corporativa SAC, contra Sánchez por la presunta comisión del delito de crimen organizado, tipificado en la Ley Nº 30077, artículo 2.
Asimismo por los delitos de secuestro, contra la fe pública, estafa agravada, cohecho activo específico, prevaricato, abuso de autoridad y lavado de activos, artículos 152º, 427º y 428º, 196º y 196º-A, 395º,  418º y 376º del Código Penal.
Lo denuncian por supuestamente integrar una organización criminal y concertar con un estudio de abogados y dejar en la impunidad graves delitos.
Luego, seis días después, el 22 de diciembre, se presenta la denuncia Nº 164 rubricada por la ciudadana Rocío Estefanía Saavedra Duarte, siempre contra Pablo Sánchez y el fiscal adjunto supremo titular, Jorge Bernal Cavero, por la supuesta infracción constitucional a los artículos 39º, 138º, 139º incisos 3, 5, 8 (7 y 20) y 2º del CP.
Saavedra Duarte lo acusa por el hecho de que habría dejado de emitir un pronunciamiento de ley al formular una resolución en perjuicio de la denunciada.
Pero las denuncias continúan. El 26 de diciembre de 2017, cuatro días después, ingresa la denuncia constitucional Nº 167 del ciudadano Raúl Arca Araníbar contra el citado fiscal por la presunta comisión de encubrimiento de los delitos de traición a la patria, crimen organizado y espionaje.
Solicita al entonces fiscal de la Nación que se oficie para que responda al Congreso de la República por qué no resuelve sus múltiples denuncias.
TAMBIÉN EN 2018
El 27 de febrero de 2018, lo denuncia constitucionalmente el ciudadano Jorge Virgilio Chimpay Caja al presuntamente no haber fiscalizado a sus colegas del interior del país.
Al igual que en el 2017, las acusaciones contra Sánchez no cesan. El 1 de marzo de 2018, el ciudadano Humberto Armando Rodríguez Cena le presenta la denuncia Nº 183 en su contra, pero también incrimina al juez supremo Luis Alberto Cevallos Vegas por la presunta infracción constitucional al artículo 146 inciso 3.
También por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión de funciones, malversación y peculado, asociación ilícita para delinquir, tráfico de influencias, encubrimiento real y encubrimiento personal.
Todo al supuestamente haber sufrido una persecución política y judicial por el Ministerio Público en represalia de sus denuncias contra otro familiar de Pablo Sánchez Velarde.
El 23 de marzo del mismo año ingresa la acusación Nº 191 del ciudadano Aureliano Pascacio Ángeles Bonilla contra Sánchez Velarde por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal agravado y omisión del ejercicio de la acción penal artículo 404º y 424º del Código Penal.
Lo denuncia porque habría dispuesto que su solicitud de colaboración eficaz sea vista por un fiscal de Chiclayo, poniendo en riesgo su vida.
OTRAS DENUNCIAS
La denuncia constitucional Nº 238 fue hecha por la ciudadana Virginia Delgado Berlanga y Jesús Linares Cornejo. El documento ingresó el 21 de agosto, pero esta vez acusa a Pedro Chávarry, fiscal supremo; Alan García Pérez, expresidente; Víctor Raúl Rodríguez Monteza, vocal supremo, y Pablo Sánchez, fiscal supremo.
Ello, por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal contra la fe pública, falsificación de poder y procesos judiciales, encubrimiento agravado, omisión de denuncia y prevaricato, al haber presuntamente una organización ilícita conformada por los denunciados con la finalidad de robar una empresa inmobiliaria, Oropesa S.A., y su activo el edificio de la avenida Tacna y Emancipación del Cercado de Lima desde el año 1982 hasta la fecha.
Casi dos meses después, la congresista Yeni Vilcatoma lo acusa (denuncia Nº 266) de la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales (artículo 377º del CP), al presuntamente haber omitido realizar diligencias tendientes a evitar que el vocal supremo Hinostroza Pariachi rehuyera a la acción de la justicia.
El 17 de diciembre, ingresa la denuncia constitucional (Nº 281) de la ciudadana Emiliana Estelita Vázquez Livia en contra del exfiscal y la fiscal adjunta Patricia Benavides Vargas por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora y actos funcionales, artículo 377º del CP, al presuntamente haber retardado u omitido un acto, no obstante su promesa de investigar a una fiscal provincial.
Todas estas denuncias están listas para dar cuenta y obvio que pendientes de calificación.
DENUNCIAS EN PROCESO
El 7 de diciembre de 2017, el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez emitió su descargo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego que el entonces congresista fujimorista Daniel Salaverry lo acusara por la presunta infracción constitucional a los artículos 39º, 139º y 59º porque habría cometido grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción.
Ese mismo día Sánchez dio explicaciones ante el grupo especial, pero esta vez por la denuncia de la parlamentaria Yeni Vilcatoma por la presunta infracción constitucional, artículo 159º incisos 4 y 5, al haber afectado con sus decisiones administrativas las atribuciones del Ministerio Público.
También Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez
Un total de cuatro denuncias constitucionales pendientes de calificación en el Congreso tiene el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, las cuales ingresaron en diciembre de 2017 y no se sabe por qué razón no se procesaron.
La primera de ellas es la del 18 de agosto del 2017, presentada por Raúl Clemente Flores Díaz por la presunta comisión de los delitos de prevaricato y encubrimiento personal previstos en los artículos 418 y 404 del CP.
Lo acusa de presuntamente proteger y encubrir a un vocal superior de la Corte Superior de Áncash.
El 22 de noviembre del mismo año, ingresa a la subcomisión otra acusación, pero esta vez presentada por José Gregorio Flores Torres en contra del mismo fiscal supremo por presunto delito de prevaricato en agravio del Estado al haber supuestamente rechazado una denuncia en contra de la fiscal superior Mirian Herrera Velarde.
Otra acusación fue la presentada por César Jordán Boleje e ingresada dos días después por la presunta comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes, al supuestamente haber omitido denunciar penalmente a la magistrada de Lima, Irma Díaz Livaque por haber retardado más de 7 meses una queja de derecho.
La cuarta acusación ingresó el 6 de diciembre de 2017 y fue presentada por José Gregorio Flores Torres por la presunta comisión del delito de prevaricato, al supuestamente haber tramitado erróneamente un recurso de apelación del denunciante.
TOMÁS ALADINO
Pero el fiscal supremo Tomas Aladino Gálvez Villegas tampoco se escapó de ser denunciado ante la subcomisión en donde tiene dos acusaciones para dar cuenta.
La primera fue ingresada por el 26 de junio de 2018 y presentada por Alipio Palomino Prado por la presunta comisión del delito de prevaricato, al haber presuntamente emitido un dictamen cuyo argumento basa su conclusión, omitiendo el texto expreso de una ley de desarrollo constitucional.
La segunda denuncia constitucional fue hecha por las congresistas Maritza García y Lizbeth Robles quienes lo acusan de presuntamente haber cometido el delito de organización criminal, abuso de autoridad, peculado doloso, cohecho activo específico, tráfico de influencias, omisión de denuncia, fraude procesal y uso de documento privado falso.
Todo ellos por el presunto irregular manejo de los fondos del Ministerio Público en el año del 2013. La denuncia ingresó el pasado 27 de agosto de 2018.
SEGÚN INFORME DE CALIFICACIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA
La Subcomisión recomienda declarar procedentes denuncias contra Chávarry
Acusaciones también incluyen a los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez, así como a Duberlí Rodríguez Tineo.
Los informes realizados por la Secretaría Técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomiendan declarar procedentes las seis denuncias constitucionales presentadas contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos.
De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso EXPRESO, la primera denuncia que será revisada según la agenda de la subcomisión, es la Nº 239, la cual fue formulada por el parlamentario Gino Costa (Liberal) el 20 de agosto de 2018.
Dentro de esta acusación, Costa imputaba a Chávarry haber cometido infracción constitucional de los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Carta Magna, por “carencia de transparencia e integridad (impedimento de fiscalización – Favorecimiento Irregular y Direccionamiento de la Opinión Pública)”,  “mentiras arteras a la ciudadanía”, “Notas Adulteradas – ratificación cuestionable” y “plagio de tesis”.
Sin embargo, de acuerdo al documento revisado por EXPRESO, la Secretaría Técnica de la Subcomisión recomienda declarar procedente solo las acusaciones por “Notas Adulteradas – ratificación cuestionable” y “plagio de tesis”, mientras que recomienda declarar improcedente las acusaciones por “carencia de transparencia e integridad” y “mentiras a la ciudadanía”.
La segunda denuncia es la Nº 248, presentada por Gloria Montenegro (APP) el 3 de septiembre de 2018, acusando a Chávarry por una infracción constitucional contra los artículos 158 y 146, inciso 2 de la Constitución, así como por la comisión de los delitos de promoción, constitución o integración de una organización criminal y encubrimiento real, tipificados en los artículos 317 y 405 del Código Penal.
Cabe precisar que en esta denuncia, Montenegro también acusó al fiscal supremo Tomás Gálvez de infracción constitucional al artículo 146° inciso 2, y supuesta comisión de los delitos de promoción, constitución o integración de una organización criminal y encubrimiento real, tipificados en los artículos 317 y 405, respectivamente, del Código Penal.
En este punto, la Secretaría Técnica recomienda declarar procedente solo la acusación contra Chávarry por infracción constitucional al artículo 146, inciso 2, y por los delitos 317 y 405 del Código Penal, pero declara improcedente la imputación de infringir el artículo 158 de la Constitución. En el caso de Tomás Gálvez, también se declara la procedencia de su acusación.
En la agenda también figura la acusación Nº 262, formulada por el procurador Amado Enco el 1 de octubre de 2018, y en la cual se acusa a Pedro Chávarry, a los fiscales supremos Tomas Gálvez, Víctor Rodríguez, y a los jueces supremos Aldo Figueroa Navarro, Martín Hurtado Reyes, Duberlí Rodríguez Tineo y Ángel Romero Díaz, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y el delito contra la tranquilidad pública – organización criminal, tipificados en los artículos 400, 385 y 317 respectivamente del Código Penal.
De acuerdo al informe del área técnica, se recomienda que la acusación se declare procedente. Cabe precisar que el procurador Enco no puede presentar una denuncia constitucional, por lo que los congresistas Gino Costa, Patricia Donayre, Alberto de Belaunde, Gloria Montenegro y Richard Arce hicieron suya esta denuncia.
El siguiente punto es la denuncia Nº 270, también presentada por el procurador Amado Enco el 29 de octubre de 2018, contra los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe, Guido Aguila Grados, Orlando Velásquez Benites, y el fiscal supremo Pedro Chávarry, “por la comisión del delito contra la tranquilidad pública – organización criminal – artículo 317 del Código Penal.
El informe técnico recomienda declarar procedente esta acusación, pero solo en el caso de Pedro Chávarry, mientras que en el caso de los exconsejeros del CNM se recomienda la improcedencia de la denuncia. Al igual que la acusación anterior, los parlamentarios Gino Costa, Patricia Donayre, Wilbert Rozas, Sonia Echevarría, Jorge Meléndez, Richard Arce, Gloria Montenegro y Edmundo del Águila hicieron suya la denuncia.
El penúltimo punto es la acusación  Nº 285, formulada por los congresistas del Nuevo Perú, Marisa Glave, Katia Gilvonio, Alberto Quintanilla y Manuel Dammert, presentada el 4 de enero de este año, acusando a Chávarry de haber infringido los artículos 39, 41 y 43 de la Constitución.
Además, la última denuncia de la agenda es la Nº 288, formulada por Gino Costa el 8 de enero de este año, en la que le imputa a Pedro Chávarry los delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real, contemplados en los artículos 404 y 405 respectivamente del Código Penal, así como haber infringido los artículos 39°, 44°, 139° inciso 3, 158° y 159° inciso 2, de la Constitución.
En ambos casos, la Secretaría Técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomienda declarar procedentes las denuncias contra Pedro Chávarry.

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