Desacato en la Fiscalía

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
¿Con qué corona los fiscales del equipo Lava Jato se proclaman fuera de los alcances de aplicación de las leyes y la Constitución?
Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez están en desacato. No reconocen ninguna autoridad sobre ellos a no ser la nominal de la fiscal de la Nación, que es un cero a la izquierda (cuando fue un cero a la derecha como Chávarry lo eliminaron). Desde el primer día en que empezaron las críticas contra su proceder arbitrario los fiscales y sus comparsas políticas y mediáticas lanzaron sambenitos a diestra y siniestra. Ahora ni sus propios superiores pueden cuestionar su trabajo, pues los fiscales Lava Jato no solo señalan que no le reconocen a la Junta de Fiscales Supremos ningún derecho a escrutinio sobre ellos y sus actos, sino que además se dan el lujo de juzgar a sus superiores como criminales, razón por la cual Vela y Pérez justifican su desacato y apelan a la “ciudadanía”.
El derecho a no reconocer la autoridad de un gobierno usurpador está claramente definido en la Constitución y esta es la única vía por la que podría tener sentido y legalidad constitucional un desacato. No existe gobierno usurpador en el Ministerio Público y nadie lo ha denunciado. Tampoco en el Congreso ni en el Ejecutivo. ¿Con qué corona los fiscales del equipo Lava Jato se proclaman fuera de los alcances de aplicación de las leyes orgánicas y la constitución? ¿Creen que por contar una historieta sin fundamento sobre los fiscales supremos que a ellos no les gusta es santa palabra para descalificar sus atribuciones en una ley orgánica?
¿En qué momento Vela y Pérez se transformaron en los sagrados guardianes de una “verdad” que solo puede ser conocida por ellos en el acuerdo secreto con Odebrecht? ¿Son infalibles? ¿Ellos solo dan cuenta a la “ciudadanía”? ¿Acaso no hay buenas razones para sostener a la luz de los hechos que lo que dice el fiscal supremo Tomás Gálvez sobre el carácter “progresivo y continuo” de la colaboración eficaz es un manto de impunidad que solo favorece a los intereses de la empresa?
Y lo más importante: ¿ese desacato será sancionado como corresponde según la ley o estos señores están fuera del control de la constitución y del derecho?

FISCALES SUPREMOS PIDEN DESTITUIR A RAFAEL VELA POR ACUERDO CON ODEBRECHT

En una aparente actitud desafiante, el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, se negó a reunirse con la Junta de Fiscales Supremos, aduciendo que recién lo habían notificado una hora antes para que se entreviste con sus superiores.
Según publicó el diario Expreso, esto y su posición a favor de Odebrecht podrían costarle el puesto ya que la reunión de los fiscales supremos tuvo lugar y allí los asistentes emplazaron a Zoraida Ávalos, Fiscal de la Nación, quien en un primer momento intentó justificar la respuesta del magistrado.
Esto no fue aceptado por la mayoría de los cinco miembros de esta instancia y lo dejaron sentado en la sesión, mencionando que hay evidentes errores en el acuerdo con Odebrecht, especialmente porque los fiscales habían aceptado inicialmente que solo hubo cuatro obras corruptas.
En la presentación varios supremos afirmaron que con esa decisión en el equipo Lava Jato terminaron “haciendo el ridículo” cuando periodistas de Ecuador revelaron que se había sobornado en muchos más proyectos.
“Vergüenza histórica”, fue el calificativo que se expresó a Ávalos, si es que su gestión permite que se ejecute la interpretación del equipo Lava Jato, de que no existen más investigaciones aparte de los cuatro proyectos, cuando la misma fiscal de la Nación siempre ha dicho que una investigación preliminar sí puede ser considerada como tal.
Se supo que dos magistrados supremos pidieron que se cambie a Vela Barba, Pérez Gómez y al resto del equipo especial, porque el Ministerio Público está adquiriendo una imagen de organismo político y complaciente con la empresa más corrupta que haya pasado por el Perú.
Finalmente, la Junta de Fiscales Supremos acordó que Ávalos Rivera imponga el principio de autoridad para decidir si remueve o no a los funcionarios que han terminado favoreciendo a la empresa brasileña Odebrecht, en desmedro de los intereses de la Nación.
Participaron en la sesión de la Junta todos los fiscales supremos (Zoraida Ávalos, Pedro Chávarry, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez Monteza y Pablo Sánchez).
Fuente: www.manifiestoperu.com

PAOLA UGAZ EN EL LABERINTO DE SUS MENTIRAS

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
El pasado viernes 16 de agosto debió haberse realizado la declaración de la periodista Paola Margot Ugaz, en calidad de denunciada, en el juicio que encara por falso testimonio. Como se recordará, Ugaz habría incurrido en este delito al haber mentido ante un juez en relación con su actuación en la producción del documental The Sodalitium Scandal, financiado y difundido por la agencia de noticias Al Jazeera. Ugaz afirmó claramente, y más de una vez, que ella fue la productora de dicho reportaje y luego, en el marco de un juicio y ante un juez, lo negó.
El último recurso que ha puesto a circular la cuestionada periodista es el de la minimización. Como no puede negar que dijo lo que dijo, y que luego negó lo que previamente había dicho ante un juez, entonces ahora pretende minimizarlo. Ante una condescendiente Rosa María Palacios, que le pregunta qué quería decir cuando afirmó “yo he sido la productora” del reportaje en cuestión, Ugaz responde que fue “un error de su parte” diciendo que fue “un juego coloquial”. Lo mismo sucede cuando le dice a Paola Nalvarte en una entrevista para el Knightcenter que fue “una ligereza” de su parte. ¿Cree Paola Ugaz que la gente es tan tonta para creer tamaña simplonada? No, Sra. Ugaz, no somos tan tontos. Ningún periodista se atribuye la producción de un documental como parte de un “juego coloquial”. Todos sabemos lo que significa ser productor de un reportaje, y nadie se atribuye ese título por error.
Más allá de su inconsistente versión de los hechos, que se esclarecerán en el juicio, la inasistencia de Ugaz a la citación para declarar puede entenderse de diversas maneras. Una citación como la que ella recibió merece ser tratada con respeto, independientemente de la opinión que se pueda tener del caso judicial, de su oportunidad o validez. Todo indicaba que así lo había tomado la acusada pues habría confirmado su asistencia. Y es que es un asunto de principio y respeto por la autoridad competente que, en este caso, es la Fiscalía de Piura. Su ausencia, pues, es un indicador de la seriedad con la que toma el caso y una abierta falta de respeto para con las autoridades que llevan adelante el proceso y la parte denunciante.
Por otro lado, la inconcurrencia de Ugaz alimenta la incoherencia sobre su reclamo de inocencia, el cual proclama a los cuatro vientos. Si no tiene nada que ocultar y se considera inocente, ¿por qué no asiste? ¿No es la declaración de la acusada justamente la instancia para sustentar su supuesta inocencia? No sería extraño que recurra al argumento de escasez de medios económicos para solventar los costos de un viaje a Piura. Si fuera el caso, cabría preguntarse cómo pagó el viaje —mucho más costoso— a Inglaterra para ir a contarle su historia a John Grooman, parlamentario británico que lidera una comisión parlamentaria de asuntos peruanos en el Reino Unido. Además de que, se sabe, el juzgado ofrece la posibilidad de declarar por teleconferencia, lo cual no acarrea ningún desembolso. La escasez de medio no sería, pues, una justificación válida.
La ausencia de Ugaz en su declaración no hace sino seguir afincando la imagen que viene construyendo sostenidamente: la de una persona que cree que está más allá de las reglas establecidas y que puede actuar a su antojo y criterio. ¿Tanto poder cree que tiene? El cuadro se termina de pintar si es que hacemos el ejercicio mental de imaginar qué hubiera sucedido si ella fuese la denunciante y el denunciado no hubiera concurrido a una citación judicial para declarar. Menudo escándalo mediático que estaríamos presenciando, rítmicamente secundado por sus colegas y amigos, clamando justicia al cielo y exigiendo castigos para el no habido. ¿Por qué debería ser distinto en el caso de que sea ella la citada a declarar y simplemente no se presente? ¿Tiene Paola Margot Ugaz algún tipo de prerrogativa o corona?
Finalmente, es importante recordar que Gómez de la Torre, el demandante en este caso de falso testimonio, se ha visto gravemente afectado por las declaraciones falsas que en su contra manifestaran dos testigos presentados en el documental The Sodalitium Scandal. A pesar de que estas dos personas ya han sido condenadas por difamación, precisamente por estas declaraciones, no hay ningún representante de Al Jazeera que se haya pronunciado al respecto y el documental sigue circulando en redes. Además, no ha habido ninguna respuesta del periodista peruano Daniel Yovera o del periodista inglés Seamus Mirodan, ambos directores del reportaje, sobre este comprobado caso de mal uso de la libertad de expresión que tanto defienden en otros foros.

Un torpe farsante

Por Fernando Rospigliosi- Político.pe
El presidente Martín Vizcarra se creyó el más vivo de todos: pretendió engañar a los empresarios, a los antimineros y al país entero. Quiso quedar bien con todos, les dijo a cada quien lo que quería escuchar. Y muy rápidamente quedó en evidencia como lo que es, un farsante, pero un farsante muy torpe. Todo le salió mal.
Los antimineros no le hicieron caso y a pesar de las promesas que les hizo en Arequipa el 24 de julio, realizaron la huelga y paralizaron la región. Tampoco cedieron cuando el gobierno suspendió la licencia de construcción. Al contrario, trataron de extender el movimiento empezando una huelga en su natal Moquegua contra Quellaveco, a pesar de que esta mina ya está en construcción con 12 000 trabajadores en la obra. Y que es un departamento que vive de la minería.
Además, como era de suponerse, lo grabaron subrepticiamente y luego han difundido los audios para dejarlo en ridículo.
Ha quedado pésimo, naturalmente, con los empresarios que hasta ahora han venido respaldándolo cautelosamente, a pesar de que ya se conocía su veleidoso carácter. Algunos de sus voceros ya no dudan en calificarlo de “traidor”, al igual que los revoltosos que queman sus muñecos en Arequipa.
Sus valedores en los medios tienen que hacer malabares para inventar argumentos para defenderlo. Pero el asunto es que hasta ellos ya se dieron cuenta de que es un farsante, un impostor de segunda al que elevaron a la categoría de gran ‘líder republicano’ porque les fue útil para liquidar a sus enemigos políticos. Le toleraron y encubrieron sus corruptelas y lo convirtieron en ´luchador anticorrupción’.
Por el momento, la mayor parte de la coalición vizcarrista seguirá respaldándolo. No se trata de una coalición unida por ideología o ideales sino por intereses. Pero todos ya están buscando sus propias alternativas.
Y de lo que caben pocas dudas es que todos, amigos y adversarios, tratarán de acabar con la presidencia de Vizcarra lo más pronto posible.

Araoz, Bruce y Choquehuanca renunciaron a la bancada PpK

El congresista Carlos Bruce confirmó a El Comercio que él, Mercedes Araoz y Ana María Choquehuanca renunciaron a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK).
Se trata del alejamiento de tres importantes representantes de PpK. Mercedes Araoz es la vicepresidenta de la República y dirigió la Comisión de Economía en la legislatura pasada. Durante el período 2019-2020 este grupo de trabajo será presidido por Sergio Dávila.
Carlos Bruce, en tanto, fue ministro de Vivienda del presidente Martín Vizcarra y Ana María Choquehuanca estuvo al frente al Ministerio de la Mujer durante la gestión de Peruanos por el Kambio.
Con esta decisión, el oficialismo se quedaba con apenas cuatro miembros: Sergio Dávila, Clemente Flores, Alberto Oliva y Jorge Meléndez, por lo que no tenía a los 5 integrantes mínimos para ser reconocido como bancada. En consecuencia, no tendría derecho a seguir dirigiendo la Comisión de Economía.Para evitar la desaparición, Peruanos por el Kambio integró a sus filas a la exfujimorista Yesenia Ponce, quien minutos antes había renunciado a Cambio 21.
-Las razones-
En un comunicado con fecha de este jueves 15 suscrito por los tres parlamentarios, se argumenta una presunta “quiebra de la democracia interna en la bancada PpK”, la cual califican de “sistemática e intolerante para nuestros principios democráticos y políticos”.
Remarcan que en reiteradas ocasiones los voceros del bloque emitieron “pronunciamientos como bancada sin antes haberlas acordado en las reuniones de grupo”. “Toman el nombre de la bancada para emitir sus opiniones personales”, lamentan.
Bruce, Araoz y Choquehuanca sostienen que su renuncia irrevocable a la bancada se da considerando que no tienen mandato imperativo y que, únicamente, se deben a sus electores.
“Continuaremos defendiendo las posiciones del gobierno que consideramos democráticas, responsables y de beneficio de las grandes mayorías. Con esa misma libertad, también criticaremos de manera democrática y responsable cada vez que consideremos que el Ejecutivo se aleje del plan de gobierno de PPK”, añaden en su comunicado.
En su comunicado, recuerdan que “producida la renuncia del presidente PPK continuamos defendiendo al gobierno liderado por el presidente Martín Vizcarra, tanto en nuestras intervenciones y votos en el pleno del Congreso así como en los medios de comunicación. En los últimos meses el grupo mayoritario, de lo que queda de la bancada de PPK, ha impuesto sus puntos de vista sin respetar nuestras posiciones”.
Los tres congresistas añaden que desde que formaron la bancada oficialista, su trabajo parlamentario ha estado orientado a la defensa del Estado Constitucional de Derecho, a la promoción de la inversión pública y privada, como principal motor para generar empleo y estabilidad social en el marco de una economía social de mercado, y a consolidar la institucionalidad democrática en el Perú.
“Todo esto -prosiguen-, según el plan de gobierno de PPK con el cual obtuvimos el respaldo popular en el 2016. Durante los tres últimos años, marcados por la grave crisis política generada por el enfrentamiento entre la mayoría opositora del Congreso y el Ejecutivo, nuestra posición siempre fue la de defender la gobernabilidad del país, buscando el diálogo, los consensos y puntos de entendimiento para evitar las consecuencias de esta crisis en la economía y paz social”.
Fuente: Diario El Comercio.

PRÓFUGO. Aduviri está prófugo desde la semana pasada, cuando se ordenó su prisión preventiva por incumplir la orden de comparecencia.

Ordenan captura del gobernador Walter Aduviri por el caso ‘Aymarazo’

Por Karin Chacón– Ojo Público.com
El Juzgado Colegiado de Puno condenó a seis años de prisión al gobernador regional Walter Aduviri por ser coautor del delito de disturbios durante las protestas del denominado caso ‘Aymarazo’, además del pago de una reparación civil de S/2 millones. En el adelanto de la lectura de sentencia, la jueza Jackeline Luza Cáceres confirmó la medida por unanimidad y con efecto inmediato, por lo que ordenó la ubicación y captura de la autoridad regional.
“Condenamos al acusado, Walter Aduviri Calisaya, como autor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad y la paz pública en su forma de disturbios (…) Le imponemos seis años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que se computará desde su reclusión en el establecmiento pentenciario. Disponemos la ejecución provisional de esta sentencia condenatoria, aunque puede ser objeto de impugnación. Para su cumplimiento cursese el oficio correspondiente a la Policía Nacional del Perú”, indicó la magistrada.
La semana pasada, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva de quince días contra Aduviri Calisaya, por incumplir las reglas de la comparecencia restringida a las que estaba sometido. Desde entonces el gobernador está prófugo. Hoy, ni él ni su abogado, Joseph Trujillo, se presentaron a la audiencia.
Aduviri, quien asumió el 1 de enero el cargo de gobernador por el Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional (Mi Casita), se convierte en la segunda autoridad regional condenado a prisión este mes. El primero fue el representante de Junín, Vladimir Cerrón (del movimiento Perú Libre), sobre el que pesa una orden de ubicación y captura.
El juzgado, integrado también por las magistradas Kety Neyra Calderón y Shirlay Flores Meléndez, han programado la lectura de sentencia íntegra para el próximo 26 de agosto.

Ocho años de juicio

El proceso judicial  conocido como el ‘Aymarazo’ se inició el 2011 a consecuencia de la quema y saqueo de instituciones del Estado que ocurrieron en Puno durante las protestas contra un proyecto minero. El caso se inició con 49 imputados, entre dirigentes, tenientes gobernadores y habitantes de la zona sur de Puno, pero llegó a la etapa de juicio oral, el año 2017, con solo 19 acusados.
En dicha audiencia, Walter Aduviri -quien era dirigente de uno de los frentes de defensa- fue condenado a siete años de prisión, pero en octubre del 2018 la Corte Suprema de Justicia anuló su sentencia por errores en la tipificación del delito. Por ello se ordenó un nuevo juicio, el cual empezó el 22 de abril y culminó hoy.
De las 19 personas comprendidas inicialmente en la investigación judicial, solo Walter Aduviri ha sido condenado. Todos los demás fueron absueltos el 2018.
El especialista en derecho electoral, Julio Silva Meneses, explica que, al tratarse de una condena de prisión efectiva, las funciones de Aduviri quedan suspendidas en la región. “Corresponde que el JNE acredite al vicegobernador porque hablamos de un plazo de suspensión mayor a 30 días. El JNE le expedirá la credencial para que asuma el cargo mientras se resuelva la situación jurídica de Aduviri”, señaló.
PROTESTAS. En los exteriores del Poder Judicial, miembros del Frente de Defensa de Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno marcharon a favor de Aduviri. Foto: Karin Chacón / Ojo-Publico.com
El procurador público del Ministerio del Interior, Moisés Vega de la Cruz, había solicitado una indeminización de S/5 millones por daños a la propiedad pública y privada, sobre todo instituciones gubernamentales. En tanto, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, a cargo de Juan Monzón Mamani, había pedido 7 años de prisión contra el gobernador.
En la audiencia de alegatos finales, que se desarrolló el pasado 12 de agosto, el fiscal sustentó por qué la autoridad debía ser condenado como coautor no ejecutivo. Según su acusación, durante las protestas del 2011, Aduviri envió oficios al gobierno regional advirtiendo de acciones radicales si no aceptaban su pliego de reclamos. Ese mismo día, el abogado del gobernador, Joseph Trujillo, señaló que esto sería imposible porque se requieren de dos a más personas para ser considerado coautor ejecutivo, y, en este caso, Aduviri es el único procesado.
Durante y después de la lectura de sentencia, el Frente de Defensa de Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno convocó a decenas de manifestantes para marchar en respaldo al gobernador. Esta organización -que Aduviri lideró durante el ‘Aymarazo’- es hoy representada por Édgar Chura. Al término de la audiencia, el dirigente calificó esta condena como una persecusión contra los dirigentes sociales.

TAMBIÉN SE CORRE DE LA JUSTICIA Y ENTRA “EN LA CLANDESTINIDAD”

Tras dictarse en su contra 15 días de prisión preventiva, el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, mandó un mensaje a través de su cuenta de Facebook, deseando la unión de todos los puneños en momentos de incertidumbre, confirmando de paso que está en condición de prófugo de la justicia.
“Hermanos y hermanas de la región Puno, pedirles unidad y seguir trabajando por el desarrollo de la región Puno”, publicó Aduviri, sin mencionar la resolución del juez Youl Riveros, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, que ordenó darle 15 días de prisión preventiva en el proceso que se le sigue por dirigir protestas violentas en 2011, durante el llamado “Aymarazo”.
En declaraciones reproducidas por el diario Exitosa, el consejero por la provincia de Puno, Jorge Zúñiga, dijo que advirtió esta situación en su debido momento, sobre una posible fuga de Aduviri Calisaya y las consecuencias que esta situación podría traer sobre la administración regional y los proyectos emprendidos durante este tiempo.
“Lo advertimos y ahora las cosas se están dando de cierta manera como lo dijimos… Ahora lo que queda es seguir el procedimiento que ya está estipulado en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, por lo que únicamente estamos esperando la convocatoria del consejero delegado, José Luis Borda Cahua, y debatir en la próxima sesión este tema”, sostuvo Jorge Zúñiga.
En relación a la toma de mando del vicegobernador, Agustín Luque, el consejero manifestó que este tiene el beneficio de la duda y que la gente lo ve “como una esperanza”, por lo que pidió a la población darle un tiempo prudencial para tomar las riendas de la gobernación.
Fuente: www.manifiestoperu.com

Martín Vizcarra sobre permiso de ‘Tía María’: “Lo que hay que hacer es revertirlo”

EXPRESO tuvo acceso al audio completo de la conversación que sostuvo el presidente Martín Vizcarra con las autoridades de Arequipa el pasado 24 de julio. En la grabación se escucha al mandatario admitir que tiene presionada a las empresas privadas, y por eso no va a convencer a los alcaldes y al gobernador arequipeño de que acepten a la minera Southern Copper y menos que permitan la construcción del proyecto Tía María.
Por el contrario y, contra de toda lógica, les promete darles soporte técnico para que juntos puedan revertir la aprobación de la licencia de Tía María. ¿Cómo? Encontrando observaciones que la minera no haya podido levantar y así anularla definitivamente. Pesa a todas las promesas que hace el Presidente, las autoridades arequipeñas se dan el lujo de decirle que “si ha perdido el control del país, ellos pueden ayudarlo siempre y cuando se logre la cancelación de la obra”.

A continuación la transcripción del audio completo:

(I): Yo quisiera que escuchara a los alcaldes.
Martín Vizcarra (MV): Yo he escuchado, más bien el alcalde no me ha escuchado.
MV: Ya he escuchado al alcalde provincial y a los dos alcaldes de Matarani y Cocachacra. Nosotros aquí hemos venido de invitados por esta mancomunidad de los gobiernos regionales del Sur y programita elaborado, lo han elaborado ellos. Cuando nos dicen “por qué no hablamos nosotros”, ellos lo han elaborado y ellos habrán visto de manera esquemática, como hacer la intervención. Yo he visto el programa cuando he llegado y entraron los gobernadores, me han preguntado ¿está de acuerdo con el programa? Y yo he contestado “si ustedes lo han hecho, yo soy un invitado, estoy de acuerdo”.
I: Entonces usted no ha venido por el problema de Tía María….
MV: Sí, yo he venido por el problema de Tía María, yo estoy de acuerdo en dialogar y buscar solución.
I: El primer punto debería ser el problema de Tía María.
MV: Sí pues, pero precisamente viendo la problemática de Tía María y el de la problemática de la minería en general me convocaron, y con gusto he venido, pero esta coordinación se hizo a través de los gobernadores, como obviamente es parte el gobernador de Arequipa, junto a los gobernadores de la Región Macro Sur. Entonces, cuando he llegado ellos ayer se reunieron en Cusco y sacaron un pronunciamiento y en el pronunciamiento uno de los puntos lo que manifestaba era “convocamos al presidente de la República para que escuche la posición”, y no sé cuánto. Entonces cuando me hacen una llamada telefónica, yo digo me están convocando, yo estoy a su disposición, podemos conversar mañana mismo, les dije, y no tengo ningún problema, “dónde”, en “Arequipa”; y acá estoy.
I: Usted mismo ha dicho que se ha formado una mesa de dialogo, entonces usted sabía…
MV: No es mesa de dialogo, me están convocando, no le pongamos nombre a nada, estamos viniendo a ver.
I: Yo soy de la parte más afectada de Cocachacra, yo creo que para que pueda solucionar este problema y siempre lo he pedido a través de las redes y personalmente en Arequipa, la única manera de solucionar es que usted vaya (…) No le pido más, la palabra de nosotros no va a valer nada así nos pongamos todos de acuerdo. Ayer ha estado el viceministro. ¿Acaso le han hecho algo? No le han hecho nada, es una plaza.
MV: Esta no es una mesa de diálogo, esta es una reunión para recibir opiniones de todos, para ver qué alternativas de salida le encontramos a todo este problema; todos aquí queremos escuchar una salida, nadie quiere persistir en el conflicto, en el caos; nadie se beneficia, quizás alguien por allí puede haber un azuzador que se infiltra, pero la población no quiere, los alcaldes tampoco quieren. Si la posición es tan clara de pechar a esta inversión, hay que analizarla para justificarla, eso es lo que quiero, ayúdenme a encontrar la salida porque uno, cuando es autoridad, tiene que cumplir con los procedimientos y el procedimiento de esto es A, B, C, D y E hasta llegar a la conclusión.
Cuando nosotros hemos llegado, ya estábamos en la E; esto estaba desde hace tiempo. ¿Esto se puede retroceder? Sí se puede, pero hay que hacer el procedimiento. Tampoco podemos decir ya llegué acá y porque soy presidente… Ustedes son autoridades y saben que todo acto administrativo tiene que ser sustentado, entonces procesemos ese sustento, justifiquemos, por ejemplo el gobernador ya ha presentado unas consideraciones éticas y legales, perfecto, entonces démosle contenido a esta posición.
I: La solución la tiene usted en la calle.
MV: Yo no estoy diciendo que la gente quiere, soy consciente de cuál es la posición, ustedes son autoridades, tienen un objetivo, vayamos sobre ese objetivo y encontremos el camino. (…) Yo no tengo ninguna coordinación con la empresa, ellos hacen los trámites que les corresponde, yo estoy en dialogo con ustedes.
I: El pueblo no tiene porqué sufrir esas consecuencias.
MV: Yo les digo con toda sinceridad (…) no estamos diciendo que vayan avanzando, no, nada, mientras que hagamos ese análisis, trabajemos juntos o sea yo o ustedes, pero vamos trabajando en ese objetivo.
I: Lo veo estresado, usted ha sido gobernador y ha estado en nuestros pantalones y esta situación se le puede ir de las manos, tenemos a siete gobernadores que han cerrado filas con nuestro gobernador, y nuestras autoridades de la provincia de Islay están unidas; usted tiene la oportunidad de cambiar las cosas y si usted cambia las cosas, [en] el Sur lo vamos a respaldar, tiene que ponerse al lado del pueblo, no de las empresas, se ve y ese es el descontento: que usted está gobernando para las empresas. No sé si tiene el control del país o no lo tiene, pero si no lo tiene es momento de recuperarlo, nosotros lo podemos respaldar pero no puede permitir que las empresas hagan lo que están haciendo.
MV: Yo, con el ánimo de la armonía que se debe mantener, acepto los comentarios porque no pueden decir que estoy a favor de las empresas, si yo tengo de alguna manera una presión fuerte es el gremio empresarial con las medidas que he sacado, las normas que he sacado no las ha sacado nadie, o sea estamos ajustando a las empresas para que paguen lo que deben. A mí el gremio empresarial me ve como alguien que los está ajustando para que paguen lo que deben, estamos trabajando, recientemente he presentado un proyecto que afecta a todas las químicas y farmacéuticas (…). Si finalmente hay la posición mayoritaria de la población de estar en desacuerdo con este proyecto todo cae por su propio peso, pero hay que hacer el proceso administrativo paralelo, hay que sustentarlo, yo voy a estar con ustedes, podemos tener reuniones periódicas, al cabo de eso con un plan de desarrollo para cada distrito y todas las provincias, hagámoslo, lo único que les pido es que tengan confianza.
En el 2011 hubo 4 muertos, el 2015 hubo 3 muertos, porque el gobierno quería imponer el proyecto minero, nosotros no queremos imponer el proyecto, es más, hemos dicho “no puedes trabajar”. Queremos hacer el proceso para que la posición de ustedes se revierta y finalmente se caiga.
I: La mina es consciente que no ha concientizado a la población…
MV: Pero ha cumplido su proceso administrativo, entonces lo que hay que hacer es revertirlo administrativamente con la medida que presenta el gobernador, vayamos juntos, las posiciones técnicas que ustedes tengan las respaldo. (…) Si ustedes ven que en un mes yo no cumplo háganme una medida radical si ven que yo he incumplido lo que ahora estamos viendo.
Mientras tanto no me clavan ni un clavo. Entonces, allí está el documento del gobierno regional, vemos los documentos que hayan incumplido, arman la justificación hasta que se genere (inintilegible).
I: El que tiene que decirle eso a la población es usted, no le va a ocurrir nada.
I: Vivimos en zozobra, lo que ellos quieren y lo piden llorando es que se cancele el proyecto. En la situación qué estamos, ¿qué hacemos? Yo en verdad creía que venía con una propuesta, y esto nos va a costar a nosotros.
MV: Si no cumplía con los procedimientos iba a ocurrir una demanda y sin tener la razón nos iban a ganar y sin hacer nada iban a cobrar, como ha ocurrido en otros proyectos, sin trabajar y yo tengo que cuidar los intereses del Estado, no contra los intereses del pueblo. Entonces se inicia el proceso justificado con los argumentos que ustedes tienen, que no está socializado que hay observaciones que no se han levantado…

“YO NO VENGO A DEFENDER A LA MINA”

I: ¿No sirve lo que está pasando?
MV: Eso tiene un proceso (…) Apurémonos pero den un paréntesis para hacer este procedimiento.
I: Cuando nosotros hemos iniciado alguna acción judicial nunca nos han escuchado, usted mismo sabe eso y eso lo sabe bien el pueblo del Valle del Tambo.
MV: Yo les creo, no es que tengo que ir para creerlo, lo único que digo es que permitan hacer el camino para poder revertir la situación.
I: ¿Cuál sería el camino?
MV: El camino es: se ha dado la licencia cumpliendo un procedimiento administrativo “pero oye, acá hay una serie de errores que se han cometido, por ejemplo esta es un área…”. Yo estoy hace un año y estos son procesos que vienen de hace años, entonces justifico y digo esto no corresponde, el gobierno regional lo presenta, yo lo tomo, lo reviso, lo analizo y salen los documentos y se dice ha habido una irregularidad y se revierte.
Se supone que se ha llegado a esto porque ha habido un procedimiento, hay vicios, sí, ya pues juntémoslo todo, mostrémoslo y revirtámoslo, yo mismo con los técnicos les vamos a dar el soporte para hacer eso. Yo no estoy para convencer las bondades de la mina, yo no estoy para eso, no vengo a defender la posición de la mina, vamos a analizar el tema, hay errores, hay inconvenientes pongámoslos sobre la mesa, analicémoslo, en función de eso se revierte. Allí sí sería un tema definitivo, un tema fuerte.
Fuente: Diario EXPRESO.

La traición de Vizcarra

Por Diana Seminario– Diario El Comercio.
“Tengo que preparar el argumento”, le decía el presidente Martín Vizcarra a las autoridades de Arequipa, a los radicales antimineros que presionaron al Estado a que retroceda frente a la licencia dada a Southern Perú para que ejecute el proyecto minero Tía María. Era el 24 de julio de este año, pocas semanas después de haberse dado luz verde a la mina. El viernes 9 de agosto se consumó el ofrecimiento, y el Gobierno suspendió la licencia por 120 días.
“Hay argumentos para retroceder y ya se presentó, vamos a hacerlo, pero no es que pueda hacerlo mañana. O sea, hay que verlo, pero hay que trabajarlo […]. Nos ayuda de que ustedes mismos hagan el sustento”, se escucha decir a Vizcarra en la conversación que sostiene con el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, y otras autoridades de la región. Y efectivamente, eso fue lo que pasó.
Para entonces el Gobierno Regional de Arequipa ya había presentado el recurso de revisión de licencia que precisamente conllevó a la suspensión de la licencia que se hizo pública el viernes.
“Vamos a analizar la posición que han presentado. Ya ustedes saben cuál es mi posición pero no puedo adelantarla públicamente”. De esta manera se infiere que el documento presentado por los arequipeños sería aceptado por el Gobierno, porque esa era la posición del mandatario, quien necesitaba municiones para sustentar la decisión.
Si esto no es claudicar ante el caos, violencia y el bloqueo de carreteras que para entonces ya azotaban al sur ¿qué es?
Resulta indignante escuchar al presidente de la República aliarse con los enemigos del Estado de derecho, del progreso y de la inversión privada. Martín Vizcarra traicionó los ideales que deberían identificar a un estadista.
Es innegable que no se puede promover un proyecto minero a “cualquier costo”, pero también es cierto, que un jefe del Estado no puede ir a capitular con quienes estaban “incendiando el sur”. Y a ellos es quienes les pedía “más argumentos”.
Vizcarra entonces ya había tomado una decisión, por lo que ahora se entiende su silencio respecto a este tema durante el mensaje a la nación del 28 de julio frente al Congreso.
La consigna palaciega es “no hay nada ilícito en esa conversación”, y muchos la repiten convenientemente. Sin embargo, resulta moralmente condenable ver a un jefe del Estado pactando con los enemigos del progreso, planeando una puesta en escena y solo dejando pasar el tiempo para concretar lo que ya estaba decidido.
Fácil es responder que esto es “una estrategia de distracción”, como a las que ya nos tiene acostumbrado este gobierno, también es conveniente polarizar ante esta situación colocando a quienes condenan estos lamentables hechos, como quienes solo buscan “obstruir” la “buena gestión” del Ejecutivo.
¿Cómo confiar en un presidente que dice una cosa públicamente y pacta en secreto decisiones cruciales para el futuro del país?
Es momento de asumir importantes y trascendentales posiciones. No se puede avalar los actos de un mandatario que pacta con los enemigos del Perú. Evaluar una vacancia por incapacidad moral no es un asunto descabellado.

El doble discurso de Martín Vizcarra y su doble encuentro en Arequipa

El último 24 de julio, el presidente Martín Vizcarra, luego del Consejo de Ministros, viajó a Arequipa para participar en una reunión con autoridades locales para, según informaron, hallar una salida al conflicto por el proyecto Tía María.
También fueron el premier Salvador del Solar, y los ministros de Energía y Minas, de Agricultura, Vivienda, Salud y Midis. Asimismo un representante de la Universidad Nacional de San Agustín, que promovía la mesa de diálogo, de la Cámara de Comercio de Arequipa, alcaldes de distintas ciudades y el gobernador regional Elmer Cáceres.
La reunión duró cuatro horas. El último sábado circuló una grabación que se pensó era de esa cita y con todos los participantes. Ahí se escucha a Vizcarra pidiendo tiempo para buscar la forma de retroceder en la licencia otorgada al proyecto. Pero eso no fue así.
Perú21 pudo conocer, según asistentes a dicha cita, que transcurrida una hora y media del encuentro, los alcaldes Edgar Rivera, de Islay; Julio Cornejo, de Cocachacra; y Richard Hitler Ale, de Deán Valdivia, se levantaron abruptamente y se retiraron de la sala donde estaban los ministros y las demás autoridades. “Nosotros no hemos venido a dialogar. No queremos Tía María”, señalaron antes de salir.
El gobernador Cáceres se ofreció a traerlos de regreso. “Presidente, acompáñeme a convencerlos”, le pidió al jefe de Estado. Así, salieron de la sala y los cinco tuvieron una reunión aparte por casi noventa minutos. Fue allí que Vizcarra lanza la propuesta que fue grabada.
VANDALISMO SE IMPUSO
Anoche, el premier Salvador del Solar calificó de desleal la grabación. “Aquí hay una deslealtad a la confianza que el presidente le da a las autoridades que grabaron una conversación informal”, dijo en Cuarto poder.
A pesar del doble discurso de Vizcarra, el primer ministro aseguró que el Ejecutivo está tratando “de sacar adelante el proyecto Tía María”. “Si no quisiéramos la inversión, no hubiéramos dado la licencia”.
No obstante, reconoció que la suspensión de la licencia fue por la imposición del vandalismo. “Ha habido una respuesta violenta, vandálica e ilegal que está poniendo en riesgo la vida de la gente de Arequipa, que bloquea vías, que ha hecho daño a negocios. Es por ese clima (que se da la suspensión)”, señaló.
El Congreso pedirá explicaciones al gabinete por este retroceso. El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, convocó para hoy a Junta de Portavoces para definir si se cita con urgencia a Del Solar y a Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas.
“NO HAY PACTOS BAJO LA MESA”
“Este gobierno no hace pactos bajo la mesa, (…) tampoco recibe presiones en la salita del SIN”. Con estas palabras, el presidente Martín Vizcarra se defendió ayer luego de que se filtrara un audio de la cita que sostuvo con los alcaldes y gobernadores de la macrorregión sur el 24 de julio en busca de una solución del conflicto por el proyecto minero Tía María.
Para Vizcarra, en el diálogo “no hay nada irregular” e indicó que el audio fue enviado a Carlos Oliva, titular del MEF, el premier Salvador del Solar y él un día después de la reunión para intentar intimidarlos.
“Aquí ha habido un intento de intimidación. Han tenido que sacar de una conversación de cuatro horas partes que suman 5 o 6 minutos. (…) A nosotros nadie nos intimida”, dijo.
Sobre el pedido de algunos sectores políticos para que renuncien tanto el primer ministro como el titular de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, el presidente aseguró que su gabinete se mantiene “firme y unido”.
Acoto en otro momento que no escuchará las “voces extremas” que piden la cancelación de Tía María o su impulso “a sangre o fuego”.
Fuente: Diario Perú21.

Moquegua inició paro contra proyecto de Quellaveco

Medida de protesta tiene el aval del gobernador regional. Anglo American sostiene que se ha cumplido con exigencias de la población.
Desde hoy, la región Moquegua inició un paro contra el proyecto minero de Quellaveco con el aval del gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas, que indica que no se están cumpliendo los acuerdos de la minera Anglo American con la población.
“El 60% de los trabajadores son foráneos; mientras que el 40% restante son de Moquegua”, reclama Cuevas, quien indicó que la minera se había comprometido en que su fuerza laboral iba a estar conformada por un 80% de moqueguanos.
Ante ello, el gobernador ha llamado a iniciar un paro indefinido contra el proyecto, según el diario Gestión.
El proyecto cuprífero ha sido mencionado recientemente por el presidente Martín Vizcarra como uno de los proyectos mineros que ha salido adelante tras comprometerse con los pedidos de la población, panorama distinto, según el presidente, al que ocurre en estos días con el proyecto Tía María.
“He sido gobernador regional de Moquegua y el proyecto más grande es el de la minera Quellaveco. Lo hicimos con diálogo”, comentó el mandatario el último fin semana.
Hace casi un mes la empresa minera Anglo American ha señalado que no han incumplido ninguno de los 26 acuerdos tomados con la población de Moquegua desde hace siete años y que, incluso, la tasa de contratación de mano de obra no calificada supera el nivel acordado.
Según la empresa, la mano de obra no calificada que emplea en el proyecto es de 95% y de no calificada fluctúa entre el 30% y el 40%. En total, son 4,946 moqueguanos en el proyecto.
Fuente: www.semanaeconomica.com

¿Cómo es eso de que “hay que buscarle la forma”, señor presidente?

Por Aaron Salomón- Político.pe
Algunos coleguitas (alumnos de Derecho que desde sus cómodos escritorios ejercen “periodismo” y que nunca han reporteado) sostienen que no hay nada ilegal en el audio de Vizcarra, puesto que es una simple negociación en tiempos violentos. No, estimados: Martín Vizcarra TRAZÓ UNA ESTRATEGIA PARA REVERTIR UN PERMISO LEGALMENTE OTORGADO.
La suspensión de la licencia de construcción del proyecto minero ‘Tía María’ es el corolario de la incompetencia del presidente Martín Vizcarra. Pero aquí no se trata solo de la ineptitud harto conocida del mandatario sino que estamos hablando, tal como lo revela un audio difundido, de una vil estrategia para suspender el desarrollo económico de los próximos años.
Durante la reunión que sostuvo Vizcarra el pasado 24 de julio con el gobernador arequipeño Elmer Cáceres Llica y demás autoridades antimineras, el jefe de Estado se compromete en “preparar argumentos” para revertir el permiso otorgado a Southern Copper. Tras zanjar su posición en contra del proyecto cuprífero, el dignatario deslizó: “Hay que buscarle la forma […] Si no hay las condiciones, si hay irregularidades que ustedes conocen que se han cometido, hay que ver. Nos ayuda que ustedes mismos hagan el sustento“.
¿De qué sustento estaba hablando el presidente? Pues bien: el Consejo Nacional de Minería (sobre el que no hay que comerse el cuento de su “autonomía”, porque… ¡depende del Gobierno!) suspendió por 120 días la autorización de ejecución de ‘Tía María’ en tanto se resuelva el recurso de revisión presentado por el gobierno regional el último 19 de julio. ¿Y cuándo fue admitido este recurso? Nada menos que un día después de la reunión de Martín Vizcarra con Cáceres Llica y compañía: el 25 de julio.
Algunos coleguitas (alumnos de Derecho que desde sus cómodos escritorios ejercen periodismo, y a los que jamás he visto reporteando) sostienen que no hay nada ilegal en el audio de Vizcarra, puesto que es una simple negociación en tiempos violentos. No, estimados: el presidente trazó una estrategia para revertir un permiso legalmente otorgado. ¿Acaso no sabían ya que Southern iba a utilizar agua del mar y transportar los minerales por tren?
Todo está perdido. Ganaron los antipatriotas extremistas gracias al aval de un jefe de Estado populista, cuya permanencia en el sillón de Pizarro es insostenible. ¡Renuncie, señor! Y mientras ello ocurre, ¿por qué no un bloqueo económico al valle del Tambo? ¿No quieren que se explote el cobre de TODOS los peruanos? Pues muy bien: nosotros tampoco queremos lo que ustedes producen.
Keiko Fujimori continúa presa por pura presión mediática. Un día antes del fallo de la Sala Penal Permanente, los fiscales Vela y Pérez se despacharon en Canal N y RPP, respectivamente. Dijeron prácticamente que si Fujimori Higuchi era liberada, su “investigación” se venía abajo. Es el único argumento que les queda: KF lleva 10 meses presa y la pesquisa por supuesto lavado aún está en pañales.

Vizcarra Kaput

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Lo que menos debería hacer el Congreso es interferir en el tema de Tía María. Los ministros no necesitan ser llamados a dar explicaciones, interpelados o censurados. Se van a ir solitos. Vizcarra quedará al desnudo como un inútil, y esta vez no le podrá echar la culpa al Parlamento.
A Martín Vizcarra le ha estallado una crisis real en la cara, y no una de esas artificiales que ha venido vendiendo desde hace más de un año (como la de la lucha anticorrupción, la reforma de la justicia, la reforma política y, hasta hace unos días, el adelanto de elecciones generales). El presidente ha sido pescado infraganti en un plan con los antimineros para engañar a todo el mundo en el fin de buscar un pretexto para suspender la licencia de construcción de la mina Tía María, que su propio gobierno había otorgado. Y esto luego de un par de semanas de huelgas y turbas en las calles del sur del país.
Al final, tal como lo adelantó Vizcarra a sus interlocutores, la licencia de construcción fue suspendida causando que sus aliados en la coalición vizcarrista se lo reclamaran a voces en lo medios de comunicación que hasta hace poco le reventaban cohetes. Con el adelanto de elecciones en franco ocaso de la agenda pública –pese a los denodados esfuerzos de la prensa por empujarlo a como dé lugar– y con el dilema de pagar o no a Odebrecht los más de 500 millones de dólares por la venta de la hidroeléctrica de Chacglla –en el marco del “cumplimiento” del acuerdo de colaboración eficaz–, que para la opinión pública resultaría un escándalo, a Martín Vizcarra le esperan días negros.
¿Qué debería hacer el Congreso en este trance? O mejor dicho: ¿qué deberían hacer las mayorías de bancadas representadas en la Mesa Directiva? Pues lo que manda el sentido común: NADA. Martín Vizcarra y su gobierno se han metido solitos en este lío y solitos deberían salir.
Lo que menos debería hacer el Congreso es interferir en el tema presentando pedidos para que asista el ministro de Energía o el Premier a dar explicaciones ya sea en comisiones, ya sea en interpelación o que alguien invoque algún tipo de moción de censura. Digo: ¿acaso no ha sido ese siempre el pretexto de este gobierno y su antecesor así como el de sus guaripoleras y focas de la prensa para alegar “obstruccionismo”? Entonces, pues, señores: “no más obstruccionismo”. Que el país vea cómo sale Vizcarra de ese lío con sus cualidades de “gran líder” “generoso” y “desprendido” y a quién le echará la culpa esta vez de su ineptitud si el Congreso se hace de costado.
El Congreso no gana nada en averiguar de boca de un ministro mediocre cómo se va a resolver esta crisis ni por qué se le otorgó la licencia a la minera para después denegársela, y así. No tiene ningún sentido más que el de que Vizcarra se coja del Congreso nuevamente para insistir en que lo quieren destruir y no lo van a dejar gobernar. Si quiere gobernar a sus anchas,pues que gobierne. Pero para que eso ocurra y se desnuden todas sus miserias, el Congreso no debe intervenir en defensa de nadie (ni siquiera de principios como los de la estabilidad de las inversiones).
Los ministros no necesitan ser llamados a dar explicaciones, interpelados o censurados. Se van a ir solitos. ¿O cuánto creen que durarán el de Energía y Minas o Del Solar después de esto? ¿Y el de Justicia si aprueba los más de 500 millones de dólares para Odebrecht? ¿Y el equipo de fiscales Lava Jato? ¿Creen ustedes que seguirán muy campantes Vela y Pérez luego de ese desembolso?
La coalición vizcarrista ha llegado a empujar al país a su punto límite, y está a punto de implosionar por la inviabilidad de sus agendas. Lo común que todos tenían era su antifujimorismo y antiaprismo, pero las circunstancias se han desbordado (no en la calle), y eso ya no es suficiente para mantenerlos unidos. Reitero: lo mejor que puede hacer la mayoría recompuesta en el Congreso es dejar pasar el cadáver del gobierno viendo desde el balcón.

¿Quién gobierna por acá?

Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO
Un audio filtrado ayer sábado revela cómo Martín Vizcarra conspiró contra el país al coordinar con las autoridades arequipeñas una escalada del conflicto contra el proyecto minero Tía María, para tener una excusa y suspender la licencia. La intensificación de la protesta se logró redoblando la represión policial, que dejando varios heridos. El viernes, Vizcarra suspendió la licencia del proyecto. Mintió varios días a la opinión pública y al empresariado, pues ya todo estaba convenido. Este individuo que preside el Perú es el mismo que en un audio pasado presiona al excontralor Alarcón para favorecer el proyecto del aeropuerto Chinchero, mientras era Ministro de Transportes y Comunicaciones de Pedro Pablo Kuczynski. En lo de Arequipa, Vizcarra juega a candidato, en lo del contralor Alarcón hace de lobista de una obra turbia, innecesaria, que destruirá un paisaje arqueológico único y creará desorden y deterioro ambiental en la zona. ¿Es este el presidente que nos merecemos? Valgan verdades queda la duda si él es quien gobierna.
En Brasil, Odebrecht fue una especie de suprapoder, acá aún parecer serlo. Como le dijo el ministro de Justicia humalista, Daniel Figallo, a la hoy congresista Yeni Vilcatoma: “Odebrecht pone y saca presidentes”. Cosas de la vida la empresa familiar del presidente de chiripa fue proveedora de esa constructora. El comunista ‘Lula’ da Silva llegó a la presidencia gracias al financiamiento de Odebrecht, igual que Ollanta Humala aquí. Según el periodista colombiano Ariel Peña: “no es descartable que los sobornos de Odebrecht estuvieran orientados para fortalecer el proyecto político de Lula y Fidel Castro […] Lula Da Silva con su sucesora (Dilma) dispensó a Odebrecht para que desarrollara su labor de corrupción en países de América [en] tareas políticas a favor del proyecto marxista del foro de Sao Pablo”. ¿No están celebrando los rojos la suspensión de la licencia?
Los gremios empresariales no pueden callar la debacle económica desatada por Vizcarra. Los grandes medios deben distanciarse del Ejecutivo y cuestionar el acuerdo vende patria con Odebrecht. Keiko Fujimori, líder del partido de oposición democrática Fuerza Popular ‒agrupación que encabezó la comisión “Lava Jato”‒, sufre prisión política sin mediar acusación. El periodista de opinión y director del portal de oposicion El Montonero, Víctor Andrés Ponce, fue señalado por Gorriti, vocero oficioso de la brasilera, de haber recibido dinero sucio para consultorías. Esto a raíz de un dicho reciente del corrupto Barata. ¿Casualidad?
¿Nos gobierna Odebrecht y pretende imponer el modelo comunista del Foro de Sao Paulo? #VacanciaYa.

El Gobierno de Odebrecht

Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
Hasta que saltó la liebre. El capo de Odebrecht Perú, Jorge Barata, se volvió un tenor de nota y dio algunos nombres de las personas que recibieron dinero de la oscura Caja 2. Periodistas, principalmente los opositores a este régimen, aunque en el caso del colega Víctor Andrés Ponce, Barata mintió: nunca trabajó para Odebrecht. Mencionó también a políticos y abogados, pero a ningún funcionario público ligado al crucial y mafioso tema del Gasoducto Sur.
Barata incluyó en la corrupción al expremier César Villanueva, afirmando que le dieron US$60 mil por una carretera en San Martín. En realidad se trata de una advertencia a Martín Vizcarra. Se traduce así: queremos desesperadamente los S/ 524 millones que esperamos recibir por la venta de Chaglla. Si no ocurre, te pasará lo mismo que a Villanueva. Te sacaremos información comprometedora. Como sucedió con PPK.
Los fiscales del Equipo Especial, Rafael Vela y José Pérez, están de acuerdo con este pago a Odebrecht, pese a que, según lo estipuló la jueza encargada, el acuerdo solo procede si la empresa brasileña no tiene ninguna investigación pendiente. Al igual que con el debate sobre el sexo de los ángeles, el fiscal Vela recurre a una argucia legal, afirmando que no hay investigación preparatoria –la más avanzada–, solo preliminares. Soslaya que no prosperaron porque su equipo las bloqueó. Además, en el acuerdo no se precisa el tipo de investigación.
Imaginemos si la preliminar termina en conclusiones comprometedoras como va a pasar en el Gasoducto. El país se perjudica. Algo grave debe ocurrir para que el procurador anticorrupción, Amado Enco, haya denunciado al procurador de Lava Jato, José Ramírez, antes de que este se haya pronunciado a favor o en contra del pago de los contenciosos S/524 millones. Es más, se sabía que discrepaba del fiscal Vela.
La denuncia contra Ramírez es fuerte. Él sabe el porqué. Ciertamente denota un ajuste de cuentas al interior del Ministerio de Justicia que su titular tendrá que aclarar, pero resulta en extremo ingenuo pensar que Enco es autónomo. Mientras, la protesta contra Tía María ha puesto en jaque al sur, a la minería y al país, aparte de atosigarnos convenientemente con un absurdo adelanto de elecciones.
Odebrecht juega sus cartas, ha dado nombres vistosos que nos distraerán un rato, levantando la alicaída imagen de los fiscales Vela y Pérez. La delación de Barata busca demostrar que fue bueno haber llegado a un acuerdo con la empresa brasileña, fondeando la larga lista de proyectos corruptos que tiene en su haber.
Esto se organizó desde hace un buen tiempo. Se linchó al fiscal Gonzalo Chávarry, que era un obstáculo para borrar las trazas de la corrupción del poder actual. Cierta prensa, vinculada a Odebrecht y sedienta de publicidad estatal, fue pieza clave en este desmadre que vivimos. ¿Seguirá Odebrecht gobernando el Perú?

Odebrecht registró a Susana Villarán como ‘Careca’ en planillas para recibir pagos ilícitos de Caja 2

El exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, reveló una serie de ‘codinomes’ con los que habrían registrado pagos ilícitos a funcionarios peruanos a través de las planillas de la Caja 2 de su empresa.
Durante un interrogatorio realizado por el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, Barata reveló que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, fue registrada con el ‘codinome’ de ‘Careca’ para realizarle el pago de US$ 500 mil para el financiamiento de su campaña contra la revocatoria.
De acuerdo con información de IDL Reporteros, este pago se realizó mediante la empresa PEL-Project Engineering & Logistic, el 28 de agosto de 2014. Sin embargo, no es el único pago que realizó Odebrecht para la campaña del ‘No’, pues también entregaron US$350 mil al exgerente municipal José Miguel Castro identificado con el ‘codinome’ de ‘Budian’.

Payasa barata

El apelativo que le dieron a Susana Villarán fue dado a la exalcaldesa debido al parecido que tiene con el popular payaso brasileño ‘Carequinha’ (George Savalla Gomes).

Vinculación a funcionario de Castañeda

Las revelaciones de Barata sobre los pagos de la Caja 2 no solo involucran a la gestión de Villarán, quien afronta 24 meses de prisión preventiva, sino que también incluyeron a Martín Bustamante, funcionario durante la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio.
Según la declaración del exhombre fuerte de Odebrecht en Perú, Bustamante recibió dos depósitos por un total de US$75,000 por la concesión de Rutas de Lima y fue registrado con el ‘codinome’ de ‘Bigode’.
Estos pagos se realizaron en efectivo mediante la empresa Construmaq y según apunta el portal corresponderían a la campaña de Castañeda Lossio para llegar a la Municipalidad de Lima en 2014.

Sobre Cánepa

Quien también fue mencionado por Barata durante su declaración a los fiscales peruanos fue el abogado Horacio Cánepa, quien actuó como árbitro en favor de procesos de Odebrecht.
Él aparecía registrado con el ‘codinome’ de ‘Almofadinha’ para recibir más de US$ 4 millones de la constructora brasileña con el fin de que la favorezca en los procesos arbitrales.
Fuente: Radio Programas del Perú, Diarios Correo y El Comercio.

‘Magali’, coimas y Gasoducto

Por Romina Mella- IDL Reporteros.
En la mañana del lunes 22 de julio hubo una reunión muy importante en un estudio de abogados de largo membrete: Philippi Prietocarrioza Ferrero DU & Uría. Es un estudio multinacional, cuyos socios peruanos constituían antes el estudio Delmar Ugarte.
Los socios sabían que enfrentaban una crisis y dejaron encargada a la parte peruana, donde se había originado, dar los primeros pasos que la situación demandaba.
Esa mañana, los dos socios principales de Delmar Ugarte recibieron a otro socio del estudio, el abogado Miguel Ángel Ronceros Neciosup, que acababa de retornar del extranjero. En otros lugares y circunstancias, la atmósfera hubiera tenido, probablemente, una carga dramática visible y fuerte. Pero la que hubo, según fuentes con conocimiento de causa, fue una atmósfera de casi solemne seriedad notarial.
Los ejecutivos del Estudio indicaron a Ronceros que, como sin duda sabía, el escándalo del caso Lava Jato, específicamente en cuanto a actuaciones irregulares en el proceso de concesión del Gasoducto del Sur, había afectado al estudio, al haber sospechas sobre algunos de sus miembros. El Estudio había decidido, en consecuencia, iniciar una investigación interna muy rigurosa como parte de las políticas de compliance.  Se contrataba a la compañía Control Risks para que lo hiciera, y todos los miembros del Estudio deberían allanarse a ella. Eso incluía, por supuesto, a Ronceros. ¿Estaba dispuesto?
No, dijo Ronceros. No estaba dispuesto. Así que presentaba en forma inmediata su renuncia al Estudio. Presentó la carta, se hizo el acta, la firmaron y Ronceros abandonó el Estudio al que había ingresado por última vez como socio.
Nadie expresó emociones. Ni tampoco nadie pronunció la palabra que todos ellos ya conocían y que resumía lo que había pasado y, sobre todo, lo que pasará.
Magali.
Sí, Magali. El codinome o seudónimo misterioso que había aparecido en las planillas del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht como parte de un conjunto de pagos ilícitos relacionados con la concesión del Gasoducto Sur y que fueron reveladas en la investigación continental “División de sobornos” del ICIJ, en la que participó IDL-Reporteros.
Algunos codinomes habían sido revelados hasta ahora. Pero no el de Magali.
Ahora, IDL-Reporteros ha podido confirmar que Miguel Ronceros aparece en las planillas del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht bajo el seudónimo de ‘Magali’, precisamente en los pagos vinculados al proyecto del Gasoducto del Sur, adjudicado al consorcio conformado por Odebrecht Latinvest y Enagás en junio de 2014.
‘Magali’ (Ronceros) recibió un total de 450 mil dólares, en cuatro pagos, entre el 24 de octubre y el 23 de diciembre de 2014, de acuerdo con el registro de las planillas que IDL-R publicó el 26 de junio pasado.
Los dos primeros pagos, cada uno de 50 mil dólares, se hicieron el 24 de octubre de 2014, a través de la offshore PEL Project Engineering & Logistics, controlada por un doleiro del departamento de sobornos de Odebrecht. Para esta transacción, el dinero fue provisto por la notoria offshore Klienfeld Services, creada exclusivamente para el pago de sobornos y el movimiento clandestino de dinero, a cargo del doleiro Olivio Rodrigues.
En las planillas figura un tercer pago a ‘Magali’ de 300 mil dólares, del 28 de octubre de 2014, vinculado a la offshore panameña Manning Investment Company S.A., bajo el concepto de “consultoría financiera y de inversiones”. El pago fue ordenado por la compañía Yangai Trading Limited (Hong Kong) – controlada por Olivio Rodrigues –, y se hizo a través del Meinl Bank, de Antigua. Desde 2010, ejecutivos del Sector de Operaciones Estructuradas tenían el control de esa sucursal bancaria porque habían comprado el 51 por ciento de sus acciones.
El último pago a ‘Magali’, es decir Ronceros, es del 23 de diciembre de 2014,  por 50 mil dólares, a través de la offshore PEL Project Engineering & Logistics.
Sobre este pago hay dos documentos adicionales a la planilla, que demuestran cómo fue tramitado internamente por el Sector de Operaciones Estructuradas. El 4 de noviembre de ese año, Flavio Faria (entonces director superintendente de Odebrecht en Argentina) le envió a Angela Palmeira, funcionaria encargada de los pagos en el exterior, un correo electrónico con el siguiente mensaje:  “A continuación las direcciones para las liquidaciones de noviembre”, con una relación de siete codinomes, de los cuales los cinco primeros correspondían a pagos por el Gasoducto del Sur.
El ejecutivo de Odebrecht detallaba que debía desembolsarse 50 mil dólares a ‘Magali’ la semana del 24 de noviembre, a través de PEL Project Engineering & Logistics, a una cuenta en el Hang Seng Bank Limited, de Hong Kong. Esto se condice con la planilla de “programación semanal” del 24 al 28 de noviembre de ese año, donde el monto aparece cargado al Gasoducto del Sur, dentro de la lista de pagos asignados por Flavio Faria, que tuvo liderazgo real de la obra por su conocimiento experto en la construcción de ductos.
En el mail también figuraba la programación de un pago de 200 mil dólares (para ser pagados en euros) a ‘Novatos’, codinome asignado al exejecutivo de Odebrecht en Argentina Daniel Díaz, un experto en gas y energía, beneficiario final de la offshore uruguaya Fortune Active. Ese pago es el que figura en la planilla del Sector de Operaciones Estructuradas publicada por IDL-R.
Aparecen otras órdenes de pago vinculadas a dos codinomes ya conocidos: ‘Gaza’ (Constantino Galarza Zaldívar, actual vicegobernador del Callao, y representante legal de la offshore CGZ Ingenieria Corp); y ‘French’ (Juan Brignardello Vela, accionista de la offshore panameña Chirag Grand Power y amigo cercano de Manlio Alessi, quien fuera country manager de la empresa francesa GDF Suez para Perú y Colombia entre el 2007 y el 2016).
El informe
Si bien el efecto catalizador de esta historia se había dado con los allanamientos al Estudio y a los domicilios de dos de sus socios (Mariana Simoes y Luis Peschiera), esta se remonta a 2014, cuando el estudio Delmar Ugarte asesoró legalmente al comité de Proinversión a cargo del proyecto del Gasoducto del Sur para, fundamentalmente, elaborar contrato de concesión y hacer informes legales, entre los cuales destaca uno que recomendó descalificar al postor competidor de Odebrecht Latinvest (que actuó en consorcio) hacia el tramo final del proceso.
Miguel Ronceros es quien estuvo a cargo del equipo legal para asesorar a Proinversión.
De acuerdo con fuentes de IDL-R, hacia fines de 2013, Proinversión invitó al estudio Delmar Ugarte a participar en el concurso para la asesoría legal en el caso Gasoducto del Sur. “Proinversión se contacta con Miguel Ronceros y él propone llevar a cabo la asesoría porque el Estudio podía adquirir una hoja de vida importante. Él capta el caso, capta el cliente. Y él dirige el equipo”,  relataron las fuentes.
Esto se corrobora en parte con las declaraciones de Luis Peschiera, uno de los socios del estudio que integró el equipo liderado por Ronceros, ante la Fiscalía. “Delmar Ugarte se adjudica la buena pro en un concurso convocado por Proinversión para tal efecto en diciembre de 2013. Nuestra participación consistió en la asesoría integral del Comité de Seguridad Energética a lo largo del proyecto, como por ejemplo elaboración del contrato de concesión, elaboración de contratos diversos, elaboración de consultas tributarias, elaboración de consultas regulatorias, absolución de consultas de los postores, y finalmente el informe relativo a la variación de porcentajes de uno de los postores entre otros muchos temas. Yo era uno de los socios asignado por el estudio para liderar el equipo encargado de este cliente”, relató Peschiera a la fiscal Martha Salinas, el 23 de noviembre de 2016, como parte de las investigaciones del despacho del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia.
“¿Quiénes participaron del Estudio Delmar Ugarte en el informe relativo a la variación del porcentaje de uno de los postores?”, preguntó la fiscal Salinas. “Principalmente participó Miguel Ronceros Neciosup y yo, siendo el mismo intercambio de correos con las opiniones legales y Miguel Ronceros era quien revisaba los primeros borradores del informe que yo preparaba”, respondió Peschiera.
“¿En qué consistieron los informes que presentó el estudio Delmar Ugarte por Proinversión y cuál fue su participación?”, le preguntó la fiscal a Peschiera.
“Con fecha 26 de junio de 2014, uno de los postores precalificados presentó una carta variando la composición de los porcentajes de sus miembros, en la misma fecha en la que presentaba los sobres N2 y N3. Se nos consultó por el Comité de Proinversión cuál era la consecuencia jurídica de esto, y nosotros concluimos que la consecuencia era la descalificación del postor (…)”, indicó Peschiera a la fiscal Salinas.
De acuerdo con fuentes de IDL-R, el pedido de Proinversión a Delmar Ugarte para que elaborare un informe sobre si el consorcio Gasoducto Peruano del Sur (integrado por las empresas GDF Suez, Sempra, Techint y TGI) debía ser descalificado o no, llegó vía correo electrónico a Miguel Ronceros, que en ese momento estaba de vacaciones fuera del Perú.
“Se mandó un correo adelantando la posición y otro con un primer bosquejo de un informe formal, haciendo la atingencia, dada la premura, diciendo que es un documento de trabajo y no final”, indicaron las fuentes a IDL-R.
Según las mismas fuentes, Ronceros retornó a Lima hacia la mañana del 29 de junio. Ya en Lima, Ronceros fue acompañado por Peschiera a Proinversión y al ministerio de Energía y Minas para reunirse con funcionarios públicos, discutir el caso y afinar el informe. El informe solo llevó la firma de Peschiera, de acuerdo con las fuentes, porque Ronceros se fue apenas el informe estuvo listo.
Hay un dato relevante que es crucial a estas alturas de la investigación. De acuerdo con fuentes con conocimiento del proceso, en el transcurso de la asesoría a Proinversión, Miguel Ronceros se reunió con un ejecutivo de Odebrecht. Este le pidió, según las fuentes, que colabore con ellos y los mantenga informados con anticipación de cualquier decisión. Ronceros, de acuerdo con las fuentes, rechazó la propuesta. Pero todo indica que hubo por lo menos otra que no rechazó.
En diálogo con IDL-Reporteros, Miguel Ronceros dijo que “no tengo ninguna autorización para reunirme con nadie. No puedo brindar ningún tipo de declaración”.
Separación voluntaria
Quienes sí se allanaron a las investigaciones internas del Estudio fueron Luis Peschiera y Mariana Simoes. Ambos presentaron esta semana cartas de separación voluntaria de la firma; y pusieron a disposición del equipo forense archivos físicos, correos electrónicos, ydocumentos alojados en los equipos y sistemas de la firma.
Entrevistada por IDL-Reporteros, Mariana Simoes indicó que el último lunes 22 de julio envió una carta dirigida al presidente del Consejo de Administración del estudio, Marcelo Armas. “La decisión de mi salida es voluntaria y temporal, hasta que efectivamente quede comprobado que yo no tuve ninguna participación en la emisión del informe o en esta asesoría [a Proinversión, para el Gasoducto del Sur]. Tengo un interés común con el Estudio en este sentido, que es comprobar mi inocencia”, dijo Simoes.
De acuerdo con la abogada, cuando surgió la invitación de Proinversión para que el estudio Delmar Ugarte participe como asesor legal en el proceso para la concesión del Gasoducto del Sur, se opuso.
“Manifesté que no me parecía conveniente tomar la asesoría, no por el hecho de que yo hubiera trabajado en Odebrecht anteriormente, porque los conflictos se evalúan caso a caso. Pero a raíz de que el Estudio asesoraba a Odebrecht en otros casos, y que había asesorado anteriormente a Odebrecht en temas vinculado con otros proyectos, no me parecía conveniente. Yo lo expresé de manera formal en el Estudio. (…) Es importante saber que en ese momento yo no era socia del Estudio. No era parte de la toma de decisiones. Se lo expresé específicamente a Miguel [Ronceros], pero también con conocimiento de los otros abogados”. “Todos sabían que yo me había opuesto a que tomaran esta asesoría”, indicó Simoes.
Esta información fue corroborada por otras fuentes consultadas por IDL-Reporteros.
Si bien Simoes no participó de la asesoría que dio Delmar Ugarte a Proinversión, sí actuó como abogada de Odebrecht para otros casos. “Es importante aclarar que Odebrecht ya era cliente del estudio, antes de que me incorporara al Estudio [sic].  Como abogada del estudio yo he visto otros temas para Odebrecht. Pero nunca he visto temas relacionados al Gasoducto”, dijo Simoes.

Jorge Barata declaró que Odebrecht pagó 60 mil dólares a César Villanueva, según IDL-Reporteros

El ex presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, recibió dos pagos de 30 mil dólares de parte de la constructora brasileña Odebrecht, informó este martes IDL-Reporteros. El ex jefe de la empresa en Perú, Jorge Simoes Barata, declaró esto a los fiscales peruanos en Curitiba (Brasil).
Estos pagos se realizaron cuando Villanueva fue gobernador de la región San Martín (2007-2013) y fueron ordenados por Eleuberto Martorelli. Los depósitos se dieron bajo el seudónimo de “Curriculum vita” por el caso carretera Cuñumbuque–Zapatero-San José de Sisa.
La buena pro de esta obra se dio en 2009, fecha que coincide en el periodo de su gestión. Sin embargo, en anteriores ocasiones el ex jefe de Gabinete negó tener relación con Odebrecht, a pesar de que afirmara que su hijo, César Villanueva Ruiz, trabajaba en Odebrecht, en la Asociación Amazónica de Fomento de la Inversión Privada Amazinver.
Además, Jorge Simoes Barata explicó a los fiscales peruanos que los 60 mil dólares pagados a César villanueva se dieron en efectivo.
Fuente: Radio Programas del Perú.
La obra por la cual la firma brasileña fue sancionada es la carretera en Áncash, por la que pagó US$ 2.6 millones en sobornos al exgobernador César Álvarez. Foto: Difusión.

ODEBRECHT NO PODRÁ CONTRATAR CON EL ESTADO POR TRES AÑOS Y CUATRO MESES POR PRESENTAR DOCUMENTOS FALSOS

Por Óscar Libón y Alejandra Canchanya- Convoca.pe
El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) sancionó a la constructora brasileña con la inhabilitación hasta noviembre de 2022, al presentar documentación falsa relacionada a la carretera Callejón de Huaylas Chacas-San Luis, obra en Áncash por la cual se pagó US$ 2.6 millones en sobornos al exgobernador regional César Álvarez.
La empresa Odebrecht no podrá participar en licitaciones, concursos públicos ni contratar con entidades estatales del país hasta noviembre de 2022 debido a que fue inhabilitada por tres años y cuatros meses por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), al presentar documentos falsos para renovar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, según documentación oficial a la que accedió Convoca.pe.
De acuerdo con la Resolución N° 1943-2019-TCE-S1, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado confirmó su decisión de “imponerle [a la constructora brasileña] sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por el periodo 40 meses”. El documento fue emitido el 10 de julio último, pero había pasado inadvertido hasta ahora.
Con esta disposición, el tribunal de OSCE declaraba infundado la apelación presentada por Odebrecht a la anterior resolución de la misma instancia, del 10 de junio reciente, y además se estableció “dar por agotada la vía administrativa” al respecto.
El Tribunal de Contrataciones del Estado estableció la sanción para Odebrecht en la última instancia administrativa. Foto: Difusión.
¿Cuáles fueron los fundamentos para sancionar a la firma brasileña investigada por corrupción en el Perú y otras naciones al haber pagado millonarios sobornos a cambio de adjudicaciones o concesiones de proyectos de infraestructura?
Según documentación en poder de OSCE, la “Constructora Norberto Odebrecht S.A. sucursal Perú” presentó documentos falsos relacionados a la obra pública “Rehabilitación, mejoramiento y construcción de la carretera Callejón de Huaylas Chacas-San Luis”, adjudicación otorgada por el gobierno regional de Áncash durante la gestión de César Álvarez.
Como se recuerda, ex directivos de la constructora brasileña tuvieron que reconocer haber pagado 2,6 millones de dólares a cambio de la buena pro de esta obra -cuyo costo inicial de 404 millones de soles se elevó a 559 millones de soles-, hecho por el cual el exgobernador Álvarez fue sentenciado a 8 años y 3 meses de prisión, en junio pasado. En esta nota de Convoca.pe se detalla cómo fue el proceso de la coima.
Dos veces
En la resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado se indica que se trata de dos casos en los que Odebrecht presentó documentación falsificada ante el OSCE con el fin de renovar su registro como “ejecutor de obras”, uno en enero de 2015 y el otro en abril de 2017.
El primer documento falso es la Acta de Recepción Parcial de Obra, del 25 de setiembre de 2013, suscrita de forma aparente por los ingenieros Marco Maguiña Bustos, Consuelo Jaramillo Henostroza y Mario Peralta Gibaja. Los tres conformaron el Comité de recepción de la obra “Carretera Callejón de Huaylas Chacas-San Luis”.
Y el segundo, es la Carta Nº 003-2017-CJH, del 4 de marzo de 2017, cuya autoría fue atribuida a la misma ingeniera Consuelo Jaramillo, integrante del mencionado comité, en el que supuestamente cambiaba de versión a favor de la postura de la constructora brasileña reconociendo su firma en la acta de 2013. Odebrecht alcanzó esta misiva al OSCE para cuestionar la nulidad de su inscripción como proveedora del Estado, en su recurso de reconsideración.
Resolución que sustenta la inhabilitación de Odebrecht como proveedora del Estado.
Jaramillo ha negado reiteradamente ante el tribunal de la entidad estatal la autenticidad de su firma en ambos documentos presentados por la empresa brasileña. Lo hizo de manera formal en enero, febrero y noviembre de 2017.
“(…) Se tuvo la manifestación expresa de la propia ingeniera Jaramillo, quien a través de la Carta N° 003-2017-CJH del 29 de noviembre de 2017 desconoció la carta con la misma nomenclatura presentada por el proveedor (Odebrecht) como una prueba de parte”, se lee en la resolución rubricada por los vocales Héctor Inga, Mario Arteaga y Carlos Quiroga, de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado.
En tanto, la constructora brasileña en su apelación, interpuesta el 17 de junio reciente, sostuvo lo siguiente: “Los cuestionamientos expuestos son prueba de que existe una intencionalidad manifiesta de imputar responsabilidad a su representada de cualquier forma, y desacreditan la neutralidad e imparcialidad del Tribunal; situación que lo deslegitima incluso para resolver el presente recurso de reconsideración”.
Después, el 1 de julio pasado, los representantes de la empresa no asistieron a la audiencia pública programada por el tribunal de contrataciones para que sustentaran la apelación que habían presentado dos semanas antes.
Consultados al respecto, voceros de Odebrecht indicaron a Convoca.pe que “no haremos comentarios”.

Vizcarra entregó premio al caballo del prófugo Óscar Peña

Por OSCAR QUISPE– Diario Perú21.
El último 29 de julio, un caballo de Óscar Peña, cómplice del exgobernador del Callao Félix Moreno y, como él, prófugo de la justicia, ganó la tradicional carrera hípica Clásico Independencia. Contra todo razonamiento, el presidente Martín Vizcarra entregó, personalmente, el premio a Storm Rodrigo, el equino de propiedad de Peña.
El mandatario fue invitado unas semanas antes por los directivos del Jockey Club, representados por Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Alberto Fujimori. Al recibir la invitación, ninguno de los asesores del jefe de Estado alertó sobre la posibilidad de que el trofeo fuera a parar a la caballeriza del prófugo Óscar Peña. Sobre todo porque el año pasado su caballo fue el que ganó la clásica carrera. Los portales especializados en hípica ya pronosticaban a Storm Rodrigo como vencedor.
Peña tiene una condena de cinco años de cárcel, junto a Félix Moreno, por la venta ilegal del fundo Oquendo en el Callao. Pero sus caballos siguen compitiendo, su stud no ha sido embargado y su personal sigue participando y hasta se fotografía con el presidente de la República.
ADVERTENCIA HECHA 
A inicios de este año, Perú21 publicó la noticia de que el caballo del prófugo Peña había ganado el Clásico Independencia de 2018. A él le dicen el ‘Rey de la Pesca Negra’ porque las autoridades han demostrado que se dedicaba a la pesca ilegal. Uno de los personajes que creció con Peña, como lo hizo Moreno, es el controvertido congresista Roberto Vieira, recién denunciado constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación por tráfico de influencias.
El legislador admitió hace unos meses que conoce a Peña “del mundo pesquero y de la hípica”. Vieira también fue invitado al hipódromo de Monterrico en representación del Congreso. Inclusive se jactó de haber posado para las fotos al lado del mandatario en la victoria del caballo de Peña.
También llegó para la carrera el flamante tercer vicepresidente del Parlamento, Marvin Palma, de la bancada Cambio 21: la de Kenji Fujimori. A los dos días de estar con Aguinaga y Palma en el hipódromo, Vieira oficializó su incorporación a Cambio 21.
Marvin Palma, vocero de Cambio 21, que hoy acoge a Vieira. (Jockey Club)
“VISITA INOPINADA”
El presidente Vizcarra entregó el premio, como se observa en la fotografía, y después declaró: “Hace tres años estuve en una carrera y hoy retorno con mucho agrado atendiendo la invitación del presidente del club (Alejandro Aguinaga)… Felicidades al ganador y al propietario, se nota que hay un gran esfuerzo”. Por su parte, Aguinaga declaró: “El presidente Vizcarra, con su presencia, engalana esta reunión que cumple 100 años”.
Este diario se comunicó anoche con la oficina de prensa de Palacio de Gobierno para saber cómo así el presidente asistió a este evento. Palacio respondió que el mandatario Vizcarra no sabía a quién premiaba. “Todos los 29 invitan al presidente. Él no sabe ni quiénes participan ni quiénes pueden ganar. Se entregó el premio al que ganó la partida”, señaló la encargada de la oficina de prensa.
Cuando consultamos por qué sus asesores no le advirtieron sobre el riesgo que corría al asistir, la respuesta fue: “El tema no estaba en la agenda formalmente, (Vizcarra) decidió ir un rato. En este caso no hubo avanzada porque no estaba en la agenda oficial”. Pero desde la oficina de prensa reconocen que “si hubiéramos tenido conocimiento de que iba a ir, estábamos horas antes y habríamos visto todo esto, pero fue casi una visita inopinada y lamentablemente estas informaciones no se tenían a la mano”.
Óscar Peña lleva prófugo más de seis meses, el mismo tiempo que su cómplice Félix Moreno. La Policía asegura que los busca por cielo, mar y tierra, pero hasta el momento no hay resultados.

Se desinfla el adelanto

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Luego de la primera bulla mediática sobre el adelanto de elecciones generales propuesto por Martín Vizcarra hace más de una semana, el ambiente de crisis política creada artificialmente por la prensa y por el propio presidente empieza a desinflarse. La calle está mustia y abocada a sus propias preocupaciones del día a día.
Como era de esperarse, las encuestas revelan el desencanto por el Congreso que viene desde hace tiempo y –como bien reseña una nota de El Comercio– este ha tenido sus picos más bajos en otros quinquenios que el actual. Así pues, la estrategia política de los antifujimoristas y antiapristas está teniendo serios contratiempos para su implementación, pues sin “calle” no hay posibilidad de que se concrete el proyecto del Ejecutivo. De ahí la desesperación de las guaripoleras de Vizcarra por vender el cuento de una convulsión social que no existe en ninguna parte del país sino en AREQUIPA y cuya responsabilidad no tiene nada que ver con el Congreso ni las reformas políticas, la corrupción u otra especie, sino porque el propio Vizcarra se bajó los pantalones ante una turba luego de haber otorgado la licencia de construcción para la mina de Tía María.
La misión de las guaripolearas de Vizcarra es entonces calentar la calle a punta de portadas, encuestas y opinólogos, pero también convencer por todos los medios a una cierta élite de personalidades reticentes a una decisión inconstitucional y temeraria de que el problema de la “crisis” es política y social, y no legal y constitucional. El modus operandi de estos golpistas encubiertos es ir llamando uno por uno a los abogados resistentes para venderles el cuento de que la calle está a punto de explotar, de que la cosa no da para más, de que Vizcarra es un incapaz y que la mejor salida es que se vaya con el Congreso y que todo empiece nuevamente de cero.
Al palo del susto se suma la zanahoria del ofrecimiento repugnante de alguna prebenda velada. De más está decir que esto tampoco está dando resultados, pues ya son varias las voces institucionales y académicas que se van pronunciando en contra con sólidos argumentos jurídicos de que lo propuesto por Vizcarra y sus guaripoleras no tiene ningún asidero constitucional. Y ese es el peor temor de estos golpistas intrigantes, pues saben perfectamente que SU PUNTO DÉBIL ES LA LEGALIDAD.
Y esa debe ser la lectura del Congreso. Este no puede ganar una batalla política en las condiciones actuales, pero sí una batalla legal y aferrarse a ella. En las guaripoleras y el propio gobierno se ve susto y preocupación pues la reacción de la calle no ha sido la esperada… y tampoco hay que confundir las encuestas con la calle. Mientras, los ministros ya deben estar sudando frío de haber avalado una propuesta que puede traerles serios problemas penales por interrumpir las elecciones generales previstas en la Carta Magna, amén de un acta que ya se va pareciendo al escándalo de la página 11 y que les pasará factura (¿alguien dijo colaboración eficaz?).
El tiempo corre, entonces, a favor de la institucionalidad y del Congreso y en contra de Vizcarra y sus guaripoleras. Es cuestión de resistir firmes y no dejarse tocar de nervios.

Las guaripoleras del pato cojo

Por Aaron Salomón- Político.pe
El periodista Beto Ortiz fue tendencia al sostener con bastante creatividad lo que Aldo Mariátegui, Phillip Butters o este servidor venimos denunciando desde nuestros sendos espacios: la prensa oficialista. Frente a un descuadrado Jaime Chincha –uno más del gremio gobiernista–, Ortiz escupió: “La cantidad de guaripoleras que le han salido a Vizcarra es impresionante. Él podría hacer el corso de Wong con todos sus periodistas que tiene ahora. ¿Cómo hace? ¿Por qué lo aman tanto? ¿Qué le han visto que yo no?”
El escritor trató de responderse estas últimas preguntas sin éxito porque, a su correcto parecer, el presidente de la República no ha mostrado ni una sola obra (“¡Dame una!”, le pidió a Chincha, que no supo responder al pedido).
Alguien más tenía que decirlo: atacar al Congreso –un fuero de lleno de zombies sin reelección ni bicameralidad y para nada obstruccionistas, sino todo lo contrario– no sirve para que el país deje de ser pobre. Tampoco ayuda la aplaudida lucha contra la corrupción que ha emprendido este Gobierno, porque eso es tarea exclusiva del “independiente” sistema de administración de justicia. Menos aún suma la andanada de golpes hacia el fiscal Pedro Chávarry, quien se atrevió a recordarle al dignatario el rosario de denuncias que no lo dejan dormir.
En una reciente columna en EXPRESO, señalé que una de las razones por las que el mandatario habría dado un golpe al tablero al proponer el adelanto de elecciones generales al 2020 (“¡Nos vamos todos!”, exclamó entre aplausos izquierdistas) sería su propio sentimiento de incapacidad y su intención de irse en olor a multitud.
Ello ha quedado demostrado con su lamentable papel en el conflicto por el proyecto ‘Tía María’. El gobernador regional antiminero de Arequipa, Elmer Cáceres, lo acusa –sin asco– de traidor y lo amenaza con un derramamiento de sangre en el Valle del Tambo. Y Vizcarra, cual gatito asustado, responde afirmando que Southern Cooper no empezará construcción alguna, no obstante la entrega de la licencia, hasta que la población lo apruebe. ¿Acaso el cobre que podría hacer crecer la economía nacional solo le pertenece a los arequipeños engañados?
El economista Diego Macera escribió que Martín Vizcarra ha saltado a una piscina sin agua y nos ha llevado a todos consigo. Lo suscribo. Esta incertidumbre, según estimaciones de Macera, hará que crezcamos solo 2.5% en el 2019. Así, pues, señor presidente: no nos haga partícipes de su fracaso y ¡renuncie de una vez! Y que renuncie también la vicepresidenta Mercedes Aráoz, para que el presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, llame a elecciones y acabemos con tal circo este mismo año.
Usted, señor Vizcarra, ya es un pato cojo y lo que pueda hacer –o, mejor dicho, prometer– ya no tiene peso alguno. Salvo, eso sí, para las guaripoleras que lo aplauden como focas por la publicidad estatal que reciben sus medios.

Denuncian que “guaripoleras” blindan a Vizcarra

“La cantidad de guaripoleras que le han salido a Vizcarra es impresionante. Él podría hacer el corso de Wong con todos sus periodistas que tiene ahora. ¿Cómo hace? ¿Por qué lo aman tanto? ¿Qué le han visto que yo no?”, sostuvo Beto Ortiz, desatando una polémica sobre los operadores mediáticos del Gobierno.
El polémico periodista indicó, en una entrevista desarrollada en los estudios de RPP, que el presidente Martín Vizcarra no muestra ninguna obra destacada a favor del Perú, pero que tiene un aparato de propaganda que incluye a diversos medios de comunicación, con el cual ha logrado tener una gran popularidad.
“Tiene a la platea embobada, tiene a la prensa comiendo de su mano. Nunca he visto tantos periodistas ayayeros del presidente de la República (…) Ejerce una fascinación sobre la gente y especialmente sobre la prensa que se rinde ante él. Lo aplauden le hacen barra y todo lo que él hace es chévere (…) si uno se pone a ver en estricto sus obras, ¿cuáles son?”, cuestionó.
También comentó que este andamiaje mediático no solo promociona cualquier acto del mandatario, sino que está atento a cualquier crítica que se le haga, para inmediatamente arremeter contra quien la realiza.
“Hay una especie de sectarismo medio talibán con el que no está con el pensamiento de moda (…) Los pulpines que acaban de nacer ayer me dicen ah, tú eres fujimorista. ¿Qué voy a ser fujimorista yo? Nadie tiene una colección más grande de prensa chicha sacándome las tripas”, aclaró.
Ortiz agregó que Vizcarra tiene un equipo de asesores que lo erigen como un “guionista de Netflix“, a tal punto que ha logrado que muchos peruanos lo vean como un salvador frente a un Congreso desprestigiado, cuando no ha mostrado capacidad para ejercer el poder.
“Que el Congreso sea un desastre no hace que Vizcarra sea el mejor. No entiendo cuál es la relación causa-efecto. El Congreso es un desastre y Vizcarra es un genio del marketing”, enfatizó, para luego recordar sus enfrentamientos con legisladores que no toleraban sus denuncias o comentarios.
“Quien hizo el casting estaba borracho”, dijo, comparando la selección de actores de películas con la forma en que Fuerza Popular y otros partidos políticos pusieron en el Poder Legislativo a personas de bajo nivel intelectual o que no saben expresarse adecuadamente.

“SIN ERRORES”

Estas declaraciones de Ortiz concuerdan con la posición que vienen esgrimiendo varios opositores al Gobierno, como el congresista Juan Sheput, quien criticó que muchos de los medios de comunicación silencien o casi no informen los errores del  gobierno.
“Es increíble que no se mencione nada de que hay más feminicidios, delincuencia y problemas económicos, (…) ninguna unidad de investigación toca a los ministros (…), la nula reconstrucción en el norte, del pésimo estado de los colegios, y que en los hospitales no haya medicinas, casi no se publica. Las unidades de investigación han quitado sus ojos del Ejecutivo y lo enfocan en el Parlamento. Da pena que estos medios de comunicación estén así”, declaró a EXPRESO.
Puso como ejemplo el caso de Tía María, cuando el 8 de julio el mandatario dijera que el proyecto minero se hacía, pero a los pocos días dijo que ya no, luego de ser amenazado por gobernadores regionales, y ante el anuncio de un paro en Arequipa.
“Hay una sensación de manipulación para lograr el objetivo de tener todo el poder. El hecho concreto es que no investigan. Al igual que en los 90, somos un puñado de congresistas que se enfrentan al autoritarismo en el poder. El fujimorismo ha claudicado de sus funciones, Ha entrado en trompo. Los ningunean, los invitan, no los invitan, y ellos como si nada”, acotó.

ALIANZAS CON LA PRENSA

Para el aprista Mauricio Mulder, el apoyo de la mayoría de la prensa al Gobierno se da por alianzas empresariales, y básicamente por la dependencia de muchos medios de la publicidad estatal, para poder sobrevivir.
“Cuando el Tribunal Constitucional hizo audiencia para ver la ley que anulaba la publicidad estatal salvo casos de emergencia y necesidad imperiosa, el voto fue seis a uno en contra. A mi lado estaba José Miró Quesada, creo es ese es el nombre, uno de los accionistas de El Comercio, y se podía ver que ejercía un padrinazgo”, manifestó.
Luego de que esta norma fuera derogada –agregó- el Poder Ejecutivo propuso una ley complementaria del presupuesto 2019, que implicaba 480 millones de soles adicionales a los casi mil millones ya proyectados, y el fujimorismo la aprobó.
“Yo dije en el pleno que esto era el colmo, pero se vio que algunos no soportan la presión de la prensa igual. El fujimorismo a favor de la norma, solo cuatro en contra. Luz Salgado me dijo que, como el que presidía la Comisión de Transportes y Comunicaciones era de su bancada [Wulliam Monterola] y era un tema con el Ministerio de Economía, no quería pelearse. Eso era darle cuchillos nuevos al que te da cuchillazos”, reclamó.

PLATAFORMA

Mauricio Mulder precisó que ahora existen conductores en televisión y radio que, en vez de entrevistarlos para conseguir primicias, debaten con ellos, y prefieren usar el periodismo como supuesta plataforma de popularidad para ellos mismos, ya sea por ambiciones personales o por presión de sus superiores.

MULDER: “NO ME INVITAN”

En base a su experiencia de varios años como periodista, Mulder analizó cómo los medios de prensa cuyos accionistas fueron socios de Odebrecht promocionan disimuladamente a los ministros.
“Se está viendo un grueso de la publicidad estatal que se publica como publirreportaje bamba. Una publicidad sale como aviso o publirreportaje, poniendo eso en la nota, pero hay notas que son obviamente mermeladas. Esto se ve con el Ministerio de la Mujer, y con el de Inclusión Social. Lo que publican algunos medios son la nota de prensa que mandan igualita, sin siquiera voltearla (redactarla con un enfoque diferente al de quien la manda)”, expresó.
Recordó que su papel como impulsor de la ley que quitó avisaje con dinero del Estado a la prensa, le valió ser ahora censurado, e incluso ignorado por canales de televisión y diarios pertenecientes a José Graña, a pesar de su trayectoria política.
“El Canal N no me invita desde hace un año a dar entrevistas, tampoco Perú21. Una fuente me contó que es muy difícil porque les pueden hacer lío sus jefes. Incluso me informaron que le llamaron la atención a Jimmy Chinchay porque me entrevistó en vivo en los pasillos del Congreso. Cada vez que declaro en Pasos Perdidos, veo cómo el equipo de Canal N se aleja”, cuestionó. 

Martín Vizcarra, el ajedrecista

Por Miguel Ramírez- Diario Trome.
La decisión de plantear el adelanto de las elecciones generales para el próximo año, la tomó el presidente Martín Vizcarra el sábado cuando el candidato fujimorista Pedro Olaechea fue elegido presidente del Congreso, según contaron a este columnista dos fuentes palaciegas.
Vizcarra tomó ese camino luego de consultar con su más selecto equipo de asesores moqueguanos, encabezado por su inseparable amigo Iván Manchego, quien –pese a que algunos creen que ya no está en el Gobierno– es irremplazable en decisiones trascendentales.
Junto con él también estuvieron el premier Salvador del Solar, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, y su secretaria general Mirian Morales, quienes lo acompañaron hasta antes de salir al Congreso. Morales se ha convertido en pieza clave en la toma de decisiones presidenciales.
El sábado, todos esperaban en Palacio que Daniel Salaverry fuera reelegido. Salaverry había marcado una distancia pública con los más radicales congresistas fujimoristas. Hasta los había puesto en ridículo, como a la congresista Rosa Bartra, pero no fue reelecto.
“Hubo muchos que le dieron la espalda a Salaverry, incluso los denominados ‘avengers’, que hace un tiempo dejaron a los fujimoristas. Una de ellas fue la congresista Maritza García, quien, pese a los maltratos que recibió, aceptó, ingenuamente, apoyar a Olaechea a cambio de que Kenji Fujimori volviera al Congreso”, contó una fuente. García no respondió sobre este tema.
La derrota de Salaverry, en efecto, fue contundente: Olaechea obtuvo 76 votos y Salaverry solo 47. En total, ¡29 votos de diferencia! Los fujimoristas y sus aliados apristas celebraron alborozados.
En el gobierno estaban indignados porque sus más importantes propuestas de reforma política –como la paridad y la alternancia, pero, sobre todo, la inmunidad parlamentaria– habían sido cambiadas de una manera escandalosa. Eso era una afrenta.
“Las reformas no han sido respetadas. Cerrar el Congreso tampoco es dable a estas alturas, pero busquemos una salida: Pedro Olaechea, Karina Beteta y Salvador Heresi, quienes dirigirán el Parlamento, son el fujimorismo puro y duro”, coincidieron los asesores, siempre según las fuentes.
A esto se sumaba la posibilidad existente de que Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, saldría en libertad la otra semana.
No iba a haber manera de gobernar. El ochenta por ciento del discurso ya estaba listo desde el viernes. Todos los ministerios habían aportado sus logros. La idea era dar una respuesta contundente a la situación de la economía, que había sido criticada el sábado por Pedro Olaechea.
En los minutos finales, antes de salir al Congreso, Vizcarra y sus más allegados asesores llegaron al acuerdo de que el mensaje se centraría en cómo reactivar la economía y dejar para el final la gran bomba: ¡el adelanto de las elecciones generales! Fue una jugada de ajedrez.
“Los agarramos cansados, varios ya se estaban durmiendo con el discurso y otros se habían ido”, contó un ministro. Lo demás ya es historia conocida.

Omar Tello: “Hay cerca de 13 obras de Odebrecht que se investigan en las regiones”

El coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios señala que estos casos no son investigados por el Equipo Especial Lava Jato. Entre los casos están Chavimochic y la carretera Chacas-San Luis.

Por Carlos Hinostroza Sánchez– Diario Gestión.
Lleva recién un mes en el cargo pero el coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, Omar Tello Rosales, ya tiene una considerable carga de trabajo. En esta entrevista, realizada antes de que el Equipo Especial Lava Jato entregara al Ejecutivo su informe sobre la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, el magistrado da un balance de los casos de Odebrecht en el interior del país.
¿Hay obras realizadas por Odebrecht que están siendo investigadas en las regiones?
Sí, hay cerca de 13 obras a nivel nacional, cada una con un proceso penal. No han sido incluidas o tomadas en cuenta por el Equipo Especial que investiga el caso Lava Jato.
¿Cuáles son estas 13 obras?
Tengo entendido de que una es Chavimochic. Ese es un proceso que incluso mereció un archivamiento, pero está en evaluación en segunda instancia por una fiscal superior.
¿Qué otros casos hay?
Hay un caso, incluso, que ya tiene sentencia con el doctor Elmer Chirre. Me refiero a la carretera Chacas-San Luis. Ahí hay un precedente que está desvinculado al Equipo Especial, pero que ha tenido una sentencia.
¿El mismo trabajo que hizo el fiscal Chirre en Chacas-San Luis, en donde hizo todo sin requerir apoyo al equipo especial, se está replicando en las investigaciones de estas 12 obras?
La metodología debería ser la misma, lo que implicaría que cada fiscal viaje a Brasil y pueda negociar con Odebrecht, pedir interrogatorios con los funcionarios y por ahí cerrar algunos acuerdos de colaboración preliminares.
Entonces, ¿estos fiscales tendrían total autonomía para solicitar los interrogatorios en el exterior ?
Si tienen que ir a la fuente misma para obtener la declaración, tienen que hacerlo, porque es parte del trabajo. Este tipo de investigación es oneroso, porque los que podrían dar información clave están en el extranjero.
¿Por qué cree que el Equipo Especial no investiga estas obras?
Al Equipo Especial, hasta cierto punto, se le ha dado la atribución de escoger qué obras van a investigar. Se supone que en un principio tienen que investigar todos los casos de Odebrecht, pero no ha sido así.
¿Cuál ha sido el motivo?
Por diferentes razones, ya sea por el avance de la investigación u otro motivo. Lo que me informan es que esta situación se ha presentado en cada uno de estos casos y se están investigado de manera separada.
¿Y qué le parece esa situación?
Genera una suerte de doble esfuerzo para los fiscales porque cuando uno acumula un caso en otra carpeta, conoce o identifica a la persona que va a colaborar y quizás incluir un dato más respecto a esta obra sea beneficioso para estos procesos, pero también tiene sus dificultades.
¿Qué se va a hacer con estas 13 obras?
Seguirán su procedimiento de investigación. Hasta donde tengo entendido los fiscales que están investigando los casos seguirán con sus pesquisas hasta que las culminen.
¿Sería lo óptimo que estas obras pasen al Equipo Especial de Lava Jato?
Es una decisión que debe tomar el fiscal Rafael Vela, porque él como coordinador del equipo tendría que decidir. La fiscal de la Nación le entregó la competencia para decidir si es que acumula o no estas obras. En algunos casos, hasta donde yo tengo entendido, no ha deseado acumularlos.

“El anti-vizcarra”

Por ALDO MARIÁTEGUI– Diario Perú21.
Así como Friedrich Engels escribió El anti-Düring contra Eugen Düring, le imitaré con “El anti-Vizcarra”, dado que es necesario bajarle a tierra porque es un personaje demasiado endiosado por esa calle desinformada y rabiosa, por mucho coleguita adulón y por la poderosa caviarada que le manipula. ¡Y la realidad dista mucho de eso! En primer lugar, Vizcarra no pasó de ser un correcto gobernador de la pequeña Moquegua, que sobresalió en algo básicamente porque el resto era un desastre (y eso si olvidamos su ‘Moqueguazo’). Está donde está ahora solo por accidente (o por “cuota”, según Bruce), no por virtudes propias. De sobra nos ha demostrado que es un pésimo administrador: es el presidente de PEOR gestión económica desde la salida de Fujimori según el PBI, variable que no miente como él. Es un hombre gris, de camarillas y de ministros grises, con verbo muy elemental, casi humalesco. La traición, la ingratitud, la malcriadez y el maltrato son sus consignas; sino pregúntenle a PPK, Heresi, Olaechea, Mechita o a Villanueva. Dado su trauma provinciano de sentirse un títere de los limeños, su inseguridad, su desconfianza y la tremenda borrachera que le han pegado las encuestas y la prensa adulona, se ha dedicado a ser un irresponsable pleitista contumaz en lugar de un frío estadista negociador: fácilmente se pudo entender con Olaechea. Piconazo, pateó el tablero porque perdió su candidato Salaverry y porque no le dieron el 100% de sus reformas (¡obtuvo el 80%!). Valiente no es; Tía María y la humillación en Arequipa lo demuestran. Populachero extremo, apela a ese fácil instrumento populista que es el referéndum. Tampoco me creo eso de “desprendido”; habrá ofrecido renunciar por sentirse incapaz o por alguna maniobra oculta. Mucho altar para tan poca divinidad, coleguitas…

CONSEJO DE MINISTROS NO DEBATIÓ NI APROBÓ EL ADELANTO DE ELECCIONES

Por Plinio Esquinarila Bellido.
Mis fuentes me informan que el Consejo de Ministros no aprobó el adelanto de elecciones para el 2020. Eso es también lo que ha deslizado la vicepresidenta Mercedes Aráoz en su entorno cercano. Hace bien Jorge del Castillo y otros congresistas en solicitar el acta y el audio de la sesión de Consejo de Ministros. Esto porque la Constitución -artículo 118, inciso 7- establece que el mensaje presidencial que resume sus obras del año, son “aprobados por el Consejo de Ministros”.
El adelanto de elecciones se incorporó a última hora cuando Vizcarra se da cuenta que le habían mentido cuando le aseguraron, en todos los idiomas (¿tal vez César Villanueva?), que la presidencia del Congreso sería ganado por su aliado Daniel Salaverry, pero la realidad fue lapidaria: Ganó por cerca de 30 votos Pedro Olaechea.
Es cuando Vizcarra pierde los papeles porque le han metido en la cabeza que Olaechea lo vacará, lo que no es cierto. Pero cada uno es dueño de sus miedos.
EL CAPATAZ…
De otra parte, su principal consejero, incluso del adelanto de elecciones, el paisano Vicente Zeballos, espera que el proyecto de adelanto de elecciones “sea visto con prioridad por el Congreso en el próximo periodo legislativo y que debería ser aprobado “en agosto o setiembre por el Legislativo”, de forma que de inmediato -ordena el capataz- se sometería a consulta popular mediante referéndum. Cómo les gusta la democracia plebiscitaria a estos aprendices de tiranuelos.
El Congreso no debe aprobar ningún nuevo referéndum y enfrentar a Vizcarra que quiere manipular el referéndum con dos preguntas: 1) ¿Está de acuerdo en que se vaya el Congreso?: Aprobación mayoritaria. 2) ¿Está de acuerdo en que vaya el Presidente Vizcarra?: Rechazo mayoritario.
Cómo no tiene el valor de cerrar el Congreso, porque terminaría preso, cree que este poder del Estado debe ahorcarse solo. De forma que no quiere renunciar, como se le ha escapado a Salvador del Solar en una entrevistar en RPP con Patricia del Río. Quiere reelegirse para escapar de la cárcel empezando por el caso Chinchero.
No le den el gusto y punto. Que él cierre el Congreso, si tanto quiere estar a tono con lo que piensa la chusma de la calle, manipulada por los medios oficialistas y aliados de Odebrecht.
O en todo caso que renuncie, junto con Mercedes Araóz.

#BOMBA: ¡Pago por Chaglla NO VA!

Por Mariella Balbi- Político.pe
Fuentes vinculadas al anterior Equipo Especial que investigó Lava Jato, liderado en ese entonces por Hamilton Castro, revelaron en exclusiva a POLÍTICO.PE que, al margen de las varias investigaciones preliminares en curso, el fiscal Elmer Chirre maneja un caso en el que la persona jurídica Odebrecht se encuentra acusada.
Por ello, según los informantes, Rafael Vela habría mentido en su reciente informe al Ministerio de Justicia cuando afirma que no existen investigaciones preparatorias ni procesos contra la empresa. Esto pondría nuevamente en tela de juicio su actuación, toda vez que pareciera dirigida a proteger los intereses de la empresa. “Es indignante. Actúa como si fuera abogado de Odebrecht”, manifestaron nuestras fuentes. Vela tiene que explicar el porqué de esta omisión.
Así mismo, Político.pe conoció que el procurador anticorrupción Jorge Ramírez no avalará el informe de Vela debido a la existencia de estos procesos fiscales que involucran a Odebrecht. Ramírez y el fiscal Chirre deben pronunciarse.
Como se recuerda, ya en setiembre de 2018, el portal Convoca habría informado que en la entonces nueva documentación presentada ante las autoridades brasileñas por Marcelo Odebrecht, además de los presuntos aportes encubiertos de dinero a la campaña electoral de Humala, figuraban también “referencias a desembolsos sobre siete obras en Perú respecto a las cuales la empresa brasileña no ha reconocido hasta la fecha el pago de sobornos” (NUEVOS DOCUMENTOS DE ODEBRECHT CONSIGNAN MONTOS SOBRE OTRAS SIETE OBRAS EN PERÚ; Convoca, 4 de setiembre de 2018).
Dichas obras fueron la central hidroeléctrica Chaglla (Huánuco), Interceptor Norte (Lima y Callao), el proyecto de irrigación Olmos (Lambayeque), la ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable en Iquitos (Loreto), el sistema de agua potable de Chimbote (Áncash), la carretera de Carhuaz (Áncash) y la vía Interoceánica Norte (Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto).

NUEVOS DOCUMENTOS DE ODEBRECHT CONSIGNAN MONTOS SOBRE OTRAS SIETE OBRAS EN PERÚ

Además de los registros de presuntos aportes clandestinos a la campaña de Ollanta Humala, el ex máximo directivo de la constructora brasileña entregó planillas en las que figuran proyectos respecto a los cuales aún no ha reconocido el pago de sobornos, hasta la fecha.

Por Óscar Libón- Convoca.pe
En la nueva documentación proporcionada a las autoridades de Brasil por Marcelo Odebrecht, ex máximo directivo de la constructora que lleva su apellido, no solo figuran anotados los supuestos aportes clandestinos de dinero a la campaña electoral de Ollanta Humala, sino también referencias a desembolsos sobre siete obras en Perú respecto a las cuales la empresa brasileña no ha reconocido hasta la fecha el pago de sobornos.
Según documentos a los que accedió Convoca.pe, se trata de la central hidroeléctrica Chaglla (Huánuco), Interceptor Norte (Lima y Callao), el proyecto de irrigación Olmos (Lambayeque), la ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable en Iquitos (Loreto). Además, figuran el sistema de agua potable de Chimbote (Áncash), la carretera de Carhuaz (Áncash) y la vía Interoceánica Norte (Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto).
Los nombres de estos proyectos y concesiones se encuentran registrados en las planillas “Lancamentos diario de saida” y “Caixa Livre Peru-Dólar”, que está entre los 480 mil correos electrónicos, 230 mil archivos adjuntos y 70 mil documentos que Marcelo Odebrecht entregó recientemente la Procuraduría General de Brasil para que puedan corroborar sus declaraciones, así como colaborar con nuevos indicios sobre el megacaso Lava Jato.
Cabe anotar que la constructora Odebrecht confesó ante la Fiscalía de Perú solo haber pagado presuntos sobornos por la Interoceánica Sur (caso Alejandro Toledo y Ositran); el Metro de Lima (Línea 1, tramos 1 y 2); la vía Evitamiento en Cusco y las obras de la Costa Verde – tramo Callao. Así como el financiamiento de las campañas electorales del expresidente Ollanta Humala (3 millones de dólares) y la exalcaldesa Susana Villarán (3 millones de dólares).
En las planillas se consignaron montos como el del 2 de enero de 2006 referido al Interceptor Norte: 271,521 reales (moneda oficial de Brasil); del 4 de octubre de 2007 en relación a la obra “saneamiento Iquitos”: 9,137 reales; y de la concesión irrigación Olmos: 25,000 dólares.
Las sumas registradas en los documentos que tienen la denominación “Caixa Livre Peru-Dólar” corresponden al periodo del 18 de mayo al 20 de diciembre de 2011. En esta relación también aparecen cifras sobre pagos por el Metro de Lima, Interoceánica Sur y la campaña de Humala (este último signado con los códigos “Campaña NAC3” e “Italo-Italiano-Elección Perú”).
A pesar de que la empresa brasileña niega pagos indebidos por otros proyectos, el Ministerio Público y la Contraloría han hallado indicios de presuntas irregularidades en obras como la de la vía Carhuaz y la del Interceptor Norte.
Consultados por este medio digital, voceros de la constructora brasileña respondieron lo siguiente: “Odebrecht está a disposición de la Fiscalía y sigue realizando los esfuerzos necesarios para viabilizar la entrega de la documentación y la declaración de sus funcionarios y ex funcionarios que pudieran tener conocimiento de hechos materia de interés de las investigaciones”.
Y se añadió: “En este contexto, la empresa espera cumplir con los requerimientos de la Fiscalía y alcanzar la firma del acuerdo de colaboración. Un proceso que exige reserva en cumplimiento de las leyes vigentes en el país”.

Jorge Barata hablará de contrato en gestión regional de César Villanueva

Por OSCAR QUISPE– Diario Perú21.
En la próxima diligencia que realizará el equipo especial Lava Jato en la ciudad brasileña de Sao Paulo no solo se preguntará sobre el Gasoducto del Sur. Las interrogantes también buscan que se detalle qué ocurrió alrededor del contrato de la carretera Cuñumbuque – San José de Sisa que se entregó a Odebrecht mientras César Villanueva era presidente regional de San Martín.
Fuentes allegadas a la Fiscalía señalaron que luego del reconocimiento de pagos ilícitos en la mencionada obra, los exejecutivos de Odebrecht tendrán que detallar quiénes fueron los funcionarios regionales que se beneficiaron con el dinero sucio de la constructora brasileña.
Además, el equipo especial analiza la posibilidad de traer la carpeta del caso que se encuentra en Tarapoto para que un fiscal especializado en Lava Jato se haga cargo. Esa decisión la tomarán una vez concluida la diligencia en Brasil.
SE DESMARCA
El actual congresista Villanueva ha negado en todos los idiomas que Odebrecht le haya hecho un ofrecimiento ilícito. “Yo espero que este caso no manche mi gestión, por eso hay que dejar que la Fiscalía determine si hay responsabilidades. De ninguna manera estoy implicado en irregularidades, este proyecto se ha terminado en los tiempos razonables, el costo por kilómetro es el más bajo que hay con respecto a proyectos similares (…) naturalmente colaboré con las investigaciones, toda la información que se requiera la brindaré”, señaló a Perú21.

Fiscales encubren a Odebrecht

Ante la posición del fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, de que las investigaciones preliminares contra Odebrecht por casos como el Gasoducto del Sur, Olmos y otras no son procesos formales, desde diversos sectores lo acusaron de maniobrar irregularmente para que el Estado le pague 524 millones de soles a la constructora brasileña.
“Están usando una fórmula de evadir responsabilidades, apelando a interpretaciones del Nuevo Código Procesal Penal. Con ese criterio, pueden durar varios años hasta la etapa preparatoria. Lo que están haciendo es burlarse de la opinión pública. Se sigue mintiendo, y Fiscalía respalda esas mentiras”, cuestionó el penalista Luis Lamas Puccio.
Según la sentencia de la jueza María Álvarez, que homologa el acuerdo de colaboración eficaz, en la parte del dinero que se le retiene a Odebrecht –en este caso, por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla–, se dice lo siguiente para liberar el fideicomiso: “Que no existan investigaciones o procesos penales en los cuales se evidencia sospecha de responsabilidad penal contra la empresa Odebrecht o sus dependientes”.
Sin embargo, Vela ensaya un criterio adicional al del documento.
“Este despacho interpreta de la sentencia (…) que la información solicitada es en relación a las investigaciones preparatorias donde la carpeta fiscal se encuentra judicializada de manera efectiva ya que en la investigación preliminar el dominio funcional solo se corresponde al representante del Ministerio Público”, indica el fiscal.
Lamas Puccio explicó que esto es una “triquiñuela jurídica”, para tener algún argumento que presentar al Ministerio de Justicia y al Poder Judicial, lo cual merece pronunciamiento de los poderes del Estado, por ser un asunto de interés nacional.
“Con ese criterio, ahora va a haber investigados e indagados, cuando Odebrecht enfrenta todo tipo de investigaciones. Es una triquiñuela jurídica. Acá deben pronunciarse la fiscal de la Nación, el presidente de la República, el presidente del Congreso y otros organismos. Eso es un asunto de Estado”, acotó.
Sobre la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, el domingo tomó nueve días de vacaciones, pedidos el 19 de julio. Lo particular es que si se le daban días libres antes, correspondía ocupar su puesto a Pedro Chávarry –el fiscal supremo más antiguo–, quien ha tenido confrontaciones públicas con el equipo Lava Jato.
Como se esperó hasta el 31 de julio, Pablo Sánchez pudo regresar de su descanso médico, y evitar que un alto magistrado independiente del Poder Ejecutivo pueda abocarse –eventualmente– a ver el informe sobre los 524 millones de soles.
Para la congresista Yeni Vilcatoma, esto no es solo una apreciación errónea, sino complicidad con la empresa más corrupta que ha pasado por el Perú.
“¿Cómo que no hay procesos? El Gasoducto cuenta con las colaboraciones eficaces de peruanos del 2015 y 2017. ¿Por qué no formalizaron investigación preparatoria? Se llama omisión encubridora. La corrupción en fiscales es evidente. Construyen un argumento falso y contra lo previsto en el Código Procesal Penal, para favorecer a delincuente Odebrecht. Es como devolverle a Pablo Escobar el dinero por venta de cocaína”, sostuvo.
Para el experto en temas energéticos, César Gutiérrez, un eventual pago de los 524 millones de soles a Odebrecht sería contraproducente porque todas las exculpaciones de esta empresa tendrían que estar previamente acreditadas ante la autoridad judicial mediante el archivo de los expedientes.
“Si aún se tiene como 20 casos de presunto soborno, y solo se ha cerrado en cuatro, es obvio que se debe retener el saldo de la venta de Chaglla por los casos pendientes, en especial sobre el gasoducto, y no estar haciendo disquisiciones sobre investigaciones ‘preliminares’ y ‘preparatorias’”, señala Gutiérrez.
“Los fiscales no pueden estar esperando sentencias para tomar previsiones de una posible reparación civil nueva o nuevas, sobre todo en el gasoducto. Y es que la probabilidad de culpabilidad existe”, subrayó.

MÁS DEL GASODUCTO

Sobre este tema es preciso recordar que el estudio jurídico Delmar Ugarte, que hizo el informe de Proinversión para dejar un solo postor en la buena pro para el Gasoducto del Sur –la constructora Odebrecht Latinvest consorciada con la española Enagás–, ha despedido el último 22 de julio a uno de sus socios, el abogado Miguel Ángel Ronceros Neciosup, por estar implicado en sobornos en este sonado caso.
El portal IDL-Reporteros dio la noticia siete días después afirmando que al citado letrado le corresponde el “codinome” “Magali” que apareció en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht como receptor de 450 mil dólares relacionados al citado gasoducto.
“‘Magali’ (Ronceros) recibió un total de 450 mil dólares, en cuatro pagos, entre el 24 de octubre y el 23 de diciembre de 2014, de acuerdo con el registro de las planillas que IDL-R publicó el 26 de junio pasado”, dice la nota.
Si entre el 2012 y el 2014 el estudio Delmar Ugarte asesoró legalmente al comité de Proinversión a celebrar el contrato de concesión y hacer informes legales, entre ellos el que recomendó descalificar al postor competidor de Odebrecht, es decir el consorcio Gasoducto Peruano del Sur (integrado por las empresas GDF Suez, Sempra, Techint y TGI), este solo hecho es grave, más si el contrato tenía cláusula anticorrupción.
Dicho de otra forma, si el abogado de la autoridad fue sobornado, eso significa que la decisión de Proinversión fue pagada por uno de los interesados, en este caso Odebrecht y eventualmente su socia Enagás, habiendo de por medio cláusula anticorrupción.

Reconoce soborno

En el informe remitido al Ministerio de Justicia, se revela que Odebrecht también ha reconocido pagos de sobornos para la obra ‘Rehabilitación y mejoramiento de la carretera de empalme Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sista’, ubicada en Tarapoto. Esta se licitó cuando el actual congresista César Villanueva era gobernador regional de San Martín.

Martín Vizcarra se opone a devolución del dinero

El presidente Martín Vizcarra expresó su disconformidad, este jueves, con la decisión de devolver los S/ 524 millones del fideicomiso que reclama Odebrecht al Estado peruano por la venta de la hidroeléctrica Chaglla a una transnacional china.
“Mi posición es que dado el daño, no solamente moral y ético que ha hecho Odebrecht con el Perú, sino también un daño económico, deberíamos tener un fondo que garantice el cumplimiento de pagos a futuro”, indicó el Mandatario desde Iquitos.
“El daño (hecho por la empresa) es tan grande que no correspondería, desde mi punto de vista, hacer una devolución; cuando de acá a un corto tiempo tengamos que cobrar alguna multa a esta empresa y ya no tengamos el recurso porque ya se lo entregamos”, añadió.
Estas declaraciones se dieron no obstante que en el informe enviado por el equipo especial a cargo del caso Lava jato de la Fiscalía al Ministerio de Justicia, se afirma que la constructora brasileña no tiene procesos penales en curso, requisito exigido por la jueza que homologó el acuerdo, María Álvarez Camacho, para que Odebrecht reciba los S/524 millones.
Fuente: Diario EXPRESO.

¡Qué tal orquesta!

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Tras el anuncio presidencial sobre adelanto de elecciones generales para que un nuevo gobierno jure el 28 de julio de 2020 se ha puesto a tocar una orquesta golpista descarada. Cuando se pretende hacer leña de la Constitución ninguneando las leyes, los plazos y los procedimientos establecidos por un pretendido “clamor de la calle” estamos ante un golpe. Si a este se suman las voces casi unánimes de corifeos en la prensa aceitada por la publicidad estatal, y además se reparten canonjías para autocensurar o comprar voces y votos, tenemos una conspiración.
La partitura propuesta por la caviarada es la de una polca. El medio de prensa le ordena al reportero ponerle a alguien un micrófono en la boca y preguntarle si está de acuerdo con que se cierre el Congreso. La respuesta desde hace cuatro lustros es siempre la misma: SÍ. Nadie está feliz con el Congreso. Puntos más o puntos menos su desaprobación es siempre muy grande, y su aprobación es diminuta o apenas mediocre.
También empiezan a llamar los reporteros a sus fuentes para averiguar o reactivar casos que involucren a congresistas para seguir en la agenda del escándalo y la indignación pública. Luego vienen los opinólogos ad hoc a decir que si no se da una salida política como la propuesta por el presidente la respuesta será en las calles y la situación se puede salir de control con consecuencias imprevisibles. Por lo tanto, la cuestión jurídica y constitucional debe pasar a un segundo plano (“distracción”, la llama Del Solar) para privilegiar la respuesta política a una crisis política. Y, ¡zas!, ya se creó artificialmente la “crisis política”.
Pero lo cierto es que no hay nadie marchando en las calles por el adelanto de elecciones, y las manifestaciones contra el Congreso ya las hemos visto en varias oportunidades sin mayor consecuencia que la molestia ocasionada por el atoro del tráfico en el Centro de Lima. Luego, la vida sigue igual y la gente está más preocupada en conseguir trabajo, pagar las cuentas y ocuparse sus asuntos: todo menos de la política, que le importa un bledo.
En donde la vida no es muy sabrosa para el gobierno es en el Sur del país, donde miles marchan y hay paros violentos contra Martín Vizcarra por Tía María mientras piden su renuncia o, peor aún, su vacancia.
Ya están preparadas según el mismo guión las encuestas de rigor en las que Chichi & Alfredito S.A, a falta de marchas, darán el respaldo al adelanto de elecciones, a la aprobación presidencial que sube como la espuma y al descalabro del parlamento en el favor ciudadano. Del Río, Chincha y Huertas le pondrán cara de pocos amigos a sus entrevistados que no les digan amén mientras una plétora de “constitucionalistas” de última hora dirán que todo está conforme a ley, dejando al Tribunal Constitucional como una zapatilla vieja.
Coco será invitado a todos los programas presentando su “candidatura presidencial” para las “primarias” caviares, poniéndonos así en ambiente de elecciones y hechos consumados; y otros ya irán saliendo porque les conviene más postular ahora que en dos años, cuando no los recordará ni el gato.
Y, mientras tanto, Vela Barba autoriza muy campante que Odebrecht se lleve más de 500 millones de soles por el saldo de la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla según lo pactado en el acuerdo de colaboración eficaz con los mafiosos porque “la empresa no tiene más procesos abiertos en la fiscalía”. Y los que se vayan descubriendo se irán incorporando al acuerdo porque este es “abierto” y “progresivo”.
¡Y pensar que el argumento para adelantar las elecciones generales es el supuesto blindaje del Congreso a los corruptos, y no haber aprobado la esencia de unas reformas políticas que con el nuevo cronograma electoral no podrán ver la luz del día! ¡Antifujiaprismo o muerte! ¡Venceremos!

Domingo García Belaunde: “Que Vizcarra renuncie o que lo vaquen por incompetente”

El reconocido jurista Domingo García Belaunde cuestionó que el presidente Martín Vizcarra procure tomar decisiones por dos poderes del Estado cuando, como es sabido, cada organismo es independiente y autónomo.
“Es una salida desesperada de un hombre mediocre [la de adelantar elecciones generales] que está ante la imposibilidad de hacer cosas y quiere irse, pero no quiere hacerlo solo”, comentó García Belaunde.
El constitucionalista agregó que ante esta nueva crisis política se pueden emprender uno de dos caminos.
“Lo primero es la renuncia (del presidente) que lo puede hacer mañana u hoy mismo; y lo otro, que no es lo ideal, es la vacancia por incompetencia”, agregó. Bajo ningún escenario, acotó, el Congreso debería permitir otorgar la razón al jefe de Estado para que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se vayan.
Fuente: Diario EXPRESO.

Proyecto de adelanto de elecciones se aprobó por el Ejecutivo inicialmente para julio, no abril

Se difundió el acta de la sesión del Consejo de Ministros, que se realizó el pasado 24 de julio, donde se reunieron todos sus integrantes y el presidente de la República, Martín Vizcarra.
Según indica el documento, el tema principal era la aprobación del Mensaje a la Nación que se enunció el pasado 28 de julio; sin embargo, entre los puntos que fueron aprobados y enunciados por el presidente Vizcarra, hay uno que no cuadra con lo mencionado en el Mensaje a la Nación y lo presentado al Congreso de la República, y es sobre el proyecto de adelanto de elecciones.

Adelanto de elecciones

Según mencionó Martín Vizcarra, la propuesta de adelanto de elecciones generales para el 2020 se habría aprobado para julio: “Propuesta de salida a la crisis institucional: Adelanto de elecciones generales a julio de 2020 y consulta ciudadana vía referéndum”. Así fue aprobado y fue lo que Vizcarra comunicó en su Mensaje a la Nación.

Cambio de fecha

Ayer, el Ejecutivo envió la mencionada propuesta de adelanto de elecciones que ha generado muchas críticas debido al factor tiempo, es decir, realizar las elecciones el 2020 implicaría que se ajusten los plazos y más de un especialista lo ve inviable.
En el documento presentado al Congreso de la República se propone que las elecciones sean el tercer domingo de abril del 2020, es decir, el 19 de abril y no en julio tal como lo había mencionado Martín Vizcarra. Además de plantear -de manera tentativa en su exposición de motivos- una posible segunda vuelta en junio del mismo año.
Esta nueva fecha en abril difiere con lo aprobado el 24 de julio. En el acta de la sesión del Consejo de Ministros se menciona que se “aprobó por unanimidad el Mensaje a la Nación del señor Presidente de la República por 28 de julio a ser dirigido al Congreso de la República”.
Fuente: Diario Correo.