Por Mariella Balbi- Diario EXPRESO.
Hasta que al Poder Judicial no le quedó otra que anular el caso Cocteles (aportes de campaña del fujimorismo), que llevó a prisión a Keiko Fujimori 18 meses. Insólito, injusto y repugnante porque la acusación de lavado de activos vía Fuerza Popular, su partido, fue un constructo ajeno al derecho y a un proceso judicial medianamente equitativo. Varios otros fujimoristas purgaron prisión. Fue una noche de San Bartolomé, una razzia sin igual en nuestra historia. Luego de 10 años de diligencias, este caso, a cargo del desequilibrado fiscal José Pérez, regresa al Ministerio Público. Estará a manos de un nuevo magistrado quien tendrá que acusarla, sabe Dios de qué, porque por lavado de activos no será. El avezado fiscal Pérez no pudo probar ninguna de sus acusaciones, forzó la ley porque recibir dinero de aportantes no era delito, pero se impuso de manera prepotente, abusiva. ¿Cómo lo logró? Con el respaldo de una fiscalía altamente politizada y, vamos, ¿por qué no decirlo?, criminal. Quitarle la libertad a un ser humano por razones ajenas a las leyes es un acto criminal. El objetivo de toda esta tramoya fue, claramente, sacar a la “China” (Keiko Fujimori) de la carrera presidencial.
Pero este plan delictivo no bajó del aire. Estuvo bien fraguado por —esta vez sí— una verdadera organización criminal que incluyó a las cabezas de la fiscalía al mando de Pablo Sánchez y sus subordinados, una ONG como IDL, parte de la DIVIAC del policía Harvey Colchado, a magistrados como Víctor Zúñiga (juez superior provisional), quien devolvió la acusación del malero fiscal Pérez 19 veces, o el juez Richard Concepción Carhuancho, medios de comunicación y otros actores que le dan una dimensión monstruosa al caso Cocteles. Incluye al gobierno del ‘Lagarto’ Vizcarra, que descabezó la fiscalía y dirigió el ataque contra el exfiscal Pedro Chávarry. Un verdadero holocausto jurídico que restringió la libertad de muchos, destruyó la actividad política de un partido, afectó la vida y la salud de los implicados, además del gasto en defenderse. Otro hecho insólito en este pogromo es que se acusó a los abogados de las víctimas. Afortunadamente —dicen que los buenos terminan ganando— el doctor Arsenio Oré, destacado letrado acusado por el desequilibrado Pérez, puso la pica en Flandes y desbarató su plan con las consecuencias que conocemos hoy.
En su vesania, el avezado Pérez pidió 30 años y 10 meses contra Keiko Fujimori y otros partidarios. Pero no son los únicos que están en esta masacre judicial. Sería saludable desbaratar a la mafia que la propició. Un buen inicio es denunciar a los fiscales y jueces que cometieron las irregularidades. En el Perú, hay que devolver la confianza en el sistema judicial. Con situaciones como estas, el ciudadano concluye fácilmente que todo está podrido y respetar la ley no sirve de nada. Es necesaria una sanción rápida y ejemplar.
Igual con el doloroso caso del suero Medifarma. Ocurridas las lamentables muertes, el ministro de Salud le retiró, manu militari, el registro sanitario a todo el laboratorio, fabricante de más de 400 medicamentos. ¿Cuál es la relación entre suero y medicinas? Ninguna. Pero luego, el ministro reculó, permitiendo el uso de suero de Medifarma para evitar el desabastecimiento. ¿En quién confiar, cómo estar seguro de que nuestra vida no peligra?
Exigen prisión preventiva para fiscal Domingo Pérez
El congresista de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga pidió prisión preventiva contra el suspendido fiscal José Domingo Pérez.
Aguinaga manifestó que el fiscal, conocido por encabezar las investigaciones del caso Lava Jato, debe enfrentar las mismas medidas judiciales que aplicó a otros investigados, como la lideresa de su agrupación, Keiko Fujimori.
El legislador acusó a Pérez de actuar con motivaciones políticas y de utilizar su cargo para hostigar a Fuerza Popular. “Ahora tiene una suspensión y estoy seguro de que en algún momento le caerá una prisión preventiva, como él se vanagloriaba y regocijaba llevando a Keiko Fujimori tres veces a prisión”, declaró.
Aguinaga fundamentó su demanda en la existencia de un desbalance patrimonial atribuido al fiscal, situación que —según sus palabras— amerita la misma severidad que Pérez exigió contra otros ciudadanos.
“Hemos visto que le encontraron un desbalance patrimonial, ¿dónde está la sanción? Pediría la prisión preventiva así como él solicita a otros”, enfatizó el parlamentario.
También cuestionó la imparcialidad del equipo fiscal liderado por Pérez, Marita Barreto y Rafael Vela. Desde su punto de vista, los mencionados fiscales dirigieron sus esfuerzos más a la persecución política que a la búsqueda de justicia.
En la víspera, Domingo Pérez ‘se alocó’ luego de que no lo dejarán ingresar a su oficina. Ante el incidente, acusó directamente al jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, de emitir la medida en su contra.
Afirmó que lo único que quería era recoger sus pertenencias y hacer el traspaso del cargo al fiscal que quedará a cargo de sus funciones. Explicó que, tras ser notificado de la decisión la tarde de ayer lunes, no le alcanzó el tiempo “para hacer el inventario correspondiente”.
“Pero me doy con la ingrata sorpresa de que la autoridad de control, a cargo de Antonio Fernández Jerí, había mandado un documento al personal de ingreso de control de las puertas que me impidiera el ingreso al mismo“, afirmó.
Por ende, el fiscal que no pudo mantener el juicio por el caso ‘Cócteles’ denunció lo ocurrido en la comisaría de San Andrés, Cercado de Lima, para que quede registrado.
Fuente: Diario La Razón.