PUNTO DE ENCUENTRO. En La Poza se cruzan los caminos de indígenas, comerciantes y mineros ilegales del distrito de Río Santiago. Foto: Ojo Público/ Renato Pajuelo

Minería ilegal toma el río Santiago en la Amazonía peruana

Por Jonathan Hurtado y Aaron Wörz– Ojo Público.
En el distrito Río Santiago, en la frontera peruana con Ecuador, una localidad destaca entre todas: La Poza. Se ubica a orillas del río que da nombre al distrito, en la región Amazonas, a seis horas en bote de la frontera y a dos días de viaje de Lima. Está rodeada de montañas, en una zona habitada por 70 comunidades de los pueblos indígenas awajún y wampis. A diferencia de una comunidad, aquí, el ruido de los mototaxis, la presencia de colonos, los bares abiertos desde muy temprano en las mañanas y los grifos ilegales revelan el auge de la fiebre del oro en la Amazonía.
Es fines de febrero, el calor es agobiante y el sol del mediodía resplandece en las polvorientas calles de La Poza. Al llegar al puerto, cualquier foráneo es visto con recelo. Lo primero que se ve es un hotel que guarda decenas de cajas de cerveza en su primer piso, un bar donde dos mujeres jóvenes toman cerveza y un grifo informal que además de combustible vende aguardiente. “¿Cuánto está el galón de combustible?”, preguntamos a la señora que atiende el grifo. Antes de responder, ofrece un trago de licor.
Un equipo de Ojo Público recorrió el lado peruano del río Santiago, desde Santa María de Nieva (capital de la provincia de Condorcanqui, región Amazonas), hasta el límite con Ecuador, e identificó la presencia de al menos 17 dragas ilegales que remueven el lecho del río para extraer oro ilegal y un taller donde se fabrican estas máquinas.
Las entrevistas y testimonios recogidos muestran cómo el lucrativo negocio del oro atrae a actores criminales, divide a las comunidades indígenas y amenaza a quienes defienden el territorio. Cada draga, dependiendo del tamaño y su ubicación, puede extraer en la Amazonía, entre 80 y 120 gramos de oro de 24 quilates por día.
En La Poza, este medio también identificó tres tiendas que compran oro ilegal a escondidas. En una de estas, donde aparentemente se vende solo abarrotes, un señor mayor sentado sobre una banca paga hasta S/280 por gramo de oro. “Todo depende de la calidad”, dice. Por esos días el oro en el mundo alcanzó el preció histórico de S/ 376 el gramo, un tercio más sobre el valor ofrecido en esta tienda.
COMERCIO. A diferencia de lo que se ve en las comunidades indígenas, La Poza cuenta con restaurantes, mototaxis y numerosas tiendas. Foto: Ojo Público / Renato Pajuelo
La ausencia de la policía y de las Fuerzas Armadas en los 230 kilómetros del río en territorio peruano es total. Solo los líderes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), la organización que agrupa a la mayoría de comunidades, intenta ejercer un control sobre el río con el fin de reducir la minería ilegal.
“Nos oponemos [a la minería] porque hay incremento de contaminación del medio ambiente. Hablamos de todo: de agua, de suelo, de plantas, del aire. (…) También causa problemas sociales, contradicciones dentro de la familia”, señala un dirigente indígena de la zona, cuya identidad no se menciona porque ha sido amenazado por su oposición a la minería ilegal.
Uno de los principales insumos para la minería ilegal es el combustible que se usa para el bombeo de los motores en las dragas. Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), solo un establecimiento tiene autorización para vender combustible en La Poza, pero Ojo Público identificó que funcionan al menos otros cuatro.
En esta cuenca, según la información del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), existen 11 concesiones mineras tituladas, una en trámite y dos caducadas.
El gobierno peruano otorgó el 64% de estas concesiones entre 2019 y 2022. Una de las concesiones, de 300 hectáreas y que se superpone a un sector del río Santiago, tiene como titular a Oro Grande Mining S.A.C. Ojo Público intentó comunicarse con la empresa, sin embargo, la dirección que aparece en su expediente en el Ingemmet, que corresponde al distrito de Surquillo, en Lima, no existe.
De acuerdo a Sunat, desde julio de 2023, Oro Grande Mining S.A.C. aparece con “baja de oficio”.
SUPERPOSICIÓN. Una concesión minera de 300 hectáreas se superpone a un sector del río Santiago, asediado desde hace varios años por la minería ilegal. Fuente: Geocatmin/ Ingemmet
Explotación sexual y vida nocturna
Durante la noche, las calles de La Poza siguen llenas de gente. La luz eléctrica solo llega a través de generadores con petróleo que iluminan las tiendas y los restaurantes. Un joven, hijo del dueño de un hotel, invita a los desconocidos a visitar “La Esquina”, una discoteca en la última calle del centro poblado, al lado del cementerio. Él mismo es quien abiertamente habla de que en ese lugar “hay chibolitas”. Otros testimonios en la zona confirman esta situación y señalan casos de explotación sexual de mujeres y niñas.
La discoteca es una pampa techada con calaminas, con mesas de plásticos de colores, cada una con solo dos sillas, cercada con bloques de cemento. Un niño en edad escolar recibe una botella de cerveza de un hombre alto en bividí. Las mujeres jóvenes que atienden, se acercan cada tanto a los visitantes para ofrecerles más cerveza, beben y bailan con ellos. Después de cada copa giran el vaso boca abajo.
“Algunas jovencitas [de las comunidades wampis] se van a La Poza en busca de trabajo. (…) Los dueños de los bares son los que las llaman. Ellos invitan y buscan a las chicas para utilizarlas como servicio”, denuncia un joven dirigente indígena, a quien como otros líderes entrevistados no identificaremos en este reportaje para garantizar su seguridad. “Los mineros aprovechan, porque dicen que tienen dinero”, explica. La explotación sexual avanza en todas las localidades cercanas a las zonas de extracción ilegal de oro.
SIN DESCANSO. Mujeres jóvenes de comunidades indígenas trabajan hasta el amanecer en los bares de La Poza, frecuentados por mineros ilegales. Foto: Ojo Público / Renato Pajuelo
Las personas entrevistadas durante el viaje aseguraron que esta situación alcanza también a mujeres de nacionalidad ecuatoriana y venezolana. En diciembre de 2024, la municipalidad de Río Santiago identificó a menores de edad y mujeres que trabajaban en estos bares, confirma un funcionario del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
El combustible que alimenta las dragas y motores del río Santiago tienen una única ruta: se transportan desde Jaén (Cajamarca) y Bagua (Amazonas) hasta Santa María de Nieva, y desde ahí, donde termina la carretera, se envía por vía fluvial hacia las localidades ribereñas.
En la avenida Simón Bolívar –la vía principal de Santa María de Nieva–, una tienda de óptica, además de gafas para los cortos de vista, vende lentes para ver bajo el agua, aletas para nadar y otros implementos de buceo, aunque aquí nadie practica el buceo.
Cuando se le pregunta al comerciante sobre qué animales o peces se pueden ver en las turbias aguas del río Santiago, responde que ninguno. Sus clientes, reconoce, son buscadores de oro que utilizan el equipo para reparar dragas bajo el agua, o para protegerse de las salpicaduras de barro en las horas de trabajo.
Zona caliente y un taller ilegal
A primera hora de la mañana, en la orilla de la comunidad San Juan, donde viven indígenas awajún y wampis, un grupo de hombres se prepara para utilizar las dragas. Uno de ellos se da cuenta de la presencia de extraños, con sus dedos hace la forma de una pistola y apunta hacia el agua.
Sobre el río, flotan bidones azules de gasolina vacíos y forman un círculo: los mineros ilegales usan estos puntos para marcar los lugares donde han encontrado oro, pero que han tenido que abandonar de forma involuntaria debido a los cambios en el nivel del agua. Esas marcas los ayuda a saber a dónde tienen que volver para seguir extrayendo oro.
Los primeros 50 kilómetros del río, desde Santa María de Nieva, es la zona más disputada por la minería ilegal en la región: concentra el 94% de las dragas identificadas a lo largo de este río. Cuatro de las seis comunidades localizadas en esta parte se dedican y apoyan abiertamente a la minería ilegal: San Juan, Belén, Fortaleza y Guayabal.
RECORRIDO. Actualmente, en los 230 kilómetros que tiene el río en territorio peruano, la minería ilegal se concentra en la parte baja, desde La Poza en dirección Santa María de Nieva.
Infografía: Ojo Público/ Jhafet Ruiz Pianchachi
La fiebre del oro vulnera también los derechos de los niños. En enero de este año, el gobierno autónomo de los wampis denunció que los mineros han comenzado a usar a los niños como “escudos humanos”, precisamente en las comunidades de Belén, Guayabal y Fortaleza. Los menores son puestos deliberadamente en las dragas con el fin de que los policías no puedan detonar las balsas.
Un vídeo grabado a inicios de este año en los alrededores de la comunidad de Fortaleza, muestra cómo los mineros ilegales han instalado un taller para la fabricación de dragas. En las imágenes se ven varias tiendas de campaña, una máquina de soldar, un almacén con combustible e Internet por conexión vía satélite. Actualmente, la inseguridad impide que un extraño pueda rondar la zona o sobrevolar un drone.
FABRICACIÓN. Cubiertos de plástico azul, en la comunidad de Fortaleza líderes wampis identificaron instalaciones donde se fabrican balsas para las dragas. Foto: Ojo Público/ Renato Pajuelo
Sin embargo, con el apoyo del equipo de la organización Amazon Conservation Team, Ojo Público identificó –a través del análisis de imágenes satelitales– que estas instalaciones se construyeron en los últimos doce meses. Con este taller, los mineros ilegales pueden sustituir rápidamente las dragas destruidas en las raras incursiones policiales. La policía conoce esta situación, pero, a pesar de que el puesto más cercano se encuentra a solo dos horas en bote, hasta el momento no han intervenido el taller ilegal.
Cuando los dirigentes indígenas wampis fundaron el gobierno autónomo en 2015, la lucha contra las actividades ilegales fue uno de los motivos para organizarse. En la comunidad de San Juan, por ejemplo, se extrae oro desde hace aproximadamente una década. Los líderes toman regularmente fotografías del paisaje fluvial con drones, pero en varias ocasiones, han sido amenazados por mineros ilegales durante su trabajo de monitoreo.
En enero, la nación wampis denunció que los mineros han comenzado a usar a los niños como “escudos humanos”.
Los impactos de la extracción de oro ilegal son cada vez más evidentes en la cuenca del río Santiago. En las playas de la comunidad de Belén se forman bancos de arena a partir del sedimento bombeado en el centro del río.
Aunque las evidencias del crecimiento de la minería ilegal empiezan 40 kilómetros antes, en Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui.
La tentación brillante
Jeremías Bailón Maldonado, un ancashino de 41 años, llegó a Nieva hace varios años y trabajó en una draga del río Santiago. La mayoría de los propietarios de estos artefactos proceden de otras partes de Perú. Vienen de Madre de Dios, Huánuco, Piura, o Loreto, informan varias personas y autoridades de la región y de la policía.
La promesa de enriquecimiento rápido tentó a Bailón a invertir en la minería ilegal. Aún hoy, dice: “La minería ilegal mueve dinero en el río Santiago. Si los habitantes de la comunidad se suman por necesidad, es válido”.
Bailón es mecánico. Esto le ayudó en su trabajo con las dragas. Para bombear la tierra, los mineros utilizan motores de vehículos que deben modificarse y revisarse periódicamente.
En su caso, cuenta que utilizó un motor de la marca Nissan. Aunque otras dragas están equipadas incluso con motores de la marca Mercedes, explica. Normalmente, el motor de una draga tiene una potencia de 50 caballos de fuerza. Las que son más grandes, conocidas como tracas, llegan a tener hasta 150 caballos de fuerza.
CONVERSIÓN. Jeremías Bailón trabajaba como minero ilegal en el río Santiago. Hoy tiene un restaurante y rechaza la extracción ilegal de oro.  Foto: Ojo Público / Renato Pajuelo
El final de la carrera de Bailón como minero ilegal llegó con dos operaciones policiales. La policía destruyó sus equipos y abrió una investigación. Según él, el caso ya está cerrado.
Hoy en día, Bailón tiene una chacra de cacao y un restaurante en La Poza. Como presidente de la organización “Frente de Desarrollo de La Poza” (Fredepop), representa los intereses del principal centro comercial en el distrito de Santiago.
Hace diez años, cuando Bailón era minero ilegal, recuerda que podía vender un gramo de oro por S/ 90. Hoy el precio es casi el triple. ¿Le tentará de nuevo el dinero rápido?, le preguntamos. Bailón se ríe. Ahora tiene hijos y una familia, y dice que por eso no merece la pena correr riesgos. Durante la entrevista dice que rechaza la minería ilegal y que el estado necesita ofrecer mejores alternativas para que los habitantes de las comunidades puedan asegurar un sustento económico legal.
Violencia sexual y aumento del VIH
La mayoría de los habitantes de las comunidades wampis y awajún en la cuenca del río Santiago viven de los cultivos de plátano, cacao y yuca, y de la piscicultura. Pocos hogares disponen de electricidad todo el día y agua de calidad.
Si los comuneros requieren un tratamiento médico, tienen que invertir mucho dinero y tiempo. Un viaje de Soledad, capital de la nación de los wampis, a Santa María de Nieva cuesta S/ 90 y dura cinco horas. El oro de las costas frente a estas comunidades promete un camino fácil hacia la prosperidad rápida.
La residente de una comunidad, cuya identidad no se revela para garantizar su seguridad, explica cómo los mineros intentan convencer a los comuneros para que instalen dragas en sus orillas: “Los mineros organizan actividades como deportes, pagan fiestas y dicen que hacen que nuestros hijos estudien. En Navidad, incluso vinieron con regalos“, dice la mujer.
Pero, como sucede en otras zonas mineras ilegales de la Amazonía, los que se enriquecen con el oro no son los habitantes de las comunidades. Estas reciben solo un porcentaje de los beneficios de la venta del oro: “alrededor de un 20%“, dice Bailón. El resto es para los propietarios de las dragas, que venden el oro colectivamente a los acopiadores.
Para ganarse la confianza, los mineros establecen relaciones con mujeres de los pueblos indígenas y forman una familia, dicen los dirigentes, y denuncian que hay casos en los que los mineros ilegales no quieren reconocer la paternidad de sus hijos.
Santiago Jenner, director de la autoridad educativa del distrito de Río Santiago, está preocupado por los estudiantes de la región. Según él, en Fortaleza y Belén se han abierto bares ilegales donde se consume mucho alcohol. “Mis alumnas quedan embarazadas muy jóvenes. Los que vienen de fuera y trabajan en la minería y [las] toman como esposas, y se van cuando terminan su trabajo. ¿Y quién está perjudicado? Nosotros, mi gente“, denuncia.
ESTRATEGIA. Comuneros y líderes indígenas aseguran que mineros buscan relacionarse con mujeres de las comunidades, incluso menores de edad, para ganarse la confianza de la población. Foto: Ojo Público/ Renato Pajuelo
Los líderes locales señalan que entre los impactos sociales de la minería ilegal está el aumento de casos de VIH. Según datos del gobierno regional de Amazonas, el número de personas con VIH en la provincia de Condorcanqui –que incluye los distritos de Río Santiago, El Cenepa y Nieva– ha aumentado en los últimos cuatro años. Mientras que en 2020 había 40 casos, en 2024 se registraron 338 casos. Es decir, un aumento del 845%.
De acuerdo a Roberto Rivera Sánchez, director de la Red de Salud de Condorcanqui, el 80% de los nuevos casos corresponden a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 25 años.
Nulo control
A lo largo de todo el trayecto por el río Santiago, durante toda la semana, el equipo de Ojo Público no halló ninguna embarcación fluvial policial o militar que controlara el río o la frontera, a pesar que a lo largo están los puestos militares Teniente Pinglo, Ampama, Candungos, Cahuide y Subteniente Castro.
En la línea de frontera con Ecuador, a una hora en bote de la comunidad de Onanga, ninguna señal indica el límite del territorio peruano. Al otro lado está el cantón ecuatoriano de Tiwintza. El puesto más cercano a la frontera, a unos cientos de metros de la línea de frontera se encuentra el puesto militar Cahuide.
El césped del camino de acceso desde el río hasta los dos barracones que protegen el puesto está bien cuidado. En la zona, un militar confirmó a Ojo Público que los soldados no intervienen dragas o embarcaciones. Su tarea es, explica el joven efectivo, entrar en acción en caso de “invasión“. No controlan qué personas o mercancías entran o salen del Perú.
INACCIÓN. La actividad ilegal se ha asentado con fuerza en cuatro comunidades, entre ellas San Juan, y pese a que la policía está informada no actúa. Foto: Ojo Público / Renato Pajuelo
La policía podría intervenir las dragas, pero un joven agente del único puesto del río Santiago –ubicado en Nieva– señala que ellos tampoco realizan controles ni intervenciones en el agua: “No tenemos chalupa propia. Si necesitamos una, tenemos que solicitar a la municipalidad”, señala.
Hasta principios de marzo, la comisaría estaba situada al lado del muelle principal de Nieva. Desde la puerta, los agentes pueden ver cómo los botes van cargados con bidones de combustibles. “Pero solitos no hacemos nada”, señala un policía.
AFECTACIÓN. La excesiva erosión del cauce por la minería ilegal modifica el curso natural del río Santiago. Foto: Amazon Conservation Team Colombia / Cortesía de MAXAR Technologies
En la última operación contra la minería ilegal en el río Santiago, la policía recibió el apoyo de las fuerzas armadas. El 25 de enero de este año, volaron una draga en las orillas de la comunidad de Belén y destruyeron una carretera en El Cenepa que se utilizaba para transportar materiales de la minería ilegal.
Consultado sobre cómo el gobierno peruano busca enfrentar la minería ilegal en Amazonas, el Ministro de Energía y Minas, Jorge Luis José Montero Cornejo, solo dijo que “se están haciendo varias acciones de interdicción. En la zona del Nanay, en la zona de la cordillera del Cóndor, en Condorcanqui en Amazonas”. Y señaló que, según ellos, “lo único que queda para hacer [contra la minería ilegal] es la interdicción“.
Relámpagos de autodefensa ante el olvido
En marzo de 2024, los wampis fundaron el grupo de vigilancia Charip, formado por más de treinta comuneros de la comunidad de Villa Gonzalo. Charip significa relámpago.
“Los mineros están contaminando nuestros ríos, por eso estamos aquí“, dice uno de los vigilantes, cuyo nombre se mantiene en reserva por su seguridad. Con un puesto de control ubicado a tres horas de la frontera con Ecuador, controlan embarcaciones sospechosas de transportar insumos para la minería ilegal.
Hace dos años, esta organización indígena identificó más de 30 dragas en el río Santiago. Los wampis atribuyen la significativa reducción debido al control ejercido por este grupo.
Una intervención del grupo atrajo la atención nacional en abril del año pasado: los Charip detuvieron a tres policías peruanos en una embarcación que transportaba insumos para la minería ilegal. Ojo Público reveló que uno de los agentes poseía una concesión minera de 500 hectáreas en el vecino distrito de El Cenepa.
AUTODEFENSA. Los guardias Charip revisan lo que llevan las embarcaciones procedentes de puntos como la frontera con Ecuador. Foto: Ojo Público / Renato Pajuelo
La vigilancia indígena, sin ningún apoyo del gobierno nacional y local, ha expuesto a los dirigentes wampis. Actualmente la situación es tensa y varios líderes están siendo amenazados por los mineros ilegales. Las amenazas llegan por WhatsApp y Facebook.
El 27 de febrero de 2025, a las 7:13pm, un dirigente indígena recibió un mensaje de un número desconocido. Preguntó amablemente quién era, y la respuesta no fue un nombre, sino la información de que es “de Pucallpa”. Sin sospechar nada malo, el dirigente preguntó cómo podía ayudar. El número desconocido insta a una reunión con representantes de la nación wampis antes de que el tono cambie: “tarde que temprano tienen que pagar”.
Los opositores a la minería ilegal son difamados y acusados no solo con mensajes, sino también a través de rumores difundidos en las comunidades.
Los mineros ilegales y sus cómplices vigilan quién se acerca a las comunidades. Personas desconocidas son identificadas rápidamente y, gracias al internet por satélite, la información sobre su visita se comparte en pocas horas entre las comunidades vinculadas a la minería.
La ruta del oro
La mayor parte del oro extraído ilegalmente de los ríos de la Amazonía peruana se comercializa clandestinamente. En Tiwintza, el primer centro poblado del lado ecuatoriano de la frontera en el río Santiago, también se encuentran tiendas que compran oro. En una tienda que vende teléfonos móviles, un hombre ofrece 68 USD por un gramo de oro, el equivalente a S/250.
Fuentes contactadas por Ojo Público, señalan que el oro del río Santiago sale de la región en dos direcciones. El mineral de la parte más cercana a la frontera es transportado hacia Ecuador. Mientras, que el oro de la parte más cercana a Nieva, continúa hacia Chiclayo, en la costa peruana, una ciudad ubicada a 16 horas en bus desde Nieva.
BRILLO SUCIO. Un hombre en una joyería de Chiclayo muestra oro recién entregado y sin procesar procedente del departamento de Amazonas. Foto: Ojo Público/ Aaron Wörz
En Chiclayo las tiendas que compran oro se multiplican. El vendedor de una joyería, entrevistado para este reportaje, confirma – mientras exhibe trozos de oro del río Marañón– que compra y usa oro del departamento del Amazonas para sus collares y pulseras.
El oro extraído ilegalmente de la Amazonía termina siendo blanqueado no solo en joyerías, sino también a través de intermediarios que acopian y luego –con papeles falsos– permiten la exportación e incorporación al mercado formal. Entre 2014 y 2023, el Perú —principal productor y exportador de oro en Sudamérica— produjo oficialmente 1,233 toneladas del mineral, pero en ese mismo tiempo exportó 4,083 toneladas. Es decir, el 70% del oro exportado tuvo un origen no legal.