Por Miguel Ángel Ibarra Trujillo- Politólogo.
Desde su nacimiento, la ciencia política en el Perú ha generado controversias y desidias entre las diversas disciplinas de las ciencias sociales, sobre todo entre quienes no siendo politólogos, buscaban ser reconocidos como tales a costa de desvirtuar la identidad de la politología y su propio espacio laboral.
Los politólogos hemos sobrevivido 37 años al frio invierno de las desidias e indiferencias de “los perros del hortelano”, es decir de quienes viven de la ciencia política pero no dejan que los politólogos vivan de ella.
Los detractores no reconocen que la institucionalización de la ciencia política se inicia en el año 1987, con la conformación de la comisión organizadora de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y su primer examen de admisión a mediados del año 1988. Hecho que promovería en el 2001, es decir 14 años más tarde, la creación de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Marcos, y en el 2006, es decir diecinueve años más tarde, la creación de la escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú; entre otras importantes escuelas, creadas posteriormente en la ciudad capital.
Pero es en el año 2011, que la Ciencia Política abandona su perfil capitalino, al crearse la Escuela de Ciencia Política y Gobernabilidad en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, seguida en el año 2012, por la Escuela de Ciencia Política y Gobernabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo, en el 2013 con la Escuela de Ciencia Política en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y en el 2015 con la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. La ciencia política se habría paso en todo el país, pero no rompía el monopolio de las vacas sagradas del perro del hortelano.
El incontenible avance de la politología, llevo a sus profesionales, a constituir el 06 de julio de 2007, la “Asociación Nacional de Politólogos del Perú”, con el fin de promover e impulsar la creación del Colegio de Politólogos del Perú y su reconocimiento por ley.
Según un informe oficial de SUNEDU a febrero del año 2022, es decir hace casi dos años, había un total de 2,846 politólogos de carrera entre bachilleres y titulados. Casi la mitad, según referían los ministerios consultados, se encontraban en la administración pública. Algunos, incluso, ocupan cargos de elección popular, como el caso del politólogo Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, o del politólogo Hernán Sifuentes, actual alcalde de San Martin de Porras, entre otros.
Los detractores del Colegio de Politólogos, señalan que la ley prohibiría que docentes de otras disciplinas estén impedidos de enseñar en las escuelas de ciencia política; además, que ningún otro profesional podría opinar sobre temas de la ciencia política; y que la colegiación generaría un mercantilismo al obligar a pagar a sus agremiados para ejercer la profesión sin recibir beneficio alguno.
Todos estos argumentos son falsos y responden a una estrategia que busca minimizar y desvirtuar el espacio laboral de la ciencia política, promover un centralismo y permitir que ciertas castas usufructúen de lo que la academia no les ha dado.
Respecto a la enseñanza en universidades, los detractores olvidan o desconocen, que la Constitución Política del Perú de 1993, garantiza el derecho a la autonomía universitaria y la libertad de catedra. Y que la Ley 30220, Ley Universitaria, asegura en el marco de dicha autonomía la libre designación de docentes. Es decir, algunos perros del hortelano no se quedarán sin trabajo. Solo que no podrán llamarse politólogo.
Respecto a la libertad de opinión, los detractores olvidan nuevamente, que la Constitución Política del Perú garantiza el derecho constitucional a la libertad de opinión y de expresión. Es decir, todo ciudadano, profesional o político, seguirá teniendo el derecho a expresar sus ideas sobre la realidad nacional o la coyuntura política libremente. Solo que no podrán usar la denominación de politólogo.
Respecto al pago, es el estatuto de cada colegio profesional y los acuerdos de su asamblea, ósea la decisión de todos los agremiados, la que determina ello.
Esta ley busca cautelar el ejercicio y denominación de la profesión, proteger los derechos laborales de los politólogos, brindarles acceso a servicios sociales como seguro de salud y sepelio, promover una bolsa de empleo; así como incentivar la investigación y facilitar la capacitación permanente de sus agremiados, promoviendo la titulación de los politólogos, contribuyendo con el desarrollo político y social del país en el marco de sus competencias profesionales.
El debate de la ley que crea el Colegio de Politólogos del Perú, lleva 17 años de vigencia, habiendo sido ampliamente debatido por 5 congresos desde el año 2007, con más de cuatro iniciativas de ley de diversos grupos políticos. Siendo el Proyecto de Ley N°1049/2016, aprobado por el pleno del Congreso el 15 de mayo del 2019 y observado por el ejecutivo el 11 de junio del mismo año, el que reflejaría el oscuro interés de algunos personajes que con hipocresía defienden la Ciencia Política.
Las vacas sagradas del perro del hortelano, han secuestrado a la ciencia política, para ganar consultorías en el estado y ONGs, así como manipular la opinión pública y direccionar la voluntad popular. Ellos y sus comisiones de notables nos han heredado todos los partidos y los odios que hoy tenemos. Para ellos la creación de un Colegio de Politólogos es una amenaza a su statu quo capitalino.
El futuro y la supervivencia profesional y laboral de las nuevas generaciones de politólogos, no se encuentra entre las voces que quieren confundir y desvirtuar el perfil profesional de la carrera, sino entre los politólogos de carrera que laboran día a día en calle para llevarle un plato de comida a sus familias y que buscan fortalecer su espacio laboral a través del Colegio de Politólogos del Perú.