Destituido cuando estaba en UCI con covid-19

Exfiscal supremo gana demanda de amparo, y podría volver a alto puesto del Ministerio Público.

Por César Rojas– Diario EXPRESO.
En un hecho casi excepcional, jueces peruanos resolvieron contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La Segunda Sala Constitucional de Lima ordenó que se reconsidere la destitución al exfiscal supremo Tomás Gálvez. 
“Fundada en parte la demanda de amparo, ordena a la JNJ declarar la nulidad de la Resolución N°059-2021-PLENO-JNJ de fecha 02 de agosto de 2021”, resolvieron los magistrados superiores Roberto Vílchez Dávila, Eduardo Romero Roca y David Suárez Burgos.

Essalud corrobora estado de Tomás Gálvez

Esto confirmaba una decisión de primera instancia, la cual validaba la destitución a Gálvez, pero ordenaba a los dirigidos por Antonio de la Haza aceptar a trámite y evaluar el pedido de reconsideración. La razón era que el investigado había estado al borde de la muerte por la covid-19.
El procurador de la JNJ había señalado que, en sede administrativa, no se había cumplido con acreditar la fecha de su alta médica.
Sin embargo, la sala constitucional recuerda que ya existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional. “Cualquier duda que pudiera existir sobre el estado de salud del actor al momento de ser notificado con la decisión de destitución, fue totalmente despejada con el Oficio N°551-GRPA-ESSALUD-2022”, se precisa en la sentencia.

Casi muere

El 8 de mayo de 2021, Gálvez Villegas ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Estuvo en coma inducido varias semanas, y recién el 12 de julio de ese año salió de alta.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte desactivó el equipo especial de la Policía Nacional (PNP) que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Ministerio de Interior desactiva el equipo especial de policías que apoya al Eficcop

Mediante una resolución ministerial, se dejó sin efecto la norma emitida durante la gestión de Mariano González en el Ministerio del Interior, en julio del 2022.

Mediante una resolución ministerial, dejó sin efecto la norma emitida durante la gestión de Mariano González en el Ministerio del Interior, en julio del 2022.
En el documento, al que accedió este Diario, se menciona la existencia de una supuesta “duplicidad de funciones” de dicho equipo policial con las labores de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
“La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, en el marco de sus competencias, dispone las acciones que resulten necesarias para dar continuidad al apoyo que se viene brindando al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder”, indica.
Como se recuerda, el equipo policial colaboraba con el grupo de fiscales, que encabeza Marita Barreto, en las investigaciones contra Dina Boluarte por el Caso Rolex.
Este equipo especial de policías se había creado a solicitud de la fiscal Barreto, quien pidió al Ministerio del Interior (Mininter) para que se proceda con la conformación de un grupo de policías expertos en técnicas especiales de investigación e inteligencia.
“Como consecuencia de lo advertido, se ha dispuesto el inicio de las investigaciones administrativo-disciplinarias contra quienes resulten responsables por la emisión de un dispositivo legal sin sustento y que contraviene manifiestamente el marco normativo y constitucional, así como la adopción de medidas legales contra los funcionarios públicos que hubieran dispuesto su emisión de manera manifiestamente ilegal, contraviniendo lo previsto en la Constitución”, señaló el sector que dirige el ministro Walter Ortiz.
Fuente: Diario El Comercio.
El Gobierno de Dina Boluarte dispuso la desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional que estaba encargado de dar apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) mediante una resolución firmada por el ministro del Interior, Walter Ortiz.
En el documento se dejó sin efecto las resoluciones ministeriales previas con las que se daba cuenta de que el equipo de apoyo policial al  Eficcop está integrado por jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú, encargado de la coordinación general, y por el jefe de la División de lnteligencia Antidrogas de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú.
El Ministerio del Interior se pronunció luego que se desactivó el equipo especial de la Policía Nacional (PNP) que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Mediante una resolución ministerial, dejó sin efecto la norma emitida durante la gestión de Mariano González en el Ministerio del Interior, en julio del 2022.
“Se comprobó que para la emisión de la Resolución del 2022, que conformaba el EFICCOP, no se emitió ningún dictamen o informe legal por Asesoría Jurídica de la PNP sobre la viabilidad jurídica de la creación del equipo especial de apoyo a la EFICCOP”, señala el comunicado.
El Mininter agregó que tampoco se emitió ningún informe técnico por parte de la División de Modernización y Desarrollo Institucional que dé conformidad con el “Decreto Legislativo 1267, pese a que constituyen unidades orgánicas cuyas opiniones eran imprescindibles para la emisión de una dispositivo legal que modificaba la organización y funcionamiento de la estructura policial”.
Se continuó precisando que su emisión “se dictó sin la observencia de los requisitos indispensables, se procedió a la regularización de su vigencia cumpliendo con el marco normativo vigente, de acuerdo a lo previsto en el marco constitucional citado”.
“Debemos aclarar que la Resolución Ministerial deja sin efecto la resolución ministerial que nombra al equipo especial de EFICCOP, sin cuestionar la competencia y funciones de la DIVIAC, quienes siguen realizando labores de inteligencia e investigación contra el crimen organizado a nivel nacional”, precisó el Mininter.
También se inició una investigación administrativo disciplinaria a quienes resulten responsables por la emisión de “un dispositivo legal sin sustento y que contraviene manifiestamente el marco normativo y constitucional”.
Fuente: Radio Programas del Perú y Diario Correo.

Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda son detenidos por EFICCOP

El operativo fue ejecutado por la DIVIAC y Fiscalía en horas de la mañana. También se ordenó la detención de Jorge Ortiz Marreros, Noriel Chingay Salazar, Zenovia Griselda Herrera Vasquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Walter Ugarte Nina. Además, ordenó la incomunicación de estas personas, una vez que sean detenidas.
Según la resolución judicial, emitida por el juez carcelero Richard Concepción Carhuancho, indica que Mateo Castañeda formaría parte de una organización criminal cumpliendo el rol de “operador-brazo legal de una organización política” y habría estado involucrado en la “neutralización de investigaciones penales seguidas contra Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra“.
En líneas siguientes del documento se lee que Castañeda habría ofrecido “acuerdos ilícitos al coronel de la policía nacional del Perú (PNP), Walter Pajuelo y al coronel Harvey Colchado” buscando “obtener información que involucre en algún hecho ilícito la presidenta Dina Boluarte“.
En el marco de la operación ‘Valkiria Jericó’ sobre el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficoop) y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) están allanando 26 propiedades e incautando bienes. Además, se ha autorizado el levantamiento secreto de las comunicaciones para obtener información de los dispositivos electrónicos de 22 personas investigadas.
La EFICCOP ha ejecutado una orden de detención contra Nicanor Boluarte Zegarra, mientras que la DIVIAC y la Fiscalía han arrestado a otros implicados en este operativo, según precisó Rodrigo Cruz, periodista de Latina Noticias.
Este personaje, aparentemente respaldado por su hermana, la Presidente de la República Dina Ercilla Boluarte Zegarra, habría orquestado una red para obtener beneficios económicos mediante el control de nombramientos políticos y la manipulación de afiliaciones partidarias.
La organización delictiva, según se señala, utilizó sofisticadas estrategias legales para encubrir sus actividades ilícitas. Sin embargo, el escrutinio mediático en noviembre de 2023 destapó su operación, lo que desencadenó investigaciones por presunto tráfico de influencias contra Boluarte Zegarra y su intento de cooptar miembros del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder.
La trama se torna aún más intrigante con la presunta tentativa de soborno a miembros clave del equipo fiscal, incluyendo al Coordinador General y otros cercanos a él. Este esfuerzo apunta a neutralizar las investigaciones y garantizar la continuidad del poder en una eventual contienda electoral.
Fuente: Frecuencia Latina, Radio Programas del Perú y Exitosanoticias.pe

Persecución contra la PNP, más allá del caso Elvis Miranda: todo sobre la denuncia pública del exministro del Interior, Remigio Hernani

Consideran urgente una reforma total del Ministerio Público y el Poder Judicial para evitar sancionar a policías que cumplen su deber.

Por Harold Salinas– Diario EXPRESO.
“Los fiscales que liberan delincuentes todos los días, quieren encarcelar a miembros de la PNP que abaten delincuentes. No es casual. Es la enorme influencia caviar en la fiscalía. El pueblo peruano aterrorizado por la violencia delincuencial, es el perjudicado por la política caviar. ¡Tenemos que detener esto!”.
Es la afirmación sólida del congresista y exministro del Interior, Fernando Rospigliosi (FP), que se hace eco cada vez con más fuerza entre una ciudadanía que ve, absorta, el desborde del crimen organizado y la incapacidad de las autoridades para detenerlo.
El caso del policía Elvis Miranda, para quien un fiscal de Piura ha solicitado tres años de cárcel por abatir a un delincuente en flagrancia, con el añadido que debe pagar a la familia del criminal 50 mil soles de ‘reparación civil’, es la gota que rebasado la repulsa popular para este sinsentido en que los delincuentes tienen más derechos humanos que los policías.
Por eso es que, en las calles, se escucha, a peruanos de a pie, reclamar al Gobierno que siga el ejemplo de Ecuador, donde el presidente Daniel Novoa ha ordenado exculpar de todo a los policías y militares que abaten a delincuentes en flagrancia.
Así las cosas, es obvio que en la actualidad existe una persecución por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial (PJ), según señalan especialistas, contra el trabajo que desempeñan los miembros de la Policía Nacional (PNP), quienes son sometidos a procesos penales tan solo por cumplir su deber.
Tal es el caso del citado suboficial (PNP), Elvis Miranda Rojas, quien iría a la cárcel luego que la Fiscalía solicitó tres años de prisión efectiva por abatir a un delincuente en Piura.
Como esta situación existen otros casos a nivel nacional, donde los agentes del orden son procesados sin previa investigación de parte del Ministerio Público, solo por utilizar sus armas tal como lo indica su propio reglamento.
Con respecto al policía Elvis Miranda, los hechos se remontan al año 2019, cuando el citado agente policial disparó a Juan Carlos Chocán, quien estaba robando una billetera a mano armada a dos ciudadanos.
Este acontecimiento desencadenó una serie de eventos que mantuvieron a Miranda en el centro de un largo y complejo proceso judicial. El sujeto que perdió la vida en este altercado es un desertor del Ejército que tiene antecedentes penales. La respuesta de sus parientes fue violenta, porque atacaron la comisaría de Tacalá con piedras y palos.
La fiscal Lilia Castillo Chirinos, ante la gravedad del incidente, solicitó prisión preventiva para Miranda. El 16 de enero de 2019, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla dictó siete meses de prisión preventiva contra él. Esta decisión fue respaldada por el entonces ministro del Interior, Carlos Morán Soto.
Miranda estuvo cinco años con la angustia por el proceso legal, que concluyó con el pedido de cárcel en contra de su persona por parte del Ministerio Público. Además, tendría que hacer un pago de 50 mil soles en favor del Estado y la familia del citado delincuente.
En diálogo con EXPRESO, el congresista Fernando Rospigliosi (FP) insistió que el Ministerio Público persigue de manera ideológica a la Policía.
“No hay indiferencia, hay un intento persecutorio, hay una ideología izquierdista, caviar que ha sido inoculada sistemáticamente tanto en jueces como en fiscales que tratan a los policías como delincuentes. Eso es peligrosísimo en una situación como la actual donde hay una violenta ola delincuencial, y que los magistrados en lugar de proteger a los policías hacen las cosas al revés, esto es una corriente mundial de las ideas izquierdistas y caviares que persiguen a la PNP y a los militares”, indicó.
“Los fiscales se ensañan con los policías y tratan de llevarlos a la cárcel por cumplir con su deber”, señaló Rospigliosi contó que el enemigo de un policía también es otro miembro de su propia institución, esto porque existe una confabulación con fiscales para dañar a otros agentes del orden.
Explicó que existe un caso de 60 efectivos policiales que están siendo procesados por cumplir con su obligación cívica de defender a los ciudadanos contra la criminalidad creciente.