Sábado 8 de octubre: Parte de la avenida Tacna, pasa por avenida Emancipación, los jirones Chancay y Conde de Superunda. Finalmente, retorna al santuario de las Nazarenas por la avenida Tacna.
Martes 18 de octubre: Parte de la avenida Tacna, transita por avenida Emancipación, jirón Cuzco, avenida Abancay, jirón Huallaga, jirón Cangallo, jirón Junín, jirón Huánuco; dobla por jirón Puno para visitar el Hospital Dos de Mayo. Prosigue por la avenida Grau, visita el Hospital Guillermo Almenara, para entrar a la avenida Iquitos hasta la parroquia Nuestra Señora de las Victorias, donde pernoctará.
Miércoles 19 de octubre: El Cristo Moreno recorre la avenida 28 de Julio, avenida Brasil, avenida 9 de Diciembre, avenida Paseo de la República, jirón Carabaya. Luego bordea la plaza San Martín para tomar la avenida Nicolás de Piérola. Finalmente, llega a la avenida Tacna para ingresar a la iglesia de las Nazarenas.
Viernes 28 de octubre: Parte de la avenida Tacna, avenida Nicolás de Piérola, jirón Cañete y avenida Alfonso Ugarte. Después ingresa al hospital Loayza, vuelve a tomar la avenida Alfonso Ugarte, jirón Pomabamba, jirón Varela, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega. Por último, retoma la avenida Tacna para entrar a la iglesia Las Nazarenas.
Martes 1 de noviembre: En su último trayecto, el Señor de los Milagros pasa por la avenida Tacna, el jirón Callao y la avenida Emancipación. Finalmente, regresa por avenida Tacna para ingresar al convento de las Nazarenas.

Fuente: Hermandad del Señor de los Milagros.

Santísima Virgen de las Mercedes, Gran Mariscala y Patrona de las Fuerzas Armadas del Perú

Nuestra Señora de la Merced, fue proclamada patrona de las Fuerzas Armadas en 1823 por el Congreso Constituyente presidido por Francisco Javier Luna Pizarro y en 1921 se le otorgó el título de Gran Mariscala del Perú. Su día, el 24 de setiembre, es también el día de las Fuerzas Armadas en su honor.
La devoción a la Santísima Virgen se encuentra extendida a lo largo y ancho del territorio nacional: Alcaldesa Perpetua y Patrona de la ciudad de Paita.
Patrona de la provincia de Carhuaz.
Patrona de la ciudad de La Merced, Chanchamayo.
Patrona de la ciudad de Juanjuí.
Patrona de la ciudad de Juliaca.
Patrona del distrito de Paramonga.
Patrona del distrito de La Merced, Aija.
Patrona del distrito de Incahuasi, Ferreñafe.
Patrona del distrito de Chumuch, Celendín.
La devoción a la Virgen de las Mercedes trasciende fronteras y es celebrada en todo el mundo el día 24 de setiembre.
Fuente: NoticieroLibre.com

Por Sandro Magister- Settimo Cielo Blog L’Espresso.
Quien da la voz de alarma es Alberto Melloni, un historiador de la Iglesia marcadamente progresista y coautor de la más monumental historia del Vaticano II publicada hasta la fecha. Pero no es el único. Dos cardenales de primera magnitud y muy versados en teología, como el alemán Walter Kasper y el canadiense Marc Ouellet, que tampoco son clasificables entre los conservadores, también han llamado la atención sobre el peligro de anular una de las conquistas del Concilio Vaticano II.
El punto en cuestión está en el párrafo en el que “Praedicate Evangelium”, la Constitución apostólica firmada por el papa Francisco que reformó la curia y que entró en vigor el pasado Pentecostés, establece que “cualquier fiel puede presidir un dicasterio u organismo curial” si el Papa le otorga el poder para hacerlo.
Pero esto es precisamente lo que sucedió en la Iglesia durante muchos siglos, cuando se separaron las potestades de orden, es decir, las que derivan del sacramento de la ordenación episcopal, y las potestades de jurisdicción, por ejemplo, atribuyendo a las abadesas una autoridad de gobierno igual a la de un obispo, o asignando una diócesis a un cardenal que no había sido ordenado obispo ni sacerdote.
A lo largo del primer milenio no se conocieron estas “aberraciones”. Y es a la tradición original a la que el Concilio Vaticano II ha querido volver, en la Constitución dogmática sobre la Iglesia “Lumen Gentium”, retomando la conciencia de la naturaleza sacramental, antes que jurisdiccional, del episcopado y de los poderes a él vinculados, no sólo los de santificar y enseñar, sino también el de gobernar.
Las votaciones clave sobre estos puntos en el Concilio tuvieron lugar en septiembre de 1964. Y los opositores fueron poco más de 300 respecto a unos 3,000. Pero hoy, con la nueva curia reformada por el Papa Francisco, los que ganan son nuevamente los primeros.
Para ilustrar las nuevas reglas de la curia a los cardenales que las discutirán el 29 y 30 de agosto en el consistorio, está el informe que Marco Mellino –obispo secretario del consejo restringido de cardenales que elaboró la reforma con el Papa– presentó el 9 de mayo pasado a los dirigentes curiales reunidos, publicado el 9 de agosto en “L’Osservatore Romano”.
En ese informe, Mellino escribe sin rodeos que también el Código de Derecho Canónico, en los cánones 129§1 y 274§1, debe interpretarse según las nuevas normas, “según las cuales la potestad de gobierno no se da con el Orden Sagrado, sino por la provisión canónica de un oficio”, por tanto, también a simples bautizados.
Exactamente como ya había explicado el 21 de marzo de 2022 al presentar a la prensa “Praedicate Evangelium” el jesuita Gianfranco Ghirlanda, canonista principal del papa Francisco y ahora nombrado cardenal por él, verdadero autor de toda la reforma:
“Si el prefecto y el secretario de un dicasterio son obispos, esto no debe llevar a pensar que su autoridad proviene del rango jerárquico que han recibido, como si actuaran con un poder propio, y no con el poder vicario que les confiere el Romano Pontífice. El poder vicario para ejercer un oficio es el mismo si se recibe de un obispo, de un presbítero, de un consagrado o de un laico”.
Pero dejemos la palabra a los cardenales Ouellet y Kasper.
Del primero, que es prefecto del Dicasterio para los Obispos, se reproduce a continuación la parte inicial de su ensayo “La reforma de la Curia Romana en el ámbito de los fundamentos del derecho en la Iglesia”, publicado en “L’Osservatore Romano” el 20 de julio de 2022.
Ouellet describe allí claramente el estado de la cuestión, con el nítido contraste entre las grandes escuelas canónicas de Eugenio Corecco y Klaus Mörsdorf, en línea con el Concilio Vaticano II, y la posición anticonciliar y “positivista” del padre Ghirlanda y la escuela jesuita actual.
Pero su ensayo debe ser leído en su totalidad, porque Ouellet desarrolla en él una refinada reflexión “que podría ayudar a desentrañar esta cuestión a la luz de una eclesiología trinitaria y sacramental”, y además llega “sutilmente” a una propuesta para reescribir el controvertido canon 129 del Código de Derecho Canónico.
En cuanto al cardenal Kasper, quien fue presidente del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, el texto que reproducimos aquí es un breve extracto de su prefacio al volumen del canonista Giuseppe Sciacca, ex secretario del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, “Nodi di una giustizia. Problemi aperti del diritto canonico”, publicado por Il Mulino en 2022.
“UNA REVOLUCIÓN COPERNICANA EN EL GOBIERNO DE LA IGLESIA”
Por Marc Ouellet
La reserva de fondo que aflora, al evaluar la Constitución “Praedicate Evangelium”, se refiere a la decisión de integrar a los laicos en el gobierno de la curia, lo que significaría resolver de hecho una muy antigua controversia en la historia de la Iglesia, a saber, si el poder de gobierno está necesariamente vinculado o no al sacramento del Orden.
“Praedicate Evangelium” asumiría implícitamente la opción de no considerar el sacramento del Orden como el origen del “poder de jurisdicción”, sino de atribuirlo exclusivamente a la “missio canonica” otorgada por el Papa, que conferiría así una delegación de sus propios poderes a cualquiera que ejerza una función de gobierno en la curia romana, ya sea un cardenal, un obispo, un diácono o un laico.
Algunos juristas señalan que esta posición representa una revolución copernicana en el gobierno de la Iglesia, que no estaría en continuidad o incluso iría en contra del desarrollo eclesiológico del Concilio Vaticano II. De hecho, éste planteó el tema de la sacramentalidad del episcopado y de la colegialidad, pero sin resolver del todo la cuestión del origen de la “sacra potestas”.
Los expertos en Derecho Canónico debaten desde hace siglos para entender cuál es el origen de esta “sacra potestas” que determina la estructura jerárquica de la Iglesia y su modo de gobernar al pueblo de Dios. ¿Se trata de una voluntad divina (inmediata) inscrita en el sacramento del Orden que funda los poderes para santificar, enseñar y gobernar, o se trata más bien de una determinación de la Iglesia (mediada), conferida al sucesor de Pedro en virtud de su mandato de pastor universal con la asistencia especial del Espíritu Santo?
La historia aporta elementos que pueden interpretarse a favor de una u otra posición. La tendencia a separar las potestades de orden y de jurisdicción se basa en muchas disposiciones papales del pasado, que han avalado actos de gobierno sin la potestad de orden, por ejemplo, el gobierno de algunas abadesas desde la Edad Media hasta los tiempos modernos, algunos obispos que han gobernado diócesis sin haber sido ordenados, o también algunas licencias concedidas por el Papa a simples sacerdotes para ordenar a otros sacerdotes sin ser obispos, etc.; se podría alargar la lista de hechos que muestran cómo la potestad de gobierno no depende intrínsecamente de la potestad de orden, sino de otra fuente, que luego se identifica con la “missio canonica” conferida por el Papa.
La escuela canonista de Eugenio Corecco (1931-1995) y los canonistas de Múnich interpretaron algunos de estos hechos como casos límite o aberraciones (¡obispo no ordenado!) y se esforzaron por demostrar la lenta toma de conciencia por parte de la Iglesia de la naturaleza sacramental del episcopado y de los poderes relacionados con él (“Lumen Gentium”, n. 21). De ahí el esfuerzo del Concilio Vaticano II por arraigar explícitamente las potestades de santificar, enseñar y gobernar en la potestad de orden, dejando abierta a la discusión de los expertos la cuestión del fundamento de la distinción y de la unidad de la potestad de orden y jurisdicción.
¿La nueva constitución iría más allá del canon 129§2 del Código de Derecho Canónico, que dice: “En el ejercicio de la misma potestad [de jurisdicción], los fieles laicos pueden cooperar a tenor del derecho”? ¿Cómo se pueden conciliar los acontecimientos históricos con el derecho actual, que refleja la nueva conciencia sacramental de la Iglesia? En un sentido más amplio, ¿cómo explicar teológicamente el fundamento de la unidad de estos dos poderes, reconociendo al mismo tiempo su distinción y complementariedad operativa?
Si se siguen las tesis de Corecco, la posición del padre Gianfranco Ghirlanda y de la actual escuela jesuita sería positivista y no incorporaría los avances del Concilio Vaticano II. Afirmaría la unidad de la “sacra potestas” y, por tanto, la raíz sacramental del “tria munera” de santificar, enseñar y gobernar. ¿Qué agregaría entonces la “missio canonica” a la potestad de orden, si ésta ya contenía el fundamento de la jurisdicción?
La contribución de Klaus Mörsdorf (1909-1989), el gran maestro de la escuela de Múnich, radica en haber afirmado que el sacramento del Orden confiere ya el fundamento de la idoneidad para los “tria munera”, aunque la “missio canonica” le añada la inserción efectiva en el colegio de los obispos mediante el encargo simultáneo de la responsabilidad de una Iglesia particular.
Más que nadie, Mörsdorf ha reflexionado, estudiado y publicado sobre esta cuestión, que en su opinión merece especial atención para evitar derivaciones cismáticas. Se cuida en distinguir sin separar los dos poderes, que están intrínsecamente unidos en la identidad sacramental del obispo dedicado a una comunidad particular. Reconoce, sin embargo, que aún faltan investigaciones multidisciplinares -históricas, dogmáticas, sacramentales, canónicas- para dar cuenta del fundamento de esta múltiple y a la vez única “sacra potestas”.
“CON CONSECUENCIAS NO SIEMPRE FELICES”
Por Walter Kasper
El área principal en la Iglesia y Derecho se encuentran es la naturaleza sacramental de la Iglesia. […] El primer milenio mantuvo el arraigo sacramental del ordenamiento jurídico; sólo en el segundo milenio se verificó una coexistencia y un dualismo entre la autoridad conferida sacramentalmente por la ordenación y la autoridad de dirección o jurisdicción conferida por mandato. Así, el Derecho pudo desligarse de la vida sacramental de la Iglesia y también pudo desarrollarse en una cierta vida propia con consecuencias no siempre felices. […]
El Concilio Vaticano II tiende a reconectar las dos áreas y a unir las dos potestades, “ordo” e “iurisdictio”, en la única “sacra potestas”, la que se confiere, en su plenitud, en la ordenación episcopal, que, naturalmente, sólo puede ejercerse en la comunión jerárquica con la Cabeza y los miembros del colegio episcopal (“Lumen Gentium”, n. 21). La “sacra potestas” no es un fin en sí mismo, sino que está al servicio de la edificación de la Iglesia, del bien de todo el Cuerpo de Cristo y de la cooperación libre y ordenada de todos los miembros (“Lumen Gentium”, n. 18). Este carácter de servicio está ya en “Lumen Gentium” n. 8, establecido cristológica y soteriológicamente, y es reafirmado claramente en los documentos del Concilio.
La “sacra potestas” no tiene que ver con el poder, ni con la justa distribución del poder y la distribución proporcional del mismo. Se trata del ejercicio del triple ministerio de la proclamación, de la celebración y administración de los sacramentos y del ministerio pastoral del gobierno de la Iglesia. Deben hacerse en nombre de Cristo, lo que al mismo tiempo significa a la manera y según el ejemplo de Cristo. Así, la pirámide jerárquica se invierte. La cima está en la base, el oficio jerárquico debe hacerse servicio y el Papa es el siervo de los siervos de Dios (Mc 9, 35; 10, 43; Jn 13, 15 y ss.; 1P 5, 3). Por el contrario, los que aspiran al cargo eclesiástico para compartir el poder cabalgan montados en un caballo muerto.

El Papa Francisco y los Cardenales. Foto: Alessandro Sardo
Por Sandro Magister- Settimo Cielo Blog L’Espresso.
Con los nuevos cardenales que el papa Francisco tiene “in pectore”, aumentará el número de los que elegirán a su sucesor, pero no mejorará en absoluto la calidad del colegio cardenalicio, cada vez más fragmentado, disperso geográficamente, lleno de personas que se desconocen entre sí y que ya no están acostumbradas a reunirse en consistorio desde febrero de 2014.
No es de extrañar, por tanto, que las conjeturas sobre el resultado de un futuro cónclave vayan acompañadas de propuestas para reformar el sistema de elección del papa.
Brandmüller propone que el cónclave designado para elegir al sucesor de Pedro se corresponda mejor con sus orígenes históricos y sus fundamentos teológicos. El papa es ante todo el obispo de Roma y, por tanto, debe ser elegido por un colegio de cardenales verdaderamente “romanos”. Pero también es el pastor supremo de la Iglesia universal y, por tanto, el círculo de posibles electores debe ampliarse para incluir a los obispos de toda la Iglesia.
Menos electores y más elegibles. En pocas palabras, esta es la propuesta. Un cónclave más delgado y romano y un grupo de candidatos más amplio y universal.
Con una limitación, sin embargo, de los elegibles a aquellos que ya han vivido en Roma durante al menos algunos años, con un papel importante en la curia romana.
Esta limitación puede parecer reductora, si no irritante, para algunos. Brandmüller explica por qué. En cualquier caso, no está lejos de la realidad. Haber ocupado cargos en la curia romana es un requisito para casi todos los papas del último siglo: Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Benedicto XVI. Así como algunos de los papas sobre los que se rumorea hoy: los cardenales Luis Antonio Gokim Tagle, Marc Ouellet, Pietro Parolin…
Démosle la palabra al cardenal Brandmüller. ¡Buena lectura!

El problema de tantos cardenales que no se conocen y deben elegir un Papa

El cardenal Walter Brandmüller fue el Presidente de la Pontificia Comisión de Ciencias Históricas de la Santa Sede y elevado con el título cardenalicio por parte del Papa Benedicto XVI. Desde la discreción de su casa salta a la palestra de la discusión un tema que hasta ahora está pasando desapercibido: la actual legislación sobre el Colegio Cardenalicio y las dificultades que actualmente presenta dada las características verdaderamente globales de los cardenales, muchos de los cuales ni se conocen y sin embargo tienen en su voto el destino del futuro de la Iglesia, al menos por lo que toca a su dirección cuando el Papa actual ya no esté.
Ofrecemos a continuación el texto íntegro del pensamiento del Cardenal Walter Brandmüller. Tiene la riqueza de no sólo identificar problemas sino de también plantear soluciones:
La elección del Papa en la tensión entre el centro y la periferia. Una propuesta
Por Cardenal Walter Brandmüller
En una Iglesia que, como católica, abarca todo el mundo, la tensión entre el centro romano y la periferia geográfica se activa de manera especial cuando hay que elegir a un papa. Esto se debe a que, como sucesor de Pedro, el papa es tanto obispo de Roma como pastor supremo de la Iglesia universal.
Después de que en el año 1059, bajo el papa Nicolás II, la elección del pontífice quedara reservada a los cardenales romanos, los abades y obispos de las sedes importantes de Europa fueron a menudo elevados al título de cardenal y, por ende, a electores. La situación siguió siendo la misma incluso después de la gran expansión misionera en el Nuevo Mundo iniciada en el siglo XV, hasta que Pío IX y León XIII confirieron la púrpura cardenalicia, respectivamente, al arzobispo John McCloskey de Nueva York en 1875 y al arzobispo Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti de Río de Janeiro en 1905.
Estos dos nombramientos desencadenaron un proceso que condujo a un aumento significativo del número de cardenales, fijado previamente en 70 por Sixto V. De hecho, marcaron el inicio de la internacionalización del sagrado colegio, que con el papa Francisco ha ido aún más hacia la periferia de la Iglesia, hasta el punto de contar ahora con treinta cardenales de Asia y Oceanía. En cambio, los titulares de algunas sedes cardenalicias europeas tradicionales como Milán, Turín, Venecia, Nápoles, Palermo y París han permanecido sin la púrpura. Sería útil investigar -también por razones eclesiológicas- las motivaciones e intenciones de la maniobra antieuropea que aquí se evidencia.
Juan Pablo II aumentó el número de cardenales con derecho a voto en el cónclave a 120. Este aumento pretendía, y pretende, expresar la extensión geográfica de la Iglesia también a través del número y los países de origen de los cardenales electores. Sin embargo, uno de los efectos es que los 120 electores, en la medida en que provienen de la periferia, a menudo se reúnen por primera vez en los consistorios que preceden al cónclave y, por consiguiente, conocen poco o nada al colegio cardenalicio y, por ende, a los candidatos, incumpliendo así un requisito fundamental para votar responsablemente en el cónclave.
A ello se añade la evidente tensión entre el centro romano, es decir, la curia papal, y las iglesias locales, que a veces se vive de forma muy emocional y tiene cierta influencia en el voto.
Estas observaciones plantean una serie de cuestiones sobre el diseño y la estructura del colegio cardenalicio, que también afectan a los electores y a los elegibles al papado. A continuación intentaré dar algunas respuestas a estas preguntas, con una mirada a la historia.
I. El colegio cardenalicio tiene su origen en el clero de la ciudad de Roma, formado por los obispos de las diócesis suburbanas adyacentes, los presbíteros de los «tituli» romanos y los diáconos de las diaconías de la ciudad. Tras las turbulencias del «saeculum obscurum», el papa Nicolás II estableció por primera vez las normas legales para la elección del pontífice en su bula «In nomine Domini» de 1059. Según estas disposiciones, los cardenales obispos, tras consultar a los cardenales presbíteros y a los cardenales diáconos, elegían al papa, tras lo cual el resto del clero, junto con el pueblo, lo aprobaba por aclamación.
El hecho de que el ministerio papal esté vinculado a la sede episcopal de Roma se debe a que el primero de los apóstoles sufrió el martirio y fue enterrado allí. Pero el hecho de que Pedro trabajara en Roma, sufriera allí el martirio y fuera enterrado allí no es simplemente el resultado de la casualidad. La mirada del creyente discierne en ello la mano de la divina Providencia. En cualquier caso, el martirio y la sepultura de Pedro en Roma tienen una importancia teológica constitutiva. Ya estaba convencido de ello el obispo mártir Ignacio de Antioquía, que en su discutida y controvertida carta a la Iglesia de Roma, entre los siglos I y II, escribió que la Iglesia de Roma preside el «agápe», palabra que debería traducirse correctamente como «Iglesia», como demuestra el uso de la misma palabra en otras cartas de Ignacio, cuando, por ejemplo, escribe: «Os saluda el ‘agápe’ de…», seguido del nombre de la ciudad. Sin embargo, aquí «agápe» se escribe sin nombre de ciudad, definiendo así a la Iglesia en general, que la comunidad de Roma preside.
Asimismo, San Ireneo de Lyon, hacia el año 200, atribuía a la Iglesia de Roma, por el hecho de haber sido fundada por Pedro y Pablo, una «potentior principalitas», es decir, una fuerte preeminencia. En resumen: el vínculo entre el ministerio petrino y la ciudad de la tumba de los apóstoles -no como capital del imperio- es una convicción original de la Iglesia y nunca fue cuestionada hasta el siglo XVI.
Por consiguiente, el colegio cardenalicio hunde sus raíces en el clero de la ciudad de Roma y por ello, a partir de Nicolás II, elige al obispo de Roma que también es, al mismo tiempo, pastor supremo de toda la Iglesia.
Hasta ahora, los papas siempre han tratado de cumplir estos requisitos históricos asignando a los nuevos cardenales de los distintos continentes una iglesia romana titular e incardinándolos así en el clero de la ciudad de Roma. Las sedes episcopales importantes de todo el mundo están así más vinculadas al centro. Sin embargo, esta pretensión ritual no sería en absoluto necesaria para este fin, ya que la imposición del palio por parte del papa a los titulares de las sedes metropolitanas de todo el mundo ya expresa suficientemente el vínculo con Roma y la unidad de la Iglesia universal.
II. Se trata, pues, de armonizar de forma ponderada los dos aspectos del ministerio petrino, el de la Iglesia local y el de la Iglesia universal, también en el modo en que se produce la elección del papa. Un punto de partida para la reflexión en este sentido podría ser la consideración de que el derecho de voto y la elegibilidad, es decir, el derecho a votar y a presentarse a las elecciones, no van necesariamente unidos.
Según las normas actuales, los cardenales pierden su derecho de voto activo cuando cumplen 80 años, pero curiosamente no su derecho de voto pasivo. Además, hasta ahora casi nunca ha ocurrido que alguien que no sea cardenal sea elegido papa. La última vez fue en 1378, con la elección del arzobispo de Bari Bartolomeo Prignano, que eligió el nombre de Urbano VI.
Hay que preguntarse también cómo se puede resolver adecuadamente la tensión entre el centro y la periferia en la forma de elegir al papa.
En primer lugar, hay que recordar que el papa no es «también» obispo de Roma, sino lo contrario: el obispo de Roma es también papa. Por consiguiente, al elegirlo se elige al sucesor de Pedro en la cátedra romana. Y esto implica que la elección es originalmente responsabilidad del clero y del pueblo de Roma.
III. Sin embargo, la elección del papa también concierne a toda la Iglesia. Y es evidente que en la conciencia general, antes y durante un cónclave, el carácter universal del ministerio petrino tiene más peso que las necesidades e intereses de la Iglesia romana local. De ello se deduce que los papas consideran casi secundarias sus funciones como obispos de Roma, delegando en un cardenal vicario, es decir, en el titular de la basílica de San Juan de Letrán -la catedral del papa-, el desempeño de sus funciones episcopales.
Para reflejar de manera especial el aspecto universal del ministerio petrino se ha propuesto conceder el derecho de voto en los cónclaves a los presidentes de las conferencias episcopales nacionales. Pero hay que subrayar que las conferencias episcopales no son en absoluto un elemento estructural de la Iglesia y que tal solución no correspondería a las exigencias del vínculo entre la Sede de Pedro y la ciudad de Roma. Por tanto, la solución al problema no se encuentra en ningún tipo de ampliación del derecho de voto en los cónclaves.
En cambio, podría encontrarse en la mencionada disociación de los derechos de voto activo y pasivo, reservando en la práctica el derecho de voto a un colegio cardenalicio muy racionalizado y verdaderamente romano, al tiempo que se amplía el círculo de elegibles de la Iglesia universal. Este método también tendría la ventaja de que ya no sería tan fácil para un papa influir en la elección de su sucesor creando cardenales de forma selectiva.
Por supuesto, el círculo de candidatos elegibles no debe incluir a todo el cuerpo episcopal. Sería necesario formular criterios objetivos e institucionales de elegibilidad, para limitar el círculo de los elegibles de manera sensata. Uno de estos criterios debe ser que el candidato haya ocupado un alto cargo en la curia romana durante al menos cinco años. Esto garantizaría a los votantes un conocimiento previo de los candidatos a través de relaciones personales, y a los candidatos una experiencia directa de las estructuras, procedimientos y problemas de la curia romana. Esto limitaría el círculo de candidatos, pero al mismo tiempo tendría en cuenta el aspecto universal del primado petrino. La necesidad de tener un conocimiento y una experiencia más que superficiales de la curia romana es evidente si se tienen en cuenta las tareas de los cardenales indicadas por los cánones 349, 353 y 356 del Código de Derecho Canónico, a saber, asistir al papa, solo o en consistorio, con palabras y obras.
En cuanto al número de electores, no sería difícil reducirlo, pues ya no tendría que ser una amplia representación de la Iglesia universal, lo que ya estaría garantizado por la disposición relativa a los elegibles. Se podría volver fácilmente por debajo del número de 70 electores fijado por Sixto V.
De hecho, es demasiado evidente que el número actual de 120 cardenales electores, muchos de los cuales, si no la mayoría, no tienen experiencia en Roma, plantea varios problemas. Para un colegio que prefiere hacer cardenales a los titulares de las diócesis de la periferia, es prácticamente imposible realizar adecuadamente las tareas mencionadas, incluso en las condiciones que permiten las modernas técnicas de comunicación.
También hay que tener en cuenta que, en determinadas circunstancias, puede ser difícil o incluso imposible para algunos electores viajar a Roma. Dificultades similares a las que impidieron la participación de los obispos de los países comunistas en el Concilio Vaticano II podrían impedir la participación de cardenales en un futuro cónclave. Las catástrofes naturales, como las erupciones volcánicas, los tsunamis o las epidemias, así como la agitación política o las guerras, también podrían imposibilitar la llegada a tiempo de los cardenales de la «periferia» a Roma. Por estas y otras razones similares, dado el gran número de cardenales con derecho a voto y al mismo tiempo la obligación de participar, la elección realizada por un colegio «incompleto» podría ser impugnada, con grave peligro para la unidad de la Iglesia.
Ante la posibilidad de una tal hipótesis, debería haberse al menos planteado y definido la cuestión del posible «quórum» para una votación válida. Si por el contrario los electores ya estuvieran presentes en el lugar a fin de poder formar parte de una circunscripción verdaderamente romana, no habría que temer tal escenario.
En definitiva, dada la actual composición del colegio cardenalicio, en el que la mayoría de los electores están dispersos geográficamente, no se conocen entre sí y saben aún menos de las necesidades reales del ministerio petrino, falta un requisito esencial para una votación responsable. Con una consecuencia muy insidiosa.
En un colegio electoral de este tipo todo acaba dependiendo de aquellos líderes de opinión, internos y externos, que consiguen dar a conocer a su candidato elegido entre los menos informados y movilizar el apoyo hacia él. Esto lleva a la formación de bloques, donde los votos individuales son como apoderados en blanco concedidos a los «grandes electores» que toman la iniciativa. Estos comportamientos siguen reglas y mecanismos estudiados en sociología. En cambio, la elección del papa, sucesor del apóstol Pedro, pastor supremo de la Iglesia de Dios, es un acontecimiento religioso para el que deberían aplicarse reglas propias.
El hecho de que en este contexto fluya dinero más o menos abundante desde la rica Europa hacia regiones del mundo que son más pobres, de modo que sus cardenales electores en el cónclave se sientan obligados al donante, es una realidad conocida, aunque moralmente reprobable. Es posible que estas consideraciones hayan impulsado a Juan Pablo II a mantener en vigor la excomunión contra estas formas modernas de simonía. Sin embargo, al mismo tiempo, ese papa declaró igualmente válida una elección que tuviera lugar de este modo, para garantizar la seguridad jurídica y, por tanto, la unidad de la Iglesia («Universi dominici gregis», n. 78).
Las reflexiones aquí expuestas pretenden poner de manifiesto con mayor claridad, también en el modo en que se produce la elección, el carácter sagrado del ministerio papal, instituido de manera constitutiva en la Iglesia de Jesucristo, que no debe olvidar que está «en» el mundo, pero no es «del» mundo.

Brandmüller en el Consistorio: el Papa quiere cerrar la boca a los cardenales

Estas son algunas líneas autógrafas de la intervención preparada por el cardenal Walter Brandmüller para el Consistorio del 29 y 30 de agosto y que no le permitieron pronunciar, publicada íntegramente en esta página de Settimo Cielo.
El Consistorio reunió a los cardenales con el papa Francisco. Fue a puertas cerradas, pero sobre todo se fragmentó, a instancias del Papa, en grupos lingüísticos, impidiendo con ello el diálogo directo entre todos, como de hecho ocurrió en el último Consistorio en plena regla convocado por Francisco en febrero de 2014, ante el Sínodo sobre la familia y la “vexata quaestio” de la Comunión a los divorciados vueltos a casar, un Consistorio que se mostró tan franco en sus críticas al planteamiento deseado por el Papa que le llevó a cancelar a partir de allí en adelante las convocatorias de los cardenales, igualmente libres y abiertas a la escucha.
Brandmüller, alemán de 93 años, historiador eclesiástico de toda la vida y presidente entre 1998 y 2009 del Pontificio Comité para las Ciencias Históricas, no es ajeno a las propuestas sobre el rol de los cardenales en la Iglesia Católica. Hace menos de un año ya había planteado en Settimo Cielo una hipótesis de reforma de la elección de los Papas que consideraba más acorde con los orígenes históricos y los fundamentos teológicos del cardenalato.
Pero en este Consistorio la intervención que él preparó apuntó sobre todo a la relación que debía unir a los cardenales con el Papa, que de hecho fueron amordazados por él, en contraposición a lo que debía suceder, ante todo sobre las verdades de fe y de moral:
NO SILENCIO IMPUESTO, SINO “APERITIO ORIS”
La intervención del cardenal Walter Brandmüller para el Consistorio del 29-30 agosto de 2022
La convocatoria de un consistorio después de tanto tiempo motiva una reflexión sobre la naturaleza y la tarea del cardenalato, especialmente en las circunstancias actuales. También hay que resaltar que los cardenales no son sólo miembros del cónclave para la elección del sumo pontífice.
Las verdaderas tareas de los cardenales, independientemente de su edad, están formulados en los cánones 349 y siguientes del Código de Derecho Canónico. Allí leemos: “los cardenales asisten al Romano Pontífice tanto colegialmente, cuando son convocados para tratar juntos asuntos de mayor importancia, como personalmente, a través de los diversos oficios que desempeñan, ayudando al Papa sobre todo en el gobierno diario de la Iglesia universal”. Y “asisten al Pastor supremo de la Iglesia especialmente en los Consistorios” (Canon 353).
Esta función de los cardenales encontró en la antigüedad su expresión simbólica y ceremonial en el rito de la “aperitio oris”, la apertura de la boca. De hecho, significaba el deber de pronunciar con franqueza la propia convicción, el propio consejo, especialmente en el consistorio. Esa franqueza -el papa Francisco habla de “parresía”- que era especialmente querida por el apóstol Pablo.
Pero ahora, lamentablemente, esa franqueza es sustituida por un silencio extraño. Esa otra ceremonia, la del cierre de la boca, que seguía a la “aperitio oris”, no se refería a las verdades de fe y de moral, sino a los secretos del oficio.
Sin embargo, hoy deberíamos subrayar el derecho, más bien el deber, de los cardenales de expresarse con claridad y franqueza precisamente cuando se trata de las verdades de fe y de moral, el “bonum commune” de la Iglesia.
La experiencia de los últimos años ha sido muy diferente. En los consistorios -convocados casi sólo para las causas de los santos- se repartían tarjetas para pedir la palabra y se sucedían las intervenciones obviamente espontáneas sobre cualquier tema, y eso era todo. Nunca hubo un debate, un intercambio de argumentos sobre un tema concreto. Obviamente, un procedimiento completamente inútil.
Una sugerencia presentada al cardenal decano de comunicar con antelación un tema para debatir y así poder preparar posibles intervenciones quedó sin respuesta. En resumen, los consistorios desde al menos hace ocho años terminaron sin ninguna forma de diálogo.
Pero el primado del sucesor de Pedro no excluye en absoluto un diálogo fraterno con los cardenales, quienes “tienen el deber de cooperar diligentemente con el Romano Pontífice” (canon 356). Cuanto más graves y urgentes son los problemas de gobierno pastoral, más necesario es el involucramiento del Colegio Cardenalicio.
Cuando Celestino V, dándose cuenta de las especiales circunstancias de su elección quiso renunciar al papado en 1294, lo hizo después de intensas conversaciones y con el consentimiento de sus electores.
Una concepción totalmente diferente de las relaciones entre el Papa y los cardenales fue la de Benedicto XVI, quien -un caso único en la historia- renunció al papado por razones personales, sin el conocimiento del colegio de cardenales que lo había elegido.
Hasta Pablo VI, que aumentó el número de electores a 120, sólo había 70 electores. Este aumento del colegio electoral a casi el doble estuvo motivado por la intención de atender a la jerarquía de los países que estaban lejos de Roma y honrar a esas Iglesias con la púrpura romana.
La consecuencia inevitable fue que se crearon cardenales que no tenían experiencia de la Curia romana y, por tanto, de los problemas del gobierno pastoral de la Iglesia universal.
Todo esto tiene consecuencias graves, cuando estos cardenales de las periferias son llamados a la elección de un nuevo Papa.
Muchos, si no la mayoría de los electores, no se conocen personalmente. Sin embargo, están allí para elegir entre uno de ellos al Papa. Es claro que esta situación facilita las operaciones de los grupos o clases de cardenales para favorecer a uno de sus candidatos. En esta situación, no se puede excluir el peligro de simonía en sus diversas formas.
Para terminar, me parece que merece una seria reflexión la idea de limitar el derecho de voto en el cónclave, por ejemplo, a los cardenales residentes en Roma, mientras que los demás, también cardenales, podrían compartir el “estatus” de cardenales mayores de 80 años.
En definitiva, parece deseable que se actualice el oficio y la competencia del Colegio de Cardenales.