Premier Violeta Bermúdez y sus vínculos de poder en la sombra

Por  Luis Felipe Alpaca– LimaGris.com
Sin duda el gobierno del presidente Francisco Sagasti se ha visto salpicado de movidas políticas, manipulaciones mediáticas, apoyo de los grandes medios de comunicación y una ambición de poder que por lo pronto ha satisfecho sus primeros objetivos.
Es decir, ya están al mando del Ejecutivo y acaban de conformar su gabinete, que también deberá calificar a un próximo voto de confianza. ¿El congreso se lo dará? Eso está por verse.
Sin embargo, con respecto a la jefa del nuevo gabinete elegido por Francisco Sagasti, la abogada especialista en género Violeta Bermúdez, podemos vislumbrar algunos datos que pueden pasar desapercibidos a primera vista. Y más allá, de saber su tendencia ultrafeminista a través de la ONG Manuela Ramos y su probable impulso de propuestas pro-inclusión-mujer-ideología de género-aborto-paridad, preocupa enormemente que sea esposa de un abogado socio del Estudio Echecopar, el constitucionalista Samuel Abad Yupanqui, pero esa preocupación no obedece a temas personales ni conyugales, pues, la vida privada de las personas debe respetarse; no obstante, si es que surgen cosas de interés público, entonces es pertinente informarlo.
En ese sentido, ¿Qué vinculaciones tienen algunos militantes y congresistas del Partido Morado con el Estudio Echecopar?
Pues, es de conocimiento público que el congresista Alberto de Belaunde ha pertenecido a dicho Estudio, incluso hizo sus prácticas profesionales allí y su padre, Javier de Belaunde López de Romaña es socio principal del bufete. Asimismo, Carolina Lizárraga y su esposo también pertenecen a ese Estudio (aunque por el momento ella es congresista y no está trabajando en la firma).
Ahora bien; el estudio Echecopar en el 2019 fue allanado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por la investigación por el caso de la licitación del Gasoducto del Sur (GyM y Odebrecht); justamente este bufete asesoró a la constructora brasileña y sus abogados elaboraron y firmaron informes para que el contrato público fuese otorgado a Odebrecht.
Documento oficial de Poder Judicial.
Asimismo, Samuel Abad Yupanqui también es abogado de la empresa de peajes Línea Amarilla (LAMSAC), que anteriormente perteneció a la corrupta brasileña OAS y que hoy pertenece al consorcio francés Vinci Highways.
Documento donde Línea Amarilla designa a Samuel Abad como abogado.
No olvidar que el Estudio Echecopar tiene como poderosos clientes a tres AFP, al Grupo Gloria, a Telefónica, COSAPI, BCP y Alicorp. Y tampoco olvidar que la bancada Morada desde el principio de su labor parlamentaria, se opuso a los proyectos de ley que pretendían los retiros durante la pandemia de los fondos de ambos sistemas previsionales; entonces, era claro que los Morados le hacían el amén a las decisiones y medidas del entonces presidente Martín Vizcarra.
Tampoco debemos olvidar, que Samuel Abad Yupanqui en noviembre de 2017 asumió la defensa del Fiscal de la Nación de ese entonces, Pablo Sánchez por dos acusaciones constitucionales iniciadas en el Congreso de la República; primero por el excongresista Daniel Salaverry, que aseguró que el fiscal supremo había cometido una grave omisión en la lucha contra la corrupción y sostuvo: “El Fiscal de la Nación no ha tomado las acciones necesarias que su cargo le exige para garantizar las investigaciones contra las empresas peruanas socias de la empresa Odebrecht”. Y a la siguiente semana, la excongresista no agrupada, Yeni Vilcatoma también presentó una denuncia constitucional contra Pablo Sánchez, por no haber abierto una investigación preliminar contra la empresa Graña y Montero, por el caso Lava Jato. En aquel momento, las dos denuncias se declararon procedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Seguidamente, en 2018 el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez archivó la denuncia contra Martín Vizcarra por el caso Chinchero, argumentando: «no se encuentra elementos de prueba suficientes para iniciar una investigación preparatoria». Dicha denuncia la interpuso la Procuraduría Anticorrupción contra Vizcarra cuando éste era ministro de Transportes y en la que señalaban presuntas irregularidades en la adenda firmada por el Estado peruano para la realización de la obra.
En suma, si analizamos estos casos que, si bien son distintos, también relacionan a los mismos personajes; es decir, Samuel Abad Yupanqui defendió a Pablo Sánchez de acusaciones constitucionales, y luego Pablo Sánchez archivó denuncias contra Martín Vizcarra.
Ahora bien, si observamos la opinión de Abad Yupanqui sobre Martín Vizcarra, podemos corroborar que éste siempre ha opinado a favor del expresidente y lo ha defendido con sus declaraciones en los medios. Entre tanto, si observamos la conducta de la bancada morada desde que ingresó al Congreso, podemos corroborar que también defendieron y protegieron la gestión presidencial de Martín Vizcarra. Y ahora, al parecer, todos forman parte de un equipo.
El día de ayer surgió un trascendido que está difundiendo que el abogado Samuel Abad Yupanqui se habría desvinculado laboralmente del Estudio Echecopar y que se aleja de aquel bufete debido a que es esposo de la premier Violeta Bermúdez. Esta supuesta renuncia del abogado Samuel Abad, sería consecuencia debido al artículo que publicamos y donde mencionamos sus vínculos conyugales con la Primera Ministra. ¿Una renuncia para la tribuna?
Finalmente, ¿Acaso el Estudio Echecopar es el brazo legal del Partido Morado? Veremos en qué acaba todo esto y estaremos atentos con las Puertas Giratorias.
Luego de conocer el distanciamiento de Samuel Abad Yupanqui, ingresamos nuevamente a la web del Estudio Echecopar (https://www.echecopar.com.pe) asociado a Baker & McKenzie Internacional  y nos dimos con la sorpresa que borraron su información. Pero como todo queda registrado en la memoria de Google, podemos mostrar lo que fue eliminado. Para que puedan ver más detalles de lo eliminado ingresar al siguiente enlace del caché de Google.
A continuación, declaraciones de Samuel Abad Yupanqui que defienden a Martín Vizcarra.
El 28 de julio de 2019, el abogado Samuel Abad opinó a favor de Martín Vizcarra y mencionó que su propuesta que expuso en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias para adelantar elecciones generales en el 2020 no era causal de vacancia: “No encuentro una razón para una vacancia porque esta es una figura constitucional. Presentar un proyecto de ley de reforma constitucional tomando en cuenta antecedentes en los cuales han intervenido los congresistas actuales, de ninguna manera justifica una vacancia”, explicó y aseguró: “El Ejecutivo tiene competencia para presentar iniciativas de reforma constitucional y cuestiones de confianza y eso no configura en lo absoluto infracción a la Constitución, o es causal de vacancia por incapacidad moral”.
En entrevista con France 24, canal de televisión francés en noviembre de 2020: Para el abogado constitucionalista Samuel Abad Yupanqui, el uso indiscriminado de la causal ha decantado en una decisión inconstitucional. “Es cierto que la Constitución contempla la vacancia por incapacidad moral permanente, pero la interpretación que le ha dado el Congreso es demasiado amplia y, a mi juicio, termina siendo inconstitucional porque desnaturaliza el modelo presidencial que está establecido en el país. Lo que ha primado en el Congreso es que se reúnan los votos necesarios y, así, con una simple suma de votos, se decida sobre la permanencia de un presidente. Eso nos lleva a un modelo parlamentario, que censura presidentes y que no está estructurado así en el Perú”, indicó Abad para este artículo. No obstante, el especialista coincidió en que “No habría mecanismos legales -ni rápidos ni efectivos- para revertir la decisión actual. Y vale precisar que Martín Vizcarra tampoco ha pretendido impugnar el resultado”.
Samuel Abad Yupanqui.
El 09 de noviembre de 2020 en RPP noticias: Luego de que el Congreso votara a favor de la moción de vacancia contra Martín Vizcarra, el abogado Samuel Abad Yupanqui en comunicación con dicha radio, calificó de irresponsable la decisión tomada por el Legislativo, porque la figura de la vacancia “Se ha interpretado de una manera amplísima, al punto de distorsionarse”. Y “Lamento que el TC no hubiese dictado medida cautelar que pudo evitar que se presenten situaciones de este tipo”. Añadió, además: “El congreso no es fiscal ni juez y no puede tomar este tipo de decisiones” “Este hecho genera inestabilidad política en el país”.
Y cuando le preguntaron por las medidas que debería tomar el mandatario para poner la vacancia en pausa, Samuel Abad indicó: “Tendría que obtenerse una cautelar hoy o a primera hora”. “El presidente de la República podría iniciar hoy mismo un proceso competencial y esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie”.
En Panamericana Televisión el 11 de noviembre de 2020, dijo: “Yo cuestiono la interpretación del congreso sobre la permanente incapacidad moral porque genera un riesgo, y en cualquier momento cualquier presidente que no tenga los votos del Congreso se puede ir, y ese no es el modelo que tenemos. En siete días el país ha dejado de tener un presidente de la República… en siete días. Esto se presentó el lunes 02, y el lunes 09 ya el presidente estaba vacado con la posibilidad de defenderse por unos minutos…” “Por eso hubiera sido ideal que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes de que esto ocurra; lamentablemente la medida cautelar no fue concedida por el Tribunal Constitucional, entonces nos hemos visto expuestos a este tipo de decisiones que en el fondo han convertido a la vacancia presidencial en un tema de votos; no de razones.
El caso Julio Guzmán
Julio Guzmán está siendo investigado de forma preliminar por el Equipo Especial de Fiscales sobre el caso Lava Jato por el supuesto delito de lavado de activos y se pretende incluir el testimonio del exdirectivo de Odebrecht que residió en Perú, Jorge Barata. La investigación se abrió porque los fiscales sostienen que el excandidato morado recibió cerca de 400 mil dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht, para su utilización en la campaña pasada de 2016.
Aquí la lista de clientes del Estudio Echecopar en los últimos diez años:
AC Capitales Safi S.A.
Academy For Educational Development
AFP Horizonte S.A.
AFP Integra S.A.
Agencia De Promoción de la Inversión Privada– Proinversión
Agrícola Copacabana de Chincha S.A.
Alcatel del Perú S.A.
Alicorp
Almacenes Cove S.A.C.
Alstom Power Hydraulique Sucursal del Perú
Alstom Power Perú S.A.
Amadeus Perú S.A.
Ambev Perú S.A.C.
Andalucita S.A.
Apoyo Consultaría S. A. C.
Asociación de Empresas Privadas de Servicios Públicos – AFIN
Avina
Bakels Perú S.A.C.
Bamus S.A.C.
Banco Central de Reserva del Perú
Banco Continental
Banco de Crédito del Perú
Banco de la Nación
Banco Falabella Perú S.A.
Banco Financiero
Bolsa de Valores de Lima S.A.
Bristol-Myers Squibb Perú S.A.
Cardero Perú S.A.C.
Care Perú
Cargill Américas Perú S.R.L.
CFG Investment S.A.C.
Chevron Lubricants del Perú S.R.L.
Cía.. Latinoamericana de Radiodifusión S.A.
Cía.. Minera San Martín S.A.
Citibank del Perú S.A.
Colegio de Contadores Públicos de Lima
COM S.A.
Compañía Minera Antamina S.A.
Compañía Minera Argentum S.A.
Compañía Minera Atacocha S.A.A.
Compassion International del Perú
Computer Science Corporation Peru S.A.
Consorcio Hotelero Global
Conalvias S. A.
Consejo Nacional de la Magistratura
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado– CONSUCODE
Constructora Andrade Gutiérrez S.A.
Corporación Pesquera Inca– Copeinca
Cosapi S.A.
Deloitte & Touche S.R.L
Diners Club Perú S.A.
Dorato Perú S.A.C.
El Pacifico Peruano Suiza– Cía. Seg. y Rea.
Electro Oriente S.A.
Electro Sur Este S.A.A.
Electro Sur Medio S.A.A.
Embajada de los Estados Unidos de América
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
Fabricación Nacional de Acumuladores ETNA S.A.
Ferrocarril Transandino S.A.
Fima S.A.
Flota del Perú S.A.
Fondo Metropolitano de Inversiones
Gloria S.A.
Granja Azul S.A.
Grupo Apoyo S.A.
Havas Media Perú S.A.C.
H. Stern Perú S.A.
Herbalife Perú S.R.L.
IAMGold Peru S.A.
Inmobiliaria Koricancha S.A.
Instituto de Estudios Peruanos
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima
Interbank
Komatsu Mitsui
Laboratorios Americanos S. A.
Lain Intercorp S.A.
Larraín Vial S.A.
Lima Airport Partners S.R.L.
L’oreal Perú S.A.
Logicalis Andina S.A.C.
Los Portales S.A.
Luz del Sur S.A.A
Macroconsult S.A.
Malls Perú S.A.
Management Assesors S.A.C.
Minera Aurífera Retamas S.A.
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Justicia
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Municipalidad Metropolitana de Lima
Nestle Perú S.A.
Nielsen S.R.L.
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.
Omnilife Perú S.A.C.
Orient-Express Perú S.A.
Osiptel
Ositran
Oxfam América Inc.
Pan American Silver Perú S.A.C.
Perurail S.A.
Pontificia Universidad Católica del Perú
Praxair Perú S.R.L.
Prima AFP S.A.
Productos Cerámicos S.A.
Saga Falabella S.A.
Salabella S.A.C.
Sandoval S.A.
Santillana S.A.
Scotiabank
SN Power Perú S.A.
Talma Servicios Aeroportuarios S.A.
Telefónica del Perú S.A.A.
Telefónica Móviles S.A.
Telmex Perú S.A.
Trevali Perú S.A.C.
Universidad de Lima

Conoce los jugosos pagos del Gobierno al padre del congresista Alberto de Belaúnde

Por  Luis Felipe Alpaca– LimaGris.com
El experimentado abogado Javier de Belaúnde López de Romaña, fundador del Estudio Echecopar, el mismo Estudio que fue allanado por la Fiscalía en julio de 2019 por sus presuntos vínculos con Odebrecht, también se ha desempeñado como árbitro en varios procesos arbitrales entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y algunas empresas eléctricas que operan en diferentes regiones del país. Entre ellas: Electro Ucayali S.A. Electro Puno S.A.A. y Electro Oriente S.A. Es decir, un abogado vinculado al sector empresarial de la energía eléctrica.
Resulta que, Javier de Belaúnde López de Romaña, también es padre del actual congresista de la República, Alberto de Belaúnde de Cárdenas, curiosamente el parlamentario también pasó por las oficinas del Estudio Echecopar. Hace unas semanas el Proyecto de Ley de energía renovable presentado por De Belaúnde fue archivado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. El congresista se empecinó en sacar una ley (Proyecto N° 6953/2020) que dizque incentiva la inversión en recursos energéticos renovables destinados a la generación de energía en el mercado eléctrico peruano; sin embargo, lo que el legislador morado se niega a reconocer, es que su Proyecto de Ley, implica que todos los peruanos a través de sus recibos de luz, tendrían que subvencionar un oneroso subsidio de más de $1,500 millones de dólares, para beneficiar a un pequeño grupo de empresas. ¿Acaso lo que se pretende es un lobby eléctrico?
Cabe resaltar, que independientemente de las empresas de energía renovable que presuntamente están detrás del congresista morado, en todas las empresas eléctricas que operan en Perú, se cobra un porcentaje que va destinado a un fondo para energía renovable. Pero con la conducta que ha venido ejerciendo el legislador de Belaúnde, nos hace colegir que probablemente hay un lobby directo con las “eléctricas” en aquellos procesos arbitrales donde también ha participado de Belaúnde padre, como presidente del Tribunal Arbitral, porque él también ha sido abogado de otras empresas eléctricas.
Un detalle importante, los recibos por honorarios electrónicos emitidos por el árbitro de Belaúnde López de Romaña los pagó la Secretaria Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley Nº 29625, del MEF. Aquella Ley, es nada menos que la aprobada por referéndum el 07 de diciembre de 2010, para la devolución del dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo.
No es la primera vez que el MEF designa a un árbitro con experiencia en la solución de controversias, y los abogados de Electro Puno tampoco formularon cuestionamiento alguno. Y según el laudo arbitral, el árbitro de conciencia requiere del derecho para buscar una solución justa, y según se lee en un párrafo del documento: la posición del MEF no es injusta; porque, además, de ser conforme a ley, busca la recuperación de inversiones realizadas con recursos del FONAVI en beneficio de usuarios, para que estos puedan acceder a servicios básicos, como es el suministro de energía eléctrica. Por otro lado, al haber recibido Electro Ucayali las obras de electrificación, obtuvo un beneficio por el incremento de su patrimonio.
Anteriormente, estas empresas eléctricas antes de privatizarse pertenecieron en algún momento a Electroperú; entonces, las pensiones de los que trabajaban allí luego pasaron a la ONP; por lo tanto, la finalidad de esa ley es exclusiva para el tema Fonavi o ONP, y mientras no tienen plata para pagarle a los fonavistas y/o mejorar las pensiones, si tienen para desembolsar más de medio millón de soles a los árbitros. Es decir, es dinero para gastos corrientes de la institución.
Así las cosas, más allá de las controversias entre el MEF y las empresas eléctricas, ¿Acaso la idea es crear arbitrajes ad hoc?
Designación de árbitros del Tribunal Arbitral
Ahora bien, recordemos el caso del congresista Manuel Merino de Lama que en mayo de 2020 desató un escándalo, al descubrirse que sus familiares contrataron con el Estado por más de S/200 mil soles, cuando él era parlamentario entre el 2011 y 2016.
Cabe resaltar, que según la Ley de Contrataciones del Estado están impedidos para ser participantes, postores y/o contratistas, durante su gestión y hasta 12 meses después de haber dejado el cargo: el Presidente, Vicepresidentes, congresistas, ministros, viceministros, y vocales de la Corte Suprema. Asimismo, sus familiares no pueden contratar con el Estado durante su gestión y hasta 12 meses luego de haber dejado el cargo dentro de la jurisdicción de su competencia.
Cuando se detalla a familiares, se refiere a aquellos comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (cónyuge, conviviente, hermanos, cuñados, abuelos, padres, hijos, nietos, tíos y primos hermanos).
Estos impedimentos responden a los principios de moralidad, imparcialidad, equidad y trato justo e igualitario, de tal manera que todas las contrataciones deben hacerse en igualdad de condiciones, y está prohibida la existencia de ventajas o privilegios. Así, se previene la generación de conflictos de interés y se promueve la transparencia en los procesos de selección.
En esa línea, si bien Javier de Belaúnde presidió el tribunal arbitral desde años anteriores, antes que su hijo Alberto fuera elegido congresista, también se desempeñó como árbitro en 2018. Además, su hijo “morado” también ha sido servidor del Estado, entre los años 2011 y 2016, al desempeñarse como jefe de gabinete en la Municipalidad de Miraflores.
Los recibos por honorarios de Javier de Belaúnde López de Romaña
El Dr. Javier de Belaúnde López de Romaña en su calidad de árbitro elaboró comprobantes de pago y productos entre los años 2015 y 2018 a la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc creada por la Ley Nº 29625. Lima Gris tuvo acceso a algunos recibos emitidos por De Belaúnde padre en la gestión Ollanta Humala y PPK, entre ellos figuran:
El recibo por honorario electrónico E-001-21 con fecha de emisión 10 de diciembre de 2015 por concepto de pago anticipado de Honorarios en el proceso arbitral iniciado por el MEF contra Electro Ucayali S.A. por un monto de S/10,718 soles.
El recibo por honorario electrónico E-001-19 con fecha de emisión 10 de diciembre de 2015 por concepto de pago anticipado de Honorarios en el proceso arbitral iniciado por el MEF contra Electro Puno S.A.A. por un monto de S/62,790 soles.
El recibo por honorario electrónico E-001-17 con fecha de emisión, 09 de diciembre de 2015 por concepto de pago anticipado de Honorarios en el proceso arbitral iniciado por el MEF contra Electro Oriente S.A. por un monto de S/53,590 soles.
El recibo por honorario electrónico E-001-31 con fecha de emisión, 05 de marzo de 2018, por concepto de pago anticipado de Honorarios en el proceso arbitral iniciado por el MEF contra Electro Puno. por un monto de S/61, 272 soles.
El recibo por honorario electrónico E-001-30 con fecha de emisión, 05 de marzo de 2018, por concepto de pago anticipado de Honorarios en el proceso arbitral iniciado por el MEF contra Electro Oriente S.A. por un monto de S/53,912 soles.
El recibo por honorario electrónico E-001-32 con fecha de emisión, 05 de marzo de 2018, por concepto de pago anticipado de Honorarios en el proceso arbitral iniciado por el MEF contra Electro Ucayali S.A. por un monto de S/19,614.40 soles.
Solamente en estos recibos, Javier de Belaúnde cobró un total de S/261,896.40 soles; más de un cuarto de millón de soles. Sin embargo, según nuestra fuente en el MEF, Belaúnde padre habría emitido más recibos por honorarios en otros procesos arbitrales.
¿Conflicto de interés?
Según la abogada Mónica Yaya, experta en Contrataciones con el Estado, algunos abogados del estudio Echecopar, son árbitros, pero al mismo tiempo se presentan como abogados en el mismo proceso hasta que los descubren.
Al final, aquí existe un claro conflicto de interés, ya que mientras Alberto de Belaúnde ejercía el cargo de Congresista de la República, su padre siguió facturando por miles de soles al Estado. Además, resulta curioso, que padre e hijo trabajen en temas relacionados al sector de la energía eléctrica.
Los hechos, nos permiten conocer que el Proyecto de Ley presentado por el congresista De Belaúnde esconde otros intereses que no tienen nada que ver con las energías renovables y el cuidado del planeta.