¿Resistiremos?

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Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
La estrategia del heredero del “gobierno de lujo” para controlar la pandemia no da resultado. La curva de contagios va en ascenso y por ello se ha ampliado la cuarentena hasta el 24 de mayo, una medida que ya pocos acatan. Ni bien en marzo se propuso el confinamiento, el notable economista Hernando de Soto dijo que la medida no se ajustaba a la realidad de un país con una tasa de informalidad que ronda el 70%, y que ese alto porcentaje de compatriotas necesita trabajar diariamente para alimentar a sus familias. Y así ha sido. Pese al encierro el virus avanza imparable, mientras muchos pierden sus empleos y otros sus pequeñas empresas informales; mientras las formales pasan por serios aprietos económicos. Hoy día de la madre las multitudes se lanzarán a la calle frente a fuerzas del orden que ya nadie respeta. Estamos ya en medio del caos.
En una entrevista reciente De Soto mencionó “Esto va a ser bien, bien fuerte. Nunca ha habido una situación similar, nunca hemos visto una hecatombe de este tamaño, es imposible predecir. Lo único que podemos decir es que es muy grave y espero que, como en toda crisis, sacaremos mejor que peor, pero es mucho más grave que la guerra con Chile donde murieron 5 mil peruanos. Esto es peor…” [Vizcarra] “se va a gastar las reservas del Estado y va a recurrir a préstamos. Entonces, si la gasta logra capear los problemas por algunos meses y después de eso ya no va a tener dinero”. De hecho, ya entramos en una irresponsable espiral de endeudamiento público.
Considerada una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo, De Soto escribió que esta es una guerra contra la humanidad y que en los países en desarrollo habrá tres ataques: el fisiológico provocado por el coronavirus; el económico y el social. “Estos ataques son arteros y producirán conflictos sociales que harán que nos matemos entre peruanos, provocando así mayores estragos que los fisiológicos”. Ver: https://gestion.pe/opinion/hernando-de-soto-el-potencial-positivo-del-coronavirus-noticia/
La pregunta es si resistiremos y cómo.

CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS

A LA OPINIÓN PÚBLICA
PRONUNCIAMENTO POR EL DECRETO LEGISLATIVO Nº1476– 2020-MINEDU
El Consejo Directivo Nacional del Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú, reiteradamente, ha solicitado al Ministro de Educación, una reunión en representación de nuestros colegios afiliados, de gestión privada, colegios oficiales, serios y responsables, pero lamentablemente, el Ministro Martín Benavides, ha desconocido nuestra preocupación y hasta este momento, no nos ha atendido.
El día 5 de mayo se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N°1476 que “Establece medidas para garantizar la Transparencia, Protección de usuarios y Continuidad del servicio educativo no presencial en las instituciones educativas privadas de Educación Básica, en el marco de las acciones para prevenir la propagación del COVID-19”. Es un Decreto inconstitucional.
El DL Nº 1476 -2020, contraviene la Constitución del Estado y afecta, entre otros, los derechos constitucionales a la libertad contractual y la libertad de empresa, contraviene el principio de proporcionalidad y excede las facultades delegadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo para legislar sobre temas educativos.
Como Consorcio de Centros Educativos Católicos queremos dar a conocer que nuestra organización afilia a más de 800 Instituciones Educativas a nivel nacional, de las cuales un alto porcentaje, son estatales con gestión de la iglesia; otras son de acción conjunta, (convenio Iglesia-Estado) y un porcentaje menor son Instituciones Educativas privadas. Esto significa que generamos empleo a más de sesenta mil trabajadores a nivel nacional que atienden a una población escolar de más de medio millón de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todas las regiones del país.
Todas nuestras Instituciones son sin fines de lucro, cuyo objetivo principal, es el servicio a través de la educación, no lucramos con ella. Prestamos nuestro servicio educativo en diferentes niveles socio económicos del país, tanto en zonas urbanas como en rurales, y de manera especial, nuestras obras se encuentran en lugares menos favorecidos económicamente, donde inclusive no llega el Estado. Nuestra finalidad es educar a la infancia, adolescencia y juventud en un marco de educación en valores, teniendo como centralidad a la PERSONA. La escuela católica históricamente ha servido a la educación peruana por más de 400 años, aún antes del inicio de la República.
Las primeras escuelas en el Perú, fueron escuelas católicas. Y durante todo este tiempo ha sido generadora de modelos educativos de calidad que los padres de familia, estudiantes y exalumnos reconocen.
Por ello afirmamos que los colegios católicos, tenemos una buena comunicación con los padres de familia, ellos eligieron el colegio donde querían educar a sus hijos. Nosotros los acogemos y estamos alertas para atender a todos, especialmente a los más necesitados, a quienes prestamos ayuda mediante becas o medias becas, así como les damos apoyo moral y espiritual. Cada familia tiene necesidades y es diferente una de otra, y por ello, su tratamiento tiene que ser diferenciado, de acuerdo a la necesidad.
Sin embargo, el discurso oficial de continuo enfrentamiento entre la escuela y los padres de familia, no es sano ni constructivo, tiene que parar. Es necesario que se restablezca el diálogo y la confianza entre la familia y la escuela.
No hay otra forma de educar. La responsabilidad es de las autoridades que han generado esta seria división. No es momento para estas discrepancias; la nueva educación se ha de construir en colaboración familia-escuela, juntos, la infancia y la juventud la demandan.
La educación privada siempre fue aliada de la estatal. Por ello hay que defenderla, en estos momentos la defensa de la educación privada es también la defensa de la calidad y cobertura de la educación estatal.
Por una Escuela Católica de Calidad con Identidad
HNA. MARIA ANTONIETA GARCÍA CARRIZALES PRESIDENTA
NORA PALOMINO CASANOVA PRIMERA VICEPRESIDENTA
HNO. FELIPE ALVAREZ HERRANZ SEGUNDO VICEPRESIDENTE
JENNIFER PAJÁN LAN SECRETARIA DE ECONOMÍA
HNA. AMELIA DÍAZ CÓRDOVA PRO SECRETARIA DE ECONOMÍA
SISTER NANCY RIVERA HARMAN SECRETARIA GENERAL
P. MAURO VALLEJO LAGOS PRO SECRETARIO
MAE BERRIOS FLORES VOCAL
P. JUAN APUMAYTA BAUTISTA VOCAL
ISABEL LOYOLA CABOS VOCAL
HNA. MARIA RITA MONDRAGÓN TORRES PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL AMAZONAS
FRAY JUAN JOSÉ ALANIA PRESIDENTE CONSORCIO REGIONAL AREQUIPA
P. VÍCTOR CONCCE YAURI PRESIDENTE CONSORCIO REGIONAL AYACUCHO
HNA. VILMA ANTAY CCACCYA PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL CAJAMARCA
FERNANDO CHU REPRESENTANTE CONSORCIO REGIONAL CHIMBOTE
ULISES CARRANZA PINEDO PRESIDENTE CONSORCIO REGIONAL CUSCO
ROMMEL DÁVILA CALVO PRESIDENTE CONSORCIO REGIONAL HUARAZ
HNA. VERÓNICA FLORES PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL HUÁNUCO
HNA. MARIA DEL CARMEN PAREDES MASCO PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL ICA
HNA. LOLA CUADROS SALAZAR PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL JUNÍN
MAE BERRÍOS FLORES PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL LA LIBERTAD
HNA. LUZMILA AMAYA LA MADRID PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL LAMBAYEQUE
MONS. ALEJANDRO ALVITES BERMÚDEZ PRESIDENTE CONSORCIO REGIONAL LIMA NORTE CHICO
HERLINDA NAVARRO COBOS PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL LORETO
HNA. ALEJANDRINA QUISPE PUELLES PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL PIURA TUMBES
HNA. DORIS PERALTA REPRESENTANTE CONSORCIO REGIONAL PUNO
HNA. ARACELI NÚÑEZ QUEVEDO PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL SAN MARTÍN
HNA. FLORENTINA CLEMENTE VENEGAS PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL TACNA

Cuarentena: persistiendo en el error

Por – Diario El Comercio.
erseverando en el error y usando información dudosa o falsa, el Gobierno prorrogó por cuarta vez una cuarentena que en la práctica ya ha terminado porque la población la está desacatando. Con esta decisión, seguirá arruinando la economía, destruyendo empresas formales y arrojando a la miseria a millones de peruanos, sin impedir la propagación del virus cuya difusión ya es indetenible.
La cuarentena terminó hace ya algún tiempo, cuando miles de personas empezaron a romperla, la inmensa mayoría por necesidad y no por irresponsabilidad como afirma el presidente. Esa es la cruda realidad.
Algunos medios de comunicación han mostrado algunos casos, como la invasión del mercado de Santa Anita por cientos de comerciantes en pleno toque de queda o la proliferación de ambulantes en el centro de Lima. El tránsito vehicular y peatonal es incontenible.
Cualquiera que no esté infectado por el virus de la adulonería al Gobierno puede constatar esa realidad. El médico Elmer Huerta lo advirtió: “Por lo que estamos viendo en el Perú, ya la gente no aguanta una extensión de la cuarentena” (América TV, 7/5/20).
Sin embargo, el Gobierno, más bien por razones políticas, se niega a admitir la realidad. Tiene miedo a lo que inevitablemente ocurrirá cuando termine la cuarentena, más infectados y más muertos. Eso va a suceder de todas maneras, pero la destrucción de la economía hará que las consecuencias sean muchísimo peores para millones de peruanos debilitados a consecuencia del hambre y más propensos a contraer todo tipo de enfermedades.
¿Estamos ante un fenómeno imprevisible producto de la incultura de los peruanos? En realidad, se trata de algo completamente predecible en un país con 70% de informalidad. Informalidad que ha ido moldeando lo que hace casi tres décadas denominé la cultura combi, caracterizada por la evasión y la transgresión de las reglas. ¿Qué esperaba el Gobierno? ¿Que se mantuviera el acatamiento de una estricta cuarentena por parte de una población que mayoritariamente carece de recursos para sobrevivir en una situación así? ¿Que muchas personas que viven habitualmente al margen de la formalidad de pronto empiecen a acatar normas que literalmente les impiden llevarse un pan a la boca?
La culpa no es de la gente sino de un Gobierno incompetente que dicta medidas sin tener en cuenta la situación real del país y la población.
A estas alturas de la crisis ya hay analistas en el mundo que empiezan a reconocer que las estrategias aplicadas en los países desarrollados no sirven para realidades como la del Perú.
“Dos investigadores de Yale publican un estudio en el que plantean que el coste de la cuarentena en los territorios vulnerables podría ser superior a los beneficios”, explica un artículo publicado en “El País” de España (4/5/20). Ellos concluyen que “los costes son mucho más altos en los países más pobres, debido al sector informal”.
Los problemas que advierten son tangibles, como la dificultad para transferir fondos estatales a quienes los necesitan.
En Estados Unidos unos 33 millones de trabajadores se han acogido al seguro de desempleo. Andrés Oppenheimer menciona el caso de un restaurante en Miami, cerrado temporalmente, cuyos trabajadores reciben US$600 semanales del seguro (El Comercio, 4/5/20). Y, por supuesto, no se aglomeran en colas desde las 4 a.m. en los bancos para tratar de cobrarlo, como aquí con los bonos, sino que reciben una transferencia en su cuenta. Ahora el presidente Martín Vizcarra descubre la pólvora cuando admite que el toque de queda, que él decretó, propició peores aglomeraciones en bancos y centros de abastos.
Ian Vásquez sostiene que la realidad de los países pobres “hace que la cuarentena obligatoria del pueblo no tenga sentido” y cita al premio Nobel de Economía Angus Deaton: “[Esa política] es probable que remueva el sustento sin mejorar la salud” (El Comercio, 5/5/20).
En suma, los costos de la cuarentena son mayores a sus beneficios.
El Gobierno dicta medidas para todo el país que solo algunas de ese 30% de empresas formales puede cumplir. Sería interesante que expliquen cómo van a mantener en sus casas a los informales mayores de 60 años, con sobrepeso, etc. Que aclaren cómo creen que van a sobrevivir las empresas que podrán funcionar recién en agosto, luego de seis meses, según la secuencia programada por los burócratas gubernamentales. Y que incluyan en esa secuencia de apertura mes a mes a los informales, al 70% de los trabajadores, que no están considerados en sus previsiones.
En conclusión, siguen postergando el desenlace de una crisis inevitable, que será peor mientras más prolonguen la cuarentena.

Pier Figari: Defensa presentó recusación contra juez por programar audiencia pese a COVID-19

Los abogados de Pier Figari, ex asesor de Keiko Fujimori, presentaron una recusación contra el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, por programar una audiencia para evaluar la ampliación de su prisión preventiva pese al estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19).
A través de Twitter, Figari cuestionó que Zúñiga Urday haya fijado la audiencia para este lunes 11 de mayo, pese a que el Poder Judicial ha solicitado a todos los jueces revisar de oficio las prisiones preventivas a su cargo.
“[…] en esta emergencia sanitaria no hay audiencias para prórrogas de prisiones preventivas, es decir no hay audiencias para prolongar carcelerías, sino más bien todo lo contrario: el Poder Judicial ha ordenado a los jueces que tienen a su cargo investigaciones de presos sin sentencias a realizar audiencias para libertades en los casos que lo ameriten”, señaló en una carta.
Asimismo, Pier Figari criticó que el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, haya solicitado la ampliación de la prisión preventiva en su contra por 12 meses más, en el marco del Caso Odebrecht, y la calificó de “ilegal” y sin ningún “sustento legal”.
“El fiscal Pérez ahora busca ilegalmente que me quede en la cárcel con la obvia consecuencia de ser contagiado de coronavirus”, manifestó.
“Como pueden apreciar el pedido de prórroga no tiene sustento legal y la audiencia programada por el juez para este lunes 11 de mayo (para evaluar la ampliación de mi prisión preventiva) no está permitida”, añadió Figari.
Como se recuerda, el exasesor de Keiko Fujimori permanece recluido en el penal Miguel Castro Castro, desde noviembre del 2018, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de prisión preventiva.
El próximo 14 de mayo finaliza el plazo de dicha medida, luego de que la Corte Suprema redujo el periodo. Por ello, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial ampliar por doce meses la medida restrictiva.
Figari es investigado por el Ministerio Público por presuntamente pertenecer a una organización criminal dedicada al lavado de activos al interior de Fuerza Popular para recibir y disponer de aportes ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht.
En setiembre del año pasado, la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación de Pier Figari y dispuso reducir el plazo de prisión preventiva de 36 a 18 meses.
Fuente: Diario Gestión.

Ministros de alto riesgo

Por – Diario El Comercio.
La imagen de un ministro contagiado de COVID-19 expresa muy bien lo que ese virus ha hecho finalmente con el gobierno: pasarle por encima. Ordenar la cuarentena cuando se la ordenó era claramente necesario pero no suficiente. El tiempo ganado, como se ha dicho hasta el cansancio, debió servir para realizar compras relámpago de pruebas y equipo médico, mientras paralelamente se afinaban los mecanismos de control del distanciamiento social en los lugares donde la gente se seguía aglomerando (mercados, colas en los bancos, etc.), pero ya sabemos lo que pasó en esos dos frentes. La burocracia, la corrupción y la incompetencia se encargaron de teñirlos con los colores de la derrota.
Ahora el titular de Agricultura, Jorge Montenegro, está infectado de coronavirus –una circunstancia lamentable de la que esperamos se recupere a la brevedad– y eso quiere decir que el enemigo se ha logrado colar hasta el mismísimo centro de comando de las operaciones supuestamente destinadas a combatirlo. La revisión de las actividades que el ministro realizó en los días previos a que diera positivo en el examen de marras, además, ilustran bastante bien la desorientación del gobierno en este punto de la lucha.
—Inspeccionar y supervisar—
El martes 5, dos días antes de saberse que estaba contagiado, el señor Montenegro participó, junto al resto de ministros y el presidente Vizcarra, en la sesión del Acuerdo Nacional que se celebró en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Previamente, había visitado centros de abasto para “inspeccionar” que se estuvieran cumpliendo en ellos las medidas de salubridad dispuestas por la autoridad. Y el sábado 2 había “supervisado”, con su colega de Salud, Víctor Zamora, el cumplimiento de ese mismo tipo de medidas en el mercado San Felipe de Surquillo.
Cuando se refieren a los miembros del Gabinete o al presidente, los verbos inspeccionar y supervisar, como se sabe, aluden a un paseo, con gorro de ocasión y aire de entendido, por algún lugar que preocupa a la opinión pública. El paseo, sobra decir, se realiza en obsequio de la prensa oficial y oficialista; y resulta perfectamente inútil, como sugiere en este caso el hecho de que el funcionario que iba a verificar el rigor con el que se seguían en los mencionados mercados las precauciones contra el COVID-19 terminase infectado.
Sería injusto, sin embargo, señalar al titular de Agricultura como el único integrante del equipo ministerial que, por palabra, acción u omisión (lo de pensamiento está descartado), pone en evidencia las precariedades de esta administración para lidiar con la epidemia. Ahí está también, por ejemplo, la señora Sylvia Cáceres, esforzada responsable de la cartera de Trabajo, que ha anunciado muy suelta de huesos que, hasta el fin de esta crisis, no podrán retomar sus actividades laborales los mayores de 60 años, los obesos y los que padecen asma, hipertensión o diabetes… salvo que sean ministros. Porque, en ese caso, ha precisado, “hay un acto voluntario de servir al país”. Es decir, al cuerno con la igualdad ante la ley. Todo depende, al parecer, del grado de compromiso patriótico del tío o gordito en cuestión y de que lleve, por supuesto, un fajín ajustado a la cintura. Queremos ver, por otro lado, qué van a hacer los entusiastas de esta nueva regulación con las enfermeras, médicos, policías y demás servidores requeridos en esta hora de urgencia que estén un poco entraditos en kilos. ¿A su casa hasta que adelgacen?
Otra intervención memorable de la ministra Cáceres, dicho sea de paso, ha sido la de declarar que el Ejecutivo no observó la ley sobre el retiro del 25% de los fondos de las AFP –a la que se oponía– porque “respeta los fueros del Congreso”. De acuerdo con la lógica que propone, debemos colegir entonces que, al sí observar la que suspendía el cobro de peajes, los atropelló.
—Policías y ladrones—
Las frases centelleantes no escasean tampoco en el sector Interior. Su anterior titular, Carlos Morán, renunció al cargo hace apenas dos semanas y el primer ministro Zeballos, en su habitual castellano de salón, sentenció que lo había hecho por “consideraciones de índole personal, lo cual lo respetamos”.
Acontecimientos posteriores, no obstante, sugieren que fue más bien la confusión de lo personal con lo público lo que estaba causando estragos en el área bajo su responsabilidad. Sospechas de corrupción, en efecto, ensombrecieron por esos días compras y contrataciones de servicios realizadas en la PNP en el contexto de la emergencia. Y poco después, ciertos flamantes nombramientos tuvieron que ser desactivados a paso de polca por razones que se trataron de camuflar. Concretamente, el general Max Iglesias fue cambiado tras solo diez días de haber accedido al cargo de teniente general de la Policía Nacional, y Juan José Santiváñez, jefe del gabinete de asesores del nuevo ministro de Interior, Gastón Rodríguez, no duró ni 72 horas en su puesto.
Rodríguez sostuvo que lo primero obedeció a la necesidad de “darle una profunda oxigenación” al comando institucional (una necesidad que, aparentemente, no era obvia diez días antes) y defendió la efímera designación de Santiváñez (abogado de causas que entraban en abierto conflicto con su nueva posición) alegando que era “un hombre preparado, que tiene cinco maestrías en el extranjero”. Menudo papelón.
Con ministros como estos, en fin, que a pesar de tener la edad o el peso reglamentarios son de alto riesgo, llevó adelante hasta ayer el gobierno la emergencia. Y ahora resulta que con ellos mismos la tendremos extendida.
Aunque solo fuese por el placer de ver que les echan agua, ¿no podremos llamar a los bomberos?

Puntuación: 5 / Votos: 33

Un pensamiento en “¿Resistiremos?

  1. Víctor Braulio López

    Graciosa caricatura, lo que pienso es que el gobierno al intentar aplanar la curva no lo ha conseguido de la manera como lo tenían planeado. Aun cuando se esforzó no fue suficiente.
    El peor error a mi juicio fue no dar el bono universal familiar desde un principio, así se evitaba la aglomeración en los bancos y por ende no habría tantos infectados.

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