Archivo por meses: julio 2019

Territorio en Antártida

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Base Machu Picchu

La Base Machu Picchu es una estación de investigación científica polar establecida en la Antártida por el Estado peruano, miembro consultivo del Tratado Antártico. El propósito es la realización de estudios geográficos, geológicos, climatológicos y biológicos en esta zona. La base se ubica en la bahía Almirantazgo, ensenada McKellar de la isla Rey Jorge (o isla 25 de Mayo) que forma parte de las Shetland del Sur.
El Perú declara en su constitución política que es un país del hemisferio austral, vinculado a la Antártida por costas que se proyectan hacia ella, así como por factores ecológicos y antecedentes históricos. Esta vinculación con la Antártida tiene tal magnitud que se considera que cualquier variación en el frágil equilibrio del continente austral podría manifestarse en cambios en la biomasa del mar peruano. Por estas razones, el tema antártico es parte esencial de la política exterior peruana y en virtud de ello el Perú se adhirió al Tratado Antártico en 1981 y envío su primera expedición (ANTAR I) a dicho continente en 1988.
La base Macchu Picchu fue construida en el año 1989, durante la segunda expedición antártica peruana. Posee dos módulos para vivienda, uno de laboratorio, un módulo cocina-comedor, un garaje-taller, un módulo para la administración y un módulo de emergencias. También tiene un helipuerto. En noviembre de 2005, cumpliendo el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, se llevó a cabo un estudio ambiental, de modernización y de mejoramiento operativo de la base Machu Picchu, donde se proyectó la instalación de un incinerador y una máquina compactadora para los residuos sólidos generados. Esto, además de la instalación del laboratorio y de la ampliación del módulo de vivienda, se realizó en el verano de 2005-2006.
La construcción de la base y las expediciones ANTAR, le permitieron a Perú acceder a la categoría de miembro consultivo del Tratado Antártico.
El Ministerio de Relaciones Exteriores por intermedio del Instituto Antártico Peruano y las Fuerzas Armadas, son los entes encargados de formular, coordinar, conducir y supervisar en forma integral la política nacional antártica, en cuyo marco se realizan todas las actividades que las entidades de los sectores público y privado realicen en la Antártida. El Perú realiza anualmente expediciones científicas a ese continente desde 1988.
El mantenimiento y operación de la Base Machu Picchu es de responsabilidad del Ejército del Perú y se realiza con la colaboración multisectorial de las fuerzas armadas y entidades gubernamentales del Perú que participan anualmente en las expediciones ANTAR. El transporte de personal a cargo de la base lo realizó desde 1988 el buque de investigación científica BIC Humboldt del Instituto del Mar del Perú y la Fuerza Aérea del Perú. A partir de la expedición ANTAR XXV que se llevó a cabo el año 2017 el Humboldt fue reemplazado por el BAP Carrasco, buque oceanográfico con capacidades polares adquirido por el Perú específicamente para esta finalidad.
En la Antártida varios países realizan investigaciones con fines pacíficos, como el estudio de su pasado geológico, el potencial de sus riquezas marinas, la fuerza de sus ventiscas, la contaminación y la adaptación de su fauna al rigor del gélido ambiente.
En esta base, el Perú desarrolla diversos proyectos científicos como las investigaciones sobre el krill y sus posibilidades como alternativa para la alimentación humana, proyectos geológicos, biológicos, hidrográficos y geofísicos, en el marco del Tratado Antártico. En 1993 se instaló en un área adyacente a la base un radar para medir los vientos en las capas más altas de la atmósfera. Esto proporciona información sobre el deterioro de la capa de ozono.
Por ser un continente de invalorable importancia estratégica, ecológica y económica, el Perú tiene interés en que permanezca como una zona de paz, desmilitarizada y desnuclearizada y que se preserve su ambiente por su relación con el clima peruano. Sus frías aguas son fundamentales para el Perú, ya que allí se origina la corriente de Humboldt.
Fuente: Wikipedia.

Gigolino

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Principal operador de Caja 2 de Odebrecht detrás de los pagos vinculados al Gasoducto

Por Rodrigo Cruz– Diario El Comercio.
No es el ex ejecutivo más conocido de Odebrecht. Sin embargo, su rol en las operaciones ilícitas lo convirtieron en uno de los trabajadores claves de la constructora brasileña. Se llama Olivio Rodrigues Junior, también conocido como “Gigolino”, y fue el principal operador de la Caja 2, o contabilidad paralela, que tenía la multinacional cuando se encontraba en funciones su extinta división de sobornos.
El Comercio tuvo acceso a documentos del “My Web Day B”, el programa utilizado por los miembros de la división de sobornos de Odebrecht, oficialmente llamado el Departamento de Operaciones Estructuradas, para coordinar y ejecutar los pagos de la Caja 2.Los registros indican que “Gigolino” fue el responsable de al menos dos transferencias vinculadas al Gasoducto Sur, la obra más cara que Odebrecht se adjudicó en el país (más de US$ 7 mil millones) y que no forma parte de los cuatro proyectos que reconoció ante la fiscalía peruana que consiguieron previo pago de coimas.
A través del registro “operación Gigolino”, se señala, por ejemplo, una transferencia de US$500 mil a favor de la sociedad ‘offshore’ Chirag Grand Power Corp con fecha 10 de noviembre del 2014. Esta empresa, como es público, fue fundada por el empresario peruano Emilio Juan Brignardello Vela y a su esposa María Isabel Moreyra Orbegoso.
Principal operador de Caja 2 de Odebrecht detrás de los pagos vinculados al Gasoducto
Registro en el MyWebDay B sobre el pago a la offshore de Juan Brignardello Vela.
El otro pago es el de US$ 40 mil para la empresa CGZ Ingenieria Corp, cuyo titular es el vicepresidente regional del Callao, Constantino Galarza Zaldívar. La fecha de la transferencia a la empresa de Galarza es el 12 de noviembre del 2014, según los registros.
En el primer caso, se consigna que la actividad por la que se habría hecho el pago es por una “asesoría de gestión de seguros”. En el segundo caso por “una consultoría de ingeniería”.
Lo llamativo es que ambas transferencias coinciden con los montos difundidos semanas atrás por los portales Convoca e IDL-Reporteros, quienes, como miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), tuvieron acceso a 13 mil documentos de la división de sobornos de la constructora brasileña.
En las planillas publicadas por los portales peruanos, el pago a la ‘offshore’ Chirag Grand Power Corp está relacionado al codinombre (seudónimo para ocultar la identidad del beneficiario) “French”. Mientras que el depósito a CGZ Ingenieria Corp, está registrado al lado del codinombre “Gaza”, quién sería Constantino Galarza.
La empresa informó, días atrás, que las operaciones difundidas no necesariamente representan sobornos. Además, recalcaron que no omitieron información a la fiscalía peruana.
No es la primera vez que el nombre de Olivio Rodrigues, o “Gigolino”, aparece en un caso peruano. Rodrigues figura en la transferencia que Odebrecht le hizo a la campaña del ex presidente Alan García del 2006, a través de su ex ministro Luis Alva Castro.
Rodrigues también es quien tenía a su cargo la ‘offshore’ Klienfeld Services Limited, posiblemente la sociedad que utilizó más la firma brasileña para pagar sobornos. Por ejemplo, el US$1 millón 300 mil que fueron a la cuenta en Andorra del ex funcionario aprista Miguel Atala Herrera; así como pagos vinculados al Metro de Lima y en otros pagos ilícitos realizados en otros países de la región.

Vela Barba: Tenemos un acta firmada donde Odebrecht reconoce coimas por el Gasoducto

El jefe del equipo especial del Caso Lava Jato, Rafael Vela Barba, dijo que la constructora brasileña Odebrecht ha reconocido pagos ilícitos a cambio de la adjudicación del proyecto del Gasoducto del Sur, durante la gestión del exmandatario Ollanta Humala. Ello, precisó el fiscal superior, está consignado en un acta firmada en marco de la colaboración eficaz de la firma trasnacional.
“Dentro del proceso de colaboración eficaz, tenemos ya un acta firmada al respecto, donde hay un reconocimiento de pagos ilícitos de parte de la empresa Odebrecht, lo que determina para nosotros su culpabilidad respecto a lo que se está investigando en el caso específico del Gasoducto del Sur”, manifestó Vela Barba a la prensa desde Curitiba (Brasil), para agregar que “no puedo especificar más del tema”.
Al ser consultado sobre la posibilidad de añadir en forma de adenda el proyecto gasífero al convenio de colaboración eficaz, el representante del Ministerio Público anotó que el pacto “permite la posibilidad de incorporar nuevos hechos a partir del reconocimiento del colaborador eficaz, que siempre es un asunto de carácter voluntario”.
“Es un convenio progresivo, abierto, que permite la posibilidad de incorporar nuevos hechos a partir del reconocimiento del colaborador eficaz, que siempre es un asunto de carácter voluntario. No se puede obligar a nadie a que asuma responsabilidad penal”, resaltó.
Ayer se ejecutó una orden de allanamiento a la vivienda de Nadine Heredia y otros 25 inmuebles, la cual fue requerida por la fiscal Geovanna Mori (miembro del Equipo Especial Lava Jato) y autorizada por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, en marco del caso Gasoducto.
Mori señaló que existen “declaraciones de testigos protegidos y colaboradores” que vinculan a la exprimera dama, quien viene siendo investigada por el presunto delito de colusión agravada, con altos funcionarios de Odebrecht.
Recordemos que, de acuerdo a información accedida por el periodista ecuatoriano Andersson Boscán y entregada posteriormente a los portales Convoca e IDL-Reporteros, hay hasta 19 pagos de la firma carioca por más de 3 millones de dólares en el Gasoducto del Sur.
Fuente: Diario EXPRESO.

Léo Pinheiro habló de pagos ilícitos por Centro de Convenciones de Lima

Durante el interrogatorio ante fiscales peruanos este martes en la sede de la Policía Federal de Curitiba (Brasil), el ex presidente de OAS, José Adelmário Pinheiro Filho (conocido como Léo Pinheiro), también se refirió a presuntos pagos ilícitos por el Centro de Convenciones de Lima.
Según pudo conocer El Comercio, Léo Pinheiro dijo tener conocimiento de que se hicieron pagos ilícitos, pero señaló desconocer los detalles. Estos, acotó, podrían darlos los ex ejecutivos Leonardo Fracassi, Ramilton Machado Lima Junior y Alexandre Portella Barbosa.
El Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, fue construido por OAS durante el gobierno de Ollanta Humala y significó una inversión de más de S/500 millones.
La infraestructura fue inaugurada en octubre del 2015 tras 16 meses de construcción.
La ceremonia de inicio de obras se realizó en abril de 2014. Participaron Humala, René Cornejo y Milton Von Hesse; estos dos últimos, por entonces, se desempeñaban respectivamente como primer ministro y titular de Vivienda.
La Comisión Lava Jato del Congreso, que presidió Rosa Bartra (Fuerza Popular), recomendó en su informe final denunciar en la vía constitucional y penal a Humala, Cornejo, Von Hesse y otros ex funcionarios por este caso.
Fuente: Diario El Comercio.

Fiscalía firmó Acuerdo con Odebrecht sabiendo que habían otros sobornos fuera del acuerdo

Por MANUEL ROMERO CARO– Diario Gestión.
¿ Y ahora quienes son los “corruptos”, los que criticamos el Acuerdo con Odebrecht o los que defienden a dicha constructora?
Frente a las contundentes evidencias aportadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y Convoca, los integrantes del equipo Lava Jato Peruano (LJP) y sus adláteres se han ido por las ramas, se han refugiado en temas procedimentales, pero sin pronunciarse sobre el tema de fondo. O han inventado una nueva teoría: no decir la verdad no es mentir. Como afirma Fernando Rospigliosi en su artículo del mismo nombre (EC 06.07.19). Es así que se menciona que el propio Acuerdo con Odebrecht (ACO) tiene cláusulas de entrega progresiva de información por parte de Odebrecht. O afirmando que se trata de un acuerdo progresivo y abierto. Por lo que posteriormente Odebrecht podría asumir la culpabilidad en otros casos. O que si Odebrecht reconoce haber cometido otros delitos, se elabora una adenda que se añade al acuerdo y se estiman nuevos montos de reparaciones civiles. Evitando pronunciarse sobre el problema de fondo: no hay duda que los colaboradores eficaces mintieron y ocultaron la verdad, por lo que el acuerdo ya no es válido.
Y sobre esta definición, el procurador Jorge Ramírez ha declarado que “si la Fiscalía advierte una conducta dolosa, puede pedir la revocación del acuerdo”.
Soborno ocultado
Por lo que quizá valga la pena recordar que hasta hace pocos meses, desde el ex fiscal de la Nación, así como los fiscales del equipo LJP y los medios que los apoyan, afirmaban que Jorge Barata diría toda la verdad. Mientras que desde una posición claramente contraria, nosotros afirmamos que en el mejor de los casos Barata solo diría la verdad de los 4 proyectos incluidos en el ACO. Por lo que al revelarse que habían pagos de la Caja 2 para 5 proyectos no incluidos en el referido acuerdo, diversos analistas y congresistas solicitaron que se anulara el ACO. Pero sucede que la situación es peor, porque la Fiscalía firmó el ACO sabiendo que habían otros sobornos además de los 4 proyectos contemplados en el acuerdo. Se trata de una información proporcionada por las autoridades judiciales suizas en las que se detalla el pago de sobornos por un monto de US$9’975,000 a cambio del otorgamiento de la concesión de la interoceánica norte (ION). Inclusive para darle una apariencia legal a la transferencia de fondos se suscribió un convenio entre Barata y un representante de una compañía de Maiman, en el que se estableció un cronograma de desembolsos sujetos a ciertas “asesorías”. La información proviene del levantamiento del secreto bancario en Suiza de las compañías de Maiman y del LGT Bank (utilizado para lavar los sobornos que se recibían) (1). Y a pesar que la Fiscalía tuvo la información de Suiza desde el primer semestre del 2018, y sabían que habían otros sobornos además de los 4 del ACO, y que los colaboradores eficaces había mentido y estaban descalificados para firmar, suscribieron dicho convenio. Mientras tanto todos los medios excepto dos guardaron silencio sobre los nuevos sobornos. Una vez firmado el ACO, la Procuraduría recién presentó a la Fiscalía una denuncia penal contra Odebrecht por el caso de la ION.
Consecuencias
Asimismo las fuertes críticas al ACO, los errores cometidos y los temores sobre las futuras investigaciones que se efectuarán al respecto han afectado la unidad del equipo LJP y de la Fiscalía. A los reiterados enfrentamientos entre los fiscales Vela versus Hamilton Castro; Chavarry versus Pablo Sánchez; ahora se suma la Junta de Fiscales Supremos, que ha citado a los fiscales Vela y Pérez para que expliquen los alcances del ACO. Mientras que el procurador Ramírez ante una pregunta de si por mentir se cae el ACO, zafa cuerpo y dice “quienes han dirigido el proceso de negociación en cuanto a los asuntos penales ha sido la Fiscalía”. Cuando en anteriores entrevistas no había tenido problema en responder sobre temas penales. Sin embargo Ramírez también firmó el ACO, por lo que es responsable del mismo.
Vistos los argumentos presentados, ahora que se está abriendo paso la verdad hay que preguntarse ¿ahora quienes son los “corruptos”, los que criticábamos y criticamos el ACO, o los que defendían y defienden a Odebrecht?; ¿puede la ingenuidad llegar a eso extremos? En futuros interrogatorios los fiscales ¿van a seguir preguntando “aquello que Odebrecht ha querido que pregunten”, como dijo Mirko Lauer de la República? ¿ Es que los fiscales Vela y Pérez van a pasar piola luego de los gruesos errores incurridos?; ¿ quien defiende la institucionalidad de la Fiscalía?
(1) Odebrecht perdería la colaboración eficaz. Gestión 22.11.18

Tuárez necio

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Sacerdote preside el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Mediante un comunicado, el representante de la Provincia Santa Catalina de Siena, Orden de Predicadores en Ecuador, Fray Armando Villalta Salazar OP, dio a conocer la postura de la comunidad religiosa frente a la candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del padre José Carlos Tuárez Zambrano OP.
Villalta, superior mayor de los frailes dominicos en el país, manifestó que dentro de los oficios prohibidos a los clérigos: “está prohibido… aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil“.
Por lo que, siguiendo lo establecido en el Código de Derecho Canónico, el padre José Tuárez fue prohibido de ejercer el ministerio sacerdotal, junto con dos advertencias canónicas (sanciones muy fuertes), y también de usar el hábito de la orden religiosa, “para que reflexione discierna y obre conforme a su consagración religiosa y al voto de obediencia, renunciando a participar en dicha candidatura“.
Según relata el escrito, Tuárez ingresó a la orden de predicadores en 1998 y tomó el hábito religioso en el 2000; su último labor sacerdotal lo ejerció estos tres últimos años y medio en la casa San Pablo Apóstol de Guayaquil. Sin embargo, a fines del 2018, el padre se postuló, inscribió y aceptó la candidatura para participar en las elecciones de los miembros que conformarán el CPCCS.
SIN PERMISO
La Orden religiosa asegura que “no ha dado permiso y no hay ningún permiso a ningún religioso de nuestra Orden para que participe en cualquier candidatura, para cargos públicos“.
Además, resalta que, como religiosos, no se debe instrumentalizar a la Iglesia y el hábito religioso como un “trampolín” para dar el salto al campo de la actividad política.
En el portal del Consejo Nacional Electoral, se informa que el padre Tuárez tiene más de 20 años dedicados a la docencia, voluntariado y al servicio comunitario.
El domingo 24 de marzo de 2019, los ecuatorianos eligieron a los 7 miembros que conformarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, órgano encargado de elegir autoridades nacionales y de luchar contra la corrupción. De la papeleta de mujeres escogieron tres candidatos, de la papeleta de hombres también se seleccionaron tres candidatos, y de la lista de Pueblos y Nacionalidades se escogió un solo candidato.
Fuente: www.vistazo.com 

PAOLA UGAZ: ENTRE LA DIFAMACIÓN Y EL PERJURIO

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
El 15 de diciembre de 2016, la cadena árabe de noticias Al Jazeera estrenó el documental “The Sodalitium Scandal” en el cual se vinculaba a la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB) con una mafia de tráfico de tierras. Se acusaba principalmente a Alberto Gómez de la Torre, entonces apoderado de la constructora, e incluso al arzobispo de Piura, Monseñor José Antonio Eguren, de haberse coludido con la banda La Gran Cruz para despojar violentamente de sus tierras a campesinos y a sus familias.
Desde su estreno en YouTube hasta la fecha ha corrido mucha agua bajo el puente. Como se presenta en el canal de Al Jazeera, el documental fue dirigido por el periodista peruano Daniel Yovera y Seamus Mirodan de la misma cadena árabe. Y hay una tercera persona involucrada en la producción de este reportaje: Paola Ugaz. La hoy cuestionada periodista peruana, gracias a sus vínculos laborales con la gestión corrupta de Susana Villarán, en más de una ocasión se autodefinió abiertamente como productora del trabajo de Yovera. Sin embargo, hoy lo niega rotundamente luego de que Gómez de la Torre la denunciara penalmente por falso testimonio. En efecto, Ugaz habría negado frente a un juez precisamente lo que siempre afirmó: ser la productora de “The Sodalitum Scandal”. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no lo quiere reconocer?
Condenas por difamación
The Sodalitium Scandal” basó sus acusaciones fundamentalmente en cuatro testimonios. Uno de ellos fue el de Samuel Alberca Reyes, miembro de la banda criminal La Gran Cruz del Norte, quien afirmó que supuestos representantes de ACSJB le habían ofrecido 3 millones de dólares para despojar de sus tierras a los pobres pero que su “ética” no se lo había permitido. Debido a estas declaraciones, Gómez de la Torre interpuso una querella por el delito de difamación agravada en contra de Alberca Reyes. El 25 de octubre de 2018, el 11 Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió sentencia condenatoria en contra de Alberca Reyes, imponiéndole un año de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución, el pago de S/10,000.00 soles como monto de reparación civil y el cumplimiento de determinadas reglas de conducta.
El segundo testimonio fue el de Carmen Rosa Campodónico Díaz quien afirmó que Gómez de la Torre había invadido ilegalmente terrenos. Gómez de la Torre también la querelló ganando el proceso judicial el 13 de marzo de 2019. La condenaron a un año de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución y al pago de S/1,000 soles como monto de reparación civil. Cabe resaltar que la señora Campodónico recibió su condena en prisión, ya que fue detenida intentando ingresar droga a un penal piurano.
En ambas ocasiones, luego de las condenas, Alberto Gómez de la Torre envió cartas notariales a Paola Ugaz, quien hasta ese momento no había negado ser productora del reportaje, sino más bien lo había afirmado en múltiples ocasiones en distintas entrevistas. El objeto de las cartas notariales era solicitarle que retirara el video de YouTube ya que sobre dos de los cuatros testimonios pesaba la condena de falsedad. Pero ella, junto con Yovera, no solo se negaron a hacerlo sino que declararon abiertamente en redes que iban a promocionarlo más.
Las negaciones de Ugaz
Hoy Paola Ugaz niega categóricamente haber sido productora de “The Sodalitium Scandal”. Es algo que llama mucho la atención ya que, hasta antes de que se condenara a Alberca y a Campodónico por difamación, ella no tenía ningún problema en afirmarlo. Así lo hizo, por ejemplo, en la entrevista del 16 de octubre de 2018, concedida al periodista Glatzer Tuesta en el programa “No hay derecho”, emitida por IDL Reporteros. Esto fue reafirmado por su socio y amigo Pedro Salinas en un artículo titulado “La carta del sodálite Eguren”, publicado el 22 de marzo del 2018. Ahí dice textualmente: “De otra parte, me dice que afirmo que está acusado de tráfico de tierras en Piura y se refiere al reportaje investigativo, que él llama ‘documental’ y se lo atribuye a mi amiga y colega Paola Ugaz, quien, efectivamente, participó en la producción”. Lo mismo hace Salinas en su columna “Eguren VS. Ugaz” de fecha 21 de octubre de 2018 y publicada en el Diario La República.
Sin embargo, lo más grave parece ser que Paola Ugaz declaró falsamente ante el Primer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Piura. El 24 de enero de 2019, en su calidad de testigo en el proceso que se le siguió a Pedro Salinas Chacaltana en agravio de Monseñor José Antonio Eguren, Ugaz declaró, bajo juramento de decir la verdad, no haber sido productora del mencionado documental. Esto ha generado que Alberto Gómez de la Torre la denunciara por falsedad genérica según el artículo 409 del Código Penal.
¿Por qué Paola Ugaz ha cambiado su discurso? Hoy su gran “prueba” para negar que ha sido productora es una carta de Al Jazeera de fecha 24 de enero del 2019, curiosamente la misma fecha del día que declaró en el juicio de Pedro Salinas. Ni un día antes. ¿La habrán mandado firmada desde el otro lado del mundo el mismo día? Este descargo se presenta totalmente insuficiente frente al hecho incontrovertible y documentado de que ella misma afirmó haber producido el documental.
En todo caso, este parece ser un problema en el que alguien tiene que asumir la responsabilidad por haber lanzado al aire un reportaje con contenido difamatorio comprobado judicialmente. Si Ugaz quiere eludirla, ¿quién se hace responsable? ¿Daniel Yovera? ¿Seamus Mirodan? ¿La cadena Al Jazeera? De hecho, Ugaz ha declarado más de una vez que hay que solicitarle directamente a Al Jazeera que lo retire. A lo que Gómez de la Torre ha respondido que lo ha intentado innumerables veces pero nadie le contesta desde la cadena internacional.
Alberto Gómez de la Torre ha emprendido esta cruzada para reponer su buen nombre y honra con justa razón. Su vida ha sido destruida debido a este documental. ¿Quién se hace responsable? ¿No es acaso una víctima de un periodismo poco riguroso? ¿O son selectivos con las víctimas que defienden? Porque si Ugaz fuera coherente con su espíritu justiciero, y al determinarse la difamación de Alberca y de Campodónico, ¿no debería ser la primera en gestionar con Al Jazeera el retiro el documental? ¿Por qué no lo hace? Sea como sea, se retire o se quede, igual la difamación es objetiva y alguien debe pagar por ello. ¿Ugaz? ¿Yovera? ¿Mirodan? ¿Al Jazeera? El que sea. Pero debe haber un responsable penal. ¿O se seguirán pasando la papa caliente?

Arzobispo de Lima anuncia acuerdo extrajudicial con PUCP

El Arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, anunció que se ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), poniendo fin a varios años de litigio por el testamento de don José de la Riva Agüero, quien estableció que a su muerte un representante del arzobispado formase parte a perpetuidad de la junta administradora de esa casa de estudios.
Como Arzobispo de esta arquidiócesis retomo el legado original de los fundadores, una universidad católica, comunidad de servicio al Perú, en especial a los más vulnerables de nuestra patria y con ello, como Arzobispo, declaro que comenzamos un periodo de paz”, dijo Monseñor Castillo el lunes 8 de julio en el campus de la PUCP, durante la ceremonia en la que Carlos Garatea Grau asumió el cargo de rector de la casa de estudios.
He entregado una carta al Rector pro tempore en la cual manifiesto la voluntad absoluta de restringirnos a la única misión que nos dejó Riva Agüero de designar al otro miembro de la junta y nada más, en aras de la paz y la justicia para que todos vivamos como cristianos y como hermanos. Él les anunciará también la sorpresa de que ya ha sido firmado el acuerdo extrajudicial que abre las puertas para el periodo de paz que comenzamos”, agregó el Arzobispo.Según informa el Arzobispado de Lima, en la ceremonia participaron, además de Monseñor Castillo, el prefecto de la Congregación para la Educación Católica y canciller de la PUCP, el Cardenal italiano Giuseppe Versaldi; el Nuncio Apostólico en Perú, Monseñor Nicola Girasoli; el vicecanciller de la PUCP, Monseñor Miguel Cabrejos; el Arzobispo de Huancayo, Cardenal Pedro Barreto; el Arzobispo de Ayacucho, Monseñor Salvador Piñeiro, el Obispo de Chiclayo, Monseñor Robert Prevost; y el Padre Gustavo Gutiérrez, considerado uno de los padres de la teología de la liberación.
El juicio del Arzobispado de Lima y la PUCP
El litigio entre el Arzobispado de Lima y la PUCP se remonta a varios años atrás. En el año 2001, el entonces Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani, entregó al entonces rector de la universidad, Salomón Lerner Febres, las precisiones de la Santa Sede para la redacción de los nuevos estatutos, conforme a la Ex Corde Eclessiae, la constitución que rige a las universidades católicas de todo el mundo. Sin embargo, las autoridades de la PUCP registraron en los Registros Públicos sus nuevos estatutos no aprobados por el Vaticano.
El conflicto se agravó luego que el Arzobispado de Lima solicitó al rector información sobre la Junta Administradora de los bienes de Riva Agüero, y se le indicó que se le habían reducido competencias, faltando a las condiciones estipuladas en el testamento del benefactor.
Desde entonces, las autoridades de la universidad trataron de quitar validez al testamento de 1938, y reforzar el de 1933, en el que no se hace referencia a una Junta Administradora.
En 2010, tras un recurso presentado por la PUCP, el Tribunal Constitucional falló a favor de la Iglesia, en el sentido de que el testamento que prima con respecto a los bienes legados por Riva Agüero es el de 1938. El fallo fue siempre rechazado por la universidad.
Durante 2011 ocurrieron manifestaciones de agravio por parte de las autoridades de la PUCP contra el entonces Arzobispo de Lima. Entre ellas, se observan fotos en las que el entonces rector Marcial Rubio y otros posan junto a un joven con una máscara de burla al Cardenal Cipriani.
A finales de ese año llegó el Visitador Apostólico enviado por el Papa Benedicto XVI, Cardenal Peter Ërdó, para mediar en el conflicto. Su informe no se hizo público.
En febrero de 2012, el Secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Tarcisio Bertone, dio un ultimátum a la PUCP para que sus estatutos se regularicen de acuerdo a la Ex Corde Eclessiae.
El 20 de julio de 2012 el Cardenal Bertone, por expresa voluntad de Benedicto XVI, decretó la prohibición de que la PUCP ostente los títulos de “Pontificia” y “Católica”, indicando que a pesar de esto sigue bajo jurisdicción de la Iglesia.
En noviembre de 2017, la Secretaría de Estado del Vaticano emitió un decreto que devolvió a la universidad los títulos de “Pontificia” y “Católica”; y que nombró al Cardenal Versaldi como canciller de la casa de estudios durante cinco años.Finaliza periodo del rector pro tempore
El nuevo rector de la PUCP asume el cargo luego del breve periodo del rector pro tempore Efraín Gonzales de Olarte, que reemplazó a Marcial Rubio Correa tras su renuncia en diciembre de 2018.
Rubio se desempeñó en el cargo desde 2009 y dejó el rectorado tras el escándalo de los cobros indebidos realizados a los alumnos desde 2012, y que superarían los 30 millones de soles.
Los cobros, que equivalen a unos nueve millones de dólares, eran realizados a los estudiantes que se atrasaban en el pago de sus pensiones.
Según informó RPP Noticias, junto con Marcial Rubio Correa, también renunciaron el vicerrector administrativo, Carlos Fosca Pastor; y la vicerrectora de investigación, Pepi Patrón.
La renuncia de Rubio se anunció el 11 de diciembre, cuatro días después de su entrevista con la periodista Rosa María Palacios en el programa institucional de la PUCP, “Sin Pauta”.
La cantidad que estamos devolviendo es de aproximadamente 10 millones de soles por el periodo de los dos últimos años. Pero en total, con todo, es entre 30 a 32 millones de soles”, afirmó Rubio en la entrevista.
El ahora ex Rector justificó el accionar de la universidad por la controversia surgida en 2011 a raíz de las diferencias con el Arzobispado de Lima y la Santa Sede.
En febrero del año 2011, por asuntos judiciales que no voy a rememorar ahora, la universidad se vio privada al 100% del crédito bancario interno, porque se inscribió en todos los inmuebles de la universidad una sentencia que había habido, que impedía que la universidad pudiera dar cualquiera de sus bienes en garantía de préstamo. Esta situación dura hasta diciembre de 2016. En esos años, la universidad vive con la plata que cobra”, dijo Marcial Rubio.
En la entrevista, Rubio Correa dijo que “la universidad, frente a la posibilidad de no pagar la planilla, se vio en la imposibilidad de cumplir la ley y entonces siguió aplicando la multa de medio crédito por la mora en el pago”. “Yo como rector no podía condenar a la universidad a cerrar”, dijo Rubio.
En el año 2012, según indicó un programa de Willax TV, Marcial Rubio percibía un sueldo de más de 40 mil soles mensuales, casi doce mil dólares aproximadamente.
Fuente: ACI Prensa.

Antonio Palocci

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Exministro de Lula acusa al líder del PT de desviar fondos a Bolivia y Perú

Por Carlos Morales- Diario El Deber Bolivia.
Antonio Palocci, ministro de Hacienda de Lula da Silva entre 2003 y 2006, y jefe de Gabinete de Dilma Rousseff entre enero y junio de 2011, acusó al líder del PT de desviar fondos de la corrupción para financiar campañas políticas en Bolivia y Perú.
Palocci declaró por primera vez esta semana ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre las irregularidades en el manejo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) durante la gestión del Partido de los Trabajadores (PT). La comparecencia duró casi cinco horas, en las que detalló las millonarias coimas que Odebrecht le pagó al PT por el apoyo financiero que le ofreció para realizar obras en Angola. Créditos que por el riesgo de la operación no podrían haber superado los 150 millones de dólares, terminaron siendo de más de 250 millones, y en reiteradas ocasiones. Todo por una “decisión política”.
Pero la revista Veja reveló una parte de la declaración de Palocci que no había trascendido en un primer momento. Según el ex funcionario, Lula intervino personalmente para desviar parte de los más de 10 millones de dólares en sobornos pagados al PT por la constructora a cambio de la gestión ante el BNDES. El destino fueron campañas políticas en Perú y Bolivia, según dijo Palocci, que no brindó muchos más detalles.
El ex ministro ya había acusado en el pasado al ex presidente de tener una participación directa en las tramas de corrupción. En diciembre, señaló su involucramiento para beneficiar al sector automotriz a cambio de coimas.
Palocci testificó en esa ocasión ante la Justicia en calidad de testigo de la acusación, en un caso que investigaba la renovación de un decreto que prorrogó los beneficios fiscales de diversas montadoras del sector del automóvil en Brasil. En el marco de ese caso, Lula, quien se encuentra preso desde abril de 2018 acusado de haber recibido un apartamento con vistas al mar a cambio de sobornos, fue denunciado por la Fiscalía por el delito de corrupción pasiva.

Red familiar

Una parte de las coimas fueron dirigidas a Luis Claudio Lula da Silva, uno de los hijos del ex presidente y quien solicitó entre 2 y 3 millones de reales (entre 526,000 y 789,000 dólares) para llevar a cabo un proyecto deportivo, concretamente un campeonato de fútbol americano en Brasil, según Palocci.
Lula y el ex ministro Gilberto Carvalho fueron denunciados en septiembre de 2017 por corrupción al editar, a cambio de supuestos sobornos, una medida legislativa para favorecer a empresas del sector automotriz mediante una prórroga de los beneficios tributarios por cinco años.
En los interrogatorios ante la Justicia, Palocci ha acusado a Lula y Rousseff de diferentes delitos, que aún son investigados y pueden agravar la situación legal del ex presidente, quien ya cumple una condena de ocho años y 10 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero por haber recibido un apartamento de la constructora OAS.
El ex ministro y antiguo brazo derecho de Lula fue condenado y está preso por corrupción en un caso vinculado a millonarios desvíos en la petrolera Petrobras, pero firmó un acuerdo con la Fiscalía para colaborar con la Justicia y revelar sus delitos y a sus cómplices, a cambio de una reducción de su pena y otros beneficios. 

“Tregua”, dice

Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
Gustavo Gorriti comandó una guerra contra el presidente Alan García. Lo dijo así: “Si yo hubiese sabido lo que iba a pasar hubiera pedido una tregua para convencerlo de que no lo hiciera”. Dado que las treguas solo son posibles en las guerras, Gorriti ha dejado claro que junto a su jauría de amanuenses libró una unilateral guerra contra García. Esta tardía y “doliente” disposición al cese temporal de hostilidades (de su parte, de “sus” fiscales y escribanos) para evitar que el ex presidente acabara con su vida, más que arrepentimiento suena a estrategia de imagen.
Lubavitcher Rebe, Rabí Menajem Mendel Schneerson, considerado -según la web chabad.org- “la más grandiosa personalidad judía de nuestro tiempo”, enseña sobre el poder de las palabras. Dijo que las palabras creadoras de Dios no crearon realmente ningún elemento y más bien cambiaron “una percepción”, la manera en que “La Realidad Preexistente” debe ser percibida. Gorriti podría apenas estar intentando cambiar la percepción generalizada de que él y su banda de periodistas aplanadores de honras y verdades, premeditadamente dispararon mentiras para aniquilar la figura de Alan y su reputación, empujándolo al suicidio.
La sorpresiva medida de prisión preventiva contra el dos veces presidente del Perú intentaba destruirlo y con ello al partido aprista. No seamos ciegos, a Gorriti y sus monos no les interesan la verdad y sí desaparecer a los partidos que frenan el avance de la marea roja en el Perú: Apra y Fuerza Popular. ¿Alguien se cree que recién ayer IDL accedió al audio para frustrar la audiencia de casación de la presa política Keiko Fujimori? ¡Ja!
Giulliana Loza, abogada de la líder de Fuerza Popular, escribió en Twitter: “ha llegado la hora de saber si en el Perú la justicia está en manos de los jueces del país o de IDL y sus amigos”. Ya lo sabemos: el IDL gorritiano y sus amigos son quienes a punta de audios dosificados y periodicazos manejan no solo a la justicia, sino también al presidente accidental; además, defienden a coro el inmundo acuerdo con la corrupta Odebrecht, lesivo para el país, y miran de costado cuando se comprueba irrefutablemente que rojos y caviares recibieron dinero de la constructora brasileña.
La chusma autoerigida como periodistas de investigación (de invención será) lanza bombas apestosas solo contra un sector político, mientras perfuman a Vizcarra. Ahora la piara arremete contra Keiko y calla la impunidad disfrutada por los “cuellos blancos consorciados” que saquearon al país.
¡Tira de hipócritas!

¡Defienden a Odebrecht más que su propio abogado!

Por Aaron Salomón– Diario EXPRESO.
La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero disparó contra los coleguitas y fiscales faranduleros que defienden a capa y espada el acuerdo entreguista suscrito -y ya homologado por el Poder Judicial- con la corrupta constructora Odebrecht. Ampuero dijo que ciertos personajes mediáticos protegen a la firma de las coimas (tienen el desparpajo de argumentar que han fumigado la casa y que ahora los cariocas son unas santas palomas: compliance, le llaman a este proceso de limpieza) más que el propio abogado de la trasnacional, cuyo nombre, valgan verdades, recién muchos nos enteramos: Luis Bramont Arias.
A estas alturas habría que ser muy inocente -o tener intereses realmente oscuros- para sacar cara por el convenio de colaboración eficaz. La información privilegiada del sistema Drousys, a la que tuvo acceso el periodista ecuatoriano Andersson Boscán y que fue entregada posteriormente a los portales de investigación locales Convoca e IDL-Reporteros, demostró que Odebrecht nos mintió dolosamente.
Ahora sabemos que se pagaron, por lo pronto, más 3 de millones de dólares en el Gasoducto del Sur durante el gobierno de los Humala-Heredia. También hay inyecciones de billetes verdes en otras cinco obras. Ninguno de estos proyectos, por supuesto, está incluido en el vil pacto (que contempla el desembolso de una propina de 610 millones de soles como reparación civil en 15 años), en donde la empresa brasileña solo admite responsabilidad penal en cuatro obras: Línea 1 del Metro de Lima, Tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, Vía Evitamiento Cusco y Costa Verde Callao.
Marcelo Odebrecht y Jorge Barata han declarado en sendos interrogatorios a fiscales del equipo Lava Jato que no se había entregado coima alguna por el Gasoducto (no les convenía aceptar delitos porque pretenden llevarnos a un arbitraje internacional para seguir robándonos al argüir que el Perú les quitó la licitación de la obra irregularmente). Mintieron y nada les pasa. ¿Acaso no sostenían los padrinos del acuerdo que estos brasileños no podían mentir porque corrían el riesgo de perder todos sus beneficios y terminar tras las rejas? Calladitos se ven más bonitos.
¿Podemos seguir confiando en cariocas deshonestos que faltan a la verdad y que dan información a cuentagotas? NO. Tras el escándalo destapado desde Ecuador, como bien apunta Katherine Ampuero, a quien no pueden tildarla de “fujiaprista”, Odebrecht debería perder las acciones que aún posee en obras manchadas de corrupción como, por ejemplo, Rutas de Lima, Olmos y Chavimochic. De esta manera evitaríamos que nos repartan migajas de lo que vendan a otras empresas, como ocurrió con Chaglla. Total, estos proyectos no figuran en el pacto oneroso que le otorga beneficios a la compañía. ¡Que no nos continúen agarrando de tontos!

ALGO SE PUDRE EN EL ‘VIZCARRATO’

Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO
La información sobre nuevas coimas de Odebrecht, publicada por el periodista ecuatoriano Andersson Boscán, debilitó enormemente al régimen de Vizcarra; además de la declaración del fiscal Hamilton Castro, ex Lava Jato, indicando que la empresa brasileña coimeó y sobornó ¡en 20 proyectos! Queda claro que: 1) los fiscales Vela y Pérez conocían estos reveladores datos, pero decidieron omitirlos del acuerdo con Odebrecht, incluyendo solo cuatro baratijas de proyectos por los que la empresa pagará ridículos $200 millones si no quiebra. 2) IDL –brazo derecho e izquierdo de los mal llamados fiscales anticorrupción– sabía todo y también calló. Urge conocer a cambio de qué se decidió ese ominoso silencio y establecer responsabilidades ya.
La troika gobierno, fiscalía anticorrupción e IDL, aliada a medios politizados, se marchita, pese al embate de injurias y acusaciones que propala la prensa adicta. El ataque contra un fiscal y un vocal supremos vinculados a la casación de KF formará parte de la historia de la infamia. El cargamontón mediático los volvió sospechosos y culpables. El fiscal resistió y el vocal, presionado, terminó inhibiéndose. La troika no soporta a Keiko Fujimori en libertad.
En los corrillos del despacho de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, comentan su evidente preocupación. “La doctora no se ríe”, mencionan. Le regalaron 17 puntos para que llegue a ser suprema, hecho que debe investigarse. Igualmente, la semana pasada, en la Junta de Fiscales Supremos, a la que faltó Pablo Sánchez por el Parkinson que padece, se acordó citar a los fiscales Vela y Pérez para que respondan sobre este desaguisado que beneficia tanto a Odebrecht.
Ahí no valdrá la sopa de letras de estos fiscales investigados por control interno. Han soslayado la posibilidad de realizar adendas para incluir los nuevos casos. Pero no sería el parecer de los fiscales supremos. Probablemente, como no habrá explicaciones satisfactorias, se producirá un recambio.
La arbitrariedad de dos fiscales anticorrupción propició el suicidio de Alan García y “se volvió” –como en el karma– contra Vizcarra. Perder el control férreo de la Fiscalía enerva al gobierno. La persecución a los congresistas fujimoristas y la coacción a quienes quiere coaccionar no será tan fácil y abusiva como hoy. Y Chinchero, Club de la Construcción, incluida la carretera San José de Sisa, donde un colaborador implica a un expremier, y otros casos podrán ser investigados.
Como los dictadores, Vizcarra vive ávido de poder. Sus recientes declaraciones sobre la futura “reestructuración de las presidencias de las comisiones del Congreso” constituyen una injerencia inaceptable. Perder el control de la mesa directiva lo pone en un disparadero. Cerrar el Parlamento será tan celebrado como la toma de La Bastilla. Pero después vendrá la cárcel para él y los ministros firmantes. Otro parteaguas es si Tía María va o no. El tic tac corre presuroso. Pobre Perú.

Exdirectora del Gasoducto Sur Peruano confirmó que Sepúlveda asesoró a Odebrecht en el proyecto

La exapoderada de Kuntur Transportadora de Gas y exdirectora legal del Gasoducto Sur peruano, Claudia Hokama, se presentó ante la comisión Lava Jato y reveló que el empresario chileno Gerardo Sepúlveda participó en el proyecto del gasoducto como asesor de la constructora brasileña Odebrecht.
Según explicó, la participación de Sepúlveda y su empresa First Capital se dio en abril de 2012, cuando Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura compró la concesión del gaseoducto a Kuntur Transportadora de Gas.
Entonces el empresario chileno fue el puente para que la constructora logre obtener fondos del Estado para financiar el proyecto. Fue durante la compra de la concesión y la asesoría de First Capital, que los costos de ejecución del proyecto se incrementaron de US$ 1,200 millones a US$ 7,300 millones.
Participación de Odebrecht y creación de empresa
Hokama también dijo que Odebrecht ya participaba de las operaciones internas de Kuntur Transportadora de Gas desde 2010; dos años antes de que contrataran a la empresa brasileña para la construcción de infraestructura del Gasoducto Andino del Sur.
Además reconoció que la creación de Inversiones en Infraestructura de Transportes por Ductos, de Odebrecht, que integra el Gasoducto Sur Peruano (GSP), se realizó a través de dos personas naturales quienes contaban solo con un capital de S/1,000. Sin embargo, luego el grupo brasileño transfirió posteriormente bloques patrimoniales a través de complejos movimientos entre sus empresas.
La exrepresentante también se mostró sorprendida porque el Ministerio Público solo la consideró a ella y a Édgar Ramírez Cadenillas, en las investigaciones detectadas en el proyecto del gasoducto, aun cuando ambos solo eran directivos de nivel intermedio en la toma de decisiones.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Nada podrá dañarlos

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Evangelio según San Lucas 10,1-12.17-20.
El Señor designó a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios adonde él debía ir.
Y les dijo: “La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha.
¡Vayan! Yo los envío como a ovejas en medio de lobos.
No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino.
Al entrar en una casa, digan primero: ‘¡Que descienda la paz sobre esta casa!’.
Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él; de lo contrario, volverá a ustedes.
Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa.
En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan; curen a sus enfermos y digan a la gente: ‘El Reino de Dios está cerca de ustedes’.
Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: ‘¡Hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes! Sepan, sin embargo, que el Reino de Dios está cerca’. Les aseguro que en aquel día, Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad”.
Los setenta y dos volvieron y le dijeron llenos de gozo: “Señor, hasta los demonios se nos someten en tu Nombre”.
El les dijo: “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo; y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan; alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo”.

Homilía del Padre Paul Voisin CR, Superior General de la Congregación de la Resurrección:

Después de mi regreso de Bolivia a Canadá, y mi año sabático, algunos miembros de la provincia de Ontario-Kentucky de la congregación de la Resurrección se acercaron o me llamaron para dejar mi nombre para ser elegido como uno de los cuatro concejales del Provincial superior. Los primeros años no he aceptado, ya que quería tiempo para volver a conectar con mis hermanos en comunidad. Por fin en 2003 dejé que mi nombre aparezca y fui elegido como uno de los cuatro concejales de la provincia y su vicario. En mi primera reunión mensual del Consejo Provincial, después del almuerzo, cada uno agarró las cosas de la mesa para volver a la cocina. Tomé los cubiertos, y al abrir después el cajón para encontrar dónde poner los cubiertos limpios, no estaba familiarizado con la casa provincial, y así el provincial abrió el cajón correcto para mí y le dijo: “usted sabrá dónde poner esto cuando se mueva el próximo año como provincial”. Todos nos reímos, especialmente yo mismo. El año que viene me pidieron que dejara mi nombre en el provincial superior, y se tomé el riesgo y dije ‘Sí’. En esa elección fui elegido provincial superior, y de repente fue ‘mi casa’ durante tres años.
Pensé en esto cuando leí el evangelio de hoy (Lucas 10:1-12, 17-20) porque lo que me habló acerca de esta lectura fue la importancia de asumir riesgos. Eso es lo que Jesús está pidiendo de los setenta y dos discípulos, al llamar a salir y compartir las buenas noticias que habían oído de sus labios, y para ser testigo de las obras milagrosas que habían visto y experimentado a su lado. Hay unas pocas cosas importantes que él les dice. Primero, dice que los envía como “corderos entre lobos”, por lo que están para estar listos para soportar las dificultades y el sufrimiento, el rechazo y la persecución. Jesús les dice que “sacudirse” el polvo de sus pies en esos lugares que no van a recibir su mensaje de vida. En segundo lugar, les dice que no son para depender de las “cosas” de material en su misión, sino de depender de la gracia que les dará, y de la inspiración que han recibido. En tercer lugar les da alguna parte del mensaje que son para dar, de entre todos los posibles mensajes que podrían tomar de su predicación: “Paz a este hogar”, y “el reino de Dios está a la mano para ti”. Esto es principalmente una buena noticia, aunque sabemos de la predicación de Jesús que también había lo que ellos consideraban como ‘malos nuevos’ porque era un llamado al arrepentimiento y la renovación, y volver a DIOS. Puedo imaginar, en su condición humana, que los setenta y dos tenían miedos y dudas, temores y dudas. Sin embargo, al mismo tiempo probablemente estaban seguros de que Jesús, que habían llegado a considerar como el prometido, el ungido, el Mesías, les daría la gracia de cumplir con su misión. Los estaba preparando para el éxito, no el fracaso.
Y, de hecho, se encontraron con éxitos, porque escuchamos que “regresaron regocijo”. La gracia y el poder de Dios estaba con ellos, ya que trajeron las buenas noticias a las personas a las que salieron, dos por dos. Habían experimentado la protección y la bendición de Dios, a pesar de las dificultades y tribulaciones que se encontraron. Jesús les aseguró su recompensa por su fidelidad -por asumir el riesgo- y que sus “nombres están escritos en el cielo”.
En la primera lectura del libro del profeta Isaías (66:10-14 C) Dios también habla de las gracias y bendiciones que Él da a sus fieles. Ellos serán conocidos como “Siervos” de Dios. Las imágenes que Dios revela a través de Isaías es reconfortante y tranquilizador para el pueblo, imágenes de la ternura y la crianza de la ciudad santa de Dios, Jerusalén: ser alimentado en el seno, “llevado en sus brazos”, y consoló, “como un Madre consuela a su hijo”. Esto tranquilizó y ha fortalecido al pueblo de Dios.
En la segunda lectura de San Pablo a los Gálatas (6:14-18): San Pablo da testimonio a su nueva vida en Cristo. Se ha convertido en una nueva creación, y tiene “Paz y misericordia” porque está siguiendo la voluntad de Dios. A pesar de sus sufrimientos, compartiendo en la cruz de Cristo, vive una vida de gracia con Dios.
Nuestras lecturas de hoy nos hablan sobre nuestras vidas como discípulos de Jesús. Nosotros, también, hemos sido alimentados y consolados por Dios. Hemos experimentado en nuestras propias vidas la gracia de Dios, y se han convertido en una nueva creación en Jesucristo. Estos buenos sentimientos y experiencias felices han hecho que nuestro seguimiento de Jesús sea una bendición. Al igual que los setenta y dos discípulos en el evangelio, a menudo hemos “vuelto regocijo” por hacer la voluntad de Dios, por dar testimonio a los demás de Jesús, y hacer manifiesto el Espíritu Santo.
Sin embargo, no podemos perder de vista las importantes enseñanzas de Jesús en el evangelio: el tipo de mundo en el que nos está enviando, nuestra necesidad de depender solo de Él, y el mensaje de las buenas noticias que es nuestro para compartir. Y para cumplir fielmente esto en nuestro mundo hoy necesitamos coraje, tenemos que tomar riesgos. Si estamos demasiado cómodos en ser un discípulo, es probablemente una indicación de que no estamos haciendo lo suficiente, que no estamos siendo suficientes en la construcción del reino de Dios. Con demasiada frecuencia, como católicos, somos reacios a compartir nuestra fe, a tomar un riesgo delante de los demás: para animar a alguien a orar, a orar con ellos, para decirles que vamos a orar por ellos, para invitar a alguien a que nos acompañe a la misa o a un evento parroquial o diocesano. Tan a menudo tenemos la oportunidad de que el ‘corazón hable con el corazón’ cuando acompañamos a alguien que está preocupado, molesto, confundido o triste. Ese es nuestro tiempo para presenciar a Jesús, no (necesariamente) citando la escritura o el catecismo católico, pero compartiendo por qué creemos, por qué oramos, por qué tenemos esperanza, por qué vamos a misa. De hecho, esto es un riesgo, pero a través de la gracia de Dios se llevará a regocijo y una compartir más profunda -para ambas partes- en la vida de Cristo.
Cuando miro hacia atrás en mi vida puedo ver muchos riesgos: el riesgo de estudiar para el sacerdocio, de ir a Bolivia, en servir como provincial superior, en ir a las Bermudas, en servir como superior general, y cualquier cosa que se encuentra por delante. Tal vez pensamos más a menudo de riesgo en las relaciones y nuestra profesión, pero hoy estamos invitados a considerar el riesgo de ser un discípulo de Jesús, y compartir nuestra fe unos con otros. Entonces todos vamos a “volver regocijo”, preparándonos para el reino de Dios y que nuestros nombres serán “escritos en el cielo”.

Partitura Lava Jato

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El aeropuerto de Chinchero es un enredo

Por Marco Zileri- Revista CARETAS.
El presidente Martín Vizcarra parece estar volando a ciegas en Chinchero, Cusco. Y sin instrumentos de navegación.  Ahora la propia Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha dicho lo que los expertos independientes han sostenido con anticipación: el terminal aéreo ubicado a 3,700 m.s.n.m. no tendrá capacidad para vuelos transoceánicos por la altura y los fuertes vientos. El vicepresidente de IATA para América Latina, Peter Cerdá, declaró que “si van a crear una infraestructura donde el usuario no tiene posibilidad de exponer su parte técnica, pues el producto final es probable que no sea el más adecuado.
Chinchero es un buen ejemplo donde ha habido fallas garrafales y la industria no está participando”. La luz de alerta se ha encendido en la consola. Pero el capitán Vizcarra –tan sensato en otras muy complejas situaciones– hace caso omiso a la alarma. El movimiento de tierras en la pampa de Chinchero continúan y el MTC seleccionó esta semana al consorcio coreano compuesto por Korea Airport Corp. y tres empresas de ingeniería surcoreanas para supervisar y administrar el proyecto de construcción. El proyecto Chinchero cuesta en el papel US$ 484 millones. Pero la nave está siguiendo el mismo curso que tantos otros proyectos de infraestructura pública mal evaluados. Así las cosas, todo está servido para la firma de nuevas adendas. En el mejor de los casos, los costos se multiplicarán. En el peor,  el futuro aeropuerto será un elefante blanco sin operar. ¿Acaso no leen los diarios en Palacio de Gobierno? Chinchero repite  la misma partitura que los escándalos de Lava Jato: pobres estudios de prefactibilidad, oídos sordos a las advertencias, sobrecostos cantados. El Estado peruano ya ha invertido cerca de US$ 180 millones en el proyecto a lo largo de los años sin absolver preguntas básicas. Ahora anuncia que invertirá US$ 30 millones más –no para construir el aeropuerto– sino para contratar a un nuevo equipo de consultores, esta vez coreanos. Hay que ser sinceros: el aeropuerto de Chinchero está mal encaminado.El avión que despegue de Chinchero buscará ganar altura sobrevolando el valle de   Urubamba y entre montañas más altas.

No tiene ruta de escape

El teniente general (r) FAP Bruno Papi Aparicio ha identificado una falla colosal en el estudio de la consultora española ALG en el que se sustenta la construcción del aeropuerto de Chinchero. La salida instrumental  predominante RWY 34 que sobrevolará el valle del Urubamba no tiene prevista una ruta de emergencia en caso de falla de un motor al momento del despegue. Esta salida debe permitir a la aeronave regresar al terminal aéreo o dirigirse a una pista alterna. “Si una aeronave presentara un fallo de motor en el waypoint número 3 -WP3, tendría una altitud de 13,785 pies (4,200 metros). En ese escenario, observamos a izquierda y derecha de la ruta una cadena montañosa con altitudes mucho mayores”, alertó Papi en carta notarial a la ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara, el 14 de junio (ver diagrama).La ruta RYW 34 no tiene ruta de escape.
Según el oficial FAP, los estudios de ALG del 2013 simplemente no han considerado el procedimiento de emergencia ‘engine failure’ de dicha salida. La Dirección General de Aviación Civil admitió que “para el inicio de la fase de operación (aproximadamente el año 2024) se tendrá validado todo el procedimiento de vuelo”, replicó al remitente en abril pasado. Con base en estas esquivas respuestas, Papi Aparicio argumentó a la ministra Jara que “el proyecto que su despacho promueve no tiene certeza de operatividad, lo cual debió ser un paso previo a las obras. No es razonable invertir recursos del Estado en la construcción de un aeropuerto con procedimientos de vuelo cuya “capacidad de vuelo” no está registrada, o que no existen, como es el caso de Chinchero”. En ese contexto, la opinión de IATA sobre la rentabilidad y la seguridad del nuevo terminal es importante. “No vas a bautizar una de esas montañas con el nombre tuyo”, sintetizó Papi Aparicio.Teniente general FAP Bruno Papi Aparicio.

Cumbres borrascosas

Macizos cordilleranos a la margen derecha e izquierda de la nave.
Margen Derecha:
Nevado Pumahuanca        5318 m
Cerro Salcayoc        4838 m
Nevado Hualancoma        5367 m
Nevado Verónica        5682 m
Nevado Huasayhuillca        5361 m
Nevando Bonanta        5319 m
Margen Izquierda:
Cerro Minasioc        4558 m
Cerro Yanorjo        4460 m
Nevado Esquina        5024 m
Nevado Huayanay         5362 m
Cerro Raucarcancha        4474 m
Cerro Casamientuyoc        4,668 m

REMOCIÓN. El movimiento de tierras para el futuro aeropuerto internacional de Cusco, ubicado en el distrito de Chinchero, en la provincia de Urubamba. Foto: Presidencia de la República

Cusco: Aeropuerto de Chinchero avanza sobre caminos Inca y coloniales

Por  Clarys Cárdenas– Ojo Público.com
Cusco. Chinchero, un distrito del Valle Sagrado que ha podido combinar su actividad agrícola con el potencial turístico, es hoy escenario del paso de excavadoras que allanan el terreno donde se construirá el aeropuerto del mismo nombre. La obra avanza pese a que dos estudios contratados por el Estado, hace ocho años, reconocen la existencia de tres caminos Inca y trece rutas coloniales dentro de las 357 hectáreas del proyecto.
El aeropuerto de Chinchero no cuenta con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), requisito para obras de envergadura que involucran la remoción de terrenos superficiales. El Ministerio de Cultura es quien emite el CIRA luego de realizar un Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA), es decir, un estudio que determina la existencia de vestigios que merecen ser protegidos. Si el PEA los identifica no se puede expedir el CIRA.
El mes pasado, en una entrevista a un medio local, la ministra de Cultura, Ulla Sarela Holmquist Pachas, sostuvo que el CIRA se emitirá posteriormente porque el PEA arrojó que solo habían “trazos de caminos carrozables” en la zona. “En realidad son una proyección de trazos. No hay ninguna evidencia monumental, no hay un piso, no hay muritos”, añadió. Pero el estudio de asesoría arqueológica y el PEA que se realizaron en Chinchero el 2011 -a los que Ojo-Publico.com tuvo acceso-, dicen más que eso.
El 2010 la entidad estatal que promueve la obra, Proinversión, contrató a la empresa Trashumantes para que realice la ‘Consultoría encargada de reconocimiento arqueológico y gestión del CIRA’. Esta tarea implicaba elaborar un estudio de asesoría arqueológica de campo, un Plan de Monitoreo Arqueológico (en caso se encuentren vestigios importantes) y tramitar los expedientes del CIRA .
El 11 de febrero del 2011 Trashumantes presentó las conclusiones de su asesoría arqueológica. El documento lleva la firma de la arqueóloga Lucía Balbuena Cotlear y concluye que los terrenos donde se construirá el aeropuerto albergan siete elementos arqueológicos aislados (fragmentos de cerámicos), tres caminos Inca y 13 rutas coloniales, los cuales forman parte de un Paisaje Cultural Arqueológico.
DEMORA. El Ministerio de Cultura aún no emite el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, pero la remoción de tierras en Chinchero empezó hace unas semanas. Foto: Ojo-Publico.com/ Clarys Cárdenas.
“Como resultado de los trabajos de arqueología en el área del futuro aeropuerto se han registrado evidencias culturales de diversa índole: 3 caminos prehispánicos (de filiación Inca), 13 caminos coloniales y 7 elementos arqueológicos aislados. Estas evidencias culturales no son clasificadas como Sitio Arqueológico, sino que se trata, según la clasificación de patrimonio, de áreas de Paisaje Cultural Arqueológico”, precisa el informe.
Y añade: “Se ha solicitado al Ministerio de Cultura de Cusco y de Lima información respecto al estado de declaratoria de los caminos prehispánicos vinculados al proyecto. De manera extraoficial, personal del Ministerio de Cultura de Cusco nos ha informado que estos caminos han sido registrados por arqueólogos del Proyecto Qhapaq Ñan, pero aún no han sido declarados como Patrimonio Cultural de la Nación”.
En este sentido, la recomendación final de la consultora Trashumantes fue que el Ministerio de Cultura deje en suspenso el expediente de solicitud del CIRA hasta que se efectúe un PEA con excavaciones y se realice el rescate de los vestigios.
El entonces Director Ejecutivo de ProInversión, Jorge León Ballén, recepcionó el informe el 11 de febrero del 2011 y le comunicó al ministro de Cultura, Juan Ossio Acuña, que “Proinversión se responsabilizará por los eventuales daños y perjuicios al Patrimonio Arqueológico Nacional que se puedan generar durante la ejecución del PEA para el Proyecto del Aeropuerto de Chinchero”, como consta en el oficio 119-2011.

Caminos Inca

En junio del 2011, mediante la Resolución Ministerial 342-2011, el sector Cultura autoriza la realización del PEA y designa al arqueólogo William Cjuiro Mescco como encargado. En la redacción de su informe, Cjuiro confirmó la existencia de los caminos Inca y coloniales identificados por Trashumantes, incluso explica que estos también atraviesan tres comunidades campesinas: Ayllo Pongo, Yanacoma y Raqchi.
“Durante los trabajos de prospección arqueológica en el área del futuro Aeropuerto Internacional de Chinchero se han registrado un total de tres caminos de filiación Inca y 13 caminos de filiación  colonial  (…) se registraron además siete elementos arqueológicos aislados”, se lee en el documento.
Sin embargo, en sus conclusiones, el arqueólogo dice que al hacer las excavaciones ya no encontraron estos cerámicos porque “la tierra había sido removida por los propietarios” y le resta importancia a las rutas Inca al señalar que “los caminos registrados son únicamente sendas y no presenta arquitectura u otro tipo de infraestructura asociada”.
AVANCES. La empresa Altesa, la encargada de la remoción de tierras, ya obtuvo licencia de la ANA para usar el agua de una laguna con el fin de allanara el camino. Foto: Ojo-Publico.com/ Clarys Cárdenas.
Al final, el PEA deja abierta la posibilidad de otorgar el Certificado de Inexistencia de Restos arqueológicos (CIRA). “De no ser factible la emisión de CIRA, se recomienda otorgar autorización para la construcción del Aeropuerto de Chinchero complementando con la presentación de un Plan de Monitoreo”, agrega.
El sector Cultura no profundizó estos informes. Ocho años después de recibirlos el ministerio todavía no emite el CIRA en Chinchero, un componente obligatorio para garantizar la protección de vestigios culturales, según la Ley General de Patrimonio y el Decreto Supremo 003-2014-MC. Incluso el artículo 105 de dicho decreto establece multas de 0,25 hasta 1.000 UIT (S/4.200) por realizar excavaciones sin autorización en Paisajes Arqueológicos, pero el encargado de aplicar la sanción es el mismo Ministerio de Cultura.
Gabriela Ramos, historiadora de la Universidad de Cambridge e investigadora de la región andina, pudo revisar los documentos tras un pedido de acceso a la información y cuestionó la contradicción en sus conclusiones.
“Hay un reconocimiento explícito de que se trata de caminos Inca y coloniales, no es posible ignorarlos, parece que quisieran minimizar su valor arqueológico. Resulta extraño que estos vestigios, bastante claros, no hayan sido evaluados y se busque la forma de continuar evadiendo los pases para la obtención del CIRA. La  presión de Proinversión es fuerte porque consigue hacer el PEA y califica de ‘sendas’ a los caminos. Tratan de minimizar su importancia”, dijo a Ojo-Publico.com
El arqueólogo y gestor de patrimonio, Lenin Valdivieso, explicó que el Qhapaq Ñan cuenta con caminos principales y ramificaciones que siguen presentes en Chinchero. “La construcción del aeropuerto desaparecería por completo todos estos elementos y sobretodo contribuiría a que el turismo sea una actividad depredadora de la cultura y la historia”, añadió.
IMPACTO. El EIA de la obra indica que el ecosistema tendrá una recuperación inmediata “tras el cese de la actividad”. Los expertos consideran que esto es irreal. Foto: Ojo-Publico.com/ Clarys Cárdenas.
Este medio se comunicó con la oficina del prensa del Ministerio de Cultura, pero no obtuvo respuesta. En tanto, el arqueólogo Saturnino Fernández Carrasco, coordinador general del Programa Qhapaq Ñan de dicho ministerio, dijo que no tenía autorización para opinar sobre el tema. Asimismo, voceros de prensa de Proinversión indicaron que la institución que debe pronunciarse es el sector al que está adscrito: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero este tampoco respondió.

Riesgo de hundimiento

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del aeropuerto de Chinchero también ha tenido cuestionamientos. Raúl Carreño Collatupa, geólogo experto gestión de riesgos, indicó que la meseta ubicada en el camino Chinchero – Maras tiene tendencia a la disolución de materiales y formación de cavernas subterráneas, por lo que sería un riesgo.
“Un aeropuerto en esta zona no soportaría el peso de un aterrizaje y colapsaría (…) el último hundimiento en esta meseta se presentó el 2003 y los pobladores conocen la realidad de este tipo de suelos. El proyecto del aeropuerto no tiene un estudio geofísico con georadar, que era necesario para este caso. No hay un estudio geológico serio, el EIA solo es copia de la información de Ingemmet [Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico]”, señaló a este medio.
El EIA fue presentado el 2015 y aprobado en 52 días. El estudio reconoce 23 impactos ambientales; 13 en la etapa de construcción y 10 en la etapa de operación. Sin embargo, los impactos solo fueron identificados en el área de influencia directa del proyecto, es decir, en el polígono donde se construirá el aeropuerto, y se indica que los impactos posibles a su ecosistema tendrán una recuperación inmediata “tras el cese de la actividad”.
“Es difícil concebir que la degradación de los ecosistemas generada por el proyecto se va a revertir, que la fauna no se verá afectada. Es como pensar que las aves y serpientes de la zona se van a quedar a esperar que el proyecto culmine para regresar a su hábitat”, menciona Marco Zeisser Polatsik, ingeniero agrónomo especialista en gestión social del agua.
Respecto a los efectos que tendrá la obra en las fuentes de agua se menciona el deterioro de la calidad y modificación del patrón de drenaje de la cuenca del río Corimarca, y no de las cuatro microcuencas que existen en la zona: Huaypo, Urquillos, Marcuyohuayjo y Corimarca, en esta última se encuentra la laguna de Piuray que abastece el 42% del agua potable que consume la ciudad de Cusco.
AGUA. Los comuneros de Huila Huila no quieren que la empresa Altesa siga extrayendo agua de las lagunas que los abastecen. Foto: Rocio Cjuiro.
El pasado 18 de junio, la empresa Altesa Contratistas Generales -la encargada de realizar los movimientos de tierras- recibió de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) la autorización para extraer agua de la laguna Poncolay, a fin de usarla en sus labores. Este efluente conecta cuesta abajo con la laguna Chakapunku que abastece a la comunidad de Huila Huila. No se consideró la opinión de la Junta de Regantes de Chakapunku, pues no está inscrita dentro de ANA.
“Nosotros nos dimos cuenta de que el agua en nuestra laguna estaba secándose, el caudal bajó considerablemente y estamos preocupados porque es época de riego”, afirma Rocío Cjuiro, comunera de Huila Huila y secretaria de dicha Junta de Regantes. Ella asegura que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) -al que está adscrito Proinversión- no les consultó sobre esta mega construcción, y ahora se ven afectados.
El Ministerio de Cultura respondió nuestras interrogantes a través de un correo electrónico. En este confirma que “el CIRA [Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos] es necesario para la ejecución de cualquier proyecto de inversión pública y privada”, según lo ordena el Decreto Supremo 003-2014. Sin embargo, indican que cuando el Estado encargó elaborar el PEA (Proyecto de Evaluación Arqueológica) de Chinchero estaba vigente otra norma, la Resolución Suprema 004-2000, que no establecía tal obligatoriedad.
Respecto los caminos de filiación Inca y coloniales, señalan lo siguiente: “El registro catastral que se tiene indica que la segmentación de caminos registrados más bien correspondería a proyecciones de trazos, pues al no tener la estructura arquitectónica que formalice su concepción como camino prehispánico, sugiere que esta sería una habilitación posterior”.
Aún así, precisan que el 2012, como medida de prevención, su sector ordenó que se realice un plan de monitoreo arqueológico antes del inicio de las obras de ingeniería. El plan deberá incluir “el levantamiento planimétrico y descripción detallada de los componentes de la traza de los caminos identificados, con la Coordinación de Qhapaq Ñan–Sede Cusco”, agregaron, sin dar más detalles sobre el resultado de esta intervención.

Mal novelista

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Sodalicio: inconsistencia testimonial

Por Ricardo Sánchez Serra- Político.pe
Leí con atención el artículo “Recuerdos e interrogantes sobre Pedro Salinas y el Sodalicio”, publicado recientemente en laabeja.pe. El autor y también director del sitio informativo, Luciano Revoredo, desgrana en tono testimonial una serie de recuerdos relacionados con el periodista Pedro Salinas, su paso por el Sodalicio de Vida Cristiana, su alejamiento de este grupo, y su posterior oposición al movimiento religioso.
Más allá de la curiosidad anecdótica que despierta la información, se plantean algunas interrogantes que consideramos pertinentes recoger: Revoredo, por lo demás, ha venido señalando diversas inconsistencias en el proceder del periodista que no se deben pasar por alto.
En primer lugar, la información acerca de la relación entre Pedro Salinas y Virgilio Levaggi es trascendente. Revoredo da indicios creíbles de su amistad antes, durante y después de la salida de Pedro Salinas del Sodalicio. A partir de esto se abre el campo a la especulación. Pero no es necesario tejer historias por ahí. El dato importante que se presenta a partir de lo revelado por Revoredo es el siguiente: si Salinas era tan cercano a Levaggi y luego Levaggi es señalado como abusador, ¿no sería posible pensar que Salinas sabía algo respecto de las andanzas de Levaggi mucho antes de que se destape el caso Sodalicio?
Tal pregunta se plantea siguiendo la misma lógica que utiliza Salinas para incriminar, incluso como encubridores, a personas que fueron cercanas a Doig o a Figari. ¿Por qué en su caso sería distinto?
Siguiendo la misma lógica, la segunda interrogante que se nos presenta tiene que ver con la Comisión que dirige el congresista De Belaunde sobre casos de abuso sexual a menores. Sabemos que el congresista ha recibido la declaración de Pedro Salinas en su comisión. Seguramente, ha presentado su testimonio como víctima del Sodalicio, así como los resultados de su investigación. La pregunta, entonces, es: ¿El congresista lo ha interrogado como exmiembro de la organización que podría haber tenido él mismo información sobre abusos que en su momento no develó?
Recordemos, por ejemplo, el silencio mantenido respecto del accionar de Luis Cappelleti en contraste con la sonada campaña que ha hecho en contra de otros miembros de la llamada “generación fundacional” del grupo Sodalicio. ¿Se ha visto Salinas, en su doble condición de exmiembro y víctima, en la necesidad de obviar algunas informaciones, o tener un embudo ancho por un lado y bien chiquito por el otro, para favorecer o no perjudicar a sus amigos?
Para alguien que ha seguido de cerca el caso Sodalicio, considero que son interrogantes válidas. Parecería que se empieza a contar la historia recogiendo ángulos y datos que Pedro Salinas no incluyó en su investigación. Toda la gente que ha confiado en sus indagaciones y versión de la historia espera una respuesta aclaratoria por parte de Pedro Salinas.

Alberto de Belaunde y la deshonestidad gay

 

Por Fernando O’Phelan– www.cafeviena.pe
Dedicado a Oscar Ugarteche.
«Una canción de amor no es difícil cuando se viene de maldecir. Una de amor que mueve del odio al miedo quizás. Será de amor por sí tú me quieres» Silvio Rodríguez.
Cuando fui a la casa de mi padrino a confesarle que era gay me dijo: Tato, yo ya lo sabía y estaré orgulloso de todo lo que logres. Estaba recién a mitad de la carrera en la Universidad. 19 años y estaba tan asustado que no sabía y no lo sé hasta ahora, si se puede ser feliz con opciones sexuales alternativas, creer en Dios, venerar a la Virgen de Guadalupe y saludar a la familia y a la patota del colegio como si todo en mi fuese normal. Peor aún cuando traté de ser justiciero desde los 17 años y ayudar de todas las formas que un ser humano puede ayudar frente a la explotación y el clasismo de una sociedad aparentemente mestiza y democrática pero realistamente segregacionista e hipócrita.
He seguido con atención la performance del Congresista Alberto de Belaunde y no puedo negar que su juventud, carisma y valentía inicial me cautivaron, pero al final todo quedó en ilusión porque reproduce los mismos vicios de la sociedad desigual: Cree que puede abanderar desde el Congreso la lucha de las minorías LGTB, cuando solo las usa para un ambicioso proyecto político, ser el líder de un partido liberal cool y elitista, caviar y barranquino con fotos de Testino.
El país gay es cruel. El Perú de los gay en Ferreñafe, Mollendo, Cusco o Tumán es solo una de las tantas ventanas cerradas y perversas. En esos lugares muchos de los hombres heterosexuales aparentemente lo son, pero es su cultura local y ocultan su verdadera sexualidad y manipulan eso que a todos nos retumba: el mundo de los cabros. Hace unos días un ilustrado oficial de la policía peruana usaba “cabro» y » rosquete» como palabras normales que no hieren a nadie. Esos hombres afeminados y pobres y/o esos hombres machos con short negro y polo verde sufren igual en sus pequeños mundos. No solo el tema de la estigmatización sino el de la falta de acceso a la justicia mínima.
Cuántas veces yo mismo me he burlado del serenazgo persiguiendo travestis. Cuántas veces me han llamado para pedir abogados en madrugadas donde hombres cortan con una botella el rostro o el pecho de un hombre gay que no quería seguir en esa farra de yonque, cumbia y Alegres de Bambamarca.
Dejémonos de hipocresías. La cara de Alberto de Belaunde ingresando a la Plaza Bolívar del brazo de un líder travesti, humilde y de pueblo, fue como la mía cuando treinta tumaneños fueron a mi cena de gala y ni los meseros que yo pagaba querían atenderlos.
En el Perú hay un drama gay como también hay dramas en el mundo de los agentes de seguridad y las empleadas del hogar. Nuestras nuevas formas de esclavitud en la agroindustria del azúcar, las canteras, la fruta o la misma minería informal del oro. Todas esas imágenes de lo peruano real y cruel no están en la mente ni el discurso de Alberto de Belaunde. Lo juzgo así porque somos una élite en un país destrozado.
Veinte años de un show de Drag Queen de barrio. Un país con banqueros, con generales, almirantes y políticos gay ocultos en roperos de cedro. Un político como Alberto que se dice liberal y gay cuando solo es un elitista conservador de todas las formas de explotación y corrupción que existen en el Perú new age.
De Belaunde debe probar que no forzó la creación una Comisión sobre abusos sexuales, generando un enorme gasto al Congreso, solo porque secunda la obsesión anticlerical de Pedro Salinas mitad agnóstico y mitad ex amante de un líder del Sodalitium. Asunto que no tendría nada de raro si solo veinticinco años después no hubiera denunciado abuso y tormento de lo que fue placer y consentimiento.
Los abusos sexuales y la criminalización de lo gay en el mundo de los pobres debe ser la prioridad de los que ven esta área de las políticas públicas. Ojalá se atreva a llamar a Monseñor Cabrejos y preguntarle si hay sacerdotes progres a los que se protege cuando cometen abusos y si no ha encubierto a sus amigos en Trujillo.
Alberto de Belaunde es como un show de medianoche en el downtown de Miraflores: luminoso y gracioso pero nada más.

FALSO LIBERAL Y CAVIAR MONSE

El congresista Alberto de Belaunde resultaría ser un falso liberal y elitista que utiliza el controversial tema de la comunidad LGBT en beneficio propio para bañarse de popularidad y escudarse de temas políticos que le conciernen en un sentido cuestionable.
Casualmente su padre Javier de Belaunde, es abogado del Estudio Echecopar que brindo asesoría al Grupo Odebrecht y otras empresas extranjeras y al mismo tiempo al Estado, abogado que presuntamente sería uno de los más beneficiados con dinero de la corrupción, ahora entendemos el por qué de su tirria hacia el Fiscal de la Nación Chavarry, la cual se basaba falsamente en el apoyo a la población.
Lamentablemente estamos en una etapa del país en la que la política caviar se disfraza de populismo e intenta gustarle a la gente a como dé lugar, sin embargo los ciudadanos no tenemos ni la más mínima idea de sus discretos acuerdos tomados en acogedores cafés de Miguel Dasso que se prestan para resaltar el encanto burgués reservado y gay a veces.
Por si fuera poco, el congresista de Belaunde hizo pagar las vacaciones de su asesor con dinero que por el poco tiempo de servicios a la Nación no le corresponde. Empero como este pertenece a la dichosa horda caviar quienes afirman ser dueños de la moral y honradez pública, estaría protegido a tal punto de permitírsele todo. Así pues se debería argumentar la idoneidad de este asesor, su curriculum y el tipo de relación que tendría con el congresista, dado que solamente se dedicaría a firmarlo y fotografiarlo en su hemiciclo.
Ya son varios los políticos que han dado respuesta a estas situaciones usando el sustantivo “amor” ¿Acaso sería este un “pecado por amor” por primera vez de una connotación gay en la política peruana? No olvidemos que fue el reconocido periodista Beto Ortiz quien denunció en su programa televisivo el favoritismo que tendría el congresista hacia su asesor. Ser gay no es malo, pero con fondos públicos no es sano.
Cabe resaltar la lucha de las valientes madres que protestaron contra de Belaunde en defensa de la familia y los principios consagrados en la Constitución, estas mujeres dicen NO a los pro aborto, comunidad LGBT de plumas y tangas y demás temas que consideran más que derechos el libertinaje en su máxima expresión.
Es momento de que el pueblo rechace la política caviar que se hace llamar la luchadora del pueblo a base de premisas que solamente defenderían pues sus propios intereses, y que usa el tema gay como bandera personal para elevar su popularidad tal y como lo viene haciendo Alberto de Belaunde.
Fuente: Equipo Asociación Civil ProJusticia.

Fernando O’Phelan detenido

El abogado Fernando de O’Phelan, director de la Asociación Civil ProJusticia, fue detenido este viernes en la noche por agentes policiales en su domicilio. A través un video, que difundió en Facebook, cuestionó la arbitrariedad de la diligencia.
O’Phelan en su video señala que “el viernes por la noche me han esperado en la puerta de mi domicilio nuevo, lo que quiere decir que esto no es casual y evidentemente no creo que esto lo desconozca el fiscal Juan Carrasco y los grupos criminales en la Fiscalía o en la policía”.
Cabe señalar que O’Phelan viene de investigar a las mafias de azúcar del norte del país. Por tal motivo, acusa que su detención ha sido planificada adrede para perjudicarlo “deteniéndome, quieran llevarme a Chiclayo bajo el riesgo de mi vida”, sentenció.
Respecto a la querella por difamación, es importante señalar que el empresario Huancaruna fue mencionado por un testigo protegido con la clave Feccor-CH-08-2018 en una investigación a la organización criminal ‘El Gran Chaparral’, cuando fue asesinado Napoleón Tarrillo Astonitas, el exteniente gobernador del caserío ‘El Mirador’ en el distrito de Chongoyape, en Chiclayo.
Además, Olivio Huancaruna es, desde el 2016, presidente de Cámara de Comercio de Lambayeque (CCPL) y gerente de empresas reconocidas en el mercado como Altomayo Perú SAC, Agrícola San Juan S.A. y PERHUSA.
Fuente: Revista CARETAS y LaAbeja.pe

Revista Cátedra Villarreal

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Una nueva edición de la revista de artículos de investigación científica Cátedra Villarreal (volumen 6, número 2, julio-diciembre 2018) fue presentada el martes 2 de julio, en el auditorio del Rectorado de nuestra casa de estudios superiores.
La referida publicación está a cargo del Vicerrectorado de Investigación (VRIN), liderada por el doctor Carlos Napoleón Tello Malpartida.
Durante la presentación, la doctora Rosalvina Campos Pérez, editora asociada de Cátedra Villarreal y jefa de la Biblioteca Central villarrealina, fue la encargada de realizar los comentarios referidos a los nueve artículos publicados en dicha edición.
El doctor Tello Malpartida se dirigió a los presentes para comentar las gestiones realizadas para concretar la actual publicación, así como la impresión de parte de nuestra Imprenta Universitaria, que por primera vez se encargó de realizar esta tarea.
Del mismo modo, exhortó a los jefes de las oficinas de Gestión de la Investigación de las facultades persistir, a pesar de sus recargadas labores, en la tarea de recopilar los trabajos de investigación científica realizados por los docentes villarrealinos.
“Con ello –enfatizó el vicerrector de investigación- se dará visibilidad a nuestra universidad, lo cual es uno de los indicadores del plazo de otorgamiento del licenciamiento institucional; según los propios representantes de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria”; destacó para dar por concluida la presentación oficial.
En esta edición figuran los artículos Violencia simbólica y discurso docente en el aula de clase: un estudio de caso en un centro de educación básica alternativa de Lima, de Rodrigo Gerardo Cisneros Cisneros; Erosión hídrica por lluvias máximas en diferentes tiempos de retorno en la subcuenca Cumbaza, Región San Martín, de Katherine del Carmen Camacho Zorogastúa.
Igualmente, Esquemas emocionales y dependencia emocional en estudiantes de Psicología de universidades de Lima Metropolitana, de Marivel Aguirre Morales; y Rosendo Maqui: Ejemplaridad y universalidad de un personaje de Ciro Alegría, de Nécker Salazar Mejía; son algunos de los destacados trabajos publicados en este número de la revista.
Fuente: www.unfv.edu.pe

Cancelado

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Taller de masturbación femenina fue cancelado en universidad católica a pedido de obispos

Por DIEGO LÓPEZ MARINA– ACI Prensa.
El taller de masturbación femenina “Conquista tu papaya” que se iba realizar el jueves 27 en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), fue cancelado luego que la Conferencia Episcopal Peruana envió una carta al rector pro tempore de esta casa de estudios.
Esto se confirmó a través de una carta filtrada en redes sociales, en la que el secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Padre Guillermo Inca Pereda, informó a los obispos sobre el pedido hecho al rector pro tempore de la PUCP, Efraín Gonzales de Olarte.
ACI Prensa confirmó la veracidad del documento a través de una llamada telefónica realizada este 2 de julio a la oficina de prensa de la CEP. Esta última también confirmó que la carta era privada y se filtró en redes sociales.
El evento que generó polémica entre la comunidad estudiantil llevaba por título “Conquista tu papaya” y era organizado por estudiantes de los ciclos finales de la carrera de periodismo. Este iba a realizarse en el pabellón Z de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP en la noche del 27 de junio.
La carta, dirigida a todos los obispos del Perú y firmada el 27 de junio de 2019 por el P. Inca Pereda, indica que este taller de sexualidad “bajo el pretexto de fomentar la educación sexual en los jóvenes atenta contra la moral y las buenas costumbres”.
Por ello, prosigue el texto, “Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte OFM, Vice Gran Canciller de esta casa de estudios, y la Comisión Episcopal para la PUCP, han enviado esta mañana una carta al Rector Pro Tempore de la PUCP, Doctor Efraín Gonzales de Olarte, expresándole su preocupación y recomendando se evite la realización de este evento”.
“Del mismo modo le han pedido tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias para que tales hechos no se repitan en el futuro”, concluye la carta.
La misiva fue filtrada en redes sociales en horas de la tarde del 1 julio de 2019.
El congresista homosexual Alberto de Belaúnde publicó la carta en su cuenta Twitter, indicando que el mensaje “va en contra de todo lo que representa la PUCP” y que “pluralidad y el libre flujo de información son dos características esenciales de cualquier claustro”.
Sin embargo, su tuit fue criticado por decenas de personas. Una de ellas fue Erika Valdivieso, abogada y profesora del departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, quien le sugirió “revisar la Ex Corde Eclessiae, el documento de observancia obligatoria para las universidades católicas”.
“No es un tema de ‘conservadores’ o ‘liberales’, solamente es apegarse a la naturaleza de la institución”, indicó Valdivieso.
La Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae del Papa Juan Pablo II sostiene que “el objetivo de una Universidad Católica es el de garantizar de forma institucional una presencia cristiana en el mundo universitario”.
Entre sus características se encuentra “la fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la Iglesia”, así como “una inspiración cristiana por parte, no solo de cada miembro, sino también de la Comunidad universitaria como tal”.
Un día antes de la cancelación del “taller de sexualidad”, la Agrupación Universitaria Riva – Agüero (AURA) de la PUCP cuestionó en un post de Facebook a su casa de estudios. “¿Así nos hablan de excelencia académica?”, preguntó.
“¿Recuerdas que hace unas semanas hicieron un seminario sobre la pornografía como arte visual en la Facultad de Comunicaciones? Ahora un profesor de periodismo acoge junto a sus alumnos el taller de masturbación ‘Conquista tu papaya’. ¿Así respeta esta universidad la voluntad de don José De la Riva Agüero –principal benefactor de la PUCP– a dejar sus bienes para una educación superior basada en principios católicos?”, criticó la agrupación.

Destape internacional

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El (des) acuerdo

Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
La desesperación de los defensores del acuerdo salvavidas de Odebrecht es evidente, sus palabras los delatan. Gustavo Gorriti califica ahora de “fechorías” la corrupción de Odebrecht, es decir de malas acciones o travesuras. Otrora Gorriti lapidaba documentadamente a Odebrecht y consorciadas. Es un vuelco penoso de quien fuera uno de los grandes referentes del periodismo de investigación y por quien conocimos los alcances del caso Lava Jato. Lástima.
Recién ahora un comunicado de la Comisión de Alto Nivel, CAN, presidida por el premier Salvador del Solar, “recomienda” la difusión del acuerdo para evitar “malos entendidos e interpretaciones sobre su contenido, finalidad y eficacia”. Para el vizcarrismo el acuerdo sigue válido pese a la fehaciente demostración de las mentiras de Marcelito O y sus ejecutivos, y el intento de destruir información sobre casos como el Gasoducto del Sur. En febrero la congresista Yeni Vilcatoma pidió la publicación del pacto, y nada. ¿Por qué hoy? Ocurre que antes quedaron bajo la mesa las mentiras de Odebrecht y el intento de desaparecer información contenida en Drousys. Esto no es sospecha sino certeza conocida gracias a un trío de jóvenes periodistas de investigación ecuatorianos, encabezados por Andersson Boscán.
“Obstrucción Eficaz” es un laberíntico editorial publicado ayer en ‘El Comercio’. Un texto sin fluidez, tan forzado que aparenta haber pasado por varias manos, un pastel mal elaborado por aprendices de cocineros, un mameluco pobremente hilvanado que intenta defender el negligente trabajo de Rafael Vela y Domingo Pérez. Mencionan que el acuerdo “no descarta la posibilidad de que la constructora haya delinquido en proyectos distintos a los comprendidos en él”. Veamos, si eso fuera así, ¿por qué los fiscales tales no investigaron más y creyeron ciegamente en el dicho de los corruptos y cuál era el apuro en homologarlo? El enigmático editorial refiere que si aparecieran nuevos “indicios” que “sugirieran” la existencia de otras obras adjudicadas por el pago de coimas es posible acordar con la firma brasileña una nueva colaboración. ¿“Indicios que sugieran”? La nueva información prueba irrefutablemente que Odebrecht pagó una coima de tres millones de dólares por el Gasoducto del Sur, no “sugiere”, no es un “indicio”, es una evidencia que trataron de ¡destruir! De paso se alienta a los mismos torpes fiscales a arrodillarse nuevamente ante los corruptos.
Con justificada razón el joven periodista ecuatoriano Boscán pregunta si “es de confianza el testimonio de una persona que ya ha mentido. ¿Pueden fiarse de alguien así?”. No, no podemos y tampoco de Vela y Pérez.

Días después del escándalo del Gasoducto

Por VÍCTOR ANDRÉS PONCE- ElMontonero.pe
Si todos ya sabemos que el acuerdo del Ministerio Público y la empresa Odebrecht solo se limitó a cuatro proyectos y excluyó al Gasoducto del Sur y alrededor de otros 14 en los que existe corrupción -según las investigaciones del Consorcio de Investigación de Periodistas Internacionales-, ¿es viable para la vida democrática la continuidad del mencionado acuerdo? Si el Gasoducto del Sur es uno de los pocos proyectos que tenía una cláusula anticorrupción que, en caso de cualquier delito, cesaba los derechos de la empresa brasileña, ¿por qué se excluyó esta obra del acuerdo con Odebrecht a sabiendas de que la empresa brasileña reclamaba US$2,000 millones por los avances en el Gasoducto? Más aún, la suma reclamada por la cuestionada compañía representa 20 veces el valor de la generosa reparación que aceptó el Ministerio Público. Una ínfima suma que, además, puede pagarse en 15 años.
A medida que se sigan conociendo detalles, el acuerdo del Ministerio Público comenzará a oler demasiado mal y los primeros afectados con posibles investigaciones -incluso penales- serán los procuradores del Ministerio de Justicia (encargados de establecer los montos de la reparación civil) y el Ministerio Público, obligado a perseguir el delito en representación del Estado. Las cosas en el sector Justicia tienen que ver con la política y las responsabilidades de los procuradores, pero la cola que este asunto traerá en el Ministerio Público podría significar un verdadero terremoto. Si la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la Junta de Fiscales Supremos no toman una decisión con respecto a los fiscales Lava Jato, sobre todo en los casos de Vela y Pérez, entonces el desastre los afectará a todos. Quedará en evidencia que en la Fiscalía no hay reservas institucionales para las rectificaciones.
Pero, ¿por qué se impulsó un acuerdo con la empresa brasileña tan lesivo para los intereses nacionales? Hoy las cosas son evidentes: se pretendía judicializar a la oposición -en especial a Keiko Fujimori y Alan García- como parte de un proyecto político de control de instituciones. Esta estrategia contó con el apoyo irresponsable de medios y encuestadoras y, de una u otra manera, se sacrificó la lucha contra la corrupción por los objetivos políticos de liquidar opositores. En este camino, el autor intelectual del acuerdo con Odebrecht, Gustavo Gorriti de IDL-Reporteros, llegó a sostener que la mencionada empresa brasileña “se había reformado” y “había asumido nuevos criterios corporativos”, porque había aceptado la colaboración eficaz. Gorriti, en la práctica, se convirtió en el defensor de la empresa brasileña.
La cosa es tan escandalosa y, a la larga, tan insostenible que la Comisión Nacional de Anticorrupción, presidida por Salvador del Solar, ha solicitado a la Fiscalía que el tan mentado acuerdo con Odebrecht se publicite para conocimiento de todos los peruanos. El desvelamiento de los objetivos reales del acuerdo con Odebrecht, de una u otra manera, indican el final de la llamada “ola anticorrupción” que encabezó el presidente Vizcarra y desató una virtual guerra civil sin balas, que se expresó en los choques Ejecutivo versus Legislativo, en el encarcelamiento de la oposición, en el suicidio de Alan García y en el control político de la Fiscalía de la Nación.
Hoy ese ciclo pareciera terminar. Y si bien la parálisis del país y el deterioro institucional son muy graves, gracia a Dios los sectores pretorianos no han logrado controlar la mayoría de instituciones republicanas. La resistencia institucional ha existido, pues. Ojalá no erremos con el optimismo.

¿Cierran el Congreso?

Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
Desde hace varios meses reina la incertidumbre en el Parlamento sobre si el Presidente Vizcarra pateará el tablero democrático, cerrando el Congreso. Las amenazas que el Legislativo ha recibido con la reforma política enviada por el Ejecutivo son considerables. Anteriormente, el inútil referéndum fue propicio para intimidar al Parlamento. Se parió un ratón, son “reformas” inaplicables y perniciosas para el país.
Que la comisión encargada no pueda nombrar a un solo miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que designará a jueces y fiscales evidencia que hubo apresuramiento y que el proyecto de Palacio es un ‘Frankenstein’ que no camina, ni caminará.
Pero Vizcarra -junto con las encuestas y los medios- logró su objetivo mayor: desacreditar hasta el límite al Congreso. La reforma política del Ejecutivo tiene puntos inaceptables e inaplicables. Si Vizcarra cierra el Legislativo con el pretexto de que no se respetó ‘la esencia’ de esta o el absurdo plazo, la reacción ciudadana será cero. Habrá aplausos, pan y circo.
Los más protocolares argumentan que los Panamericanos frenarán los ímpetus golpistas de Vizcarra. Pero puede ser la ocasión ideal, el país estará en otra. El mandatario tiene un problemón: aparecieron coimas por $3 millones en el Gaseoducto de Humala y la obra no está incluida en el Acuerdo con Odebrecht. Hay lío fuerte en la Fiscalía. El politizado equipo fiscal del caso Lava Jato está chamusqueado. Odebrecht “nos hizo cholito”, mintió. Los fiscales llevados a héroes por una prensa interesada han perdido total credibilidad.
O Barata meció a los dos fiscales anticorrupción o actuó en complicidad con ellos, no hay más. Lo cierto es que el fiscal Hamilton Castro, que veía anteriormente el caso Lava Jato fue atacado por su colega, José Pérez, acusándolo de propiciar la fuga de Toledo etc. Castro le retrucó “¿por qué no incluyó pagos ilícitos de 20 proyectos en el Acuerdo?”
Vizcarra lapidó al ex Fiscal de la Nación Gonzalo Chávarry para controlar férreamente la Fiscalía. Que el Equipo Especial y el Acuerdo favorecieran a Odebrecht lo debilita. Insistir en crear una organización criminal con Chávarry, el fujimorismo y ‘Los Cuellos Blancos’ no es creíble cuando vemos que Barata nos estafó. El Gaseoducto era un millonario proyecto, $7,000 millones. Involucra además a Ollanta Humala y señora, aliados del régimen, como lo estableció la comisión Lava Jato.
Además, el Presidente está tapizado de investigaciones por corrupción, desde un colaborador eficaz que lo señala en el dormido caso Chinchero, hasta una acusación fiscal en Moquegua. Está entrampado. Si cierra el Congreso tendrá un corifeo de empalagosos ‘constitucionalistas’ que dirán: Vizcarra es la ley. Zafaría de tanto problema y tendría aire para hacer reformas a su medida y objetivos. Los maltratados militares con los mandiles rosados pueden ser el fiel de la balanza, además de la comunidad internacional. Corren las apuestas.

Operación ‘Lava cara’ de Odebrecht en todo su furor

Por PLINIO ESQUINARILA BELLIDO- Diario EXPRESO.
Desde el momento en que Odebrecht y su superintendente en el Perú, Mauricio Cruz, sacan a luz la versión de que no toda la información que almacena el sistema Drousys y My Web Day está vinculada a actos de corrupción, sino que también contiene información legal sobre transacciones y pagos privados de la constructora, obviamente que ha empezado la operación del lavado de cara de dicha empresa, en respuesta a las informaciones procedentes del exterior de presuntos sobornos en cinco nuevas obras de ingeniería civil ejecutadas en el Perú.
Y es que antes del último 25 de junio el periodista Andersson Boscán y su equipo del portal ‘La Posta’ del Ecuador enviaron las bases de una noticia letal: que, además del Gasoducto del Sur, el ‘departamento de sobornos’ de Odebrecht había entregado coimas en cuatro nuevos proyectos, entre ellos Kuntur (la predecesora de Odebrecht en el gasoducto), la irrigación Chavimochic, la concesión hidroenergética Olmos y el corredor vial Hualapampa-Vado Grande.
Si a lo anterior sumamos la concesión de la Interoceánica Norte de la que nos enteramos por las autoridades suizas, con la coima declarada por Josef Maiman de 10 millones de dólares, tendremos seis proyectos que están fuera del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Esto al margen de otros pagos de obras que ya están incorporadas en el acuerdo, como en la Línea 1 del Metro de Lima (tramos 1 y 2), Interoceánica Sur, Corredor Costa Verde – Callao y Vía de Evitamiento del Cusco.
A lo anterior, añadimos Rutas de Lima de los famosos peajes y la carretera Carhuaz- Chacas-San Luis (Áncash). Como es público, Odebrecht solo aceptó sobornos en dos proyectos grandes, Interoceánica Sur y Línea 1 del Metro de Lima que, dicho de paso, ya estaban confirmados con antelación, además en dos pequeñas obras viales como son la Costa Verde del Callao y la Vía de Evitamiento del Cusco. Cuatro en total, de un paquete de más de 70 obras que la transnacional brasileña ejecutó en el Perú y de los cuales alrededor de 20 son recientes y relevantes en las que estarían probadas las coimas a las autoridades peruanas.
CONSOLIDADO
El portal Convoca.pe, al desarrollar la información procedente de Ecuador, informó de un consolidado de 47 transferencias de dinero de la contabilidad paralela de la transnacional carioca entre marzo y diciembre de 2014.
“Y otros seis pagos vinculados a Jorge Barata y Ricardo Boleira, exdirectivos de Odebrecht en el Perú, que se efectuaron ese mismo año. En total, se identificaron 53 transacciones de la ‘Caja 2’ de la compañía referidos al Perú” por cerca de 9 millones de dólares.
Ante esta avalancha de información nueva, que no le ha costado nada al erario nacional, tanto Odebrecht, mediante comunicado, como su superintendente Mauricio Cruz, en entrevista con La República, aseguran que esa información del Departamento de Operaciones Estructuradas –léase gerencia de coimas–, que data del año 2014, fue entregada al equipo de fiscales del caso Lava Jato el 12 de junio de este año.
El comunicado de Odebrecht ha precisado que la mayoría de las transferencias son “pagos a terceros”, sea consultorías o contrataciones de técnicos que habrían solicitado el desembolso de sus pagos a través de empresas ‘offshore’, algunas de ellas mediante triangulaciones en países tan lejanos como la India, práctica que obviamente también es ilícita por incurrir en evasión tributaria.
“Dichos documentos siguen en proceso de revisión, pero fueron parcialmente entregados el último 12 de junio, siendo que en dicha entrega está la plantilla que viene siendo divulgada en los medios de comunicación”, dice el comunicado de Odebrecht.
CONTROL DE DAÑOS
Los expertos que han seguido el caso, como Manuel Romero Caro, no descartan que dicha información haya sido conocida con anterioridad por los fiscales del caso Lava Jato, quienes se dieron tiempo para dar forma a un “control de daños” respecto de lo que ha llegado del Ecuador.
El citado superintendente tiene el mismo libreto. Si bien es cierto que se han revelado pagos en obras no incluidas en el acuerdo de colaboración, estos “no necesariamente son sobornos”, afirma.
La prensa concentrada, capitaneada por El Comercio, se suma con un temperamento permisivo. “Como han informado en distintos momentos los fiscales y procuradores que participaron en su confección, el acuerdo de colaboración con Odebrecht no descarta la posibilidad de que la constructora haya delinquido en proyectos distintos a los comprendidos en él”, señala en su editorial del sábado 29 de junio. Pero todo tiene solución en el marco del acuerdo, añade.
Sin embargo, olvida que en toda esta trama es obvio que el principal argumento de los impulsores del acuerdo de colaboración fue que Odebrecht al fin declararía toda la verdad. Incluso en el Congreso las bancadas de la izquierda oficialista remarcaban que más importante que el dinero (reparación civil) era que el país entero sepa la verdad de los corruptos y que los ejecutivos de Odebrecht no podrían violentar este principio a riesgo de terminar en la cárcel.
Y no podían mentir, según el principal impulsor mediático del acuerdo, Gustavo Gorriti, de IDL-Reporteros, porque en las nuevas circunstancias Odebrecht es “una compañía que se encuentra ahora en profundo proceso de reforma y que hoy colabora plenamente en la tarea de identificar la corrupción y los corruptos” (IDL-R, “Hipócritas y bribones”, 23/1/19).
El argumento central de que la constructora carioca no mentiría y que colaboraría totalmente se parapetó en que por lo menos conoceríamos la verdad de los cuatro proyectos comprendidos en el acuerdo, sin importar que el resto quedara en el limbo, porque para los entendidos estaba claro que la Fiscalía no estaba capacitada de hacer sus investigaciones propias sino que solo se basaba en los declaraciones de los colaboradores eficaces y en información procedente de Brasil o del exterior.
Al parecer, ahora que hay nuevos indicios de sobornos en otros proyectos, y sobre todo en el gasoducto, la operación ‘Lava cara’ quiere dejar de lado las mentiras reiteradas de Odebrecht y de sus ejecutivos.
Está en la tarea de vender las idea de que si aparecieran nuevos indicios, como los provenientes del Ecuador, sobre la existencia de otras obras adjudicadas gracias al pago de coimas, “la fiscalía podía –y puede ahora– válidamente acordar con la firma brasileña un nuevo paquete de colaboración y el incremento de la reparación civil (cifrada, hasta el momento, en S/ 610 millones)”.
“De ser el caso, inclusive, los fiscales podrían iniciar un proceso penal contra los ex integrantes de la empresa –hoy beneficiados por el acuerdo– si se llegara a comprobar que mintieron en relación con la comisión de delitos en otros proyectos”, dice el diario de los Graña y Montero.
Este temperamento permisivo colisiona con el espíritu de las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de la que forman parte los periodistas Andersson Boscán y Sasha Chavkin.
“Si Odebrecht, por el motivo que sea, retuvo información sobre sus delitos a las autoridades, las consecuencias podrían ser terribles. ‘Si el gobierno se entera después del hecho, podría hacer estallar los términos del acuerdo’, dijo Jessica Tillipman, decana asistente de la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington que se especializa en contratos gubernamentales y cuestiones anticorrupción”, cita Chavkin, en una amplio reportaje introductorio de la serie “División de soborno”, con el título “La fuga expone millones de dólares en nuevos pagos en el escándalo de efectivo por contratos de Odebrecht”.
Dicho de otra forma, si los pagos relacionados con la concesión del Gasoducto del Sur han sido sobornos, esto afectará gravemente el acuerdo con la transnacional del delito
DISTRACTIVOS
Entre tanto, la operación ‘Lava cara’ prosigue con el silencio calculado de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, quienes no solo han adelantado viajes a Israel, para interrogar a Maiman, sino que también adelantarían los interrogatorios sobre el gasoducto en Brasil, amén de distraer a la opinión pública con el impedimento de salida del país del exalcalde Luis Castañeda Lossio.
Algo así como los distractivos anteriores de centrar sus investigaciones en funcionarios de segundo nivel, como en el caso del Tren Eléctrico, y en los aportes de Odebrecht a los partidos para centrar las cacerías en Keiko Fujimori y Alan García.
“No hubo solicitudes de dinero por parte de funcionarios ni ofrecimientos por parte de nosotros”, declaró Jorge Barata cuando se le preguntó si la compañía transnacional había coimeado por el mencionado proyecto valorado en más de 7 millones de dólares, según publicó un semanario local en abril de este año.
La madre del cordero: el gasoducto
En todo ese paquete la madre del cordero está obviamente en el caso del Gasoducto del Sur, con mayor razón si figuran 17 pagos relacionados con la concesión –adjudicada durante el gobierno de Ollanta Humala– valorizados en 3 millones 70 mil dólares.
¿Quién, en su sano juicio, podía pensar que estando ya de por medio dos casos abiertos en la misma Fiscalía por tráfico de influencias y negociación incompatible, no habría coimas en el Gasoducto del Sur, el principal megaproyecto de 7,400 millones de dólares?
No solo la sospecha sino esa realidad ya estaban descritas en el informe Pari y con mayor detalle en el informe de la comisión Bartra. Toda esa data debía poner en alerta al sistema de justicia. Pero no pasó nada.
La operación ‘Lava cara’, según los especialistas, es clave para Odebrecht porque es el único proyecto que tiene en su contrato la cláusula anticorrupción. Esto implica que si se prueban los sobornos anunciados, la concesión y toda la infraestructura pasan al Estado.
Las consecuencias llegarían al exterior, es decir a los dos arbitrajes que ha abierto la empresa contra el Perú, tanto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), de Estados Unidos, y ante una corte de Luxemburgo, de la española Enagas y de Odebrecht, respectivamente, donde está de por medio más de 2,000 millones de dólares, cifra clave para la sobrevivencia de una empresa que obviamente puede quebrar.
Aparecen más ‘codinomes’
Ayer ‘Panorama’ comenzó a desagregar mayor información que habría ocultado Odebrecht. Tal es el caso de la obra Saneamiento Iquitos, donde la empresa Sedaloreto pagó S/ 118 millones. De acuerdo con el servidor, Jorge Barata pagó un millón 258 mil 200 dólares al codinome ‘Rio’. De igual manera, el ejecutivo Olivio Rodrigues pagó a ‘Pescador’ US$120 mil en una de los tantas obras mencionadas en el reportaje.