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El (des) acuerdo
Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
La desesperación de los defensores del acuerdo salvavidas de Odebrecht es evidente, sus palabras los delatan. Gustavo Gorriti califica ahora de “fechorías” la corrupción de Odebrecht, es decir de malas acciones o travesuras. Otrora Gorriti lapidaba documentadamente a Odebrecht y consorciadas. Es un vuelco penoso de quien fuera uno de los grandes referentes del periodismo de investigación y por quien conocimos los alcances del caso Lava Jato. Lástima.
Recién ahora un comunicado de la Comisión de Alto Nivel, CAN, presidida por el premier Salvador del Solar, “recomienda” la difusión del acuerdo para evitar “malos entendidos e interpretaciones sobre su contenido, finalidad y eficacia”. Para el vizcarrismo el acuerdo sigue válido pese a la fehaciente demostración de las mentiras de Marcelito O y sus ejecutivos, y el intento de destruir información sobre casos como el Gasoducto del Sur. En febrero la congresista Yeni Vilcatoma pidió la publicación del pacto, y nada. ¿Por qué hoy? Ocurre que antes quedaron bajo la mesa las mentiras de Odebrecht y el intento de desaparecer información contenida en Drousys. Esto no es sospecha sino certeza conocida gracias a un trío de jóvenes periodistas de investigación ecuatorianos, encabezados por Andersson Boscán.
“Obstrucción Eficaz” es un laberíntico editorial publicado ayer en ‘El Comercio’. Un texto sin fluidez, tan forzado que aparenta haber pasado por varias manos, un pastel mal elaborado por aprendices de cocineros, un mameluco pobremente hilvanado que intenta defender el negligente trabajo de Rafael Vela y Domingo Pérez. Mencionan que el acuerdo “no descarta la posibilidad de que la constructora haya delinquido en proyectos distintos a los comprendidos en él”. Veamos, si eso fuera así, ¿por qué los fiscales tales no investigaron más y creyeron ciegamente en el dicho de los corruptos y cuál era el apuro en homologarlo? El enigmático editorial refiere que si aparecieran nuevos “indicios” que “sugirieran” la existencia de otras obras adjudicadas por el pago de coimas es posible acordar con la firma brasileña una nueva colaboración. ¿“Indicios que sugieran”? La nueva información prueba irrefutablemente que Odebrecht pagó una coima de tres millones de dólares por el Gasoducto del Sur, no “sugiere”, no es un “indicio”, es una evidencia que trataron de ¡destruir! De paso se alienta a los mismos torpes fiscales a arrodillarse nuevamente ante los corruptos.
Con justificada razón el joven periodista ecuatoriano Boscán pregunta si “es de confianza el testimonio de una persona que ya ha mentido. ¿Pueden fiarse de alguien así?”. No, no podemos y tampoco de Vela y Pérez.
Días después del escándalo del Gasoducto
Por VÍCTOR ANDRÉS PONCE- ElMontonero.pe
Si todos ya sabemos que el acuerdo del Ministerio Público y la empresa Odebrecht solo se limitó a cuatro proyectos y excluyó al Gasoducto del Sur y alrededor de otros 14 en los que existe corrupción -según las investigaciones del Consorcio de Investigación de Periodistas Internacionales-, ¿es viable para la vida democrática la continuidad del mencionado acuerdo? Si el Gasoducto del Sur es uno de los pocos proyectos que tenía una cláusula anticorrupción que, en caso de cualquier delito, cesaba los derechos de la empresa brasileña, ¿por qué se excluyó esta obra del acuerdo con Odebrecht a sabiendas de que la empresa brasileña reclamaba US$2,000 millones por los avances en el Gasoducto? Más aún, la suma reclamada por la cuestionada compañía representa 20 veces el valor de la generosa reparación que aceptó el Ministerio Público. Una ínfima suma que, además, puede pagarse en 15 años.
A medida que se sigan conociendo detalles, el acuerdo del Ministerio Público comenzará a oler demasiado mal y los primeros afectados con posibles investigaciones -incluso penales- serán los procuradores del Ministerio de Justicia (encargados de establecer los montos de la reparación civil) y el Ministerio Público, obligado a perseguir el delito en representación del Estado. Las cosas en el sector Justicia tienen que ver con la política y las responsabilidades de los procuradores, pero la cola que este asunto traerá en el Ministerio Público podría significar un verdadero terremoto. Si la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la Junta de Fiscales Supremos no toman una decisión con respecto a los fiscales Lava Jato, sobre todo en los casos de Vela y Pérez, entonces el desastre los afectará a todos. Quedará en evidencia que en la Fiscalía no hay reservas institucionales para las rectificaciones.
Pero, ¿por qué se impulsó un acuerdo con la empresa brasileña tan lesivo para los intereses nacionales? Hoy las cosas son evidentes: se pretendía judicializar a la oposición -en especial a Keiko Fujimori y Alan García- como parte de un proyecto político de control de instituciones. Esta estrategia contó con el apoyo irresponsable de medios y encuestadoras y, de una u otra manera, se sacrificó la lucha contra la corrupción por los objetivos políticos de liquidar opositores. En este camino, el autor intelectual del acuerdo con Odebrecht, Gustavo Gorriti de IDL-Reporteros, llegó a sostener que la mencionada empresa brasileña “se había reformado” y “había asumido nuevos criterios corporativos”, porque había aceptado la colaboración eficaz. Gorriti, en la práctica, se convirtió en el defensor de la empresa brasileña.
La cosa es tan escandalosa y, a la larga, tan insostenible que la Comisión Nacional de Anticorrupción, presidida por Salvador del Solar, ha solicitado a la Fiscalía que el tan mentado acuerdo con Odebrecht se publicite para conocimiento de todos los peruanos. El desvelamiento de los objetivos reales del acuerdo con Odebrecht, de una u otra manera, indican el final de la llamada “ola anticorrupción” que encabezó el presidente Vizcarra y desató una virtual guerra civil sin balas, que se expresó en los choques Ejecutivo versus Legislativo, en el encarcelamiento de la oposición, en el suicidio de Alan García y en el control político de la Fiscalía de la Nación.
Hoy ese ciclo pareciera terminar. Y si bien la parálisis del país y el deterioro institucional son muy graves, gracia a Dios los sectores pretorianos no han logrado controlar la mayoría de instituciones republicanas. La resistencia institucional ha existido, pues. Ojalá no erremos con el optimismo.
¿Cierran el Congreso?
Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
Desde hace varios meses reina la incertidumbre en el Parlamento sobre si el Presidente Vizcarra pateará el tablero democrático, cerrando el Congreso. Las amenazas que el Legislativo ha recibido con la reforma política enviada por el Ejecutivo son considerables. Anteriormente, el inútil referéndum fue propicio para intimidar al Parlamento. Se parió un ratón, son “reformas” inaplicables y perniciosas para el país.
Que la comisión encargada no pueda nombrar a un solo miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que designará a jueces y fiscales evidencia que hubo apresuramiento y que el proyecto de Palacio es un ‘Frankenstein’ que no camina, ni caminará.
Pero Vizcarra -junto con las encuestas y los medios- logró su objetivo mayor: desacreditar hasta el límite al Congreso. La reforma política del Ejecutivo tiene puntos inaceptables e inaplicables. Si Vizcarra cierra el Legislativo con el pretexto de que no se respetó ‘la esencia’ de esta o el absurdo plazo, la reacción ciudadana será cero. Habrá aplausos, pan y circo.
Los más protocolares argumentan que los Panamericanos frenarán los ímpetus golpistas de Vizcarra. Pero puede ser la ocasión ideal, el país estará en otra. El mandatario tiene un problemón: aparecieron coimas por $3 millones en el Gaseoducto de Humala y la obra no está incluida en el Acuerdo con Odebrecht. Hay lío fuerte en la Fiscalía. El politizado equipo fiscal del caso Lava Jato está chamusqueado. Odebrecht “nos hizo cholito”, mintió. Los fiscales llevados a héroes por una prensa interesada han perdido total credibilidad.
O Barata meció a los dos fiscales anticorrupción o actuó en complicidad con ellos, no hay más. Lo cierto es que el fiscal Hamilton Castro, que veía anteriormente el caso Lava Jato fue atacado por su colega, José Pérez, acusándolo de propiciar la fuga de Toledo etc. Castro le retrucó “¿por qué no incluyó pagos ilícitos de 20 proyectos en el Acuerdo?”
Vizcarra lapidó al ex Fiscal de la Nación Gonzalo Chávarry para controlar férreamente la Fiscalía. Que el Equipo Especial y el Acuerdo favorecieran a Odebrecht lo debilita. Insistir en crear una organización criminal con Chávarry, el fujimorismo y ‘Los Cuellos Blancos’ no es creíble cuando vemos que Barata nos estafó. El Gaseoducto era un millonario proyecto, $7,000 millones. Involucra además a Ollanta Humala y señora, aliados del régimen, como lo estableció la comisión Lava Jato.
Además, el Presidente está tapizado de investigaciones por corrupción, desde un colaborador eficaz que lo señala en el dormido caso Chinchero, hasta una acusación fiscal en Moquegua. Está entrampado. Si cierra el Congreso tendrá un corifeo de empalagosos ‘constitucionalistas’ que dirán: Vizcarra es la ley. Zafaría de tanto problema y tendría aire para hacer reformas a su medida y objetivos. Los maltratados militares con los mandiles rosados pueden ser el fiel de la balanza, además de la comunidad internacional. Corren las apuestas.
Operación ‘Lava cara’ de Odebrecht en todo su furor
Por PLINIO ESQUINARILA BELLIDO- Diario EXPRESO.
Desde el momento en que Odebrecht y su superintendente en el Perú, Mauricio Cruz, sacan a luz la versión de que no toda la información que almacena el sistema Drousys y My Web Day está vinculada a actos de corrupción, sino que también contiene información legal sobre transacciones y pagos privados de la constructora, obviamente que ha empezado la operación del lavado de cara de dicha empresa, en respuesta a las informaciones procedentes del exterior de presuntos sobornos en cinco nuevas obras de ingeniería civil ejecutadas en el Perú.
Y es que antes del último 25 de junio el periodista Andersson Boscán y su equipo del portal ‘La Posta’ del Ecuador enviaron las bases de una noticia letal: que, además del Gasoducto del Sur, el ‘departamento de sobornos’ de Odebrecht había entregado coimas en cuatro nuevos proyectos, entre ellos Kuntur (la predecesora de Odebrecht en el gasoducto), la irrigación Chavimochic, la concesión hidroenergética Olmos y el corredor vial Hualapampa-Vado Grande.
Si a lo anterior sumamos la concesión de la Interoceánica Norte de la que nos enteramos por las autoridades suizas, con la coima declarada por Josef Maiman de 10 millones de dólares, tendremos seis proyectos que están fuera del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Esto al margen de otros pagos de obras que ya están incorporadas en el acuerdo, como en la Línea 1 del Metro de Lima (tramos 1 y 2), Interoceánica Sur, Corredor Costa Verde – Callao y Vía de Evitamiento del Cusco.
A lo anterior, añadimos Rutas de Lima de los famosos peajes y la carretera Carhuaz- Chacas-San Luis (Áncash). Como es público, Odebrecht solo aceptó sobornos en dos proyectos grandes, Interoceánica Sur y Línea 1 del Metro de Lima que, dicho de paso, ya estaban confirmados con antelación, además en dos pequeñas obras viales como son la Costa Verde del Callao y la Vía de Evitamiento del Cusco. Cuatro en total, de un paquete de más de 70 obras que la transnacional brasileña ejecutó en el Perú y de los cuales alrededor de 20 son recientes y relevantes en las que estarían probadas las coimas a las autoridades peruanas.
CONSOLIDADO
El portal Convoca.pe, al desarrollar la información procedente de Ecuador, informó de un consolidado de 47 transferencias de dinero de la contabilidad paralela de la transnacional carioca entre marzo y diciembre de 2014.
“Y otros seis pagos vinculados a Jorge Barata y Ricardo Boleira, exdirectivos de Odebrecht en el Perú, que se efectuaron ese mismo año. En total, se identificaron 53 transacciones de la ‘Caja 2’ de la compañía referidos al Perú” por cerca de 9 millones de dólares.
Ante esta avalancha de información nueva, que no le ha costado nada al erario nacional, tanto Odebrecht, mediante comunicado, como su superintendente Mauricio Cruz, en entrevista con La República, aseguran que esa información del Departamento de Operaciones Estructuradas –léase gerencia de coimas–, que data del año 2014, fue entregada al equipo de fiscales del caso Lava Jato el 12 de junio de este año.
El comunicado de Odebrecht ha precisado que la mayoría de las transferencias son “pagos a terceros”, sea consultorías o contrataciones de técnicos que habrían solicitado el desembolso de sus pagos a través de empresas ‘offshore’, algunas de ellas mediante triangulaciones en países tan lejanos como la India, práctica que obviamente también es ilícita por incurrir en evasión tributaria.
“Dichos documentos siguen en proceso de revisión, pero fueron parcialmente entregados el último 12 de junio, siendo que en dicha entrega está la plantilla que viene siendo divulgada en los medios de comunicación”, dice el comunicado de Odebrecht.
CONTROL DE DAÑOS
Los expertos que han seguido el caso, como Manuel Romero Caro, no descartan que dicha información haya sido conocida con anterioridad por los fiscales del caso Lava Jato, quienes se dieron tiempo para dar forma a un “control de daños” respecto de lo que ha llegado del Ecuador.
El citado superintendente tiene el mismo libreto. Si bien es cierto que se han revelado pagos en obras no incluidas en el acuerdo de colaboración, estos “no necesariamente son sobornos”, afirma.
La prensa concentrada, capitaneada por El Comercio, se suma con un temperamento permisivo. “Como han informado en distintos momentos los fiscales y procuradores que participaron en su confección, el acuerdo de colaboración con Odebrecht no descarta la posibilidad de que la constructora haya delinquido en proyectos distintos a los comprendidos en él”, señala en su editorial del sábado 29 de junio. Pero todo tiene solución en el marco del acuerdo, añade.
Sin embargo, olvida que en toda esta trama es obvio que el principal argumento de los impulsores del acuerdo de colaboración fue que Odebrecht al fin declararía toda la verdad. Incluso en el Congreso las bancadas de la izquierda oficialista remarcaban que más importante que el dinero (reparación civil) era que el país entero sepa la verdad de los corruptos y que los ejecutivos de Odebrecht no podrían violentar este principio a riesgo de terminar en la cárcel.
Y no podían mentir, según el principal impulsor mediático del acuerdo, Gustavo Gorriti, de IDL-Reporteros, porque en las nuevas circunstancias Odebrecht es “una compañía que se encuentra ahora en profundo proceso de reforma y que hoy colabora plenamente en la tarea de identificar la corrupción y los corruptos” (IDL-R, “Hipócritas y bribones”, 23/1/19).
El argumento central de que la constructora carioca no mentiría y que colaboraría totalmente se parapetó en que por lo menos conoceríamos la verdad de los cuatro proyectos comprendidos en el acuerdo, sin importar que el resto quedara en el limbo, porque para los entendidos estaba claro que la Fiscalía no estaba capacitada de hacer sus investigaciones propias sino que solo se basaba en los declaraciones de los colaboradores eficaces y en información procedente de Brasil o del exterior.
Al parecer, ahora que hay nuevos indicios de sobornos en otros proyectos, y sobre todo en el gasoducto, la operación ‘Lava cara’ quiere dejar de lado las mentiras reiteradas de Odebrecht y de sus ejecutivos.
Está en la tarea de vender las idea de que si aparecieran nuevos indicios, como los provenientes del Ecuador, sobre la existencia de otras obras adjudicadas gracias al pago de coimas, “la fiscalía podía –y puede ahora– válidamente acordar con la firma brasileña un nuevo paquete de colaboración y el incremento de la reparación civil (cifrada, hasta el momento, en S/ 610 millones)”.
“De ser el caso, inclusive, los fiscales podrían iniciar un proceso penal contra los ex integrantes de la empresa –hoy beneficiados por el acuerdo– si se llegara a comprobar que mintieron en relación con la comisión de delitos en otros proyectos”, dice el diario de los Graña y Montero.
Este temperamento permisivo colisiona con el espíritu de las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de la que forman parte los periodistas Andersson Boscán y Sasha Chavkin.
“Si Odebrecht, por el motivo que sea, retuvo información sobre sus delitos a las autoridades, las consecuencias podrían ser terribles. ‘Si el gobierno se entera después del hecho, podría hacer estallar los términos del acuerdo’, dijo Jessica Tillipman, decana asistente de la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington que se especializa en contratos gubernamentales y cuestiones anticorrupción”, cita Chavkin, en una amplio reportaje introductorio de la serie “División de soborno”, con el título “La fuga expone millones de dólares en nuevos pagos en el escándalo de efectivo por contratos de Odebrecht”.
Dicho de otra forma, si los pagos relacionados con la concesión del Gasoducto del Sur han sido sobornos, esto afectará gravemente el acuerdo con la transnacional del delito
DISTRACTIVOS
Entre tanto, la operación ‘Lava cara’ prosigue con el silencio calculado de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, quienes no solo han adelantado viajes a Israel, para interrogar a Maiman, sino que también adelantarían los interrogatorios sobre el gasoducto en Brasil, amén de distraer a la opinión pública con el impedimento de salida del país del exalcalde Luis Castañeda Lossio.
Algo así como los distractivos anteriores de centrar sus investigaciones en funcionarios de segundo nivel, como en el caso del Tren Eléctrico, y en los aportes de Odebrecht a los partidos para centrar las cacerías en Keiko Fujimori y Alan García.
“No hubo solicitudes de dinero por parte de funcionarios ni ofrecimientos por parte de nosotros”, declaró Jorge Barata cuando se le preguntó si la compañía transnacional había coimeado por el mencionado proyecto valorado en más de 7 millones de dólares, según publicó un semanario local en abril de este año.
La madre del cordero: el gasoducto
En todo ese paquete la madre del cordero está obviamente en el caso del Gasoducto del Sur, con mayor razón si figuran 17 pagos relacionados con la concesión –adjudicada durante el gobierno de Ollanta Humala– valorizados en 3 millones 70 mil dólares.
¿Quién, en su sano juicio, podía pensar que estando ya de por medio dos casos abiertos en la misma Fiscalía por tráfico de influencias y negociación incompatible, no habría coimas en el Gasoducto del Sur, el principal megaproyecto de 7,400 millones de dólares?
No solo la sospecha sino esa realidad ya estaban descritas en el informe Pari y con mayor detalle en el informe de la comisión Bartra. Toda esa data debía poner en alerta al sistema de justicia. Pero no pasó nada.
La operación ‘Lava cara’, según los especialistas, es clave para Odebrecht porque es el único proyecto que tiene en su contrato la cláusula anticorrupción. Esto implica que si se prueban los sobornos anunciados, la concesión y toda la infraestructura pasan al Estado.
Las consecuencias llegarían al exterior, es decir a los dos arbitrajes que ha abierto la empresa contra el Perú, tanto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), de Estados Unidos, y ante una corte de Luxemburgo, de la española Enagas y de Odebrecht, respectivamente, donde está de por medio más de 2,000 millones de dólares, cifra clave para la sobrevivencia de una empresa que obviamente puede quebrar.
Aparecen más ‘codinomes’
Ayer ‘Panorama’ comenzó a desagregar mayor información que habría ocultado Odebrecht. Tal es el caso de la obra Saneamiento Iquitos, donde la empresa Sedaloreto pagó S/ 118 millones. De acuerdo con el servidor, Jorge Barata pagó un millón 258 mil 200 dólares al codinome ‘Rio’. De igual manera, el ejecutivo Olivio Rodrigues pagó a ‘Pescador’ US$120 mil en una de los tantas obras mencionadas en el reportaje.
El mantenimiento y operación de la Base Machu Picchu es de responsabilidad del Ejército del Perú y se realiza con la colaboración multisectorial de las fuerzas armadas y entidades gubernamentales del Perú que participan anualmente en las expediciones ANTAR. El transporte de personal a cargo de la base lo realizó desde 1988 el buque de investigación científica BIC Humboldt del Instituto del Mar del Perú y la Fuerza Aérea del Perú. A partir de la expedición ANTAR XXV que se llevó a cabo el año 2017 el Humboldt fue reemplazado por el BAP Carrasco, buque oceanográfico con capacidades polares adquirido por el Perú específicamente para esta finalidad.
Chinchero es un buen ejemplo donde ha habido fallas garrafales y la industria no está participando”. La luz de alerta se ha encendido en la consola. Pero el capitán Vizcarra –tan sensato en otras muy complejas situaciones– hace caso omiso a la alarma. El movimiento de tierras en la pampa de Chinchero continúan y el MTC seleccionó esta semana al consorcio coreano compuesto por Korea Airport Corp. y tres empresas de ingeniería surcoreanas para supervisar y administrar el proyecto de construcción. El proyecto Chinchero cuesta en el papel US$ 484 millones. Pero la nave está siguiendo el mismo curso que tantos otros proyectos de infraestructura pública mal evaluados. Así las cosas, todo está servido para la firma de nuevas adendas. En el mejor de los casos, los costos se multiplicarán. En el peor, el futuro aeropuerto será un elefante blanco sin operar. ¿Acaso no leen los diarios en Palacio de Gobierno? Chinchero repite la misma partitura que los escándalos de Lava Jato: pobres estudios de prefactibilidad, oídos sordos a las advertencias, sobrecostos cantados. El Estado peruano ya ha invertido cerca de US$ 180 millones en el proyecto a lo largo de los años sin absolver preguntas básicas. Ahora anuncia que invertirá US$ 30 millones más –no para construir el aeropuerto– sino para contratar a un nuevo equipo de consultores, esta vez coreanos. Hay que ser sinceros: el aeropuerto de Chinchero está mal encaminado.
DEMORA. El Ministerio de Cultura aún no emite el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, pero la remoción de tierras en Chinchero empezó hace unas semanas. Foto: 
AVANCES. La empresa Altesa, la encargada de la remoción de tierras, ya obtuvo licencia de la ANA para usar el agua de una laguna con el fin de allanara el camino. Foto: 
IMPACTO. El EIA de la obra indica que el ecosistema tendrá una recuperación inmediata “tras el cese de la actividad”. Los expertos consideran que esto es irreal. Foto: 
AGUA. Los comuneros de Huila Huila no quieren que la empresa Altesa siga extrayendo agua de las lagunas que los abastecen. Foto: Rocio Cjuiro.
