El fiscal Carlos Puma, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, solicitó al Poder Judicial variar la comparecencia con restricciones por 36 meses de prisión preventiva para la exalcaldesa de Lima Susana Villarán -sobre quien pesa una orden de impedimiento de salida del país desde noviembre del 2017- mientras se le investiga por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión.
También se requirió la misma medida para el exgerente municipal José Miguel Castro y otras cuatro personas, según señalaron a EXPRESO fuentes del equipo Lava Jato.
Recordemos que, el mes pasado, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmó ante los fiscales peruanos en Curitiba que la firma brasileña aportó de manera irregular 3 millones de dólares a la campaña del ‘No’ a la revocatoria de Villarán, a fin de que no corra riesgo el proyecto ‘Rutas de Lima’. Añadió que la exburgomaestre -incluso- lo llamó para agradecerle la “donación”.
Barata dijo, además, que, de este monto, 2 millones de dólares le fueron dados al publicista Valdemir Garreta (propietario de FX Comunicaciones) en Brasil y el otro millón fue recibido por José Miguel Castro, cuyo codinome en el Departamento de Departamento de Operaciones Estructuradas (o ‘Caja 2’) era ‘Budian’, en Lima.
Pero eso no es todo. De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, la constructora carioca OAS habría inyectado ilícitamente 1 millón de dólares a la campaña del ‘No’. Durante la gestión de la exburgomaestre capitalina, vale remarcar, se amplió de 30 a 40 años el contrato de concesión del proyecto ‘Línea Amarilla’ a favor de la citada empresa trasnacional.
El dominical Panorama informó -a través de su cuenta de Twitter- que “la audiencia de prisión preventiva de Susana Villarán se realizará el lunes 13 de mayo a las 9:00 am en la Sala de Audiencias número 2, de la sede judicial Carlos Zavala”.

PIDIERON 6 MILLONES

Asimismo, dicho medio de comunicación dio a conocer que, según la Fiscalía, José Miguel Castro pidió en total 6 millones de dólares a constructoras brasileñas para la campaña del ‘No’ a la Revocatoria: US$3 millones a Odebrecht y US$3 millones a OAS.
Fuente: Diario EXPRESO.

Fiscal: OAS y Odebrecht dieron US$10 millones a campañas de Susana Villarán

Por Graciela Villasís Rojas / Martín León Espinosa- Diario El Comercio.
—El intento de reelección—
En el documento se indica que, para la campaña municipal del 2014, en la que Susana Villarán buscaría la reelección, OAS entregó US$4 millones en respuesta a un pedido de José Miguel Castro.
En el requerimiento se cita la declaración de un colaborador eficaz de la fiscalía, que señaló que Castro pidió a José Adelmário Pinheiro Filho (conocido con Léo Pinheiro, ex presidente de OAS) “dinero para la campaña por la reelección de Susana Villarán por US$4’000.000, a lo que el segundo [Pinheiro] aceptó, siendo que Castro decía que ‘por el tamaño del proyecto era lo que le tocaba pagar’ […] Castro señaló a César Meiggs [para quien también se ha pedido prisión preventiva] para la entrega del dinero”.
Según fuentes cercanas a la investigación fiscal, ese pedido de dinero se dio en el contexto de un nuevo favorecimiento a OAS en el contrato de concesión de la Línea Amarilla.
En total, las dos empresas brasileñas entregaron US$10 millones para las dos campañas de la ex alcaldesa de Lima: Odebrecht US$3 millones y OAS US$7 millones.
El Comercio intentó comunicarse con Iván Paredes, abogado de Susana Villarán, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes.
José Humberto Orrego Sánchez, abogado de José Miguel Castro, dijo a este Diario que ya fue notificado, aunque aún no tiene el expediente. Sin embargo, consideró que no se justifica un cambio a una medida más gravosa para su defendido porque este ha tenido una buena conducta procesal durante la investigación que se le sigue. “No estoy de acuerdo”, recalcó.

Pedido fiscal advierte que contratación de actores habría sido “contraprestación” por apoyar a Villarán en el NO

En exclusiva, Panorama reveló a través de Twitter que la solicitud de prisión preventiva por 36 meses presentada por el fiscal Carlos Puma contra la excaldesa de Lima, Susana Villarán, incluye en su página 45 una advertencia sobre cierta forma de “contraprestación” en la contratación de actores que participaron en la campaña del No a la Revocatoria.
“Como parte del trabajo efectuado por FX Comunicacao se grabaron diversos spots publicitarios; en estos no solo aparecía Villarán como líder de la campaña, además también (sic) diversas figuras del medio artístico como Gustavo Bueno, Mónica Sánchez, Christian Thorsen […] Estos artistas junto a otros habrían sido contratados por la gestión de Susana Villarán –advirtiéndose aquí también una contraprestación– en razón de haber colaborado en su campaña; esto se evidencia con la información remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio N°3559-2017-EF/52.06”, se puede leer en una captura del documento compartido por el programa dominical en la red social.
Como se recuerda, ya el 14 de agosto de 2014 El Comercio publicó una extensa nota al respecto titulada “Gestión de Villarán contrató a rostros del No el mismo año de la revocación”, que mencionaba –con montos incluidos– a Julio Andrade, Gustavo Bueno, Claudia Cisneros, Christian Thorsen, Magaly Solier, entre otros. Dicho artículo desató una furibunda reacción por parte de las figuras mencionadas que terminó con el DESPIDO del periodista Gustavo Palomino, autor de la nota, por presiones que habría ejercido Pepita García Miró (enérgica y entusiasta participante en la campaña de apoyo a Villarán y miembro de la familia Miró Quesada).
Fuente: Político.pe

Caso Susana Villarán: las claves del pedido de prisión preventiva

Por Jonathan Castro– Diario El Comercio.
El fiscal Carlos Puma Quispe solicitó prisión preventiva por 36 meses contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, y sus ex funcionarios José Miguel Castro, Gabriel Prado, Luis Gómez Cornejo Rotalde, César Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta Yzaga. Los fundamentos de su solicitud se detallan a continuación:
1. Aportes ilegales a la revocatoria
El 2 de enero del 2012, Marco Tulio Gutiérrez adquirió el kit electoral para revocar a la alcaldesa y dio inicio a su campaña. Cuatro días después, Villarán nombró a José Miguel Castro como gerente municipal y a Domingo Arzubialde como gerente de promoción de la inversión privada.
Según la fiscalía, estos nombramientos tuvieron como trasfondo que Villarán continúe en el poder. Así “habría orquestado su idea de pedir dinero, para su campaña por la no revocatoria y posteriormente para su reelección, a las empresas brasileñas que tenían intereses en la Municipalidad de Lima, a cambio de beneficios para aquellas obras”, señala el pedido fiscal al que El Comercio tuvo acceso. Estas constructoras fueron Odebrecht, a cargo de Vías Nuevas de Lima, y OAS, ejecutora del proyecto Línea Amarilla.
Para llevar a cabo la campaña en su favor, Villarán se puso en contacto con el publicista Luis Favre, a través del ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis. Favre contactó con su colega brasileño Valdemir Garreta para llevar la asesoría a través de la empresa FX Comunicacao, y este se reunió con Villarán en Lima. La ex alcaldesa le habría dicho que la persona encargada de coordinar la campaña era José Miguel Castro. La remuneración fue acordada en US$3 millones.
Entre fines del 2012 e inicios del 2013, Susana Villarán, a través de José Miguel Castro, solicitó US$3 millones a Odebrecht, y la misma cantidad a OAS. Esta información está respaldada con las declaraciones del ex directivo de Odebrecht Jorge Barata, el cruce de llamadas entre Castro y los funcionarios de esta empresa Guilherme Borjes de Queiroz y Raúl Ribeiro Pereira, el testimonio de Valdemir Garreta y declaraciones de dos colaboradores eficaces.
Castro le habría indicado la forma de pago a Barata: US$2 millones a Garreta para el pago de la asesoría publicitaria y US$1 millón en cuentas y efectivo. Villarán se habría contactado con Barata para insistir en el pedido de Castro, así como para agradecerle por la entrega del dinero. Las planillas de Odebrecht registran pagos por US$711 mil a “Budián”, nombre clave con el que se referían a Castro.
La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán junto a José Miguel Castro y Eduardo Zegarra en una de las tantas actividades de la campaña de la No revocación. [Foto archivo El Comercio].
En referencia a los pagos hechos por OAS, la fiscalía cuenta con el testimonio de un colaborador eficaz que dio detalles sobre una conversación entre los ex directivos de esta empresa Valfredo de Assis y Leonardo Fracassi, en la que el primero le señaló al segundo que Castro le pidió la entrega de recursos. Estos ingresos serían pagados por medio de contratos en Brasil entre Garreta y la empresa Ogilvy.
Además, otro colaborador señaló que a inicios del 2013 Valfredo de Asis fue citado a la Municipalidad de Lima, donde conversó con Villarán. Ella le habría dicho que el proceso de revocatoria era “muy duro y que un cambio en la gestión municipal iba a ser muy perjudicial para el desarrollo del proyecto”. A continuación, Castro le dijo que la campaña iba a costar US$8 millones que serían repartidos entre las empresas con concesiones en la municipalidad, por lo que le correspondería pagar US$3 millonesa OAS.
Esta empresa cumplió con los pagos por dos vías. OAS realizó contratos ficticios con la empresa de colocación de avisos en medios Momentum Ogilvy, representada por Óscar Vidaurreta Yzaga, la cual contrató parte de la publicidad pagada en Perú. Además, usaron ‘doleiros’ que le entregaron el dinero a Luis Gómez Cornejo -por indicación de Castro- quien lo distribuía a Anel Townsend y Enrique Juscamaita.
2. Los amigos de Lima
En el allanamiento a la vivienda de Villarán, la fiscalía incautó el libro de la asamblea general de socios de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. De esta incautación, la fiscalía concluye que ella no solo estaba informada sobre el grupo, sino que lo habría mandado a crear, pues sus integrantes eran miembros de su gestión.
La asociación fue creada el 21 de noviembre del 2012, cuando el proceso de revocatoria ya estaba en marcha, y estuvo conformada por los ex funcionarios Marco del Mastro Vecchione, Cecilia Lévano de Rossi, Guillermo Loli Ramírez, Jorge Antonio Torres Padilla, Daniela Maguiña Ugarte y los militantes de Fuerza Social Brigido Marcos Oriundo Naupari y Natividad Marin Lozano.
Esta agrupación creó cuatro cuentas donde se depositarían un total de S/1 millón y US$228 mil, la mayoría en efectivo, proveniente de los fondos ilícitos de las constructoras brasileñas.
3. El uso de los recursos
Según la acusación fiscal, el dinero recolectado fue usado para pagar a la empresa FX Comunicacao, encargada del marketing político, y las emisiones publicitarias.
Los pagos a la empresa de Garreta se realizaron de la siguiente forma: Odebrecht aportó 5 cuotas de US$400 mil cada una entre mayo del 2014 y mayo del 2015; mientras OAS realizó 4 entregas de 500 mil reales aproximadamente, entre junio y agosto del 2013. En total, recibieron US$3 millones. Favre recibió medio millón de dólares de estos fondos.
Paneles con fotografías de artistas y deportistas fueron parte de la millonaria campaña de la ex alcaldesa de Lima. La fiscalía encontró una contrato con el actor Christian Thorsen, entre otros. (Fotos: Archivo El Comercio).
La campaña por el “No” contrató publicidad con medios de comunicación y paneles publicitarios por un total de S/5’460,246.33. Sin embargo, a las cuentas recolectoras de fondos de campaña solo ingresó S/1,4 millones y US$228 mil, por lo que se desprende que el dinero no fue bancarizado ni en las cuentas de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana ni en las de María Julia Mendez Vega, tesorera de la campaña. La fiscalía tiene la hipótesis de que los aportes en efectivo fueron la vía para inyectar los fondos que Castro recibió de Barata.
Una de las empresas que tuvo un rol importante en la contratación de la publicidad fue Momentum Ogilvy, empresa de colocación de avisos en medios de comunicación de Óscar Vidaurreta Yzaga.
Además, la fiscalía da cuenta de contratos entre la Municipalidad de Lima y participantes de la campaña contra la revocatoria. La empresa Visionaria, representada por Óscar de la Flor Arbulú, participó de la campaña y brindó servicios a la gestión de Villarán por S/571 mil.
La acusación también recoge los contratos entre la Municipalidad de Lima y tres actores que participaron de la campaña por el “No”: Magaly Solier, Julio Andrade y Christian Thorsen, cada uno contratado por S/7 mil en el 2013.
4. Los beneficios para las empresas
La fiscalía sostiene que el Concejo de la Municipalidad de Lima aprobó la iniciativa privada “Proyecto Vías Nuevas de Lima”, sin que se aprecie una adecuada exposición del proyecto, el 18 de febrero del 2012. Dos empresas subsidiarias de Odebrecht formaron el consorcio que se adjudicó el proyecto.
El contrato se firmó el 9 de enero del 2013, presuntamente luego del pedido de dinero a Barata, y sin opinión previa del Ministerio de Economía, pese a que era obligatorio.
Sobre la firma de la adenda al contrato de Línea Amarilla, a cargo de OAS, la fiscalía señala que los acuerdos vulneraron las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y las regulaciones de las asociaciones público-privadas. Este documento se suscribió el 13 de febrero del 2013, después del presunto pedido de aportes.
La gestión de Susana Villarán dio los primeros pasos en la obra Línea Amarilla, llamada en ese entonces como Vía Parque Rímac. (Foto: Archivo El Comercio).
“La incorporación del proyecto Río Verde y obras de integración urbana al contrato de concesión generó el cambio de la naturaleza de la concesión de autosostenible a cofinanciado, siendo necesario que, para la aprobación de la modificación del contrato se solicite la opinión previa del Ministerio de Economía”, señala el pedido presentado por el fiscal Puma. No se cumplió este último requisito.
5. La cuenta en Andorra 
Odebrecht creó una cuenta en la Banca Privada de Andorra a nombre de Renton Holding, en la que el ex funcionario Gabriel Prado fue el beneficiario final. Su propósito era recibir aportes ilícitos de la Caja 2 de la constructora brasileña.
La fiscalía cuenta con información que corrobora la reunión entre Castro y Prado con Andrés Norberto Sanguinetti Barros, funcionario de esta entidad bancaria, en el hotel Novotel.
6. La campaña de reelección
Dos colaboradores eficaces han señalado que en la campaña de reelección de Villarán en el 2014 se usó la misma modalidad de recaudación de fondos ilícitos. Según uno de ellos, José Miguel Castro le solicitó a Adelmahiro Pinheiro, conocido como Leo Pinheiro y ex presidente de OAS, la suma de US$4 millones “por el tamaño del proyecto [Vía Parque Rímac]”. El empresario brasileño aceptó.
De parte de la constructora, Leonardo Fracasi se encargó de realizar contratos ficticios para que se pueda generar el dinero ilícito. De parte de la Municipalidad de Lima, Castro habría señalado a César Meiggs como el encargado de la receptación de fondos.
El informe final de la campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registró ingresos por un total de S/1.3 millones. En el proceso de verificación, la fiscalía constató que 39 personas señalaron no haber realizado aportes y que seis dijeron que no dieron recursos para la campaña de Villarán, sino para otras candidaturas de su agrupación. También se detectó que se subvaluó los gastos en medios de comunicación y paneles publicitarios.
A Villarán y Castro se les acusa de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos. Su situación se definirá en la audiencia del lunes.

Contratos ficticios validaron US$4 millones para la reelección

Por Jonathan Castro– Diario El Comercio.
Después de recibir los aportes económicos para la campaña contra la revocación, Susana Villarán tuvo el mismo gesto con dos ex funcionarios de alto nivel de las constructoras brasileñas: se comunicó con ellos para agradecerles su apoyo. Así lo sostuvieron Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, y José Aldemário Pinheiro (conocido como Léo Pinheiro), ex presidente de OAS, en sus declaraciones ante el equipo especial del Caso Lava Jato que fueron incluidas en el pedido de prisión preventiva para la ex alcaldesa.
El fiscal Carlos Puma Quispe, a cargo de la investigación, también encontró evidencias sobre aportes ilícitos realizados en la campaña en la que Villarán buscó la reelección. Dos colaboradores eficaces declararon que OAS realizó contratos ficticios con dos compañías del empresario César Meiggs para entregar US$4 millones a la causa de la ex alcaldesa.
El Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva por 36 meses para Villarán, los ex gerentes edilicios José Miguel Castro y Gabriel Prado, y otros tres imputados, por presuntamente haber recibido US$10 millones de Odebrecht y OAS para las campañas contra la revocación (2013) y por la reelección (2014) de la ex alcaldesa. A continuación, las principales evidencias encontradas contra ellos.
1. Castro habría solicitado aportes por igual a Odebrecht y OAS para la campaña del No.
El 2 de enero del 2012, Marco Tulio Gutiérrez adquirió el kit electoral para revocar a la alcaldesa e inició su campaña. Cuatro días después, Villarán nombró a José Miguel Castro gerente municipal y a Domingo Arzubialde gerente de Promoción de la Inversión Privada.
Según la fiscalía, estos nombramientos tuvieron como trasfondo que Villarán se mantuviera en el poder. Así “habría orquestado su idea de pedir dinero para su campaña por la no revocatoria y posteriormente para su reelección, a las empresas brasileñas que tenían intereses en la Municipalidad de Lima, a cambio de beneficios para aquellas obras”, señala el pedido fiscal al que este Diario accedió. Estas constructoras fueron Odebrecht, a cargo del proyecto Vías Nuevas de Lima, y OAS, ejecutora de Línea Amarilla.
Para llevar a cabo la campaña a su favor, Villarán se puso en contacto con el publicista Luis Favre, a través del ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis. Favre se contactó con su colega brasileño Valdemir Garreta para realizar la asesoría a través de la empresa FX Comunicaciones.
Garreta se reunió con Villarán en Lima. La ex alcaldesa le habría dicho que la persona encargada de coordinar la campaña era José Miguel Castro. La remuneración del equipo de publicistas fue acordada en US$3 millones.
Entre fines del 2012 e inicios del 2013, Susana Villarán, a través de Castro, solicitó US$3 millones a Odebrecht, y la misma cantidad a OAS, según la fiscalía. Esta información está respaldada en las declaraciones de Barata, el cruce de llamadas entre Castro y los funcionarios de Odebrecht Guilherme Borjes de Queiroz y Raúl Ribeiro Pereira, el testimonio de Valdemir Garreta y declaraciones de colaboradores eficaces.
Castro le habría indicado la forma de pago a Barata: US$2 millones a Garreta para el pago de la asesoría publicitaria y US$1 millón en cuentas y efectivo. Villarán se habría contactado con Barata para insistir en el pedido de Castro, así como para agradecerle por la entrega del dinero. Las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas, la caja 2 usada para contribuciones ilícitas, registran pagos por US$711 mil a ‘Budián’, nombre clave con el que se referían a Castro.
Para la recepción de parte de estos fondos, se abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra, en la que Gabriel Prado era el beneficiario. Su abogado, Eduardo Roy Gates, señaló que no se le hizo ningún depósito. Agregó que aún no ha sido notificado.
2. OAS realizó aportes de su propia división de sobornos con contratos ficticios.
La fiscalía cuenta con el testimonio de un colaborador eficaz que señaló que a inicios del 2013 el ex directivo de OAS Valfredo de Asis fue citado a la Municipalidad de Lima a conversar con Villarán. Ella le habría dicho que el proceso de revocación era “muy duro y que un cambio en la gestión municipal iba a ser muy perjudicial para el desarrollo del proyecto”. A continuación, Castro le dijo que la campaña iba a costar US$8 millones que serían repartidos entre las empresas con concesiones en la municipalidad, por lo que le correspondería pagar US$3 millones a OAS.
Además, Léo Pinheiro afirmó que Castro y Villarán le solicitaron aportes para esta campaña en una reunión. El empresario estaba interesado en mantener la ejecución del proyecto Vía Parque Rímac (o Línea Amarilla).
OAS cumplió los pagos. Para ello realizaron contratos ficticios con la empresa de colocación de avisos en medios Momentum Ogilvy, representada por Óscar Vidaurreta Yzaga, agencia que contrató parte de la publicidad de la campaña contra la revocación. Los contratos ficticios se realizaron con las sucursales de Ogilvy en Ecuador, Colombia y Chile. El colaborador que dio esta información señaló que fueron “completamente ficticios”. La defensa de Vidaurreta indicó que aún analizan el caso.
La constructora utilizó ‘doleiros’ para introducir los fondos al país y entregárselo a Luis Gómez-Cornejo –por indicación de Castro–, quien lo distribuyó a Anel Townsend y Enrique Juscamaita.
Otros testimonios refieren que el ex directivo Alexander Alves le entregó US$1 millón en efectivo a Gómez-Cornejo. En comunicación con El Comercio, su abogado Karl Borjas rechazó los cargos y señaló que hasta el miércoles fue considerado testigo del caso.
3. También se firmaron contratos ficticios para la campaña por la reelección.
Dos colaboradores eficaces han señalado que en la campaña de reelección de Villarán del 2014 se usó la misma modalidad de recaudación de fondos ilícitos. Según uno de ellos, José Miguel Castro le solicitó a Léo Pinheiro US$4 millones “por el tamaño del proyecto [Vía Parque Rímac]” que tenían en desarrollo. El empresario brasileño aceptó.
De parte de la constructora, Leonardo Fracasi se encargó de realizar contratos ficticios con el empresario César Meiggs, a quien Castro había designado para estos trámites. Los acuerdos fueron suscritos con sus empresas de construcción CMR y Servicios Generales Generación.
“A veces se efectuaban servicios reales con el objeto de disfrazar la generación de caja 2, pero se ponían valorizaciones sobre precios de servicios que no correspondían, eso se hizo en las empresas Generación y CMR”, indicó uno de los colaboradores eficaces.
El informe final de la campaña del 2014 ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registró ingresos por un total de S/1,3 millones. En el proceso de verificación, la fiscalía constató que 39 personas señalaron no haber realizado aportes y que seis dijeron que no dieron recursos para la campaña de Villarán, sino para otras candidaturas de su agrupación. También se detectó que se subvaluaron los gastos en medios de comunicación y paneles publicitarios.
4. Ex funcionarios edilicios sostienen que Villarán dirigió la campaña.
La fiscalía ha considerado los testimonios de los ex colaboradores de Villarán Eduardo Zegarra, Gustavo Guerra García, Anel Townsend, Daniela Maguiña y Marisa Glave para señalar que la campaña contra la revocación fue dirigida por la propia alcaldesa. Como prueba de ello, sostiene que la ex autoridad participó en varias reuniones de planificación, eligió a Luis Favre como publicista y a Townsend como jefa de campaña. Castro también tuvo protagonismo en las coordinaciones, según los testigos.
Además, en el allanamiento de la vivienda de Villarán la fiscalía incautó el libro de la asamblea general de socios de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. De esta incautación, la fiscalía concluye que ella no solo estaba informada sobre el grupo, sino que lo habría mandado a crear, pues sus integrantes eran miembros de su gestión edilicia.
La asociación fue creada el 21 de noviembre del 2012, cuando el proceso de revocación ya estaba en marcha, y estuvo conformada por los ex funcionarios Marco del Mastro Vecchione, Cecilia Lévano de Rossi, Guillermo Loli Ramírez, Jorge Antonio Torres Padilla, Daniela Maguiña Ugarte y los militantes de Fuerza Social Brigido Marcos Oriundo Naupari y Natividad Marín Lozano. Crearon cuatro cuentas donde se depositaron S/1 millón y US$228 mil, la mayoría en efectivo, proveniente presuntamente de los fondos ilícitos de las constructoras brasileñas.
5. El dinero ilícito se utilizó para el pago de publicistas y contratos en medios.
Los pagos a la empresa de Garreta se realizaron de la siguiente forma: Odebrecht aportó cinco cuotas de US$400 mil cada una, entre mayo del 2014 y mayo del 2015; mientras OAS realizó cuatro entregas de 500 mil reales aproximadamente, entre junio y agosto del 2013. En total, recibieron US$3 millones. Favre cobró medio millón de dólares de estos fondos.
La campaña por el No contrató publicidad con medios y paneles publicitarios por un total de S/5’460.246,33, de acuerdo con las cartas enviadas por las empresas de comunicaciones. La fiscalía tiene la hipótesis de que la mayor parte de este dinero no fue bancarizado ni en las cuentas de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana ni en las de María Julia Méndez Vega, tesorera de la campaña. Por ello, consideran que los aportes en efectivo fueron la vía para inyectar los fondos que Castro recibió de Barata.
Además, la fiscalía da cuenta de contratos entre la Municipalidad de Lima y participantes en la campaña contra la revocación. La empresa Visionaria, representada por Óscar de la Flor Arbulú, participó en la campaña y brindó servicios a la gestión de Villarán por S/571 mil. También incluyó a los artistas Magaly Solier, Julio Andrade y Christian Thorsen, quienes fueron contratados por S/7 mil cada uno en el 2013.
6. Contratos firmados por las constructoras no pasaron por el MEF.
La fiscalía sostiene que el Concejo de la Municipalidad de Lima aprobó la iniciativa privada Proyecto Vías Nuevas de Lima y la adenda al contrato de Línea Amarilla sin contar con la opinión previa del Ministerio de Economía (MEF), pese a que era obligatorio. Ambos contratos fueron firmados en los primeros meses del 2013, después del presunto pedido de aportes a ambas empresas.
*Con la colaboración de Martín Calderón, Rocío La Rosa, Rodrigo Cruz y René Zubieta.

Forsyth sobre Villarán: “Los que han sido culpables que se vayan a la cárcel”

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, expresó estar sorprendido frente al pedido de 36 meses de prisión preventiva para la excaldesa de Lima Susana Villarán, quien, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, habría recibido 10 millones de dólares de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas contra la revocación y reelección.
Recordemos que Forsyth, en representación del club Alianza Lima, llamó a votar por el ‘No’ a la revocatoria de Villarán.
“Como muchos de los limeños que participamos en esa campaña votando por el ‘No’, obviamente todos nos sentimos sorprendidos, al igual que los muchos que votaron por los expresidentes que ahora están presos y fugados”, dijo el exguardameta.
Sin embargo, sostuvo que “tenemos que ser drásticos y los que han sido culpables que se vayan a la cárcel”. “La corrupción es el cáncer que está viviendo el Perú en general, pero hay gente que está muy comprometida en cambiar el país”, agregó.
Vale mencionar que, según el fiscal Carlos Puma -miembro del equipo especial del caso Lava Jato-, la exburgomaestre capitalina habría recibido 6 millones de dólares de firmas cariocas para su campaña por el ‘No’: 3 millones de dólares de Odebrecht (a cargo del proyecto ‘Rutas de Lima’) y 3 millones de dólares de OAS (a cargo del proyecto ‘Línea Amarilla’).
Además, OAS habría inyectado 4 millones de dólares a la campaña de reelección de Villarán.
La solicitud de cárcel provisional también alcanza al exgerente municipal José Miguel Castro (cuyo codinome en el Departamento de Operaciones Estructuradas sería ‘Budian’), el exfuncionario edilicio Gabriel Prado, Luis Ernesto Gómez-Cornejo Rotalde, César Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta Yzaga.
Fuente: Diario EXPRESO.

¿SE NOTA MI CHALECO O ME SACO EL POLO?”, PREGUNTÓ MALCRIADO

El mayor PNP Freddy Ordinola, jefe del operativo en la diligencia el día del suicidio del expresidente Alan García, protagonizó un altercado con el legislador aprista Jorge del Castillo, durante una sesión de ayer en el Congreso. Allí el agente afirmó que ellos eran conscientes de que García tenía armas de fuego. Y luego Ordinola alterado se sacó desafiante la casaca que tenía puesta y mostró su chaleco antibalas. “Quería sacarme la casaca porque ya no aguanto, para que vean mi chaleco. Están que nos cuestionan eso del chaleco y me parece muy incómodo ya. ¿Se nota mi chaleco o me saco el polo?”, preguntó malcriado.  Esa es la verdad. No mal informen oficialistas.

POLICÍA POLÍTICA

El ministro del Interior, el señor Carlos Morán, se ha victimizado y ha victimizado a la policía política del régimen, la Diviac, ante preguntas incómodas de los congresistas de la Comisión de Defensa a sus agentes por la diligencia en la casa del ex presidente Alan García el día de su suicidio. ¿Cuál es su problema? ¿Por qué tanta chilla de la prensa palaciega?

MINISTRO “COLADERA”

Guste o no guste, el Congreso es eso, señores, la entidad pública donde hay una palabra clave que se  llama control político y otra que se llama fiscalización, palabras tan odiadas por el vizcarrato y sus opinólogos. ¿Por qué llora tanto el ministro coladera, Carlos Morán? Debería preocuparse sobre todo de las fugas permitidas por su Diviac. Ya son varios: Hinostroza, los chalacos, un lobista de Odebrecht y ahora Donayre.

MESURADO

En ningún momento hubo nada fuera de lugar ni nada malcriado contra el “gringo” Colchado, el engreído de la caviarada. No hubo nada faltoso contra “Coladera”, como ha declarado concluido el debate el titular del grupo de Defensa, Jorge del Castillo, siempre mesurado. Y eso estuvo más que claro con sus declaraciones a canal N donde también participó García Belaunde, otro ponderado. Si hay excesos, como tal vez los hubo, solo es parte de la práctica parlamentaria.

DOBLE FALTA

Antes, el vocero de Nuevo Perú, el zurdo Richard Arce, protagonizó otras escenas de figuretti en la sesión de la Comisión de Defensa, durante la presentación del Ministro del Interior y la gentita de la Diviac. Primero, llegó tarde a la sesión, y ahí mismo, a pesar de la tardanza, exigió el uso de la palabra. Esto generó que Jorge del Castillo le niegue la palabra, lo que generó el reclamo airado de Arce ¿Qué pasó?

¿EN EL GABINETE?

Durante la sesión de Defensa Nacional, uno de los oficiales de la Diviac que se presentó, se confundió en la sesión y cuando Luz Salgado (Fuerza Popular) le realizaba unas preguntas, optó por responderle con un “mire ministra”. Esto generó la risa de los asistentes, pero más se encendió todo, cuando Salgado respondió que era congresista y no ministra, al menos, “todavía” no era del Gabinete. Parece que alguien ya se vislumbra como integrante del gabinete, quizás para lo que queda del gobierno o porque cree que ganarán en 2021.
Fuente: Diario EXPRESO.

El coronel sí tiene quién le escriba

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
El jefe de la Diviac delibera impunemente sobre autoridades y actores políticos al amparo del gobierno y en contubernio con poderes fácticos que le dicen amén. ¡Y esa división policial es tan “técnica” que ni siquiera sabe operar una cámara de video!
Pueden haber muchas definiciones de policía política. Una de ellas es aquella fuerza armada y de inteligencia que trabaja no al servicio del Estado (que somos todos) sino al servicio del gobierno de turno y en contra de determinados actores políticos que, por lo general, son adversarios o enemigos. Otra definición que puede tenerse por indiciaria y complementaria de la primera es aquella en la que el jefe de la policía realiza opiniones políticas avaladas por el gobierno (pero prohibidas por la Constitución, que les impide deliberar políticamente) en contra de actores políticos y autoridades del Estado que nunca pertenecen al gobierno de turno.
Este lunes desfilaron ante una comisión ordinaria del Parlamento el ministro del Interior, el jefe de la Diviac (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad) y el director de la Policía Nacional, así como los agentes que participaron en el operativo que terminó con el lamentable suicidio de un expresidente del Perú. El objeto de la pesquisa legislativa era obvia: saber si se cumplieron con los protocolos para una intervención de esa envergadura dada la alta dignidad que se pretendía detener.
La sesión duró cinco horas y nunca quedó claro si esos protocolos se cumplieron, porque la policía se fue por la tangente con una serie de artimañas dejando en la penumbra el objeto del interrogatorio. Por supuesto que a quienes hemos visto la televisión los titulares de los diarios, opinólogos invitados y hasta algunos políticos y colegas de quienes estuvieron en la sesión -presidida por Jorge del Castillo– nos han querido vender la idea de que la policía fue maltratada por los congresistas.
La “objetividad” unánime de la aplanadora antifujimorista y antiaprista puede graficarse en la entrevista de Jaime Chincha sobre el tema. El periodista abre con el típico soliloquio que dice que hay “consenso” entre varias personalidades de que los policías fueron maltratados y convocados a una emboscada por la comisión para luego recalcar que ÉL se encuentra entre los que piensan eso –¡como si a alguien le tuviera que importar la opinión por adelantada del entrevistador!– y, acto seguido, anuncia con bombos y platillos….¡al ministro del Interior! para que se despache a sus anchas contra la comisión y el Congreso.
No vamos a hacer aquí un recuento sobre lo acontecido durante esas cinco horas, tampoco sobre el mal gusto de uno de los policías de desafiar a los parlamentarios con su chaleco antibalas en un show de mala factura y machonamente amenazar con quitarse el polo para exhibir el pelo en pecho de la hombría. Por favor, ¡qué circo es ese! Tampoco vamos a incidir en lo estúpido que suena que una policía de “alta complejidad” no sepa cómo manejar una cámara filmadora ni cómo prender el audio de la misma. Menos vamos a aburrir al lector sobre cómo fueron convocados estos policías entre gallos y medianoche en una avenida saliendo cada uno de su propia casa cuando lo que se estila es que en un operativo de tal magnitud todos salgan de un mismo sitio donde previamente han estado concentrados recibiendo las órdenes debidas.
Vamos a quedarnos con lo sustancial de la sesión que es lo que la casi unanimidad de la prensa ha querido vender: que la Diviac no es una policía política (que fue lo que dijo el almirante Tubino para luego disculparse, en un exceso de caballerosidad como acostumbran quienes han sido formados en la Marina).
Quien dirige la Diviac es el coronel PNP Harvey Colchado. Hace unos meses, este policía dijo, entre otras cosas, al portal web Convoca.pe: “[El fiscal de la Nación] Pedro Chávarry es un ‘cuello blanco’. Su permanencia en el cargo altera los avances realizados por las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro. Chávarry sí se prestaba [a las acciones de esta red]. Estos tres fiscales (Chávarry, Rodríguez y Gálvez [que luego ungieron con sus votos a Zoraida Ávalos y antes lo hicieron con Pablo Sánchez] funcionan como una unidad; Chávarry los protege porque depende de ellos, debido a que son cinco fiscales supremos titulares, y son ellos quienes, por mayoría, representan un respaldo ante cualquier intento de vacancia [del fiscal de la Nación]. Los tres conforman un triángulo que deja visos de que son una red criminal, no sólo aquí sino a nivel nacional. Es clarísimo que el fiscal del partido fujimorista es Pedro Chávarry. Esto ha quedado demostrado con la falta de voluntad de la bancada fujimorista para iniciar un proceso contra Chávarry.”
Si lo que dice el jefe de la Diviac no son declaraciones y opiniones políticas sobre autoridades del Estado y sobre líderes de partidos políticos y bancadas específicas en el Congreso, entonces, ¿qué son? El coronel imparte sambenitos a diestra y siniestra al amparo y con la bendición de una amplia cobertura periodística, de sus superiores, del presidente de la República (que fiel a su demagogia barata salió a respaldar a la policía por la afrenta que le había hecho el Congreso), del juez Concepción Carhuancho y de los fiscales del equipo Lava Jato Vela, Pérez y Compañía. En otras palabras: el jefe de la Diviac DELIBERA impunemente y pretende, con sus periodistas ayayeros, que la Diviac no es una policía que, por lo menos, da indicios más que razonables para calificar como POLÍTICA EN SUS OBJETIVOS.
En resumen. 1.- La Diviac sí es una policía con intereses políticos evidentes apoyada por una maquinaria política (prensa, ONG, gobierno, red de fiscales y jueces conocidos, etc). 2.- El operativo de intervención en la casa del expresidente Alan García fue un completo desastre, no por su suicidio –como se pretende hacer creer a los despistados– sino porque salta a la vista la improvisación y desorganización de lo poco que se conoce que ocurrió, a través de la grabación sin audio a cargo de una policía “especialista en delitos de alta complejidad” que no sabe ni cómo opera una filmadora.
Finalmente, mención aparte merece la posición de la izquierda como “defensora” de la Policía Nacional y la rasgadura de vestiduras de sus líderes del FA y de NP. ¡Acaso no recuerdan cuando en mayo de 2016 el congresista Wilbert Rozas se lanzó contra los policías que detenían a una mujer que se manifestaba violentamente en el frontis del Congreso! ¡Fariseos!

En el 2014, separan a instructor de la Escuela PNP

Por EDUARDO NIZAMA- Diario Correo.
El teniente PNP Freddy Ordinola Castillo, quien participó del brutal ataque contra un alumno de la Escuela Técnica Superior de la PNP de la región Tumbes, José Mera García (18), fue separado de su cargo como instructor de la referida casa de estudios, mientras se investiga el hecho.
El joven se recupera en un nosocomio local, mientras se espera sea derivado al Hospital de la PNP en Lima.
“Yo estoy presentando una denuncia contra este tipo (el instructor) por tres delitos: atentado contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de tentativa de homicidio, omisión al socorro y abuso de autoridad. Mi hijo no se puede manejar solo, pues necesita de la ayuda de 2 personas para poder hacer sus necesidades”, lamentó el padre de la víctima, José Mera Calderón.

Diviac: La policía política

Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
Muchas voces en la Fiscalía consideran a la Diviac (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, 500 integrantes) como la policía política, denominación que tuvo el efecto del ajo para el vampiro en el ministro del Interior y los integrantes de la Diviac, citados por la Comisión de Defensa del Congreso para aclarar hechos extraños en el operativo de allanamiento y detención del expresidente Alan García.
En la Fiscalía hay desmoralización ante la soberbia y potencia política de Diviac. Fiscal que no la usa y trabaja –como debe ser– con la Policía Judicial es mal visto. Lo usual es actuar con la Policía Judicial, lo excepcional es hacerlo con Diviac. El juez designó a la  Policía Judicial para el allanamiento a Alan García. El fiscal Pérez, arbitrariamente, llama a Diviac. En la Fiscalía no son ciegos a los excesos de dos fiscales anticorrupción.
El presidente y el premier respaldaron políticamente a la Diviac por el “maltrato recibido en el Congreso”. El ministro del Interior se despachó contra los congresistas de la comisión, exigiendo disculpas. Lo acompañaban el director de la Policía y el “protegido” jefe de la Diviac, coronel Harvey Colchado.
Vaya poder que encarna Colchado para recibir el patrocinio de paje a rey. Confirma que Diviac es la policía política. Colchado y el ministro Morán cantaron la misma copla, declarando: “qué culpa tiene la policía de intervenir a delincuentes de cuello y corbata”. Patapúfete. El psicosocial es obvio: condenaron al expresidente García y se volvieron los vejados en un tris. Siempre apoyados por una prensa adicta y vinculada a Lava Jato.
Los ‘diviac’ que declararon ante la comisión fueron instruidos para mostrarse desafiantes y provocadores. Su insolencia era notoria. La suboficial que grabó el allanamiento recurrió al cuentito de que no conocía la cámara y por eso no hay audio. ¿Así se preparan los operativos en Diviac? Afirmó que no comieron hasta las 8 p.m. Los trabajadores de Alan García dicen lo contrario: además de comer y pasearse por el inmueble, los ‘diviac’ dejaron todo sucio.
El mayor Ordinola –acusado de tortura– que retó a los congresistas ofreciendo quitarse la camisa para enseñar su chaleco antibalas porque estaba ‘asado’, se llevó el premio a la patanería. Y luego Colchado denostó a sus colegas de la Policía Judicial por los fracasos en los casos Donayre, Hinostroza y otros.
Diviac –lo manifestó uno de ellos– hace reglajes previos a las detenciones. Espía. Colchado, jefe policial del caso ‘Cuellos Blancos’ y del grupo de escucha Constelación,  acusó al ex fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, de ser “el fiscal del partido fujimorista”. El ministro Morán dijo que lo investigarían, nada sabemos. Diviac presionó a la seguridad de Chávarry para implicarlo en el deslacrado y ha detenido a todos los políticos. Ordinola ayudó a Humala en su juicio ¿Alguien duda de que es una siniestra policía política?

Todos los acusados y las penas solicitadas por los presuntos aportes de Odebrecht

El fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, Germán Juárez Atoche presentó la acusación fiscal contra el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otras nueve personas por los presuntos aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht a las campañas presidenciales del Partido Nacionalista en 2006 y 2011.
Juárez Atoche solicitó 20 años de prisión para Humala por “lavado de activos agravado” en sus dos campañas presidenciales, mientras que para la exprimera dama pidió 26 años y seis meses de cárcel. El fiscal explicó que se solicita más tiempo para Heredia porque se le imputan “tres hechos punibles” por “haber percibido dinero maculado (sucio) en la campaña de 2006, por actos de ocultamiento, compra de inmuebles, y por la campaña de 2011”.
La solicitud de cárcel por este caso también alcanza a gente del entorno de la pareja, entre ellos el hermano y la madre de la exprimera dama, Ilan Heredia Alarcón y Antonia Alarcón Cubas. También a la amiga de Heredia, Rocío del Carmen Calderón Vinatea y al excongresista nacionalista Santiago Gastañadui.

Las penas solicitadas

La fiscalía acusa Humala y Heredia como coautores del delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión en las campañas presidenciales de 2006 y 2010. En el caso de la exprimera dama se agregó el delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento, por esta razón le pena solicitada en su contra es de 26 años y 6 meses.
Juárez Atoche pidió la misma condena para Rocío del Carmen Calderón Vinatea, amiga de Nadine Heredia, señalada como cómplice primaria, autora y coautora de los delitos de lavado activos. Para Ilan Heredia y Antonia Alarcón, el fiscal solicita 20 años de cárcel para cada uno.
También son acusados Martín Belaunde Lossio, Eladio Mego Guevara, Santiago Gastañadui, Maribel Amelita Vela Arévalo, Mario Julio Torres Aliaga y Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez como cómplices primarios, y en todos los casos se pide 10 años de pena privativa de la libertad.
La fiscalía solicita además la disolución y liquidación de la empresa Todo Graph y del Partido Nacionalista Peruano en su calidad de personas jurídicas por haber sido presuntamente instrumentalizados “para efectos de lavar dinero”.

El caso

En la campaña electoral del 2011, que Humala ganó a Keiko Fujimori, Odebrecht entregó tres millones de dólares para la campaña del partido Nacionalista, de los cuales un millón fueron recibidos personalmente por Nadine Heredia, según confesó el exsuperintendente de la constructora en Perú Jorge Barata a la fiscalía peruana.
Tras la victoria electoral de Humala, Odebrecht ganó la concesión, junto a la española Enagas y la peruana Graña y Montero, del Gasoducto Sur Peruano, una obra de 7,000 millones de dólares, que tras el escándalo fue anulada por el Estado peruano.
Sin embargo, los aportes irregulares se remontan, según la Fiscalía, a la campaña de 2006, que Humala perdió ante Alan García, procedentes del Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. El dinero para financiar esa primera campaña nacionalista fue ingresado a las cuentas de Heredia como presuntos pagos por contratos laborales, que resultaron ficticios, según la investigación de Juárez.
Juárez Atoche no descartó que se solicite nuevamente prisión preventiva para Humala y Heredia con el fin de que ambos puedan acudir a las audiencias. “Las medidas cautelares se están evaluando para efectos de ver la mejor medida y garantizar que los imputados estén presentes en la audiencia”, expresó.
Fuente: Diario El Comercio.

Nueve testigos de Brasil incriminan a Ollanta Humala y Nadine Heredia

Por Karem Barboza Quiroz– Diario El Comercio.
Casi 130 elementos de convicción contra el ex presidente Ollanta Humala y más de 230 contra su esposa, Nadine Heredia, sustentan la acusación que el fiscal del equipo especial Lava Jato Germán Juárez Atoche presentó contra la pareja por el presunto delito de lavado de activos agravado.
Con estos, la fiscalía busca demostrar en un próximo juicio oral que la pareja “estaba en condición de presumir que los activos [los aportes] otorgados tenían origen ilícito” y, pese a ello, fueron usados para las campañas electorales del 2006 y el 2011.
—Gobiernos y corrupción—
Según la tesis planteada en el caso de la campaña del 2006, el fiscal explica que, durante la gestión del ex presidente venezolano Hugo Chávez se habría pactado el apoyo a la campaña electoral.
El dinero aportado, indica Juárez, provino de las arcas del Estado Venezolano que Chávez usó “para beneficio propio y de terceros”. Muestra de que el dinero era ilegal, indica, es que su gobierno habría usado a las empresas Kaysamak C.A. y Venezolana de Valores (Veneval) para hacer las transferencias a los Humala.
Otra muestra de que la pareja presumía la ilicitud del dinero, agrega el fiscal, fue que los aportes no los recibieron ellos, sino que se hizo a través de Antonia Alarcón Cubas, madre de Heredia, y de su amiga Rocío Calderón; quienes hicieron depósitos posteriores a la ex primera dama. Esta a su vez lo introdujo en la alianza política por la que postuló a Humala y, luego, adquirió bienes inmuebles.
Para la campaña del 2011, el fiscal sostiene que el aporte de OAS (aproximadamente US$500 mil) habría salido de una contabilidad paralela cuyo dinero provenía de los contratos ganados por la empresa a través de pactos corruptos.
Dicha ilicitud habría sido presumida por los acusados, ya que los pagos que la empresa hizo a Heredia a través de Calderón y el pago a Valdemir Garreta por la publicidad de la campaña del Partido Nacionalista Peruano no correspondían a los actos legales propios de la empresa.
En el caso de los US$3 millones de Odebrecht, entregados por disposición del Partido de los Trabajadores (PT) fundado por Luiz Inácio Lula da Silva, este habría puesto a disposición de los esposos el dinero de “una especie de cuenta corriente nacida, poseída y contabilizada de la empresa en referencia” que provenía de los actos de corrupción en Brasil y otros países y que era “utilizada a discreción por el partido de gobierno brasileño”.
Los Humala, indica el fiscal, debían presumir su ilicitud, puesto que se usaron mecanismos ocultos, como pagos a través de seudónimos (codinomes) y entregas en maletines, para hacer llegar el dinero.
—Los brasileños—
Para demostrar lo anterior, el fiscal ofreció como elementos de convicción las declaraciones de nueve testigos brasileños que incriminan a los Humala.
Por parte de Odebrecht, están Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Antonio Mameri, Fernando Migliaccio y Hilberto Silva. Ellos habrían declarado sobre la “relación corrupta de la empresa con el PT”, la contabilidad y los pagos a la pareja peruana a través de la División de Operaciones Estructuradas.
También fue ofrecido Valfredo de Assis Ribeiro de OAS, para que declare sobre el dinero entregado a Heredia. Además, sobre la forma en que la empresa ganó la buena pro del hospital Lorena de Cusco en la gestión del nacionalista Jorge Acurio.
Además, están los publicistas Valdemir Garreta, Joao Santana y Mónica Moura, quienes deberán explicar el interés que el PT tenía en apoyar la campaña de Humala.
El fiscal indica que pudo haber existido un “pacto antelado de colusión” con OAS y Odebrecht. “Siendo así, las obras entregadas [por el Gobierno Central] durante el gobierno de Ollanta Moisés Humala Tasso, a las empresas OAS y Odebrecht, resultarían cuestionables”.
También fueron ofrecidas como pruebas las agendas de Heredia, una declaración del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y los audios interceptados legalmente sobre el Caso Madre Mía.

Las claves de la acusación fiscal contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

Por Karem Barboza Quiroz– Diario El Comercio. 
El fiscal del equipo especial Lava Jato Germán Juárez Atoche solicitó 20 años de prisión para el ex presidente Ollanta Humala, y 26 años y 6 meses para su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia. El magistrado formalizó la acusación contra la ex pareja presidencial por el presunto delito de lavado de activos agravado en el ámbito de la Ley de Crimen Organizado.
La acusación, que se presentó ante el despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, tiene 1,500 folios. A ello se le suman 160 tomos del expediente principal y otros 388 cuadernos auxiliares a la investigación fiscal que contienen informes de cooperación internacional de otros países, informes de levantamiento de secreto de las comunicaciones y secreto bancario, según informó el fiscal Juárez Atoche.
1- Odebrecht y el dinero venezolano
Según la acusación fiscal, el delito de lavado de activos agravado se habría configurado a través del ingreso del dinero del Gobierno Venezolano para la campaña electoral de Humala en el 2006.
Este dinero, de acuerdo con la fiscalía, fue lavado a través de contratos simulados con la empresa Apoyo Total y contratos con el diario venezolano “The Daily Journal” por un total de US$215 mil.
Otro monto de dinero ilícito que habrían recibido serían los US$3 millones de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña electoral del 2011.
2- Las imputaciones directas contra Humala y Heredia
Según la acusación del fiscal Juárez, a Humala se le sindica como coautor de dos actos de lavado de activos: participar en la “conversión” del presunto dinero ilícito, tanto en la campaña electoral del 2006 como en la del 2011. Por ello, la pena que solicitó la fiscalía es de 20 años. “El dinero fue introducido en el circuito económico en las campañas electorales”, sostuvo el fiscal.
En el caso de Heredia Alarcón, quien también fue considerada coautora, se le imputan tres actos ilícitos: su participación en la “conversión” del dinero para las campañas del 2006 y del 2011 y el “ocultamiento” del mismo a través de la compra de inmuebles y otros actos. Por ello, bajo el concurso real de delitos, la pena solicitada para ella se elevó a 26 años y 6 meses.
Juárez anunció que se encuentra evaluando solicitar alguna medida restrictiva, entre ellas la prisión preventiva, con la finalidad de asegurar la permanencia de Humala y Heredia en el proceso.
3- Disolución del partido. Belaunde Lossio y otros acusados
El fiscal también incluyó como responsables al Partido Nacionalista Peruano (PNP) y a la empresa Todo Graph, para los que solicitó su disolución y liquidación. Según Juárez “el Partido Nacionalista fue instrumentalizado por los investigados Ollanta Humala y Nadine Heredia Alarcón”.
En la acusación también se comprendió a Rocío Calderón, amiga de Heredia, para quien se pide 26 años y 6 meses de cárcel. Ella habría intervenido en ocultar el presunto dinero ilícito de la campaña electoral del 2006 y, luego, habría adquirido con este joyas y otros bienes. También habría ayudado a ocultar el dinero que ingresó a la campaña del 2011.
La acusación comprende además a Martín Belaunde Lossio, Antonia Alarcón Cubas (madre de Heredia), Ilan Heredia (hermano de Heredia), Eladio Mego, Santiago Gastañaduí, Maribel Vela, Julio Torres y Carlos Arenas.
4- El juez Concepción efectuará el control de la acusación
La abogada penalista Sophia Icaza, del estudio Linares Abogados, sostuvo que lo que sigue una vez formalizada la acusación es que el juez Concepción Carhuancho deberá analizar los requisitos formales, declararlos admitidos y señalar fecha para una audiencia de control.
En esta sesión, se analizará la base de los elementos de convicción, la participación de los acusados, excepciones y medios probatorios. “Si hay un error, se puede observar y el fiscal puede subsanarlo”, dijo.
Según el ex fiscal superior Pedro Angulo, existe un plazo de 20 días para que el juez fije la fecha para el inicio de la audiencia de control de acusación.
Esta etapa, denominada intermedia, podría tomar algunos meses teniendo en cuenta que el caso es complejo.
Por ello, indicó que recién a finales de año podría estarse iniciando el juicio oral. Este proceso ya no estará a cargo del juez Concepción Carhuancho, sino de un órgano colegiado integrado por tres magistrados.
5- La defensa rechaza pruebas
César Nakazaki, abogado de Humala y Heredia, dijo que solo aceptarán “que el fiscal acuse con pruebas producidas en la etapa de investigación preparatoria” y no con documentos o testimonios introducidos después de cerrarse la misma.
Julio Espinoza, abogado de Heredia, estimó que el caso podría tardar hasta tres años para llegar hasta la última instancia en la Corte Suprema. “El gran dilema jurídico será decidir si un aporte para una campaña política es un delito de lavado de activos y nosotros tenemos desarrollada toda una teoría de que ello no es posible”, dijo.

Las Bambas: Piden impugnar fallo sobre los Chávez Sotelo

Por MICHAEL MACHACUAY- Diario Perú21.
La Procuraduría del Ministerio del Interior solicitó a la Segunda Fiscalía Superior Penal de Abancay que impugne el fallo judicial que liberó a los exasesores de las comunidades campesinas de la zona de influencia de Las Bambas, los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo , así como a Carlos Vargas Arizábal.
Mediante un oficio dirigido al fiscal superior Rodolfo Huamán, el procurador Luis Casaverde mostró su “preocupación” por la resolución de la Sala de Apelaciones de Abancay.
“Con este precedente se afecta la lucha (…) contra la criminalidad organizada”, remarcó la Procuraduría antes de sugerir interponer un recurso de nulidad o de casación.
Los Chávez Sotelo y Vargas Arizábal venían cumpliendo una orden de prisión preventiva por 36 meses tras ser acusados por los presuntos delitos de organización criminal y extorsión en agravio del proyecto minero Las Bambas.
En este contexto, el presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas , reiteró a Perú21 que las comunidades de Cotabambas están “tranquilas” con la decisión de excarcelación.
De momento, descartó volver a contar con los servicios de sus exabogados. “La comunidad es la que decide. Hasta el momento tenemos otros asesores”, subrayó.

Las Bambas: ¿en qué consisten los proyectos de ley a favor de comuneros?

El congresista Richard Arce presentó proyecto de ley de amnistía para los comuneros denunciados por participar en protestas contra Las Bambas, así como una iniciativa para modificar el Código Penal respecto al delito de extorsión.
Por Alicia Rojas Sanchez-Diario El Comercio.
Representantes de las comunidades de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas acudieron el último viernes al Congreso de la República para acompañar al congresista Richard Arce (Nuevo Perú) en la presentación de dos proyectos de ley: la iniciativa de una amnistía en favor de los comuneros, y modificaciones de artículos del Código Penal y de la Ley contra el crimen organizado.
-Amnistía para los comuneros-
La iniciativa legislativa N°4273, propuesta por Arce y suscrita por los parlamentarios Oracio Pacori, Manuel Dammert, Alberto Quintanilla, Rogelio Tucto, Wilbert Rozas, Justiniano Apaza, Zacarías Lapa, Horacio Zeballos y Katia Gilvonio, propone amnistiar a los comuneros que participaron en las protestas sociales contra Las Bambas. Aquí se hace referencia a los actos que se hubiesen cometido con la intención de participar en las manifestaciones contra el proyecto minero entre el 11 de mayo 2011 y 9 de abril 2019, y que estén tipificados como delitos y/o faltas. El proyecto se refiere solo a personas naturales en el ámbito de las regiones Apurímac, Cusco y Arequipa.
El último conflicto social entre Las Bambas y Fuerabamba alcanzó sus momentos más tensos a partir del 4 de febrero de este año, cuando se restringió el paso de los vehículos de la minera en el tramo del corredor minero que cruza el fundo Yavi Yavi, propiedad de la comunidad de Fuerabamba. La interrupción fue por 68 días.
El proyecto de ley propone amnistiar:
► Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, que se encuentren tipificados como delitos y/o faltas.
► Todos los actos de idéntica naturaleza, que expresen el ejercicio de derechos de autotutela comunal con respecto a sus derechos patrimoniales, así como el cumplimiento de actos, compromisos y políticas derivadas de acuerdos adoptados con respecto a las personas jurídicas titulares del proyecto minero Las Bambas.
► Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en los párrafos anteriores, siempre que no hayan supuesto una grave afectación a la vida e integridad de las personas.
La iniciativa precisa que quedarían extintas las acciones penales que emerjan de los delitos o faltas a las que se aluden.
La amnistía también comprenderá aquellos delitos y faltas conexas a las conductas antes referidas, así como medidas de reparación patrimonial y extra patrimonial.
Por otro lado, quedan excluidas de este proyecto de amnistía las conductas que hayan supuesto delitos de lesa humanidad o una grave afectación a la vida e integridad de las personas. Entre otros, delitos cometidos por funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y Policía Nacional, que hubieran supuesto un ejercicio desproporcionado e irrazonable de la fuerza pública en las protestas, así como una afectación al ejercicio de los derechos constitucionales. También quedan excluidos los delitos cometidos por personas ajenas a las comunidades campesinas.
En la exposición de motivos de este proyecto se precisa que en el periodo de fechas mencionadas, cuando se dieron las manifestaciones contra Las Bambas, los comuneros han sido “objeto de formulación de acciones legales de persecución de las conductas involucradas, tanto a nivel policial, fiscal como judicial, confundiendo en no pocos casos la pertenencia “.
-Reacciones-
Luego de la presentación de los proyectos de ley, el congresista Richard Arce dijo que “son más de 500 los comuneros que están siendo judicializados”, pero el número no ha sido confirmado. “No tenemos el dato preciso, pero entenderán que tenemos una obligación, bajo ese argumento remití inmediatamente los documentos al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público. No hemos tenido la respuesta hasta el momento”, añadió en diálogo con El Comercio.
El pasado 24 de abril, durante la instalación de la mesa de Justicia y Derechos Humanos con las comunidades de la provincia de Cotabambas, el congresista Arce señaló que desde el Congreso de la República promovería los mencionados proyectos. Para ello, se comprometió en dialogar con el presidente del Congreso de la República para su viabilización, a fin de defender los derechos de todos los comuneros. Esta iniciativa, dijo, iba a ser coordinada también con el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón. Por su parte, el Ministerio de Justicia se comprometió a brindar el soporte técnico legal que corresponda, según el acta que se firmó ese día en Challhuahuacho.
El último viernes, el primer ministro, Salvador del Solar, dijo que “si un legislador ha propuesto una ley de amnistía, este tema es competencia de otros poderes del Estado, el Ejecutivo no desea tener ninguna injerencia ni ha hecho ninguna promesa al respecto”, declaró a su salida del Congreso de la República.
El congresista Arce sostiene que la aprobación de los proyectos de ley serían “una oportunidad para el Estado, para que replantee el tipo de relaciones que ha existido entre ellos, las comunidades y la empresa”.
Asimismo, Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, dijo que estos proyectos responden a no criminalizar sus protestas. “Las comunidades que apostamos por la minería no queremos criminalización, no queremos encarcelamientos ni persecuciones a los dirigentes”, dijo Rojas el viernes en conferencia de prensa.
“Cuando la empresa (minera) pone denuncias o demandas, inmediatamente nos persiguen las fiscalías, jueces. Pero cuando las comunidades ponemos la denuncia, lo archivan. ¿Dónde está la igualdad de la justicia?”, comentó Rojas a El Comercio.
“Son nueve puntos (de la mesa de Justicia y Derechos Humanos). De ellos, el primero es la amnistía, pero si el proceso no se da no habría ningún diálogo con Las Bambas y el Estado”, añadió la autoridad comunal.
La abogada penalista Romy Chang explicó que la amnistía, a diferencia del indulto, no es un perdón. Sino, aquello que se cometió nunca fue un delito. “En la amnistía lo que se dice es que nunca debió haber nada, no debió ser considerado delito ni se debe procesar. En el indulto te pueden procesar o condenar, el caso es que la pena que te impongan ya no la cumples en cárcel. Pero, la amnistía es que ni se debe juzgar”, dijo.
Alertó que un proyecto así puede ser riesgoso como precedente.  “Claramente, el proyecto de ley busca que todos los casos ligados al tema de Las Bambas sean impunes y la pregunta es si eso nos suma como sociedad. Si ese es el mensaje que se va a dar desde el Congreso, luego vamos a tener revueltas y todos van a hacer lo mismo”, comentó.
-Modificaciones al Código Penal-
El segundo proyecto de ley presentado por Arce y suscrito por los congresistas Manuel Dammert, Marisa Glave, Indira Huilca, Edgar Ochoa, Oracio Pacori, Tania Pariona, Alberto Quintanilla y Horacio Zeballos, propone la modificación del artículo 200 del Código Penal, que se refiere al tipo penal del delito de extorsión; así como la modificación del artículo 2 de la Ley N°30077, ley contra el crimen organizado.
Estos son los cambios propuestos en la iniciativa legislativa:
► En la propuesta de modificación del artículo 200 se suprime los párrafos.
“Ese tipo penal, en su momento, justamente fue creado no solo para sancionar los casos. Incluso se tomó en cuenta de manera expresa casos recurrentes cuando la gente, a la fuerza, para obligar a las autoridades, bloqueaba carreteras. Eso es bastante grave porque puede haber consecuencias de todo tipo”, opina la abogada Chang.
Agregó que la modificatoria estaría enfocada solo al conflicto social con Las Bambas, y esto podría acarrear otros mensajes. “Están pensando en Las Bambas, pero no en las repercusiones futuras. El mensaje sería que cada vez que tengas un problema puedes tomar carreteras”, cuestionó. “Se estaría promoviendo que la solución al conflicto social pase por una válida toma de carreteras”, mencionó.
► En la propuesta de modificación del artículo 2 de la Ley N°30077.
Sobre la modificación de organización criminal, Chang sostiene que esta propuesta sería riesgosa considerando los antecedentes como, por ejemplo, lo ocurrido con los sindicatos de construcción.
“nuevamente se olvidan que una de las etapas negras que hemos tenido justamente era la excusa de uso de organizaciones sindicales para extorsionar el área de construcción. Estaríamos retrocediendo respecto a eso”, dijo.

“Todes” son iguales ante la ley

Ante las declaraciones de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, al Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público respecto a que entregó 3 millones de dólares a la campaña del No a la Revocatoria, los congresistas Hernando Cevallos (Frente Amplio) y Luis Galarreta (Fuerza Popular) coincidieron en que la investigación debería extenderse a Marisa Glave e Indira Huilca –miembros de la bancada Nuevo Perú– debido a su relación cercana con la gestión municipal de la exalcaldesa Susana Villarán.
“Si encuentran elementos que hacen pertinente abrir una indagación profunda [a Glave y Huilca], que se realice, sea quien sea. Es más, si es una persona de izquierda, con mayor razón todavía. Acá no importa los tintes políticos”, dijo Cevallos al diario Expreso. A su turno, Galarreta señaló que hay investigaciones a ciertos personajes –Marisa Glave (exregidora), Indira Huilca (exconcejal) e incluso la actual ministra de Transportes, María Jara– que permanecen pendientes a pesar de su nexo evidente y ampliamente difundido en medios de comunicación y redes sociales.
“La banda criminal ‘Las chalinas verdes de Lima’ [en referencia al gobierno de Susana Villarán] está conformada por varias personas que están en las sombras. Esto evidencia que la izquierda está a cargo”, denunció el expresidente del Congreso.
Cabe recordar que María Jara fue directora municipal de Transporte Urbano durante la gestión de Villarán. “[Jara] ha tenido muchos problemas, pero el Gobierno no tuvo inconvenientes en convocarla. Cuando indaguen, desfilarán varios”, afirmó Galarreta.
Fuente: Político.pe

Jorge Barata involucra a Fernando Zavala en caso Lava Jato

Jorge Henrique Simoes Barata, quien en su momento fue el máximo representante de Odebrecht en el Perú, reveló que Fernando Zavala Lombardi, exviceministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, coordinaba con el entonces mandatario las licitaciones que ganaría la constructora brasileña para la ejecución de la Carretera Interoceánica.
Esta revelación del exdirectivo de la transnacional ocurrió durante los interrogatorios realizados por el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público en Brasil la semana pasada, cuando fue entrevistado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez. Así lo señala la página web legis.pe en una de sus publicaciones.
“No sé si Fernando Zavala sabía que yo estaba ahí (…). El presidente [Toledo] preguntaba: ‘¿Qué pasa? ¿Por qué está demorando el calendario de licitación? ¿Por qué está demorando? ¿Qué falta?’ (…) Pero quien trabajaba, de hecho, era el señor Zavala; la percepción que tengo era que él hacía el trabajo. Pedro Pablo Kuczynski parece que no tenía esta intensidad de trabajo como el señor Zavala”, dijo Barata, según un audio difundido por el mencionado portal.

LA CONFESIÓN DE BARATA

En la grabación, difundida el martes 30 de abril, se escucha al fiscal Pérez consultarle a Barata si tenía conocimiento de las negociaciones y tratos que realizaba el expresidente respecto a la Interoceánica del Sur o IIRSA Sur, a lo que el brasileño responde que Toledo coordinaba tanto con Pedro Pablo Kuczynski como con Zavala, siendo este último “más intenso” en los pedidos del exlíder de la chakana.
El magistrado preguntó al empresario si sabía de qué trataban las reuniones que sostenía Toledo y qué temas se discutían, tal como se puede leer en la transcripción del audio que publicamos en estas páginas.
Barata respondió que con el viceministro se trataban todos los detalles del proceso de adjudicación, incluidos las trabas y los problemas del calendario de la buena pro, siendo Zavala el motor en dicho trabajo antes de que se adjudicara la concesión de los tres tramos carreteros en favor de Odebrecht.

VIEJAS SOSPECHAS

Esta no es la primera vez que dentro de una investigación se señala que Fernando Zavala tuvo algún tipo de acercamiento o conocimiento de las negociaciones entre Jorge Barata y Alejandro Toledo.
El informe final de la Comisión Lava Jato indica que la negociación entre Barata y el exmandatario por la IIRSA Sur empezó, en Brasil, en 2004.
“La negociación del proyecto IIRSA Sur se habría desarrollado en Brasil, del 3 al 5 de noviembre de 2004, durante la participación del mandatario Alejandro Toledo en la XVIII Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política – Grupo de Río”, se lee en el informe, en la sección de análisis y determinación de responsabilidades de IIRSA Sur.
“En la delegación que acompañó a Alejandro Toledo se encontraban Manuel Rodríguez Cuadros [ministro de Relaciones Exteriores], Fernando Zavala Lombardi [viceministro de Economía], René Cornejo Díaz [director ejecutivo de Proinversión], Avraham Dan-On [asesor presidencial en seguridad]”, señala el documento de la comisión, respecto a quiénes acompañaron a Toledo en ese viaje.
El informe explica también que el 23 de diciembre de 2004, el entonces presidente de Proinversión, René Cornejo, envió el oficio N° 397/2004/DE-CI-RV al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), bajo el mando en ese momento de José Ortiz.
Cornejo solicitaba al MTC que se exonere a la IIRSA Sur del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), a pesar de que la misma ley que crea el SNIP señala que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el ministerio del sector al que le corresponde la obra son las únicas entidades que pueden pronunciarse sobre el SNIP.
A pesar de esta situación, dice el informe de la comisión multipartidaria, el MTC emitió en su momento informes favorables para esta exoneración, mientras que el MEF nunca emitió ningún pronunciamiento.
En su presentación ante la Comisión Lava Jato, Zavala indicó que como viceministro de Economía revisó el documento de la exoneración y que no existía el pronunciamiento del MEF. No obstante, explicó que él no firmó esta exoneración. Además, según la ley, no era necesario que se pronuncie el MEF.
Desde su cargo, Zavala era el encargado de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM), instancia que debe evaluar si un proyecto es rentable para el país, pero su inacción y omisión resultaron cuestionables.

DECRETO DE URGENCIA

Esta no fue la única participación de Zavala para darle viabilidad al proyecto de la Interoceánica. De acuerdo al informe Lava Jato, él fue parte de quienes firmaron el Decreto de Urgencia (DU) 016-2005, que modificó el artículo 55 de la Ley 28563 – Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento.
“El Decreto de Urgencia N° 016-2005 fue suscrito por Alejandro Toledo Manrique, Pedro Pablo Kuczynski Godard, Carlos Ernesto Fernando Ferrero Costa y Fernando Zavala Lombardi. La modificación del límite de endeudamiento a través del Decreto de Urgencia 016-2005 fue gestionado por el entonces ministro de Economía y Finanzas para superar la observación de la Contraloría General de la República y viabilizar la firma de los contratos de entrega en concesión del proyecto IIRSA Sur tramos 2, 3 y 4”, señala el informe.
Zavala también fue parte del respaldo al proyecto de ley 28670, ley que declaraba de necesidad pública y de interés nacional algunos proyectos de envergadura, que se ejecutaban en ese momento, como los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica Sur y el Proyecto Olmos, del congresista toledista Gilberto Díaz Peralta, la cual le permitía a las empresas que tenían problemas judiciales con el Estado ganar licitaciones públicas.
“El proyecto de esa ley fue presentado el 24 de enero, por el congresista de Perú Posible, Gilberto Díaz, vicepresidente del Congreso, y aprobado por la Comisión Permanente el 25 de enero, durante el receso parlamentario. Según Díaz, consultó el texto con el presidente Toledo, el ministro de Economía [Fernando] Zavala y el ex director ejecutivo de Proinversión, René Cornejo”, se señala en el documento de la comisión.

PROYECTO DE FAMILIA

El informe Lava Jato destaca que la hermana del Fernando Zavala, Verónica Zavala Lombardi, quien fuera ministra de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Alan García, también habría tenido participación en la viabilidad del proyecto de IIRSA Sur.
Según señala el documento de la comisión, durante la gestión de Verónica Zavala, quien fue titular del MTC desde julio de 2006 a octubre de 2008, se firmó la adenda Nº 4 de los tramos 2 y 3, en el 2007.
Con la firma de la adenda Nº 4 “se aprobó modificar una serie de cláusulas contractuales para reemplazar la frase ‘proyecto referencial’ del texto original por la expresión ‘expediente técnico’. La razón del cambio fue el reajuste en metrados que traían estos expedientes, al igual que los Proyectos de Ingeniería de Detalle (PID), generando un incremento de costos al pormenorizar la obra”.
“El 30 de octubre de 2008, el Congreso aprobó el informe en mayoría de la Comisión Investigadora IIRSA Sur. Aprobado el informe, Verónica Zavala tramitó un crédito suplementario para garantizar la continuidad de la obra”, también indica el informe.
En noviembre de 2008, añade el informe, el Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia Nº 045-2008 “para cubrir los costos de las obras del tramo 2, hasta por S/ 160 millones en el último trimestre de 2008, en lo que fue denominado ‘periodo transitorio’. Esto fue aprobado porque la concesionaria había excedido el presupuesto referencial y existía el riesgo de paralizar las obras”.
Además, se señala que “el decreto fue publicado mientras era ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala Lombardi, y con el refrendo del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro y del ministro de Economía, Luis Valdivieso”.

HABLA AMORETTI

El abogado penalista Mario Amoretti señaló que lo dicho por Barata deberá ser corroborado, y no descartó que la Fiscalía cite a Fernando Zavala para que esclarezca esta situación.
“Todo lo que diga Barata debe ser corroborado, por eso no se podría tomar una acción contra Zavala, primero debe tenerse la certeza y las pruebas de que lo que dijo Barata es cierto. Lo que podría hacer la Fiscalía es citarlo [a Zavala] para que declare”, detalló.

‘Alfil’ de PPK y Toledo

-Viceministro de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo. Estuvo en el cargo desde abril de 2002, siendo ministro Pedro Pablo Kuczynski, y siguió en el puesto durante las gestiones de los extitulares del MEF, Javier Silva Ruete (2002-2003), Jaime Quijandría Salmón (2003-2004), y nuevamente con PPK (2004-2005).
-Fue ministro de Economía en el gobierno de Toledo, desde el 16 de julio de 2005, hasta el 28 de julio de 2006.
-Fue primer ministro durante el gobierno de PPK desde el 28 de julio de 2016, hasta el 15 de septiembre de 2017. Durante ese periodo, desde el 23 de junio de 2017, también ocupó la cartera de Economía.

Trascripción comprometedora

José Domingo Pérez (JDP): ¿Con el señor Toledo tenía esas reuniones en las cuales qué temas se discutían?
Jorge Barata (JB): Todos los detalles del proceso que mandaba, qué informe había, qué informe no había, dónde estaba trabado el proceso, por qué no terminaba. En varias ocasiones (…) él agarraba el teléfono y llamaba al ministro de Economía y Finanzas.
JDP: ¿Y quién era el ministro de Economía y Finanzas?
JB: El ministro era Pedro Pablo Kuczynski.
JDP: ¿Y usted presenció que el señor Alejandro Toledo llamaba al ministro Pedro Pablo Kuczynski?
JB: Llamaba al ministro Pedro Pablo Kuczynski, le confieso que las dos veces que intentó llamar a PPK, no logramos localizarlo y al final lo pasaron con Fernando Zavala.
JDP: ¿Y qué temas trataba Alejandro Toledo con Fernando Zavala delante de usted?
JB: No sé si Fernando Zavala sabía que yo estaba ahí. […] El presidente preguntaba: “¿Qué pasa? ¿Por qué está demorando el calendario de licitación? ¿Por qué está demorando? Qué falta”. […] Pero quien trabajaba, de hecho, era el señor Zavala, la percepción que tengo era que él hacía el trabajo, Pedro Pablo Kuczynski parece que no tenía esta intensidad de trabajo como el señor Zavala.
JDP: Entonces, antes de que se adjudique la concesión usted señala que tenía conversaciones con Alejandro Toledo respecto a cómo iba a ser este proceso de concesión.
JB: Sí.
Cabe precisar que Jorge Barata asumió la dirección general de la empresa en el 2001, cuando Alejandro Toledo ganó las elecciones de ese año para convertirse en el presidente del Perú.

“Un lobista siempre busca juntarse con otro lobista”

Parlamentarios de distintas bancadas señalaron que la revelación de Jorge Barata respecto a Fernando Zavala complica aún más la situación del ex primer ministro de Pedro Pablo Kuczynski, y exministro de Economía y Finanzas de Alejandro Toledo.
César Vásquez (APP) indicó que no le genera sorpresa la cercanía que tenía Zavala con Kuczynski, ya que “un lobista siempre busca juntarse con otro lobista”.
Para Karina Beteta (FP), exintegrante de la Comisión Lava Jato, es necesario que “la Fiscalía tome las medidas correspondientes de forma inmediata” contra Fernando Zavala, y también consideró que los fiscales del equipo Lava Jato deberían ser reemplazados, ya que “estarían realizando una investigación selectiva”.
Por su parte, Edmundo del Águila (Acción Popular) remarcó que este es uno de los puntos positivos que tuvo el informe de la Comisión Lava Jato, a pesar de omitir a ciertos personajes, y señaló que el Ministerio Público “debería iniciar un proceso contra Zavala, como una investigación preliminar”.
Finalmente, Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) enfatizó que toda declaración de Barata complica a cualquier investigado, no obstante “lo dicho contra Zavala deberá ser corroborado”, antes de que se tome cualquier acción.

Proinversión era la clave

En mayo de 2007, una comisión parlamentaria investigó presuntos actos de corrupción durante el reciente gobierno de Alejandro Toledo. Uno de los interrogados fue el exministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski respecto de las negociaciones de la Carretera Interoceánica Sur  por la que Odebrecht pagó sobornos de hasta 34 millones de dólares.

¿Qué declaró PPK?

“Mi segunda gestión como ministro de Economía y Hacienda fue de febrero de 2004 hasta agosto de 2005 y luego estuve de primer ministro de agosto hasta julio de 2006. El primer ministro es miembro del Consejo de Proinversión pero no lo preside, el ministro de Economía preside el Consejo de Proinversión, en esa época los temas de la Interoceánica Sur estuvieron muchas veces en Proinversión; y luego a partir de agosto de 2005 el presidente de Proinversión es Fernando Zavala, el ministro de Economía de ese entonces. Yo participo como miembro, pero ya no la presido”.
Fuente: Diario EXPRESO.

DESAFORTUNADAS DECLARACIONES DE SALVADOR DEL SOLAR

Por Luciano Revoredo- LaAbeja.pe
En entrevista con Mávila Huertas el Primer Ministro Salvador del Solar minimizó la importancia de los textos escolares cuestionados por los contenidos sexuales inadecuados. Es más, señaló, lo cual es una falacia, que los contenidos inadecuados no están en los textos sino en hipervínculos, lo cual es como decir que lo que está en notas al pie de página no es parte de un texto.
Señaló también que había errores pero que “no hay problema en que hayan errores porque se ha creado una Comisión Especial para evaluar los textos”. Vivimos los tiempos de las comisiones especiales, de las juntas de notables, siempre a la medida de los intereses del gobierno. No importan las intenciones con las cuales se cometió el “error”, no importan los millones de soles tirados en imprimir basura.
Luego añade, irresponsablemente y con sonrisa de galán,  que la Educación Sexual Integral es esencial para nuestros jóvenes. Haciendo una relación entre su enseñanza y el consecuente descenso del porcentaje de embarazos adolescentes y la igualdad entre hombres y mujeres. Lo cual es otra falacia, pues no existe ninguna relación entre una cosa y la otra. Es más, la hipersexualización de los niños a través de una cantidad de información deformante muy por el contrario propicia las prácticas sexuales a temprana edad y el consecuente aumento de embarazos.
A continuación el Primer Ministro plantea una falsa dicotomía entre el Perú del “futuro” y “fuerzas” que nos quieren llevar al atraso ignorando incluso la ratificación de la Corte Suprema del currículo escolar, e insiste en las “fuerzas” que buscan el atraso y estancar la educación.
Este falso argumento del Perú del “futuro” frente a fuerzas oscuras también ha sido usado ya repetidas veces por el Presidente Vizcarra. Se trata de un falso recurso que busca apropiarse de la posición progresista y generar un distanciamiento señalando a quienes nos oponemos a la ideología de género como fuerzas retardatarias del progreso.  Esta es una típica estrategia de las izquierdas. Siempre se apropian de las banderas del progreso, la honestidad, etc. Y señalan a los que se oponen como “fuerzas” oscuras que ocasionan el retraso.
Como no podía ser de otra manera, en esta previsible secuencia de desvaríos “progres”, se lanzó con uñas y dientes contra el colectivo Con mis hijos no te metas  los acusó de mentir y difamar al presidente y a la ministra de educación para lo cual hizo una lectura literal de lo que dicen las banderolas de esta organización. Este tema le dio la posibilidad de hablar de ciertos “sectores” del Congreso. En este tema se explayó plañideramente señalando que vivíamos en una especie de interpelación permanente a los ministros de educación.
Al referirse al congreso habló de un grupo que buscaba congraciarse con el bolsón electoral  ultraconservador. Entonces es la entrevistadora la que introduce el tema de Fuerza Popular y el Primer Ministro sigue el juego para acusar a este partido de politizar el tema educativo y que señala que en Fuerza Popular  existe una facción  conservadora que va contra el sentido de la historia. Otra vez la mañosa dicotomía entre ellos que son los que marcan el paso de la historia y los conservadores. Y finalmente en tono prepotente propone que habría que decir mejor Con la educación no te metas.
Al respecto cabe mencionar, lo que ha sido ampliamente demostrado, que los peruanos son mayoritariamente contrarios a la ideología de género y sus consecuencias (agenda LGTBI, feminismo, destrucción de la familia, matrimonio homosexual, adopción de niños por homosexuales, educación sexual, aborto, etc.). En ese sentido las palabras del Primer Ministro constituyen una ofensa y una discriminación a la mayoría de peruanos, a los que acusa de retrógrados y enemigos del futuro del Perú.
Finalmente abordó, también por inducción de la entrevistadora, el tema del aborto. Esta fue la cereza del pastel venenoso que el primer ministro ofrece a la sociedad peruana. Al respecto señaló que en algún momento este tema se tendrá que ver en el parlamento, añadiendo que las mujeres tienen aún muchos derechos que reclamar. Y que en algún momento tendrán el derecho a decidir sobre sus vidas. La frase es confusa ya que en realidad se refiere a la vida de un tercero, que sería el niño por nacer.
Es lamentable que el gobierno a través del propio presidente y su primer ministro se encarguen de enfrentar a los peruanos, de ofender a las mayorías y proponernos una agenda perversa.

Congreso aprueba interpelar a la ministra de Educación por textos escolares: el “Coquito del Kamasutra”

Con 56 votos a favor, 29 abstenciones y 10 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó  interpelar el  próximo 9 de mayo a la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, por los serios cuestionamientos  de los  textos escolares entregados a los estudiantes de nivel secundario.
La moción aprobada por la mayoría parlamentaria, plantea determinar responsabilidades políticas, administrativas, civiles y penales de personas involucradas en las irregularidades, sobre este caso.
Cabe señalar, que los libros del curso de ‘Desarrollo, Ciudadanía y Cívica’ fueron los textos con contenido sexual que fueron cuestionados  por los propios padres de familia.
La presidenta de la Comisión de Educación, Milagros Salazar (FP),  manifestó durante su presentación ante el Pleno del Congreso, que se sintió  indignada, por el tipo de textos que se entregaron a los estudiantes con índole sexual que fomentaba el aborto.
“¿Cómo se puede enseñar a jóvenes del tercer año de secundaria, sobre la masturbación simultánea entre las parejas? Pido a mis colegas reflexionar, por temas más importantes  para nuestro país”, precisó.
Fuentes: Político.pe y Diario Exitosa.

Movimiento Ciudadano por la Igualdad de Género

Estudiantes, madres y padres de familia, docentes y ciudadanos(as) de diversas organizaciones de la sociedad civil nos pronunciamos frente a la desinformación y los discursos de odio y discriminación que, contra el enfoque de igualdad de género y el Ministerio de Educación, vienen propagando ciertos grupos por todo el país en la búsqueda de la desunión.
Queremos aclarar que el enfoque de igualdad de género no es una ideología perversa, como equivocadamente ciertos grupos señalan. Es una herramienta que permite visibilizar relaciones de poder malsanas. Apunta a eliminar desigualdades de derechos entre hombres y mujeres, a promover una cultura de equidad y a lidiar con los diferentes tipos de violencia y discriminación que vivimos en el país.
Asimismo, queremos recordarles a nuestros líderes y congresistas que la Igualdad de Género es una Política Pública Nacional que lleva ya varios años de implementación en diferentes sectores del Estado. En el caso del sector educación, recientemente la Corte Suprema ha desestimado la demanda interpuesta al enfoque de género en el Currículo Nacional de la Educación Básica. El Estado tiene la obligación de formular políticas públicas que respondan a la problemática que enfrenta nuestro país, que incluye cifras alarmantes sobre violencia sexual, discriminación por género y embarazo adolescente y que nos plantea la urgencia de responder a estos temas. ¿Pretenden que retrocedamos como país democrático?
Por tanto, rechazamos el papel obstruccionista que vienen jugando algunos sectores anti derechos. Hacemos un llamado a la ciudadanía a rechazar todo intento de tergiversación y alteración de los objetivos de esta Política, especialmente cuando provienen de algunos congresistas de la República que, a lo largo de los últimos tres años, se han dedicado sistemáticamente a obstaculizar y frenar políticas educativas importantes, generando inestabilidad en un sector crucial para el desarrollo de nuestro país.
Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad, la ciudadanía y el logro de una educación de calidad que fomente el desarrollo del pensamiento crítico. Es por ese compromiso que los diferentes colectivos y organizaciones que suscriben este pronunciamiento hemos iniciado una campaña de diálogo y aprendizaje con diferentes públicos (familiares, docentes, estudiantes y ciudadanía en general) para romper mitos, mentiras y miedos en torno a la importancia del enfoque de igualdad de género y a la urgencia de trabajar una Educación Sexual Integral y una ciudadanía plena en nuestras instituciones educativas.
Desde el Movimiento Ciudadano por la Igualdad de Género, hacemos un llamado nacional a la NO tergiversación y manipulación de información con fines políticos. Nos mantendremos vigilantes y activos para apoyar y movilizarnos para salvaguardar el bienestar común y los derechos de todos(as) los(as) peruanos(as). Más Igualdad = Mejor Perú.
100 Millones Perú
Acción y Desarrollo
Alianza Por la Educación Sexual Integral Sí Podemos
Alma Chalaca– Asociación Civil de Diversidad Sexual de la Región Callao
Alternativa Centro de Investigación Social y Educación Popular
ANC– Asociación Nacional de Centros
APROPO– Apoyo a Programas de Población
Articulación Feminista Marcosur
Asamblea de Varones Antipatriarcales Lima
Asamblea Nacional de COREJUS
Asociación Agenda Mujeres
Asociación Civil OutfestPerú
Asociación de Familias por la Diversidad Sexual Perú
Asociación de Familiares de Migrantes Peruanos, Peruanas y Retornantes de Lima Metropolitana y Cusco
Asociación Dignidad Igualdad LGTBI Barranca
Asociación Humanidad Libre Arequipa
Asociación Igualdad y Desarrollo de Ucayali
Asociación Kallpa
Asociación Amar de Chachapoyas
Asociación por la Igualdad “Soy Como Soy” Piura
Ayni Desarrollo
Brocha Gorda Perú
Calandria– Asociación de Comunicadores Sociales
Campaña Peruana por el Derecho a la Educación
Católicas por el Derecho a Decidir– Perú
CEAAL– Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe
CECYCAP– Centro de Estudios Cristianos y Capacitación Popular
Centro Ideas Piura
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Centro de Promoción y Estudios de la Mujer Andina “Lulay” Huancayo
CESIP
CGTP Perú
Ciudadanía Militante Educación y Comunicación Popular
Cladem Perú
Colectivo Equidad y Diversidad Cultural
Colectivo Canto a la Vida
Colectivo Crear
Colectivo Educación e Igualdad
Colectivo Hurgar en la Memoria
Colectivo lésbico feminista Kachkaniraqmi de Cusco
Colectivo Marcha del Orgullo
Colectivo Nacional de Educación Comunitaria
Colectivo por la Igualdad de Género Región Piura
Colectivo Por una EPJA (Educación de Personas Jóvenes y Adultas) Transformadora
Colectivo Uniones Perú
Comunidad Homosexual de Esperanza para la Región Loreto – CHERL
Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral– CONAMOVIDI
Coordinadora multisectorial por los derechos de la mujer, infancia y familia– SJL
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
COVIAJU– Comité de vigilancia ciudadana de adolescentes y jóvenes de Ucayali
CPM Micaela Bastidas de Trujillo
Creyentes por la Igualdad de Género
DEMUS– Estudio para la defensa de los derechos de la mujer
Diversidad Wanka– Asociación Civil Huancayo Perú
Diversidades Feministas del Movimiento Nuevo Perú
Edugestores– Red Peruana de Gestores de la Educación
Enfoques Perú– Asociación Juvenil
Epicentro Trujillo
Federación de Mujeres Adolescentes y Jóvenes de Ayacucho– FEMAJ
FENMUCARINAP Puno
FORDES Arequipa– Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos
Foro Educativo
FOVIDA
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad Comité de Mujeres
Género Rebelde Cusco
GirlGov Perú
Grupo de Mujeres Diversas (GMDE)
Grupo Género y Economía
Grupo Impulsor de Mujeres GIMCC
Grupo Negro Maine
Grupo Sofía Mujeres Investigadoras en Ciencias Sociales en el Perú
Hatun Willakuqkuna
Hatun Willakuqkuna organización juvenil de Ayacucho
ICW PERÚ
INPPARES
IRJA– Instituto Regional de la Juventud Ayacuchana
Jatary Warmi
La Educación Se Respeta
Las Karahuayllas
Las Insurgentes
Lesbianas Independientes Feministas Socialistas
Madres en Acción
Marcha Mundial de las Mujeres
Más Igualdad
Mesa de Diálogo de la Mujer de Jauja
Mesa de Género de Comas
Movimiento Cultural “Igualdad y Futuro” LTGB y TS de Ucayali
Movimiento Manuela Ramos
Mujeres Afrodescendientes
Ni Una Menos Arequipa
Ni Una Menos Cusco
Ni una menos Puno
Ni Una Menos San Juan de Lurigancho
OADS Construyendo Futuro Organización Juvenil de Ucayali
ONAMIAP
Organización de mujeres feministas Awqa Warmi
Organización Feminista Killa Warmi de Huaraz
Parió Paula
Paro Internacional de Mujeres– Perú
PAZOS Arte para la educación de Villa El Salvador
Plataforma Las Respondonas
Plataforma por la Educación
Plataforma Regional por el Derecho a la Educación y a la Igualdad
Presencia y Palabra
Promsex
Radio Cutivalú de Piura
Red de Mujeres “Alfa” del Distrito La Matanza– Piura
Red de Mujeres Sin Fronteras
Red Nacional de Educación de la Niña Florecer
Red Nacional de Estudiantes de Educación
Red Peruana de Masculinidades
Red Peruana de Mujeres viviendo con VIH
Red Peruana TLGB
Red PRODINH
San Juan de Lurigancho en Acción
Se acabó el silencio PUCP
SEDYS Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad
Sipakuna de Ayacucho
Somos Barrio Ate
Somos Cultura
SOFDI Perú– Wambla Wanka
SPAJ Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud
SUTEP Perú
Taki Warmi de Ayacucho
Tarea Asociación de Publicaciones Educativas
VAYAMOS- Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes de SJL
Vocería en Derechos Sexuales y Reproductivos de Cusco, Loreto y Ayacucho
Wiñay Warmi de Ayacucho
Fuente: Red Peruana de Gestores de la Educación- Edugestores.

Las viudas del terror

Un flagrante caso de apología al terrorismo se registró este domingo en las páginas del periódico izquierdista Diario Uno, fundado por la familia Belaunde Moreyra y de conocida línea oficialista, y donde sus editores no tuvieron mejor idea que la de publicar un artículo de abierta defensa al grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
En dicho escrito, firmado por el exdiputado de Izquierda Unida, Gustavo Espinoza Montesinos, se hacen aseveraciones totalmente falsas sobre la actuación de las fuerzas Armadas y se pone a las columnas terroristas al mando del hoy encarcelado Víctor Polay Campos como pobres víctimas, donde un poco más no sabían ni usar las armas de fuego de las que disponían.
“(En el MRTA) operaban apenas jóvenes, muchos de los cuales nunca habían participado en ninguna acción armada y que buscaban apenas colocarse en un lugar de la selva para comenzar a operar en una guerrilla”, escribió el autor, con el aval de los encargados del periódico pues no tiene ni director.
Veterano admirador de Fidel Castro sigue llorando porque hicieron papilla a terroristas
El episodio narrado es conocido como el combate de Los Molinos, ocurrido en 1989 y en el cual efectivos del Ejército y la Marina emboscaron a varias columnas del MRTA que se alistaban para tomar por asalto la ciudad de Jauja (Junín). El enfrentamiento dejó 58 subversivos muertos, así como 5 soldados y otros 26 quedaron heridos por armas de fuego.
El episodio es narrado en el informe final de la Comisión de la Verdad (CVR), situándolo como una fecha emblema en la que quedó debilitada la capacidad operativa del grupo terrorista. Sin embargo, para Espinoza y el Diario Uno, que los militares venzan a los terroristas es un “crimen” que no debía ocurrir.
“Las autoridades de entonces actuaron con alevosía y barbarie, consumando un verdadero crimen contra personas que bien pudieron ser reducidas y capturadas dada la inmensa diferencia en hombres y armas entre uno y otro bando”, señaló, recordando incluso que en esa época, pidió investigar a los soldados por cometer el delito de aplastar al terrorismo.
Fuerzas combinadas del Ejército y la Marina destruyeron al MRTA en la sierra central
Espinoza también cuestiona que el Perú festeje el aniversario del rescate de rehenes secuestrados por el MRTA en 1997, donde los comandos del Ejército ultimaron a 14 terroristas (a los que el columnista siempre llama “combatientes”). Lástima que haya medios que le den tribunas a estas viudas que ha dejado el terror.
Fuente: www.manifiestoperu.com