Fiscalía pide investigar penalmente a 16 empresas por el caso “club de la construcción”
El Ministerio Público decidió dar un paso más en el caso el “ club de la construcción”. El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, solicitó a la jueza María de los Ángeles Álvarez que se incorpore penalmente en la investigación a 16 constructoras peruanas y extranjeras. Así lo revela el documento fiscal al que accedió Gestión.
Ya hay 14 empresas incorporadas como terceros civilmente responsables por la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, con el fin de cobrar una reparación civil en un eventual juicio. Sin embargo, la Fiscalía ahora amplía investigación a 17 compañías y demanda información a un total de 31.
Las consecuencias
¿Qué significa esto? Fuentes judiciales indicaron a este diario que si la jueza aprueba incorporar penalmente a las empresas, sufrirán consecuencias legales. Por ejemplo, si son declaradas culpables se podría imponer una multa, así como disolverlas o impedirles de contratar con el Estado.
Para el abogado penalista Carlos Caro, si la jueza aprueba el pedido, algunas que no estén en los dos primeros niveles de la Ley N° 30737, estarán impedidas de contratar con el Estado.
En el primer nivel están empresas que admitieron ilícitos como Odebrecht, en el segundo, las exsocias de las empresas que cometieron delitos, mientras que en el tercer nivel, las empresas que solo son investigadas por corrupción por la Fiscalía. Juárez también decidió ampliar la investigación preparatoria contra Graña y Montero, Obrainsa, Cosapi y otras 14 empresas.
Pedidos de información
Germán Juárez también solicitó información de las 31 empresas que están bajo sospecha en el proceso de investigación.
En este caso, se les pide que respondan si de manera unilateral o conformando un consorcio, mantuvieron una relación con Rodolfo Prialé de la Peña, Luis Prevoo Neira, Guillermo Corrales Escobar y otras nueve personas, entre naturales y jurídicas.
Toma de declaraciones
Adicionalmente, se encomendó al equipo especial de la División de Investigación Policial, bajo la dirección de fiscal, para que este mes reciba la declaración testimonial e indagatoria de José Graña y otros tres ejecutivos de Graña y Montero S.A.A.; Pedro Rodríguez Martinis y otros nueve ejecutivos de Mota–Engil, entre mayo y junio.
En junio, de César Castillo y otros cinco funcionarios de Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A.; de Luis Carrasco y otros dos implicados de Construcción y Administración S.A.–CASA.
Y finalmente en julio, de Manuel Juárez y otros tres implicados de Constructora Málaga Hermanos S.A; de Sonia Parra y Martín Plaza de Grupo Plaza; y de Luciano Bezerra y tres ejecutivos de Queiroz Galvao S.A., Sucursal del Perú.
En total, se recibirán declaraciones de 30 ejecutivos del “club de la construcción”.
La organización criminal
La Fiscalía elaboró la estructura de la presunta organización criminal del club y sus respectivos roles. De acuerdo al documento, el primer componente constituido por constructoras nacionales y extranjeras. Sus representantes determinaban qué empresas ganarían licitaciones convocadas por Provías Nacional.
Se indica que también determinaban qué empresas serían los otros postores, pero sin expectativas de ganar. Es decir, acompañantes que presentaban ofertas económicas superiores a las del eventual ganador. Esto con el fin de dar visos de regularidad a las licitaciones.
Reunión y acuerdos
Según la Fiscalía, estas coordinaciones se realizaban en el lobby bar del Swissotel, el restaurante Balthazar, las oficinas de Capeco y oficinas de las empresas. Añade que las decisiones eran transmitidas a Rodolfo Prialé de la Peña o Carlos García Alcázar, y estos lo comunicaban a Provías.
Juárez indica que los miembros del club acordaron pagar un monto ilegal por las convocatorias de Provías. Esto es el 3% del costo directo de las obras. Esto habría sido pactado con José Castillo Dibós, Manuel Alonso Tejeda Moscoso, Marco Aranda Toledo y José Paredes.
Se distribuía así: 2.35% para Carlos Paredes Rodríguez, entonces ministro del MTC (vía José Paredes Rodríguez y Carlos García Alcázar), 0.15% para Rodolfo Prialé de la Peña y 0.5% para miembros del comité de contratación, reza el folio.
Pagos a un ministro
El fiscal presume que el club acordó que el monto acordado a pagar sería entregado a Carlos Paredes, entonces titular del MTC, esto vía Prialé de la Peña de manera directa por transferencias interbancarias en el marco de contratos inexistentes. “Se dieron sumas de dinero considerables a Carlos Paredes por su ilegal intercesión”, se lee en el documento.
Contratos ficticios
El segundo componente de la red está constituido por Rodolfo Prialé de la Peña. Según la Fiscalía, este era el representante de las empresas constructoras, quien se encargaba de transmitir la decisión adoptada por Carlos García.
Añade que este canalizó los pagos hechos por las empresas, para lo cual contó con el apoyo de Guillermo Reynoso Medina, quien le dio celulares para hacer coordinaciones. También lo ayudó Luis Humberto Prevoo Neira, entonces gerente general de Lual Contratistas Generales. Esta empresa figuraba en los contratos ficticios que celebraban las constructoras del club.
Funcionarios del MTC
Este tercer componente estaría conformado por funcionarios del MTC y José Paredes Rodríguez. Según la Fiscalía, Carlos Paredes habría recibido desde octubre del 2011 a julio del 2014 un total de US$ 17 millones.
El documento señala que el exministro Paredes Rodríguez, quien por medio de su hermano y Carlos García concertó que los miembros del club obtendrían la buena pro de las licitaciones promovidas por Provías Nacional.
“Aprovechó su poder jerárquico que le daba ser ministro del MTC y actuó de operador de Carlos García Alcázar”, se lee en el documento del Ministerio Público.
Según la Fiscalía, limitó la participación de otras empresas no involucradas en la supuesta organización criminal y velaba por los intereses del club.
“LA FISCALÍA SOLICITÓ EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES DE JOSÉ PAREDES RODRÍGUEZ Y OTROS 15 INVESTIGADOS POR CORRUPCIÓN”.
Piden prisión preventiva contra 4 ejecutivos del “Club de la construcción”: El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial del Caso Lava Jato, pidió 18 meses de prisión preventiva para cuatro ejecutivos del denominado ‘club de la construcción’: José Paredes Rodríguez (hermano del exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes); José Castillo Dibós (expresidente de IGGSA); Édgard Ricardo Unzueta Zegarra (representante de Andrade Gutierrez); y Javier Lei Siucho (representante de Constructores y Mineros Contratistas Generales).
“SE PIDIÓ LEVANTAR EL SECRETO BANCARIO DE TODOS LOS CONSORCIOS FORMADOS POR CONSTRUCTORAS DEL 2011 AL 2014 QUE GANARON BUENA PRO EN PROVIAS NACIONAL”.
¿Cómo funcionó el ‘club de la construcción’ y cuánto habría pagado en sobornos?
Por Giovanna Castañeda Palomino– Diario El Comercio.
La foto que abre esta nota data del 1 de junio del 2012, de siete años atrás. El entonces presidente Ollanta Humala junto a quien era el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes,daba inicio a las obras de mejoramiento y rehabilitación de la carretera Lima-Canta.
Hoy esa misma obra en Canta es una de las 52 licitaciones bajo sospecha de que, al parecer, el denominado ‘club de la construcción’ operó en su real dimensión y obtuvo un 3% en sobornos de los costos totales, según el equipo especial de la fiscalía que investiga lo que ocurrió entre octubre del 2011 y junio del 2014.
La carretera estuvo a cargo del consorcio Vial Santa Rosa, al que perteneció la constructora brasileña OAS. El monto contratado ascendió a S/319,248,819.71; ello pese a que el valor referencial era de S/293,326,002.48. Es decir, por encima en un 9.03%. Si se aplica la regla del 3% de pago de coimas, las matemáticas arrojan que serían millones también.
Pero, ¿qué fue el ‘club de la construcción’? ¿Cuál era su estructura y cómo operaban?
–La formación y sus acuerdos–
El ‘club’ era una “cartelización empresarial” de al menos 18 constructoras que, según la fiscalía, en lugar de competir entre sí, se coludían para repartirse los proyectos que Provías Nacional, unidad ejecutora del MTC que maneja un presupuesto superior a los S/5 mil millones, convocaba en el país.
No se sabe con exactitud desde cuándo empezó a operar esta presunta organización criminal en el MTC. Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, dijo que existía desde el 2001. En tanto, Raymundo Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de la constructora, señaló al equipo especial que comenzó en 1996. Es decir: podría tener más de 20 años enquistado.
El ex ministro Paredes, al lado de Humala en la fotografía, sería uno de los miembros de este ‘club’. Figura a la cabeza, según el fiscal Germán Juárez Atoche, quien está a cargo de rastrear y destapar este mega caso de corrupción. Sin embargo, al haber sido ministro, es investigado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
La investigación del fiscal Juárez abarca el período 2011-2014 y tiene cuatro aspirantes a colaboradores eficaces que están reconociendo y confesando. Según los testimonios que ha recogido, entre agosto y octubre del primer año de gobierno de Humala, hubo diferentes reuniones entre los miembros del ‘club’ y José Paredes, hermano del ex ministro Carlos Paredes –y sus intermediarios– para coordinar el nombramiento de una persona de confianza en el MTC y el porcentaje del soborno: un 3% del costo directo de la obra por ejecutar.
–La estructura del ‘club’–
Para la fiscalía, el ‘club’ tenía tres componentes:
El primer componente estaría constituido por las empresas nacionales y extranjeras dedicadas al rubro de la construcciones con sus distintos representantes.
Ellos determinaban qué empresa o empresas serían los otros postores, pero sin expectativa de ganar. Es decir, los acompañantes que presentaban ofertas económicas superiores a la que planteaba el eventual ganador.
Asimismo, acordaban dar visos de regularidad y normalidad al desarrollo de la convocatoria, y así también poder exigir turno para ser beneficiado con posteriores convocatorias.
Ayer se conoció que Juárez solicitó al Poder Judicial que dicte 18 meses de prisión preventiva para cuatro presuntos integrantes del ‘club’: José Paredes Rodríguez, José Fernando Castillo Dibós (ex presidente de la empresa ICCGSA), Edgard Ricardo Unzueta Zegarra (gerente comercial de la constructora brasileña Andrade Gutierrez) y Javier Lei Siucho (representante de la constructora CyM).
El segundo componente estaría constituido por Rodolfo Prialé de la Peña, lobbista y representante de las empresas constructoras, quien se encargaba de transmitir la decisión adoptada por estas a Carlos García Alcázar, asesor del MTC nombrado por Paredes e intermediario del mismo. García Álcazar fue el “coordinador” dentro del ministerio.
Prialé de la Peña canalizaba los pagos efectuados por las empresas, para lo cual contó con el apoyo de Guillermo Reynoso, quien le proporcionó equipos móviles que le sirvieron para hacer las coordinaciones, así como de Luis Humberto Prevoo Neira en su condición de gerente general de Lual Contratistas Generales SAC, empresa que fue usada para elaborar contratos ficticios celebrados con las constructoras.
Una vez que tenían dicho dinero obtenido de los pagos por las obras, seguidamente entregaba, un porcentaje del pago a García Alcázar, para que este a su vez se lo entregue a José Guillermo Paredes Rodríguez y aquel a Carlos Paredes Rodríguez. Aquí viene el tercer y más importante componente de la presunta red.
El tercer bloque estaría constituido por los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, García Alcázar, el ex ministro y su hermano José Guillermo Paredes Rodríguez o “Pepe”.
El ex titular del MTC, por intermedio de su hermano y de García Alcázar, habría concertado con las empresas para que solo las que pertenecían al ‘club’ obtengan la buena pro de las licitaciones y concursos públicos promovidos por Provías Nacional.
García Alcázar, quien cumple una orden de prisión preventiva, fue el enlace de las constructoras en el MTC. Él fue nombrado en agosto del 2011 asesor del Viceministerio de Transportes, mediante una resolución firmada por Paredes.
Aquí aparece Marco Antonio Garnica, gerente de la Unidad Gerencial de Obras de Provías Nacional quien, para la fiscalía, fungió de operador de las empresas constructoras, incluso mucho antes de que Paredes Rodríguez se convierta en ministro y de que se interese por conocer al ‘club’. Los miembros del comité de contratación completan esta parte de la estructura.
–El camino del soborno–
En el primer paso de la ruta del pago de coimas intervenían los miembros del comité de contratación de Provías Nacional, quienes se encargan de que las empresas que no son del ‘club’ no precalifiquen en el proceso de selección. Ellos se mostraban bastante exhaustivos en las calificaciones de los postores que no pertenecían a la presunta red. García Alcazar se encargaba de las coordinaciones.
Las constructoras miembros del ‘club’ presentaban sus propuestas económicas, las mismas que estaban coordinadas previamente para que sea mayor al 100% del valor referencial.
Lo que acordaban las empresas, como a quién le tocaba ganar una licitación o un contrato público determinados, se la transmitían a su operador Prialé de la Peña o directamene a García Alcázar, para que este, en su condición de operador del ex ministro, ejecute dicha decisión al interior de Provías Nacional.
Antes de ello, las empresas ya habían acordado con el hermano del ministro y con García Alcázar varios puntos: no cambiar el personal en Provías Nacional; no permitir que las licitaciones convocadas sean adjudicadas a empresas que no integraban el ‘club’: que solo sean para el ‘club’, según el turno.
También que todas las licitaciones deberán ser adjudicadas por encima del 100% del valor referencial; y que todos los pagos efectuados se tendrían que coordinar con Prialé de la Peña.
Finalmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobaba la asignación de recursos. A partir de ahí, conociendo que el monto a pagar en sobornos era el 3%, las empresas del ‘club’ determinaban cómo lo harían.
Según la fiscalía, lo hicieron de manera directa a Prialé de la Peña o a través de vía transferencias interbancarias y/o contraprestaciones en el marco de contrataciones inexistentes celebradas por sus estructuras empresariales (de manera unilateral o consorciadas) con empresas vinculadas a su representante.
“Dieron sumas de dinero considerables a Carlos Paredes por su ilegal intercesión”, señala el fiscal Juárez Atoche, en su última resolución emitida para ampliar investigación y requerir la prisión preventiva de cuatro personas más, entre ellas el hermano del ex ministro.
–Cuánto fue y cómo fue repartido–
La carretera de Canta fue una de las 52 obras que están bajo sospecha del fiscal, licitaciones que ganaron las 18 empresas comprometidas en esta investigación penal.
Los empresario, según el fiscal, determinaron el monto a pagar y que este se distribuía de esta forma: el 2.35% para Carlos Paredes vía José Paredes y Carlos García Alcázar; el 0.15% para Rodolfo Prialé de la Peña; y el 0.5% para los miembros del comité de contratación.
Bajo dicha modalidad se habrían producido cerca de 20 entregas de dinero en un total aproximado de 17 millones de dólares. Esto solo en un periodo de tres años.
Fiscalía pide prisión preventiva para cuatro miembros del ‘club de la construcción’
Requerimiento es por 18 meses. Entre ellos está José Paredes Rodríguez, hermano del ex ministro del MTC Carlos Paredes; así como José Castillo Dibos y un representante de Andrade Gutierrez
Por Rodrigo Cruz y Giovanna Castañeda- Diario El Comercio.
El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial del Caso Lava Jato, solicitó ayer al Poder Judicial que dicte 18 meses de prisión preventiva para cuatro presuntos integrantes del denominado ‘club de la construcción’.
La medida es contra José Guillermo Paredes Rodríguez, ‘Pepe’, hermano de Carlos Paredes, quien fue titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el gobierno de Ollanta Humala. También para José Fernando Castillo Dibós (ex presidente de la empresa ICCGSA), Edgard Ricardo Unzueta Zegarra (gerente comercial de la constructora brasileña Andrade Gutierrez) y Javier Lei Siucho (representante de la constructora CyM).
El requerimiento es por la investigación por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada y cohecho activo genérico, y fue presentado ante la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, a cargo del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado de Corrupción de Funcionarios. La magistrada deberá convocar una audiencia pública para analizar lo solicitado.
El pedido del fiscal Juárez se basa, entre otras cosas, en información entregada por cuatro aspirantes a colaboradores eficaces, quienes relataron la existencia de un entramado de corrupción entre las constructoras y funcionarios del MTC para repartirse las obras públicas de infraestructura vial que se licitaban durante el gobierno de Humala.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía, los sobornos que pagaron los integrantes de este ‘club’ llegaron a US$17 millones y, según el colaborador eficaz N° 09-2018, el entonces ministro Paredes utilizaba a su hermano como intermediario de los pagos.
Al haber sido ministro, Paredes tiene antejuicio y quien lo investiga es la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
—Modus y origen—
El ‘club’ era una “cartelización empresarial” de al menos 18 constructoras que, según la fiscalía, en lugar de competir entre sí, se coludían para repartirse los proyectos que Provías Nacional, unidad ejecutora del MTC que maneja un presupuesto superior a los S/5 mil millones, convocaba en el país.
No se sabe con exactitud desde cuándo empezó a operar esta presunta organización criminal en el MTC. Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, dijo que existía desde el 2001. En tanto, Raymundo Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht, señaló al equipo especial que comenzó en 1996.
La investigación del fiscal Juárez abarca el período 2011-2014. Según los testimonios que ha recogido, entre agosto y octubre del primer año de gobierno de Humala, hubo diferentes reuniones entre los miembros del ‘club’ y José Paredes –y sus intermediarios– para coordinar el nombramiento de una persona de confianza en el MTC y el porcentaje del soborno: un 3% del costo directo de la obra por ejecutar.
Carlos García Alcázar, quien cumple una orden de prisión preventiva, fue el enlace de las constructoras en el MTC. Él fue nombrado en agosto del 2011 asesor del Viceministerio de Transportes, mediante una resolución firmada por Paredes.
Rodolfo Prialé de la Peña habría sido el intermediario entre el ‘club’ y el encargado de cobrar los sobornos. Con él se estableció que no debería cambiarse a personal de Provías; que no se debería permitir que empresas ajenas al ‘club’ ganaran obras y que las licitaciones deberían entregarse con una propuesta económica por encima del valor referencial.
—Los pagos—
Según el fiscal, Castillo Dibós hizo un pago en efectivo a Prialé de la Peña en la sede de ICCGSA en San Isidro, previa coordinación telefónica. El levantamiento del secreto de las comunicaciones ha revelado el intercambio de llamadas entre ambos entre el 2013 y el 2014.
Unzueta Zegarra también hacía coordinaciones telefónicas con Prialé de la Peña. Pero, además, se han verificado transferencias bancarias, presuntamente de este empresario, a una ‘offshore’ de Prialé de la Peña llamada Jotas de la India, con sede en Panamá, por más de US$800 mil.
De Lei Siucho se tiene el registro de llamadas entre ambos del 2013 al 2014. La fiscalía indica que se realizaron “contrataciones ficticias” entre una empresa vinculada a Prialé de la Peña con CyM para los sobornos.
En los testimonios recogidos por la fiscalía también se habla de la existencia de un ‘club de la conservación y mantenimiento’ de las obras.
Este Diario se comunicó con Lei Siucho, quien dijo que desconocía el pedido fiscal y añadió que sigue siendo el representante de CyM. También se buscó al abogado de Castillo Dibós, pero, hasta el cierre de esta edición, no nos devolvió la llamada. De igual modo, tratamos de comunicarnos con los hermanos Paredes Rodríguez.
El abogado penalista Vladimir Padilla precisó que, en principio, las imputaciones sí configuran delito contra la administración pública. “El fiscal quiere evitar el peligro de fuga”, remarcó.