Izquierda caviar

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Coima y reciclaje

Por Alexander Torres Figallo- Diario EXPRESO.
La izquierda caviar, que gobernó ineficientemente Lima con Susana Villarán, decía ser la reserva moral del país y combatir una mafia que impulsaba su revocatoria. Sin embargo, demostró ser de una precariedad moral nunca antes vista, y tener un alto nivel de confabulación con una mafia más grande y poderosa, la de las constructoras brasileras, aliadas del hoy preso exmandatario Lula Da Silva. La corrupción villaranista sobrevaloraba obras, se beneficiaban con préstamos de la propia caja municipal, sus allegados ganaban millones mediante consultorías inservibles, y aumentaban el precio de peajes a cambio de coimas, atentando no solo contra el erario municipal, sino principalmente contra los bolsillos de los limeños, que a diario deben pagar los peajes más caros del continente.
Lo que Susana Villarán llama “aportes” en su reciente confesión, son en realidad coimas por obras. Un aspecto clave para demostrar los sobornos a Villarán, aparte de las delaciones de Barata, audios, correos y depósitos que obran en las carpetas fiscales, es que el 4 de enero de 2013, en plena campaña del No, se firma el contrato de concesión de “Vías Nuevas de Lima” entre la Municipalidad de Lima y Rutas Lima (concesionaria que integraba Odebrecht), el cual se otorga en adjudicación directa por 30 años, para el mantenimiento –por medio de peajes– de la Panamericana Sur, Norte y carretera Ramiro Prialé, cuyas tarifas se incrementaron exponencialmente, y que terminó con un levantamiento popular y la quema del hoy desactivado peaje Chillón en Puente Piedra. Es decir, un intercambio de favores ilícitos, inyectar dinero y que se le adjudique una obra, donde el que pierde es el ciudadano
¿Si la gestión de Villarán firma con Odebrecht un contrato en el que concesiona lesivamente una obra por 30 años y recibe 10 millones de dólares como “aportes” para la campaña del No, la cual se desarrollaba paralelamente, se puede creer que no fueron coimas? Esa es la verdadera catadura moral de la izquierda caviar que hoy abandona a su suerte a Villarán y cogobierna con Martín Vizcarra, así como lo hizo también con Toledo y Humala, reciclándose siempre para aparecer donde está la corrupción.

Faltoso a la Vela

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Lo que más le debe haber dolido al señor Rafael Vela, autor de unas piconas declaraciones, es que el presidente del Poder Judicial le haya dicho lo que es: un fiscal de menor cuantía. Con la burda coartada de defender el fustán de la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y como si esta necesitara pedirle que sea su caballero andante, Vela reaccionó de mala manera a lo dicho por José Luis Lecaros acerca de que resultaba innecesario el pedido de la fiscal de la Nación para realizar un pleno casatorio sobre prisión preventiva, y consideró que aquello habría sido propuesto “seguramente” por magistrados de menor rango de la institución, a raíz del caso de Keiko Fujimori.
Y es que tanto Rafael Vela como José Domingo Pérez son –como dice bien el presidente de Poder Judicial– dos fiscales provinciales de poca monta han llegado a creerse los nuevos próceres del Perú, por encima de sus superiores jerárquicos y de cuanta institución ose ponerse en sus caminos. Se han zurrado en la Corte Suprema y sus casaciones. Se han sentado en las sentencias del Tribunal Constitucional. Han jalado la cadena con las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las comisiones y cortes de Costa Rica. Han derrocado a un fiscal de la Nación y, con sus abusos de prisiones preventivas de líderes políticos y solicitudes de disoluciones de partidos, han puesto al sistema democrático constitucional en peligro de muerte.
Con esos antecedentes no es muy difícil que el fiscal Vela se crea ya no un simple engranaje en la persecución del crimen –como lo que en realidad es–, sino un héroe inflado por una prensa ayayera que le da tribuna para que se despache a sus anchas sin ningún contrapeso. Eso hace posible que, alegando una supuesta “falta de respeto” de Lecaros a Ávalos, en verdad el que se atreve a faltarle el respeto al presidente del Poder Judicial sea Vela, tal como se lo faltó impunemente al que lo puso como líder del equipo Lava Jato, el exfiscal de la Nación Gonzálo Chávarry, al que traicionó sin que se le moviera una ceja.
Lo que dice Lecaros es cierto. A Vela le interesa un ardite la justicia por lo que mete sus narices donde no debería: en el PJ. Lo de la autonomía del Ministerio Público no se lo cree nadie. ¿Qué autonomía puede tener una institución que no puede tocarlo ni con el pétalo de una rosa y que si lo hace termina con la cabeza en la guillotina? ¿No es por eso que, a través de sus títeres en la Procuraduría, busca que el fiscal de la casación de Keiko Fujimori sea expectorado con el cuento de que tuvo una conversación telefónica con uno de los “Cuellos blancos” (¿alguien cree todavía en el cuento de la “organización criminal” (les cuento que en España, no)? ¿No es por eso que exige a través de Zoraida Ávalos un Pleno Casatorio de la Corte Suprema, por si no sacan al fiscal que no es de su argolla?
Como señala Lecaros: el fondo del asunto es Keiko Fujimori. Vela no quiere que salga por más razones de derecho que la asistan, porque su prisión es el pilar de su poder. Muerto García, solo queda Keiko. Todo lo demás es pecata minuta. Es decir, lo que Vela es.
Fotos: Gestión/El Comercio.

Fiscalía denuncia a Vizcarra por avalar cobros indebidos

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua ha denunciado al presidente Martín Vizcarra por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado por autorizar pagos de trabajos no realizados en la supervisión de la represa Chirimayuni de la citada región cuando fue gobernador entre los años 2011 y 2014.
Dicha represa, ubicada en la zona altoandina de Moquegua, entre las comunidades de Curo y Humalso, a 4,300 metros sobre el nivel del mar, tenía el propósito de solucionar el déficit hídrico de los distritos de Chojata y Lloque de la provincia General Sánchez Cerro.
La investigación a Vizcarra Cornejo se inició en 2011 y, en el ínterin, ha sido acusado, junto a otros implicados, cuando ya era presidente de la República, y, como tal, estaba amparado por la inmunidad presidencial por mandato del artículo 117 de la Constitución.
Estando claro que ese derecho le asiste al jefe de Estado, el Ministerio Público asume entonces que no se puede formalizar acusación contra Vizcarra Cornejo ante la Judicatura, por lo que el fiscal del caso, Walker Ríos Calisaya, planteó la figura de la desacumulación, es decir apartarlo y postergar su enjuiciamiento hasta después que concluya su mandato, continuando obviamente el proceso con los otros imputados.

“LOS MOQUEGUANOS”

La acusación tiene que ver con la ejecución del concurso público N°8-2010/CE/GR.MOQ referido a la contratación del servicio de supervisión externa para la obra “Construcción Infraestructura de Riego Represa de Chirimayuni, distrito de Chojata y Lloque, provincia de General Sánchez Cerro, Departamento de Moquegua”, donde Vizcarra Cornejo es implicado en pago de trabajos no realizados junto a su grupo de técnicos, ahora llamados “Los Moqueguanos”.
La investigación fiscal indica que funcionarios y ejecutivos, entre ellos el ingeniero civil César Augusto Ramos Zamora, director de supervisión de la región, otorgaron la conformidad a seis valorizaciones presentadas por el Consorcio Chirimayuni, por trabajos no realizados en supervisión externa, entre los meses de junio y noviembre de 2011.
Esto pese a que este funcionario conocía “que dicho consorcio no había realizado el servicio de supervisión externa de la construcción de las obras de irrigación y la represa de Chirimayuni, por lo que permitió que el Consorcio en referencia se apropie indebidamente de la suma de S/ 697,226.21 en perjuicio del Estado”.
Otro implicado, el abogado de la empresa, Jhonny Iván Ramos Zamora, presentó las mencionadas valorizaciones falsamente y conocía también que no se había hecho trabajo alguno para remunerarlas.
Víctor Federico Fireles Mamani, coordinador del contrato de supervisión, otorgó una de las conformidades; mientras que Félix Terreros Guerrero, jefe de supervisión del consorcio, no solo solicitó los pagos, sino que suscribió los informes de “avance de obra, pese a tener conocimiento que no había realizado el servicio de supervisión externa”.

APENAS 4 HORAS

La Fiscalía ha tenido que analizar gran cantidad de informes de los residentes de obra, como el del 15 de febrero de 2012, que señala que la supervisión externa Consorcio Chirimayuni “no se encuentra en la obra”.
Asimismo, que el jefe de supervisión, personal profesional y el personal técnico de la supervisora “se encuentran de manera ausente durante el mes de febrero”, con excepción del viernes 10 de ese mes en que estuvieron apenas cuatro horas para luego retornar a la ciudad de Moquegua.
Otro documento evaluado es un acta anterior del 10 de febrero en que los técnicos reunidos en Chojata-Lloque constataron que la supervisión contratada por el gobierno regional “no firmó el Cuaderno de Obra Tomo III”. Y con relación al Tomo II registraron nueve asientos “llenados por el mismo jefe de supervisión” sin trabajar.
Con relación al imputado Martín Vizcarra Cornejo, se le atribuye, en su condición de gobernador regional de Moquegua, “haber permitido el pago de las valorizaciones Nº 4, 5 y 6 y [el] pago de valorizaciones por servicios que no se habrían cumplido a favor del Consorcio Chirimayuni, lo que constituiría actos de favorecimiento a favor de dicho consorcio”, señala textualmente la Disposición Nº 14 de la Fiscalía anticorrupción moqueguana.
La acusación de dichos personajes tuvo lugar el 28 de octubre de 2016 y un fallo por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado por administración es de fecha 21 de noviembre de 2018.
Sin embargo, los cargos por negociación incompatible contra Vizcarra recién podrían empezar a ser procesados el 29 de julio de 2021, no obstante que desde el mes de octubre de 2016 no ha merecido evaluación ni control de un caso que data desde el año 2011, habiendo transcurrido ocho años.
“A este panorama incierto se tiene que sumar el tiempo que demorará, luego del 29 de julio de 2021, el traslado del requerimiento de acusación y desarrollo del juicio oral”, señala Ríos Calisaya.
Ante ello el fiscal optó por requerir la desacumulación del caso del hoy mandatario en los pagos indebidos al Consorcio Chirimayuni, con la salvedad de hacer valer los derechos del Estado al concluir su mandato.
El Expediente N° 48-2016-90 del citado caso está en manos del juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Moquegua.

Rescisión del contrato con daño al erario público

En reiteradas oportunidades se le hizo notar al Consorcio Chirimayuni el incumplimiento de obligaciones de supervisión estipulados en el contrato, incluso con posibilidades a rescindir el mismo, o la aplicación de penalidades establecidas por el artículo 165º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Pero la empresa hizo caso omiso, no obstante que las normas exigen que “toda obra contará de modo permanente y directo con un inspector o un supervisor”.
La situación se hizo tan insostenible que el 23 de febrero de 2012 se rubricó la Resolución Ejecutiva Regional Nº200-2012-GR/MOQ por parte del mismo Martín Vizcarra, pero el daño ya estaba hecho.

Tres adendas

El 26 de junio de 2010, el Gobierno Regional de Moquegua convocó el proceso de selección y licitación Nº009-2010/CE/GR.MOQ, para la “Ejecución de obra pública para la construcción de riego Represa Chirimayuni”, por un valor referencial ascendente a S/16’936,444.06.
Al concluir la obra e inaugurarse el 28 de octubre de 2014, en el gobierno nacionalista de Ollanta Humala, el monto de inversión había ascendido a S/31’602,147.32.
El incremento fue por las adendas números 1, 2 y 3, al mismo estilo de Odebrecht, pero en pequeño.
En ese entonces se dijo que esta obra ampliaría en 400 hectáreas la frontera agrícola y se mejorarían las 300 hectáreas que ya estaban en producción, en la provincia de General Sánchez Cerro de Moquegua, proyectando beneficiar a más de 3,800 pobladores.
El Consorcio Chirimayuni de supervisión de la represa de Chirimayuni estuvo conformado por las empresas Corporación de Racionalización y Consultoría S.A. y Motlima Consultores S.A.

De Chirimayuni al Programa “Agua Segura para Lima y Callao”

No obstante que el presidente Martín Vizcarra y el ingeniero César Augusto Ramos Zamora son imputados por la Fiscalía por los presuntos delitos de negociación incompatible y peculado, Ramos al parecer está blindado porque en la actualidad es el jefe del Programa “Agua Segura para Lima y Callao”.
Desde la dirección ejecutiva de dicho programa, según una nota de la web gatoencerrado del 30 de abril de 2019, Ramos “ha licitado más obras que en todo el período julio 2016-julio 2018 juntos. Ha otorgado tres obras por S/874 millones”.
La primera fue la entrega de la “Sectorización de Agua Potable de la Parte Alta de Chorrillos: Matriz Próceres” por un monto de 433.2 millones de soles al controvertido consorcio chino Sinohydro-Cesbe, acusado de pagar coimas en Zimbabue (US$10 millones) para ganar la licitación de una central hidroeléctrica y en Venezuela (US$7 millones) con tal de adjudicarse una obra de la petrolera estatal PDVSA.
La segunda es IVC Contratistas Generales a la que adjudicó el proyecto “Esquema Anexo 22-Pampa de Jicamarca-Ampliación de Agua Potable, distrito San Antonio de Huarochirí” por 288.5 millones de soles. Esta empresa, ligada a Odebrecht y Graña y Montero, dicen que fue la responsable del aniego en San Juan Lurigancho, esto por la reubicación de los colectores durante las obras del Tren Eléctrico.
Tercero, Superconcreto del Perú ganó la obra “Esquema Carapongo–Agua potable de los sectores 136 y 137” por 118.3 millones de soles. Dicha firma, según el Ministerio Público, es parte del “Club de la Construcción”.
Asimismo, “una empresa del lobista del Club de la Construcción, Rodolfo Prialé, Consorcio Las Vegas, que supuestamente servía para encubrir pago de coimas, facturó a Superconcreto S/1.2 millones”.
Finalmente, dos supervisiones de obras fueron entregadas a Acruta Tapia por S/28.6 millones.
No obstante haber favorecido al Consorcio Chirimayuni por pagos de supervisiones inexistentes por un monto de 697,226.21 soles en la ejecución de la represa del mismo nombre, en la sierra de Moquegua, el año 2011, es sintomático que Ramos Zamora haya seguido trabajando en puestos ejecutivos cada vez más elevados.
Su hoja de vida en el sector público empezó cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua. Ramos Zamora trabajó de director regional de Supervisión (2011-2013) y gerente regional de Infraestructura (2013).
Esto bajo el mando de Edmer Trujillo Mori, quien fue primero gerente regional de Infraestructura (2011-2012) y luego gerente general de la región Moquegua (2012-2014).
Con la salida de Vizcarra de la región en 2015, Ramos pasó a trabajar al Gobierno Regional de Arequipa, donde el mismo Edmer Trujillo asumió la gerencia general (2015). Ramos fue director regional de Supervisión (2015) y gerente regional de Infraestructura (2015-2017).
Después saltaría a Lima, cuando Trujillo fue nombrado ministro de Vivienda a la caída de Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia de la República y el ascenso de Vizcarra a la jefatura del Estado.
En esos días felices Ramos ya laboraba como asesor del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), siempre al lado de Trujillo y todos bajo la atenta mirada de Martín Vizcarra, el jefe de “Los Moqueguanos”.
¿De dónde viene esa cercanía entre Vizcarra y Ramos? Quienes los conocen dicen que desde las aulas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde ambos estudiaron. Pero esa amistad se refuerza en 2005, cuando Ramos trabajó para la compañía del Presidente, CyM Vizcarra, en la construcción del Canal Calachaca-Chuapalca-Patapujo tramo II, un proyecto de S/ 8.3 millones del Gobierno Regional de Tacna.
Fuente: Diario EXPRESO.

Caricatura del día #1237

Denuncia constitucional contra Pedro Chávarry no será admitida por falta de nuevos hechos

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, formuló una denuncia constitucional ante el Congreso contra el fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos (15/05/19), por atentado contra la conservación e identidad de objeto, encubrimiento real y encubrimiento personal agravado en grado de Tentativa.
La denuncia es básciamente por los actos de obstaculización a las acciones del Equipo Especial Lava Jato, que supuestamente realizó Pedro Chávarry cuando era fiscal de la Nación. El principal acto fue la vulneración irregular de oficinas lacradas en la sede principal del Ministerio Público. Rosa Venegas, ex asesora de Pedro Chávarry, declaró el mes pasado ante el fiscal del caso, Reynaldo Abia, que ella ingresó a una oficina lacrada del Ministerio Público fue por orden del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.
Fuentes del Poder Judicial nos indican que esta denuncia no prosperaría porque la presunta vulneración fue en los ambientes del mismo fiscal de la Nación y porque la oficina violentada contaba con solo con el sello del fiscal Pérez y no con la autorización de un juez.
El congresista César Vásquez de Alianza para el Progreso (APP), vicepresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aseguró que esta denuncia no será admitida porque ya se hizo una en esta legislatura y se tendrá que esperar a la próxima legislatura (las legislaturas comienzan en agosto y terminan en julio del año siguiente) para presentar una denuncia similar.
“El problema con esta denuncia constitucional va a ser el siguiente. Como dice el artículo 89 en el numeral M, una denuncia constitucional archivada por el mismo caso no podría ser admitida en el mismo periodo legislativo. Es decir, la fiscal de la Nación debió esperar hasta julio”, señaló Vásquez en RPP (16/05/19).
“En todo caso lo puede volver a hacer, no se podrá evaluar el problema de fondo, simplemente de oficio la parte técnica”, manifestó el congresista de APP.
También el congresista Vásquez señaló que la denuncia constitucional debe traer nuevos hechos, lo que es esencial para que proceda la denuncia. Más de uno especula que no las tiene.
“El otro supuesto que se necesita para poder declarar procedente la denuncia constitucional es que tenga nuevas pruebas. Me imagino que sí lo tiene, no he revisado la denuncia, pero si la hace una fiscal que conoce y es especializada en el tema y viendo los folios que son 150 más o menos, tiene que haber nuevas pruebas”, agregó Vásquez, quien señaló que presentar la denuncia es un saludo para la tribuna.
“Tendría que haberlo conocido la propia fiscal porque tiene su coordinador legislativo. Deberían saber que presentar una denuncia hoy, en el mismo periodo legislativo, luego que ha sido archivada es solo un saludo a la tribuna porque eso no va a ser declarado admisible porque el reglamento del Congreso lo prohíbe”, finalizó Vásquez.
Fuente: www.gatoencerrado.net

PAOLA UGAZ: LA TUITERA DE LA CORRUPCIÓN

Por Luciano Revoredo– La Abeja.pe
Paola Ugaz saltó a la fama junto con Pedro Salinas por su investigación sobre los abusos en el Sodalicio. Hay muchas cosas que unen a estos dos periodistas. Ambos alcanzaron cierta notoriedad en el acontecer nacional gracias a su libro “Mitad monjes, mitad soldados”; hasta entonces ambos no eran muy conocidos ni relevantes en el periodismo; tienen o trabajan en varios proyectos en conjunto; rondan los mismos círculos. Pero, además de esto, comparten también algunos modos de proceder que parecen calcados. Como si hubieran recibido algún tipo de aleccionamiento juntos.
En primer lugar, el afán por desinformar. Esta “técnica” periodística no es nueva. Dicen que desde los tiempos de la famosa “propaganda nazi” se utiliza como recurso para desorientar a la opinión pública e ir construyendo una historia favorable a los intereses del que la utiliza. La eficacia de la técnica descansa, en buena parte, en que se tomen algunos elementos verdaderos y, con ellos, se construya una historia.
En dicha historia se obvia información, se manipula otra, se deslizan medias verdades. Todo con la clara intención de desinformar. Esta es la manera como se han conducido estos dos periodistas en muchas ocasiones. ¿Es una estrategia premeditada? No lo sabemos. Pero, de facto, ha sido así. Pensemos, por ejemplo, en su perseverante intento por unir las querellas de Monseñor Eguren a una especie de campaña orquestada por el Sodalicio como represalia por su investigación.
Hay elementos verdaderos: la investigación se realizó, efectivamente hubo abusos en dicha institución; Monseñor Eguren es parte de su historia. Y a partir de ello se teje una narración con la que se desplaza el foco de atención: la difamación en la que incurrieron con afirmaciones y publicaciones que nada tienen que ver con dicha investigación sobre el Sodalicio. Esto se puede seguir observando, aun cuando la querella ya ha sido terminada por el Obispo de Piura, en una reciente entrevista a Ugaz del diario El Comercio, el pasado 26 de abril.
En segundo lugar, la mentira pura y dura. Como una línea que se le va desdibujando a ella misma -como le sucede también a Pedro Salinas- Ugaz se aleja de realidad y miente abierta y descaradamente.
A un nivel, esto es la consecuencia de lo anterior. Al manipular la verdad se termina por cruzar la línea. De la larga lista de ejemplos, tomemos uno reciente. En la mencionada entrevista de El Comercio, Ugaz afirma: “Me atribuyen falsamente ser productora del documental… que lo levante de YouTube sino me van a demandar”. Se refiere al documental “The Sodalitium Scandal” transmitido por la cadena Al Jazeera. Es falso que ella no haya sido la productora, miente sin rubor alguno. Ella misma lo afirmó en diversas entrevistas. Ahí están las pruebas. ¿Ugaz contra Ugaz? ¿A cuál le creemos?
En tercer lugar, la victimización. Son unos maestros para hacerse las víctimas. Cuando la realidad es que se encuentran en una situación comprometida a causa de su propia irresponsabilidad periodística. Todo el mundo tiene la culpa, no tienen plata (pero sí casa con caballos en Mala y los hijos en uno de los colegios más caros de Lima), los acosan, atentan contra su libertad de expresión. En fin… pobrecitos. Una vez más, el foco de atención se distrae del hecho relevante: son difamadores pero pasan por víctimas, todo un aparato de tontos útiles y cómplices los respaldan.
En esta lista, que podría seguir, hay un elemento en el que Paola Margot se salió del libreto y se distanció de Salinas Chacaltana: recibir dinero de la corrupción. Pedro Salinas es difamador, un periodista irresponsable y de media tabla, ha dado muestras de un doble rasero, pero no se ha comprobado plenamente que sea un corrupto o esté vinculado a la corrupción, salvo los contratos dudosos de CHISAC, que habrá que investigar más a fondo .
Paola Margot, en cambio, cobraba diez mil quinientos soles en la planilla de Susana Villarán para manejar redes sociales. Hoy sabemos (en realidad se sabía desde hace mucho, pero hoy se reconoce) que Villarán está embarrada hasta el cuello con los sucios dineros de Odebrecht.
Ahí sí, al ponerse al servicio de la corrupción,  Paola Margot se distanció del articulado dúo que venía interpretando con Pedro Salinas.

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