Por José Carlos Requena– Diario El Comercio
Hasta el colapso del sistema de partidos en los años 80, los bloques regionales eran fácilmente descritos políticamente: el norte era un bastión aprista, mientras la izquierda era fuerte en el sur y el centrista Acción Popular reinaba en la selva. Lima solía votar de acuerdo con el ánimo conservador pepecista. Según estos pesos y contrapesos, se podía especular quién ganaría una elección: la victoria en una provincia rápidamente se reproducía en las provincias vecinas.
El año que termina, en cambio, ha confirmado a las regiones como un campo de batalla distinto, en que se repite la gran fragmentación e inestabilidad, la necesidad de recorrerlas y la relevancia de sus actores políticos.
Mientras en Lima la escena nacional se ve poblada de cerca de 20 planchas presidenciales y mutaciones políticas sorpresivas, en regiones se ven crecientemente espacios que son gobernados por dos tendencias marcadamente distintas. En enero, por ejemplo, Fuerza Popular tomó brevemente la alcaldía provincial de Cajamarca para convivir con el Movimiento de Afirmación (MAS) del encarcelado Gregorio Santos, que ganó la gobernación regional. La aparente bipolaridad fue breve: el alcalde Manuel Becerra, el transitorio fujimorista, renunció a Fuerza Popular a fines de abril. En noviembre, Becerra empezó a apoyar a César Acuña.
Además, desde que Belaunde en la década del sesenta impusiera la idea de las “conquista del Perú por los peruanos” la idea de recorrer el país llevando un mensaje político no ha dejado de seducir a los candidatos. Uno de ellos, Mario Vargas Llosa narra en “El pez en el agua” sus incansables recorridos en las provincias peruanas durante su infructuosa aventura electoral de 1990.
La campaña que se inicia por estos días no es la excepción. Mucho antes de que comenzara oficialmente el calendario electoral, los dos principales candidatos recorrían incansablemente el territorio nacional. Frente a los aburguesados ex presidentes, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se “ensuciaban los zapatos”, recorriendo distritos y provincias en todas las regiones, acumulando no solo valiosas enseñanzas, sino también nuevas (¿efímeras?) lealtades y aliados. En CADE 2015, la candidata de Fuerza Popular sacó lustre a sus viajes y exploraciones recientes: inició su presentación mencionando a Curgos, el distrito más pobre del Perú, ubicado en Sánchez Carrión, en la sierra de La Libertad.
Asimismo, muchos candidatos se han preocupado por insertar a ex gobernadores regionales en sus planchas presidenciales. Al incorporar a Vladimiro Huaroc, gobernador regional de Junín (2007-2010), la candidata de Fuerza Popular procura un toque experimentado y regional a su apuesta. Con Martín Vizcarra (Moquegua, 2011-2014), PPK terminó de darle un futuro político a un político con futuro. Quizás por los cambios recientes en la legislación (la máxima autoridad regional no es más un “presidente”), César Acuña (La Libertad, 2015) dejó de ser gobernador regional en octubre: el título al que realmente aspiraba era el de “presidente”. Alan García, en tanto, hace recordar que hubo un presidente regional en Apurímac llamado David Salazar (2007-2010). Y hasta Daniel Urresti recluta a otro ex gobernador regional de nombre tan lejano y ajeno como su región: Maciste Díaz (Huancavelica, 2011 y 2014).
El 2015 trajo consigo la consolidación de las regiones como un factor relevante: un rompecabezas que al terminar de armar podría revelarnos lo que viene el 2016. El candidato ganador deberá sobrellevar la fragmentación que lo hará acumular caudal a cuentagotas con aliados pasajeros; demostrar que “se ha ensuciado los zapatos”; y pondrá a prueba si la inclusión de un nombre en la plancha le ha significado algún bolsón de votos.

La utopía progresista

Por Antonio Zapata Velasco- Diario La República.
Al dividirse Izquierda Unida en 1989, sus integrantes perdieron presencia y nunca más se recuperaron. A primera vista se trataba de un castigo del electorado a la división; la ciudadanía izquierdista premiaba la unidad porque sabía que dividida no avanzaba mucho. Algo de esto es cierto, pero no es el único factor, porque en más de 20 años se habría resuelto y tendríamos un nuevo frente izquierdista disputando el escenario.
En 1989 también se derrumbó el Muro de Berlín y llegó la hora final de la Unión Soviética y del bloque denominado “socialismo real” clausurando el período abierto por la revolución bolchevique de 1917.
Durante ese lapso, las izquierdas se habían identificado con el comunismo ruso, participando de sus valores. La disidencia trotskista y otras posteriores carecieron de fuerza para modificar el paradigma.
Así, la URSS fue el horizonte utópico de las izquierdas del siglo XX. Quienes se apartaron tuvieron grandes dificultades para mantenerse en el campo popular y normalmente fueron atraídos por la democracia norteamericana, habiendo acabado como aliados de EEUU, como fue el caso del APRA.
Por ello, 1989 fue un año doblemente crucial para la izquierda. Al dividirse IU, perdió capacidad operativa anulando su fuerza propia. En segundo lugar, la desaparición del socialismo real le restó referente ideológico. A partir de entonces ha carecido de audacia para volver a pensar y proponer un ideal. Por consiguiente, se encerró en la oposición al neoliberalismo de los noventa y supo denunciar pero no solucionar. Su capacidad de condena fue elevada, pero limitada su disposición a imaginar una nueva utopía. Por ello, tampoco pudo atraer una generación de reemplazo.
Mientras que los años noventa plantearon nuevamente la vieja y crucial relación entre igualdad y libertad. Los izquierdistas habíamos escogido la justicia y creíamos que la libertad sería consecuencia suya. Pero, la URSS y sus satélites caían ante nuestros ojos como entes autoritarios sin alma ni pasión revolucionaria. Hubo que recuperar el equilibrio entre estos dos viejos principios que provienen de la Revolución Francesa. Esa nueva ponderación generó un tipo progresista distinto e independiente, que tomó camino propio.
Las actitudes progresistas se hallan en constante renovación, pero desde los 1990, los nuevos progres han ido rompiendo su identificación con la vieja generación. La recuperación de la libertad y el rechazo al burocratismo fueron esenciales para un nuevo pensamiento.
Luego vino la desconfianza en el Estado y la preferencia por la sociedad civil. Este concepto decimonónico cobró gran vigencia al finalizar el siglo XX. Desengañados con el Estado soviético y los estatismos populistas, los nuevos progres elevaron las instituciones sociales como motores del verdadero cambio y garantes de un rumbo más inclusivo, pero abierto y competitivo.
El último componente que han traído las recientes décadas ha sido la cuestión ambiental. En efecto, el enfoque verde es parte del nuevo progresismo, aunque no exclusivamente, como lo demuestra el ejemplo de El Comercio, que posee una línea verde conservadora y autoritaria. Así, aunque transversal al espectro político, la conservación del planeta pertenece al nuevo paradigma de la persona progresista contemporánea.
El efecto de esta evolución ha sido alejar las aspiraciones principales del nuevo progresismo del modelo izquierdista setentero. La desairada participación de estos últimos en el gobierno de Ollanta Humala ha profundizado esa brecha. Hace unos seis años se cobijaron debajo de una figura política emergente, un militar nacionalista al que conocían poco y que ha mostrado que no los tomaba en cuenta seriamente.
Por ello, las izquierdas han perdido numerosas ocasiones para reaparecer en la escena y ahora parece que ni siquiera dejarán herederos. El nuevo progresismo ha ido formulando una utopía propia que progresivamente se aleja del viejo personal político.

Alianza Popular

Por Alan García Pérez, Ex presidente del Perú
Alianza Popular es la unión de dos partidos con ideología e historia por la gobernabilidad y para el crecimiento con seguridad ciudadana, educación y justicia social. Es una alianza con el pueblo, con la clase media y los más pobres. Con las pymes, para impulsar su crecimiento y formalización con créditos y tecnología, con los jóvenes para apoyar su profesionalización, su empleo y participación. Con los asentamientos humanos para un programa integral de titulación, agua potable, pistas y veredas. Con las comunidades andinas para su canon comunal. Es una alianza por la esperanza.
El Perú vive una grave situación que puede empeorar sin un programa integral y eficaz. La economía y el empleo declinan, crece el déficit fiscal, las exportaciones decaen y nos amenazan la delincuencia y la desconfianza social. Ante ese peligro hemos escogido la unión como una respuesta, compartiendo programas y responsabilidades, porque el país, cansado de insultos y enfrentamientos, pide madurez y unidad.
La política ha perdido credibilidad y espacio. El Estado es, para el ciudadano, una institución indiferente y, muchas veces, enemiga del emprendedor. Sin embargo, no existe sociedad sin una Política que, con mayúscula, señale las metas colectivas y genere confianza en ellas. Por eso, nos unimos con el pueblo para rescatar la Política responsable y evitar, a nuestra patria, otro capítulo de improvisación o aventurerismo.
La ideología de nuestros partidos tiene por centro y objetivo el ser humano y la superación de la miseria y la explotación. La democracia social de Haya de la Torre afirma la libertad, el fortalecimiento nacional antiimperialista y la justicia social orientada al bienestar de los que menos tienen. El social cristianismo tiene por raíz las encíclicas papales para las que la actividad económica debe encuadrarse en un orden jurídico y ético que promueva la libertad integral del ser humano y la difusión de la propiedad para todos. Es decir, la economía al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía.
Esa coincidencia se expresó en la Asamblea Constituyente de 1978 que permitió el rescate de la democracia y puso fin a doce años de autoritarismo. Y la Constitución de 1979, que es reconocida por su avance en los derechos humanos y sociales, fue firmada por Haya de la Torre, que presidió la asamblea gracias al desprendimiento de Luis Bedoya Reyes. En ella, se estableció que la iniciativa privada se ejerce dentro de una economía social de mercado, se consagró el pluralismo económico, los derechos en favor de los trabajadores y la descentralización regional.
Los personeros de la izquierda marxista se negaron a firmar la Constitución afirmando que era producto de una alianza conservadora. Grave error, porque años después, son ellos, y hasta el humalismo, quienes la reclaman por ser la más avanzada. Y ahora, son los dos mismos partidos de esa constituyente los que se unen en la Alianza Popular para cumplir metas concretas en favor de la mayoría y evitar el divorcio del pueblo con la inversión y el Estado. Es una alianza con los campesinos y comuneros para que el canon comunal les dé participación en la riqueza minera pues es una injusticia que, muchas veces, la mayor pobreza se encuentre en las zonas en las que existe minería. El canon comunal permitirá la compra de tractores y camiones, las obras en canales y represas directamente ejecutadas por los pobladores, sin demoras burocráticas. Además, la educación superior de sus hijos. Y así, en muchos lugares aún no trabajados por la minería, serán los comuneros quienes la promoverán.
Una alianza con las familias de los asentamientos humanos no titulados para modificar la legislación y avanzar velozmente en la titulación, que dé valor real a cientos de miles de viviendas que no existen ni ante la ley ni ante los bancos. Eso multiplicará el patrimonio y el crédito, apoyando el emprendimiento popular en esas zonas. Una alianza con las pequeñas y microempresas para su formalización sin persecución, con apoyo crediticio, compras estatales e innovación tecnológica.
Pero también, una alianza con todas las instituciones y grupos que trabajan en la seguridad. Con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el serenazgo, la vigilancia privada y las rondas campesinas para coordinar su trabajo y, junto con los alcaldes, cumplir en doce meses la meta de reducir la inseguridad y arrinconar a la delincuencia como lo exige el país. Una alianza con los padres de familia y los maestros del Perú para reiniciar, de verdad, la transformación meritocrática de la educación con evaluaciones y capacitación.
Alianza Popular es una alianza con la juventud para su profesionalización y titulación, para financiar sus iniciativas y emprendimientos; para ayudarla en su primer empleo sin recortar sus derechos laborales, para convertir sus organizaciones culturales y deportivas en núcleos de difusión del deporte y de construcción de la infraestructura de sus distritos. Una alianza con los jóvenes para ofrecerles mayores espacios de comunicación digital y libertad, sabiendo que ellos serán los grandes promotores del Estado online, desde el hogar y sin papeles ni colas, gracias a las nuevas tecnologías.
Alianza Popular impulsará esos temas sociales dentro de una economía que crecerá mas del 6% anual, sin las trabas actuales, con más libertad e inversión, con más empleo y consumo. Porque es una alianza para recobrar la confianza de quienes producen y crean. Y para que el sistema internacional, de donde vienen tecnologías y capitales, vuelva a ver al Perú como un país competitivo y ejemplar en el crecimiento y la modernización. Ocurrió hace pocos años cuando el nuestro fue el país de mayor crecimiento y reducción de la pobreza en Latinoamérica, y volverá a ocurrir, con una alianza que es unión, responsabilidad y conducción.
Dice el Eclesiastés: “Mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero” (4:9-10). Por eso, confío en la sabiduría del pueblo peruano y sé que, finalmente, respaldará este esfuerzo de unión para el que toda enemistad o discrepancia queda atrás, por el bien de la patria y por el bienestar del pueblo. La historia prevalecerá sobre la anécdota.

Cambiar para avanzar

Por Alan García Pérez– Diario El Comercio
El Perú es un país minero, pero el modelo productivo del campesino pobre frente al Estado y a la empresa ricos está bloqueado socialmente y no tendrá solución ni con mesas de diálogo ni con el Ejército, porque las comunidades y los campesinos son dueños del suelo, pero los minerales del subsuelo pertenecen al Estado que los concesiona a las empresas a cambio de impuestos. Y los campesinos ven que la empresa gana, que el Estado central y regional ganan pero que, a ellos solo les queda la pobreza o ser obreros en la mina. Y se oponen.
Por eso, hemos propuesto, como primer paso, un canon comunal que les entregue parte de esos impuestos y las regalías, para que ellos, sin burócratas intermediarios, compren sus tractores, sus camiones, hagan sus represas, revistan sus canales, reforesten sus tierras, etc., y financien la educación superior de sus hijos. La propuesta ha tenido una importante acogida.
Pero el tema de fondo es que el modelo actual, que llegó con la legislación del Virreinato, debe cambiar. Ese gran debate nacional conviene al Perú. En Estados Unidos, Canadá o Sudáfrica, los propietarios del suelo también son propietarios del subsuelo y con ello, solo en la última década, por su interés e iniciativa, se crearon miles de empresas, pozos de shale gas y Estados Unidos pasó a ser exportador de energía. Con el impulso de miles de propietarios, se multiplicó la inversión, el Estado cobra más impuestos, se cumplen los requisitos ambientales, pero no existe conflicto porque todos se benefician.
El Perú es mucho más rico que Chile, pero este exporta tres veces más cobre; y los geólogos saben que, de todos los recursos conocidos, nosotros solo explotamos el 10%.
Por eso, para que nuestro país aproveche lo que existe en su territorio y el pueblo impulse esa inversión, el dueño de la superficie también deberá ser dueño del subsuelo, participar en la riqueza, recibir las regalías y tratar directamente con el capital y la tecnología. El campesino tendrá interés en aliarse con las empresas y habrá más inversiones en zonas nuevas.
Claro que esta profunda reforma no corresponde solo a un partido, sino que debería ser aprobada por el pueblo en un referéndum constitucional. Así se creará riqueza para quien no la tiene, como propuso Haya de la Torre.
Con el nuevo modelo, superaremos el conflicto campesino-minero que bloquea la inversión. Porque los campesinos también tienen espíritu emprendedor, saben comerciar y quieren prosperar. El Perú no puede seguir tratándolos como niños bajo tutela. Y mientras el país lo decide, para las áreas que ya están en concesión o producción y tienen contratos, crearemos un nuevo canon comunal que distribuya parte de los impuestos a las comunidades para que ellas ejecuten directamente sus obras y proyectos empresariales innovadores.
Así, la riqueza llegará directamente a los campesinos con su iniciativa y luego, con la reforma, habrá muchas inversiones mineras, con la mejor tecnología medioambiental, pero con justicia social. Será un país más moderno.