“Solucionamos casos imposibles” era el slogan que el detenido Rodolfo Orellana utilizaba para atraer a sus víctimas, quienes ansiosas de que una institución financiera no les quite su casa hipotecada, contrataban los servicios de uno de los abogados que integraban la red que ha sido calificada como la organización criminal más grande del país.
METODOLOGÍA DEL CRIMEN
El congresista Vicente Zeballos, presidente de la comisión del Congreso que investiga el Caso Rodolfo Orellana, afirma que estos avisos se publicaban en medios de comunicación de alcance nacional. “Era el que solucionaba los casos imposibles, así se promocionaba. Llegó a tener 50 abogados”, sostiene.
El legislador sostiene que un poco más de 30 personas han declarado ante la comisión parlamentaria que fueron atraídos por la mafia de Orellana mediante dichos anuncios publicitarios. El resultado de la asesoría de los abogados ya es conocida. “Al final el afectado era el banco. (Las víctimas) han denunciado que esa ave fenix que solucionaba el problema quiso quedarse con la propiedad. Son artificios legales que se han utilizado”, menciona el integrante de la bancada Solidaridad Nacional.
Así como se utilizó los medios de comunicación para promocionar la supuestas “asesorías jurídicas”, también se promocionó la liberación de oro incautado en aduanas como otro servicio. “Tenemos información documentada de cómo se publicitaba este tipo de trabajo”, informa Zeballos.
Por hechos relacionados a este caso son investigados Francisco Boza Olivares, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali y los jueces supernumerarios Jorge Antonio Reátegui Pisco, Wenceslao Portugal Cerruche, Teresa Montalván Ruiz y Luis Palomino Morales. “Orellana usó a diestra y siniestra la Corte Superior de Justicia Ucayali”, dice al respecto el parlamentario.
A raíz de las recientes investigaciones, según el congresista Zeballos, siete personas más se han a acercado a la Fiscalía de la Nación para denunciar a Orellana e informar sobre metodologías aún desconocidas por los abogados del Estado. Para no entorpecer las pesquisas no dio detalles de los casos.
“La doctora (Marita) Barreto me decía ‘Pareciera incontrolable la cantidad de casuística de denuncias’”, cuenta Zeballos. Por ello, Barreto ha calificado la investigación contra la red de Orellana como un “megaproceso”.
PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Para Zeballos es importante que la comisión que preside interrogue a Orellana, su hermana Ludith, y Benedicto Jiménez, pues son la parte principal de la mafia que se dedicó al despojo de propiedades. “Posiblemente para el miércoles 26 se tomará la declaración de Benedicto Jiménez”, anuncia. Para ello coordina con el Instituto Nacional Penintenciario (Inpe) para que los siete parlamentarios que integran la comisión acudan a los penales donde están encarcelados los investigados.
El legislador argumenta que es importante tomar la declaración de los tres detenidos porque todo proceso legal contempla escuchar al investigado. Además, insiste en que sería conveniente otorgar algún beneficio a los tres detenidos, pese a que ninguno podría ser considerado colaborar eficaz porque son considerados cabecillas de la organización delictiva que integran.
“Considero que si hay colaboración podría tener algún resquicio para aminorar la pena. Colaborar nos conviene a todos, primero por la celeridad en cuanto a plazos, también porque pueden dar elementos que no estamos considerando, y porque nos podrían ayudar a identificar a otros actores que no están siendo involucrados”, opinó.
Sobre a quienes llama otros actores se refiere a aquellos que trabajan para el Estado en el Poder Judicial, el Ministerio Público y Registros Públicos.
RECOMENDACIONES
La comisión parlamentaria que investiga el proceder y nexos de Orellana también busca conocer cuáles fueron las deficiencias del sistema normativo que permitieron que el encarcelado abogado y sus secuases delinquieran durante años. “El sistema en cierta forma ha auspiciado este tipo de delitos”, concluye Zeballos. Por ello, uno de sus objetivos al término de la investigación es plantear recomendaciones ante el parlamento para rectificar los vacíos legales.
Como parte de este trabajo se citó a representantes de las instituciones públicas que no advirtieron cómo avanzaba la red de Orellana. “Casi todos nos han dicho de manera uniforme ‘es que la norma no me facutla ir más allá’”, menciona el congresista.
También destacó que las cartas fianzas emitidas por Coopex, cooperativa de propiedad de Orellana, no fueron supervisadas ni por la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros (SBS) ni por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep).
Lo que considera más grave, es que un juzgado ordenó a la Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce) que publique en su página web una carta fianza de Coopex. “Mírelo desde afuera, como una municipalidad o un gobierno regional. Una de ellas encuentra que la Osce publica la resolución judicial que dice que la carta fianza de Coopex es válida. Las demás la toman como válida”, sostiene.
Otras irregularidades detectada por la comisión es la falta de control en los procesos de arbitrajes y la nula prevención de procesos irregulares en las instituciones públicas. Estas carencias son el escenario ideal para aquelos que quieran aplicar la metodología de Orellana.
CABECILLAS TRAS LAS REJAS
Luego de permanecer 130 días prófugo, el abogado Rodolfo Orellana Rengifo, quien es sindicado como el cabecilla de una banda dedicada al tráfico de terrenos, lavado de activos e interceptación telefónica, fue capturado el pasado el 13 de noviembre en Cali, Colombia.
Ese mismo día fue detenida su hermana Ludith Orellana Rengifo, la número 2 de la red delictiva, en Huaral. Casi dos semanas antes, el 25 de octubre, la policía detuvo a Benedicto Jiménez, otro de los cabecillas de esta mafia, en Arequipa.
El Ministerio Público investiga a otras 49 personas relacionadas a la red de Orellana, mientras la comisión del Congreso que preside el parlamentario Vicente Zeballos interrogará a 86 investigados.
Fuente: Diario Correo.