Por Cecilia Valenzuela- Diario El Comercio
El representante del Estado Peruano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Jiménez Mayor, sostiene que cuando interfiere, a nombre del gobierno, en la disputa legal entre “La República” y El Comercio por la administración comercial del diario “Correo”, lo hace para elevar el nivel del debate. Para elevarlo, dice, a nivel continental. Un tema que se originó en el nivel más bajo de las pasiones, en el despecho y la ira de un empresario que perdió un negocio, quiere ser elevado ahora a los altares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué?
Desde que Gustavo Mohme, el director de “La República”, perdió la apuesta, sus aliados han hecho esfuerzos denodados por elevar el nivel de la rencilla: la demanda judicial estuvo a cargo de un grupo de periodistas; pronto el presidente Humala tomó partido a favor de ellos. Y ahora, el único ex primer ministro que no se ha mostrado crítico a las formas de manejo de la primera dama afirma que solicitará la opinión consultiva de Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso porque le preocupa la libertad de expresión en el Perú.¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Jiménez le pone tanto énfasis al carácter continental de la opinión de la corte en este tema?
Si Gustavo Mohme, el perdedor, hubiera tenido razón, habría apelado, inmediatamente, al Indecopi o a la Conasev, que son los organismos encargados de regular la competencia entre las empresas de nuestro país. Pero ni siquiera lo intentó. No agotó esa vía. En cambio, tomó el camino de la política, aprovechando viejas disputas entre periodistas.
Sinceramente, creo que debemos sospechar. Esta movida no solo puede cargarse con la libertad de prensa en el Perú, a través de una ley de medios que termine regulando los contenidos –cosa que, maquillada, ya ha sido propuesta en el Congreso– sino que, además, podría estar orientada a sanear los zarpazos contra la prensa independiente en Argentina, Ecuador y Venezuela.
Jiménez dice que es un liberal del siglo XIX pero, a la vez, es incapaz de calificar al gobierno de Maduro como la dictadura que es; con gesto adusto, como si fuera un intelectual abrumado por los conocimientos, asevera que lo que ocurre en Venezuela es “un problema de respeto de los derechos y de intolerancia a las minorías”. Y se refiere a María Corina Machado como la “ex diputada” venezolana. Tal y como la llaman los chavistas en ese castigado país.
No podemos distraernos. Ya lo vivimos. Los periodistas que apoyaron las “reformas” del dictador Juan Velasco Alvarado se convirtieron en los directores de los medios que él expropió.
Pues bien, sigamos a Jiménez y llevemos el debate a nivel continental. Pero que participen los periodistas argentinos, ecuatorianos, venezolanos, que también están sufriendo el embate de quienes gobiernan sus países. Este tema no les compete solo a los periodistas que trabajan en los medios involucrados en el Perú, es un tema de todos. Velasco comenzó robando los periódicos, pero terminó haciendo lo mismo con la radio y la televisión.

Por Fabiola Valle- Diario Perú21
El presidente regional de Áncash, César Álvarez, encabezaría una organización criminal integrada por 16 personas, según un informe de la Procuraduría Anticorrupción, que está en manos de la Fiscalía Anticorrupción del Santa desde el último 5 de mayo y al que Perú21 tuvo acceso.
La cúpula estaría conformada por el alcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas; los congresistas Heriberto Benítez Rivas y Víctor Crisólogo Espejo; el abogado Rodolfo Orellana Rengifo; el empresario Martín Belaunde Lossio, y Jorge Burgos Guanilo, encargado de la imagen del titular ancashino.La autoridad regional –señala el documento– habría autorizado “el empleo de sicarios para amedrentar y/o eliminar a sus adversarios políticos, denunciantes o testigos de los hechos criminales y habría utilizado a testaferros para ingresar dinero mal habido a la economía (…) simulando no tener ningún bien registrado a su nombre”.
De igual forma, añade el escrito, “habría dispuesto la compra de periodistas y el soborno de autoridades policiales, fiscales y judiciales para garantizar su poder e impunidad”.
[César Álvarez apoyó a Ollanta Humala en la campaña de 2011]
En el documento, la Procuraduría solicita a la Fiscalía Provincial Anticorrupción del Santa que se pronuncie sobre su pedido de ampliación de la investigación preparatoria del 23 de abril pasado.
Para los abogados del Estado, Álvarez debería ser procesado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, interceptación telefónica, peculado doloso, cohecho pasivo propio y encubrimiento personal.

LOS DETALLES
El informe señala que esta presunta red criminal habría tenido como objetivo asegurar la permanencia de Álvarez en el poder (reelección de 2011) “valiéndose de la organización del gobierno regional para apropiarse y disponer ilegalmente de fondos públicos y obtener dinero ilícito de las coimas, diezmos y demás actos de corrupción vinculados a millonarias obras públicas”.
[Caso Áncash: Ramos Heredia, Peláez y Benítez también en la mira]
Agrega que el objetivo de esta organización, que operaría desde el año 2009, habría sido cometer actos de corrupción a través del cobro de dinero a empresarios que postulaban a licitaciones de millonarias obras públicas.
“Parte de ese dinero habría sido destinado para comprar líneas editoriales de medios de comunicación locales a los que se suministraba de información, incluso obtenida por medio de intercepciones telefónicas,con el objetivo de desprestigiar a los opositores de la gestión del presidente regional y para sobornar a autoridades vinculadas al sistema de administración de justicia como policías, fiscales y jueces, quienes habrían tenido como rol impedir, obstaculizar y archivar las investigaciones o procesos judiciales contra los miembros de la ‘mafia’”, se indica.
La hipótesis incriminatoria señala que, para cometer los presuntos actos ilícitos, la organización criminal procuraba contar con un soporte político, mediático, judicial y coactivo, representado por congresistas, alcaldes, dueños de medios de comunicación, periodistas, policías, auxiliares jurisdiccionales, fiscales y jueces, seudodirigentes sindicales y sicarios, a efectos de garantizar impunidad por las vías del soborno, amedrentamiento o el asesinato de opositores.
Además, menciona que esta organización habría contado con testaferros (familiares, empleados o personal de confianza).
VÍNCULOS CON SICARIOS
El documento detalla que la red ilícita también tendría vínculos con sicarios que servirían para amedrentar y asesinar a sus opositores políticos o a quien se atreviera a denunciar o testificar los actos delincuenciales de la organización y que, finalmente, se habría valido de cómplices para ingresar el dinero mal habido a la economía a través de depósitos de dinero en cuentas bancarias y adquisición de bienes muebles e inmuebles.
[Áncash: Balean camioneta en la que viajaba opositor de César Álvarez]
‘LA CENTRALITA’
El escrito también hace mención a ‘La Centralita’, que habría sido un lugar que servía a la organización criminal como un sitio de ‘chupuneo’ teléfonico y de operaciones para coordinar, diseñar y ejecutar las acciones ilícitas destinadas a la permanencia, protección y/o reforzamiento del poder de Álvarez.
Específicamente, este local habría servido para sostener reuniones y coordinar la línea editorial de determinados periodistas de medios televisivos y radiales locales, con la finalidad de exaltar la imagen del presidente regional y desprestigiar a las personas que cuestionen su labor.
La Procuraduría consideró el testimonio de Juan Carlos Barrios Ávalos (presunto excolaborador en ‘La Centralita’). “(…) Creo que al último que seguimos fue a unos empresarios que llegaron a Chimbote, que iban a declarar en contra del doctor Heriberto Benítez en tiempo de campaña. Me acuerdo que llegó la orden de Heriberto. ‘Saben qué, sigan a esa gente’, los seguimos en un carro chico. Llegamos a canal 41 y nos dimos (cuenta) de que había dos camionetas y nuestro tema era seguirlos y verlos… dónde se hospedaban y cuándo se iban a retirar, ya el presidente regional (dijo): ‘Sabes qué, intervén a esa gente, hay que atentar contra ellos’”.
Y agregó: “Benítez y Álvarez tienen gente, tienen delincuentes de alto vuelo… porque ya no es la primera vez, ya tenemos un atentado contra el hijo del señor Nolasco, que también todo fue planeado, porque inclusive a mí me presentaron al cabecilla de eso…”.
REACCIONES
Consultado por Perú21, Heriberto Benítez negó tajantemente formar parte de una organización criminal. “El procurador Christian Salas está realizando una acusación gravísima y falsa que tendrá que demostrar; de lo contrario, tomaré acciones legales en su contra. Los funcionarios de la Procuraduría están desesperados porque no encuentran ningún acto delictivo y están acusándonos de cualquier delito. Nunca he entregado información ilícita a nadie ni he sacado provecho de mi cargo de congresista. No he cometido ningún acto irregular”, enfatizó el parlamentario.
[Caso Áncash: Comisión de Ética abrirá investigación a Heriberto Benítez]
Este diario llamó insistentemente al congresista Crisólogo para conocer su respuesta a estas imputaciones, pero no respondió. Voceros de Álvarez dijeron a Perú21 que, por ahora, no dará declaraciones. En tanto, el jefe de prensa del alcalde del Santa, Jhon Honorio, indicó que el burgomaestre no se encuentra en su despacho y es imposible ubicarlo porque constantemente cambia de número telefónico.
PODRÍAN SEPARAR A BENÍTEZ
La situación de Benítez es complicada también en su bancada. El vocero de Solidaridad Nacional (SN), Gustavo Rondón, anunció que evalúan la posible separación del congresista luego de que la Comisión de Ética acordara abrirle investigación por ‘La Centralita’.
“Al inicio no faltaron ganas de separarlo por la defensa abierta que hizo de Álvarez, pero fuimos ecuánimes y consideramos que no se le había probado nada y hubiéramos hecho mal en separarlo entonces. Sin embargo, ahora Ética consideró abrirle una investigación y vamos a valorar este nuevo escenario”, expresó.
Añadió que no blindarán a Benítez y abogó porque se investigue “hasta las últimas consecuencias”.La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Santa, Nancy Moreno, informó que las rotaciones de fiscales dispuestas por el exfiscal José Peláez, a dos días de dejar su cargo, no forman parte de la propuesta que ella entregó.
Moreno dijo al Diario Chimbote que propuso el cambio provisional, pero en las resoluciones publicadas en El Peruano solo se hace mención a rotaciones de fiscales titulares.
“No se trata de la relación que enviamos a Lima la semana pasada, en la que se ha recomendado a un grupo de profesionales para que asuman algunas fiscalías provinciales”, sostuvo.
CASO NOLASCO
Linda del Valle, abogada de Fiorela Nolasco, pidió a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa del distrito judicial de Huara que investigue el asesinato del exconsejero Ezequiel Nolasco, las declaraciones del presidente regional César Álvarez y del alcalde Luis Arroyo.
También de los asesores del presidente regional de Áncash, Jorge Burgos y José Carmen Ramos, y al prófugo sicario Rubén Moreno Olivo, ‘Goro’.
El objetivo de estas diligencias es conocer dónde se encontraban el día del asesinato y cuál era su relación con la víctima.
Del Valle solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones en un radio de 15 cuadras a la redonda del lugar del asesinato de Nolasco, doce horas antes y doce horas después del crimen. La abogada señaló que aún no hay ningún avance de su pedido.

Los limeños deben sentirse orgullosos por la construcción del Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, pues mejorará su calidad de vida, permitirá ahorrar tiempo y pondrá a la capital al nivel de las más modernas ciudades latinoamericanas, afirmó el presidente Ollanta Humala.
Sostuvo que este tramo beneficiará a más de un millón y medio de limeños, en especial a los que viven en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país.
Resaltó que las obras del segundo tramo se hayan entregado cinco meses antes del plazo previsto, porque permitirán que los usuarios inviertan menos horas para trasladarse de un lugar a otro, lo que redundará en más tiempo para dedicarlo a la familia, al trabajo o a los estudios.
Este proyecto favorecerá a toda la población de Lima, al proporcionarle un sistema de transporte masivo, rápido, puntual, moderno y seguro, aseveró.
Infraestructura
Indicó que la inauguración de este megaproyecto es un aliento al Gobierno para seguir trabajando en las obras que el país necesita, de manera eficiente y transparente.
“Esta obra mejora la calidad de vida de Lima, la pone como tiene que ser: una ciudad moderna, competitiva con otras ciudades de la región latinoamericana. Este tipo de obras nos hace sentir orgullosos, que seguimos avanzando; esto es por Lima, para Lima y de Lima.”
Mencionó otros grandes proyectos de infraestructura que realiza su gobierno, como la Longitudinal de la Sierra, que permitirá articular la columna vertebral del Perú, que son los Andes, así como la construcción de vías de penetración transversal.
También, la tercera etapa del proyecto Chavimochic, que ampliará la frontera agrícola en más de 60,000 hectáreas, y otras obras como Majes Siguas II y Pampas de Ilo.
“Como Gobierno vamos a seguir trabajando en los megaproyectos, de manera transparente, de tal forma que la población se beneficie y se puedan mostrar las cuentas claras.”
A la ceremonia de inauguración asistieron el jefe del Gabinete Ministerial, René Cornejo; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes; el director de Contrato del Consorcio Metro de Lima, Carlos Nostre, y alcaldes.
Inversión y empleos
Las obras del Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima demandaron una inversión de 900 millones 610,620.14 dólares y generaron más de 5,000 puestos de trabajo en la zona.
“Esta nueva forma de transporte rápido, masivo, seguro, ecológico y tranquilo mejorará la calidad de vida de la población”, resaltó el titular de Transportes, Carlos Paredes.
Destacó que los trabajos fueron ejecutados en tiempo récord (32 meses, cinco antes de lo previsto).
Recorrido
El Presidente Humala recorrió las diez estaciones del segundo tramo: El Ángel, Presbítero Maestro, Caja de Agua, Pirámide del Sol, Los Jardines, Los Postes, San Carlos, San Martín, Santa Rosa y Bayóvar.
En la estación Bayóvar, el Gobernante encabezó la ceremonia de recepción de las obras civiles y electromecánicas del Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, que tendrán una vida útil de cien años.
Toda la Línea 1 permitirá vincular Villa El Salvador con San Juan de Lurigancho en 50 minutos.
Fuente: Diario Oficial El Peruano.

La Iglesia venezolana recuperó el control de la Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR), tras nombrar como nuevo rector al sacerdote Carlos Boully. Lo indica la resolución 0128 publicada en la Gazeta Oficial 40.405, del 6 de mayo, en la cual el ministro de Educación Superior, Ricardo Menéndez, designó al rector de la UCSAR.
Lo indicaron anoche medios locales asegurando que en la entrega de la universidad tuvo un papel importante la gestión del actual nuncio apostólico, Aldo Giordano, justamente antes del viaje del actual secretario de estado del Vaticano, Pietro Parolín, que según fuentes del Gobierno debería ser inminente. 
Desde el 2004, existe la controversia debido a que el ex rector y ex sacerdote Martín Zapata, había modificado los estatutos de la fundación que administra la universidad. De hecho logró así controlar la misma hasta que falleció en el 2012. El nuevo rector fue Alí Ramón Rojas.
La arquidiócesis de Caracas inició una acción legal para recuperar el control de la institución, sin lograr avances. La UCSAR fue fundada en 1999 transformado las instalaciones de uno de sus seminarios.
La Conferencia Episcopal de Venezuela solicitó diversas veces al Gobierno la devolución de la misma. Y ahora ha trascendido que incluso el mismo Papa Francisco solicitó al presidente Nicolás Maduro, cuando fue recibido el año pasado en audiencia en el Vaticano, avanzar en el tema.
Fuente: Agencia de Noticias Zenit.
Picotazos
Por Aldo Mariátegui- Diario Perú21
¿Qué habrán pensado los caviares de la exPUCP al enterarse que la Iglesia ha recuperado en Venezuela a la Universidad Católica Santa Rosa, también usurpada? Y ese claustro les fue devuelto nada menos que por Maduro, a petición del Papa Francisco. Ya este mismo Papa acaba de nombrar una comisión de obispos para definir de una vez la propiedad de la exPUCP. Los caviares por eso han retirado la candidatura de Pepi Patrón, que encabeza allí la corriente maximalista anticlerical junto a Iván Meini, y apuestan por la fujimoristoide reelección de Marcial Rubio para tratar de retener el dominio. Además, cuentan con la facción caviar del gobierno (Figallo, Eda Rivas, Jiménez Mayor, Pulgar Vidal), que son chocheras de Nadine, como aliados. ¿Ollanta actuará como Maduro o se irá a la guerra contra el Papa por los caviares? ¿Sumará otro enemigo más?

Chi sono io per giudicare se l’Università cattolica di Lima è cattolica?
Di Matteo Matzuzzi- www.ilfoglio.it
Il caso sembrava essersi chiuso definitivamente nell’estate del 2012, quando l’allora segretario di stato, il cardinale Tarcisio Bertone, decretò che all’Università cattolica del Perù dovessero essere revocati i titoli di “pontificia” e “cattolica”. Ora, a quasi due anni di distanza, il dossier viene riaperto direttamente del Papa, che ha nominato una commissione cardinalizia incaricata di risolvere il conflitto tra Roma e l’ateneo di Lima. Il provvedimento di Bertone giungeva al termine di un lungo periodo di trattative e negoziati tra il Vaticano e le autorità accademiche peruviane, i cui esiti sono stati fallimentari. All’origine di tutto, il rifiuto dell’ateneo di Lima di adeguare i suoi statuti alla costituzione apostolica Ex corde ecclesiae promulgata da Giovanni Paolo II nell’agosto del 1990 che regolamenta il comportamento che è tenuta ad avere un’università che si fregia del titolo di pontificia e, soprattutto, di cattolica. Indicazioni sempre disattese, chiariva il decreto della Segreteria di stato, al punto da aver arrecato un “grave pregiudizio all’interesse dalla chiesa”. Da più di vent’anni Lima era invitata ad attenersi a quanto disposto da Roma, senza alcun risultato. Anzi, il rettore dell’ateneo inviava in Segreteria di stato ben due lettere in cui manifestava “l’impossibilità di attuare quanto richiesto, condizionando la modifica degli statuti alla rinuncia da parte dell’arcidiocesi di Lima al controllo della gestione dei beni dell’università”. Veniva così tirato in ballo il governo pastorale del cardinale arcivescovo Juan Luis Cipriani, conservatore e membro dell’Opus Dei, che nel frattempo –in qualità di Gran cancelliere dell’ateneo– sospendeva dall’insegnamento diversi teologi a suo giudizio troppo vicini alla Teologia della liberazione insegnata in quelle aule da Gustavo Gutiérrez. Un provvedimento inusuale, al punto che il prefetto della congregazione per la Dottrina della fede, Gerhard Ludwig Müller, provvedeva già nel 2012 –regnante Benedetto XVI– a sospendere la disposizione di Cipriani, ordinando il reintegro dei teologi e la riproposizione dei corsi nel programma ufficiale. Non è un caso, che nei mesi successivi, l’arcivescovo di Lima abbia più volte attaccato il capo dell’ex Sant’Uffizio, definendolo “un ingenuo” e troppo vicino alla Teologia della liberazione. Per far luce sulla situazione di quello che pur sempre era uno dei principali atenei cattolici dell’America latina, già tre anni fa, nel 2011, Joseph Ratzinger aveva autorizzato una visita apostolica affidata al fedelissimo Peter Erdo, arcivescovo di Budapest.
Il punto da chiarire riguardava la ragione della “ribellione”: c’era di mezzo solo la gestione dei beni, o piuttosto si trattava del rifiuto dell’Università ad accettare l’autorità di Roma? Il lavoro di Erdo diede pochi frutti, anche perché il conflitto tra le parti continuava a mantenersi su toni accesi. Eppure, Francesco ha deciso di affidarsi ancora alla mediazione del presule ungherese, uno dei tre cardinali incaricati di trovare “una soluzione consensuale definitiva” alla vicenda. Insieme a lui, lavoreranno il cardinale canadese Gérald Cyprien Lacroix, arcivescovo di Québec, e l’arcivescovo di Santiago del Cile, il cardinale Ricardo Ezzati Andrello. Questi ultimi due sono porporati di nomina bergogliana, avendo ricevuto la berretta lo scorso febbraio. Rimane fuori, invece, il cardinale Cipriani, il più incline a usare il pugno di ferro nei confronti dell’Università refrattaria ad adeguarsi alle disposizioni romane. L’obiettivo della commissione è di evitare un inasprimento della contesa, che nelle ultime settimane ha registrato nuovi momenti di tensione: nonostante il decreto di Bertone, infatti, l’ateneo continua a definirsi cattolico e pontificio, tanto che –stando a quanto riportato dalla stampa peruviana– la nunziatura si era detta pronta ad adire le vie legali, scavalcando anche le normali procedure canoniche.

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¿Puede reelegirse Villarán?
Por Alfonso Baella Herrera- Diario Expreso
La alcaldesa Susana Villarán no anuncia aún su candidatura a la reelección. Pero parece descontado que lo hará. Su campaña, sin duda, buscará generar la dicotomía y la polarización con Castañeda que, mudo y, casi sin mover un dedo, aparece sólo y muy arriba en las encuestas. Pero ¿tiene posibilidades de reelegirse?
Antes quiero señalar que no voté por Villarán en el 2010, lo hice por Lourdes Flores. Y en marzo del 2013, estuve a favor, como el 48.1 de Limeños, de revocarla. Creo además que Villarán ha sido incapaz en el manejo de la capital. Sin embargo eso no me limita para analizar si tiene, en verdad, posibilidades electorales.
Si uno repasa la última encuesta de Ipsos – Apoyo (http://bit.ly/1iWGqdR) comprobará que la percepción de su gestión acaso sea una de las peores que recuerdan los limeños; sólo 4% votaría por ella, 71% jamás lo haría y su voto más duro apenas es de 3% frente al 37% del ex burgomaestre cuya intensión de voto llega a 49%. Villarán de la Puente tiene 19% de aprobación de su gestión, lo que no parece suficiente para cambiar ni, mucho menos, invertir los números. Así las cosas ¿Por qué ella y quienes la rodean abrigan la esperanza que sí puede reelegirse? Hay, desde mi punto de vista, por lo menos tres condiciones que la pueden favorecer.
La primera tiene que ver con su propio carácter. Villarán, tiene muchos defectos pero tiene una característica importante, es treja, lucha y sabe esperar. Lo demostró en el 2010 y en la revocatoria. Cierto que en ambos hubo condiciones facilitadoras que fueron otorgadas por sus principales oponentes pero supo colocarse y conseguir resultados políticos. No en vano su slogan ahora subraya: “vale la pena luchar…”
La segunda es que está en el poder, y eso le da una ventaja, porque maneja recursos, intereses y expectativas –que se pueden convertir en recursos- de manera que es posible que su campaña sea, en inversión publicitaria y en despliegue de maquinaria mediática, por lo menos igual sino superior a una campaña presidencial.
La tercera condición es lo que para algunos constituye una desventaja; su 4% versus el 49% del puntero. Ese porcentaje es, en verdad, ideal porque está tan abajo que cualquier cambio sólo puede ser para arriba y eso, en campaña, alienta; e inteligentemente manejado puede magnificarse. Mientras que en el otro lado caer tan sólo unos puntos, por efecto de la gravedad electoral o por errores propios, podría tener el efecto paralizante de un cataclismo poniendo los nervios de punta a quienes hoy parecen relajados mirando al rival por sobre el hombro.
Dicho esto es evidente que Villarán puede volver a ser gobierno municipal y por eso quienes quieren ser alternativa deberían ofrecer no sólo obras sino confianza, certidumbre y presunción de veracidad que puede ser su punto más débil. A los vecinos nos queda reflexionar. El voto nos da el poder, por lo tanto debemos ejercerlo con responsabilidad.
Futuro de Petro en el Consejo de Estado
Por Natalia Herrera Durán- Diario El Espectador
Gustavo Petro sigue en jaque. Sabe que esta semana la justicia lo podría dejar de nuevo por fuera del cargo. Volvió al Palacio Liévano el 22 de abril (después de haber estado un mes por fuera), gracias a una tutela que presentó un ciudadano y que falló la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá. La decisión le ordenó al presidente Juan Manuel Santos restituirlo en menos de 48 horas, al considerar que se debieron acatar las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado al alcalde, el 19 de marzo, para proteger sus derechos políticos.
Pero esta semana habrá decisiones judiciales en las altas cortes alrededor de su caso que definirán los alcances de las últimas movidas de quienes lo quieren fuera del cargo y de quienes quieren que termine su período como alcalde mayor de Bogotá. El Consejo de Estado tiene cinco días hábiles para determinar si le otorga medidas cautelares al mandatario, mientras se pronuncia de fondo sobre una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que él interpuso, y cuya respuesta puede demorarse más.
El tema le tocó por sorteo al magistrado de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Gerardo Arenas Monsalve. El mismo que ha argumentando que al alcalde se le vulneró el debido proceso con el fallo de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por 15 años. Él fue uno de los que salvó su voto cuando en la misma corporación revocó las 23 tutelas que inicialmente habían suspendido los efectos de la destitución.
Por eso los petristas ven con esperanza que Arenas sea el encargado de otorgar o no las medidas cautelares a Petro, porque de ser así se suspendería la sanción hasta decidir sobre la nulidad, y aseguraría, al menos en los tiempos jurídicos, que finalice como alcalde. Sin embargo, Arenas también estudia un concepto de la Procuraduría frente a la solicitud de medidas cautelares, radicado el pasado 2 de mayo. El documento señala que no existen méritos para concederlas porque al alcalde se le habría respetado el debido proceso y resuelto todos los recursos interpuestos.
En ese fuerte pulso, de llegar a perder, Petro quedaría a la deriva de otra decisión judicial que pronto deberá resolver la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, encargada de revocar o no el fallo de tutela que lo devolvió al puesto.
Una sentencia que impugnó el procurador general, Alejandro Ordóñez, y el presidente Juan Manuel Santos. El Ministerio Público radicó su apelación el 25 de abril, argumentando que el fallo de primera instancia indujo a un error al presidente, porque interpretó de forma indebida e incorrecta el marco jurídico alrededor de las medidas cautelares que otorgó la CIDH.
Además, porque las medidas se le reconocieron a Petro y no a sus electores, razón por la cual el promotor de la tutela carecería de legitimidad para solicitar el cumplimiento de las medidas a favor del alcalde. En esa misma orilla, la Presidencia mantuvo el argumento con el que hizo efectiva la destitución de la Procuraduría: las medidas cautelares de la CIDH no son vinculantes. En este escenario, también por reparto, el estudio de las apelaciones le correspondió al magistrado Ariel Salazar Ramírez, quien desde el pasado martes cuenta con 20 días para definir si confirma o revoca la tutela del Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, debido a la trascendencia del caso, podría tardar menos.
En caso de que se deje en firme la tutela, poco importaría la suerte de los demás procesos que cursan en la justicia colombiana. Las medidas cautelares de la CIDH se mantendrían hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (superior de la Comisión) decida de fondo sobre la demanda interpuesta por Petro ante el Sistema Interamericano. Esto a no ser que exista antes una decisión de fondo en la justicia colombiana que tumbe la destitución del Ministerio Público, como la nulidad que pide Petro.
El Espectador consultó fuentes en este alto tribunal que sostienen que la Corte Suprema acogería los argumentos de las impugnaciones presentadas por Santos y Ordóñez y, por lo mismo, revocaría el fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Por lo pronto, este enredo jurídico, cada vez con menos salidas, podría dejar una vez más por fuera del Palacio Liévano a Gustavo Petro. Sobre todo si esta semana el Consejo de Estado no le otorga las medidas cautelares. En ese apocalíptico escenario para la administración de la ciudad, probablemente reasumiría como alcaldesa encargada la secretaria de Hábitat, María Mercedes Maldonado.