Por Ricardo Uceda/Infos/Revista Poder
Para comenzar, el acuerdo nunca se hubiera firmado si la empresa que compró Tintaya, la australiana Broken Hill Proprietary (BHP), no hubiera tenido los peores antecedentes. En el mismo momento que se hacía cargo de la mina, en 1996, empezaba a ser acusada de uno de los mayores desastres ecológicos causados por la actividad minera en el mundo. Durante 20 años había vertido 200 mil toneladas de desechos y roca cupríferos al río Ok Tedi, en Papúa Nueva Guinea, destruyendo la ecología de la selva tropical y devastando 120 aldeas, cuyos 50 mil habitantes ya no podían dedicarse a la pesca ni a la agricultura. Así, mientras los reclamos de las comunidades de Tintaya empezaban a ser más amplios, la firma afrontaba una campaña mundial en su contra, con peces muertos que eran dejados en las gradas de sus oficinas en Melbourne.
Llegado el 2000 BHP no sabía qué hacer con su mina de cobre en Oceanía, pues aún cerrándola los sedimentos depositados en el río destruirían las selvas por 40 años más. Un año después cerró el yacimiento y transfirió sus acciones a un fondo de desarrollo de Papúa Nueva Guinea. Fue por entonces que se inició un esquema inédito de conversaciones con las comunidades de Tintaya. Tenía otro socio, la británica Billiton, con la que se había fusionado. Mientras en otra parte del mundo se iba con el rabo entre las piernas, en el Perú empezaba una historia auspiciosa, sin pecado original, inflada de esperanzas. Hasta las ONG críticas de sus primeros años en el Cusco lo reconocían. Ese fue el contexto en el que firmó un acuerdo con la Municipalidad de Espinar para entregarle a la provincia el 3% de sus ganancias.
Para muchas de las comunidades, la historia había comenzado mucho antes. Lo más importante de los inicios fue cuando el Estado les quitó sus tierras.
POR UN PUÑADO DE SOLES
Solo en la forma pudo llamarse expropiación. Ciento veinticinco familias de la comunidad campesina de Tintaya Maquiri debieron ceder sus tierras al Estado a cambio de un equivalente a US$3 por hectárea y ocupación laboral que no se dio. Esta suerte de confiscación comprendió 2,368 hectáreas ubicadas a 4,100 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Espinar, a 250 kilómetros tanto de Cusco como de Arequipa. Se sabía que estos predios contenían cobre desde 1917, pero después de que el yacimiento pasara por varias manos recién en 1971 Minero Perú lo asumió para encargar el estudio de factibilidad. En 1981 se decidió la expropiación y en 1985 la empresa inició sus operaciones. Hacia 1990 era la segunda en importancia, después de Southern y sobre Cerro Verde: al año producía unas 60 mil toneladas de cobre fino en concentrados. Ese año, precisamente, se produjo la primera revuelta.
Crimenes de lesa humanidad
Por José Clemente- Diario Perú21
El mayor en retiro del Ejército Antauro Humala no será reincorporado a la institución de la que fue dado de baja en 1997, luego de que la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima rechazara su demanda para ser repuesto en la entidad castrense.
En la resolución firmada por los vocales Vera Lazo, Gonzales Barrón y Cabello Arce, a la que tuvo acceso Perú21, se concluyó que Antauro Humala fue pasado a retiro el 23 de diciembre de 1997 por sus antecedentes disciplinarios, decisión que no fue impugnada por el demandante.
En sus 13 años como oficial, Humala acumuló amplios antecedentes disciplinarios de sanciones y arrestos, como formar un grupo militar etnocacerista, desobedecer a sus superiores y causar accidentalmente la muerte de personal de tropa, según registra su legajo militar, el cual fue revelado por este diario el 9 de marzo del presente año.
Uno de los considerandos del fallo judicial refiere que mediante la Ley N° 28805, publicada el 19 de julio de 2006, se autorizó revisar excepcionalmente los ceses militares y policiales solo por causas ajenas a la institucionalidad, como abusos o arbitrariedad, que no fueron el caso del citado demandante.
La defensa de Humala había argumentado que la Resolución Ministerial N° 1193-DE/EP de 1997, que dispuso su pase a retiro por renovación, no expuso las razones de hecho y derecho. Todo esto pese a que sus antecedentes disciplinarios demostraban lo contrario.
Actualmente, Antauro Humala cumple una condena de 19 años en la Base Naval del Callao tras los sucesos del ‘Andahuaylazo’ del 1 de enero de 2005, en los que murieron cuatro policías.
En el 2007, el hermano menor del presidente de la República había planteado dicha demanda ante el Noveno Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo.
NI GRADO NI HONORES
La Tercera Sala resolvió no solo rechazar la reincorporación de Humala en el grado de coronel del Ejército, sino también le negó que tenga honores, grados y remuneraciones, según lo pretendido en su demanda.
Argumentó, asimismo, que “por mandato expreso del Tribunal Constitucional, el pase a retiro por causal de renovación no puede ser revisado por los vicios o defectos de procedimiento que lo hubiesen afectado”, además que “estaba supeditado exclusivamente al acto discrecional del presidente de la República (en ese entonces, Alberto Fujimori)”. Humala fue separado de las filas del Ejército cuando tenía 34 años de edad.