VRIN e INDECOPI organizan curso de Patenta UNIVERSIDAD 2017

El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, conjuntamente con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) organizaron el programa Patenta UNIVERSIDAD 2017 cuya capacitación se dio del 22 al 24 de mayo en el auditorio y en el laboratorio, de las facultades de Psicología e Ingeniera Electrónica e Informática respectivamente.
Este programa tiene la finalidad de fortalecer y dar a conocer a nuestros estudiantes, docentes, temas relacionados a la propiedad intelectual, el sistema de patentes, las bases de datos gratuitas de patentes de las plataformas más importantes del mundo: Base de datos Espacenet (Europa), USPTO (Estados Unidos) y Base de datos Latipat (América Latina), entre otros, la capacitación estuvo a cargo del Sr. Jhon Carlos Ríos, especialista de la dirección de invenciones y nuevas tecnologías de INDECOPI.
La inauguración estuvo presidida por el Dr. Carlos Napoleón Tello Malpartida, Vicerrector de Investigación, Dr. José Livia Segovia, Decano de la Facultad de Psicología, Dr. Justo Pastor Solís Fonseca, decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática, Dr. José Urquizo Maggia asesor del Vicerrectorado de Investigación, y tuvo la afluencia de asistentes entre docentes, estudiantes, y público en general.
Fuente: VRIN UNFV.

El Ministerio Público anunció​ en su cuenta de Twitter, que el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez​ ​se reunirá próximament​e con​ el exfiscal suizo, Stefan Lenz. ​Añadió que las coordinaciones ​”d​el Basel Institute ​on Governance ​permitirán que Lenz brinde servicios de consultoría al Ministerio Público​ en #CasoOdebrecht”​.​ ​
Por Gustavo Gorriti- IDL Reporteros
El 14 de febrero, durante una de las animadas mañanas de Ideéleradio, Glatzer Tuesta entrevistó al encargado de cooperación internacional de la Fiscalía de la Nación, Alonso Peña Cabrera. ¿El tema? Lava Jato.
A continuación, las partes más importantes del diálogo:
Peña Cabrera.- … Tuvimos [en Suiza] la oportunidad de hablar con el fiscal Stefan Lenz, que ha ayudado bastante a Brasil […] he recibido llamadas de Panamá, Colombia, Brasil y nos han preguntado: ¿cómo han podido ustedes hacer un acuerdo? […]  han querido que nosotros afinemos la estrategia de ellos para que la puedan refinar en sus propios países.
G. Tuesta.- Usted ya ha mencionado a Stefan Lenz, él ya dejó de ser fiscal y contribuyó de manera muy importante para que se [realicen] las investigaciones… ¿hay la posibilidad de que él pueda vincularse más al trabajo de…”
Peña Cabrera.- [interrumpe] Sí, puedo más o menos dar un adelantamiento [sic]. Nosotros tenemos una cooperación con el Instituto Basel of Governance y ellos tienen una filial acá en el Perú, nosotros tenemos un convenio de cooperación del año 2014. El año pasado se firmó un nuevo convenio de cooperación suscrito por el Fiscal de la Nación y creo que estamos tratando de la posibilidad de que él pueda venir a colaborar con nosotros…
G. Tuesta.- ¿El ex fiscal…?
Peña Cabrera.- …Stefan Lenz
G. Tuesta.- ¡Qué excelente sería…!
Peña Cabrera.- No, sería perfecto. Él sabe el manejo total de como se han llevado las investigaciones y como vuelvo a reiterar [sic] ayudó en su momento a Brasil, a nosotros también nos ha ayudado, hemos emitido en su momento una carta rogatoria y en marzo podemos estar recibiendo la información muy relevante para esos casos.
G. Tuesta.- ¡Ah, excelente! Ese sería un golazo, porque él conoce y ha contribuido de una manera muy importante, y ahora al no estar ya vinculado al sistema fiscal ahí puede colaborar, me imagino, más profundamente e intensamente con usted. De verdad una muy buena…
Peña Cabrera.- Sí. Nosotros estamos, Glatzer, afinando muy bien este tema y este tipo de cooperación. Lo que pasa es que no salimos en los medios de comunicación a dar este tipo de información, ¿no? Puedo decir con toda seriedad que estamos en un camino que creemos conscientemente de que la posibilidad de poder dilucidar [sic] un caso de tan grave complejidad requiere de la cooperación internacional.

Alonso Peña Cabrera. (Foto: diario Correo).
La propuesta
La posibilidad de que el legendario fiscal Stefan Lenz pudiera sumarse a la investigación peruana del caso Lava Jato era, en efecto, muy alta. Lenz, el fiscal federal que había dirigido grandes investigaciones anti-corrupción, como el caso Alstom, antes de lograr decisivos avances en el de Lava Jato en Suiza, renunció a fines de 2016 a la Fiscalía Federal suiza en protesta por la “falta de reconocimiento al trabajo” de los fiscales de su equipo.
Con la información fresca de sus recientes y exitosas pesquisas, el Basel Institute on Governance (que trabaja con Perú y varios otros países en la lucha anti-corrupción, sobre todo a través de la capacitación de jueces y fiscales en cómo recobrar el dinero robado) lo interesó en la posibilidad de asesorar al Perú. Lenz aceptó y preparó el borrador de un esquema estratégico de trabajo.
El 22 de febrero, apenas una semana después de los anuncios de Peña Cabrera por Ideéleradio, Stefan Lenz entregó al Basel Institute un documento de cuatro páginas titulado: “Propuesta de colaboración con el Ministerio Público (Fiscalía de la Nación) del Perú.
El documento, como pueden ver, fue presentado en castellano. El objetivo era que la Propuesta fuera compartida y discutida con las contrapartes del Basel Institute en la Fiscalía de la Nación.
Algunos de los puntos más importantes de la propuesta de Lenz, que recomiendo leer íntegramente, fueron:
• Que en la reunión de autoridades judiciales peruanas y suizas el 16 de diciembre de 2016, “se comprobó que los documentos confiscados en Suiza permitían al menos en parte comprender o, en su caso, demostrar los actos de soborno cometidos en el Perú…”.
• Que LenLaw (la compañía de consultoría de Lenz) “tiene un conocimiento profundo de de los elementos de prueba confiscados en Suiza, entre los que también se incluye una parte de la contabilidad B (irregular) de Odebrecht”. Gracias a ello, añadió, LenLaw no solo podría ayudar con eficiencia en la investigación peruana sino apoyar en la recuperación y repatriación de activos robados.
• El ofrecimiento de clasificar las pruebas sobre Odebrecht “confiscadas en Suiza”. Identificar a las personas implicadas “dentro y fuera del Perú’. Y, sobre todo, la “identificación y listado de cuentas relevantes para que se puedan recabar los documentos bancarios correspondientes dentro y fuera del Perú.
• Identificar las coimas de Odebrecht en diversos proyectos peruanos; a las personas que actuaron como agentes de Odebrecht; a los “receptores de dichos pagos (personas señaladas con los nombres en clave a quienes se destinaban los pagos”); a los “verdaderos receptores de esos pagos”; los “intermediarios financieros”; los “pagos efectuados en total por cada proyecto”.
En fin, siempre se puede pedir más, pero llevar la propuesta a la práctica hubiera significado un enorme avance estratégico en la investigación anti-corrupción de Lava Jato en el Perú. Así de simple. Identificar con pruebas a los corruptos, los corruptores y los montos de la cutra hubiera significado su desvelamiento y castigo.
El mismo día que el documento de Stefan Lenz fue entregado al Basel Institute, este fue reenviado por correo electrónico a la Fiscalía de la Nación en Lima.
En el documento no se menciona el pago de los honorarios por la investigación.
Pero, según ha podido averiguar IDL-R, ese mismo día se inquirió al respecto. Por un trabajo de equipo de varios meses, la compañía de Stefan Lenz [LenLaw] pedía 150 mil dólares de honorarios.
La Fiscalía de la Nación repuso que no disponía de ese dinero y preguntó al Basel Institute si ellos podían encontrar fuentes de financiación.
La propuesta en sí no se discutió.
Pasaron las semanas y luego un par de meses. No hubo ninguna respuesta ni iniciativa de la Fiscalía de la Nación. La investigación del caso Lava Jato, entre tanto, siguió avanzando con lentitud.
¿Era cierto que el Ministerio Público no tenía el dinero para pagar una consultoría de importancia decisiva para la investigación? Era falso.
El veinte de enero de este año, el Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 007, para “financiar la implementación de Fiscalías Especializadas en Delitos de corrupción de funcionarios para la investigación del caso Odebrecht, que comprende la contratación de peritos altamente especializados, servicios de traducción, viáticos, acondicionamiento de locales, equipamiento, entre otros”. El monto fue de 10 millones de soles.

Decreto Supremo 007. (Fuente: El Peruano).
El nueve de marzo, el Ejecutivo puso en vigor otro DS, el 047, aumentando 20 millones de soles más para sufragar el “incremento de la carga procesal, que comprende la contratación de fiscales, peritos y expertos, personal de apoyo fiscal, servicios de traducción, pasajes y viáticos, mantenimiento y acondicionamiento, equipamiento, entre otros”.

Decreto Supremo 047. (Fuente: El Peruano).
Hubo, como se ve, una asignación extraordinaria de casi 10 millones de dólares para el Ministerio Público, para reforzar y energizar la investigación del caso Lava Jato, ¿y resultó que dijeron no tener 150 mil dólares que hubieran muy probablemente financiado un avance decisivo en las investigaciones?
¿Se debatió siquiera la propuesta?
El Fiscal no se enteró
El viernes 21 contacté al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para saber porqué se había ignorado desde febrero la propuesta de uno de los mayores expertos mundiales en investigar lavado de dinero y corrupción. ¿No era eso una negligencia? ¿Solo lo explicaba la incapacidad o era algo más grave?
Para mi sorpresa, Pablo Sánchez me respondió que no conocía ni siquiera de la existencia de la propuesta. Que no sabía de qué se trataba ni la había visto tampoco. Que sí sabía de la petición de honorarios de Lenz, a lo que había reaccionado indicando que el Ministerio Público no tenía plata. Cuando le señalé que sí la había, repuso que eso se dio después (lo que no es exacto), pero insistió en que ignoraba la existencia de la propuesta.
Se la envié de inmediato por Whatsapp y me respondió al cabo de unos minutos indicando que el documento no estaba dirigido a él, que no había pasado por Secretaría ni tampoco por Cooperación Internacional. Es decir que, en términos burocráticos, no existió.
Según la información acreditada que tiene IDL-Reporteros, por lo menos un alto funcionario de la Fiscalía de la Nación recibió la propuesta en febrero y la recibió mediante transmisión digital. El hecho de que se la hubiera redactado en castellano y dirigido al Basel Institute fue para facilitar la discusión de esa organización especializada con la Fiscalía de la Nación.

Paul Hernandez (primero de la izquierda), gerente de la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional del Ministerio Público; Javier Palomino (tercero), secretario general de la Fiscalía de la Nación; y Pablo Sánchez (cuarto), Fiscal de la Nación. (Foto: Ministerio Público).
Pero el fiscal de la Nación solo recibió la información de los honorarios solicitados, que rechazó injustificadamente, sin tener idea de la propuesta de trabajo que lo sustentaba. Y así, como sucede con frecuencia en organizaciones con burocracias intrigantes e ineficaces, el asunto quedó en el aire y se paralizó.
Se perdieron, increíblemente, dos meses de importancia vital en la investigación. No fue la única negligencia en ese ámbito, pero sí la más grave.
Le pregunté al fiscal de la Nación qué iba a hacer ahora que conocía el contenido de la propuesta de Stefan Lenz.
“Voy a hacer que lo contacten mañana”, fue su respuesta.
Es, claro, la respuesta correcta. Acepte, rechace o modifique la propuesta de Lenz, lo menos que puede hacer, por su importancia, es discutirla a fondo.
El problema es que es una respuesta correcta con dos meses de retraso. Y alguien debiera responder por ello.

Por Manuel Romero Caro- Diario Gestión.
Esta es la historia de cómo Odebrecht (Odb) logró que el Gobierno le devolviera, una carta fianza por US$ 66.7 millones, a pesar de haber incumplido las obligaciones a las que se había comprometido en el proyecto Kuntur (K).
En mi opinión el caso que a continuación se presentará demuestra el muy elevado nivel de influencia que alcanzó Odb sobre el sector público. Logrando librarse de sus obligaciones en Kuntur, una empresa privada que asumía todos los riesgos de la construcción y operación de un gasoducto al sur y quedándose con la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) y su abusivo contrato de concesión, en el que la mayor parte de los riesgos los asumen los consumidores eléctricos (que posteriormente asume el Estado).
Como recordarán nuestros lectores la concesión del gasoducto al sur fue otorgada inicialmente a Kuntur Transportadora de Gas, propiedad de Conduit Capital Partners (fondo de inversión USA). Dicha concesión fue otorgada por solicitud de parte; por lo que no se exigía concurso público para otorgar la concesión de transporte (artículo 12 DS 081-2007-EM). Pero por esa misma razón, en esta modalidad el concesionario debía asumir todos los riesgos y no podría recibir el subsidio de los consumidores eléctricos, del que había gozado el proyecto Camisea. En sus primeros años Kuntur se dedicó a desarrollar algunos de los estudios de pre inversión del proyecto, entre ellos el Estudio de Impacto Ambiental. Posteriormente, en el 2012, Odebrecht adquiere el 100% de Kuntur, al que llamaremos Odebrecht-Kuntur.
La cláusula 2.2 del Contrato de Concesión, de fecha 06.10.2008 establecía que “El Concesionario asume la Concesión y las obligaciones del Contrato a su propio riesgo técnico, económico y financiero, y es responsable por el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones establecidas en el Contrato y en las Leyes Aplicables durante la vigencia del Contrato”. Y la carta fianza que por US$66.7 otorgara Odebrecht al MEM respaldaba el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
A pesar de lo anteriormente reseñado, Odebrecht-Kuntur, a través de la Carta Kuntur-GG-049-2010 del 04.06.2010, comunicó al MEM su interés en negociar modificaciones al Contrato de Concesión. Siendo la más significativa el otorgamiento del subsidio de los consumidores eléctricos. Lo que no pudo conseguir por no haber obtenido la concesión en una licitación o concurso.
Es en estas circunstancias que se presenta la primera de numerosas coincidencias sospechosas entre las decisiones (o ausencia de ellas) que ha ido adoptando el Gobierno y lo que le convenía a Odebrecht. Ya que “coincidentemente” el presidente Humala anunció en el Mensaje a la Nación del 28.07.12 que se convocaría a un concurso internacional para el Gasoducto Sur Peruano (GSP), que tendría la misma ruta que el de Odebrecht-Kuntur, pero que contaba con el subsidio de los consumidores. Para todo fin práctico, desde ese momento Odb-K ya estaba liquidada, pues era imposible que compitiera con un proyecto igual pero con subsidio.
Y sospechosamente, ante ese grosero cambio en las reglas del juego, Odb nunca protestó ni permitió que los gremios a los que pertenecía protestaran ante dicho sorpresivo cambio. ¿ Es que Odb ya sabía lo que le iba a deparar el futuro?
Con la Ley 29970 se estableció que para recibir los beneficios de dicha ley (subsidio de consumidores eléctricos principalmente) se requería que el proyecto debería ser licitado por ProInversión.
Con los beneficios de la Ley 29970, mediante oficio N° 002-2013-DM del 03.01.13, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicita a Proinversión (PI) incorporar al proceso de promoción de la inversión privada al proyecto “Mejora de la Seguridad del país y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”. Siendo necesario destacar dos controvertidos episodios de la licitación. El primero se refiere a que mediante Oficio N°002-2013 del 17.04.2013, PI se dirige al ministro de energía Merino para solicitarle información sobre el estado de situación del contrato de concesión de Kuntur con el Estado (100% de propiedad de Odebrecht, al que llamaremos Odb-K) . Y el MEM, en lugar de contestar en horas un asunto tan sencillo, se demora más de un año en responder. Es así que mediante Oficio N° 851-2014-MEMSG, del 30.04.2014, adjunta el Informe N° 069-2014-MEMDGH, el que concluye: 1) que el contrato de concesión de Kuntur se encuentra vigente, y 2) que “actualmente se encuentra suspendida la evaluación referida al Cronograma de Ejecución de Obras presentado por Odebrecht-Kuntur hasta la conclusión de las negociaciones y consecuente aprobación o desaprobación de la modificación solicitada”. Por lo que PI recién supo el estado de situación de Odebrecht-Kuntur 60 días antes de otorgar la buena pro, cuando ya se les había negado a los competidores de Odb algunos cambios que hubieran permitido que todos pudieran haber competido en igualdad de condiciones. De otro lado, ¿cómo podía afirmar el 30.04.2014 el MEM que la concesión de Odebrecht-Kuntur seguía vigente y suspendida la evaluación del Cronograma de Ejecución de Obras, si hacía meses que estaba en proceso la licitación para el GSP, (con la participación de Odebrecht), lo que definitivamente liquidaba a Odb-K? Inclusive el propio ministro Merino ya había anunciado que no le iban a otorgar a Odb-K lo que pedía. ¿O la idea era mantener artificialmente vigente a Kuntur para beneficiar a Odb?
Asimismo la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) tendría que haberse pronunciado acerca del cronograma de ejecución de obras, el que, de acuerdo al contrato, debía terminar 39 meses después de la aprobación de su EIA (07.06.11). Es decir en setiembre del 2014. Y como ni siquiera se habían iniciado las obras del gasoducto de Odb-K, la DGH debió declarar la caducidad de la concesión. Pero no solo no se hizo esto, sino que el MEM “suspendió” el contrato el 3 de abril del 2012 por un año, a cuya finalización en lugar de declarar la caducidad, se le volvió a renovar. ¿No resulta sospechoso que el MEM le otorgara tantas facilidades a Odb-K? Esta empresa se convirtió en inviable desde que se aprobó un gasoducto con su mismo trazo, pero con subsidio de los consumidores eléctricos (Ley 29970); y la mejor prueba de ello era la participación de Odb en la licitación del GSP.
Otra coincidencia sospechosa entre lo que decidió (o dejó de decidir) el gobierno de Humala y lo que le convenía a Odb, se presentó en la licitación del GSP, cuando el consorcio competidor de Odb solicitó, mediante carta del 09.05.14, que para estar en igualdad de condiciones, el Estado garantizara que el ganador de la licitación pudiera utilizar el EIA ya aprobado (de propiedad de Odb-K) cuyo costo sería asumido por el ganador. Sin embargo el gobierno no aceptó la razonable solicitud planteada. Si la hubiera aceptado se hubiera tenido que liquidar Odb-K, y Odb hubiera tenido que asumir el pago de la carta fianza que garantizaba el cumplimiento de sus obligaciones.
Esta negativa posibilitó que apenas Odb obtuviera la concesión del GSP, solicitara la terminación de la concesión de Odebrecht-Kuntur. La que fue otorgada mediante la RS N° 079-2014-EM. Finalizada la concesión ya no había obligaciones que cumplir. Por lo que Odb-K solicita que se le devuelva la garantía que había otorgado respaldando el cumplimiento de sus obligaciones en dicha empresa. Argumentando que la suscripción del contrato de concesión del GSP había tornado inviable técnica y económicamente la concesión de K. En otras palabras, Odb-GSP había originado la inviabilidad de Odb-K. Esto fue posible porque artificialmente el MEM mantuvo con vida a Odb-K hasta que se solicitara el fin de dicha concesión. Argumentando que el contrato del GSP liquidaba Kuntur; y que el desarrollo del GSP (al amparo de la Ley 29970) “es un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible que ha modificado sustancialmente la concesión de K”.
Es así que el “experto” Alfredo Dammert Lira, en un fallo “final e inapelable” decide que ha habido una Fuerza Mayor, y que esto originó la inviabilidad de la concesión de Odb-K. Por lo que el MEM “debe proceder a devolver dicha garantía al Concesionario”. Si bien este fallo se ejecutó durante el gobierno anterior; la documentación del caso se ha hecho pública recientemente.
Finalmente cabe mencionar que habría otra importante irregularidad, debido a que Odb-K elevó el monto de la inversión estimado a US$6,004 millones, según una carta enviada a la Bolsa de Valores de Lima (el 6 de julio del 2012), por lo que debió entregar una garantía de US$300 millones (5% de la inversión), lo que tampoco habría hecho.
De la lectura del artículo, todo parece indicar que se habrían ejecutado una serie de artificios que al final permitieron que Odb se libre del cumplimiento de sus obligaciones en Odb-K y obtuviera la concesión del GSP. La que, quizás por justicia divina, perdiera al no poder completar el cierre financiero.
Existen más coincidencias sospechosas, algunas de las cuales ya han sido explicadas en anteriores artículos. Sin embargo ya sería tarea de las autoridades pertinentes trabajar a partir de ellas.

Por Cecilia Valenzuela– Diario El Comercio.
 “Yo no tengo fotografía social con esta gente, yo no conozco al señor Marcelo Odebrecht, no conozco a Barata, nunca lo he visto en ninguna reunión”, dijo ayer en una conferencia de prensa, en la que no aceptó preguntas de los periodistas, el gobernador regional del Callao, Félix Moreno.
Y en esa afirmación Moreno no miente, la fiscalía sostiene que el gobernador del Callao recibió sobornos de Odebrecht, por un valor de dos millones de dólares, a través de intermediarios que cruzaban correos electrónicos mencionando explícitamente su nombre y el de su contacto, el empresario israelí Gil Shavit.
Claro, también dice que es inocente, que jamás recibió las coimas que aparecen en la planilla de María Lucía Tavarés, la secretaria de la gerencia de la oficina de operaciones estructuradas de Odebrecht, el departamento que esa empresa creó para llevar la contabilidad de los sobornos que pagaba en Latinoamérica. Ahí están registrados dos pagos para la Vía Costa Verde Callao en el Perú, los días 26 y 27 de marzo del 2015.
De otro lado, Moreno afirma que viajó a Brasil siete veces durante los meses en los que se aprobaron las millonarias adendas a la construcción de la Vía Costa Verde Callao, de vacaciones o para dar conferencias de medicina.
Antes de renunciar a Willax TV, encargué al periodista Óscar Quispe que investigara por qué, a partir de agosto del 2012 –fecha en la que el Gobierno Regional del Callao hizo pública su decisión de construir el tramo que une la Costa Verde con el puerto–, el gobernador de esa región se convirtió en un pasajero frecuente de las aerolíneas que vuelan al Brasil. Su movimiento migratorio registra siete viajes con ese destino entre agosto del 2012 y enero del 2015: siempre en las semanas previas a que se tomaran las decisiones sobre los contratos, las adendas con incrementos millonarios a favor de la constructora y las ampliaciones de fechas de entrega de los tramos.
Lo que la investigación de Quispe corroboró fue precisamente la forma como encajaban los pasos decisivos que se dieron para el diseño, la adjudicación y la ejecución de la millonaria obra, y luego las adendas, siempre perjudiciales para la economía del puerto del Callao, con los viajes de Moreno a Brasil y con los vicios que el gobierno regional aprobó y pasó por alto para no contrariar a la constructora. La contraloría ha determinado, por ejemplo, que la región Callao convocó a la licitación que pronto ganaría Odebrecht sin contar con la disponibilidad física del terreno, con el permiso de la municipalidad y con el de la dirección de la Capitanía de la Marina.
Pero también está demostrado que el gobernador regional del Callao aprobó, personalmente, una propuesta modificatoria del diseño original de la obra sin consultar a la empresa que realizó el expediente técnico ni pedir autorización de la contraloría, a pesar de que la modificación implicó un incremento importante al valor de una obra que comenzó costando 302 y por la que los chalacos terminarán pagando más de 470 millones de soles.
Félix Moreno aprobó que se emitieran cinco adendas al contrato, con los incrementos que cada una de ellas implicaba y que sumaron 168 millones de soles en perjuicio de la comuna chalaca, y se permitieran seis ampliaciones de plazos con los contratiempos que cada una de ellas le causaría a la población y a los usuarios del primer puerto del país.
Ahora Félix Moreno evita las preguntas de la prensa. Teme que su destino se una al de su socio, preso en Piedras Gordas, Álex Kouri; pero Moreno ya había hecho bulla a finales del 2013 cuando se descubrió que ordenó la construcción, con la plata de la región Callao, de un sauna en el Pentagonito a iniciativa de su amigo, el operador montesinista Óscar López Meneses. Y en julio del 2016 cuando fue denunciado por la fiscalía del Callao por avalar la venta del fundo Oquendo en manos de traficantes de terrenos.
Aunque Moreno se supo asociar a poderosos empresarios que lo defendían en los medios de comunicación y a exaltados “comunicadores” que jugaban sucio por él, la impunidad no dura para siempre.

Por Carlos Neyra y Alvaro Reyes- Diario Perú21.
El Ministerio Público inició el último domingo un nuevo operativo como parte de las investigaciones que realiza para esclarecer el pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios peruanos. La primera parte de las acciones concluyó con una detención y el allanamiento de diez inmuebles.
El empresario Gil Shavit es el personaje que fue capturado en una de las salas de arribo del aeropuerto Jorge Chávez. De acuerdo con fuentes fiscales de Perú21, el ciudadano israelí de 49 años había llegado ese mismo día al Perú procedente de Cuba. Pero, ¿por qué se le detuvo?
Según la resolución de la Fiscalía, Shavit fue intervenido por estar involucrado en una investigación al gobernador regional del Callao, Félix Moreno, por presuntas irregularidades en la licitación del proyecto Vía Costa Verde, entre los años 2012 y 2014. A ambos se les imputa el presunto delito de lavado de activos y tráfico de influencias.
“Se vincula la participación de Félix Manuel Moreno Caballero y el detenido Gil Shavit, amigo de la referida autoridad regional del Callao, en actos que llevaron al otorgamiento de la buena pro y ejecución de la obra Construcción de la Vía Costa Verde-Tramo Callao, a cargo de la empresa Odebrecht”, se lee en la resolución. Seguidamente, se indica que esta concesión se dio “a cambio de una suma de dinero”.
El expediente señala que la concesión del proyecto Costa Verde se otorgó a Odebrecht tras negociarla -de manera ilícita- por US$4 millones.

Reuniones y pagos

Siempre en versión del Ministerio Público, Félix Moreno y Gil Shavit llegaron a un acuerdo con la firma brasileña tras reunirse hasta tres veces con un directivo de la misma que no fue identificado.
En el primer encuentro, sostenido en diciembre de 2012, Shavit habría expresado al “funcionario 5” de la constructora (así se lo refiere en la resolución) el interés de otorgarle la buena pro de la obra.
En la segunda reunión, en el primer trimestre de 2013, en la que participan Shavit y Moreno, proponen al mismo funcionario brasileño cederle la concesión a cambio de US$4 millones, de los cuales el 60% sería para el gobernador regional y el 40% para el empresario.
Dicho monto, indica el documento, sería entregado a la autoridad chalaca a través de Luis Favre, “simulando” el pago por servicios de asesoría por la campaña electoral de 2014.
“Al investigado Félix Moreno se le habrían pagado US$2 millones en cinco cuotas de US$400 mil por intermedio de Luis Favre, los pagos se realizaron entre junio de 2014 y marzo de 2015”, se detalla.
“Al investigado Gil Shavit le habrían transferido a la offshore Cardiff Internacional Ltd, situada en la banca de Bahamas Saint Vincent and The Grenadines International Business Companies; a la que Odebrecht, con fecha 4 de junio de 2014, entregó US$350 mil por contratos de consultorías por medio de la offshore Klienfield Services Ltd”, añade el documento fiscal.
En la investigación se reseña, además, que “con fecha 16 de abril de 2015 la empresa Fincastle Enterprises Ltd (off-shore de Odebrecht) simuló un contrato de consultoría por US$410 mil a la compañía Cardiff International Ltda”. En total, al ciudadano israelí se le transfirieron US$760 mil.
La resolución suscrita por el fiscal Sergio Jiménez, quien conforma el equipo que investiga el caso Lava Jato, indica que los pagos se interrumpieron en junio de 2015, luego de que se detuviera en Brasil a Marcelo Odebrecht, máximo directivo de la transnacional que hoy se acoge a una delación premiada para reducir la pena de 19 años de prisión que se le impuso.
Otro dato importante a resaltar es que los pagos a Moreno y Shavit habrían provenido de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, a cargo del ejecutivo Fernando Migliacció Da Silva. Como es sabido, este departamento se encargaba de contabilizar y distribuir los sobornos.
De momento, Gil Shavit está detenido de manera preliminar por 24 horas. Hoy la Fiscalía tendría que solicitar al Poder Judicial la extensión de su detención en una audiencia.
Félix Moreno, por su parte, está libre. Si bien tres de los inmuebles que allanó el equipo de fiscales eran de su propiedad, sobre el funcionario no pesaba una orden de captura. Esa situación, sin embargo, puede cambiar en las próximas horas.
Perú21 intentó comunicarse con Eduardo Roy Gates, abogado de Moreno, para conocer si su patrocinado tomará acciones tras la intervención de sus propiedades. Roy Gates no contestó las llamadas.
De los diez inmuebles allanados por el Ministerio Público, tres eran propiedad de Félix Moreno: su mansión en La Molina, una vivienda en Magdalena y otra en el Callao.
Las siete propiedades restantes le pertenecen al empresario israelí Gil Shavit. No fue posible contactarse con su abogado.
La Fiscalía detalló que las investigaciones a Moreno y Shavit obedecen a los actos de corrupción que admitieron directivos de Odebrecht ante la justicia de EE.UU. Esta vez, el ex ejecutivo Jorge Barata no fue el delator.
Luis Favre negó haber entregado sobornos de Odebrecht a Moreno.

Sobornos para Félix Moreno y Gil Shavit

Por Doris Aguirre– Diario La República.
En la información proporcionada por los colaboradores eficaces de la constructora Odebrecht a las autoridades peruanas se menciona la identidad de los funcionarios brasileños que participaron en el presunto desembolso de coimas al gobernador regional chalaco Félix Moreno, su ex publicista Felipe Belisario Wermus (Luis Favre) y a su socio y amigo, el empresario israelí Gil Shavit.
Para la consumación de los pagos, señala la investigación del fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Javier Jiménez Niño, Odebrecht habría recurrido a su red de empresas “offshore” que manejaba la División de Operaciones Estructuradas, es decir, el aparato dedicado exclusivamente a cumplir con el abono de las coimas, de acuerdo con las instrucciones de los directivos y funcionarios implicados.
Moreno, Favre y Shavit rechazan haber recibido dinero de Odebrecht. Favre emitió una declaración en la que fue claro en señalar que nunca le fue entregado dinero por parte de Odebrecht.
Es más, anotó que nunca tuvo vínculo laboral con las constructoras brasileñas envueltas en casos de corrupción.
“La existencia de pagos corruptos por medio de empresas offshore se sustenta con el Acta Fiscal de Recepción de Documentos (…) en los que se registra: (a) El correo de ‘Tsarina’ a ‘Waterloo’, disponiendo el pago de US$ 200,000 de la Planilla 1 a la Planilla 2. (b) El correo de ‘Waterloo’ a ‘Tumaine’, aludiendo al pago de dos millones divididos en cuotas de 400, que serían de US$ 400,000”, señala la Fiscalía a cargo del caso.
Las autoridades brasileñas del caso Lava Jato han informado a sus pares del Perú que “Tsarina” era el seudónimo de la funcionaria de Odebrecht Angela Ferreira Palmeira; que “Waterloo” era la falsa identidad de Fernando Migliaccio Da Silva, asignado a los pagos de sobornos mediante los offshore y otras modalidades y que “Tumaine” era el sobrenombre de Maria Lucia Tavares, otra funcionaria dedicada a los pagos ilícitos de la constructora. Las dos mujeres trabajaban en la División de Operaciones Estructuradas en coordinación con Migliaccio.
Ferreira y Tavares ya entregaron toda la información a la justicia brasileña y Migliaccio, detenido en Suiza, negocia el suministro de más datos. Ellas construyeron las “planillas negras” en las que registraban los pagos ilícitos a altos funcionarios gubernamentales brasileños y extranjeros con seudónimos.

Delaciones y menciones

En la documentación suministrada por los delatores de Odebrecht se incluyen informes precisos de cómo se hicieron los desembolsos.
“(c) El extracto bancario en que aparece la disposición de fondos. La asignación de US$ 350,000 y US$ 410,000 por la obra Costa Verde Callao. (d) El pago del mencionado monto con detalle de financiamiento por consultoría a la empresa Fincastle Enterprises Ltd., que según el documento se vincula a Cardiff International. (e) La participación de la empresa Cardiff International Ltd., que tiene como beneficiario a Gil Shavit”, menciona el documento judicial con el que se autorizó el allanamiento de las viviendas de Félix Moreno y Gil Shavit.
El esquema que usó Odebrecht para repartir coimas a diestra y siniestra es el mismo que habría sido aplicado para conseguir la adjudicación de la construcción del tramo del Callao de la Costa Verde, conforme el documento fiscal.
“Los pagos indebidos a favor de Félix Moreno y Gil Shavit habrían sido gestionados por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, a cargo de Fernando Migliaccio Da Silva”, indica el informe del fiscal Javier Jiménez.
Incluso menciona que en el caso de Gil Shavit se le abonó el dinero desde la “offshore” Klienfeld Services, usada frecuentemente por Fernando Migliaccio para apoquinar coimas.
Al momento de su detención en el aeropuerto Jorge Chávez cuando llegaba de Cuba, Shavit expresó extrañeza y preguntó el motivo. Cuando le explicaron que se trataba de su relación a unos pagos de un supuesto soborno de Odebrecht, contestó a las autoridades que, efectivamente, había sostenido una relación profesional con la constructora brasileña como consultor y que probablemente los pagos estaban referidos a los servicios que prestó.
Si bien el caso de Shavit se hace referencia a que constituyó expresamente la offshore Cardiff International para recibir el dinero supuestamente de origen ilícito, los documentos no precisan cómo ocurrió en el caso de Félix Moreno.
Solo se desprende que Odebrecht habría pagado a Moreno por intermedio de su ex publicista o una empresa de este, pero no se explica si se usaron offshore o los abonos se hicieron en efectivo.El Ministerio Público pidió prisión preventiva contra el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, acusado de haber recibido US$2 millones en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht por la adjudicación del proyecto Costa Verde.
El pedido se dio luego de que Gil Shavit, supuesto nexo entre el gobernador y Odebrecht, se acogió a la colaboración eficaz y acusó a Moreno presentando pruebas en su contra, confirmaron a Correo.
“Se ha formalizado contra ambos la investigación preparatoria pero solo se pidió prisión preventiva contra Félix Moreno. Parte del acuerdo de la colaboración eficaz fue dejar libre a Gil Shavit con comparecencia restringida, impedimento de salida del país y el pago de una caución”, dijo la fuente oficial a Correo.
Como se conoce, la Contraloría de la República señaló que se han “detectado un promedio de perjuicio económico de S/50 millones” en el proyecto. La entidad de control presentó varios informes de auditoría a la Fiscalía sobre el referido proyecto vial.
Fuente: Diario Correo.

Contraloría detectó perjuicio de S/91 millones en construcción de planta de Huachipa

Tras las declaraciones del ex presidente de la República, Alan García quien criticó a su predecesor Ollanta Humala por, supuestamente, dejar de lado la planta de tratamiento de agua de Sedapal ubicada en Huachipa, la Contraloría sacó una nota de prensa en el cual señala que esta obra habría ocasionado un perjuicio al Estado de 91 millones 858 mil soles.
La comisión auditora identificó irregularidades en la suscripción del contrato, ejecución de las obras y en la etapa de operación y mantenimiento del proyecto “Lotes 1, 2 y 3– Bocatoma, Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa y Ramal Norte”.
El informe final de la auditoria identificó responsabilidades en funcionarios y ex funcionarios de SEDAPAL fue remitido a la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Sobre la suscripción del contrato, la Contraloría halló que Sedapal firmó el contrato con el Consorcio Huachipa fuera del plazo establecido y a pesar que la empresa OTV, que formaba parte del mencionado consorcio no se encontraba inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, lo que hubiera llevado a la anulación de la adjudicación y la ejecución de la garantía de 3 millones de dólares.
Asimismo, señala que la entidad autorizó el reemplazo de la construcción de dos reservorios por uno solo llamado Túpac Amaru ubicado en Comas, con el argumento de dificultades para la construcción de los mismos. Sin embargo, no existía sustento ni técnico ni legal que respaldara dicho cambio, generando un sobrecosto de 21 millones 643 mil soles.
La auditoría detectó que Sedapal no controló de forma adecuada la supervisión de la ejecución de las obras de los reboses y obras complementarias, necesarias para la realización de las pruebas de terminación que aseguran que el sistema funcione, y la puesta en marcha de las fases II y III, beneficiando al contratista por 20 millones de soles.
Por otro lado, Sedapal autorizó al contratista el inicio de la etapa de operación y mantenimiento de la Fase I pese a que no era posible porque no estaban concluidas las líneas de rebose y limpia, ni otras condiciones técnicas. A pesar que no pudo producir agua potable por 36 meses, la empresa reconoció al contratista un pago de 49 millones de soles.
A esto se agrega que el comité de recepción de Sedapal aprobó y aceptó 18 recepciones de obras parciales entre febrero y julio del 2011, sin haber verificado que estas obraran de manera correcta según el contrato. Dicha situación generó la apariencia que éstas operaban de manera satisfactoria, cuando en realidad no podía producir agua a los estándares de calidad requeridos.
Fuente: Diario Correo.

OBRAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE HUACHIPA CULMINARÍAN EN DOS AÑOS, ESTIMA JEFE DE ESTADO

Las obras de la Planta de Tratamiento de Agua de Huachipa “están a medio hacer” y se necesitarán dos años aproximadamente para que entren en pleno funcionamiento, dijo esta mañana el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, al realizar una visita de inspección a sus instalaciones.
“La planta de agua potable tiene un problema de diseño, hay un problema de disputas con los constructores (un arbitraje) y faltan las redes que van a absorber el agua”, expresó el mandatario tras recibir un informe sobre las condiciones de la obra.
Kuczynski refirió que la planta, que fue inaugurada en julio del 2011, está diseñada para tratar y procesar 10 m3/s, pero actualmente solo procesa 1.5 m3/s, cuando la población de Lima consume 25 m3/s.
“Hay que terminar la planta, porque son cinco etapas más abajo, y esos reservorios se tienen que construir, es una obra que está a medio hacer”, indicó.
Durante el recorrido, el jefe del Estado fue informado sobre los problemas que presenta la planta. Así, debido a los daños en la infraestructura sanitaria a causa de los desbordes del río Huaycoloro, en la quincena de marzo se activó el seguro por el siniestro, el cual se encuentra en evaluación.
En referencia a las averías reportadas, el presidente Kuczynski dijo que se debe investigar, “pero lo más importante es terminar bien la planta, darle los 10 m3/s para la cual está diseñada”.
La Planta de Tratamiento de Huachipa se divide en tres componentes: la bocatoma, la planta de Tratamiento de Agua y el Ramal Norte. Esta obra beneficia a cerca de 500 mil personas de los distritos de Comas y Carabayllo.
El jefe del Estado realizó la inspección acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala; los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo; y Energía y Minas, Gonzalo Tamayo; así como del presidente del Directorio de Sedapal, Rudecindo Vega.
Posteriormente, Pedro Pablo Kuczynski visitó a 72 familias damnificadas ubicadas en la zona de Chaparral, Carapongo. Allí saludó a las madres y niños, con quienes compartió un desayuno.
Los damnificados por las lluvias e inundaciones están ubicados en carpas en la explanada donde se venía construyendo la ampliación de la autopista Ramiro Prialé.
Culminada estas visitas, el presidente de la República se apresta a viajar a la región Piura a fin de verificar la situación que han dejado las inundaciones registradas en la víspera.
Kuczynski dijo que dialogó con el gobernador regional de Piura y se envió equipos del Ejército y vivienda para atender a los damnificados.
El mandatario estimó que hay entre 15 mil a 20 mil personas desplazadas de sus hogares, por lo cual subrayó que “hay un trabajo grande por hacer”.
Fuente: Presidencia de la República.

Por Paola Ugaz- Diario La República, Ariana Lira y Daniel Blanco- Altavoz.pe
Tras la denuncia pública en Facebook de Rafael Salgado contra Juan Borea se fueron sumando una a una, y de diferentes promociones del colegio fundado en 1984, “Héctor de Cárdenas”, denuncias de corte sexual contra Borea, a quien, además, acusaron de ser autoritario y ejercer violencia verbal y física contra los menores de edad.
Fuera del colegio, Borea era un hombre flamboyante en sus formas y con un gran carisma que lo impulsó a ser miembro permanente del Consejo Nacional de Educación y jefe de gabinete del Ministerio de Educación. Hacia adentro, es decir, en su reino que fue el colegio “Héctor de Cárdenas”, Borea era manipulador e inspiraba temor a su paso porque podría pasar del amor al odio o viceversa cuando algo no salía como quería.
Borea vivía dentro del colegio y el cuarto en donde dormía se volvió legendario entre los alumnos que pasaron por las aulas del “Héctor de Cárdenas” porque les realizaba lo que ellos llamaban “el castillito o castiguito”, que consistía en quitarles un zapato y luego la media, para luego sobar el pie de la víctima contra sus genitales hasta llegar al clímax.
La República y Altavoz.pe reunieron a los exalumnos del “Héctor de Cárdenas”, Daniel Mercado, Daniel Kudo, Gabriel Acevedo, Rafael Salgado, el excongresista Sergio Tejada, Rodrigo Gutiérrez Morcos, Alejandra del Carpio, Ismael y Alejandra Muñoz para conversar sobre los abusos que vivieron durante la época en que asistieron al colegio fundado por el educador Juan Borea.
La mayoría de entrevistados en el reportaje reconocen que denunciar a Borea es en sí mismo una paradoja: los valores que Borea les inculcó, es decir, no quedarse callados ante las injusticias, ser reflexivos y tomar acción para cambiar el curso de las cosas, son los que los motivaron a denunciarlo.
“Él representó por muchos años una persona que me apoyó en los momentos más difíciles de la vida, cuando la posibilidad de estudiar en un colegio como el ‘Héctor de Cárdenas’ era imposible… imagina, me daban un sol diario para ir al colegio desde San Juan de Lurigancho hasta Jesús María. Salía a las 6:45 a.m. y volvía por la noche”, relata en exclusiva Rafael Salgado, el primer denunciante de Borea.
“Era un personaje irreal, como sacado de una historieta. Tremendamente obeso, algo desaliñado, cómico en su motocicleta vieja“, refirió Daniel Kudo.
“Borea era campechano, gracioso, neurótico, muy organizado y, en general, daba la impresión de estar visceralmente decidido a cambiar el mundo. Este rasgo me despertaba admiración, aunque siempre distorsionada por los eventos de abuso”, indica el artista plástico Gabriel Acevedo.
“Era un personaje que tenía reacciones impredecibles y que hacía que le tengas miedo más que respeto. Las conversaciones con Juan eran amigables a no ser que lo contradijeras. Ahí él se volvía una persona prepotente, gritona y abusiva que llegaba a golpearte o a insultarte enfrente de todo el colegio si no hacías caso”, relata Javier Gutiérrez.
También entrevistamos a los exalumnos Yehude Simon Valcárcel, Emmanuel Piqueras Villarán, Javier Olivera, Alonso Carcelén, Diego López de la Fuente, Kenneth O’Brien, Javier Gutiérrez, Javier Purcullas y Miguel Navarro. Buscamos sin éxito entrevistar a Juan Borea, quien se ha negado a hablar a la prensa, siguiendo el consejo de sus abogados.
“Juan era autoritario y gritón, se ponía rojo y colérico fácilmente… el recuerdo que tengo de Juan es de una persona autoritaria y colérica. Ahora que ato cabos, pareciera que Juan se quería comportar como un soldado”, recuerda, desde Bélgica, Javier Olivera, doctor en economía por la Universidad de Lovaina.
El excongresista Sergio Tejada señaló que siempre discrepó en público de la forma de ser de Juan Borea y que por ello nunca fue considerado como un “hijito de Juan“, término con el que se conocía a los favoritos del fundador del colegio “Héctor de Cárdenas“.
“Siempre me pareció inaceptable la violencia con la que Juan trataba a los alumnos. Nos gritaba e insultaba con frecuencia. Utilizaba lisuras muy ofensivas incluso delante de los alumnos más pequeños. Recuerdo que en una ocasión golpeó a un alumno en el estómago y este se desmayó. Hasta ahora me agito de recordar la rabia que sentí en ese momento. Nadie hacía nada y, la verdad, nuestros padres tampoco”, recordó Tejada.

La confrontación

En 1999, la exalumna Inés Kudo buscó a Adrián Revilla, el amigo más cercano de Juan Borea, para confrontarlo por un abuso que había ocurrido hacía unos 10 o 15 años.
“Con ese único testimonio, Adrián confrontó a Juan en su propio grupo de reflexión. Él reconoció que lo había hecho, reconoció la naturaleza sexual del abuso, pero dijo que fue todo en el pasado y que fueron cuatro o cinco alumnos y que hacía años no lo había vuelto a hacer. Contó una versión mas ‘light’ de lo que realmente fue. Lo conminaron a dejar el colegio y a hacer terapia, lo cual hizo. Todos sentimos que debimos hacer más, pero en ese entonces no teníamos más elementos para una denuncia pública”, explica la exalumna y especialista senior en educación, Inés Kudo.
A raíz de esta confrontación, Juan Borea deja el colegio por un año y se va a una comunidad católica en Sicuani (Puno). Pero un año después regresó al colegio a donde volvió a la dirección, cargo que ejerció hasta esta semana en que fue denunciado por Salgado.
Preguntado sobre el tema, Adrián Revilla nos habló sobre el episodio en que confrontaron a Borea en 1999 y señala que “Juan nos dijo que todas las denuncias eran ciertas y que ya había dejado de hacerlo y que se iba a retirar a Puno. En ese entonces, ninguna víctima quiso hablar con nosotros y no pudimos hacer más”.

“El castiguito”

El comunicador Yehude Simón Valcárcel (hijo mayor del político, Yehude Simon Munaro), nos revela por vez primera lo que le pasó con Juan Borea hace 32 años: “Se masturbó en varias ocasiones usando mi pie para frotarse. Buscaba que cometiera alguna falta para aplicarme castigos de amigos. Me pedía saltar en un pie sin zapatos por varios minutos, y mientras lo hacía, tomaba mi otro pie y lo frotaba contra sus genitales. Yo tenía alrededor de diez años y me daba cuenta de todo. Esto sucedió en varias ocasiones por alrededor de tres o cuatro años”.
“Una vez Juan me dijo que vaya a su oficina, la cual en esa época (1987, primero de secundaria, tenía doce años) estaba ubicada en el descanso de las escaleras que van entre el primer y segundo piso, sería un cuartito de apenas tres metros cuadrados. El castigo consistía en que me saque la media y el zapato y apoye el pie desnudo en su muslo. Yo le daba la espalda y quedaba parado en una sola pierna sobre la que debía saltar repetidamente, mientras él me hacía cosquillas en el pie que sujetaba. Con el movimiento, él iba acercando mi pie a sus genitales. Yo tenía doce, no sabía qué hacer, pero sentía que algo estaba mal. Me asusté mucho porque sabía que se había tocado los testículos con mi pie. Luego recuerdo haber aceptado las suspensiones o cartas a mis padres por mis tardanzas, es decir, ya no acepte el ‘castigo’. No le conté a nadie”, relata con dificultad, Javier Olivera.
“Estando en primero de media en 1995, con doce años un día llevé unas zapatillas de colores al colegio. Juan Borea me paró delante de la formación y me preguntó si venía del circo. Todo el mundo se rió. Luego de la formación me dijo que vaya a su cuarto, ahí me dijo que por esa falta me suspendía del colegio o podía hacerme un castigo físico. Me explicó que debía poner el pie en su muslo y hacerme cosquillas. Si bien me pareció súper raro todo, no sabía de qué se trataba exactamente. Pero hubo una segunda ocasión. Esta vez me pidió que fuese a su oficina a la salida del cole, la que está en el descanso antes de subir las escaleras… me dijo otra vez que había cometido una falta grave y debía suspenderme, pero que podía, por el cariño que me tenía, hacerme un castigo físico. Volví a aceptar el castigo físico. En esta ocasión me tocó el cuello como examinándolo, luego me pidió que me sentara en su regazo y continúo haciéndome esa especie de examen físico que según él eran cosquillas. Luego de eso me pidió como la vez anterior que me quitara la zapatilla, la media, y ponga uno de los pies en su muslo. Estaba súper tenso yo, y lo noté presuroso a hacerme cosquillas. Noté, entonces, que lo hacía cada vez más rápido y que cambiaba su rostro, hasta que, asumo yo, llegó al clímax. Esta vez sí estaba seguro de que había sido víctima de un tocamiento indebido, de que Juan Borea Odría me había utilizado”, nos cuenta el músico Daniel Mercado.
“Hoy todo es como un sueño en el que no recuerdo cómo llegué a estar en esas situaciones. Solo recuerdo a él haciendo lo que ya otros han descrito, haciendo “cosquillas” en mi pie para que yo lo moviera y así se frotara su pene y genitales. Así se masturbaba, entiendo ahora… Yo recuerdo que esto duró por varios años, no recuerdo uno o dos episodios, ni un solo lugar”, explica Rafael Salgado, el primer exalumno que denunció a Borea.
“Estaba en cuarto grado de primaria… Borea te decía que te saques la zapatilla y la media de uno de los pies y te sentaba en una silla aledaña a la de él. Acto seguido, pedía que apoyes tu pie en su pierna, él empezaba a hacer las cosquillas en la planta del pie…poco a poco acercaba tu pie hacia su zona genital y seguía intensamente con las cosquillas hasta que sentías que tu pie chocaba con algo duro y era el pene de Borea que estaba en el clímax… un día lo encaré en la fiesta de aniversario del colegio para decirle en su cara que él abusó de mí cuando niño y que era un enfermo. Él lo reconoció y me dijo que estaba arrepentido y que nunca más lo había vuelto a hacer… Fue un momento muy importante en mi vida poder dejar ese costal de piedras que cargué”, señala Rodrigo Gutiérrez Morcos.
“Advertido por lo que le había pasado a un compañero mío, yo ya me había preparado para pasar este momento horroroso. Juan me llamó a la dirección, me habló de mis notas. Me hizo hacer ranas, planchas y me puso un silla al costado de la de él, me pide que me saque la media y agarra mi pie y cuando trata de ponérselo encima de su pene, (se notaba el bulto como una carpa) en ese momento apuntó bien y le tiro un talonazo con todas mis fuerzas. La siguiente imagen que tengo es a Juan Borea doblado del dolor en su silla y yo ya parado preguntándole si me podía ir y él me dijo que sí. Después de ese incidente nunca más me volvió a acosar”, relata Emmanuel Piqueras Villarán (hijo de la exalcaldesa Susana Villarán), cocinero que vive en Nueva York con su familia.
“Juan me dio a elegir entre castigos, con amonestaciones y suspensiones que terminaban involucrando a mis padres o ‘cosquillas’, que consistían en llevarme a lugares privados, donde bajo llave (tema que me molestaba mucho, porque literalmente me encerraba) procedía a quitarme un zapato y a hacerme cosquillas de manera que mi rodilla o muslo quedara cerca de su entrepierna. Creo recordar también otra modalidad, que consistía en cosquillas en las axilas y al costado del cuerpo, aunque esto es un poco más confuso para mí. Cuando le dije que prefería amonestaciones a los castigos físicos, la relación con él y con el colegio se complicó, tornándose muy tensa, lo que terminó con mi expulsión”, nos cuenta el escritor Kenneth O´Brien.
“Una de las estrategias de los depredadores es crear espacios donde tengan poder sobre personas inocentes y vulnerables, y Juan nos hacía sentir a todos indefensos y atemorizados, insultándonos y humillándonos en voz alta y ejerciendo un incuestionable poder sobre todos sus alumnos”, refirió el artista, Diego López de la Fuente.

Borea deja el colegio

Tras la denuncia de Salgado realizada en Facebook, Juan Borea emitió un comunicado en el que reconoce las denuncias, pero añade que “en ningún momento hubo ninguna instancia de abuso sexual”. Al momento del cierre, las denuncias contra Borea vienen en aumento y no cabe duda de que afectará el inicio de clases del colegio.
Consultado sobre el porqué hizo pública su denuncia, Salgado nos dijo: “Ha ayudado a que más personas puedan decirlo… sufrimos, como mierda, pero lo logramos…de niños no pudimos hacer mucho, pero de adultos logramos pararlo”, concluyó.
En este reportaje han declarado 15 víctimas del castiguito de Borea, cuyas edades bordean de 30 a 45 años. Esta historia continuará.

“Sus buenas intenciones fueron borradas por su debilidad”

“Se sentó en una silla frente a mí y me pidió que me pusiera de pie. Luego me pidió que me saque uno de los zapatos y ponga el pie sobre su muslo, mientras yo daba saltos con la otra pierna. Esto debió haber durado poco menos de un minuto y durante todo este tiempo siempre le di la espalda, así que no podía ver ni movimientos ni expresiones de su parte. Solo sentía sus manos agarrando mi pie sobre su muslo y la fricción por los saltos que daba. Eso fue todo”. Ismael Muñoz.
“Mi denuncia es el sometimiento de mi persona a actos (cosquillas en el pie y masajes en las costillas) que si bien no tenían matiz sexual pues nunca puso mis pies u otras parte de mi cuerpo en contacto con sus partes íntimas, por sus características de furtividad, aislamiento y rareza me generaron incomodidad y si hubiera podido evitarlo lo hubiera hecho”. Alonso Carcelén.
“Creo que en algún retorcido recoveco de su cabeza, Juan Borea siente que es un gran docente, un formador de personas, pero no lo es, todas sus buenas intenciones fueron borradas por su debilidad, el mismo que exigía el fin de la mediocridad, que pedía a sus alumnos ser responsables, generosos y conscientes, luego les demostraba con hechos que, en realidad, sus “virtudes” favoritas eran el egoísmo, la mentira, el abuso de poder y la cobardía”. Javier Purcallas.

Denunciantes

1.- Ismael Muñoz, 31 años
2.- Rafael Salgado, 33 años
3.- Daniel Mercado, 33 años
4.- Diego López de la Fuente, 30 años
5.- Rodrigo Gutiérrez Morcos, 37 años
6.- Miguel Navarro, 37 años
7.- Daniel Kudo, 39 años
8.- Gabriel Acevedo, 40 años
9.- Kenneth O´Brien, 40 años
10.-Javier Olivera, 41 años.
11.-Alonso Carcelén, 41 años.
12.-Javier Purcallas, 41 años.
13.-Javier Gutiérrez, 41 años
14.-Yehude Simon Valcárcel, 42 años.
15.-Emmanuel Piqueras, 45 años.
El Ministerio de Educación (Minedu) resolvió retirar las Palmas Magisterial a Juan Borea Odría, ex director del colegio Héctor de Cárdenas.
La resolución ministerial señala que esta medida se adopta debido a lo señalado en el informe de la Dirección General de Desarrollo Docente, en el cual se detallan los cuestionamientos públicos efectuados a la conducta de Borea Odría.
El ministerio añadió que esta decisión se da a consideración de la propuesta de los miembros del Consejo de la Orden de Palmas Magisteriales quienes acordaron el retiro de la condecoración otorgada el pasado 2008.
Como se recuerda, varios ex alumnos del colegio Héctor de Cárdenas acusaron al ex docente de abuso sexual, lo que ocasionó que Juan Borea Odría sea apartado de este centro educativo para siempre.
Fuente: Diario Peru21.
El Consejo de la Orden de Palmas Magisteriales está constituido por:
La Ministra de Educación, quien lo preside en calidad de Canciller de la Orden.
El Viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación.
El Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación.
El Secretario General del Ministerio de Educación, quien actuará como Secretario de la Orden.
3 miembros del Consejo Nacional de Educación, designados por Resolución Ministerial.
2 Amautas invitados de honor de las tres últimas promociones, designados por Resolución Ministerial.

Ex alumnos del Colegio Héctor de Cárdenas denunciaron penalmente a su director por violación

Ocho ex alumnos del Colegio Héctor de Cárdenas denunciaron ante el Ministerio Público a Juan Borea Odría, ex director del referido centro de estudios ubicado en Jesús María. Lo acusan del presunto delito contra la libertad sexual, ofensas contra el pudor, así como lesiones psicológicas graves.
Como es público, este caso salió a la luz en febrero pasado cuando un ex alumno denunció –a través de las redes sociales– que había sido víctima de abuso sexual por parte del citado docente. Luego se conocieron otros casos de violencia sexual que habrían ocurrido desde 1985.
Sin embargo, recién el último viernes, ocho de los presuntos agraviados presentaron la denuncia ante la Fiscalía. Ellos pidieron que se investiguen sus casos pese al tiempo transcurrido (más de 20 años).
Al respecto, José Ugaz, abogado de los agraviados, señaló que se sabe que hasta hace poco hubo nuevas víctimas. “Ha sido un patrón sistemático de muchos años en el que el señor Borea ha venido abusando de menores de edad. Hay 40 testimonios recogidos a lo largo de estos años”, indicó.
Dijo que “los psicólogos que evaluaron estos casos dijeron que fue un abuso de poder para depredar a niños y adolescentes que estaban en proceso de desarrollo de su propia sexualidad”.
Cuatro de los agraviados se presentaron ayer ante los diferentes medios de comunicación para pedir justicia. Ellos hicieron un llamado a las víctimas más recientes para evitar que se alegue la prescripción del delito.
Alonso Marañón, una de las víctimas, contó que Borea Odría le hizo tocamientos indebidos cuando tenía 11 años. Junto a Alonso, los denunciantes también son Rafael Salgado, Yehude Simon Valcárcel, Daniel Kudo, Javier Olivera, Gabriel Acevedo, Rodrigo Gutiérrez y Nicolás Caviese.
Fuente: Diarios Perú21 y La República.

Tienen riesgos en su ejecución según la Contraloría

Entre retrasos e incumplimiento de metas, cinco megaproyectos están en el radar de la Contraloría de la República. Como lo señaló el titular de la institución, Edgar Alarcón, estas postergaciones en las obras pueden generar sobrecostos a largo plazo. Estos son los cinco casos a los que hizo referencia:
1. Los Juegos Panamericanos
Las principales obras de los Juegos Panamericanos no se vienen cumpliendo de acuerdo a los plazos establecidos en el Plan Maestro. Por ejemplo la Villa Panamericana debería registrar un avance de 28% y solo tiene un 13%, la Videna debería alcanzar un 32% y está al 25%. En tanto otras sedes deportivas como la de Villa María del Triunfo y Punta Rocas no presentan ningún avance e incluso aún están pendientes del estudio de viabilidad.
Fuente: Contraloría de la República.
2. La Línea 2 del Metro de Lima
A enero de este año, el concesionario ha ejecutado el 14,8% de la inversión total, cuando debió registrar un avance de 36,48%. Hasta la fecha no se culmina con las obras del tramo 1A, (desde la Vía Evitamiento hasta el Óvalo Santa Anita). En este tramo, los plazos para aprobar los 32 Estudios Definitivos de Ingeniería–EDI se han vencido, y en la etapa 1B de esta obra no se han entregado 21 áreas de concesión.
3. Refinería de Talara
Se ha identificado a la fecha un retraso de 756 días, pues aún no se concreta la construcción de las unidades auxiliares de la refinería como las plantas de hidrógeno, de ácido sulfúrico, de agua proceso y agua desmineralizada, de agua de mar y tratamiento y de electricidad.
4. Interocéanica Sur
Se detectó un incremento de 257% en relación a la inversión inicial estimada, pasando de $ 1161 millones a $4141,3 millones. El Contralor General señaló que en julio de 2011 se advirtió irregularidades en la fijación de la forma de pago del Pago Anual por Mantenimiento y Operación-PAMO, y el reconocimiento de mayores costos y gastos generales en los Tramos 2 y 3.
5. Aeropuerto de Chinchero
Se detectó que no se fijó un plazo para el cierre financiero, ni un tope para la tasa de endeudamiento, además los estudios de perfil y factibilidad desarrollados en el Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP no analizaron otras alternativas para la ubicación del aeropuerto. El Contralor manifestó que se está acreditando una Comisión de Auditoría para verificar, entre otros, la consistencia de las opiniones de las entidades involucradas.
Fuente: Diario Correo.
Como resultado de las adendas, arbitrajes y obras adicionales al contrato de concesión de la IIRSA Sur se han determinado un incremento en 257% respecto a la inversión inicial, es decir US$ 2,980 millones.
“El monto total, que incluye los incrementos, suman US$4,141.3 millones en los cinco proyectos de concesión hasta la fecha”, sostuvo el Contralor de la República, Edgar Alarcón.
Adicionalmente a esto, sostiene el contralor que, si se mantiene las condiciones del contrato, tal como está estipulado estimamos que los 14 años, que nos falta de concesión por delante, la obra podría costar US$ 4,668 millones.
En el caso de las proyecciones de los gastos de mantenimiento, estos sumarán US$ 521 millones adicionales.
Irregularidades detectadas
La fijación de la forma de pago del PAMO (Pago anual por mantenimiento y operación), su exclusión como factor de competencia y los mecanismos de salid del contrato desvirtúa la naturaleza de la concesión, generado incentivos perversos que pueden afectar la calidad de la construcción.
Asimismo, indicó que la inversión señalada en el estudio de factibilidad revela que el costo por kilómetro de vías sin asfalta supera en promedio en más de 100% los costos por kilómetro en rehabilitación de vías ejecutas por Provías en proyectos similares, lo cual excede los estándares del mercado.
En la distribución de riesgos, se advirtió que la mayor carga la tiene el Estado (Riesgos de construcción y sobrecostos, riesgos de financiamientos, riesgos ambientales)
“En el año 2011 se identificó que los contratos de concesión de las obras y el mantenimiento de los tramos viales, se consignó costos de transitabilidad distintos a los máximos determinados por el MTC, generando controversia y luego el reconocimiento de los mayores pagos por más de US$ 7 millones al concesionario”, indicó.
En cuanto al Tramo 3, Edgar Alarcón que se detectó deficiencias constructivas: trabajos deficientes en alcantarillas, pavimento asfáltico con espesor inferior al ofertado, fisuras en os elementos estructurales de 2 puentes, deterioro prematuro de pavimento. Lo anterior no garantiza la calidad, durabilidad y seguridad de las estructuras construidas, cuya inversión implicó US$ 38 millones.
En el trato directo entre el Concesionario y el concedente, se ha permitido el reconocimiento de los mayores costos y el incremento de los gastos generales del 27% al 33.5% , en el caso de Tramo 2 y al 36%, en el tramo 3, a favor del concesionario.
No se advirtieron mecanismo de control por parte del concedente que garanticen que los certificados de avance de obra (CAO) reflejen los metrados realmente ejecutados en la obra.
“Ya se advirtió lo que salió a la luz, y tenemos 14 años en adelante, y en el caso de la IIRSA Sur se requiere de una revisión del contrato, el contrato no está escrito sobre piedra, y se tiene que revisar y ver la posibilidad de una modificación”.
Fuente: Diario Gestión.

Ex ministra de Transportes y hermana del actual jefe del gabinete sería la próxima denunciada por omisión dolosa en el caso de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima, en el marco del caso Odebrecht, lo que amenaza con convertirse en un nuevo terremoto político al estar también investigado el actual jefe de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial de PPK, Fernando Noblecilla.
La titular del MTC en tiempos de Alan García delegó al funcionario Celso Gamarra procesos de licitación y adendas con Odebrecht. Gamarra manejó US$ 9 mil millones en compromisos de inversión y 31 contratos de concesión, y ahora es funcionario de la firma brasileña.
Cual tsunami, la revelación del pago de coimas de empresarios de Odebrecht a diversos funcionarios peruanos de los últimos tres gobiernos, está arrasando con todo el panorama político nacional. Cada día aparecen nuevos indicios, nombres, cuentas, sospechas y susurros sobre quienes fueron parte de esta red de corrupción organizada por la constructora brasileña.
Hace poco se supo que había cinco informantes en el caso Odebrecht, tres de los cuales eran no calificados y dos que si estaban calificados. Uno de ellos, candidato a colaborador eficaz habría brindado información sobre las cuentas, transacciones y formas de pago de la constructora brasileña y funcionarios corruptos, pero al final no quiso firmar la declaración de su testimonio, lo que impidió la captura de 35 funcionarios que estaban en la mira de la Fiscalía.
Al parecer este informante no quiso que su nombre figurase en la denuncia, pero al mismo tiempo le habría asegurado a la Fiscalía que la información brindada era certera y que ahora ellos debían investigarla por su cuenta.
¿Sano y sagrado?
El primer ‘peso pesado’ en caer es el ex presidente Alejandro Toledo, quien habría recibido 20 millones de dólares para favorecer a la empresa brasileña con la licitación del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica. La información sobre este pago la habría dado el propio Jorge Barata, ex presidente de Odebrecht Perú, quien sería el colaborador eficaz de la fiscalía peruana.
Aunque tanto Toledo, como Eliane Karp han salido a denunciar ser víctimas de una persecución política, lo cierto es que hace 10 días que se habría hecho el pedido de detención preliminar en su contra. Por esta razón, dos emisarios peruanos viajaron a Estados Unidos para coordinar con el FBI el seguimiento y posible captura del ex mandatario peruano.
Lo que también ha trascendido es que un conocido lobista (famoso en el medio local) buscó a un magistrado para sacar información sobre este pedido de detención en contra de Toledo (quien ya habría tenido conocimiento de esta búsqueda y captura). Testigos señalan haber visto al lobista junto al juez en el restaurante Tip Top de la avenida Arenales. El problema para el ex presidente es que este magistrado, cuyo nombre mantendremos en reserva por el momento, no veía esta orden de detención.
¿Nuevos implicados?
Pero el desfile recién empieza. Y es que según información confidencial a la que Velaverde tuvo acceso, la Fiscalía va a imputarle responsabilidad penal a Verónica Zavala, ex ministra de Transportes y Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García. En este caso,  la imputación sería por “conducta omisiva y neutral de carácter doloso”. ¿La razón? Durante su paso por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), delegó a Celso Gamarra Roig como funcionario delegado de su cartera a efectos de la firma de las adendas en el contrato de la línea 1 y 2 del metro. Esto supuestamente, con la intención de evitar cualquier responsabilidad penal  directa en caso de descubrirse alguna irregularidad.
No cabe duda que a pesar que esta denuncia no compromete al jefe del gabinete ministerial, Fernando Zavala, será un duro golpe en términos de imagen y repercusión política. Su hermana, por lo pronto, deberá hacer los descargos del caso de manera tajante a fin de no comprometer la gestión de la actual gestión gubernamental y aclarar de paso lo que ocurrió durante la administración del ex presidente Alan García con respecto a Odebrecht.
Por esta razón, el congresista Guillermo Bocangel (Fuerza Popular), quien preside la Comisión  de Transportes y Comunicaciones, envió un oficio el pasado primero de febrero a Martín Vízcarra, actual ministro del MTC, en el que le solicita las copias fedateadas de todas las Resoluciones Ministeriales emitidas por Verónica Zavala durante el periodo del 28 de julio de 2006 al 29 de noviembre de 2008.
El parlamentario basa su pedido en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, por lo que Vízcarra debería enviar la información esta semana.
Pero, ¿quién es Celso Gamarra?, de acuerdo a su perfil de Linkedin, “participó en las actividades de diseño, implementación y administración de los contratos de concesión de la infraestructura de transportes en las vías terrestre, aeroportuaria y portuaria otorgada en explotación al sector privado” entre el 2005 y 2008. Asimismo, fue Director General Concesiones de Transportes del MTC entre los años 2011 y 2014 y, según su propia descripción, en ese periodo, administró cerca de nueve mil millones de dólares en compromisos de inversión y 31 contratos de concesión.
Además, Celso Gamarra Roig, fue abogado del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cuando éste se presentó ante la Comisión Lava Jato (también conocida como Comisión Pari), en el anterior Parlamento, para dar su testimonio.
Otras conexiones
Otro nombre que fue relacionado con Odebrecht fue el de Sergio Bravo Orellana, quien fuera viceministro del MTC entre el 2006 y 2007. De acuerdo a nuestras fuentes, Bravo Orellana trabaja (hasta la actualidad) para esta constructora brasileña.
Cabe recordar que Bravo Orellana fue presidente del Comité de Licitación de Proninversión y en el 2004 fue quien apoyó la adjudicación de la construcción del túnel transandino del  proyecto Olmos a Odebrecht. Un año después, en el 2005, hizo lo propio con la adjudicación de la construcción de la carretera interoceánica sur.
Lo curioso del derrotero del ahora funcionario de Odebrecht es que en el 2011, gracias a su informe técnico la empresa brasileña le cobró al Estado, a través del Gobierno Regional de Lambayeque, 46 millones de dólares por incumplimientos del gobierno regional que habrían ocasionado perjuicios económicos y financieros a Odebrecht, suma que debería abonarse en 27 cuotas mensuales, además de los intereses.
Pero no es el único relacionado con esta empresa. Fernando Noblecilla Zuñiga, quien fue designado Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial, también estaría relacionado con  Odebrecht.
Recordemos que Noblecilla Zuñiga es uno de los implicados en el caso de la construcción inconclusa de la nueva sede de Corpac. La acusación fue por la concertación de intereses entre  directivos y altos ejecutivos de la empresa Corpac S.A., y el entonces alcalde del Callao, Félix Moreno, por la suscripción de convenios interinstitucionales que trasgredían el artículo 76º de la Constitución Política del Perú. De acuerdo a la Fiscalía de la Nación, “la única finalidad de estos convenios era encargar a FINVER Callao la elaboración del expediente técnico y la construcción de la nueva sede de Corpac S.A., sin tener la experiencia en la construcción de edificios, ni demostrar que contaran con los medios idóneos para cumplir con esta obra de gran envergadura, defraudando al Estado por el monto de S/.21’308,110.80”.
Por esta razón, el fiscal provincial Wils Gonzales Morales, presentó un requerimiento de acusación contra los directivos de la empresa Corpac, uno de los cuales era Fernando Noblecilla, sindicándolos como coautores de este delito.
Fernando Noblecilla también tuvo un breve paso por el Ministerio de Defensa como Secretario General. Él fue nombrado en el cargo el 7 de abril de 2016, pero presentó su renuncia el 27 de julio de ese mismo año, la cual fue aceptada cuatro días después, es decir el 1 de agosto. Coincidentemente ese mismo día fue nombrado Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial.
¿Sabía PPK de la acusación que pesaba en contra de su Director General? Si fue así no pareció preocuparle. Caso contrario, queda claro que el Presidente no tiene quien lo blinde en Palacio.
El caso de corrupción de funcionarios por parte de la empresa Odebrecht parece contar con un nuevo capítulo cada semana. Al parecer la lista de funcionarios corrompidos por esta constructora brasileña es tan grande que no solo van a cambiar todo el panorama político nacional, sino también la historia de todo un continente.
Esta semana, además, saldría a luz la relación de empresas peruanas implicadas en este terremoto político. No cabe duda que el Niño Costero y los destapes que se vienen esta haciendo sudar la gota gorda a más de uno en el entorno presidencial.
Fuente: Revista Velaverde.

Odebrecht pierde la mitad de sus ingresos debido al escándalo de corrupción

Por RAQUEL LANDIM-Folha de SÃO PAULO.
Origen y una de las principales fuentes de recurso del grupo empresarial, la constructora Odebrecht, cuenta hoy con menos de la mitad del tamaño que cuando comenzó a ser investigada en el marco de la Operación Lava Jato.
La compañía ha despedido a más del 50% de los 107,000 empleados y su facturación se reduce hoy a US$6,000 millones, una caída del 50% en relación a 2014.
Los resultados de 2016 todavía no han sido cerrados pero la previsión de ingresos ya está siendo estudiada por analistas e inversores.
A pesar de tener menos dinero entrando, la constructora colabora en el rescate de otras empresas del Grupo que están en peor situación e incluso pagó US$ 350 millones al holding.
El principal problema de la constructora es la dificultad de conseguir nuevos contratos tras el descubrimiento de la trama de corrupción en la que Odebrecht era el centro de operaciones.
Entre diciembre de 2014 y septiembre de 2016, la cartera de clientes pasó del récord de US$ 33,900 millones a US$ 21,300 millones lo que supone una disminución del 37%.
Además, más del 40% de las obras están siendo ejecutadas a un ritmo muy lento por culpa de la recesión económica en Brasil, y la crisis en Venezuela y en Angola, los tres mayores mercados de la empresa.
La expectativa de los analistas y los de los inversores es que la situación comience a mejorar a partir de este año tras el compromiso del Grupo Odebrecht de pagar US$ 1,917 millones en concepto de multas en Brasil, Estados Unidos y Suiza.
El acuerdo sellado con las autoridades americanas, no obstante, reveló otros casos de corrupción en países de América Latina. El gobierno de Perú, por ejemplo, ha decidido romper el contrato para la construcción de un gasoducto.

Grupo que preside Salaverry entregará a la Comisión Lava Jato avance de investigación que involucra al ex ministro Mayorga

Averiguaciones halladas por la comisión investigadora del gasoducto sur peruano, presidida por Daniel Salaverry. (Elaboración: El Comercio)

Por Martín Hidalgo Bustamante– Diario El Comercio.
La premura en las sesiones de los comités de licitación de los proyectos que fueron adjudicados a Odebrecht parece haber sido una constante. Al igual que en los casos de la Interoceánica y del metro de Lima, la historia se repite con el gasoducto sur peruano. Así lo advierte la investigación preliminar de la comisión del Congreso que preside el fujimorista Daniel Salaverry.
Eran las 6:30 p.m. del viernes 27 de junio del 2014, cuando en las instalaciones de Pro Inversión, el Comité Pro Seguridad Energética decidió otorgar plazo hasta el lunes 30 al consorcio competidor de Odebrecht para subsanar observaciones sobre la conformación de sus empresas.
De igual manera, horas antes (11:00 a.m.), el comité aprobó la contratación del Estudio Echecopar para emitir una opinión legal sobre la modificación del porcentaje de participación de una de las empresas que conformaba dicho consorcio.
La sesión se suspendió una hora antes de la medianoche. Se hizo hincapié en que existía una opinión legal que “obligaba a adoptar una decisión inmediata”.
Fue así que a las 3:00 p.m. del sábado 28 de junio, el comité retomó la sesión. Allí, sin esperar al plazo que ellos mismos establecieron un día antes y sin haber recibido el informe legal, decidieron descalificar al postor que competía con Odebrecht.
La decisión fue tomada en base a un informe legal remitido por el estudio de cabecera de Pro Inversión, Delmar Ugarte. Una de las socias de esta firma, Mariana Simoes, fue directora de la constructora brasileña entre el 2008 y el 2011.
En conversación con El Comercio, la abogada brasileña negó haber participado en la asesoría brindada por Delmar Ugarte a Pro Inversión para el concurso del gasoducto. Añadió que esto ya ha sido acreditado ante el Ministerio Público.
—Miembro clave—
En mayo del 2014, a un mes de darse la buena pro del gasoducto sur peruano, se realizó una movida en el Comité Pro Seguridad Energética, encargado de dar la concesión del referido proyecto.
El 7 de ese mes, el funcionario Guillermo Lecarnaqué presentó su renuncia. Ese mismo día, Eleodoro Mayorga –miembro del Consejo Directivo en su calidad de ministro de Energía y Minas– nombró a su reemplazo: Édgar Ramírez Cadenillas (presidente). Ramírez era fundador y gerente general de Latin Energy Global Services S.A.C., que, según documentación recabada por la comisión que preside Salaverry, brindó asesoría a la firma Kuntur.
Esta empresa es una subsidiaria de Odebrecht. Fue creada en junio del 2007 bajo el nombre de Corporación Montería S.A.C., con un capital de apenas 400 soles.
Un mes después de su constitución, se cambió su nombre a Kuntur Transportadora de Gas S.A.C., y para diciembre ya contaban con un capital de 2 millones de soles. Jorge Henrique Simoes Barata, hombre clave de Odebrecht, aparece como uno de sus apoderados.
Kuntur ganó la primera adjudicación del gasoducto en el 2012, pero luego admitió no tener respaldo financiero para asumir el proyecto, por lo que el Estado le negó el crédito puente para el primer tramo. Tras ello, el entonces presidente Ollanta Humala convocó una licitación pública internacional. La licitación fue adjudicada en junio del 2014 al consorcio integrado por Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos S.A. (empresa de Odebrecht Latinvest), Graña y Montero y Enagás Internacional.
En julio del 2014, Ramírez negó algún tipo de conflicto, puesto que cuando lo convocaron para el comité “no tenía relación” con la empresa brasileña.