Ex ministra de Transportes y hermana del actual jefe del gabinete sería la próxima denunciada por omisión dolosa en el caso de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima, en el marco del caso Odebrecht, lo que amenaza con convertirse en un nuevo terremoto político al estar también investigado el actual jefe de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial de PPK, Fernando Noblecilla.
La titular del MTC en tiempos de Alan García delegó al funcionario Celso Gamarra procesos de licitación y adendas con Odebrecht. Gamarra manejó US$ 9 mil millones en compromisos de inversión y 31 contratos de concesión, y ahora es funcionario de la firma brasileña.
Cual tsunami, la revelación del pago de coimas de empresarios de Odebrecht a diversos funcionarios peruanos de los últimos tres gobiernos, está arrasando con todo el panorama político nacional. Cada día aparecen nuevos indicios, nombres, cuentas, sospechas y susurros sobre quienes fueron parte de esta red de corrupción organizada por la constructora brasileña.
Hace poco se supo que había cinco informantes en el caso Odebrecht, tres de los cuales eran no calificados y dos que si estaban calificados. Uno de ellos, candidato a colaborador eficaz habría brindado información sobre las cuentas, transacciones y formas de pago de la constructora brasileña y funcionarios corruptos, pero al final no quiso firmar la declaración de su testimonio, lo que impidió la captura de 35 funcionarios que estaban en la mira de la Fiscalía.
Al parecer este informante no quiso que su nombre figurase en la denuncia, pero al mismo tiempo le habría asegurado a la Fiscalía que la información brindada era certera y que ahora ellos debían investigarla por su cuenta.
¿Sano y sagrado?
El primer ‘peso pesado’ en caer es el ex presidente Alejandro Toledo, quien habría recibido 20 millones de dólares para favorecer a la empresa brasileña con la licitación del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica. La información sobre este pago la habría dado el propio Jorge Barata, ex presidente de Odebrecht Perú, quien sería el colaborador eficaz de la fiscalía peruana.
Aunque tanto Toledo, como Eliane Karp han salido a denunciar ser víctimas de una persecución política, lo cierto es que hace 10 días que se habría hecho el pedido de detención preliminar en su contra. Por esta razón, dos emisarios peruanos viajaron a Estados Unidos para coordinar con el FBI el seguimiento y posible captura del ex mandatario peruano.
Lo que también ha trascendido es que un conocido lobista (famoso en el medio local) buscó a un magistrado para sacar información sobre este pedido de detención en contra de Toledo (quien ya habría tenido conocimiento de esta búsqueda y captura). Testigos señalan haber visto al lobista junto al juez en el restaurante Tip Top de la avenida Arenales. El problema para el ex presidente es que este magistrado, cuyo nombre mantendremos en reserva por el momento, no veía esta orden de detención.
¿Nuevos implicados?
Pero el desfile recién empieza. Y es que según información confidencial a la que Velaverde tuvo acceso, la Fiscalía va a imputarle responsabilidad penal a Verónica Zavala, ex ministra de Transportes y Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García. En este caso,  la imputación sería por “conducta omisiva y neutral de carácter doloso”. ¿La razón? Durante su paso por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), delegó a Celso Gamarra Roig como funcionario delegado de su cartera a efectos de la firma de las adendas en el contrato de la línea 1 y 2 del metro. Esto supuestamente, con la intención de evitar cualquier responsabilidad penal  directa en caso de descubrirse alguna irregularidad.
No cabe duda que a pesar que esta denuncia no compromete al jefe del gabinete ministerial, Fernando Zavala, será un duro golpe en términos de imagen y repercusión política. Su hermana, por lo pronto, deberá hacer los descargos del caso de manera tajante a fin de no comprometer la gestión de la actual gestión gubernamental y aclarar de paso lo que ocurrió durante la administración del ex presidente Alan García con respecto a Odebrecht.
Por esta razón, el congresista Guillermo Bocangel (Fuerza Popular), quien preside la Comisión  de Transportes y Comunicaciones, envió un oficio el pasado primero de febrero a Martín Vízcarra, actual ministro del MTC, en el que le solicita las copias fedateadas de todas las Resoluciones Ministeriales emitidas por Verónica Zavala durante el periodo del 28 de julio de 2006 al 29 de noviembre de 2008.
El parlamentario basa su pedido en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, por lo que Vízcarra debería enviar la información esta semana.
Pero, ¿quién es Celso Gamarra?, de acuerdo a su perfil de Linkedin, “participó en las actividades de diseño, implementación y administración de los contratos de concesión de la infraestructura de transportes en las vías terrestre, aeroportuaria y portuaria otorgada en explotación al sector privado” entre el 2005 y 2008. Asimismo, fue Director General Concesiones de Transportes del MTC entre los años 2011 y 2014 y, según su propia descripción, en ese periodo, administró cerca de nueve mil millones de dólares en compromisos de inversión y 31 contratos de concesión.
Además, Celso Gamarra Roig, fue abogado del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cuando éste se presentó ante la Comisión Lava Jato (también conocida como Comisión Pari), en el anterior Parlamento, para dar su testimonio.
Otras conexiones
Otro nombre que fue relacionado con Odebrecht fue el de Sergio Bravo Orellana, quien fuera viceministro del MTC entre el 2006 y 2007. De acuerdo a nuestras fuentes, Bravo Orellana trabaja (hasta la actualidad) para esta constructora brasileña.
Cabe recordar que Bravo Orellana fue presidente del Comité de Licitación de Proninversión y en el 2004 fue quien apoyó la adjudicación de la construcción del túnel transandino del  proyecto Olmos a Odebrecht. Un año después, en el 2005, hizo lo propio con la adjudicación de la construcción de la carretera interoceánica sur.
Lo curioso del derrotero del ahora funcionario de Odebrecht es que en el 2011, gracias a su informe técnico la empresa brasileña le cobró al Estado, a través del Gobierno Regional de Lambayeque, 46 millones de dólares por incumplimientos del gobierno regional que habrían ocasionado perjuicios económicos y financieros a Odebrecht, suma que debería abonarse en 27 cuotas mensuales, además de los intereses.
Pero no es el único relacionado con esta empresa. Fernando Noblecilla Zuñiga, quien fue designado Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial, también estaría relacionado con  Odebrecht.
Recordemos que Noblecilla Zuñiga es uno de los implicados en el caso de la construcción inconclusa de la nueva sede de Corpac. La acusación fue por la concertación de intereses entre  directivos y altos ejecutivos de la empresa Corpac S.A., y el entonces alcalde del Callao, Félix Moreno, por la suscripción de convenios interinstitucionales que trasgredían el artículo 76º de la Constitución Política del Perú. De acuerdo a la Fiscalía de la Nación, “la única finalidad de estos convenios era encargar a FINVER Callao la elaboración del expediente técnico y la construcción de la nueva sede de Corpac S.A., sin tener la experiencia en la construcción de edificios, ni demostrar que contaran con los medios idóneos para cumplir con esta obra de gran envergadura, defraudando al Estado por el monto de S/.21’308,110.80”.
Por esta razón, el fiscal provincial Wils Gonzales Morales, presentó un requerimiento de acusación contra los directivos de la empresa Corpac, uno de los cuales era Fernando Noblecilla, sindicándolos como coautores de este delito.
Fernando Noblecilla también tuvo un breve paso por el Ministerio de Defensa como Secretario General. Él fue nombrado en el cargo el 7 de abril de 2016, pero presentó su renuncia el 27 de julio de ese mismo año, la cual fue aceptada cuatro días después, es decir el 1 de agosto. Coincidentemente ese mismo día fue nombrado Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial.
¿Sabía PPK de la acusación que pesaba en contra de su Director General? Si fue así no pareció preocuparle. Caso contrario, queda claro que el Presidente no tiene quien lo blinde en Palacio.
El caso de corrupción de funcionarios por parte de la empresa Odebrecht parece contar con un nuevo capítulo cada semana. Al parecer la lista de funcionarios corrompidos por esta constructora brasileña es tan grande que no solo van a cambiar todo el panorama político nacional, sino también la historia de todo un continente.
Esta semana, además, saldría a luz la relación de empresas peruanas implicadas en este terremoto político. No cabe duda que el Niño Costero y los destapes que se vienen esta haciendo sudar la gota gorda a más de uno en el entorno presidencial.
Fuente: Revista Velaverde.

Odebrecht pierde la mitad de sus ingresos debido al escándalo de corrupción

Por RAQUEL LANDIM-Folha de SÃO PAULO.
Origen y una de las principales fuentes de recurso del grupo empresarial, la constructora Odebrecht, cuenta hoy con menos de la mitad del tamaño que cuando comenzó a ser investigada en el marco de la Operación Lava Jato.
La compañía ha despedido a más del 50% de los 107,000 empleados y su facturación se reduce hoy a US$6,000 millones, una caída del 50% en relación a 2014.
Los resultados de 2016 todavía no han sido cerrados pero la previsión de ingresos ya está siendo estudiada por analistas e inversores.
A pesar de tener menos dinero entrando, la constructora colabora en el rescate de otras empresas del Grupo que están en peor situación e incluso pagó US$ 350 millones al holding.
El principal problema de la constructora es la dificultad de conseguir nuevos contratos tras el descubrimiento de la trama de corrupción en la que Odebrecht era el centro de operaciones.
Entre diciembre de 2014 y septiembre de 2016, la cartera de clientes pasó del récord de US$ 33,900 millones a US$ 21,300 millones lo que supone una disminución del 37%.
Además, más del 40% de las obras están siendo ejecutadas a un ritmo muy lento por culpa de la recesión económica en Brasil, y la crisis en Venezuela y en Angola, los tres mayores mercados de la empresa.
La expectativa de los analistas y los de los inversores es que la situación comience a mejorar a partir de este año tras el compromiso del Grupo Odebrecht de pagar US$ 1,917 millones en concepto de multas en Brasil, Estados Unidos y Suiza.
El acuerdo sellado con las autoridades americanas, no obstante, reveló otros casos de corrupción en países de América Latina. El gobierno de Perú, por ejemplo, ha decidido romper el contrato para la construcción de un gasoducto.

Grupo que preside Salaverry entregará a la Comisión Lava Jato avance de investigación que involucra al ex ministro Mayorga

Averiguaciones halladas por la comisión investigadora del gasoducto sur peruano, presidida por Daniel Salaverry. (Elaboración: El Comercio)

Por Martín Hidalgo Bustamante– Diario El Comercio.
La premura en las sesiones de los comités de licitación de los proyectos que fueron adjudicados a Odebrecht parece haber sido una constante. Al igual que en los casos de la Interoceánica y del metro de Lima, la historia se repite con el gasoducto sur peruano. Así lo advierte la investigación preliminar de la comisión del Congreso que preside el fujimorista Daniel Salaverry.
Eran las 6:30 p.m. del viernes 27 de junio del 2014, cuando en las instalaciones de Pro Inversión, el Comité Pro Seguridad Energética decidió otorgar plazo hasta el lunes 30 al consorcio competidor de Odebrecht para subsanar observaciones sobre la conformación de sus empresas.
De igual manera, horas antes (11:00 a.m.), el comité aprobó la contratación del Estudio Echecopar para emitir una opinión legal sobre la modificación del porcentaje de participación de una de las empresas que conformaba dicho consorcio.
La sesión se suspendió una hora antes de la medianoche. Se hizo hincapié en que existía una opinión legal que “obligaba a adoptar una decisión inmediata”.
Fue así que a las 3:00 p.m. del sábado 28 de junio, el comité retomó la sesión. Allí, sin esperar al plazo que ellos mismos establecieron un día antes y sin haber recibido el informe legal, decidieron descalificar al postor que competía con Odebrecht.
La decisión fue tomada en base a un informe legal remitido por el estudio de cabecera de Pro Inversión, Delmar Ugarte. Una de las socias de esta firma, Mariana Simoes, fue directora de la constructora brasileña entre el 2008 y el 2011.
En conversación con El Comercio, la abogada brasileña negó haber participado en la asesoría brindada por Delmar Ugarte a Pro Inversión para el concurso del gasoducto. Añadió que esto ya ha sido acreditado ante el Ministerio Público.
—Miembro clave—
En mayo del 2014, a un mes de darse la buena pro del gasoducto sur peruano, se realizó una movida en el Comité Pro Seguridad Energética, encargado de dar la concesión del referido proyecto.
El 7 de ese mes, el funcionario Guillermo Lecarnaqué presentó su renuncia. Ese mismo día, Eleodoro Mayorga –miembro del Consejo Directivo en su calidad de ministro de Energía y Minas– nombró a su reemplazo: Édgar Ramírez Cadenillas (presidente). Ramírez era fundador y gerente general de Latin Energy Global Services S.A.C., que, según documentación recabada por la comisión que preside Salaverry, brindó asesoría a la firma Kuntur.
Esta empresa es una subsidiaria de Odebrecht. Fue creada en junio del 2007 bajo el nombre de Corporación Montería S.A.C., con un capital de apenas 400 soles.
Un mes después de su constitución, se cambió su nombre a Kuntur Transportadora de Gas S.A.C., y para diciembre ya contaban con un capital de 2 millones de soles. Jorge Henrique Simoes Barata, hombre clave de Odebrecht, aparece como uno de sus apoderados.
Kuntur ganó la primera adjudicación del gasoducto en el 2012, pero luego admitió no tener respaldo financiero para asumir el proyecto, por lo que el Estado le negó el crédito puente para el primer tramo. Tras ello, el entonces presidente Ollanta Humala convocó una licitación pública internacional. La licitación fue adjudicada en junio del 2014 al consorcio integrado por Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos S.A. (empresa de Odebrecht Latinvest), Graña y Montero y Enagás Internacional.
En julio del 2014, Ramírez negó algún tipo de conflicto, puesto que cuando lo convocaron para el comité “no tenía relación” con la empresa brasileña.