Estos son los 9 ciudadanos bolivianos a los que el Perú les prohibió el ingreso

Gobierno peruano advirtió que estas personas realizan actividades proselitistas en el país.

El gobierno de Dina Boluarte prohibió el ingreso al Perú del expresidente boliviano Evo Morales y de ocho de sus operadores que se habrían desplegado por el país para realizar actividades proselitistas.
Además de Morales, quien intenta promover en territorio peruano su proyecto político Runasur, los ciudadanos bolivianos con impedimento son Félix Cárdenas Aguilar, Cecilio Máximo Ilasaca Quispe, Isabel Ara Condori, Edgar Ramos Laura, Mario Mita Daza, Dionisio Núñez Tangara, Delina Chile Mamani y Francisca Alvarado Pinto.
Cárdenas Aguilar es exviceministro de Descolonización durante el gobierno de Morales; Ilasaca Quispe fue coordinador de este viceministerio; y Ara Condori es representante del Movimiento al Socialismo (MAS) en Cusco, partido boliviano que fundó en 1987 el exmandatario de Bolivia.
Ramos Laura, en tanto, es aliado del MAS, fue alcalde de Achacachi y fue denunciado por corrupción durante su gestión; Mita Daza, por su parte, fue diputado bolviano por el MAS.
Núñez Tangara es dirigente cocalero vinculado a Evo Morales y fue viceministro de Coca en su país; Chile Mamani es ex miembro de la Federación Sindical de campesinos del norte Potosí.
Y Alvarado Pinto es expareja de Morales y madre de Evaliz, hija del exmandatario. Además, trabajó en el cuerpo diplomático de Bolivia en Ecuador.
Fuente: Diario Perú21.

Gobernador regional de Puno: “La población va a calmarse cuando Dina Boluarte renuncie”

Richard Hancco aseguró que “a lo largo del gobierno de Dina Boluarte se han dado diversas declaraciones que han indignado a la población y se han desencadenado estos hechos”.

De acuerdo con el gobernador regional de Puno, lo que ha causado las protestas de la población son las actitudes de las autoridades.
“Se han difundido videos de policías que destruyen una moto ‘torito’, que agreden a señora con su hijo, que han apedreado una casa, que agreden a señoras transeúntes y otras cosas. Entonces, la población dijo ‘¿qué estamos esperando? y se ha convocado a ciudadanos de otras provincias”, añadió.
Detalló que no cree en que la labor del Acuerdo Nacional vaya a llegar a buen puerto.
Fuente: Diario Perú21.

Turba quemó la vivienda del legislador puneño Jorge Flores (Foto: Redes sociales).

Incendian casa de congresista Jorge Flores Ancachi en Ilave

Una turba llegó al inmueble, ubicado en la calle Ica del barrio San Miguel, y luego de quemar los tres pisos, se retiró de la zona.

Decenas de manifestantes incendiaron la noche de este lunes 9 de enero la casa del congresista de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, ubicada en Ilave. Esto en medio de las violentas protestas ocurridas en Puno y Juliaca y que ya han dejado 17 muertos y decenas de heridos.
El hecho se produjo después de las 8:00 p.m. en el inmueble, ubicado en la calle Ica, en el barrio San Miguel, hasta donde llegó una turba que prendió fuego y quemó los tres pisos de la vivienda.
De acuerdo con el testimonio de algunos vecinos, la turba llegó y luego de iniciar el fuego, se retiró del lugar. La casa del representante por Puno ardió y no se reportó la presencia de bomberos que atendieran la emergencia.
Durante esta jornada de protesta, hubo enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías. También se registraron saqueos e incendios en diversas tiendas y centros comerciales, así como en instituciones públicas como la Fiscalía y comisarías.
Fuente: Diario Perú21. 

Manifestantes saquean Plaza Vea, Aduanas y destruyen sus instalaciones

¿Qué pasa en Juliaca?

Saquearon Plaza Vea y destrozaron sus instalaciones tras la retirada de las fuerzas del orden en la zona. De acuerdo con los testigos, el saqueo se dio luego que los vándalos destrozaran la puerta de emergencia.
“Es increíble amigos lo que está pasando en Puno. Pobladores locales, que no pertenecen a los aimaras han ingresado a Plaza Vea aprovechándose que la policía se ha retirado de la zona. Son aproximadamente 200 personas que están en el lugar”, dijo Liubomir Fernández periodista de La República.
Según manifestó nuestro corresponsal en Puno, la PNP no solo habría dejado sin resguardo al centro comercial de Plaza Vea sino que también habría abandonado las instalaciones del Poder Judicial, la Fiscalía y las Aduanas.
Cabe detallar que previo al saqueo, en horas de la tarde, un grupo de vándalos quemaron la puerta de Plaza Vea, pero el incendio fue controlado. Tras ello, varias personas se aglomeraron en los exteriores del centro comercial. “Hemos llamado al coronel Solano sobre lo que esta pasando en Plaza vea, pero no tenemos respuestas. Ni un policía se encuentra cerca”, declaró nuestro periodista en Juliaca.
Fuente: Diario El Popular.

Operadores de Evo entraron a Perú en 27 oportunidades, algunos sin control migratorio

Los operadores bolivianos son los siguientes:
Félix Cárdenas Aguilar, exviceministro de Descolonización de Bolivia, con fechas de visita en julio y septiembre del 2021.
Cecilio Máximo Ilasaca Quispe, excoordinador internacional del Viceministerio de Descolonización, con fechas de visita en mayo, julio, septiembre, octubre y diciembre del 2021, así como en diciembre del 2022.
Fernando Huanacuni Mamani, excanciller de Bolivia, con fechas de visita en julio, agosto, noviembre y diciembre del 2021, así como en junio, septiembre, octubre y noviembre del 2022.
Héctor Arce Rodríguez, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), con fecha de visita del 17 de noviembre del 2022.
César Luis Dockweiler Suárez, excandidato a la alcaldía de La Paz, con fecha de visita en agosto del 2021.
Óscar Javier Barriga Arteaga, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con fecha de visita en agosto del 2021.
Cesia Vargas Águila, de Radio Kawsachun Coca, con fecha de visita en agosto del 2021.
Ibeth Cinthia Parra Villa Conde, de la comitiva del MAS-IPSP, con fecha de visita en agosto del 2021.
Sandra Mabel Mariscal, de la comitiva del MAS-IPSP, con fecha de visita en agosto del 2021.
Sebastián Felipe Gabriel, de Kuraj Mallku del norte de Potosí, con fecha de visita en julio del 2021.
Dionicio Núnez Tangara, exviceministro de Coca en Bolivia, con fecha de visita en julio, octubre y noviembre del 2021, así como en diciembre del 2022.
Delina Chile Mamani, exmiembro de la Federación Sindical de Campesinos del Norte Potosí, con fecha de visita en octubre del 2021.
Un recuento realizado por el periódico peruano El Comercio detalló que 12 operadores del expresidente Evo Morales, entre exautoridades, ingresaron en 27 oportunidades al Perú, en algunos casos sin pasar por el control migratorio y mentir sobre el propósito de la visita.
Los bolivianos identificados como parte de los operadores de Evo Morales son: Cecilio Máximo Ilasaca Quispe, excoordinador del Viceministerio de Descolonización, Dionicio Núñez Tangara, exviceministro de Coca; Félix Cárdenas Aguilar, exviceministro de Descolonización; Fernando Huanacuni Mamani, excanciller de Bolivia; Héctor Arce Rodríguez, diputado del MAS; César Luis Dockweiler Suárez, excandidato a la alcaldía de La Paz por el MAS; Oscar Javier Barriga Arteaga, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); Cecilia Vargas Águila, radio Kawsachun Coca; Ibeth Cinthia Parra Villa Conde, comitiva del MAS IPSP; Sandra Mabel Mariscal. Comitiva del MAS IPSP; Sebastián Felipe Gabriel, Kuraj Mallku del norte Potosí; y Denila Chile Mamani, exmiembro de la Federación Sindical de Campesinos del Norte Potosí.
“Cecilio Máximo Ilasaca Quispe, ex coordinador del Viceministerio de Descolonización de Bolivia, es la persona respecto a la cual se ha podido identificar mayor presencia en el Perú sin que estos ingresos hayan sido registrados en su reporte migratorio. Si bien su última entrada regular al país fue entre el 8 y 14 de diciembre del 2022, previamente ha tenido una alta actividad en regiones como Cusco, Arequipa y Puno entre el 2021 y 2022, entradas que no figuran en su reporte migratorio”, indica la nota del diario peruano.
El exviceministro de Coca en Bolivia también tuvo un ingreso irregular en sus visitar. Sólo existe la declaración de su ingreso entre el 6 y 9 de diciembre del 2022, pero no figuran las veces que estuvo en Perú entre julio y noviembre del 2021. Antes del 2022, su último registro es de fecha 2 de abril del 2016.
Un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) indica que el exviceminsitro Félix Cárdenas ingresaba a Perú alegando que haría turismo, pero realidad el propósito de su visita siempre era realizar actividades de proselitismo político.
“Jamás vamos a poder construir una sociedad plurinacional si primero no iniciamos un profundo proceso de descolonización, que es decir las cosas que no quieres escuchar. Es cuestionar todo (…) el primer trabajo es poner en evidencia el carácter colonial de nuestros países, una vez eso, ponerlo en crisis”, dijo Cárdenas en Perú el 2017, según el informe del DINI.
El artículo del diario peruano detalla las visitas de cada uno de los operadores de Evo Morales y actualmente pesa una denuncia en su contra por agitar la violencia en ese país y pregonar un discurso separatista.
En el último mes, Morales se refirió a la crisis política del Perú en varias oportunidades a través de sus redes sociales y culpó al actual gobierno de realizar un genocidio de indígenas que defienden a Pedro Castillo; además, planteó que la solución al conflicto peruano pasa por una Asamblea Constituyente.
Fuentes: Agencia de Noticias Fides, www.infobae.com

¿Evo Morales, el «Chapo» del Chapare?

Por Miguel Lagos- Diario EXPRESO.
En los casi catorce años que Evo Morales estuvo de presidente vía el MAS (Movimiento Al Socialismo), la convergencia de política, ideología y alta criminalidad se consolidó en Bolivia. Es lo que se ha llamado como el «narcosocialismo».
Y es que en suelo boliviano no solo se desplegaron acciones delictivas y corruptoras, también se persiguieron objetivos ideopolíticos como acompañantes estratégicos que aseguraron impunidades selectivas. Fue la entronización autoritaria de las organizaciones criminales sobre la base del poder político. Lo notable es que -en cierta réplica al fenómeno venezolano del chavismo- el componente ideológico jugaría un rol dando marco justificatorio al proyecto que alardeaba «luchar contra las injusticias sociales», el «racismo», la «discriminación» y hasta contra el «imperialismo» (la expulsión de la DEA antidrogas en 2008, por ejemplo, sirvió precisamente para robustecer de forma irreversible la expansión del narcotráfico).
¿Evo Morales es un narco, una variante del mexicano «Chapo» Guzmán pero con poder político real? Para diversos investigadores y periodistas internacionales y sus fuentes de la DEA y otras agencias anticriminales y de seguridad, el cocalero expresidente es líder de un cártel de narcotráfico con epicentro en la zona del Chapare, el VRAEM boliviano en ruta a convertirse en Sinaloa.
En la provincia del Chapare (Cochabamba), Evo es dirigente vitalicio de las seis poderosas federaciones de cocaleros. «En esa región no rigen las leyes de Bolivia sobre la propiedad privada. Nadie puede ni vender ni comprar un bien inmueble sin el consentimiento del ‘sindicato’ correspondiente. Y todos los sindicatos, reunidos en federaciones, responden a Morales. Una dictadura que el cocalero quiso extender a toda Bolivia» (Vacaflor Ganam 24/10/2022). La hegemonía evista en su máxima expresión obra en ese territorio.
En noviembre de 2019 en torno al pillado fraude electoral que expulsó a Evo de la presidencia, el periodista peruano Jaime Bayly recurría a un informe del Departamento de Estado de los EE.UU. y a fuentes de la DEA para comentar sobre los ingentes dineros que habría amazado el boliviano durante años; y que además el jefe del Cártel de Sinaloa, el mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán había sido su principal cliente a escala industrial (existe también registro de que dos hijos del Chapo estuvieron en suelo boliviano tomando clases de pilotaje con carnés falsos y bajo protección oficial en 2009 y 2015).
En suma, una serie de informaciones en las que no podía faltar la conexión con la estructura de mando cívico-militar que controla Venezuela desde hace más de dos décadas bajo el nombre de Cártel de Los Soles. (A propósito ver el libro del investigador brasileño Leonardo Coutinho, «Hugo Chávez o espectro», 2018).
La evidencia acumulada durante años con respecto a Evo Morales y su relación con el tráfico de drogas (usado incluso como una herramienta para el «combate asimétrico» contra sus enemigos en las democracias liberales) no es menor y solo la ingenuidad o una agenda encubierta podrían negarlo.
Por supuesto, cada vez que estos temas han saltado a la discusión pública, el impune y multimillonario cocalero Morales se victimiza audazmente recurriendo al manoseado discurso de la «discriminación racial».
«Lo que ocurre es que cuando te metes con Evo te acusan de racista. Si uno lo critica, si digo que era un dictador, ‘soy un racista’. Si digo que hizo fraude electoral, ‘soy un racista’. Si digo que vendía cocaína en Bolivia al Cártel de Sinaloa, ‘soy un racista’. Entonces nadie se anima a criticar a Evo porque el juega a la carta racial para ser invulnerable a las críticas», advertía no sin razón el periodista peruano Jaime Bayly (2019).
Hoy, habiendo sido neutralizado -con suerte- el plan autoritario de Pedro Castillo y su socio cogobernante Vladimir Cerrón, Evo Morales se ha desatado incitando junto a una serie de cómplices internos e ideológicos, un proceso de violencia gradualizada al sur del Perú incluso con fines secesionistas. Tal como procedió interviniendo en el contexto chileno, el boliviano azuza la polarización «refundacional constituyente» sobre la base de un peligroso autoritarismo «plurinacional» y de «lucha de clases y razas». Una letal política del resentimiento.
No debe confundirse entonces la naturaleza de este elaborado e infiltrado sistema de tensiones de alcance transnacional: se trata de la mezcla o de la superposición de conflictos criminales (con objetivos económicos y que tiene al narcoterrorismo como recurso máximo) y de conflictos políticos (con fines de concentración de poder e impunidad).

La Estela de Raimondi es un monolito o escultura pétrea de forma paralelepípeda, con uno de sus lados decorado en plano relieve, representando a un ser mítico. Pertenece a la cultura chavín de la época preinca.
Descubierta en Chavín de Huántar, fue bautizada como Estela de Raimondi en homenaje al naturalista y geógrafo italiano Antonio Raimondi, que impulsó su traslado a Lima para su estudio y conservación.
Este monolito refleja el estilo artístico de la cultura Chavín que se desarrolló especialmente en la provincia de Huari, y que fue uno de los principales centros religiosos y culturales del hemisferio occidental.
Fue el primer objeto de estilo chavín que se dio a conocer. Se trata de una losa de granito de 1.98 m de alto por 74 cm de ancho y 17 cm de grosor, que tiene tallada en una de sus caras a la representación de la divinidad principal de los chavines en la época del Templo Nuevo. El personaje representado corresponde a una divinidad antropomorfa felinizada de pie, vista de frente, con los brazos abiertos, sosteniendo en cada mano una especie de báculos. Las manos y pies terminan en garras. La figura se asemeja al dios Wiracocha retratado en la Puerta del Sol de la cultura Tiahuanaco ya que también sujeta dos varas, báculos o bastones.
Se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en el distrito de Pueblo Libre, en Lima.
Julio C. Tello realizó una minuciosa descripción de la Estela. Según su criterio, la imagen representa a un dios jaguar coronado con una enorme mitra o tocado ritual, y con dos báculos en las manos, por lo que sería un antecedente del dios Viracocha representado en la iconografía Tiahuanaco. Para Tello, la representación de un dios jaguar, animal propio de la selva, venía a probar su tesis del origen amazónico de Chavín, tesis que actualmente es cuestionada. John Rowe destacó también la similitud con la deidad Tiahuanaco y lo denominó como el Dios de los báculos.
Otro célebre arqueólogo, el alemán Max Uhle, consideró que las expresiones iconográficas del monolito derivan del estilo nazca e interpretó a la figura como un felino-hombre, de cuya cabeza se desprende una escolopendra o tal vez un milpiés con sus patas estilizadas en forma de bastones o culebras.
Federico Kauffmann Doig sostiene que se trata de un dios humanizado con atributos combinados de felino y de ave de rapiña. Según su punto de vista, lo que para Uhle era una escolopendra y lo que para Tello una mitra, se trata en realidad de alas y plumas estilizadas que deben verse como prolongación de la espalda de la divinidad, a manera de capa. En otras palabras, el cuerpo superior que se ve encima de la cabeza del dios sería en realidad su espalda desplegada, provista de alas estilizadas. Kauffmann ha denominado a esta divinidad como piscoruna-pumapasim (en quechua: hombre-ave con boca atigrada). Este «felino volador» estaría relacionado con el culto al agua y la invocación a la fertilidad, de tanta importancia en las civilizaciones agrícolas del Perú antiguo.
Fuente: Wikipedia.

Mesa sin diálogo

Dirigentes ashaninkas y nomatsigengas de Río Tambo se retiraron en protesta por la instalación de una mesa de diálogo en el Vraem entre el Gobierno, autoridades locales y comunidades. El incidente ocurrió cuando empezó a hablar el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, mientras agradecía la presencia de los alcaldes de la zona y otros representantes en el coliseo de San Martín de Pangoa.
Cuando iba a empezar su discurso, los representantes de la organización indígena Kanuja se pusieron de pie y se retiraron en protesta porque los alcaldes habían entregado indumentaria propia de su comunidad al primer ministro.

Maltrato a pueblos ashaninkas y nomatsigengas

“Los alcaldes no son dueños, no son pueblos indígenas, por lo tanto nosotros sentimos una falta de respeto que ellos puedan poner atuendo del pueblo indígena cuando no les corresponde”, aseveraron ante la prensa mientras dejaban la mesa de trabajo.
“No tenemos resultados, no tenemos ninguna obra para que se puedan poner nuestro atuendo. Eso es falta de respeto, por lo tanto nos retiramos porque vamos a tomar decisiones drásticas y tenemos que hacer paralización para hacer respetar nuestro pueblo”, agregaron.

Aníbal Torres ofende a los apus en el Vraem

También protestaron porque aseguraron que no se les otorgó la palabra, como sí se hizo con los alcaldes presentes en la zona, a pesar de considerar que el representante de la organización indígena Kanuja debía hablar en nombre del pueblo originario del distrito de Río Tambo.
Tras varios minutos, la instalación de la mesa de diálogo continuó pero sin los representantes Kanuja que abandonaron en grupo el coliseo.
Cabe indicar que Aníbal Torres, con otros miembros del Ejecutivo, habían escuchado la protesta de los representantes indígenas Kanuja así como de otras comunidades.
Fuente: Diario Perú21.

Asesinan a líder nomatsigenga en el Vraem

Ulises Rumiche Quintimari, líder indígena y gerente de Pueblos Originarios Amazónicos de la Municipalidad distrital de Pangoa, en la región Junín, fue hallado muerto con un impacto de bala en la cabeza. La policía investiga el móvil del asesinato, mientras las organizaciones indigenas de la zona norte del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) demandan justicia.
Por Geraldine Santos– Ojo-publico.com
Ulises Lorenzo Rumiche Quintimari, de 39 años, era integrante de la Asociación Unión Asháninka y Nomatsiguenga del Valle de Pangoa (Kanuja), que agrupa a 57 comunidades en la selva central. Además, a propuesta de esa misma organización, era gerente de Pueblos Originarios Amazónicos de la Municipalidad distrital de Pangoa (provincia de Satipo, en la región Junín) desde el 5 de enero de 2021. También era docente de educación intercultural bilingüe y pertenecía a la Organización de Maestros Bilingües Nomatsigenga y Asháninkas de Pangoa.
Su cuerpo fue hallado por personal del serenazgo de la Municipalidad Distrital de Pangoa, en la carretera Naylamp de Sonomoro del centro poblado San Ramón de Pangoa, en el sector El Piñal, tras recibir una llamada telefónica que, a las 5 a.m. del 20 de abril, informaba del hecho. Al llegar, los agentes se percataron de que se trataba del líder nomatsigenga. Rumiche Quintimari presentaba un impacto de bala en la nuca, contó el subgerente de Seguridad Ciudadana de esa municipalidad, Julio Otoya Abad, a OjoPúblico.
“Estuvimos trabajando con normalidad un día antes, hablamos y no noté nada extraño, desconozco de alguna amenaza”, dijo Celso León Llallico, alcalde distrital de Pangoa, a este medio. La autoridad municipal pidió al Ministerio Público celeridad para investigar el caso, que está a cargo del fiscal Diógenes Martín Cáseres Mendoza, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo y efectivos de la Comisaría de Pangoa.
Horas antes del crimen, Rumiche Quintimari se reunió con funcionarios del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables en la ciudad de Satipo. Luego de la actividad, el funcionario regresó a la municipalidad de Pangoa y dejó su centro de labores a las 6 p.m. “Todos los días iba a la comunidad San Antonio de Sonomoro, donde vive con su familia, y realizaba un viaje de 25 minutos, de su trabajo a su casa. No sabemos qué pasó en el camino para que apareciera muerto”, explicó Otoya Abad.
A través de sus redes sociales, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lamentó el fallecimiento del funcionario de Pangoa, a quien consideraban como un “gran aliado de las organizaciones de mujeres”, y exigió investigación y sanción a los responsables del asesinato.
El mismo pedido realizó la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) a través de su cuenta de Twitter, donde indican que el indígena era “aliado fundamental para promover el desarrollo sostenible en el norte del Vraem”.
Devida precisó que trabajan con Kanuja, la organización que integraba Rumiche Quintimari, desde el 2019 para impulsar proyectos de desarrollo alternativo en agricultura, con cultivos de café y cacao. Entre 2019 y 2021, Devida invirtió S/8’878,925 en diversos proyectos, y para este año está previsto un presupuesto de S/2’863,149 para actividades en beneficio de 864 familias indígenas de Kanuja.
Este jueves 21, el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo, a cargo del fiscal provincial Diógenes Cáceres Mendoza, abrió investigación preliminar por el delito de homicidio de Rumiche Quintimari. Tras el levantamiento del cadáver y su internamiento en la morgue de Satipo, donde se le practicó la necropsia de ley, el fiscal Cáceres Mendoza participó en la inspección técnico policial en la zona donde fue hallado el cuerpo del líder indígena, tomó declaración a sus familiares y solicitó se designe un equipo especial de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional para las diligencias preliminares.
Debido a que Rumiche Quintimari es líder de un pueblo indígena e integrante de la Asociación Unión Asháninka y Nomatsiguenga del Valle de Pangoa, las diligencias posteriores serán asumidas por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo de Junín, informó el Ministerio Público.

Un territorio peligroso

El distrito de Pangoa se encuentra en la zona norte del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en la provincia de Satipo, región Junín. Tiene una población de 61.318 personas, entre ellos indígenas nomatsigenga y asháninkas que viven en 76 comunidades. De ellas, el 72% no están tituladas por la Dirección Regional de Agricultura.
Además, la jurisdicción del distrito de Pangoa está a cargo del Frente Policial Vraem. En la zona hay presencia de grupos narcoterroristas, que usan el distrito para trasladar cocaína procedente de Cusco y Ayacucho hacia Lima. “Los asesinatos en la ciudad son poco frecuentes, ocurren uno cada dos meses”, sostuvo el subgerente de Seguridad Ciudadana de Pangoa, Julio Otoya Abad.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) instaló este jueves 21 de abril una mesa técnica en Pangoa para establecer las prioridades territoriales de las jurisdicciones que forman parte del Vraem. Participaron el primer ministro Aníbal Torres, ministros, autoridades regionales y locales, así como congresistas y representantes de la sociedad civil.Los líderes indígenas de los distritos de Vizcatán del Ene, Río Tambo y Pangoa que acudieron a esta reunión se retiraron de la mesa técnica en rechazo a los alcaldes que no respetan las tradiciones de los pueblos indígenas ni la jerarquía de sus líderes, indicó Fabián Antúnez, presidente de la Central Asháninka de Río Tambo. “Ni un minuto de silencio realizaron por Ulises Rumiche“, dijo Antúnez.
Además, expresaron su indignación con las autoridades locales porque usaron la cushma, entre otros atuendos indígenas, para reconocer a funcionarios de la PCM. “El atuendo indígena no es un instrumento folclórico ni debe servir para las fotos“, señalaron en una carta dirigida al primer ministro. Acordaron que se prohíba su uso como un acto de reconocimiento sin autorización de los pueblos asháninkas y nomatsigengas.

Contra el Patrimonio cultural

Los responsables del derrumbe de Kuelap son de Amazonas: la viceministra Sonaly Tuesta, quién renunció unos días antes del colapso de la muralla; el gobernador regional Oscar Altamirano y la exministra Gisela Ortiz.
El Complejo Arqueológico de Kuélap fue afectado por el terremoto del 28 de noviembre. Además la muralla no contaba con un adecuado sistema para el drenaje pluvial.

Allanan viviendas y oficina de Oscar Altamirano

Por Sqala TV
Se realizó el allanamiento de las viviendas del Gobernador Regional de Amazonas, Oscar Altamirano Quispe, una de ellas ubicado en jirón Triunfo cuadra tres, la otra ubicada en el Centro Poblado de Ocol, distrito de Molinopampa, provincia de Chachapoyas y de su oficina en la sede central del GOREA. Además se realizó el registro de dos vehículos marca Toyota, que al parecer son de uso personal del gobernador.
El motivo de esta diligencia es en el marco de una investigación que se lleva a cabo en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Amazonas, sede Bagua, por el Delito Contra la Administración Pública, Enriquecimiento Ilícito, Delito Contra la Tranquilidad Pública Banda Criminal, en agravio del Estado, representado por el Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Luján de Bagua, en contra de funcionarios, ex funcionarios, servidores y ex servidores públicos de dicha entidad, del Gobierno Regional Amazonas y otros.
En este operativo vienen participando el personal policial del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción PNP Amazonas, con apoyo de personal policial del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción PNP Moyobamba y de la Región Policial Amazonas, acompañados de representantes del Ministerio Público, quienes de manera simultánea procedieron al allanamiento y registro de los objetivos.
Según información extraoficial el Gobernador Regional estaría colaborando con las investigaciones que se vienen realizando.
El Ojo que Llora ubicado en Jesús María.

“El Ojo que llora” fue declarado Patrimonio Cultural

Por Edwin Cavello Limas– LimaGris.com
La razón de la designación de la activista Gisela Ortiz como ministra, parece estar vinculada a los planes del gobierno para que la cartera de Cultura sirva para desplegar, con fondos del Estado, tareas proselitistas para seguir reescribiendo la historia e instalar una narrativa pro Sendero Luminoso. De ahí que con la llegada de Gisela Ortiz Perea al MINCUL, la primera acción que se está impulsando internamente es buscar que el espacio memorial llamado El Ojo que llora sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Un asunto que los activistas de la Asociación Caminos por la Memoria, a la que pertenece Ortiz, busca que sea aprobada desde el año 2013.
La ignorancia de Gisela Ortiz sobre el sector cultural es más grande que el Océano Pacífico, pero convertirse en ministra de Cultura le resulta útil para que en su gestión se logré sacar la resolución de patrimonio cultural para El Ojo que llora, un recinto que ha generado discrepancias por ser una creación básicamente política y cuya declaración como patrimonio desataría una nueva polémica ya que desde el 2005 se denunció que entre los nombres de quienes El Ojo que llora considera víctimas de la violencia, se incluyó los nombres de 41 senderistas que fueron victimados en el penal Castro Castro durante un motín y la posterior redada militar en mayo de 1992. A este grupo de nombres también se suman el de los nueve estudiantes y el profesor de La Cantuta, donde se incluye el de Luis Enrique Ortiz Perea, hermano de la actual ministra de Cultura.
El Ojo que llora ha sido escenario de distintos hechos de protesta y vandalismo, esto debido a que un sector de la población lo ve como un espacio de la memoria, pero otro sector lo identifica como un símbolo proterrorista.
Según nuestra fuente, el expediente técnico para la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación, fue preparado por Carlos del Águila Chávez, quien ocupa el cargo de Director General de la Dirección de Museos. El mencionado expediente ya se encuentra casi listo y el siguiente paso sería la aprobación y firma de Claudia Ruiz, actual viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.
Carlos del Águila Chávez.
Nos comunicamos vía telefónica con Carlos del Águila Chávez y nos confirmó la existencia del expediente técnico, además nos comentó que el pedido llegó hace un tiempo por parte de la Municipalidad de Jesús María y por la Asociación Caminos por la Memoria, sí, la misma asociación donde la ministra Gisela Ortiz figura como voluntaria. Además, Del Águila mencionó que “el expediente cumple los requisitos legales y técnicos para ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación”. Y agregó “El expediente lo que hace es determinar el valor patrimonial. Todo el argumento se basa en la información oficial que se tiene. De hecho, El Ojo que llora está registrado como bien de interés cultural. Sabemos muy bien que la preferencia de la ministra va a estar apuntada básicamente a referentes de memoria histórica, y las memorias están en el trabajo del Ministerio de Cultura y los derechos humanos”, expresó el funcionario del Mincul.
En la declaración del funcionario existe una frase clave: “Sabemos muy bien que la preferencia de la ministra va a estar apuntada básicamente a referentes de memoria histórica” con lo cual está confirmando que la sorprendente llegada de Gisela Ortiz al ministerio de Cultura apunta instalar una narrativa prosendero acorde con los vínculos de la ministra que datan desde 1986 cuando era una agresiva estudiante en La Cantuta.

Existen siete (7) reservas en beneficio de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y situación de Contacto Inicial PIACI, las cuales se establecieron entre los años 1990 y 2021, en el marco de la Ley 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva. Dichos territorios existen gracias a las iniciativas de las organizaciones indígenas, así como por el Ministerio de Agricultura, a través de sus Direcciones Regionales Agrarias.
Estas siete Reservas Territoriales son las siguientes:

Reserva Indígena Murunahua

Extensión: 470,305.89 hectáreas. Aquí viven personas de los pueblos indígenas chitonahua (murunahua) y mashco piro en situación de Aislamiento, así como el amahuaca en situación de Contacto Inicial.
Año de creación: 1997. Categorizada como Reserva Indígena el 24 de julio del 2016.
Ubicación: Ucayali.

Reserva Indígena Mashco Piro

Extensión: 816,057 hectáreas. Aquí viven en situación de Aislamiento los mashco piro y mastanahua, así como un pueblo indígena cuya pertenencia étnica aún no se identifica. Suelen moverse mucho en los veranos amazónicos (entre julio y octubre) e ingresar a comunidades nativas y chacras de sus pobladores.
Año de creación: 1997. Categorizada como Reserva Indígena el 24 de julio del 2016.
Ubicación: Ucayali
Superposición con el Parque Nacional Alto Purús.

Reserva Indígena Isconahua

Extensión: 298,487.71 hectáreas. Únicamente vive el pueblo indígena isconahua en situación de Aislamiento. Se ubica en la zona fronteriza con Brasil y sobre su territorio se ubica el Parque Nacional Sierra del Divisor. En las afueras de esta reserva existen grupos del pueblo Isconahua en situación de Contacto Inicial, pero están en las comunidades de Callería y Chachibay, y en el asentamiento San Miguel de Callería.
Año de creación: 1998. Categorizada como Reserva Indígena el 24 de julio del 2016.
Ubicación: Ucayali.
Superposición con el Parque Nacional Sierra del Divisor.

Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros

Extensión: 456,672.73 hectáreas. Aquí se asientan los pueblos indígenas yora o nahua, en situación de Contacto Inicial. A ellos se les suma los matsigenka (subgrupos nanti y kirineri) en situación de Aislamiento y en situación de Contacto Inicial. Además, vive un pueblo indígena en situación de Aislamiento cuya pertenencia étnica no ha sido posible identificar.
Año de creación: 1990. Modificada por el Decreto Supremo N° 028-2003- AG, del 25 de julio del 2003.
Ubicación: Cusco y Ucayali.

Reserva Territorial Madre de Dios

Extensión: 829,941 hectáreas. Aquí viven en situación de Aislamiento los mashco piro, además de un pueblo indígena cuya pertenencia étnica aún no se identifica.
Año de creación: 2002.
Ubicación: Madre de Dios.

Reserva indígena Yavarí Tapiche

Extensión: 1’095,877.17437 hectáreas. Establecida en abril de 2021, tras un proceso de 17 años, esta reserva es habitada por indígenas aislados y en contacto inicial matsés, remos (isconahuas), marubos y otros pueblos no identificados.
Año de creación: 2021.
Ubicación: Loreto.
Superposición con el Parque Nacional Sierra del Divisor.

Reserva indígena Kakataibo Norte y Sur

Extensión: 148,996.5056 hectáreas. Esta reserva, que se estableció en julio de 2021, alberga a indígenas aislados kakataibos y está dividida en dos zonas debido a que el territorio de este pueblo se encuentra dividido por la carretera Federico Basadre, inaugurada en 1943.
Año de creación: 2021.
Ubicación: Loreto y Ucayali.
Fuente: SPDA.

Petrotal  retoma producción de petróleo en el lote 95: ¿cuál es su futuro inmediato?

Petrolera reanuda sus despachos de crudo por vía fluvial hacia Iquitos y Brasil tras acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y las comunidades nativas de Loreto.

Por Juan Saldarriaga- Diario El Comercio.
La petrolera peruano-canadiense Petrotal dio a conocer que ha reiniciado la producción de crudo en el lote 95 (Loreto), el campo petrolero más importante de la selva peruana, tras recuperar el acceso a su muelle de carga, bloqueado por comunidades nativas días atrás.
En conversación con este Diario, el presidente de la empresa de hidrocarburos, Manuel Zuñiga, reportó que su representada dio comienzo en la tarde del domingo a la reapertura de los pozos productores detenidos por el bloqueo, empezando por el flamante pozo BN-9H, perforado en noviembre pasado.
“A continuación, vamos a abrir otro pozo el lunes. Y para el martes vamos a estar con todos los pozos abiertos, de tal modo que el jueves estaremos trabajando a nuestra máxima capacidad, si todo va bien y las bombas no se malogran”, indicó el empresario.
Eso significa que Petrotal estará en disposición de producir entre 16 mil y 20 mil barriles por día (bpd) durante un lapso limitado de tiempo.
Esto es, hasta que logre evacuar toda su producción por vía fluvial hacia Iquitos y Brasil, tras lo cual deberá volver a paralizar actividades, debido a que “se quedará sin barcazas” y sin otra ruta alternativa, debido a la paralización del Oleoducto Norperuano (ONP).
“Sin acceso al ONP, tendremos que volver a parar la producción antes de Navidad”, explicó Zúñiga.
Petrotal no puede bombear crudo por el Oleoducto Norperuano debido al bloqueo de esta infraestructura por parte de las comunidades nativas.
Hasta antes del bloqueo a su muelle, la petrolera producía un promedio de 12,000 bpd, volumen que descendió a 650 bpd en los últimos días.
Su expectativa es estabilizar su producción en alrededor de 16,000 bpd, para luego subir la valla a 20,000 bpd y tentar la marca de los 25,000 bpd hacia a el año 2023, “si no hay más paralizaciones y el Directorio aprueba el presupuesto para el 2022″, precisa Zúñiga.
Dicho presupuesto bordearía los S/500 millones, cifra superior en 30% al asignado en el 2020.
“El monto de inversión puede verse afectado y sustancialmente reducido sino se toman las decisiones en el Poder Ejecutivo que permitan lograr una paz social inmediata en la región Loreto”, advirtió la compañía en un comunicado publicado diez días atrás.
La liberación del muelle del lote 95 ocurre después de que el Ministerio de Energía y Minas selló un acuerdo con la mayoría de los colectivos nativos de Loreto y la alcaldía de Puinahua, tras varias reuniones sostenidas en Lima.
Dicho acuerdo contempla la creación de una comisión multisectorial para el río Corrientes, y la publicación de un Decreto de Urgencia orientado a atender y ejecutar proyectos priorizados en el marco del Plan de Cierre de Brechas.

Los mejores hombres luchan contra el narcotráfico

Por Geraldine Santos y Leslie Searles– Ojo Público.
El narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de tierras se extienden con agresividad en el territorio kakataibo, ubicado entre la frontera de Huánuco y Ucayali. Cuatro líderes de este pueblo han sido asesinados durante la pandemia de la Covid-19 y otros ocho se encuentran amenazados por grupos vinculados a actividades ilícitas. Aunque recientemente se creó la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) pide aplicar con urgencia una adecuada estrategia de erradicación de la hoja de coca y de protección a los líderes amenazados en la zona.
¡Silencio!, ¡silencio!, exclama en voz alta el indígena kakataibo Herlin Odicio. Todo el grupo de personas que lo sigue se detiene en el bosque y levanta las orejas para escuchar. Un zumbido a lo lejos se confunde con el cantar de las aves, el chillido de los monos y el croar de las ranas. “Escucha, es una avioneta”, indica el joven líder. La selva espesa hace difícil observar con claridad. Las copas de los árboles, verdes y frondosos, apenas dejan espacio para observar el cielo azul. Pasan los segundos y el zumbido se agudiza. La aeronave sobrevuela en círculos. “Es una avioneta del narcotráfico“, sentencia el apu y espera con impaciencia que aterrice para proseguir con la caminata.
“Esta es mi tierra, por aquí caminaron mis abuelos”, dice Herlín Odicio, líder de la etnia kakataibo, mientras que con la ayuda de un hacha se abre paso entre las lianas, los enormes árboles de tornillo y una enmarañada sábana de hojas y ramas. El hombre -35 años, callado, mirada serena- dirige el retorno de la Reserva Kakataibo de un equipo de Ojo Público que llegó a la zona para conocer los peligros a los que se enfrenta este pueblo, ubicado a un día y medio de caminata desde la comunidad de Yamino. Kakataibo se traduce al español como el pueblo de los “mejores hombres”.
Yamino se localiza a cuatro horas de la calurosa ciudad de Pucallpa, en la región Ucayali, ubicada en la frontera amazónica de Perú con Brasil. Para llegar hasta allí hay que abordar un auto que nos conducirá, durante tres horas, hasta la ciudad de Aguaytía, en la provincia de Padre Abad. Enseguida se debe tomar una camioneta rural (combi). El trayecto demora una hora y se debe pasar por extensas hectáreas de cultivos de palma aceitera. Un puente de madera con grafías del pueblo kakataibo es la entrada a la comunidad. Es una pequeña ciudad con casas de madera. Sus pobladores hablan un idioma desconocido para nuestros oídos.
Herlin Odicio es el presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) y defensor ambiental reconocido por el Gobierno. No tiene hijos, vive en una casa de madera, acompañado de sus gallinas y cerdos, en la comunidad de Yamino. Cuando le preguntan si tiene novia se limita a sonreír. De su vida personal habla poco. En este lugar sus enemigos tienen “ojos y oídos en todas partes”. Por eso elige el silencio a las preguntas personales.
El apu kakataibo aprendió el valor de la discreción luego de ser amenazado reiteradas veces por narcotraficantes. También ha llorado a sus hermanos indígenas asesinados. En abril del 2020 su amigo y líder indígena Arbildo Meléndez -apu de la comunidad Unipacuyacu (Huánuco)- fue asesinado en la selva de Codo del Pozuzo.
Unos meses antes habían viajado juntos a Pucallpa para reunirse con el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst. En aquella oportunidad le contaron los riesgos que enfrentaban. “Él [Arbildo] nos dijo que lo iban a matar”, refiere Herlin con la mirada cansada mientras conversamos en la tienda de abarrotes de la comunidad. “Murió por defender nuestra tierra”, sentencia. Afuera, los niños indígenas juegan con inocencia.

Los que tienen ojos y oídos en todos lados

Es hora del almuerzo. En la mesa hay gallina de corral sazonada con cebolla, acompañada con plátanos sancochados y arroz. La fotógrafa Leslie Searles les entrega colores y cartulinas a los líderes indígenas para que dibujen la vida en su comunidad y las amenazas latentes. Una hora después las cartulinas muestran mapas que conducen a las narcopistas ubicadas en las comunidades Santa Martha, Unipacuyacu, Puerto Nuevo, Sinchi Roca y Santa Rosa. Ellos conocen el camino de memoria, pero no van hasta allá por temor. “Aunque es nuestra tierra, no podemos caminar libremente”, lamenta el líder.
Los primeros colonos que se dedicaban al cultivo de la hoja de coca llegaron en el 2000 y la violencia que siempre viene con el narcotráfico se despertó en el 2017. En lo que va de la pandemia, cuatro indígenas del pueblo kakataibo han sido asesinados con armas de fuego: Arbildo Meléndez, de Huánuco; Santiago Chota, de Ucayali; Herasmo García y Yenes Ríos, ambos de la frontera entre estas dos regiones. Todas esas muertes siguen en investigación de alguna olvidada carpeta fiscal. No hay ningún detenido, pero sí mucho miedo en el resto de indígenas que se enfrentan al tráfico de drogas, la invasión de tierras y otras actividades ilegales. Parado al costado del puente de la comunidad Yamino, Herlín Odicio dice: “¡Silencio! No podemos hablar de los narcotraficantes aquí. Tienen ojos y oídos en Yamino”.
Decenas de hectáreas de tierras de los kakataibos son alquiladas para el cultivo de plátanos y papayas a gente que no es parte de su comunidad y cuya presencia ahora ven con recelo.
La tradición oral indica que antes los kakataibos vivían en el norte de Perú, donde se juntan los ríos Amazonas y Marañón y que actualmente es la región Loreto. Pero un día los ancestros más sabios dijeron: “kananuna ënu uran tsooan Paru ukémana unu nu kwanun ka, én unchi, én uá, pa, che”, que se traduce como: “Hemos vivido mucho tiempo aquí, debemos ir para allá, al otro lado del río, abuelo, abuela, padre”. Así empezó la expedición de los kakataibos en busca de un lugar donde asentarse.
El sabio Emilio Ispón -que significa Estrella- relata que los kakataibos llegaron hasta la cabecera del río Awëiti [Aguaytía en español], luego descendieron hasta la ribera de dicho río, en un territorio de lo que ahora es la región Ucayali, y allí se instalaron. Otro grupo decidió seguir por los ríos Shambo y Santa Ana hasta los afluentes de los ríos San Alejandro y Sungaroyacu, en la actual región Huánuco.
El pueblo kakataibo se mantuvo cazando sachavacas y peces tanto en Huánuco como en Ucayali. Para impedir el ingreso de los mestizos, realizaban guardias en el bosque virgen. Así mantuvieron intactas su lengua y tradiciones. Sin embargo, en los últimos 20 años su supervivencia corre peligro, debido a la invasión de foráneos que talan sus bosques, siembran hoja de coca que después convierten en pasta básica de cocaína y construyen pistas de aterrizaje clandestinas para trasladar la droga. Al narcotráfico y la tala ilegal de madera se suma el tráfico de tierras.
En la Amazonía, lo natural es que las fronteras las delimiten los ríos o los árboles, pero en la localidad indígena de Yamino los habitantes optaron por un portón de fierro. En julio del año pasado no les quedó más remedio que instalar una enorme puerta de metal para separar su territorio del caserío de colonos [foráneos], llamado Shamo. Además, colocaron cámaras para conocer quiénes ingresan y salen de su territorio.
Lo hicieron con una doble finalidad: para aislarse frente al rápido avance del virus SARS-CoV-2 y ante el incremento de amenazas que llegaron luego de la muerte del líder kakataibo Arbildo Meléndez, en abril del 2020.
Para evitar el ingreso de extraños y ante los asesinatos de los indígenas kakataibo, la comunidad Yamino tuvo que instalar un portón y cámaras de videovigilancia.
El Estado, que debería protegerlos, alienta la creación de caseríos impulsados por foráneos dentro de los territorios indígenas. A la fecha se han conformado cuatro en dos comunidades de Huánuco, con anuencia de las autoridades. “En abril tres hombres que intentaron ingresar a nuestro territorio, de madrugada, sin ninguna justificación, agredieron a nuestros hermanos. Usan nuestros caminos para llegar a la reserva indígena y sembrar allí hoja de coca”, refiere el apu Herlín Odicio.
Los indígenas se turnan por familias para cuidar el portón. Algunos días son de risas y tranquilidad, pero en otros hay temor por la presencia de extraños. Yamino, con una población de más de 400 indígenas es, en teoría, la comunidad del pueblo Kakataibo con menor riesgo, “¿pero ya quién puede estar tranquilo con tanta matanza?”, dice el líder.

El largo camino al territorio

El camino hacia la Reserva Indígena Kakataibo Norte es una estrecha línea en medio de una gran plantación de plátanos. Al andar solo se escucha el crujir de los árboles que se balancean por acción del aire. Avanzamos hasta que unos feroces perros aparecen, están entrenados para morder a todo aquel que se acerca. “Estas tierras están alquiladas, por lo que, a pesar de que es nuestra comunidad, no podemos entrar”, dice Rotapon -nombre en kakataibo de Melvin Estrella, que prefiere no usar porque no lo representa- acupunturista y artista indígena de 35 años. Las tierras a las que hace mención fueron alquiladas en gestiones anteriores de líderes de las comunidades y son contratos en vigencia que deben cumplir, pero la presencia de un número cada vez mayor de personas ajenas a su pueblo los hace ver con recelo cualquier presencia extraña.
Frente a la jauría de perros, nos quedamos parados, una estrategia que se usa en las ciudades para confundir al animal. Aquí no funciona. Son huesudos, de color gris con manchas mostaza. Se lanzan sobre los visitantes, pero los indígenas impiden que nos muerdan. Al llegar a este punto, llevamos siete horas de caminata. Aunque empezamos el viaje en la tolva de un camión, unos pocos metros adelante el río destruyó la carretera. En adelante la ruta es a pie.
Mientras avanzamos, tres hombres con machetes y rifles en mano nos observan. Llevan pescados en anzuelos. Rotapon los saluda. “¿Cómo ha estado la pesca?”, les consulta. Los hombres sonríen. “Hay buenos paiches, están grandes”, responden.
DESPROTEGIDAS
La indígena Estrella Pérez cuida que sus hijas no salgan solas de su vivienda. Dice que el peligro de un ataque está latente.
La conversación es tranquila hasta que la fotógrafa Leslie Searles interviene para consultarles si les puede tomar una foto con sus peces.
-¿Quieres enviarnos a la cárcel?, ¿Para qué quieres una foto?
-No, no. No es para nada malo. Es que son una bonita imagen. Tranquilo.
-No nos tomamos fotos, señorita. Debemos cuidarnos.
Mientras los hombres se alejan, todos guardamos silencio. “Son cocaleros, nosotros fingimos no saber nada”, advierte Rotapon.
Para llegar a la Reserva Indígena Kakataibo Norte hay que recorrer a pie un día y medio desde la comunidad Yamino hasta la cabecera del río Blanco, frontera del territorio de los indígenas en aislamiento voluntario y los contactados. El último 22 de julio, el Ministerio de Cultura categorizó la reserva en sus zonas norte y sur. El territorio en total es de 148,996 hectáreas entre las regiones Huánuco, Ucayali y Loreto.
Luego de la larga caminata, vemos un majestuoso e implacable río. “El Blanco está furioso”, sentencian el líder Willy Pino, indígena kakataibo de 34 años, de contextura robusta. Debemos caminar por un par de horas más, ya que cruzar para llegar pronto a nuestro destino sería arriesgar nuestras vidas. El sol no es compasivo, pero debemos seguir a paso firme. Las horas transcurren y vemos una playa a lo lejos. “¡Llegamos!”, dice con emoción Willy Pino, exjefe de la comunidad Mariscal Cáceres.
La diferencia entre ambos territorios es notoria. Herlin, Rotapon y Willy viven en lugares donde los efectos de la deforestación permiten ver caminos y árboles de guayruro a lo lejos; mientras que la espesura del bosque, donde habita la población en aislamiento voluntario, bloquea todo el panorama. Es un muro gigante de árboles y lianas.
Los mismos indígenas temen ingresar a este punto de la reserva, saben que un encuentro con sus hermanos en aislamiento podría terminar en tragedia. “Los indígenas en aislamiento voluntario son renuentes a relacionarse de manera directa con personas ajenas a su grupo”, explica Beatriz Huertas Castillo, antropóloga especializada en Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
INDEFENSOS
Yamino es la comunidad más próspera de los kakataibos, pero los asesinatos de indígenas y las amenazas que reciben impiden el desarrollo del turismo vivencial y, por tanto, la generación de recursos.
Ningún estudio puede determinar cuántos son los kakataibos en aislamiento voluntario porque para hacerlo habría que tener contacto con ellos, lo que significa exponerlos a enfermedades de la sociedad occidental. “Carecen de anticuerpos, el contacto con personas enfermas podría ser mortal”, advierte la especialista. Lo que se sabe es que están distribuidos en grupos familiares por el extenso territorio que habitan y aprovechan.
El principal peligro para estos indígenas son los foráneos. A veces ingresan con perros y escopetas fingiendo ser cazadores, pero “en realidad, son cocaleros que buscan nuevos territorios para extender sus cultivos y laboratorios”, lamenta Willy Pinto y con una mano señala huellas de deslizamientos de tierra y árboles en los linderos de los territorios de los hermanos aislados. “Tratan de ingresar por ahí”, anota.
El narcotráfico y el cultivo de hoja de coca se expande en lugares alejados e inhóspitos aprovechando la ausencia del Estado. “Las comunidades y los dirigentes indígenas necesitan la protección de las Fuerzas Armadas y la policía, una efectiva política de erradicación de los cultivos de coca y lucha frontal contra el narcotráfico”, señala Beatriz Huertas, quien trabajó en el estudio para determinar la existencia de los kakataibos aislados ante el Ministerio de Cultura, vía una entrevista telefónica desde Lima. A kilómetros de la ciudad capital, Willy Pinto, provisto de flechas y vestido con su tradicional cushma, afirma que morirán por defender a su pueblo: “aislados y no aislados, todos somos kakataibos”.

No hay justicia para las víctimas

Arbildo Meléndez Grández tenía 43 años cuando un disparo de escopeta acabó con su vida en el territorio de la comunidad Santa Martha, colindante a su casa. En ese momento era jefe de la comunidad indígena Unipacuyacu, ubicada en el distrito Codo del Pozuzo, región Huánuco, y padre de cuatro niños. Había asumido el liderazgo de 18 familias kakataibo en el 2018 luego del asesinato de su abuelo político y líder Justo Gonzáles Sangama, presuntamente a manos de narcotraficantes.
La historia de Arbildo es similar a la de Emilio Estrella, un indígena de 33 años, menudo, pero con una fortaleza de roble y de sonrisa pícara. Él es jefe de los monitores ambientales de la comunidad Yamino y padre de cinco niños. Su labor es recorrer el territorio por semanas junto a otros tres compañeros para detectar a invasores, traficantes y cocaleros. Recibe constantes amenazas de muerte por parte de cocaleros. “Tengo miedo, pero mis hijos y mi pueblo merecen vivir en paz”, dice mientras avanza con su escopeta delante de todo el grupo para asegurar nuestro paso.
Los días de Emilio Estrella transcurren cuidando los linderos de la comunidad, aprendiendo a usar imágenes satelitales y dominar el dron. La misma labor realizaban Santiago Vega Chota, Yenes Ríos (ambos de Sinchi Roca I) y Herasmo García Grau (Puerto Nuevo), sus hermanos kakataibos que fueron asesinados por defender su territorio durante la pandemia. Emilio recuerda sus rostros, sus risas y sus ocurrencias, pero también el dolor por la falta de reconocimiento de parte del Estado a su labor. “Sus nombres recién se conocieron al morir”, lamenta.
La Defensoría del Pueblo también identifica al pueblo kakataibo como uno de los más vulnerables al encontrarse en un territorio de creciente narcotráfico, invasores de tierras y taladores ilegales. No obstante, las amenazas continúan. El pasado 12 de julio se concretó otra violación al derecho de su propiedad comunal, cuando el Gobierno Regional de Huánuco categorizó a la comunidad de Santa Martha y su anexo Alianza Santa Martha como un caserío sin consulta previa.
Al enterarse de este hecho, los líderes activaron la alarma en todas las doce comunidades de este pueblo. Emilio Estrella, junto a un grupo, hizo lo propio y salió a vigilar las fronteras para evitar la intromisión de foráneos. Al convertirse en un caserío, la comunidad corre un gran peligro. “Una comunidad es una propiedad colectiva, mientras los centros poblados y caseríos son un territorio donde habitan un grupo de particulares con títulos independientes”, explica el abogado Vladimir Pinto, de la ONG Amazon Watch.
MIEDO
Las mujeres kakataibo temen que sus hijos crezcan sin sus padres, pues al ser protectores del territorio corren el riesgo de ser atacados.
La comunidad de Santa Martha cuenta con el título de propiedad de 14,000 hectáreas de terreno en el distrito de Codo del Pozuzo, Huánuco, desde 1906. Según Emilio Estrella, la medida del Gobierno Regional de Huánuco busca favorecer a los invasores. Refiere que los foráneos, al inicio, son amables, pero luego buscan dividir a la comunidad y cuando no pueden lograrlo van con las autoridades para que los ayuden a posicionarse.
“Lo que hizo el Gobierno Regional de Huánuco es similar a la modalidad de tráfico de tierras que se investiga en Ucayali, donde se da el rango de centro poblado o caserío a las comunidades para luego lotizar sus tierras y venderlos”, advierte el abogado Vladimir Pinto. Los ataques en Santa Martha son constantes: los narcotraficantes construyen pistas clandestinas de aterrizaje y atemorizan a la comunidad.
“Seguiremos de pie, luchando”, dice Emilio Estrella, pero, admite que teme dejar huérfanos a sus hijos.

Miedo y amenazas constantes

Una pequeña niña corre por las calles de la comunidad Yamino. Su cabello ondea mientras va detrás de su mascota Negra, una perra criolla de mediana estatura. Sus pequeños y constantes pasos la alejan rápido de su casa de madera. Han pasado unos minutos, Estrella Pérez Odicio, mujer kakataibo de 25 años, deja su cocina para salir en busca de la niña.
—María, María -grita sin obtener respuesta de la indígena de seis años- ¿Dónde estás, María?
Los segundos pasan, la desesperación y su rostro de terror se evidencian.
-María, María, ven hijita-. Estrella no espera más y va a buscarla.
Para un extraño, la actitud de Estrella no tendría sentido porque, supuestamente, es seguro vivir en una comunidad, donde todos se conocen y el territorio les pertenece. Sin embargo, para los kakataibos, la vida no es así. Las amenazas constantes han generado tensión y miedo. Los niños pequeños no pueden salir solos de casa o jugar en la puerta de sus viviendas.
“Aquí al menos es tranquilo, en otras comunidades [como Puerto Nuevo, Sinchi Roca o Santa Martha] la situación es crítica, nadie puede salir solo”, cuenta la joven madre mientras lava unas verduras en su cocina. A lado -en su pequeña sala- María y su hermana juegan con inocencia junto a Negra.
DEFENSA
Emilio Estrella, líder de los monitores ambientales, deja su vivienda cada dos meses para recorrer durante dos semanas los linderos del territorio indígena.
“Las comunidades necesitan una efectiva política de erradicación de los cultivos de coca y lucha frontal contra el narcotráfico”, señala Beatriz Huertas. Ahora se protegen solos.
Emilio y Estrella Pérez son primos, ambos descendientes directos del sabio Emilio Ispon, quien les enseñó las tradiciones de su pueblo y el valor de cuidar la tierra de sus ancestros. Los primos son unos convencidos de que para proteger el territorio, primero se debe velar por la vida y educación de los niños. “Deben conocer la historia y la lucha del pueblo”, afirma Emilio, líder de los monitores ambientales. Espera que sus hijos continúen su labor.
El joven líder teme que alguno de sus cinco niños sea atacado o intervenido por un narcotraficante, por eso no permite que salgan de su comunidad. Cada vez que viaja a la ciudad se lleva a los más pequeños con él y los presenta como kakataibos, descendientes de un pueblo guerrero.
Rotapon y Willy también son primos y todos ellos son tíos de Herlin Odicio Estrella. “En el pueblo kakataibo todos somos familia, somos hermanos de sangre y lucha”, dicen. Por ello, porque son su familia, el apu Herlin espera el apoyo del Estado para liberar a sus hermanos del miedo y dolor. Confía en que volverán los días de júbilo y alegría, donde no había narcotráfico en su territorio y celebraban los ritos que aprendieron de sus antepasados y que espera transmitir a las nuevas generaciones.

La situación legal del expresidente Martín Vizcarra se complica aún más, y es que una nueva empresa se acogió a la colaboración eficaz y afirmó que participó en el pago de coimas de 1’300,000 soles por la buena pro del Hospital de Moquegua, según revela el semanario “Hildebrandt En sus Trece”.
Según la información la empresa Incot S.A.C entregó información al Ministerio Público un paquete de documentos y correos electrónicos que comprometen a Vizcarra en la receptación de sobornos.
Esta compañía junto a Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A (ICCGSA), obtuvo la buena pro para la construcción del Hospital Moquegua cuando Vizcarra era gobernador en el 2013.
El Grupo Incot reconoció ante el fiscal del Equipo Lava Jato Germán Juárez Atoche que cometió actos delictivos al haber aprobado y gestionado el pago de sobornos a Vizcarra y reveló que gran parte del dinero provino de las arcas de esta empresa.
Según la revelación, Jorge Iturrizaga Santos, gerente general de Incot, realizó las gestiones para generar los recursos. La salida del dinero para el pago ilícito al expresidente fue sustentada a través de contratos ficticios.
Se reveló que la empresa entregó al fiscal Juárez Atoche los contratos ficticios, los documentos contables que acreditarían la ruta del soborno, los correos electrónicos internos que detallan las gestiones para desembolsar el dinero, así como los registros de las coordinaciones con su socio ICCGSA.
Esta nueva colaboración eficaz confirma las versiones de otros tres colaboradores eficaces que revelaron el pago de sobornos al ex mandatario.
Ayer, por más de tres horas, se prolongó el interrogatorio del expresidente Martín Vizcarra ante el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche, que lo investiga por los presuntos delitos de colusión, cohecho y asociación ilícita para delinquir, tras el testimonio de aspirantes a colaboradores eficaces que señalan que habría recibido coimas de más de 2 millones de soles por la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando fue gobernador de dicha región.
Vizcarra llegó a la sede del Equipo Especial Lava Jato a las 9:45 de la mañana y se retiró a la 1:30 de la tarde sin brindar declaraciones a la prensa.
Fuente Diario La Razón.

Empresa Incot SAC Contratistas Generales investigada por coimas ganó obras por S/40 millones

La empresa Incot SAC Contratistas Generales, investigada por la Fiscalía en el presunto pago de sobornos por la adjudicación del Hospital de Moquegua, firmó al menos tres contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en lo que va del año por casi S/40 millones.
Así lo muestra información de la plataforma online del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y el Buscador de Proveedores del Estado.
PROCESOS
De acuerdo con datos oficiales, la compañía firmó el primer convenio de este año el pasado 10 de marzo por S/9’795,016.28 con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El objeto de la contratación es la elaboración del expediente técnico y la ejecución de las obras Paquete 12- Instalación de puentes modulares en las regiones de La Libertad, Piura, Arequipa, Huancavelica e Ica (Obra 4).
Según el Buscador de Proveedores, se previó que el contrato culmine el pasado 9 de octubre.
La segunda adjudicación que ganó la empresa ocurrió con la firma del contrato, el 2 de julio del 2020, para la elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra: habilitación de cuatro puentes en Piura.
El monto total de dicho contrato asciende a la suma de S/24’536,354.61.
La fecha contemplada para la culminación de este contrato se fijó para el 20 de diciembre del próximo año.
No obstante, según el portal del Gobierno, el mismo 2 de julio pasado se suscribió el que sería el tercer convenio contractual con la empresa.
Esta vez el monto de la adjudicación es de S/5’938,307.70 y se prevé que contrato culmine el 25 de marzo del 2021.
Esta vez el objeto de contratación es por la elaboración del expediente técnico y ejecución de las obras Paquete 12- Instalación de puentes modulares en las regiones de La Libertad, Piura, Arequipa, Huancavelica e Ica (Obra 1).
Cabe recordar que espirantes a colaboradores eficaces señalaron que el consorcio Hospital Moquegua, integrado por ICCGSA e Incot, pagaron un millón a Martín Vizcarra como soborno para adjudicarse la obra.
Fuente Diario Correo.

Por  Umberto Jara– LimaGris.com
Esta mañana escuché en RPP al médico Harold Cervantes internado en la cama 9, Medicina General, del hospital regional de Iquitos, desesperado porque sabe que tiene a la muerte cerca. Él y seis colegas están doblegados por el Coronavirus y su única opción es ser trasladados a Lima. El médico cuenta, con la voz tenue, difícil, que: “El cuadro está avanzando, mi pulmón se está complicando, no puedo respirar; igual mis colegas” y con una pausa obligada por el poco aire entrega una frase que duele: “No queremos ser una estadística”.
El decano del Colegio de Médicos, Miguel Palacios, llama a la radio y refiere que están buscando alquilar una avioneta para traer a los médicos desde Iquitos en un vuelo que podría salvarles la vida. El periodista, sorprendido, le pregunta ¿por qué alquilar si el ejército tiene aviones que se usan para vuelos humanitarios? El decano da una respuesta que sobrecoge: “Hace días que estamos en gestiones. Anoche logramos hablar con el ministro de Defensa y nos ha dicho que es necesario que el pedido lo haga el ministro de Salud”. El periodista, asombrado, repregunta: “¿Está hablando de un trámite burocrático? el Dr. Cervantes no puede respirar y está haciendo un esfuerzo sobrehumano al llamarnos a la radio en esas condiciones y esto ¿no se puede resolver por trámites burocráticos?”. Sí, la burocracia. El decano precisa: “Hemos hablado con varios generales y también nos han dicho que el ministro de Salud tiene que solicitarlo. Por eso estamos buscando alquilar una avioneta para nuestros médicos”. El Dr. Cervantes, postrado en la cama 9 en el hospital de Iquitos, escucha y se echa a llorar. Sabe que la burocracia es aliada de la muerte. Sabemos lo que sigue. El inaccesible ministro de Salud, Víctor Zamora Mesía, volverá a salir en el tedioso mediodía con su discurso de estadísticas, miles de camas ficticias, supuestos puentes aéreos con toneladas de oxígeno. Buscará esconder con mentiras su ineptitud y sus decisiones basadas en criterios políticos.
En esta línea un mensaje a los que se esmeran en exhibir su ignorancia a través de comentarios de este tipo: “era inevitable que esto pase”; “ni USA, ni Rusia ni Tombuctú pueden”. “¿Cuál es tu propuesta?” A esos les recuerdo que, por supuesto, la pandemia nos iba a desbordar. Por supuesto que somos un país sin una estructura sanitaria. Que los centros comerciales nos interesan más que la salud. Claro que lo sé. Lo que alguna gente no quiere entender, sabrá Dios por qué razones, es que habían medidas que se podían tomar para aliviar —no solucionar— repito: aliviar la tragedia si se entendía algo que un gobierno de burócratas no quiere entender: organizar equipos en lugar de ministros hablando; equipos de trabajo con acciones concretas y no exposiciones televisivas. Para esa organización hubo tiempo desde marzo pero en el día 55 hay un Presidente que sigue diciendo “estamos evaluando”.
¿Acaso no se podía prever que se necesitaría oxigeno tratándose de un virus que afecta los pulmones? Cuando dos sacerdotes en Iquitos lograron una gran colecta solidaria para comprar ese producto, recién ahí se le ocurrió al gobierno un puente aéreo con oxígeno, y no sabemos si realmente se está realizando. A eso me refiero. Están haciendo política, están pensando en las cuestionables encuestas, están pensando en su imagen mientras la gente se desespera y los médicos y policías se contaminan. Están realizando licitaciones para robar. No vaya a ser que estén eligiendo al “mejor postor” para el oxígeno y por eso se demora su entrega. Hay que ser un infeliz para insistir en conferencias de prensa plagadas de mentiras cuando la gente se muere y ni siquiera se recogen sus cuerpos pero el 10 de abril anunciaron “en una muestra de acciones articuladas” un “equipo humanitario estará a cargo del recojo de cadáveres de personas que mueran por el COVID-19” y anoche, en Lince, un ataúd fue dejado en medio de la calle. Dan cifras. Pero les importa un bledo entender que detrás de cada cifra hay un ser humano, una familia, un dolor. Y peor todavía: para sus mentiras usan cifras falsas. Al día de hoy no son 1,814 muertos. Se acercan a los 7 mil. Se llenan la boca diciendo que “los médicos y enfermeras constituyen la primera línea de acción y los estamos respaldando” pero no les dan la protección básica y un noble médico de apellido Cervantes tiene que llamar, con el poco aire que le queda, a RPP para pedir que él y sus colegas sean auxiliados y que su abandono no los convierta en una estadística. ¿Por qué es necesaria la mentira? ¿Por qué esa falta de respeto en cada mediodía? ¿Por qué insisten en manejar la crisis un conjunto de burócratas en lugar de formar grupos de trabajo eficientes?
Nunca la realidad se puede esconder con mentiras. Hay que ser mísero para usar, en este país pobre y aturdido, técnicas informativas del nazi Goebbels para mostrar a la gente una realidad falsa y que la masa termine creyendo por un tiempo… pero no para siempre. Aquellos que aplauden a los burócratas del mediodía porque piensan que el virus no los tocará, aquí tienen la historia real y cruda de los médicos de Iquitos. A ver si dejan de auto-engañarse o, en todo caso, aplaudan (o insulten) a sabiendas de que esto que se relata les puede ocurrir.

Obispo de Pucallpa Martín Quijano: “Ningún hospital tiene balones de oxígeno. Eso es una vergüenza”

Por  Gino Rossi– LimaGris.com
En la amazonia el COVID-19 golpea cada día con más fuerza. La falta de oxígeno es desesperante. En esta breve entrevista, el obispo de Pucallpa, monseñor Martín Quijano, nos confirma que ya hay dos párrocos infectados con el virus y nos cuenta la dura realidad que viven las personas día a día. De igual forma, mediante una campaña solidaria han logrado recolectar hasta el día de ayer domingo 10 de mayo al alrededor de 250,000.00 soles.
¿Cuánto párrocos infectados hay ya confirmados?
Hasta dos párrocos que han sido diagnósticos. Hay otros más que presentan los síntomas pero a los que aún no se les han hecho las pruebas. Seguramente hay otros más que, por la fortaleza física, son asintomáticos.
¿Estas personas han sido aisladas dentro de su congregación?
Sí, son del vicariato o son diocesanos y están aislados aquí.
Recurriendo a su persona ¿Qué es lo que está pasando en realidad? ¿Cuál es la verdadera estadística?
La verdadera estadística no la tenemos. La verdadera estadística creo que la podrían dar los hospitales, pero creo que tampoco los hospitales pueden revelar los datos exactos de lo que está sucediendo. Además, el gobierno sale a ayudar, pero supongo que sus ayudas no cubren todas sus necesidades. Sé que han llegado medicinas a Pucallpa, pero sé también que el oxígeno está faltando. Creo que no es cuestión de pelear o tapar algunas cosas. Creo que el gobierno está haciendo su parte pero no tiene que tener miedo en decir “esto nos falta” o “ya no podemos con esto”, y eso tiene que decirlo a la sociedad, para que la sociedad salga inmediatamente a ayudar. No estamos en un momento de lucha unos contra otros, tenemos que unirnos.
¿La necesidad más urgente es el oxígeno?
Nosotros estamos viendo la forma para adquirir una planta de oxígeno. La gente tiene que saber que ningún hospital tiene planta de oxígeno, ningún hospital tiene balones de oxígeno y eso es una vergüenza. Los más afectados son los pobres a quienes les han dicho: “no vengan al hospital si no tiene un manómetro”. Un manómetro cuesta 700 soles.
¿Qué es lo que usted ha visto con relación a las personas enfermas y fallecidas?
Hasta hace cuatro días he sentido que había muchos pacientes con los hospitales colapsados y muchas muertes en un solo día, un número que nunca antes se había visto en Pucallpa.
¿Cómo parte la iniciativa de esta campaña solitaria para Pucallpa?
Parte del pedido que hacen muchos ciudadanos, ya que nos presentan las diversas necesidades que hay en Pucallpa respecto a salud. Entonces hicimos una reunión virtual con los que deseaban y ahí nace la campaña.

Nos parece muy loable la forma en que ustedes están ayudando a la gente con esta campaña.
Sobre todo hay que felicitar a la gente sencilla, trabajadora, independientes informales, es admirable. La ciudad se detiene y deja su colaboración. Incluso los viejitos que han recibido el apoyo de su familia y luego ellos lo traen acá, con todo el riesgo que significa que una persona de más de 60 años salga de su casa. Creo que esos gestos son admirables.
¿Qué mensaje le daría la población, principalmente a toda esa gente que está en primera línea combatiendo contra este flagelo?
Primero agradecimiento, creo que no tienen que desanimarse, a pesar que ven gente que no obedece o no acepta los protocolos que se han impuesto, pero hay mucha gente que están con ellos, desde el vicariato hay mucha gente que está rezando. Los párrocos se contactan por las redes y cada vez se suman más personas que se unen a favor de los médicos, enfermeras, personal de seguridad, a la policía y al ejército.

Ideologización extrema contra comunidades nativas

La noticia de que el coronavirus ha llegado a Trompeteros (Loreto) y que ahora 20 comunidades nativas estén expuestas a la pandemia es simplemente aterradora. La expansión de la enfermedad podría generar en esa zona una catástrofe humanitaria sin precedentes, arrasando a las poblaciones como en tiempos de la explotación del caucho. No obstante, el avance de la pandemia en esta zona se debe principalmente a la ideologización extrema que en estos momentos reina en el Ministerio de Cultura, que no ha permitido atender de manera rápida y oportuna a las comunidades nativas en las que se presentó el mortal virus. Aquí les contamos.
Hace algunas semanas se elaboró una propuesta desde el Ministerio de Cultura, con el fin de atender y prevenir los posibles contagios de Covid-19 en las comunidades nativas. Es obvio que las comunidades nativas deben tener una atención diferenciada por su modo de vida, su cultura y por su ubicación geográfica. La propuesta abarcaba cinco temas: 1) salud, 2) seguridad; 3) provisión de alimentos; 4) tratamiento Intercultural; 5) énfasis en los pueblos aislados.
Pues bien, en un primer momento la propuesta se estuvo debatiendo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) hasta que se logró que diversas instituciones participen, como el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. Para ello se presupuestó alrededor de S/200 millones. Pero los problemas empezaron ahí. Resulta que la propuesta se ha quedado encarpetada porque existían dos lineamientos que se imponían desde el Ministerio de Cultura: interculturalidad y género. Es obvio que al ser comunidades campesinas el tratamiento intercultural es inevitable, pero el tema que no quedaba claro –para las instituciones que participaban en la estrategia– era el de “género”.
El enredo se generó con las preguntas: ¿cómo las instituciones podían aplicar el enfoque de género en medio de la pandemia? y ¿cuán práctico resultaba aplicar el enfoque de género en estos momentos? Por ejemplo: ¿se puede imponer, en medio de la crisis, que las reuniones comunales participen el 50% de mujeres? Absurdo, ¿no es cierto?
Esta confusión ha generado que las instituciones se retiren de la propuesta inicial, y que además las comunidades nativas queden desatendidas y a merced de la enfermedad. Si desde Trompeteros se está diseminando la pandemia hacia otras comunidades es porque personas no nativas (enfermos asintomáticos) han llevado ayuda (alimentos, víveres, etc.) sin las previsiones del caso. De haberse aplicado la propuesta con todas las instituciones involucradas se habría utilizado los S/200 millones para atender a las comunidades nativas con personal experto.
Desde el Ministerio de Cultura se debe explicar por qué no se ha ejecutado la propuesta. Pero además deben explicar por qué se ha preferido la ideologización extrema a una propuesta pragmática y sensata para atender de manera inmediata a las comunidades. Como aquí lo advertimos: las comunidades nativas están en riesgo. Son más de 9,000 comunidades en todo el Perú que hoy no tienen alimentos ni la atención médica necesaria. Basta ya de experimentos de ingeniería social. No se puede jugar de esa manera con la vida de peruanos más pobres.
Fuente: ElMontonero.pe

Vásquez Kunze: «Cómo la tasa de contagio es de 1/1? Es una mentira descarada»

Ricardo Vásquez Kunse, criticó la extensión de la cuarentena hasta el 24 de mayo y sostuvo que es «una mentira descarada» la información que el presidente Martín Vizcarra compartió sobre la tasa de contagio, que según detalló el mandatario es de uno. «Cómo la tasa de contagio es de 1/1? No tiene ningún sentido. Es una mentira descarada que a fuerza de repetir pretende hacer realidad», compartió.
En ese sentido, afirmó que Vizcarra estaría pretendiendo hacer realidad dicha información con fines de «propaganda». Además sostuvo que la tercera prolongación perjudicará a la clase media peruana pues «no aguanta ni un día más» y que «amenazar con 150 mil efectivos en las calles es parecernos lo más posible a una dictadura China y no a un régimen democrático y liberal».
Fuente: Revista CARETAS.

LLAMAMIENTO PARA LA IGLESIA Y PARA EL MUNDO

A los fieles católicos y a los hombres de buena voluntad
Veritas liberavit vos
Jn 8,32
En un momento de gravísima crisis, los Pastores de la Iglesia Católica, en virtud del mandato que hemos recibido, nos consideramos en el sagrado deber de hacer un llamamiento a nuestros Hermanos en el Episcopado, al Clero, a los Religiosos, al pueblo santo de Dios y a todos los hombres de buena voluntad. Suscriben también este llamamiento intelectuales, médicos, abogados, periodistas y profesionales diversos que comparten su contenido, y pueden suscribirlo asimismo cuantos deseen adherirse al mismo.
Los hechos han demostrado que, bajo el pretexto de la epidemia de Covid-19 se ha llegado en muchos casos a vulnerar derechos inalienables de los ciudadanos, limitándose de forma desproporcionada e injustificada sus libertades fundamentales, entre ellas el ejercicio de las libertades de culto, de expresión y de movimiento. La salud pública no debe ni puede convertirse en excusa para conculcar los derechos de millones de personas en todo el mundo, y menos aún para que las autoridades civiles eludan su obligación de obrar con prudencia en pro del bien común. Esto es tanto más cierto cuanto más aumentan las dudas planteadas por muchos en torno a la verdadera capacidad de contagio, peligrosidad y resistencia del virus. Muchas voces autorizadas del mundo de la ciencia y de la medicina confirman que el alarmismo que han manifestado los medios informativos al Covid-19 no parece totalmente justificado.
En base a los datos oficiales sobre la incidencia de la epidemia en el número de fallecimientos, tenemos motivos para creer que hay fuerzas interesadas en generar pánico entre la población con el único fin de imponer de modo permanente formas inaceptables de restricción de las libertades, control de las personas y vigilancia de sus movimientos. Esta forma de imposiciones antidemocráticas preludian de manera inquietante un Gobierno Mundial que escapa a todo control.
Creemos igualmente que las medidas de protección adoptadas en algunas situaciones, incluido el cierre de las actividades comerciales, han desencadenado una crisis que ha hundido a sectores enteros de la economía, favoreciendo con ello la interferencia de potencias extranjeras, con graves repercusiones sociales y políticas. Quienes ejerzan cargos gubernamentales deben impedir estas formas de ingeniería social, adoptando medidas encaminadas a la tutela de sus ciudadanos, a quienes representan y en cuyo interés tienen la grave obligación de realizar sus funciones. Ayúdese igualmente a la familia, célula de la sociedad, evitando penalizar irrazonablemente a los débiles y los ancianos al obligarlos a sufrir dolorosas separaciones de sus seres queridos. La criminalización de las relaciones personales y sociales debe considerarse asimismo una parte inaceptable del proyecto de quienes promueven el aislamiento de las personas para manipularlas y dominarlas mejor.
Pedimos a la comunidad científica que vele porque se promuevan honradamente y con miras al bien común curas para el Covid-19, evitando escrupulosamente que intereses inicuos influeyan en las decisiones de los Gobernantes y los organismos internacionales. No es razonable penalizar remedios que se han revelado eficaces, en muchos casos de bajo costo, para privilegiar curas o vacunas no tan eficaces pero que garantizan ingresos mucho mayores a las empresas farmacéuticas, aumentando los costos de la sanidad pública. Como Pastores que somos, recordemos también que para un católico es moralmente inaceptable inocularse con vacunas en cuya producción se ha utilizado material procedente de fetos abortados.
Pedimos asimismo a los Gobernantes que garanticen que se eviten de la forma más rigurosa los medios de control de las personas sea mediante sistemas de rastreo electrónico o cualquier otra forma de ubicación: a pesar de la gravedad de la situación, el combate al Covid-19, no debe servir de pretexto para respaldar turbias intenciones de entidades supranacionales que albergan marcadísimos intereses comerciales y políticos en este proyecto. En particular, debe permitirse a los ciudadanos la posibilidad de rechazar semejantes limitaciones a las libertades personales, sin imponer forma alguna de penalización para quien no desee beneficiarse de las vacunas, de los métodos de localización y de cualquier otro instrumento análogo. Téngase en cuenta la flagrante contradicción que se observa entre quienes persiguen políticas de reducción drastica de la población y al mismo tiempo se presentan como salvadores de la humanidad sin tener la menor legitimación política ni social. Por último, la responsabilidad política de quien representa al pueblo no puede ser confiada en modo alguno a técnicos que encima exigen para ellos mismos formas de inmunidad personal que resultan como mínimo inquietantes.
Solicitamos enérgicamente a los medios de comunicación que se empeñen activamente en facilitar una información correcta que no sancione el disenso aplicando formas de censura, como está sucediendo de forma generalizada en las redes sociales, la prensa y la televisión. La veracidad de la información exige que se dé lugar a voces no alineadas con el pensamiento único para que los ciudadanos puedan evaluar la realidad con conocimiento de causa, sin ser influidos en gran medida por intervenciones partidistas. Un diálogo democrático y franco es el mejor antídoto contra el riesgo de imponer formas sutiles de dictadura presumiblemente peores de las que ha visto nacer y morir nuestra sociedad en épocas recientes.
Recordemos, para terminar, como Pastores a quienes se ha encomendado la importante misión de guiar la grey de Cristo, que la Iglesia reivindica con firmeza su propia autonomía de gobierno, de culto y de predicación. Dicha autonomía y libertad son un derecho de nacimiento que le concedió Nuestro Señor Jesucristo para que cumpla las finalidades que le corresponden. Por este motivo, los Pastores reivindicamos enérgicamente el derecho a decidir de forma autónoma en lo que se refiere a la celebración de la Santa Misa y los Sacramentos, como también exigimos plena autonomía en materias que están dentro de nuestra inmediata competencia y jurisdicción, como por ejemplo las normas litúrgicas y la manera de administrar la Comunión y otros Sacramentos. El Estado no tiene el menor derecho a interferir por motivo alguno en la soberanía de la Iglesia. La colaboración de las Autoridades Eclesiásticas, que jamás ha sido negada, no supone por parte de las civiles prohibiciones ni limitaciones al culto público o el ministerio sacerdotal. Los derechos de Dios y de los fieles son ley suprema de la Iglesia que ésta no quiere ni puede abrogar. Solicitamos que nos sean retiradas las limitaciones a la celebración del culto público.
Invitamos a las personas de buena voluntad a no sustraerse a su deber de colaborar al bien común, cada cual según su propio estado y posibilidades y en espíritu de Caridad fraterna. Esta cooperación, auspiciada por la Iglesia, no puede prescindir sin embargo del respeto a la ley natural ni a la garantía de las libertades individuales.
Los deberes civiles a los que están obligados los ciudadanos suponen el reconocimiento de sus derechos por parte del Estado. Todos estamos llamados a valorar la situación actual de forma coherente con las enseñanzas del Evangelio, y ello exige tomar partido: o con Cristo o contra
Cristo. No nos dejemos intimidar ni asustar por quienes nos hacen creer que somos minoría: el bien está mucho más difundido y es mucho más poderoso de lo que el mundo quiere que creamos. Nos enfrentamos a un enemigo invisible que hace separaciones entre sus ciudadanos, entre los hijos y los padres, entre nietos y abuelos, fieles y pastores, alumnos y docentes, clientes y vendedores. No permitamos que con la excusa de un virus se borren siglos de civilización cristiana para instaurar una odiosa tiranía tecnológica en que personas sin nombre y sin rostro decidan la suerte del mundo confinándonos a una realidad virtual. Si tal es el proyecto que tienen para dominarnos los poderosos de la tierra, sepan que Jesucristo, Rey y Señor de la Historia, ha prometido que «las puertas del Infierno no prevalecerán» (Mt.16,18).
Encomendamos al Dios Todopoderoso a los Gobernantes y a cuantos rigen el destino de las naciones para que los ilumine y oriente en estos momentos de grave crisis. No se olvide que del mismo modo que el Señor nos juzgará a los Pastores según por la grey que nos ha confiado, también juzgará a los Gobernantes por los pueblos a los que tienen la obligación de defender y gobernar.
Roguemos con fe al Señor para que proteja a la Iglesia y al mundo. La Virgen Santísima, Auxilio de los Cristianos, aplaste la cabeza de la vieja Serpiente y frustre los planes de los hijos de las tinieblas.
8 de mayo de 2020
Virgen del Rosario de Pompeya
Cardenales
Cdl Gerhard Ludwig Mueller, Prefect emeritus of Congragation of the Doctrine of the Faith
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Cleveland Right to Life – Molly Smith