Por Oscar Schiappa-Pietra(*)- Lampadia.
La inescrupulosa actuación de los magistrados que en 2017 integraban la Quinta Sala Superior Civil de Lima, sumada a un vacío legal, nos cuesta a los contribuyentes tres mil millones de Soles. El caso meramente ratifica cómo la podredumbre ha carcomido los cimientos de legitimidad del Poder Judicial, y subraya la urgencia de su radical reforma.
La cuestión se origina al entrar en vigencia la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, en junio de 1993, que fijó una escala salarial para jueces alineada con la remuneración de los vocales supremos. El 03 de febrero de 2009, la Asociación Nacional de Magistrados (ANMP) presentó una demanda de cumplimiento para que el propio Poder Judicial procediese a hacer efectiva la correspondiente homologación remunerativa; y el 27 de noviembre de 2013, el Tribunal Constitucional falló ordenando el pago de dicha homologación. Ya el Poder Judicial había pagado en 2011 los 87 millones de soles resultantes de tal obligación. Sin embargo, en este mismo año, cuando ya se había cumplido la sentencia y era cosa juzgada, la ANMP reclamó el pago de devengados, una pretensión que no había sido considerada en su demanda de 2009.
El 30 de marzo de 2015, el juez constitucional Hugo Velásquez Zavaleta resolvió favorablemente el pedido de la ANMP ordenando en consecuencia el pago de tales improcedentes devengados. El 13 de julio de 2017, la Quinta Sala Superior Civil de Lima confirmó el fallo de primera instancia.
Hasta aquí los hechos superficiales, en lo que parecería ser una mera controversia laboral de magistrados. Pero ahondemos. El juez constitucional Hugo Velásquez Zavaleta tiene una cuestionadísima trayectoria: fue el magistrado que falló declarando la nulidad de los ocho informes producidos en el marco de la investigación parlamentaria sobre actos de corrupción perpetrados durante el segundo gobierno de Alan García; y recientemente se publicó un audio en el que él coordina con el hoy encarcelado expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, para lograr el abono irregular a éste de 76 mil Soles, como parte precisamente de los improcedentes devengados.
Y, en el extremo de la irregularidad y de la falta de escrúpulos, el propio Secretario de la ANMP -parte demandante en este caso- Rómulo Torres Ventocilla, a la sazón también integrante de la Quinta Sala Superior de Lima (instancia que conoció en apelación esa misma demanda), no se inhibió de participar como juez en el caso -¡y actuó como magistrado ponente de la sentencia!- pese al clarísimo conflicto de intereses.
El juez Rómulo Torres Ventocilla pretendió guardar las apariencias solicitando a la Sala su inhibición, pero su pedido “fue rechazado” por sus otros dos colegas integrantes del colegiado. Refiriéndose a este pedido de inhibición, la presidenta de la Quinta Sala Superior de Lima, Emilia Bustamante, sostuvo: “Sí, lo planteó y lo desestimamos. La Asociación Nacional de Magistrados del Perú es un ente gremial que agrupa a la mayoría de jueces de esta Corte Superior de Lima. Discutimos el tema y caímos en la cuenta que la doctora Vidal, integrante de la Sala, también era miembro de la asociación, aunque no de la directiva, por lo que también debía inhibirse. Pero, con ese criterio, ¿quién resolvería el caso? No podíamos dejar de resolver, así que proseguimos. Eso no es ilegal”.
El caso en cuestión expone la revulsiva falta de escrúpulos de los magistrados implicados, con el cómplice beneplácito del gremio representativo de todos los jueces del Perú. La administración de justicia basa su legitimidad en la aplicación cotidiana de los principios de independencia e imparcialidad de los jueces, según está reconocido en la Constitución, en los tratados internacionales sobre derechos humanos y en el sentido común de la abogacía. Pero esas son sofisticaciones para quienes están dispuestos a lucrar por cualquier medio, y particularmente cuando ello ocurre bajo las sombras de la ilegalidad o de la interpretación caprichosa de las normas.
Es hora ya de poner fin a tanto estropicio, y de forjar un sistema de administración de justicia probo y eficiente. Como parte de ese proceso, se requiere salvar el vacío legal existente, que posibilita la patraña de jueces dictando sentencias que los favorecen a ellos mismos. El Ejecutivo debiera presentar al Congreso un proyecto de ley que encomiende a un tribunal arbitral independiente y permanente, plenamente ajeno al Poder Judicial, las responsabilidades de conocimiento y resolución de todo litigio en el cual los jueces pudieran ser parte interesada, individual o colectivamente.
(*) Abogado. Magister en Derecho Internacional Económico, y en Derecho Internacional y Comparado.

Por Mariella Balbi-Diario Perú21.
“La Palizada”, uno de los valses más populares, empieza así: “Somos los niños más conocidos de esta noble y bella ciudad. Somos los niños más consentidos por nuestra gracia y vivacidad. De las jaranas, somos señores y hacemos flores con el cajón. Y si se ofrece tirar trompadas, también tenemos disposición”. Según me contó Manuel Acosta Ojeda, los ‘karamanduka’ eran jóvenes fortachones que andaban de jarana en jarana, imponiendo su estilo desenfadado y pendenciero.
Este gobierno se ha dedicado a invadir los fueros de otros poderes del Estado, al igual que los camorristas ‘karamandukas’. Amparado en su alto índice de aprobación, el presidente Vizcarra fustigó ayer al Congreso. Una actitud que socava la frágil democracia que tenemos, pero con ello los oscuros asesores del mandatario encontraron la llave mágica para sostener la popularidad presidencial.
El Parlamento va saliendo de la narcosis en la que se encontraba, aunque quien preside esta fundamental institución se apegue sorprendentemente cada vez más al oficialismo.
Vizcarra está embalado, alojándose en un paraíso artificial propio donde se cree ‘El Supremo’, el origen y el fin del destino de 30 millones de peruanos. En este vértigo, ayer soltó la verdadera nuez de todo el desaguisado que vivimos. Lo evidente es que le urge disolver, echar, sepultar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.
Voces enteradas afirman que Vizcarra está en serios problemas judiciales, también el ex presidente Kuczynski –a quien extrañamente fue a visitar– y toda la ‘gallada’ gubernamental. Esto explica sus disonantes declaraciones insistiendo en que Chávarry dé un paso al costado. Y quien lo acusa constitucionalmente, defendió con ardor a Toledo por Ecoteva.
Lo que se evidencia es que ‘la muchachada del karamanduka’ quiere burlar la ley. Por eso utilizan el deleznable argumento de la corrupción de Chávarry y una persecución política. Con sus asesores, que deberíamos conocer, Vizcarra arrinconó al Congreso y el fujimorismo, pese a haber obtenido solo 33 mil votos menos que PPK, se atarantó con la campaña en contra.
Irresponsablemente, el Gobierno hizo que las elecciones fuesen devoradas por el rocambolesco referéndum. Nadie sabe por quién votar y lo que es peor, interesa un pepino. Desafortunadamente para el Ejecutivo, Chávarry les salió respondón, los avances en el caso Lava Jato son evidentes y pide que Vizcarra respete lo inscrito en la Constitución.
El opio con el que nos adormecen será inútil ante la fuerte caída de la inversión pública –un descenso de 32.8% en setiembre–, básicamente por la inacción en obras de infraestructura. Tarde o temprano le pasará la factura.

Poder Judicial absolvió a Daniel Urresti en el caso de la muerte del periodista Hugo Bustíos

Tras más de dos horas de lectura, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial absolvió a Daniel Urresti como “coautor del delito de contra la vida, el cuerpo y la salud con gran crueldad y por explosión en agravio del periodista de la revista Caretas Hugo Bustíos ocurrido en 1988”. Los familiares de la víctima habían adelantado que presentarán un recurso de apelación.
La Sala estimó no hay fundamentos que acrediten la responsabilidad de Urresti en este caso.
El Ministerio Público anunció que presentará la nulidad de este fallo.
La Sala, integrada por los magistrados Miluska Cano, Otto Verapinto y Omar Pimentel, señaló que la acusación del testigo Amador Vidal, un militar condenado por el crimen de Bustíos, que acusa a Urresti, no tiene credibilidad.
Reacciones
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) dijo lamentar profundamente la sentencia que absuelve a Daniel Urresti. Afirman que la acusación fiscal tenía solidez y los elementos incriminatorios estaban debidamente probados.
“Deploramos que los magistrados no hayan valorado ello con sentido de justicia”, indicaron en un pronunciamiento.
Fuente: Agencia Andina de Noticias y www.publimetro.pe

Cochero de Drácula o GGG

Los candidatos a la alcaldía de Lima Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú) y Enrique Fernández (Frente Amplio) protagonizaron una de las primeras polémicas dentro del segundo debate municipal que llevó a cabo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al recordarse mutuamente el papel que desempeñaron durante la gestión de Susana Villarán .
En el segundo bloque del debate municipal, luego de que Gustavo Guerra García planteara una de sus iniciativas sobre seguridad ciudadana, que es establecer al menos un policía o sereno por cada 300 habitantes en cada distrito de Lima, el postulante del Frente Amplio lo cuestionó por haber trabajado en la Municipalidad de Lima en la gestión entre los años 2011 y 2014.
“Tú tienes experiencia como gerente municipal en la gestión de Susana Villarán. ¿Qué garantía ofrece a la gente de que resolverá el problema de seguridad si tuvieron la oportunidad y no lo completaron? Me gustaría saber por qué no lo hicieron”, señaló Fernández.
En respuesta, Gustavo Guerra García recordó que el partido Tierra y Libertad, que es parte del Frente Amplio, también respaldó la gestión de Susana Villarán.
“Creo que Tierra y Libertad, que es el corazón del Frente Amplioque participó en el gobierno de Susana Villarán entre el 2011 y 2014 tiene la misma capacidad que yo podría tener de responder esa pregunta”, comentó el candidato de Juntos por el Perú.
Gustavo Guerra García, en la gestión de Villarán, fue presidente de ProTransporte entre los años 2013 y 2014. “Yo estuve a cargo de la reforma de transporte y me hago responsable de todo lo que se hizo en esa materia”, añadió.
Estos dos candidatos fueron parte de los postulantes a la Municipalidad de Lima que fueron invitados para el segundo debate del JNE a solo una semana de que se lleven a cabo las elecciones municipales del 7 de octubre.
Fuente: Diario Gestión.

JEFE DE ONPE FUE ASESOR DE CONFIANZA DE URRESTI EN GOBIERNO DE HUMALA

Por César Rojas– www.manifiestoperu.com
“Designar al señor Manuel Francisco Cox Ganoza en el cargo público de confianza de Asesor 1 del Despacho Viceministerial de Gestión Institucional del Ministerio del Interior”, señalaba un documento del 10 de octubre de 2014, cuando Daniel Urresti era titular del Mininter.
Es decir, el actual candidato de Podemos Perú consideraba al actual jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales como alguien en quien podía confiar. Así lo comprueba esta designación, realizada mediante Resolución Ministerial 1027-2014-IN.
Desde mayo, cuando Adolfo Castillo dirigía la ONPE, existe un informe de Contraloría que recomendaba devolver al Jurado Nacional de Elecciones los planillones de firmas con irregularidades del referido partido.
Documento sobre designación de Cox por parte de candidato
Además, en el Ministerio Público está pendiente una denuncia penal que hiciera el procurador público del órgano electoral por aparente delito contra la fe pública de Podemos.
Cuando MANIFIESTO entró en la página web de El Peruano para descargar la resolución de Urresti sobre Cox, nos salía un mensaje de que había problemas con el ancho de banda de Internet. Sin embargo, para hacer lo mismo con otros documentos en el diario oficial no había este problema.
Consultamos con personal de ONPE sobre este lazo de confianza, y nos indicaron que esto no demostraba nada irregular, porque la actual gestión “se maneja en forma totalmente objetiva e imparcial”.
Urresti Elera fue ministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala desde el 23 de junio de 2014 hasta el 10 de febrero del 2015. Quince días después de su alejamiento, Cox cesó de trabajar en este sector, para luego ser asesor de confianza del nacionalista Daniel Maurate en el Ministerio de Trabajo.

La Comisión Permanente del Congreso de la República ratificó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que había recomendado la suspensión e inhabilitación del suspendido juez supremo César Hinostroza, por su participación en los audios que generaron una crisis en las altas esferas del sistema judicial.
Durante la sesión del Parlamento, con 27 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones; es decir, los legisladores aprobaron por unanimidad, la inhabilitación por 10 años en funciones públicas contra César Hinostroza. 
También, fue aprobada por unanimidad la acusación contra Hinostroza Pariachi por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal con 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Igualmente, fue aprobada con 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; es decir, por unanimidad la acusación contra el vocal supremo César Hinostroza Pariachi por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias conforme al artículo N° 400 del Código Penal.

Exconsejeros CNM

En tanto, la Comisión Permanente del Congreso de la República acordó -por unanimidad- para el exconsejero Iván Noguera su destitución por la infracción de los artículos 39, 44, 150 y 154 de la Constitución Política del Perú. No obstante, se desestimó la recomendación que solicitaba su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública y acusarlo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico y organización criminal.
Mientras, para el exconsejero Julio Gutiérrez se aprobó,con 25 votos favor, la destitución e inhabilitación en el ejercicio de la función pública también por 10 años por las infracciones a los artículos 39, 44, 150 y 154 de la Constitución Política del Perú; así como acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo. Se le excluyó del presunto delito de organización criminal.
De otro lado, en el caso del exconsejero Guido Aguila se aprobó la destitución por la infracción a los artículos 39, 44, 150 y 154 de la Constitución; acusarlo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, pero no por cohecho pasivo y organización criminal como se había recomendado en el informe final.
También, se aprobó destituir en el cargo al exconsejero Orlando Velásquez aunque no procedió el pedido de su inhabilitación por infracción a la Constitución Política del Perú. La Comisión Permanente del Congreso de la República determinó formular una denuncia en su contra por el delito de cohecho y no por el delito de organización criminal por presuntamente tener vínculos con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
Fuente: Diario Correo.

Robemos Perú

El partido Podemos Perú que postula a Daniel Urresti a la alcaldía de Lima habría presentado firmas falsificadas de diversos personajes, entre políticos y deportistas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para asegurar su inscripción.
De acuerdo con un informe de Canal N, la agrupación presuntamente habría presentado firmas falsificadas de los excandidatos presidenciales, Verónika Mendoza y Julio Guzmán, además de los congresistas Richard Acuña, Marisa Glave, Marco Arana y Federico Pariona.
Sin embargo, ellos no son todos, pues el partido del excongresista José Luna Gálvez, también incluyó las firmas de los futbolistas Paolo Guerrero, Pedro Gallese e incluso del chef Gastón Acurio, quienes negaron haber apoyado la inscripción de esta agrupación.

Pide investigación

Consultada sobre la presunta falsificación de su firma, la excandidata presidencial Verónika Mendoza comentó que las instituciones correspondientes deberán realizar una investigación exhaustiva para aclarar este tema, el cual es muy grave.
“Sorprendida e Indignada y de confirmarse esto confirmaría que este sistema de recojo de firmas para la inscripción de los partidos políticos no ofrece ninguna garantía”, comentó Mendoza al ser consultada sobre el tema.

Denuncia previa

Esta no es la primera denuncia que respecto del proceso de inscripción del partido Podemos Perú ante la ONPE, pues según denunció en mayo pasado la exgerente de Asesoría Jurídica del ente electoral, Susana Guerrero, hubo “irregularidades e ilegalidades evidentes” en el proceso.
Por esta denuncia el entonces jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, fue suspendido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Pronunciamiento de Podemos Perú

Desde la agrupación rechazaron estas acusaciones y a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, explicaron que el proceso de recolección de firmas siempre existe un margen de error por firmas inválidas.
“Las firmas que mencionan jamás fueron admitidas. Al verificarse 736,716 firmas como válidas se cumplió con la ley y finalizó el proceso”.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Por Iván Pisúa Gonzales- Diario Expreso
EL RETORNO
En marzo pasado, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia de la República y Martín Vizcarra juramentó el cargo para sucederlo. Cuando ya se había difundido el célebre audio de Giuffra y el congresista Moisés Mamani (“Ya sabes cómo es la nuez”), y antes de que juramentara el nuevo Consejo de Ministros, Vizcarra hizo juramentar a Edmer Trujillo en ceremonia privada un 28 de marzo de 2018.
En el ínterin, una vez reemplazado, Giuffra no perdió tiempo en gestionar su liquidación. Por diez meses y dos días en el cargo le fueron reconocidos S/. 46,411.67 por los siguientes conceptos: compensación por tiempo de servicios (S/. 12,250.00), entrega económica vacacional (S/. 22,166.67), aguinaldo trunco (S/. 10,000.00), aporte a cargo del empleador – EsSalud (S/. 1,995.00) y descontando aporte a AFP (S/. 1,995.00). El monto neto recibido fue de S/. 41,411.67.
Fue entonces que la nueva gestión del MTC entró en acción y se mostró acomedida para enmendar el aparente error que se habría cometido en mayo de 2017 al liquidar los beneficios sociales del ahora presidente de la República Martín Vizcarra. Durante todo el mes de abril y gran parte de mayo se emitieron numerosos memorándums con ese objetivo.
CHEQUE NO NEGOCIABLE
Las acuciosas gestiones de los funcionarios del MTC lograron que el 9 de abril del presente año se emita el cheque Nº 04571201 5 018 000 0000301035 02, a nombre de Vizcarra Cornejo Martín Alberto, por la suma de S/. 16,612.20 a cargo de la administración general del MTC. El cheque era no negociable y tenía las firmas del coordinador y tesorero del sector.
Lo extraño es que el 18 de mayo el tesorero del MTC emitió el memorándum Nº 178-A-2018-MTC para pedir que se anulara el cheque por “reconocimiento de gastos de ejercicios anteriores de beneficios sociales a favor del Sr. Vizcarra Cornejo Martín Alberto”. Es decir, con o sin conocimiento del actual mandatario, la orden de pago quedó sin efecto.
FAVORITISMOS
La historia del cheque presidencial en el MTC se produce en el contexto de crecientes reclamos por el cese de trabajadores bajo el sistema de contrato administrativo de servicios (CAS) con más de 10 años de servicio en labores permanentes, el supuesto favoritismo que existe en los procesos de selección de personal, especialmente los realizados en los meses de mayo, junio y julio del presente año, y otros reclamos.
28 de julio de 2016
Desde esta fecha hasta el 22 de mayo de 2017, el entonces primer vicepresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, fue ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
No se aumentó el sueldo
De otra parte, el Despacho Presidencial descartó un incremento en la remuneración del presidente Martín Vizcarra, monto que no ha sufrido ninguna modificación desde el 23 de marzo, fecha en que asumió sus funciones. “Se desmiente categóricamente que se haya procedido al aumento del sueldo del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo”, indica la nota de Palacio.
Piden cese de despidos de trabajadores CAS en MTC
Una solicitud presentada por el ciudadano Martín Rivera Vásquez ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República pide su intervención para “que cesen los despidos de trabajadores CAS con más de 15 a 20 años” y que “se renueven indefectiblemente los contratos de todos los trabajadores antiguos, sin discriminación alguna”.
Los trabajadores afirman que en enero del año pasado el funcionario mejor remunerado del MTC ganaba S/. 15,600.00 y en enero del presente año hay funcionarios que llegan a percibir hasta S/. 59,645.84 y esa misma cifra se replica en trabajadores que tienen órdenes de servicio.
Otra irregularidad es que en el MTC actualmente existen servidores con el cargo de coordinadores que son designados directamente por los jefes como personal de confianza, no tienen funciones específicas establecidas en los reglamentos y afirman que en muchos casos se dedican a hostigar a los trabajadores más antiguos del sector.
El técnico favorito de Vizcarra
En el 2010 Martín Vizcarra fue elegido presidente regional de Moquegua y nombró gerente general a Edmer Trujillo, un ingeniero sanitario con estudios de posgrado en la Universidad de Piura. Trujillo fue el primer ministro de Vivienda del gobierno de PPK y la salida de Vizcarra del gabinete debilitó su posición y fue nombrado presidente de Sedapal y de la OTASS. Cuando Vizcarra asumió la presidencia, Trujillo fue el primero en juramentar como ministro de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Bruno Giuffra.

La bicameralidad JA, JA

Por MARIELLA BALBI-Diario Perú21.
En los últimos 20 años hubo pocos referendos en América Latina. Solo el de la dictadura venezolana sirvió para modificar la Constitución. Los otros versaron sobre la aprobación de la paz con las FARC, o el respaldo, o no, a Pinochet. Nuestro referéndum del 9 de diciembre, que según la exigencia del Ejecutivo el Congreso debe dejarlo listo sí o sí el 4 de octubre con la aprobación de las cuatro leyes, sabe a farsa.
La reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) obtuvo más de 100 votos en el Parlamento. Si hay consenso, más de 87 votos, para bicameralidad, no reelección de congresistas y financiamiento de los partidos políticos prima –aun si fuera solo para dos temas–, ¿por qué tenemos que gastar plata en el tal referéndum?
La actitud caprichosa del gobierno quiere fortalecer la imagen de un Ejecutivo que arrea al Congreso, de paso lo desacredita y así obtiene réditos. Ahora el presidente dice que ya no cerrará el Congreso, pero la alharaca que hizo fue para denigrarlo y ‘venderlo’ como ocioso e inservible. Juego peligroso, ciertamente.
El referendo no detendrá ni un ápice a la corrupción, lo saben en el Ejecutivo. Se trata de marear a los fujimoristas que no tienen reflejos políticos para detener el embate en su contra. Se comenta que en Palacio todos saben que la bicameralidad es la posibilidad imposible. Pero que insisten en ella para neutralizar, aislar y paralizar al torpe fujimorismo.
El número de diputados planteado por el gobierno resulta ser la cuadratura del círculo, 100 elegidos no podrán representar a 30 millones (los niños no votan pero sufren las consecuencias). Muchos exigen que en la cédula del referéndum –incógnita que creará una gran polémica– se diga: Está usted de acuerdo con una cámara de diputados con tantos representantes, lo mismo para senadores.
La campaña del gobierno presenta a los congresistas como una peste, además de innecesarios. Entonces, debemos saber si pagaremos a 180, 170 o a 130 parlamentarios. Determinar el número en una posterior ley de desarrollo constitucional sobre la cual no votaremos, es tongo y engañifa.
El Ejecutivo se autocondecora como el paladín de la lucha anticorrupción.
Pero cuando investigan a congresistas ‘pepekausas’, probablemente involucrados en la compra de votos, se grita: ¡persecución política! La investigación se inició en la gestión de Pablo Sánchez y la acusación constitucional indica organización criminal. Igualmente, cuando al procurador dizque anticorrupción le preguntan por dos visitas al presidente en Palacio, dice que los procuradores dependen en segunda línea del presidente. Plof, replof. Se papeó al Consejo de Defensa Jurídica del Estado y al premier. Provecho.

Por Gustavo Gorriti y Romina Mella- IDL Reporteros.
Un hecho extraño ocurrió en la tarde del 22 de agosto pasado justo en un lugar donde se supone que la norma impera: la mezanine del 491 de la avenida Abancay, donde funciona la “Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios– Equipo Especial” (en otras palabras: el equipo fiscal encargado del caso Lava Jato).
A las cuatro de la tarde, el fiscal Fred Willy Valdivia recibió a otro fiscal: Sergio Jiménez, quien le pidió dejar constancia de que entregaba una Disposición suya, la 03–CE 042017, fechada el 30 de julio pasado, cuyo asunto era una “Denegatoria de Colaboración Eficaz”. Es decir: el rechazo a un intento de delación o de confesión premiada.
¿Qué había de extraño en ello? En realidad, todo.
Sergio Jiménez trabajó junto con el fiscal Hamilton Castro en el caso Lava Jato hasta que este fue cesado como jefe del Equipo Especial con una resolución publicada el 27 de julio de este año en El Peruano. Jiménez renunció casi de inmediato y la renuncia fue aceptada a través de El Peruano el 8 de agosto pasado.
Fiscal Sergio Jiménez Niño. (Foto: Andina)
El 30 de julio, tres días después del cese de Castro, que produjo su renuncia, y mientras el nuevo equipo, liderado por el fiscal José Domingo Pérez, trabajaba en recibir el despacho y sus casos, Jiménez firmó una “Disposición”, la mencionada 03–CE 042017, que denegaba la colaboración eficaz de un acusado a quien se identificaba con el código 004-2017. Es decir, firmó una resolución cuando ya estaba, en realidad, más afuera que adentro del Equipo Especial.
¿Por qué lo hizo? No tuvo que explicarlo, pues al entregar el cargo, pocos días después, esa “Disposición” no se encontraba en la carpeta de colaboración donde le correspondía estar. Para todo propósito práctico no existía, y nadie debe explicaciones por lo que no existe.
Solo el 22 de agosto, casi un mes después del cese de Hamilton Castro y semanas después de haber entregado el cargo, Jiménez llevó a cabo la diligencia para incorporar la disposición denegatoria a la carpeta de colaboración. La indebida acción hizo que el nuevo fiscal superior coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, remitiera un informe sobre las “presuntas irregularidades” cometidas a la oficina de Control Interno de la Fiscalía de la Nación.
Exfiscal coordinador del Equipo Especial para investigar el caso Lava Jato (Foto: Perú21).
¿Es eso todo? Por supuesto que no.
La colaboración negada al 004-2017 tenía algo más que cola. Y esta no era corta. Más de un año atrás, el 31 de marzo de 2017, la fiscalía firmó un “Convenio Preparatorio de Colaboración Eficaz” con el 004. Poco después dispuso el Inicio de Fase de Corroboración. Y el 10 de junio de 2017, el mismo equipo de fiscales (encabezados por los fiscales Sergio Jiménez y Marcial Páucar, firmó un “Convenio Preparatorio de Colaboración Eficaz” con el colaborador 004.
Pero más de un año después, pasó lo que hemos visto.
¿Por qué?
Quizá ayude saber de quién se trata. En el mundo de la colaboración eficaz, el código de supuesta protección es tan inútil que hace que en comparación hasta una hoja de parra parezca un vestido de cuerpo entero.
El colaborador 004 es Jorge Cuba, el ex viceministro de Comunicaciones durante el gobierno aprista de 2006-2011, la persona de más alto cargo en prisión por el pago de sobornos relacionados con la construcción del Metro de Lima durante ese gobierno.
Cuba fue arrestado el 31 de enero de 2017 acusado de recibir coimas de Odebrecht para otorgar a esta la ejecución de la obra. Fue delatado por nada menos que el superintendente de Odebrecht, Jorge Barata, en la delación premiada de este en Brasil. Junto con Cuba cayeron varios otros, siendo él, claramente, el de mayor rango.
Su arresto fue aplaudido, entre otros, por su antiguo líder, el expresidente Alan García quien tuiteó entonces: “Muy bien la Fiscalía de la Nación. A la cárcel. Ratas como esas ensucian grandes obras que sirven al pueblo”. Otros fueron también llamados “ratas” por García en el pasado y guardaron silencio. Un silencio furioso, pero silencio al fin.
Y como no se supo nada de Cuba luego, se supuso que también había callado.
Pero no calló, sino habló, y mucho. El problema es con quién.
IDL-Reporteros ha podido obtener varios de los documentos de esa confesión. Empezamos hoy, en esta primera entrega, a revelar lo que se dijo en ellos. Ustedes dirán si valía la pena profundizar esa confesión, o no.
Las declaraciones de Jorge Cuba que aparecen a continuación ocurrieron en dos diligencias. La primera fue el 10 de marzo de 2017, a las 9:30 de la mañana. El fiscal que interrogó fue Marcial Páucar y estuvo también el abogado de Cuba, Luis Peña Terreros. La segunda diligencia fue el 17 de marzo de 2017, también a las 9:30 de la mañana. Ambas fueron en el penal Ancón 1.
Aquí, con su testimonio organizado temáticamente, el colaborador 004, Jorge Cuba, recuerda, cuenta y confiesa, en su propia voz.
Antecedentes
Tal como refiere Cuba en su confesión –en la que alterna la primera y tercera persona al referirse a sí mismo– el grupo que lideró el proyecto del Metro de Lima durante el gobierno aprista tenía largos años de cercanía entre sí a través del trabajo en equipo pequeño y próximo con Alan García.
Cuba relata que fue invitado a trabajar en el Instituto de Comercio Exterior en 1988, durante el primer gobierno de Alan García. Lo invitó “Roxanne Cheesman Rajkovic, que en ese momento era la gerente de supervisión de Comercio Exterior del citado instituto. Ellos habían sido compañeros en la PUCP. Ambos eran economistas”. Ahí Cuba conoció también a Enrique Cornejo.
“Cuba y Cheesman […] tuvieron luego la ocasión de encontrarse y ella le dijo que necesitaba un especialista para que vea temas de supervisión de productos mineros. Se entrevistó con ella y fue contratado en el Instituto de Comercio Exterior. Enrique Cornejo era presidente de dicha institución”.
En octubre de 1990, Cheesman le dice a Cuba que García había formado junto con Cornejo una ONG llamada Instituto para la Deuda Externa Latinoamericana y que le gustaría que trabajara con ellos. Cuba aceptó.
“Cheesman es madrina del segundo hijo de Cuba, Rodrigo Cuba Piedra”.
Como reveló hace algún tiempo el blog ‘Desde el tercer piso’, de José Alejandro Godoy, la cercana relación laboral de este grupo pequeño, que trabajaba en una casa frente a la que tenía Alan García en Chacarilla, quedó expresada en la serie de textos que produjeron para los dos volúmenes del libro “Deuda Externa Latinoamericana” (1991). Y también en la presentación de los directivos del Instituto y su equipo investigador.
Los dos tipos de actores con los que lidiaba Odebrecht para ganar las obras
Una de las partes más interesantes del testimonio de Cuba es su descripción de los “dos tipos de actores con los que Odebrecht se relacionaba para ganar obras. En sus palabras: “La estrategia utilizada por Odebrecht para ganar procesos de licitación de los denominados ‘grandes proyectos’, de mucho valor, incluía la participación de dos tipos de actores”:
“Los actores políticos que eran los encargados de generar el marco legal, la obtención y/o asignación del financiamiento y generación de facilidades en el proceso de ejecución. Aquí se encuentran las autoridades del más alto nivel como los presidentes Alejandro Toledo (Interoceánica), Alan García (Línea 1-Metro) y Ollanta Humala (Gasoducto del Sur) quienes favorecieron abiertamente a Odebrecht.
También forman parte de estos actores los ministros del MTC, que en su oportunidad ocuparon esos cargos tales como Javier Reátegui (Toledo), Enrique Cornejo (García) y Carlos Paredes (Humala).
Los actores técnicos o funcionales, que son los encargados de ver los detalles técnicos, lanzar procesos al interior de Provías o Proinversión, según donde se licite, y de la administración de la obra y del contrato.
Para el caso específico de la Línea 1-Metro, los actores políticos eran Alan García y Enrique Cornejo, quienes fueron los que gestionaron y aprobaron los decretos de urgencia, decretos supremos y resoluciones ministeriales que ayudaron a Odebrecht.
Los actores técnicos-funcionales eran los miembros del Comité de adjudicación y el director ejecutivo de AATE [Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico], el señor Oswaldo Plasencia”.
Plasencia, según el testimonio de Cuba, “era asesor de Palacio de Gobierno y visitaba las obras que inauguraba el presidente Alan García junto con Luis José Nava Guibert durante todo el tiempo que estuvo como asesor de Palacio. Después de Palacio, viene a ser asesor del ministro Enrique Cornejo, pero impuesto por Palacio. Representaba a la persona de Alan García y Nava Guibert, que son con los que antes trabajó directamente”.
Sobre montos y porcentajes de coima
En su declaración sobre los porcentajes y los montos de las coimas, Cuba menciona métodos de soborno compartidos entre Odebrecht y el “club de la construcción”. Sobre ello, vale la pena referir la investigación que publicó IDL-Reporteros sobre el porcentaje que pagaban en coimas las empresas de Lava Jato, especialmente Odebrecht [“La regla del 3%”]. A continuación, lo que Cuba declara: “Odebrecht, como miembro principal y activo del “Club” tiene como política pagar el 2.5% del monto licitado de cada obra que se adjudique. Este importe se distribuye entre los actores políticos y los actores funcionales. La parte de los actores políticos lo trata Jorge Barata con las más altas autoridades (Toledo, García, Humala), mientras que lo que corresponde a los actores funcionales lo trataban los directores de cada proyecto. (Luis Weyll, Carlos Nostre, Renato Bortoletti)”.
“Para el periodo (2009-2011) de la gestión de Enrique Cornejo se realizaron 25 concursos públicos con un valor adjudicado estimado de 3,443.4 millones de soles y 35 licitaciones con un valor adjudicado estimado de 5,178.6 millones de soles, que en conjunto totalizaron 8,608.2 millones de soles. Aplicando el 2.5% que pagaba el club, tenemos que para el período se habrían pagado 201.7 millones de soles. […]”.
Cómo se pagaba las coimas
Cuando Cuba dio la siguiente declaración no tenía cómo conocer la información sobre el funcionamiento del Sector de Operaciones Estructuradas que luego publicó IDL-Reporteros. Su descripción del servicio delivery de la Banca Privada de Andorra es particularmente interesante.
“Las formas en que Odebrecht pagaba era o en cuentas en el exterior, o en efectivo. El detalle de los pagos a cada uno de los actores políticos, más allá de lo que he mencionado, no lo tengo. Eso lo acordaba y disponía como pago el señor Jorge Henrique Simoes Barata, según me lo comentó Carlos Nostre”.
Sobre offshores y banca delivery: “Hispamar es una empresa panameña cuya creación, a finales de 2010, fue tramitada por Francesc Xavier Pérez Giménez, quien fue presentado por Carlos Nostre de Odebrecht para que se encargara de facilitar los mecanismos para la creación de empresas, apertura de cuentas y posteriores pagos. Él era el gerente de BPA (Banca Privada de Andorra) y además era quien gestionaba las cuentas de Odebrecht en dicho banco”.
Francesc Xavier Pérez Giménez, de la BPA, es uruguayo : “Los banqueros que manejaron cuentas en Perú visitaban trimestralmente a sus clientes para informarles sobre los pagos que se habían realizado y sobre las inversiones que hubieran realizado. Entre 2011 y 2015, Francesc registra más de 15 visitas al Perú.
Otro de los banqueros es de nacionalidad argentina, pero reside en Panamá [Jorge Schvzarman], también era amigo del banquero uruguayo. Trabajaba en el Banco de Plaza Suiza. Estos banqueros han abierto cuentas de los funcionarios peruanos que han recibido sobornos de Odebrecht”.
“Tengo conocimiento que el señor Jorge Barata ha tenido entre 15 y 16 reuniones en Palacio de Gobierno, algunas vinculada al Tren. Lo sabe [sic] por Nostre”.
Gestiones directas de Alan García
“Yo puedo dar cuenta – afirmó Cuba en su confesión– de coordinaciones relacionadas con respecto a la obra de la Línea 1 del Metro, en razón que así me lo expresó Carlos Nostre, quien era el director de Odebrecht responsable de ese proyecto. Con esa misma exactitud, no tengo conocimientos de coordinaciones para otras obras, pero debo mencionar que era un secreto a gritos, que el expresidente Alan García Pérez y Jorge Barata coordinaban las principales obras de infraestructura del país”.
“Alan García y Enrique Cornejo fueron quienes tramitaron y gestionaron la creación del marco jurídico legal y la obtención del financiamiento tanto en la Cooperación Andina de Fomento (CAF) y el MEF, para que esta obra se hiciera viable, y a cambio, como le comentó Carlos Nostre, ya Jorge Barata tenía un acuerdo con Alan García, porque ya era una política de Odebrecht pagar comisiones por las grandes obras que se adjudiquen ellos, y en este caso, estamos hablando de una obra de más de 1,100 millones de dólares”.
Carlos Nostre y Enrique Cornejo inspeccionando las obras del Metro de Lima (Foto: Andina).
“En una oportunidad el presidente Alan García llamó directamente de Palacio de Gobierno al ministro Luis Carranza a fin de increparle por qué no apoyaba el proyecto y en dónde se encontraba. El ministro Luis Carranza le respondió que estaba en la playa. Alan García le dijo que inmediatamente solucione ese problema ya que es urgente asignar los fondos para el proyecto y después, en vista que el préstamo de la CAF demoraba y existía mucha resistencia con respecto al financiamiento, lo que se hizo fue que una parte de los fondos que el MTC tenía fueran reasignados para poder realizar el proceso, se gestionó internamente una reasignación presupuestal y una habilitación mediante un crédito presupuestario”.
“Esto lo hicieron con el Decreto de Urgencia 042-2009 publicado el 2 de abril de 2009 en el diario oficial El Peruano, y ahí incorporan, vía crédito presupuestario, 65 millones de soles para poder lanzar el concurso. Después, en diciembre de 2009, habilitaron 124 millones de soles más. Había demasiado interés del presidente Alan García en querer darle los recursos para que el proyecto se ejecute e instruía al ministro Enrique Cornejo para que coordine directamente hasta lograrlo”.
“Agotados todos los esfuerzos y ya con el decreto de Urgencia 007-2010 del 27 de enero de 2010, recién se formalizó el préstamo de la Cooperación Andina de Fomento por 300 millones de dólares americanos y habilitan 525 millones de soles para financiar la Línea 1, o sea aquí ya se consigue el objetivo de pagar, de tener todos los fondos completos para todo el desarrollo de la obra”.
Sobre el Tramo Dos, Omar Chehade y Marisol Espinoza
“En relación a la reunión del 24.06.11 entre Jorge Barata y Alan García y la firma posterior del contrato del Tramo 2 y el 11.07.2011, es oportuno recordar lo que hemos mencionado sobre la visita que hicieron el primer y segundo vicepresidente electos de Ollanta Humala Tasso los primeros días de junio de 2011, donde hicieron los pedidos que ya he referido.
Por lo demás no puedo asegurar alguna relación entre ambos eventos; lo que sí me consta, es que había presión de la constructora Odebrecht para que se firme el contrato y se pague el adelanto para activar el contrato y evitar que el nuevo gobierno de Ollanta Humala Tasso pudiera objetar y dejarlo sin efecto, esto lo sé porque así me lo expresó Carlos Nostre, quien era director de Odebrecht para ese Proyecto”.
“En el Tramo 2 Odebrecht ya tenía una ventaja natural porque tenía la planta de fabricación de las vigas y barandas del viaducto que había sido una de las facilidades que le había otorgado tanto el expresidente Alan García como el exministro Enrique Cornejo, facilitándole las gestiones ante el IPD para tener ese terreno de 10 mil metros cuadrados. Asimismo, contaba con personal técnico con expertise, logrado con la experiencia del Tramo 1, conocían a detalle el costo del viaducto del Tramo 1 y tenía todos los contactos y facilidades con todas las entidades que tienen que ver con las interferencias. Esas razones fueron por las cuales había mucha presión por parte de Jorge Barata hacia el expresidente Alan García y de este al exministro Enrique Cornejo de que esto se pudiera concretar antes del cambio de gobierno.
Ex vicepresidente de Ollanta Humala, Omar Chehade y exministro del gobierno de Alan García, Enrique Cornejo.
Entonces tenemos que el 6 de junio de 2011, cuando ya se conocía que el nuevo presidente electo era Ollanta Humala, porque la elección fue el 5 de junio de 2011, vino una comitiva de Humala al MTC conformada por el exvicepresidente Omar Chehade, y la segunda vicepresidenta Marisol Espinoza a entrevistarse directamente con Enrique Cornejo. […]
En la reunión, Chehade estuvo con Enrique Cornejo y Jorge Luis Menacho Pérez y les planteó de parte del nuevo gobierno que no se firme el contrato de la Línea 1 Tramo 2 porque lo querían revisar e incluso querían revisar todo el proceso, asimismo, que no se firme el contrato de la renovación de concesión a Telefónica, que no se entregue el Puerto del Callao que había sido adjudicado el 31 de mayo de 2011 a APM TERMINALS, porque también quería revisar su conveniencia para el país, y que no se renueve el contrato a todo el personal CAS porque ellos querían depurar y ver la gente que se quedaba.
De todas maneras, el proceso continuó y se otorgó la buena pro de la Línea 1 Tramo 2 el 13 de junio del 2011, es decir, una semana después que había venido la comitiva, pero más allá de eso, el 8 de julio de 2011 se firmó el contrato del Tramo 2 de la Línea 1, es decir, a solo 19 días antes del cambio de gobierno. Este contrato a pesar de que fue un pedido expreso del nuevo gobierno que no se suscriba, se suscribió a puertas cerradas”.
Descargos
Entrevistados por IDL-Reporteros, tanto el fiscal Hamilton Castro, ex coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, como el fiscal Sergio Jiménez, sostuvieron que la colaboración de Cuba se archivó debido a que inicialmente el exministro reconoció haber cometido varios delitos de los que luego en parte se retractó.
“Un colaborador eficaz no puede decir que reconoce todo para ingresar a la colaboración eficaz, para que su colaboración sea admitida, y luego en el curso del proceso no puede decir luego que ya no reconoce todos los cargos. Lo que no puede hacer un colaborador es decir que reconoce solamente colusión simple, como en el caso del señor Cuba, y no colusión agravada, como se le imputa. Y eso es pretender cambiar los cargos. Eso es inaceptable, inadmisible. Un colaborador no puede cambiar los cargos imputados”, afirmó Castro.
A su turno, el fiscal Jiménez sostuvo que “la colaboración se cerró porque el señor no aceptó los cargos como le fueron comunicados en la formalización de la investigación preparatoria”. “La manifestación de voluntad y aceptación de los cargos debe mantenerse en el tiempo. […] En el transcurso de los meses, del periodo de corroboración, nosotros fuimos sintiendo que él se estaba alejando de este requisito, tanto es así, que esa percepción yo, al sentirla, dejé constancia en un acta. Luego de muchas conversaciones con él y con su abogado sobre el particular, decidí levantar un acta, donde se le pregunta qué cargos aceptaba, y no solamente eso, sino también los hechos que él aceptaba. Él, una vez más, describió los hechos que están en la disposición. Y esos hechos que él acepta no son los hechos que se le atribuyen dentro del proceso de colaboración eficaz. Una persona no puede decidir qué hechos acepta. […] Al no notar un cambio, es que decidimos cerrarla”, indicó Jiménez.
IDL-Reporteros expuso la versión de los fiscales Castro y Jiménez al abogado de Jorge Cuba: José Urquizo. La siguiente es, en forma resumida, su respuesta.
Abogado José Urquizo Olaechea.
“Quien fija el delito es el ministerio Público, no es la persona. Lo que hace la persona es declarar sus hechos y responsabilizarse” […] “Ellos mismos se dieron cuenta que había una contradicción entre dos delitos y ellos tenían que resolver el tema. Ellos comenzaron con dos delitos, y en el camino le imputaron un tercer delito”.
“Cuba …, explicó su caso de acuerdo a su percepción. Nunca le han preguntado si se ha retractado. Le preguntaron de qué se sentía responsable”.
“Lo que creo es que percibieron esto de una manera muy particular. El doctor [Jiménez] dice que hizo un acta en la etapa final. A nosotros nos sorprendió el acta […] Creo que esa acta tenía un pre-concepto. Ellos ya tenían un concepto”.
“Nosotros partimos de la buena fe. Hemos actuado de buena fe con ellos. […] Jiménez antes de viajar me dijo que iban a resolver el acuerdo de colaboración. […] Yo no preveía nada”.

En diez frases (pero nueve candidatos)

Por Julio Guerrero-Político.pe
Enrique Ocrospoma (PN): “Yo quiero ser ese salvador que tú necesitas (sic). Ese outsider. No tengo esa gran plata que tienen otros; esas grandes publicidades (sic)”.
Daniel Urresti (PP): “Lima necesita orden y seguridad en este momento, ¡ahora!, y yo soy el único que puede darles eso. Ya lo demostré como alto comisionado para la minería ilegal; como ministro del Interior”.
Jaime Salinas (APP): “A partir de que hace unos días en el Congreso ya se aprobó la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao en pocos meses el transporte público pasará a manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y solo tres asientos tendremos en el directorio de ocho personas presidido por el ministerio. ¿De qué estamos hablando?”
Pablo Silva (FREPAP): “Yo soy el ciudadano de a pie, yo soy el que verdaderamente conozco la problemática. Porque los políticos solo hacen el recorrido en la campaña política. En cambio, yo no. Yo vivo en ese lugares. Inclusive conocen el Pasamayito por la campaña, nada más. Ellos no transitan por ahí”.
Luis Castañeda (Solidaridad Nacional): “Las buenas cosas, lo mejor, continuará. Y aquellas cosas que haya que corregir las corregiremos. También quiero decirles que voy a trabajar por una Lima donde haya muchísimas obras; porque las obras son trabajo, bienestar, chamba”.
Esther Capuñay (UPP): “Implementaremos cuarenta y tres plataformas de mujeres en coordinación con las distintas instituciones, atendidas por profesiones mujeres. Que mejor que una mujer para atender a una mujer en situaciones difíciles”.
Jorge Villacorta (PPK): “Esta elección también es un referéndum porque se le está diciendo a la población qué inseguridad ciudadana, qué corrupción se va a combartir, qué mejora del tránsito se va a hacer si todos esos contratos están ya amañados, y tienen hermanitos y amiguitos en el Poder Judicial”.
Jorge Muñoz (Acción Popular): “Hay desde nuestra perspectiva una pirámide invertida donde peatón, después al ciclista, el transporte de pasajeros, el transporte de mercadería y en última ratio, el transporte privado. Los buses de gran calado”.
Juan Carlos Zurek (Somos Perú): “Iremos de la mano con el Ministerio de Vivienda, a efectos de detectar la vulnerabilidad inmediata en las zonas más riesgosas (sic). De este modo, tenemos que trabajar para implementar muros de contención, rutas de evacuación, y obras de prevención sísmica”.
Renzo Reggiardo (PPS): “Tengo entendido que el debate verdaderamente ha sido una andanada de denuncias y agresiones entre los candidatos, y fundamentalmente todas contra quien habla… y seguramente iba a ser lo mismo con mi presencia”.

Foto IDL-Reporteros.

Fiscal Pedro Chávarry abre investigación preliminar a PPK

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, inició una investigación preliminar en contra del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por la presunta compra de votos de congresistas para evitar un pedido de vacancia.
El anuncio sobre la mencionada indagación fue efectuado por el Ministerio Público, a través de su cuenta de Twitter.
Además de PPK, también serán investigados la vicepresidenta y congresista oficialista Mercedes Araoz, así como los legisladores Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio), Marvin Palma, Maritza García y Lucio Ávila (no agrupados).
Se informó que la investigación se da por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.
De otro lado, el Ministerio Público sostuvo que se ha ampliado una investigación preliminar contra el ex ministro de Agricultura José Arista por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico.
Además, se amplió una investigación preliminar contra los congresistas Marvin Palma, Clayton Galván, Maritza García, Estelita Bustos, Marita Herrera, Lizbeth Robles y Sonia Echevarría (no agrupados) por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.
En marzo último, el congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) mostró en una conferencia de prensa, junto a otros miembros de su bancada, diversos videos y audios que revelarían que se ofrecieron prebendas a algunos parlamentarios a cambio de que votaran en contra de la vacancia de PPK.
Un día después de la presentación de dicho material, Kuczynski presentó su renuncia a la Presidencia de la República, por lo que el entonces vicepresidente Martín Vizcarra asumió su cargo.
Cabe resaltar que por este mismo caso, en agosto pasado, Pedro Chávarry había formalizado una denuncia constitucional contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra.
Fuente: Diario El Comercio.

Comisión Lava Jato: Informe final concluye que hubo US$ 3000 millones en sobrecostos de obras

La Comisión Lava Jato del Congreso aprobó y suscribió su informe final, después de un año y medio desde que inició sus investigaciones sobre los presuntos sobornos de empresas constructoras brasileñas a funcionarios públicos.
La aprobación del documento final fue en sesión reservada y estuvieron presentes los parlamentarios Rosa Bartra (Fuerza Popular) Mauricio Mulder (Apra), Humberto Morales (Frente Amplio), Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) y Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio).
Según adelantó la congresista Rosa Bartra, presidenta de la comisión investigadora, una de las conclusiones del informe es que existió un sobrecosto en las obras que superan los US$3 mil millones.
“Lo que podemos decir es que los sobrecostos por parte de las empresas que han ejecutado las obras, ya sea por adendas, por incrementos, por nuevos contratos, por cancelaciones, superan largamente los 3 mil millones de dólares”, dijo Bartra.
Respecto a los nombres de los investigados, y al ser consultada sobre la no inclusión del ex presidente Alan García y Keiko Fujimori, aseguró que no podía dar detalles de las personas que en el informe se recomienda la denuncia y la acusación.
“Hemos sido prudentes y responsables con mantener la reserva.  Esperamos que futuras comisiones investigadoras y el Ministerio Público cumplan con el tan necesario deber de reserva. Todo se va a conocer después que se debata en el pleno”, manifestó.
Concluida la sesión, Bartra presentó el informe final a la Oficialía Mayor del Parlamento para que siga el trámite y “prontamente” sea debatido en el Pleno.
Remarcó que depende de la Mesa Directiva cuándo ponga en agenda el debate en la sesión plenaria. “Eso ya escapa realmente de lo que nosotros podamos determinar”, agregó.
Fuentes: Diario El Comercio y Correo.

Confianza: recias críticas y un Frente Amplio como nueva escopeta de dos cañones

Por Aaron Salomón– Político.pe
Evidentemente el presidente de la República ganó la partida y el Congreso se vio obligado este miércoles a aprobar la cuestión de confianza planteada por el primer ministro César Villanueva, con el fin de que se aprueben los cuatro proyectos de reforma política-judicial enmarcados en las políticas de integridad y lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.
Durante su presentación ante el Pleno, Villanueva fue enfático al señalar que “no aceptaremos aprobaciones parciales, sino las cuatro (propuestas de reforma constitucional)”, dado que –mencionó– las reformas expuestas permitirán “iniciar el gran cambio en la historia de este país”.
“La historia recomienza hoy”, exclamó.
Acto seguido, el premier destacó la aprobación de la modificación del putrefacto CNM (ahora denominado Junta Nacional de Justicia). “A pesar de los adjetivos que no son los nuestros ni tampoco vamos a tomarlos en cuenta, este Congreso de manera unánime y sin mayores cambios al ‘mamarracho’, al disparate, lo aprobó por unanimidad histórica”, acotó para sustentar que las propuestas podrían tranquilamente contar con luz verde antes del 4 de octubre para ser sometidas a referendo el 9 de diciembre. Y durante los últimos instantes de su agitada alocución, el también legislador de Alianza Por el Progreso aseguró que Martín Vizcarra no postulará en las elecciones del 2021.
Como era de esperarse, la disertación palaciega no gustó para nada en la Representación Nacional. Parlamentarios de diversas bancadas no dudaron en tomar la palabra y expresar su malestar ante –dijeron– tremendo mensaje confrontacional. Así, el aprista Mauricio Mulder acusó al gobierno de exhibir un doble discurso, dado que a puertas cerradas el jefe de Estado se muestra dialogante y conciliador con la oposición, pero públicamente actúa de forma contraria. Ello –manifestó– quedó demostrado con lo dicho por el premier, quien intentó ponerle plazos al Congreso cuando ya existe un cronograma establecido en la Junta de Portavoces.
De igual forma, el acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde lamentó que el premier Villanueva haya dado un “discurso para la calle”. Asimismo, sostuvo que se debe encontrar la manera de evitar que el Ejecutivo a partir de ahora pretenda presentar una cuestión de confianza cuando se le ocurra o alertó cuando se interpele a algún ministro. En el mismo sentido, Javier Velásquez Quesquén (Apra) dijo que “ojalá se hubiera dado la cuestión de confianza porque nos oponemos, por ejemplo, a la reconstrucción del norte del país”. “Mañana cuando interpelemos a un ministro nos van a presentar otra cuestión de confianza”, se quejó.
A su turno, el frenteamplista Justiniano Apaza condenó que cierta prensa deje entrever que los congresistas tienen miedo a un eventual cierre del Parlamento porque perderían sus sueldos. “La política es para servir”, afirmó el izquierdista.
La legisladora fujimorista Luz Salgado, en tanto, sancionó que el premier Villanueva se haya presentando ante la Representación Nacional en un tono altisonante.
Después de casi doce horas de debate –cuya duración podemos calificar de exagerada porque solo tendrían que haber tomado la palabra los voceros–, finalmente el Congreso aprobó el pedido de cuestión de confianza con 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones. Por supuesto, en su habitual modus operandi, luego de haberse pronunciado a favor en la mañana la bancada del Frente Amplio se opuso a la confianza porque reclama llamar a elecciones para crear una nueva Constitución.
¿Qué es lo que viene? Pues bien: si el primer ministro Villanueva ha dicho que con la aprobación de las cuatro reformas “la historia recomienza”, tendríamos entonces que asumir que al día siguiente del referéndum (10 de diciembre) el gobierno resolverá todos los problemas del país (que no son pocos). De no ser así, todo este show mediático no habrá sido más que pura demagogia para ocultar las incompetencias del Ejecutivo.
Y no hay mejor juez que la historia misma, señor Vizcarra.

Congreso aprobó cuestión de confianza solicitada por Vizcarra

La bancada de Fuerza Popular no efectuó una votación en bloque, sino dividida, respecto a la cuestión de confianza presentada por el Gabinete Ministerial interpuesta para agilizar las reformas políticas y judiciales de cara a un referéndum.
Fueron 32 los parlamentarios naranjas que se manifestaron a favor del instrumento constitucional planteado por el primer ministro César Villanueva.
Entre los que votaron a favor figuran Cecilia Chacón, Leyla Chihuán, Nelly Cuadros, Segundo Tapia, Yeni Vilcatoma, entre otros. En contraste a ellos, 11 parlamentarios se mostraron en contra del pedido del Ejecutivo y 13 se abstuvieron.
Los congresistas de Fuerza Popular que votaron por la abstención a la cuestión de confianza fueron: Joaquín Dipas, Modesto Figueroa, Israel Lazo, Úrsula Letona, Moisés Mamani, César Segura, Roy Ventura, Federico Pariona, Miguel Torres, Milagros Salazar, Edwin Vergara, Gilmer Trujillo y Juan Yuyes.
Mientras que los legisladores de Fuerza Popular que votaron en contra fueron: Rosa Bartra, Karina Beteta, Gladys Andrade, Juan Carlos del Águila, Carlos Domínguez, Guillermo Martorell, Osías Ramírez, Milagros Takayama, Mario Mantilla, Luis Galarreta y Esther Saavedra.
“Nosotros hemos tenidos posiciones diferenciadas. Ayer quedamos que íbamos a escuchar al jefe del Gabinete y, en función a ello y al sustento de los diferentes congresistas, íbamos a tomar una decisión, que es el fiel reflejo de esta votación”, dijo Milagros Salazar en diálogo con Canal N.
Como se recuerda, la cuestión de confianza planteada por el Gabinete Ministerial fue aprobada por 82 votos a favor, 22 votos en contra y 14 abstenciones.
Fuente: Diario El Comercio.

Las maldades de Vizcarra

Por Ricardo Escudero- Laabeja.pe
Uno no llega a conocer a las personas totalmente y aun después de tiempo se lleva asombrosas decepciones. Eso es lo que está pasando con el actual presidente y su contradictorio lenguaje, inexplicables anuncios y la ausencia casi absoluta de ideas y propuestas de gobierno que lo caracterizan a él y a casi todos sus ministros, salvo –valga decirlo- el responsable de la cartera de economía, que está reordenando el desastre dejado por su antecesor, el del paquetazo.
Para muchos, Vizcarra era un señor con antecedentes de gestión limpia en el pequeño gobierno regional de Moquegua, gracias a un buen manejo de su presupuesto y al orden que puso para cada asunto, destacando como eje la educación, una fortaleza que no se puede desmoronar jamás. Sin embargo, al pasar de lo pequeño a lo nacional, él cambió y se rodeó de gentes dispuestas a priorizar ambiciones personales o de grupos de interés, antes que ponerse como bandera de unidad, las legítimas aspiraciones ciudadanas.
Le han hecho creer –y él se lo cree en mi opinión- que puede ser un nuevo héroe, una nueva voz, un líder político que inunde con su legado al país. Absurdo, insostenible, irracional proyecto. El señor Vizcarra es un reemplazo constitucional del anterior presidente, que tuvo que renunciar ante la acumulación de escandalosas pruebas referidas a conflictos de intereses y operaciones financieras incompatibles con el ejercicio de sus responsabilidades públicas. Y entonces, debe completar un período, realizar las acciones que ofrecieron en bien el país y no estar inventando cada semana una nueva forma de pelear entre peruanos, llenando de odio y discursos su agenda violenta.
No es un presidente elegido, sino un suplente válido, el reemplazo, el fusible que permita la continuidad de lo acertado del anterior, y el cierre de lo perjudicial que estaba dejándonos. Pero, él cree que es su inicio, el comienzo de la nueva era Vizcarra, no señor. Es su debut, y el 28 de julio que corresponda, su despedida. En este tiempo que media entre la salida de su antecesor, haya sido mediante un complot de su primer ministro o un acuerdo con otros grupos políticos, no lo sabemos aún, el señor Vizcarra debe gobernar, ordenar la economía nacional, impulsar la inversión privada y no aumentar el gasto público, mejorar las oportunidades del empleo seguro, proyectar un país que permita pensiones y jubilaciones dignas, fortalecer el rol de las fuerzas armadas, darle respeto a las instituciones y promover la unidad, comenzado por el impulso a la familia matrimonial.
El Perú no es la hipoteca vencida de un mal gobierno, no es la herencia pesada de un mal presidente, es la consecuencia de lo que permitimos y frente a ello, las maldades de Vizcarra –porque eso son, maldades- no podemos permitirlas. Por eso, hoy que se ha enfrentado a las familias peruanas, tenemos que ponerle un freno al señor presidente y su entorno caviar, levantando la bandera de la familia, de la unidad nacional.

Martín Vizcarra amenaza con disolver el Congreso

Un conflicto de poderes se incuba en Perú tras una velada amenaza del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, dominado por la oposición fujimorista, si frena sus reformas constitucionales destinadas a combatir la corrupción.
En un mensaje al país, Vizcarra advirtió el domingo que si el Congreso frena sus reformas políticas y judiciales, que espera aprobar en un referéndum el 8 de diciembre, planteará la llamada “cuestión de confianza”, norma constitucional que abre la vía para disolver el parlamento.
“Respetuoso de la Constitución (…), acudo a ella, poniendo como testigos a todos los peruanos e invoco la aplicación de su artículo 133 ‘Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República’, para aprobar las cuatro reformas constitucionales presentadas al Congreso” en respuesta a un escándalo en el poder judicial, dijo Vizcarra.
La Constitución establece que el gobierno puede “plantear ante el Congreso una cuestión de confianza (…) si la confianza le es rehusada, o si es censurado”, mientras que el mandatario “está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”, lo que no ha ocurrido hasta ahora.
El partido de Keiko Fujimori, que domina el legislativo, ha desestimado la urgencia de aprobar este año las propuestas de Vizcarra, que incluyen el fin de la reelección parlamentaria y restituir la bicameralidad en el Congreso, además de cambiar el procedimiento de designación y control de jueces.
“La urgencia con la que plantean el referéndum no corresponde a las necesidades del país”, afirmó Keiko el 23 de agosto.
El partido de la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) mantuvo maniatado al antecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, durante sus 20 meses de gobierno hasta que consiguió su renuncia el pasado 21 de marzo.
Además, la “luna de miel” entre Vizcarra y Keiko terminó abruptamente hace casi dos meses precisamente por las reformas, que de paso amenazan el poder del fujimorismo en el parlamento, según analistas.
“Las tan necesarias Reforma Política y Reforma del sistema de Justicia son Cuestión de Estado, y como tales prioritarias” para erradicar la corrupción, expresó Vizcarra, quien cumple seis meses de mandato el próximo domingo.
Aunque no están claros cuales serán los próximos pasos de Vizcarra, porque faltan instancias constitucionales antes de que pueda disolver el Congreso, su mensaje cosechó críticas de legisladores opositores.
“El presidente sigue en su onda monotemática y confrontacional para ocultar otros problemas”, dijo la líder de la bancada fujimorista, Úrsula Letona.
“Vizcarra está utilizando una fórmula exagerada para poder seguir levantando popularidad”, indicó el centroderechista Víctor Andrés García Belaúnde.
Los líderes de las bancadas legislativas iniciaron este lunes una reunión para debatir el mensaje de Vizcarra, encabezados por el presidente del parlamento, el fujimorista Daniel Salaverry.
En caso de disolver el Congreso, Vizcarra debe convocar a nuevas elecciones legislativas en cuatro meses más, escenario que la oposición no desea debido al alto nivel de desaprobación del parlamento (82%) y de Keiko (80%).
Las elecciones legislativas y presidenciales deben efectuarse en 2021.
El mandatario también anunció que convocó al Congreso a una sesión extraordinaria este miércoles para que aborde su propuesta de reforma, lanzada en respuesta al escándalo de audios de jueces traficando influencias y vendiendo sentencias, que conmociona al país desde el 8 de julio.
El escándalo provocó la caída del presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, y del ministro de Justicia, Salvador Heresi. Hay 12 magistrados detenidos, entre ellos el presidente de la corte de apelaciones del Callao, Walter Ríos.
También fue suspendido un juez de la Corte Suprema, César Hinostroza, mientras que el fiscal general, Pedro Pablo Chávarry, está en el ojo del huracán y un creciente coro de voces pide su renuncia, a lo que él se niega.
Vizcarra destacó que el caso de las comprometedoras grabaciones de conversaciones telefónicas de jueces estalló 18 años después del escándalo de los ‘Vladivideos’, la difusión de videos grabados por el entonces jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, que dejaron al desnudo una corrupción generalizada y condujeron a la caída de Alberto Fujimori.
“Han pasado ya 18 años desde que el país fue consciente de la grave crisis institucional. Sin embargo, hoy me pregunto, ¿qué hemos aprendido?”, se preguntó.
Vizcarra, quien el 28 de julio anunció que quiere que su reforma sea aprobada en un referéndum, dijo este domingo que espera convocar a la consulta popular el próximo 8 de diciembre, en coincidencia con la segunda vuelta de los comicios de gobernadores (la primera ronda será el 7 de octubre).
La aprobación popular de Vizcarra subió 11 puntos en agosto para alcanzar 46% tras su propuesta de reforma, según Ipsos.
Fuente: Diario Clarín y AFP.

La cuestión de confianza no era necesaria

EDITORIAL DE LAMPADIA
Es muy preocupante que el presidente Vizcarra haya cedido al graznido de los halcones para lanzarse a la aventura peligrosa de la cuestión de confianza en torno al referéndum.
Máxime cuando, como veremos, algunos de los argumentos del Presidente no son ciertos y una eventual disolución del Congreso –si se negara la confianza- haría imposible la ejecución del referéndum antes de mediados del primer semestre de 2019, manteniendo el statu quo judicial.
Se dijo desde un comienzo que la cuestión de confianza se plantearía si el Congreso denegaba los proyectos de reforma o no los procesara. Pero ocurre que la Comisión de Constitución tuvo su predictamen sobre la reforma del CNM listo el martes pasado. No se pudo aprobar en la sesión del martes porque no hubo acuerdo. Sin embargo, sobre la base de esa discusión y de las críticas y aportes formulados, la Comisión elaboró una nueva propuesta (que adjuntamos), que debía ser discutida y aprobada hoy en la Comisión de Constitución, y el martes mismo se empezaría a discutir el proyecto de restablecimiento de la bicameralidad. ¿El Presidente desconocía esta información?
No solo eso. En su mensaje a la Nación, el presidente argumentó no solo que no se había avanzado –lo que no es cierto, como hemos dicho- sino que se había desnaturalizado la propuesta original. Dijo: “Los peruanos no podemos permitir que los titulares de la ONPE y el Reniec sean elegidos por el Congreso, porque sería dar lugar a que un partido político pueda controlar a quien debe fiscalizar las elecciones democráticas”. Efectivamente, el predictamen establecía eso, a propuesta del congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú según se ha informado. Grave error. Pero esa disposición fue criticada en el debate y hubo consenso en retirarla, y eso se anunció desde ese mismo día.Entonces el presidente Vizcarra sabía perfectamente, desde hace 5 días, que esa disposición ya no formaba parte del predictamen. El hecho de que la invoque como causal de la cuestión de confianza, revelaría que este recurso tiene en realidad una finalidad política más que realmente constructiva.
El Presidente se ha convertido en un aplicado populista. Agregó en su mensaje que “es inaceptable que se proponga impedir a los nuevos titulares del Consejo Nacional de la Magistratura investigar los actos de corrupción cometidos con anterioridad. Eso equivale a garantizar la impunidad, y constituye una burla a la voluntad ciudadana de transparencia y lucha contra la corrupción”. Y tiene razón. El predictamen había cometido el error de eliminar esa disposición transitoria, pero luego de la sesión de la Comisión la disposición transitoria fue repuesta.
De lo que se desprende que los argumentos dados por el Presidente serían pretextos. Pretextos para forzar la aprobación sin discusión de los proyectos enviados y conquistar por esa vía, acaso, mayor aprobación popular. Eso tampoco es muy democrático.
La Comisión de Constitución había aprobado un cronograma para lograr que las reformas pudieran aprobarse a tiempo a fin de que llegaran al referéndum de diciembre, pese a que voceros de la propia bancada de PPK, como Juan Sheput, habían declarado que hay temas que necesitan mucha más discusión y debate y que no podrían aprobarse tan rápidamente. Y eso es puro sentido común.
Y lo que probaría la naturaleza puramente política –en el peor sentido del término- del planteamiento de la cuestión de confianza, es que, si esta fuera viable y el Congreso no diera la confianza al gabinete, el Congreso tendría que ser disuelto y entonces no habría Congreso que apruebe los proyectos que, por lo tanto, no se podrían llevar a cabo el referéndum. Absurdo. Pasarían cuando menos cuatro meses más antes de que se realice la elección del nuevo Congreso y habría que esperar un tiempo más a terminar el conteo y se instale el nuevo Parlamento. O sea, no habría referéndum hasta mediados del 2019, algo muy conveniente para mantener el statu quo y parar las indispensables reformas, y quién sabe si también otros procesos anti-corrupción. Y lleva a sospecha que lo que se buscaría no es la aprobación urgente de las reformas sino disolver este congreso para buscar una nueva composición política en el que resultare elegido.
Hay, por demás, un hecho también sospechoso que podría no ser casualidad. Y es que la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, le solicitó en varias ocasiones al congresista Alberto Oliva (de PPK), presidente de la Comisión de Justica, que ambas comisiones sesionaran juntas para tener un solo dictamen y no dos, sabiendo que la comisión preeminente en este caso es la de Constitución, porque se trata de una reforma constitucional. Pero el congresista Oliva nunca quiso. Entonces cuando el viernes convocó a sesión de la comisión de Justicia, sin advertir en la agenda que se trataría el dictamen que a último minuto esa comisión había elaborado, casi idéntico al proyecto enviado por el Ejecutivo y distinto obviamente al de Constitución, los miembros de la comisión pertenecientes a Fuerza Popular se abstuvieron porque estaban en desacuerdo y no habían sido citados para ese fin ni conocían el predictamen. Esa abstención fue presentada por parte importante de la prensa y la televisión como que Fuerza Popular se oponía y rechazaba la reforma del CNM, cuando en realidad el dictamen principal, que ya estaba reformulado y listo, era el de Constitución.
Quizá fue una celada en la que los congresistas de Fuerza Popular cayeron incautamente. El hecho es que sirvió para crear el ambiente mediático para plantear la cuestión de confianza.
Es lamentable que esto esté ocurriendo. En lugar de llamar a los líderes políticos para concertar los proyectos, el Presidente ha optado por la confrontación, lo contrario de su mandato constitucional. El Congreso, sin embargo, no debe pisar el palito y debe aprobar hoy –en la Comisión de Constitución- el dictamen relativo a la reforma del CNM. Y debe concertar con el Ejecutivo el cronograma mencionado asegurando que se aprobarán reformas que, sin duda, son muy importantes para el país.
La apurada, ‘desinformada’ e inconsecuente intervención del presidente Vizcarra puede terminar creando todo lo contrario de lo que dice buscar, paralizando la urgente e importante reforma judicial.
Foto tomada del twitter de Augusto Hidalgo: goo.gl/EqYCuy.

La inverosímil cronología de la Interoceánica Sur

Odebrecht coimeó a Alejandro Toledo con $20 millones por la Interoceánica Sur. La pérdida social de la Interoceánica supera los $6,000 millones. Pero, robo al Perú no hubiera sido posible si Kuczynski y Proinversión no hubieran desechado objecciones de Contraloría en apenas 18 minutos.
En febrero de 2017, la confesión de Jorge Barata sobre la coima de Odebrecht a Alejandro Toledo por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur causó un terremoto en la política nacional. A la natural vergüenza de haber tenido un presidente corrupto se le agrega el que la Interoceánica Sur es un elefante blanco. En efecto la pérdida social de haber hecho la Interoceánica Sur podría superar los 6 mil millones de dólares. Ver mis artículos del 25 de julio de 2015 (goo.gl/tI38ib) y del 11 de febrero de 2017 (goo.gl/UWQPX5) para más detalles sobre el despilfarro en la carretera.
Con Toledo prófugo, uno se pregunta por qué sus ministros o los miembros de Proinversión no se opusieron al despropósito que era la Interoceánica. Peor aún, uno queda sorprendido de constatar que en el gobierno de Toledo se hizo todo lo posible para que la carretera viera la luz del día contra viento y marea. En particular, llama la atención que Pedro Pablo Kuczynski y otros funcionarios del gobierno de Toledo eximieron a la Interoceánica Sur de pasar por el filtro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), elevaron el techo de endeudamiento público para construir la carretera e ignoraron las objeciones de la Contraloría en múltiples ocasiones.
Sin embargo, los sucesos del 4 de agosto de 2005, día en que se firmaron los contratos de la Interoceánica Sur, deben ser investigados por la Fiscalía. Lo más probable es que el 4 de agosto de 2005 varios funcionarios del gobierno de Toledo cometieron más de un delito con funestas consecuencias para la economía popular. Recordemos que el 23 de junio de 2005 se había dado la adjudicación de la buena pro de los tramos 2, 3 y 4 de la carretera. Los tramos 2 y 3 fueron ganados por un consorcio conformado por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e ICCGSA. El tramo 4 fue adjudicado a Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao. A continuación, la cuasi fantástica cronología de lo ocurrido el 4 de agosto de 2005.
1. A las 10:00 de la mañana del 4 de agosto, en el salón Sevillano de Palacio de Gobierno, “se instaló el Comité de PROINVERSIÓN para dar inicio al cierre de la licitación y la firma de los contratos de concesión, tal y como consta en el “Acta de Fecha de Cierre de los Tramos 2, 3, y 4” de Proinversión.
2. A las 10:15 “el Presidente del Comité”, Sergio Bravo Orellana, “recibió la información de que se había recibido en mesa de partes de PROINVERSIÓN a las 10:02 horas” un Oficio de la Contraloría de fecha 3 de agosto en que se oponía a la firma del contrato pues Odebrecht, Queiroz Galvao y Graña y Montero tenían juicios con el Estado peruano lo que las imposibilitaba de contratar de acuerdo a la legislación entonces vigente.
3. A las 10:40, “el Comité dispuso (…) suspender el proceso de firmas hasta que se cuente con las instrucciones correspondientes del Consejo Directivo” de Proinversión.
4. A las 12:30, según un reportaje de Cuarto Poder, el Consejo Directivo de Proinversión, presidido por PPK, se reúne en el MEF. Participan de la reunión Carlos Ferrero, José Ortiz y René Cornejo.
5. A las 13:05 se suspende la sesión del Consejo Directivo.
6. A las 13:27 se reanuda la sesión del Consejo Directivo pero ahora en Palacio de Gobierno. En el curso de 18 minutos, tal y como obra en la página 44 del Informe Pari de Junio de 2016, el Consejo realiza las siguientes acciones:
a) “…se comunicó a las empresas de las observaciones de la Contraloría y ellas respondieron por escrito”;
b) “…se le solicitó al asesor legal de Proinversión una opinión y este la respondió por escrito”;
c) “ …se solicitó una opinión legal de un estudio jurídico externo, se seleccionó al estudio y este alcanzó su respuesta”. Este estudio era el del doctor Juan Monroy.
7. A las 13:45 el Consejo Directivo de Proinversión expide el acuerdo 109-01-2005 que concluye que las objeciones de la Contraloría no son válidas y que se debe proceder con la firma de los contratos de concesión.
8. A las 13:50 se continúa con el proceso de firmas. Toledo, sus ministros, Barata y sus socios participan de la ceremonia de firmas en Palacio de Gobierno.
¿Es creíble que en el curso de 18 minutos se hayan podido realizar todas las acciones descritas en el punto 6 líneas arriba? ¿Cómo así, en apenas 1080 segundos, se solicitó la opinión del estudio Monroy, el estudio analizó el caso, recabó la información necesaria, emitió y redactó su opinión, y la hizo llegar, en físico, a la mesa de partes de Proinversión? ¿Es posible, en 18 minutos, absolver una consulta legal tan importante, redactar la opinión correspondiente y llevar la carta desde la Calle Roma 376, donde se ubica el estudio Monroy, a las oficinas de Proinversión en Canaval y Moreyra 150?
Si ello sucedió, la sesión del Consejo Directivo de Proinversión del 4 de agosto debería ser la más eficaz, así haya sido para firmar contratos lesivos, de la historia del hombre sobre la tierra. Sin embargo, el sentido común sugiere que el Consejo Directivo de Proinversión del 4 de agosto no hubiera podido, con las leyes de la física del universo en que vivimos, haber completado todas las acciones que se detallan en el acuerdo 109-01-2005.
El propio abogado Juan Monroy, en su testimonio en la Comisión Lava Jato del 27 de febrero de 2017, niega categóricamente haber sido capaz de redactar la opinión legal que sirvió de sustento al acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión del 4 de agosto de 2005. En las palabras de Monroy:
“(…) es que todo ocurre en 18, 20 minutos y todo eso bueno. Yo estoy afirmando desde el comienzo que este documento que yo produzco, debe haber sido entregado o el 9 o el 10 de agosto. Yo, hace doce años que ocurrió esto. Yo no tengo el documento. Si ahí en esa acta dice que es el mismo 4 [de agosto] es una mentira, porque no hay absolutamente nada que pruebe que eso ha ocurrido.
Además, no puede ocurrir por la cantidad de información que hay en la consulta. Es una consulta que es materialmente imposible que alguien la haya hecho. Inclusive es imposible que alguien se haya anticipado ¿por qué? Porque es el 3 de agosto cuando llega el oficio de la Contraloría diciendo ´tengan cuidado, no vayan a contratar con tal y tal porque tiene dificultades´ cuando ellos deciden hacer la consulta, Presidente. Entonces, se pone uno a trabajar y hace eso. 
Si ahí aparece que el día 4 tiene un informe, eso es absolutamente falso, no tiene absolutamente nada que ver conmigo, lo estoy sabiendo en este acto, y se lo ratifico. ¿Por qué? Porque es un imposible. Este documento no puede trabajarse así. No puede uno ir a partida registral. Son cinco expedientes judiciales, seis en realidad expedientes judiciales que hay que revisar. (…)
…y cuando aparece ahí en el acta que ese 4 de agosto hay una consulta, todo lo que hay es un pedido. No hay absolutamente ninguna consulta porque es imposible, es materialmente imposible. No hay que jugar con los tiempos. No hay que hacer ucronías. No tiene ningún sentido. Este trabajo que yo hice, para esta consulta, puede haber tomado 6 u 8 días, señor congresista. Eso es lo que toma, además, para cualquier persona razonable y diligente.”
¿Qué dicen nuestras autoridades presentes y pasadas? ¿Podrían Kuczynski y los otros funcionarios involucrados decirnos la verdad por favor? ¿Hubo presiones de Toledo en Proinversión? ¿Por qué parece que, lejos de oponerse a la Interoceánica, Proinversión marchó al ritmo de la samba delincuencial que Barata le tocaba a Toledo? ¿No es hora ya de decir realmente lo que pasó? El sueldo que ganan nuestras autoridades, así como las enormes pérdidas causadas por la Interoceánica, salen del bolsillo del ciudadano.
Año y medio despues de la confesión de Barata, Alejandro Toledo se pasea a sus anchas por los Estados Unidos: ha sido visto departiendo con amigos, compartiendo cenas y licores, y viajando por norteamérica. ¿Cuál ha sido el esfuerzo e interés de los gobierno de Kuczynski y Martín Vizcarra en extraditar a Toledo?
Fuente: Blog de Juan Mendoza www.juanmendozaperu.blogspot.com
El Acta de Fecha de Cierre de Proinversión está en: goo.gl/Plbt1J.
El vínculo al reportaje de Cuarto Poder es: goo.gl/W0dZOQ.
El informe de Juan Pari se puede encontrar en:  goo.gl/cEBKij.
Parte del testimonio de Juan Monroy: goo.gl/ZlsSUy.