Mamarracho

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Las maldades de Vizcarra

Por Ricardo Escudero- Laabeja.pe
Uno no llega a conocer a las personas totalmente y aun después de tiempo se lleva asombrosas decepciones. Eso es lo que está pasando con el actual presidente y su contradictorio lenguaje, inexplicables anuncios y la ausencia casi absoluta de ideas y propuestas de gobierno que lo caracterizan a él y a casi todos sus ministros, salvo –valga decirlo- el responsable de la cartera de economía, que está reordenando el desastre dejado por su antecesor, el del paquetazo.
Para muchos, Vizcarra era un señor con antecedentes de gestión limpia en el pequeño gobierno regional de Moquegua, gracias a un buen manejo de su presupuesto y al orden que puso para cada asunto, destacando como eje la educación, una fortaleza que no se puede desmoronar jamás. Sin embargo, al pasar de lo pequeño a lo nacional, él cambió y se rodeó de gentes dispuestas a priorizar ambiciones personales o de grupos de interés, antes que ponerse como bandera de unidad, las legítimas aspiraciones ciudadanas.
Le han hecho creer –y él se lo cree en mi opinión- que puede ser un nuevo héroe, una nueva voz, un líder político que inunde con su legado al país. Absurdo, insostenible, irracional proyecto. El señor Vizcarra es un reemplazo constitucional del anterior presidente, que tuvo que renunciar ante la acumulación de escandalosas pruebas referidas a conflictos de intereses y operaciones financieras incompatibles con el ejercicio de sus responsabilidades públicas. Y entonces, debe completar un período, realizar las acciones que ofrecieron en bien el país y no estar inventando cada semana una nueva forma de pelear entre peruanos, llenando de odio y discursos su agenda violenta.
No es un presidente elegido, sino un suplente válido, el reemplazo, el fusible que permita la continuidad de lo acertado del anterior, y el cierre de lo perjudicial que estaba dejándonos. Pero, él cree que es su inicio, el comienzo de la nueva era Vizcarra, no señor. Es su debut, y el 28 de julio que corresponda, su despedida. En este tiempo que media entre la salida de su antecesor, haya sido mediante un complot de su primer ministro o un acuerdo con otros grupos políticos, no lo sabemos aún, el señor Vizcarra debe gobernar, ordenar la economía nacional, impulsar la inversión privada y no aumentar el gasto público, mejorar las oportunidades del empleo seguro, proyectar un país que permita pensiones y jubilaciones dignas, fortalecer el rol de las fuerzas armadas, darle respeto a las instituciones y promover la unidad, comenzado por el impulso a la familia matrimonial.
El Perú no es la hipoteca vencida de un mal gobierno, no es la herencia pesada de un mal presidente, es la consecuencia de lo que permitimos y frente a ello, las maldades de Vizcarra –porque eso son, maldades- no podemos permitirlas. Por eso, hoy que se ha enfrentado a las familias peruanas, tenemos que ponerle un freno al señor presidente y su entorno caviar, levantando la bandera de la familia, de la unidad nacional.

Martín Vizcarra amenaza con disolver el Congreso

Un conflicto de poderes se incuba en Perú tras una velada amenaza del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, dominado por la oposición fujimorista, si frena sus reformas constitucionales destinadas a combatir la corrupción.
En un mensaje al país, Vizcarra advirtió el domingo que si el Congreso frena sus reformas políticas y judiciales, que espera aprobar en un referéndum el 8 de diciembre, planteará la llamada “cuestión de confianza”, norma constitucional que abre la vía para disolver el parlamento.
“Respetuoso de la Constitución (…), acudo a ella, poniendo como testigos a todos los peruanos e invoco la aplicación de su artículo 133 ‘Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República’, para aprobar las cuatro reformas constitucionales presentadas al Congreso” en respuesta a un escándalo en el poder judicial, dijo Vizcarra.
La Constitución establece que el gobierno puede “plantear ante el Congreso una cuestión de confianza (…) si la confianza le es rehusada, o si es censurado”, mientras que el mandatario “está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”, lo que no ha ocurrido hasta ahora.
El partido de Keiko Fujimori, que domina el legislativo, ha desestimado la urgencia de aprobar este año las propuestas de Vizcarra, que incluyen el fin de la reelección parlamentaria y restituir la bicameralidad en el Congreso, además de cambiar el procedimiento de designación y control de jueces.
“La urgencia con la que plantean el referéndum no corresponde a las necesidades del país”, afirmó Keiko el 23 de agosto.
El partido de la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) mantuvo maniatado al antecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, durante sus 20 meses de gobierno hasta que consiguió su renuncia el pasado 21 de marzo.
Además, la “luna de miel” entre Vizcarra y Keiko terminó abruptamente hace casi dos meses precisamente por las reformas, que de paso amenazan el poder del fujimorismo en el parlamento, según analistas.
“Las tan necesarias Reforma Política y Reforma del sistema de Justicia son Cuestión de Estado, y como tales prioritarias” para erradicar la corrupción, expresó Vizcarra, quien cumple seis meses de mandato el próximo domingo.
Aunque no están claros cuales serán los próximos pasos de Vizcarra, porque faltan instancias constitucionales antes de que pueda disolver el Congreso, su mensaje cosechó críticas de legisladores opositores.
“El presidente sigue en su onda monotemática y confrontacional para ocultar otros problemas”, dijo la líder de la bancada fujimorista, Úrsula Letona.
“Vizcarra está utilizando una fórmula exagerada para poder seguir levantando popularidad”, indicó el centroderechista Víctor Andrés García Belaúnde.
Los líderes de las bancadas legislativas iniciaron este lunes una reunión para debatir el mensaje de Vizcarra, encabezados por el presidente del parlamento, el fujimorista Daniel Salaverry.
En caso de disolver el Congreso, Vizcarra debe convocar a nuevas elecciones legislativas en cuatro meses más, escenario que la oposición no desea debido al alto nivel de desaprobación del parlamento (82%) y de Keiko (80%).
Las elecciones legislativas y presidenciales deben efectuarse en 2021.
El mandatario también anunció que convocó al Congreso a una sesión extraordinaria este miércoles para que aborde su propuesta de reforma, lanzada en respuesta al escándalo de audios de jueces traficando influencias y vendiendo sentencias, que conmociona al país desde el 8 de julio.
El escándalo provocó la caída del presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, y del ministro de Justicia, Salvador Heresi. Hay 12 magistrados detenidos, entre ellos el presidente de la corte de apelaciones del Callao, Walter Ríos.
También fue suspendido un juez de la Corte Suprema, César Hinostroza, mientras que el fiscal general, Pedro Pablo Chávarry, está en el ojo del huracán y un creciente coro de voces pide su renuncia, a lo que él se niega.
Vizcarra destacó que el caso de las comprometedoras grabaciones de conversaciones telefónicas de jueces estalló 18 años después del escándalo de los ‘Vladivideos’, la difusión de videos grabados por el entonces jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, que dejaron al desnudo una corrupción generalizada y condujeron a la caída de Alberto Fujimori.
“Han pasado ya 18 años desde que el país fue consciente de la grave crisis institucional. Sin embargo, hoy me pregunto, ¿qué hemos aprendido?”, se preguntó.
Vizcarra, quien el 28 de julio anunció que quiere que su reforma sea aprobada en un referéndum, dijo este domingo que espera convocar a la consulta popular el próximo 8 de diciembre, en coincidencia con la segunda vuelta de los comicios de gobernadores (la primera ronda será el 7 de octubre).
La aprobación popular de Vizcarra subió 11 puntos en agosto para alcanzar 46% tras su propuesta de reforma, según Ipsos.
Fuente: Diario Clarín y AFP.

La cuestión de confianza no era necesaria

EDITORIAL DE LAMPADIA
Es muy preocupante que el presidente Vizcarra haya cedido al graznido de los halcones para lanzarse a la aventura peligrosa de la cuestión de confianza en torno al referéndum.
Máxime cuando, como veremos, algunos de los argumentos del Presidente no son ciertos y una eventual disolución del Congreso –si se negara la confianza- haría imposible la ejecución del referéndum antes de mediados del primer semestre de 2019, manteniendo el statu quo judicial.
Se dijo desde un comienzo que la cuestión de confianza se plantearía si el Congreso denegaba los proyectos de reforma o no los procesara. Pero ocurre que la Comisión de Constitución tuvo su predictamen sobre la reforma del CNM listo el martes pasado. No se pudo aprobar en la sesión del martes porque no hubo acuerdo. Sin embargo, sobre la base de esa discusión y de las críticas y aportes formulados, la Comisión elaboró una nueva propuesta (que adjuntamos), que debía ser discutida y aprobada hoy en la Comisión de Constitución, y el martes mismo se empezaría a discutir el proyecto de restablecimiento de la bicameralidad. ¿El Presidente desconocía esta información?
No solo eso. En su mensaje a la Nación, el presidente argumentó no solo que no se había avanzado –lo que no es cierto, como hemos dicho- sino que se había desnaturalizado la propuesta original. Dijo: “Los peruanos no podemos permitir que los titulares de la ONPE y el Reniec sean elegidos por el Congreso, porque sería dar lugar a que un partido político pueda controlar a quien debe fiscalizar las elecciones democráticas”. Efectivamente, el predictamen establecía eso, a propuesta del congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú según se ha informado. Grave error. Pero esa disposición fue criticada en el debate y hubo consenso en retirarla, y eso se anunció desde ese mismo día.Entonces el presidente Vizcarra sabía perfectamente, desde hace 5 días, que esa disposición ya no formaba parte del predictamen. El hecho de que la invoque como causal de la cuestión de confianza, revelaría que este recurso tiene en realidad una finalidad política más que realmente constructiva.
El Presidente se ha convertido en un aplicado populista. Agregó en su mensaje que “es inaceptable que se proponga impedir a los nuevos titulares del Consejo Nacional de la Magistratura investigar los actos de corrupción cometidos con anterioridad. Eso equivale a garantizar la impunidad, y constituye una burla a la voluntad ciudadana de transparencia y lucha contra la corrupción”. Y tiene razón. El predictamen había cometido el error de eliminar esa disposición transitoria, pero luego de la sesión de la Comisión la disposición transitoria fue repuesta.
De lo que se desprende que los argumentos dados por el Presidente serían pretextos. Pretextos para forzar la aprobación sin discusión de los proyectos enviados y conquistar por esa vía, acaso, mayor aprobación popular. Eso tampoco es muy democrático.
La Comisión de Constitución había aprobado un cronograma para lograr que las reformas pudieran aprobarse a tiempo a fin de que llegaran al referéndum de diciembre, pese a que voceros de la propia bancada de PPK, como Juan Sheput, habían declarado que hay temas que necesitan mucha más discusión y debate y que no podrían aprobarse tan rápidamente. Y eso es puro sentido común.
Y lo que probaría la naturaleza puramente política –en el peor sentido del término- del planteamiento de la cuestión de confianza, es que, si esta fuera viable y el Congreso no diera la confianza al gabinete, el Congreso tendría que ser disuelto y entonces no habría Congreso que apruebe los proyectos que, por lo tanto, no se podrían llevar a cabo el referéndum. Absurdo. Pasarían cuando menos cuatro meses más antes de que se realice la elección del nuevo Congreso y habría que esperar un tiempo más a terminar el conteo y se instale el nuevo Parlamento. O sea, no habría referéndum hasta mediados del 2019, algo muy conveniente para mantener el statu quo y parar las indispensables reformas, y quién sabe si también otros procesos anti-corrupción. Y lleva a sospecha que lo que se buscaría no es la aprobación urgente de las reformas sino disolver este congreso para buscar una nueva composición política en el que resultare elegido.
Hay, por demás, un hecho también sospechoso que podría no ser casualidad. Y es que la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, le solicitó en varias ocasiones al congresista Alberto Oliva (de PPK), presidente de la Comisión de Justica, que ambas comisiones sesionaran juntas para tener un solo dictamen y no dos, sabiendo que la comisión preeminente en este caso es la de Constitución, porque se trata de una reforma constitucional. Pero el congresista Oliva nunca quiso. Entonces cuando el viernes convocó a sesión de la comisión de Justicia, sin advertir en la agenda que se trataría el dictamen que a último minuto esa comisión había elaborado, casi idéntico al proyecto enviado por el Ejecutivo y distinto obviamente al de Constitución, los miembros de la comisión pertenecientes a Fuerza Popular se abstuvieron porque estaban en desacuerdo y no habían sido citados para ese fin ni conocían el predictamen. Esa abstención fue presentada por parte importante de la prensa y la televisión como que Fuerza Popular se oponía y rechazaba la reforma del CNM, cuando en realidad el dictamen principal, que ya estaba reformulado y listo, era el de Constitución.
Quizá fue una celada en la que los congresistas de Fuerza Popular cayeron incautamente. El hecho es que sirvió para crear el ambiente mediático para plantear la cuestión de confianza.
Es lamentable que esto esté ocurriendo. En lugar de llamar a los líderes políticos para concertar los proyectos, el Presidente ha optado por la confrontación, lo contrario de su mandato constitucional. El Congreso, sin embargo, no debe pisar el palito y debe aprobar hoy –en la Comisión de Constitución- el dictamen relativo a la reforma del CNM. Y debe concertar con el Ejecutivo el cronograma mencionado asegurando que se aprobarán reformas que, sin duda, son muy importantes para el país.
La apurada, ‘desinformada’ e inconsecuente intervención del presidente Vizcarra puede terminar creando todo lo contrario de lo que dice buscar, paralizando la urgente e importante reforma judicial.
Foto tomada del twitter de Augusto Hidalgo: goo.gl/EqYCuy.

La inverosímil cronología de la Interoceánica Sur

Odebrecht coimeó a Alejandro Toledo con $20 millones por la Interoceánica Sur. La pérdida social de la Interoceánica supera los $6,000 millones. Pero, robo al Perú no hubiera sido posible si Kuczynski y Proinversión no hubieran desechado objecciones de Contraloría en apenas 18 minutos.
En febrero de 2017, la confesión de Jorge Barata sobre la coima de Odebrecht a Alejandro Toledo por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur causó un terremoto en la política nacional. A la natural vergüenza de haber tenido un presidente corrupto se le agrega el que la Interoceánica Sur es un elefante blanco. En efecto la pérdida social de haber hecho la Interoceánica Sur podría superar los 6 mil millones de dólares. Ver mis artículos del 25 de julio de 2015 (goo.gl/tI38ib) y del 11 de febrero de 2017 (goo.gl/UWQPX5) para más detalles sobre el despilfarro en la carretera.
Con Toledo prófugo, uno se pregunta por qué sus ministros o los miembros de Proinversión no se opusieron al despropósito que era la Interoceánica. Peor aún, uno queda sorprendido de constatar que en el gobierno de Toledo se hizo todo lo posible para que la carretera viera la luz del día contra viento y marea. En particular, llama la atención que Pedro Pablo Kuczynski y otros funcionarios del gobierno de Toledo eximieron a la Interoceánica Sur de pasar por el filtro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), elevaron el techo de endeudamiento público para construir la carretera e ignoraron las objeciones de la Contraloría en múltiples ocasiones.
Sin embargo, los sucesos del 4 de agosto de 2005, día en que se firmaron los contratos de la Interoceánica Sur, deben ser investigados por la Fiscalía. Lo más probable es que el 4 de agosto de 2005 varios funcionarios del gobierno de Toledo cometieron más de un delito con funestas consecuencias para la economía popular. Recordemos que el 23 de junio de 2005 se había dado la adjudicación de la buena pro de los tramos 2, 3 y 4 de la carretera. Los tramos 2 y 3 fueron ganados por un consorcio conformado por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e ICCGSA. El tramo 4 fue adjudicado a Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao. A continuación, la cuasi fantástica cronología de lo ocurrido el 4 de agosto de 2005.
1. A las 10:00 de la mañana del 4 de agosto, en el salón Sevillano de Palacio de Gobierno, “se instaló el Comité de PROINVERSIÓN para dar inicio al cierre de la licitación y la firma de los contratos de concesión, tal y como consta en el “Acta de Fecha de Cierre de los Tramos 2, 3, y 4” de Proinversión.
2. A las 10:15 “el Presidente del Comité”, Sergio Bravo Orellana, “recibió la información de que se había recibido en mesa de partes de PROINVERSIÓN a las 10:02 horas” un Oficio de la Contraloría de fecha 3 de agosto en que se oponía a la firma del contrato pues Odebrecht, Queiroz Galvao y Graña y Montero tenían juicios con el Estado peruano lo que las imposibilitaba de contratar de acuerdo a la legislación entonces vigente.
3. A las 10:40, “el Comité dispuso (…) suspender el proceso de firmas hasta que se cuente con las instrucciones correspondientes del Consejo Directivo” de Proinversión.
4. A las 12:30, según un reportaje de Cuarto Poder, el Consejo Directivo de Proinversión, presidido por PPK, se reúne en el MEF. Participan de la reunión Carlos Ferrero, José Ortiz y René Cornejo.
5. A las 13:05 se suspende la sesión del Consejo Directivo.
6. A las 13:27 se reanuda la sesión del Consejo Directivo pero ahora en Palacio de Gobierno. En el curso de 18 minutos, tal y como obra en la página 44 del Informe Pari de Junio de 2016, el Consejo realiza las siguientes acciones:
a) “…se comunicó a las empresas de las observaciones de la Contraloría y ellas respondieron por escrito”;
b) “…se le solicitó al asesor legal de Proinversión una opinión y este la respondió por escrito”;
c) “ …se solicitó una opinión legal de un estudio jurídico externo, se seleccionó al estudio y este alcanzó su respuesta”. Este estudio era el del doctor Juan Monroy.
7. A las 13:45 el Consejo Directivo de Proinversión expide el acuerdo 109-01-2005 que concluye que las objeciones de la Contraloría no son válidas y que se debe proceder con la firma de los contratos de concesión.
8. A las 13:50 se continúa con el proceso de firmas. Toledo, sus ministros, Barata y sus socios participan de la ceremonia de firmas en Palacio de Gobierno.
¿Es creíble que en el curso de 18 minutos se hayan podido realizar todas las acciones descritas en el punto 6 líneas arriba? ¿Cómo así, en apenas 1080 segundos, se solicitó la opinión del estudio Monroy, el estudio analizó el caso, recabó la información necesaria, emitió y redactó su opinión, y la hizo llegar, en físico, a la mesa de partes de Proinversión? ¿Es posible, en 18 minutos, absolver una consulta legal tan importante, redactar la opinión correspondiente y llevar la carta desde la Calle Roma 376, donde se ubica el estudio Monroy, a las oficinas de Proinversión en Canaval y Moreyra 150?
Si ello sucedió, la sesión del Consejo Directivo de Proinversión del 4 de agosto debería ser la más eficaz, así haya sido para firmar contratos lesivos, de la historia del hombre sobre la tierra. Sin embargo, el sentido común sugiere que el Consejo Directivo de Proinversión del 4 de agosto no hubiera podido, con las leyes de la física del universo en que vivimos, haber completado todas las acciones que se detallan en el acuerdo 109-01-2005.
El propio abogado Juan Monroy, en su testimonio en la Comisión Lava Jato del 27 de febrero de 2017, niega categóricamente haber sido capaz de redactar la opinión legal que sirvió de sustento al acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión del 4 de agosto de 2005. En las palabras de Monroy:
“(…) es que todo ocurre en 18, 20 minutos y todo eso bueno. Yo estoy afirmando desde el comienzo que este documento que yo produzco, debe haber sido entregado o el 9 o el 10 de agosto. Yo, hace doce años que ocurrió esto. Yo no tengo el documento. Si ahí en esa acta dice que es el mismo 4 [de agosto] es una mentira, porque no hay absolutamente nada que pruebe que eso ha ocurrido.
Además, no puede ocurrir por la cantidad de información que hay en la consulta. Es una consulta que es materialmente imposible que alguien la haya hecho. Inclusive es imposible que alguien se haya anticipado ¿por qué? Porque es el 3 de agosto cuando llega el oficio de la Contraloría diciendo ´tengan cuidado, no vayan a contratar con tal y tal porque tiene dificultades´ cuando ellos deciden hacer la consulta, Presidente. Entonces, se pone uno a trabajar y hace eso. 
Si ahí aparece que el día 4 tiene un informe, eso es absolutamente falso, no tiene absolutamente nada que ver conmigo, lo estoy sabiendo en este acto, y se lo ratifico. ¿Por qué? Porque es un imposible. Este documento no puede trabajarse así. No puede uno ir a partida registral. Son cinco expedientes judiciales, seis en realidad expedientes judiciales que hay que revisar. (…)

…y cuando aparece ahí en el acta que ese 4 de agosto hay una consulta, todo lo que hay es un pedido. No hay absolutamente ninguna consulta porque es imposible, es materialmente imposible. No hay que jugar con los tiempos. No hay que hacer ucronías. No tiene ningún sentido. Este trabajo que yo hice, para esta consulta, puede haber tomado 6 u 8 días, señor congresista. Eso es lo que toma, además, para cualquier persona razonable y diligente.
¿Qué dicen nuestras autoridades presentes y pasadas? ¿Podrían Kuczynski y los otros funcionarios involucrados decirnos la verdad por favor? ¿Hubo presiones de Toledo en Proinversión? ¿Por qué parece que, lejos de oponerse a la Interoceánica, Proinversión marchó al ritmo de la samba delincuencial que Barata le tocaba a Toledo? ¿No es hora ya de decir realmente lo que pasó? El sueldo que ganan nuestras autoridades, así como las enormes pérdidas causadas por la Interoceánica, salen del bolsillo del ciudadano.
Año y medio despues de la confesión de Barata, Alejandro Toledo se pasea a sus anchas por los Estados Unidos: ha sido visto departiendo con amigos, compartiendo cenas y licores, y viajando por norteamérica. ¿Cuál ha sido el esfuerzo e interés de los gobierno de Kuczynski y Martín Vizcarra en extraditar a Toledo?
Fuente: Blog de Juan Mendoza www.juanmendozaperu.blogspot.com
El Acta de Fecha de Cierre de Proinversión está en: goo.gl/Plbt1J.
El vínculo al reportaje de Cuarto Poder es: goo.gl/W0dZOQ.
El informe de Juan Pari se puede encontrar en:  goo.gl/cEBKij.
Parte del testimonio de Juan Monroy: goo.gl/ZlsSUy.

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2 pensamientos en “Mamarracho

  1. Jorge Eduardo Portocarrero

    Los hechos descritos sobre la construcción de la Interoceánica, prueban que se trató de una concertación política dolosa. Solo estos sucesos deberían haber sido, suficientes para vacar al Presidente Kuczynski e inhabilitar “políticamente” a todos los participantes, ademas de las penalidades que los procuradores y fiscales deben individualizar y penar.
    Los actuales actos del Presidente Vizcarra apuntan a actuar vía “referéndum”, para tratar de atajar la corrupción que afecta a casi “todos” los poderes del Estado Peruano, recurriendo a la consulta popular (referéndum), pero se comete, en mi parecer dos errores: Un referéndum debe consultar temas fácilmente comprensibles para el pueblo; como: 1.¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? 2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? 3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? y 4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? SI o NO. Luego de acuerdo con los resultados del referéndum, vía Congreso se deben ratificar las modificaciones constitucionales. Los textos finales consensuados y suficientemente debatidos se deben aprobar después.
    El segundo error que se comete es reactivar una importante herramienta constitucional, solo para cuatro puntos a reformar, que van a sacar a flote muchos puntos más importantes en el debate político, relacionados o no a las reformas urgentes, tales como: voto voluntario o obligatorio, pena de muerte, renovación por tercios de los elegidos como representantes de la voluntad popular, y otros muchos más.

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  2. José Alcides Hernandez Sanchez

    Veo muy didáctico el comentario. Me deja convencido que Alejandro Toledo y sus ministros deberían ser procesados por el inmenso daño económico causado a la nación, pero siento un sesgo en la administración de justicia. se está juzgando en forma injusta y dejando libres a los culpables. No se sabe con que propósito Martín Vizcarra trata por todos los medios de politizar la justicia, enfrentando a la población con el Fiscal de la Nación y al parecer este es el motivo del referéndum del próximo domingo 09 de diciembre 2018. Por todos los medios trata de convencer a la población que con el referéndum se acabará la corrupción.

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