Perú contrademanda por más de US$ 700 millones a concesionaria de Línea 2 del Metro de Lima

El Estado peruano reclama más de US$ 700 millones (más de 614 millones de euros) a la Sociedad Concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima, debido a los retrasos en la puesta en operación del proyecto.
El citado consorcio está conformado por las constructoras españolas ACS y FCC, junto con las italianas Impregilo y Ansaldo, y la peruana Cosapi.
Las autoridades peruanas han presentado una contrademanda ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, en respuesta a la reclamación previa del consorcio contra Perú, según explica ACS en una información sobre resultados de 2018 remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el regulador bursátil español.
El primer paso lo dio la sociedad concesionaria en enero de 2017, fecha en la que planteó una solicitud de arbitraje ante el Ciadi contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por un “incumplimiento grave” del contrato de concesión.
Según la sociedad, el área de concesión no se había presentado en los plazos y condiciones establecidos en el contrato, y los estudios de ingeniería también se habían recibido con retraso.
Posteriormente, en 2018, la concesionaria presentó una demanda en la que solicitaba la ampliación del plazo de ejecución del proyecto y reclamaba una indemnización por daños y perjuicios superior a los US$ 700 millones (más de 614 millones de euros).
En respuesta a esta demanda, el Estado peruano formuló una contrademanda (o demanda reconvencional) contra la Sociedad Concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima para reclamar US$ 700 millones por los daños socioeconómicos y ambientales causados por la demora del proyecto.
ACS señala en la documentación remitida a la CNMV que el laudo arbitral podría emitirse en diciembre de este año.
La referida sociedad se adjudicó en 2014 la Línea 2 del Metro de Lima por 3,900 millones de euros, el mayor proyecto de infraestructuras del Perú y uno de los más relevantes del mundo.
Fuente: Diario Gestión.

#BOMBA: Lescano señala al comandante general de la PNP, José Luis Lavalle, como “montesinista” y al periodista Erick Sánchez como “fujimorista”

1- “El teléfono está en mano de los miembros de seguridad […] A veces llego de las entrevistas doce y media[…] lo dejé [el celular] y apareció ese mensaje al día siguiente.
2- “Es que a veces [los agentes de seguridad] están en una reunión: me dicen ‘congresista parece que nos hemos descuidado’”.
3- “Les han dicho [a los agentes de seguridad] que no se acerquen a mi persona”.
4- “La señora quedó satisfecha con las disculpas. tan cierto es eso que después hemos mantenido otras conversaciones […] En Año Nuevo la saludo”.
5- “Si una está siendo acosada tú crees que al acosador le van a decir ‘Porfa, escríbeme’, si una se siente acosada?”
6- “La señora es la que comienza la conversación; no yo. ¿Tú crees que una persona que está acosada te va a escribir pasada la medianoche: ‘Hola, amigo’?”
7- “Al acosador tampoco se le contesta, pues, mensajes posteriores. ¿Qué se hace? Se le bloquea el Whatsapp […] Eso no ha sucedido. […] Y denuncia el hecho. No deja pasar tanto tiempo”.
8- “Son conversaciones espontáneas entre dos adultos […] ¿Ahí cuál es situación es acoso, amenaza? […] Son bromas pícaras”.
9- “Quizás son frases subidas de tono, pero no hay ningún tipo de acoso como se ha dicho”.
10- “Yo no la he puesto [a mi esposa] en ninguna situación […] Nosotros estamos fuertes en mi familia”.
11- “Quien denuncia es uno vinculado al fujimorismo”.
12- “El general Lavalle ha tergiversado esas declaraciones mías. Yo he tenido que salir a declara ayer rectificándolo. Se está prestando a cuestiones irregulares […] ¿Eso no era Montesinos trabajando? […] El señor Lavalle se está prestando a este tipo de abusos”.
3- “¿Cómo una de las partes no dice nada, no da la cara? […] ¿Sabe por qué la están escondiendo? Sabe que estas conversaciones se han dado y sabe que se está mintiendo (sic) con estas acusaciones que se me han hecho. Está con el temor de que le descubran la mentira”.
Fuente: Político.pe

Martín Vizcarra quiere tapar corrupción en caso Pasto Grande

Una vez más este fin de semana, el presidente Martín Vizcarra, de visita en Moquegua, insistió en que el proyecto Pasto Grande sea transferido al Gobierno Central para lo cual la próxima semana, según dijo, se reunirá en Lima con los integrantes del consejo directivo del citado proyecto para abordar este tema y evaluar su viabilidad.
“El pedido está hecho, depende de ellos”, indicó el mandatario a la prensa local e incluso añadió que, de concretarse la propuesta, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) no perdería su presupuesto asignado. “Hay que dialogar y consensuar”, insistió.
La propuesta no es nueva porque, como se recuerda, el planteamiento fue hecho por primera vez en el aniversario de Ilo, en mayo del año pasado, cuando incluso Vizcarra se dio la licencia de afirmar que si el entonces gobernador no podía concluir las obras, llevaría a Lima y lo devolvería ejecutado en tres años a la región.
En ese entonces, y también ahora, le hicieron notar al también ex gobernador de la zona que Pasto Grande es una unidad ejecutora del gobierno regional de Moquegua y que las obras de ingeniería hidráulica de la llamada “Línea de Conducción Lomas de Ilo” no solo están salpicadas de corrupción sino que hay procesos en giro en la Fiscalía e investigaciones de la Contraloría General de la República. ¿Eso se quiere tapar?, se preguntan.
El colapsado proyecto fue obra de la empresa del “club de la construcción” Obrainsa, socia del Presidente en el consocio Colca, cuyos tubos o ductos de conducción del agua desde la represa de Pasto Grande, en dirección a la irrigación de Loma de Ilo, “reventaron” al momento de hacer las pruebas, señalaron quienes conocen el caso.
La obra del traslado de líquido vital tuvo un costo de 80 millones y con “adicionales” llegó alrededor de 100 millones de soles, la misma que empezó a construirse el año 2013 y concluyó en el 2016. Y fue el año 2017 en que se hicieron las pruebas que terminaron en un fiasco.
El proyecto además contó con la supervisión de la empresa Asesores Técnicos Asociados (ATA), la misma que también elaboró el expediente técnico, y cuyo propietario en ese entonces era el primer ministro de Agricultura del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, José Manuel Hernández.
Los críticos de Martín Vizcarra en el sur afirman que el reiterado interés de transferir el proyecto  Pasto Grande a Lima es evitar hacer una auditoría integral o una investigación de todas las irregularidades y corruptelas cometidas en dicho proyecto donde el hoy presidente de la República fue director ejecutivo.
Conflicto de intereses
En la irrigación de las Lomas de Ilo lograron comprar tierras 34 personas en un área de 1,700 hectáreas, entre ellos la ex gobernadora regional Cristala Constantinides, quien ha sido nombrada integrante del directorio de Pasto Grande, en claro conflicto de intereses, porque administra el dinero de recaudación de las ventas. Constantinides, otrora enemiga de Vizcarra, ahora es su operadora política, principalmente para trasladar el proyecto, que data de 1987, a la capital de la República.

Esta semana, desde Brasil se dio a conocer la delación de la empresa constructora OAS, la que incluye sus actividades ilícitas en Perú. En nuestro país la relación “monetaria” entre OAS y el gobierno anterior fue comprobada hace tres años por Panorama.
Hoy, la investigación del ‘Club de la construcción’ ya reveló las coimas que esta constructora pagaba. En los últimos meses los aportes de colaboradores han sido tan vastos, con tanto detalle, que han mostrado en su magnitud el modus operandi que ponían en práctica para relacionarse con altos funcionarios de Provías.
El exfuncionario del MTC, Carlos García Alcázar. Foto: Difusión.

CONSUMOS EN HOTEL Y RESTAURANTE DELATAN A IMPLICADOS EN CASO ‘CLUB DE CONSTRUCTORAS’

Por Óscar Libón- www.convoca.pe
El presunto exoperador en el ministerio de Transportes y Comunicaciones, Carlos García Alcázar, fue arrestado y se allanaron 43 inmuebles de representantes de empresas peruanas y extranjeras
El Equipo Especial Anticorrupción de la Fiscalía halló indicios de las presuntas operaciones del llamado ‘Club de Constructoras’ en establecimientos en San Isidro donde al parecer se reunían los representantes de las empresas y su operador Rodolfo Prialé, quien era el nexo con Carlos García Alcázar, exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), detenido hoy en su domicilio en Surco.
García Alcázar, asesor del Viceministerio de Transportes entre setiembre de 2011 y julio del 2014 -cuando Carlos Paredes era el titular del sector, durante el gobierno de Ollanta Humala- es sindicado como el encargado de beneficiar al referido cártel de compañías en el MTC con obras de Provías Nacional, el cual a cambio abonaba el 2.92% del monto adjudicado.
Según la resolución del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, a la queConvoca.pe tuvo acceso, el equipo fiscal verificó que ejecutivos de las empresas integrantes del ‘Club de Constructoras’ habían estado en el Swissôtel y el restaurante Balthazar, entre 2011 y 2014, tal como lo había indicado un colaborador eficaz signado con el código 06-2017.
“Los lugares de reunión eran el lobby del bar del Swissôtel, el restaurante Balthazar de la Av. Canaval Moreyra y las oficinas de Capeco (Cámara Peruana de la Construcción), también ubicada en San Isidro”, se lee en el documento de 58 páginas.
Ejecutivos de empresas se reunían en establecimientos de San Isidro, tal como lo afirmó el colaborador eficaz 06-2017.
El colaborador eficaz sostuvo que en una de esas citas en la que participó la mayoría de los representantes de las firmas peruanas y extranjeras que conforman el “club”, se acordó que iban a organizarse en grupos de cuatro a seis empresas, cada uno con un coordinador para establecer la lista de compañías para “distribuirse” las licitaciones de Provías Nacional, dependiente del MTC.
En tal sentido, el equipo del Ministerio Público obtuvo los comprobantes de pago que registran consumos en los mencionados establecimientos por parte de ejecutivos de Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, así como de Graña y Montero, Cosapi, Grupo Plaza, Malaga Hnos., Mota Engil, Obrainsa, Johesa, San Martín S.A, JJ Contratistas y del propio Rodolfo Prialé.
Incluso, se detectaron por lo menos cinco coincidencias de fechas de alojamiento de representantes de constructoras en el Swissôtel, las convocatorias de licitaciones en Provías Nacional y la adjudicación de las obras. En esta relación figuran las brasileñas OAS, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez, Odebrecht y las peruanas Obrainsa y ICCGSA.
Además, los registros de llamadas telefónicas confirmaron las frecuentes comunicaciones entre Rodolfo Prialé y las diferentes compañías del “club”, y con Carlos García Alcázar. Y también del exfuncionario del MTC con algunos ejecutivos de las constructoras.

Allanamiento

Cabe anotar que se allanaron 43 inmuebles en diversos distritos de Lima, como parte de las pesquisas por el caso “Club de Constructoras”, por disposición del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Los inmuebles aparecen a nombre de 17 investigados en total, y están ubicados en los distritos de Santiago de Surco, San Borja, San Isidro, Miraflores, Ate, La Molina y Lima Cercado.
A parte de Prialé y García Alcázar, entre los implicados están Humberto Prevoo Neira (socio de Rodolfo Prialé), Guillermo Reynoso Medina (socio de Prialé), Elard Paul Alejandro Tejeda Mosco (representante de Obrainsa), Félix Erdulfo Málaga Torres (Málaga Hnos. Constructora), Marco Antonio Aranda Toledo (Cosapi), Óscar Javier Rosas Villanueva (Queiroz Galvao), Víctor Ricardo de la Flor Chávez (Andrade y Gutiérrez) y Norma Graciela Zeppilli del Mar (Mota Engil).
También están bajo investigación Nicolay Castillo Gutzalenko (Graña y Montero), Rafael Granados Cueto (ICCGSA), Eduardo Alcántara Sánchez Bernal (H&H Casa), José Augusto Heighes Quiñones y José Augusto Heighes Sousa (JOHESA), Ruperto Luis Antonio Flores Mancera (Constructora San Martín), Jesús Elías Martín Plaza Parra (Grupo Plaza), Franco Martín Burga Hurtado (OAS), Óscar Javier Rosas Villanueva (Queiroz Galvao), Víctor Ricardo de la Flor Chávez (Andrade y Gutiérrez) y Norma Graciela Zeppilli del Mar (Mota Engil).
La medida fue ordenada por la jueza María de los Ángeles Álvarez ante el pedido de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Los integrantes del ‘Club de Constructoras’, según el Equipo Especial Anticorrupción de la Fiscalía.
En su solicitud, la Fiscalía señala que el “Club de Constructoras” habría operado entre los años 2011 y 2014, conformado por representantes de empresas privadas, un lobista de estas ante el MTC (Prialé), y un funcionario de esta entidad (García Alcázar).
El Poder Judicial ordenó la detención preliminar por un plazo de 10 días del investigado Carlos García Alcázar.

Ya habíamos echado al olvido el “avión parrandero”, también conocido como avión presidencial de los tiempos de Toledo. En este viaje de Martín Vizcarra a Portugal y España, frívolo por donde se le mire, solo falta la etiqueta azul y las nieves del Kilimanjaro a las que era adicto el prófugo expresidente. Mientras tanto, millones de peruanos sufren los embates de la naturaleza.
NO HAY GOBIERNO
El país está de cabeza y el presidente Vizcarra y una comitiva de unos 50 invitados han partido en un viaje de turismo a Portugal y España. ¿En qué cabeza se ha ‘craneado’ esta decisión tomada al vuelo por el moqueguano? Ya dan ganas de creer a quienes nos dicen que no debemos reclamar tanto porque en este país no hay gobierno. ¿Alguien ha notado que hace falta el Presidente?, se preguntan.
TAMBIÉN EN LONDRES
No solo es el Presidente que hace uso del viejo “avión parrandero” de Toledo. Resulta que el ministro de Economía Carlos Oliva también está fuera, en Londres, en un Road Show con otra numerosa delegación de la que forma parte el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Oliva dice que 2018 fue para el Perú un año de recuperación de la inversión pública y privada, así como de la consolidación fiscal. Gracioso el ministro.
YA FUGÓ
¿Quién te cree pues, Oliva? El país no camina porque el Gobierno no gobierna sino que se ha dedicado a medrar de la “lucha anticorrupción”. Por eso es que no hay política tributaria, el oleoducto del norte está parado desde hace tres meses; igual la nueva pista del aeropuerto Jorge Chávez; nadie sabe qué va a pasar con el gasoducto del sur, con el litio de Puno… Y las novedades de los fiscales del caso Lava Jato traídos de Brasil son para reír, tanto que el principal implicado de este caso ya fugó (Gonzalo Monteverde Bussalleu).
PIÑERA, UN EJEMPLO
Mientras eso sucede en el Perú, donde el cándido Oliva y el alcalde de Lima creen que van a encontrar financiamiento en Londres para el transporte de la capital y el funicular, sin tener proyectos consolidados o sin saber que ningún británico invertirá mientras no tenga el visto bueno de su embajada en Lima, resulta que el presidente chileno Sebastián Piñera, en persona, apoya a su pueblo en los desastres naturales e incendios y se da tiempo para ir a la frontera colombiana con la Venezuela del tirano Maduro. Y Evo Morales, ojo, ya concretó con Alemania una planta de litio en Bolivia. ¿Y Vizcarra? De paseo, pues.

“Vizcarra demuestra poca empatía con afectados por lluvias”

El ex ministro de Defensa y de Cultura, Jorge Nieto, censuró el viaje realizado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, a Europa, ante la crítica situación que viven los compatriotas de varias regiones de nuestro país a causa de las intensas lluvias requieren la presencia del jefe de Estado.
“Hay mucha gente con lodo en la cintura y que está padeciendo en todas las ciudades afectadas por los huaicos. No es una buena señal que se vaya en este contexto. […] Hay un tema de empatía simbólica con la gente, creo que le va a causar daño esa decisión”, dijo.
Señaló que a pesar de los esfuerzos que realiza el Ejecutivo por luchar contra la corrupción, éste debe ser más sustantivo en la construcción de instituciones y le recomendó no solo levantar la voz e indignarse, sino tener una mirada más amplia en todos los sectores como reconstrucción, seguridad, salud, entre otros. Además, sugirió mayor presencia de los diferentes ministerios.

Déficit

“[En los otros sectores] está habiendo un déficit, por lo menos desde el punto de vista público y de imagen; tampoco el gabinete acompaña con suficiente fuerza al presidente, no sé si por disposición del Ejecutivo o de los por decisión de los propios ministros […]. Si no reparan este problema pronto entramos en una inercia difícil de revertir; esto es grave para la lucha contra la corrupción, para la estabilidad democrática y de gobierno”, indicó.
Fuente: Diario EXPRESO.

Congresista Yonhy Lescano es denunciado por acoso sexual

El congresista Yonhy Lescano, de Acción Popular, fue denunciado por el presunto delito de acoso sexual en agravio de una periodista, informaron diversos medios de comunicación.
La periodista que denunció ser acosada sexualmente se reunió con el Procurador del Congreso, Edwin Lévano Gamarra,  y otros legisladores, a quienes entregó la denuncia que realizó.
La periodista agraviada mostró los mensajes que presuntamente le envió Lescano mediante WhatsApp.
En horas de la mañana, la periodista adelantó mediante una carta  que hasta hoy guardó silencio por miedo y vergüenza.
La congresista Paloma Noceda, de Acción Popular, detalló que participó en la reunión con la periodista agraviada junto el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y la titular de Comisión de la Mujer del Parlamento, Tania Pariona.
Noceda remarcó que la periodista agraviada cuenta con el respaldo de las bancadas en el Parlamento “sin colores políticos”.
Fuente: Agencia Andina de Noticias.

Desacuerdo con el acuerdo

Por MARIELLA BALBI– Diario Perú21.
Se repite que el presidente tiene alta popularidad. Pero cuando se trata del ominoso acuerdo firmado con la empresa Odebrecht, la opinión ciudadana vale un rábano. Según Datum, el 67% de peruanos considera injusta la reparación civil que pagará Odebrecht al Estado peruano por sus pillerías. Ridículos US$184 millones. Probablemente, si conociéramos más detalles, el guarismo de rechazo subiría.
Dos fiscales y un procurador, dependiente del gobierno, fraguaron este vergonzoso acuerdo. Los fiscales también se beneficiaron con el respaldo obtenido en las encuestas. Los convirtieron en una suerte de héroes nacionales. Pese a que tuvieron declaraciones netamente políticas, pasaron piola, precisamente por ese ‘apoyo’.
Las críticas al acuerdo son válidas. El pago en 15 años, la selección de solo cuatro proyectos, excluyéndose los vendibles. No sabemos si Odebrecht pagará o no. La cancelación saldrá de las utilidades que obtenga la empresa. Puede declararse en quiebra y nos quedamos hechos. Se pudo embargar los bienes de Odebrecht y resarcir al Estado adecuadamente.
Proyectos como el Gasoducto tienen una cláusula anticorrupción. De demostrarse las groseras irregularidades que permitieron que costara más de US$7,000 millones y la clara injerencia política (la comisión Lava Jato avanzó en ello), el proyecto no podría venderse. Y se hubiera impedido que Odebrecht nos llevara ante tribunales internacionales, exigiendo US$2000 millones de compensación.
El trío negociador ha repetido las preguntas a los brasileños no se limitarán a los cuatro proyectos consignados en el acuerdo. Afirman que pueden hacerse otras. Eso sí, Odebrecht será testigo nomás. La empresa logró lo que quería, nada la obliga a colaborar, ¿para qué se metería en problemas?
Los fiscales tenían elementos que pudieron profundizar en lugar de politizar las investigaciones, como ha ocurrido con Keiko Fujimori y Alan García. Hoy sabemos que el partido del presidente recibió dinero irregular en la campaña electoral. Aplicando la lógica para Keiko Fujimori; Kuczynski, Vizcarra y Aráoz deberían estar con prisión preventiva.
Nos garantizaron que tendremos libre acceso a los servidores de la oscura Caja 2. Lo desmintió el fiscal de Brasil, Orlando Martello: “Es difícil que Perú acceda a softwares que usó Odebrecht para pagos ilícitos”, agregando que hasta para las autoridades brasileñas “es complicado procesar en el sistema”.
Los recientes interrogatorios no traen revelaciones. El abogado de G&M dijo que el brasileño De Castro aseguró “que no hubo ninguna irregularidad en la Interoceánica”. El de Humala afirmó “no hubo envío desde la Caja 2”, contradiciendo a Barata. El Poder Judicial puede objetar el acuerdo. Cuatro jueces, uno por proyecto, lo revisarán. Ojalá lo hagan.

Sin novedad en el frente

Por M​artha Meier Miro Quesada– Diario EXPRESO.
Los interrogatorios del Brasil no aportan novedades. Todo ya fue denunciado, desde 2016, por IDL-Reporteros. Por entonces el periodista Gustavo Gorriti escribió: “hay que exigir una investigación a fondo y rápida (no debería en ningún caso prolongarse más allá de 2017 y, si está bien llevada, pudiera terminarse en los primeros nueve o diez meses de este año)”. Gorriti difundió en el portal de IDL y la revista Caretas, básicamente, la mismo que hoy el equipo de la fiscalía ‘recoge’ de distintos exfuncionarios de Odebrecht.
Previamente a la ‘Comisión Lava Jato’ presidida por la doctora Rosa Bartra, existió una comisión que emitió un acucioso informe, firmado en minoría, por el ingeniero Juan Pari Choquecota, entonces congresista humalista del pasado Congreso. En 2016 La República transcribió un párrafo de ese informe sobre la existencia de “indicios de que operó en el Perú un esquema financiero empresarial de transferencias de dinero […] asociado al pago de coimas a cambio de prebendas [para] empresas brasileñas con contratos y adendas lesivos al Estado”. El llamado ‘Informe Pari” sirvió a Gorriti para ahondar su investigación sobre la organización criminal llamada Odebrecht, a la cual hoy inexplicablemente admira.
El analista Fernando Rospigliosi cree que el viaje de los fiscales a Brasil intenta “justificar la firma de un acuerdo que varios críticos consideran lesivo para el país y excesivamente generoso con la empresa”. En El Comercio, Rospigliosi indica que ya se conocía que las consorciadas (las mayores constructoras peruanas) pagaron 30 % de las coimas a funcionarios públicos; que Alan García dictó una Conferencia en Sao Paulo; que el ex gobernador del Callao, Félix Moreno, fue coimeado, y que a Horacio Cánepa lo sobornaron para que favoreciera en los arbitrajes a Odebrecht. “La única novedad –escribe Rospigliosi– es que la coima por la Interoceánica Sur habría sido de US$ 45 millones y no US$ 20 millones”.
Los fiscales Vela Barba y Pérez regresan con las manos vacías, pero el teatro mediático ha trivializado las vinculaciones del presidente Vizcarra con el llamado “club de la construcción”; y cierta prensa ha subido los decibeles para que el ruido distraiga a la opinión pública sobre el “Acuerdo de Colaboración” que permitirá a los maleantes brasileños y sus pares locales seguir contratando con el Estado, pagar una reparación civil irrisoria (en cuotas, durante quince años) y mantener a salvo de incautaciones sus obras y propiedades en nuestro saqueado país. Un asco.

NO AL FRAUDE ELECTORAL EN EL COLEGIO DE SOCIÓLOGOS DEL PERÚ
Impugnamos elección de la directiva nacional
Se realizaron las elecciones del Colegio de Sociólogos del Perú-CSP para renovar directivas nacionales y regionales. Una serie de acciones irregulares perpetradas por un Comité Electoral Nacional (CEN) completamente parcializado con la lista continuista, elegido por la directiva vigente, obligan a tomar la decisión de impugnar resultados de la elección de Junta Directiva Nacional, ya que ha sido manipulada durante todo el proceso:
1. La directiva y el CEN entregan la data del CSP a la lista Integración y con recursos del propio Colegio invaden los emails y teléfonos de todos los afiliados con marketing comprado a empresas especializadas. Muchos electores confesaron durante el acto electoral que creían que había una sola lista pues recibieron propaganda solo de la Lista Integración.
2. El domingo a las 8 pm el resultado mostraba que en Puno, Arequipa, Piura, Huánuco y Huancayo había ganado Renovación Institucional; que había empate en Lambayeque y que Integración solo había ganado en Lima.
3. Es decir que en todos los colegios regionales donde hubo un Comité Electoral neutral Renovación Institucional obtuvo el triunfo. Conforme transcurrían las horas el CEN emitía informes en que la votación de la lista continuista aumentaba votos.
En Cajamarca, Huacho y Ancash, no hubo control de votación porque solo se eligió Junta Directiva Nacional y delegados a la Asamblea, y no se formó un Comité Electoral local, el CEN manipuló la votación antojadizamente.
4. El caso de Cajamarca es alarmante: hasta las 8 pm del 17/02, arrojó un resultado favorable para Renovación Institucional (12 a 8), pero al día siguiente un “nuevo” resultado daba como ganador a Integración. Aparecieron ‘votos transeúntes’ y ‘por correspondencia’. Modalidades que no son reglamentarias y que nadie ha podido controlar.Igual ha sucedido en Huacho (Sede de Lima Provincias) y Ancash donde Renovación Institucional tiene 02 votos y la Lista Integración tienen 52 votos.
5. El día martes 19 Eduardo Arroyo Laguna, candidato a decano de Integración, se autoproclamó ganador por las redes sociales y emite cifras “oficiales”.
6. El secuestro de votos que vienen realizando con la abierta complicidad del CEN tiene como finalidad alterar la composición de la Asamblea Nacional de delegados, pues con 6 colegios regionales ganados, Renovación Institucional obtendría la mayoría en la Asamblea y esto quieren evitar por todos los medios. La razón: la primera medida que exigimos es la realización de una auditoría por una empresa profesionalmente solvente.
No podemos aceptar resultados fraudulentos. Respetamos los resultados regionales donde han existido comités electorales independientes, y rechazamos los resultados que quieren legitimar una directiva nacional y un decano salidos de una votación adulterada por un grupo continuista que viene conduciendo a nuestro colegio profesional al desastre: sin ética y legalidad no existe institucionalidad.
RENOVACIÓN INSTITUCIONAL, 20 de febrero de 2019

Cardenal Pedro Barreto cumplirá 75 años y debe presentar renuncia al Arzobispado

Por Alicia Rojas Sanchez– Diario El Comercio.
Pedro Barreto, cardenal y arzobispo de Huancayo, cumplirá 75 años este 12 de febrero, por lo que según el Código de Derecho Canónico debe presentar al Vaticano su carta de renuncia al cargo de arzobispo.
Si bien el papa Francisco acepta esta carta, él puede determinar cuánto tiempo más se queda Barreto en el encargo pastoral en Huancayo, así lo explican los teólogos Juan Miguel Espinoza Portocarrero y José Luis Pérez Guadalupe.“La aceptación de renuncia es potestad del Papa bajo consulta e investigación de la congregación para los obispos, en diálogo con la Nunciatura Apostólica, que es como la embajada de la Santa Sede. El nuncio, en diálogo con el cardenal Barreto probablemente, con la congregación de los obispos y el papa Francisco, tomarán la decisión si aceptan la renuncia del cardenal Barreto de una manera inmediata, como ha pasado con el cardenal Juan Luis Cipriani, o si prolongan su encargo pastoral en Huancayo“, dijo Espinoza, docente del Departamento de Teología del la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Pérez Guadalupe añadió que “no se trata que el Papa acepte o no la carta de renuncia. Es obligatorio que la presenten y la aceptan. Lo único que va a cambiar es cuánto tiempo más te quedas. Eso tiene que ver con varios factores“.
Pedro Barreto fue designado cardenal por el papa Francisco el 29 de junio del 2018. Una de las funciones que asumió fue la preparación del próximo Sínodo Panamazónico, que será en octubre de este año.
Debido a que el arzobispo de Huancayo tiene un encargo concreto del papa Francisco, este sería un motivo para alargar su encargo pastoral en Huancayo.
“Barreto tiene una función concreta con el sínodo. Lo que ha sucedido con Cipriani es que en menos de un mes se lo han aceptado (la renuncia). Yo creo que con Barreto no va a suceder esto por factores objetivos, porque tiene un encargo especial del Papa. Ese encargo lo puede continuar no siendo arzobispo de Huancayo, también lo podría cumplir“, comentó.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó por mayoría la solicitud de recusación que el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, presentó con el fin de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones, que preside el juez Octavio Sahuanay, no vea el caso del juez Richard Concepción Carhuancho, apartado del proceso sobre los aportes de campaña que Odebrecht habría entregado a Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular), partido que lidera Keiko Fujimori.
El fiscal Vela había presentado este pedido, debido a que –a su juicio– la segunda sala habría mostrado parcialidad e incurrido en irregularidades cuando decidió que Concepción fuera apartado de la investigación del caso de los aportes a las campañas del fujimorismo.
El pedido para retirar a Concepción fue presentado por la defensa de Jaime Yoshiyama, uno de los investigados por el caso. En su pedido, señaló que el magistrado violó el principio de imparcialidad.
En su resolución, a la que El Comercio tuvo acceso, la primera sala –integrada por Rómulo Carcausto, Edita Condori y Sonia Torre– menciona que estar o no de acuerdo “no habilita al disconforme [en este caso, la fiscalía] a plantear recusación […], porque podría iniciarse así una sucesión abusiva e indiscriminada de recusaciones que no se detendría”.
“Cada parte procesal buscaría la conformación de un órgano jurisdiccional que convenga mejor con sus pretensiones –e incluso designios– concretándose además una dilación injustificable del proceso”, detalla.
También advierte que “un derecho de las partes podría convertirse en un ‘andamiaje obstruccionista’ del proceso penal, así como una irracionalidad procesal que violente el debido proceso”.
Sin embargo, la jueza Edita Condori, de la primera sala, emitió un voto discordante al considerar que los miembros del tribunal que preside Sahuanay “de manera abierta colisionaron con el principio de imparcialidad”.
-En espera-
Con esta decisión, la sala de Sahuanay queda habilitada para evaluar un recurso de nulidad –presentado en paralelo por Vela– para que quede sin efecto la decisión de dejar fuera a Concepción del mencionado caso.
Fuente: Diario El Comercio.

Inhabilitación por abuso de autoridad

Los magistrados José Domingo Pérez y Richard Concepción Carhuancho serán investigados por presunto abuso de autoridad durante el allanamiento y descerraje de una oficina del ex asesor del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.
Esto, de acuerdo a la resolución de la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios  que lleva la firma de la fiscal superior Escarleth Laura Escalante.
Allí se precisa investigar si es que aquel viernes 4 de enero las autoridades a cargo del registro respetaron las prerrogativas constitucionales que tenía por entonces Pedro Chávarry, quien aún mantenía sus cargos de fiscal supremo y titular del Ministerio Público.
En el documento se dispone que el investigado José Domingo Pérez presente un informe de descargo dentro de 5 días hábiles de notificada la disposición judicial y de igual forma el juez Richard Concepción Carhuancho.
Asimismo, se solicita a Domingo Pérez, sustentar “el requerimiento de allanamiento y descerraje con sus anexos, la disposición de formalización, ampliación y modificación de la preparatoria”.

Allanamiento ‘no legal’

Vale precisar que esta investigación se da en respuesta de la denuncia interpuesta por el exfiscal de la Nación el pasado 7 de enero, fecha en la que aseguró que “no era legal” su allanamiento debido al nivel que tiene. “Tienen que mantener ese nivel por jerarquía […] No han debido entrar a ninguna oficina. Ha debido ser un fiscal supremo el que pida permiso a un juez supremo”, refirió.
Fuente: Diario EXPRESO.

Por Aaron Salomón– Político.pe
En su artículo del último lunes para El Comercio, Diana Seminario reclamó, con justa razón, que el prófugo expresidente Alejandro Toledo siga viviendo “tan orondo sin mayores problemas en Estados Unidos” pese a que Jorge Barata reveló que la corrupta constructora Odebrecht le entregó 20 millones de dólares a cambio de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.
Sin embargo, valgan verdades, que Toledo regrese al Perú está demasiado verde: sabe mucho (‘I know what you did last time’, le dijo Eliane Karp a Kuczynski) y al gobierno de Vizcarra parece no interesarle que el exlíder chakano embarre a sus aliados políticos. ¿Se imaginan si Alejandro Toledo se acoge a la colaboración eficaz? ¡Cantaría TODO sobre PPK y los dueños de las empresas consorciadas de Odebrecht (como José Graña que es, a la vez, principal accionista del conglomerado de medios vizcarrista!
Y mientras prendemos velitas para que la extradición del “cholo sano y sagrado” se concrete, la Fiscalía debería aplicar el mismo rasero -además de a Keiko Fujimori, quien  jamás gobernó pero afronta una excesiva prisión preventiva- con otros exfuncionarios públicos. Así, por ejemplo, el fiscal a cargo Germán Juárez Atoche tendría que determinar, de una vez por todas, si los tres millones de dólares que según Barata y Raul Ribeiro le dio Odebrecht a la exalcaldesa izquierdista Susana Villarán (¡en plena gestión edil!) para su campaña del No a la Revocatoria configuran lavado de activos. Dicho “aporte”, cabe advertir, fue efectuado por la corrupta compañía carioca ante el miedo de que la concesión por 30 años de Vías Nuevas de Lima se vea afectada con la eventual revocatoria de Villarán.
Pero Villarán no solo bailó samba con Odebrecht. La constructora brasileña OAS también habría inyectado un millón de dólares para que la exalcaldesa se atornille en el sillón municipal capitalino. ¿Y cómo OAS no iba a hacerlo si Villarán le amplió el contrato de 30 a 40 años del proyecto Línea Amarilla? En pocas palabras: ¡Odebrecht y OAS decidieron con sus sucios verdes que Susana Villarán no sea revocada, para seguir cobrando costosos peajes hasta el día de hoy!
Si aquí también usamos la desquiciada hipótesis de José Domingo Pérez (tal como lo hicimos con Peruanos por el Kambio) podríamos decir, entonces, que -al igual que Fuerza Popular- Fuerza Social era una organización criminal dedicada a lavar dinero negro y estaba liderada por Susana Villarán e integrada por José Miguel Castro, Anel Townsend y, en un segundo nivel, por los exregidores más cercanos a la exburgomaestre: Augusto Rey (¡quien, incluso, postuló a la reelección con Villarán!), Hernán Nuñez, Indira Huilca, Marisa Glave, entre otros.
¿Qué dirán los caviares cuando les caiga la chilla (o sea, los pedidos de prisión preventiva) a parte de su argolla? ¿Se harán los zonzos como cuando se les pregunta por el dictador venezolano Nicolás Maduro? A esperar sentados, porque, como bien sabrán, el acuerdo entreguista que está por firmarse con Odebrecht no incluye Vías Nuevas de Lima ni los oscuros aportes a Villarán.

Del acuerdo de Odebrecht a Chinchero

Por  IVÁN ARENAS- El Montonero.pe
Lo habíamos dicho antes, estimado lector. Tarde o temprano llegaría el día en que Martín Vizcarra deba gobernar el país en serio. También dijimos que tarde o temprano se iría apagando el fuego de la denominada “primavera anticorrupción”, que el Gobierno de Martin Vizcarra y sus aliados desarrollaron y que no es otra cosa que el linchamiento de la oposición (en el caso de Keiko Fujimori encarcelamiento “preventivo”) Hoy, cuando los asesores del Gobierno vizcarrista no tienen otro chivo expiatorio u otro muñeco para armar, se ven en el deber natural de gobernar.
Los yerros en las decisiones gubernamentales de Vizcarra han sido varios. No obstante, ¿por qué no los conocemos? Y si los conocemos ¿por qué sabemos muy poco de estos “errores de gestión”? Por una sencilla razón: el gobierno de Vizcarra mantiene una extraña alianza con la mayoría de los medios tradicionales. De allí que no existan mayores reportajes incisivos o acuciosos, y que una buena porción de periodistas se muestren indulgentes con el Ejecutivo.
Por esta extraña alianza entre medios tradicionales y Gobierno no se ha dicho más de la inundación con aguas servidas en San Juan de Lurigancho. Hasta el sol de hoy no sabemos en quiénes recae la responsabilidad. Algo similar sucede con el acuerdo entre el Estado y Odebrecht, defendido ferozmente por algunos periodistas y medios, a pesar de que la mayoría de expertos lo considera “entreguista”.
Pero el caso más preocupante es el del Aeropuerto de Chinchero, que tantas canas verdes sacó al Gobierno de PPK y vuelve a estar en la picota con Vizcarra. Las controversias sobre el mencionado aeropuerto son innumerables. No solo en la primera parte -es decir, en cómo se fraguó (solo para la compra de terreno se desembolsó más de US$ 700 millones, ¡US$ 200,000 la hectárea!)-, sino también en los posibles impactos negativos (turísticos, urbanos, ambientales) para la región cusqueña, sobre todo para la ciudad del Cusco. No es que Cusco no deba tener un aeropuerto, ¡claro que debe tener! Sin embargo, los medios tradicionales apenas han rebotado las opiniones que indican que hay lugares mucho más adecuados para la construcción de un aeropuerto.
En suma la concentración de medios tradicionales ha callado todo tipo de opiniones divergentes sobre la construcción de este aeropuerto. Hasta ahora, Chinchero es más un debate político y no técnico. Lo único que se repite son las bondades del proyecto (¡claro que hay bondades!), pero poco el estudio técnico. No es que no se deba construir un aeropuerto, pero también queremos saber cuáles son las divergencias técnicas. ¿Por qué no se escogió a Anta? ¿Qué dice el Estudio de Impacto Socio Ambiental sobre las fuentes de agua que se ubican en Chinchero y que proveen a la ciudad de Cusco? ¿Es verdad que existe un crecimiento urbano desordenado ahora?
El problema del primer mandatario no es cómo está gobernando, sino qué está gobernando. Ojalá que lo de Chinchero no le reviente en las manos, como ya sucedió una vez.

Por PLINIO ESQUINARILA- Diario EXPRESO.
La Fiscalía del caso Lava Jato ocultó información llegada de Suiza mucho antes de la firma del preacuerdo de colaboración eficaz acordada con Odebrecht el 7 de diciembre de 2018. Se trata de un soborno que bordea los 10 millones de dólares referido a la Interoceánica Norte, denunció el economista Manuel Romero Caro.
Los alcances de este destape alcanzarían a los exgobernantes Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, el “levantador” de fondos para esta IIRSA Norte.
En conversación con EXPRESO, Romero Caro dijo que la Fiscalía del caso Lava Jato ha disminuido en 471 millones de soles el monto de la reparación que la constructora brasileña debía pagar al Perú utilizando la Ley 30737 y su reglamento.
Entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre de 2018 –día en que se firmó el citado preacuerdo– algo ha sucedido para que los 320 millones de dólares anunciados por el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, bajen a 610 millones de soles, dijo el experto en temas financieros.
Se trata de un monto pagadero a 15 años, sin intereses, al extremo que las cuotas más altas se pagarían en los últimos cuatro años cuando la inflación las haya evaporado.
LA HISTORIA
¿Cuándo y dónde es que se hizo evidente la crisis de Odebrecht envuelta en el caso de corrupción más grande de nuestra historia?
Se puede decir que la debacle viene desde que estalla el caso Lava Jato en Brasil en 2014 y 2015, pero es en el manejo del Gasoducto del Sur Peruano donde se hace evidente por qué en este proyecto la firma brasileña lo perdió todo.
Para ejecutar el gasoducto los brasileños no consiguieron el financiamiento, o lo que se llama “el cierre financiero”. Por ello recurrieron a préstamos de corto plazo de un sindicato de bancos por unos 600 millones de dólares.
Y cuando solicitaron nuevos recursos para seguir avanzando –al margen de las obligaciones de las bases del proyecto–, se los negaron, con lo que las deudas de corto plazo tuvieron que sumarse a las de mediano plazo que ya eran impagables dentro y fuera del país.
Estamos hablando del famoso ‘default’ o cesación de pagos que destapó la legisladora Rosa Bartra el último domingo, con el fantasma de la quiebra de Odebrecht rondando el mundo.
En tales circunstancias, es decir tres días después de que Odebrecht se declara en ‘default’, el fiscal José Domingo Pérez y el procurador Sergio Ramírez firman el acuerdo de salvataje de la llamada “transnacional del delito” que tendrá que pagar el contribuyente peruano, si el preacuerdo se convierte en acuerdo.
Estas son pues las consecuencias de las presiones de la firma brasileña para cambiar la forma del pago de la reparación que planteaba el Decreto de Urgencia 003 y para ello –hasta con apoyo del Congreso– sacaron  la Ley Nº 30737.
“Una norma hecha a la medida de Odebrecht y sus acreedores, que fue aprobada por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y cuyo reglamento lo hizo el gobierno de Martín Vizcarra”, anota Romero Caro.
“¿Por qué la ciudadanía tiene que pagar la falta de liquidez de Odebrecht y los yerros de los banqueros?”, se interroga el economista y exministro de Industrias.
INTEROCEÁNICA NORTE
La trama de caso Lava Jato tiene cada día nuevas aristas, como el no haber explorado otros caminos para un arreglo con Odebrecht y sus consorciadas como Graña y Montero.
¿Por qué no incorporaron el tema del gasoducto?, reclama Romero Caro, quien está seguro de que en este proyecto hubo más coimas que en cualquiera de los más de 70 obras de ingeniería civil que ejecutó la citada constructora en el país.
¿Por qué escogieron para la firma del preacuerdo solo dos proyectos antiguos y depreciados como el tren eléctrico, dos tramos de la Interoceánica sur y otros menores, como las vías de la Costa Verde al Callao y la vía de Evitamiento del Cusco?
“La suma de estos cuatro proyectos es menor que los 7,400 millones de dólares que cuesta el gasoducto”, sostuvo Romero.
RUTAS ALTERNATIVAS
Entre otros caminos alternativos para salir del impase, Romero Caro recordó que la Fiscalía ha recibido, antes de firmar el acuerdo de colaboración eficaz, valiosa información del gobierno suizo, como un nuevo soborno de 10 millones de dólares de la Interoceánica Norte.
“Están los números de cuentas en los paraísos fiscales, los nombres. Y no quieren soltar los nombres. Eso está en el poder de la Fiscalía, y esta Fiscalía no dice nada. Entretanto, el convenio con Odebrecht se mantiene incólume”, reflexiona.
Aunque falta saber quiénes serían los beneficiados con los nuevos sobornos, que con precisión llegan a la cifra de US$ 9’975,000, según un escrito presentado por el abogado de Alejandro Toledo, se afirma que él no fue beneficiario. La responsabilidad –aseguran– debe recaer en los expresidentes Alan García y Pedro Pablo Kuczynski.
Kuczynski estaría implicado porque su empresa Westfield Capital fue la encargada de estructurar el financiamiento para dicha carretera.
Pero Toledo no se salva porque toda la data se habría obtenido con base en las cuentas de la empresa del israelí Josef Maiman Rapaport que, como se recuerda, aceptó que su compañía fuera usada para recibir coimas durante el gobierno de Alejandro Toledo por los casos Odebrecht y Ecoteva.
HABRÍAN MENTIDO
Todo esto no es muy nuevo que digamos. La información fue solicitada oficialmente en agosto de 2016 por las autoridades judiciales peruanas a la Confederación Judicial Suiza hace más de dos años y la misma ya llegó, pero con sorpresas.
Entre ellas se precisa que tanto Odebrecht, como Josef Maiman Rapaport, colaborador eficaz, habrían mentido u ocultado información sobre sobornos en otros proyectos que no habían sido mencionados.
Este es pues el caso de la Interoceánica Norte no incluido en el acuerdo de colaboración con Odebrecht.
Si en este caso la empresa ha mentido, “¿cómo se afectan los convenios de colaboración eficaz de Jorge Barata, Marcelo Odebrecht y otros que callaron ese soborno en siete idiomas?”, se pregunta una vez más Romero Caro.
“No solo se afectarían los convenios con Perú sino también los suscritos en Brasil. ¿Quiénes recibieron los casi 10 millones de dólares? Como hemos venido sosteniendo en diversas oportunidades, es muy poco creíble que Odebrecht solo haya dado sobornos en unos pocos proyectos (7 de 69 proyectos). Hoy se conocen los sobornos de la IIRSA Norte, pero ¿qué nos garantiza que no haya coimas en el Gasoducto al Sur, Olmos, Chavimochic o tantos otros?”
“Obviamente esto también afecta directamente el monto de la reparación civil (a mayores sobornos, mayor reparación). ¿Cuál va a ser la actitud de la Fiscalía al respecto?”, escribió días atrás el experto en su blog Atalaya.

6 %

“Estamos dando demasiado por el 6 % de los corruptos de las empresas de Odebrecht. Un camino a seguir es a través del gobierno suizo, pero el otro son con los socios locales, los consorciados que pueden acogerse a la colaboración eficaz”, dice Romero Caro.

¿Trabaja para Odebrecht?

El pasado 29 de noviembre de 2018, el ministro Vicente Zeballos declaró a la prensa extranjera que con la venta de Chaglla, al precio de poco más de 1,200 millones de soles, el 50 % sería la reparación civil que recibiría el Estado.
“Ojo, el 29 de noviembre la reparación era 320 millones de dólares, al tipo de cambio resultaba 1,081 millones de soles. Ahora son 610 millones de soles”, dijo Romero Caro en ATV Noticias.
Añadió que el proyecto de Chaglla tiene la característica de “ser la única hidroeléctrica en el Perú que tiene ingresos garantizados”, por lo que la venta a un monto tan bajo solo significa que se continúa “bajo la modalidad Odebrecht”.
Dijo que esto se logró dado que en el gobierno de Pedro Pablo Kuckzynki se acordó cambiar el Decreto de Urgencia 003, con la Ley Nº 30737, que regía la manera en la que iban a calcular el monto de reparación civil. La misma que con el gobierno de Martín Vizcarra fue aprobada.
“La Ley 30737 le permitía a la Fiscalía hacerle bajar la reparación civil, la bajó en 471 millones de soles. Sacaron la ley a la medida de Odebrecht y sus acreedores”, comentó.
Con el agravante de que la deuda se pagará en 15 años, sin intereses, y las cuotas más altas se harán efectivas en los últimos años, cuando la devaluación las haya evaporado.