Desacuerdo con el acuerdo
Por MARIELLA BALBI– Diario Perú21.
Se repite que el presidente tiene alta popularidad. Pero cuando se trata del ominoso acuerdo firmado con la empresa Odebrecht, la opinión ciudadana vale un rábano. Según Datum, el 67% de peruanos considera injusta la reparación civil que pagará Odebrecht al Estado peruano por sus pillerías. Ridículos US$184 millones. Probablemente, si conociéramos más detalles, el guarismo de rechazo subiría.
Dos fiscales y un procurador, dependiente del gobierno, fraguaron este vergonzoso acuerdo. Los fiscales también se beneficiaron con el respaldo obtenido en las encuestas. Los convirtieron en una suerte de héroes nacionales. Pese a que tuvieron declaraciones netamente políticas, pasaron piola, precisamente por ese ‘apoyo’.
Las críticas al acuerdo son válidas. El pago en 15 años, la selección de solo cuatro proyectos, excluyéndose los vendibles. No sabemos si Odebrecht pagará o no. La cancelación saldrá de las utilidades que obtenga la empresa. Puede declararse en quiebra y nos quedamos hechos. Se pudo embargar los bienes de Odebrecht y resarcir al Estado adecuadamente.
Proyectos como el Gasoducto tienen una cláusula anticorrupción. De demostrarse las groseras irregularidades que permitieron que costara más de US$7,000 millones y la clara injerencia política (la comisión Lava Jato avanzó en ello), el proyecto no podría venderse. Y se hubiera impedido que Odebrecht nos llevara ante tribunales internacionales, exigiendo US$2000 millones de compensación.
El trío negociador ha repetido las preguntas a los brasileños no se limitarán a los cuatro proyectos consignados en el acuerdo. Afirman que pueden hacerse otras. Eso sí, Odebrecht será testigo nomás. La empresa logró lo que quería, nada la obliga a colaborar, ¿para qué se metería en problemas?
Los fiscales tenían elementos que pudieron profundizar en lugar de politizar las investigaciones, como ha ocurrido con Keiko Fujimori y Alan García. Hoy sabemos que el partido del presidente recibió dinero irregular en la campaña electoral. Aplicando la lógica para Keiko Fujimori; Kuczynski, Vizcarra y Aráoz deberían estar con prisión preventiva.
Nos garantizaron que tendremos libre acceso a los servidores de la oscura Caja 2. Lo desmintió el fiscal de Brasil, Orlando Martello: “Es difícil que Perú acceda a softwares que usó Odebrecht para pagos ilícitos”, agregando que hasta para las autoridades brasileñas “es complicado procesar en el sistema”.
Los recientes interrogatorios no traen revelaciones. El abogado de G&M dijo que el brasileño De Castro aseguró “que no hubo ninguna irregularidad en la Interoceánica”. El de Humala afirmó “no hubo envío desde la Caja 2”, contradiciendo a Barata. El Poder Judicial puede objetar el acuerdo. Cuatro jueces, uno por proyecto, lo revisarán. Ojalá lo hagan.
Sin novedad en el frente
Por Martha Meier Miro Quesada– Diario EXPRESO.
Los interrogatorios del Brasil no aportan novedades. Todo ya fue denunciado, desde 2016, por IDL-Reporteros. Por entonces el periodista Gustavo Gorriti escribió: “hay que exigir una investigación a fondo y rápida (no debería en ningún caso prolongarse más allá de 2017 y, si está bien llevada, pudiera terminarse en los primeros nueve o diez meses de este año)”. Gorriti difundió en el portal de IDL y la revista Caretas, básicamente, la mismo que hoy el equipo de la fiscalía ‘recoge’ de distintos exfuncionarios de Odebrecht.
Previamente a la ‘Comisión Lava Jato’ presidida por la doctora Rosa Bartra, existió una comisión que emitió un acucioso informe, firmado en minoría, por el ingeniero Juan Pari Choquecota, entonces congresista humalista del pasado Congreso. En 2016 La República transcribió un párrafo de ese informe sobre la existencia de “indicios de que operó en el Perú un esquema financiero empresarial de transferencias de dinero […] asociado al pago de coimas a cambio de prebendas [para] empresas brasileñas con contratos y adendas lesivos al Estado”. El llamado ‘Informe Pari” sirvió a Gorriti para ahondar su investigación sobre la organización criminal llamada Odebrecht, a la cual hoy inexplicablemente admira.
El analista Fernando Rospigliosi cree que el viaje de los fiscales a Brasil intenta “justificar la firma de un acuerdo que varios críticos consideran lesivo para el país y excesivamente generoso con la empresa”. En El Comercio, Rospigliosi indica que ya se conocía que las consorciadas (las mayores constructoras peruanas) pagaron 30 % de las coimas a funcionarios públicos; que Alan García dictó una Conferencia en Sao Paulo; que el ex gobernador del Callao, Félix Moreno, fue coimeado, y que a Horacio Cánepa lo sobornaron para que favoreciera en los arbitrajes a Odebrecht. “La única novedad –escribe Rospigliosi– es que la coima por la Interoceánica Sur habría sido de US$ 45 millones y no US$ 20 millones”.
Los fiscales Vela Barba y Pérez regresan con las manos vacías, pero el teatro mediático ha trivializado las vinculaciones del presidente Vizcarra con el llamado “club de la construcción”; y cierta prensa ha subido los decibeles para que el ruido distraiga a la opinión pública sobre el “Acuerdo de Colaboración” que permitirá a los maleantes brasileños y sus pares locales seguir contratando con el Estado, pagar una reparación civil irrisoria (en cuotas, durante quince años) y mantener a salvo de incautaciones sus obras y propiedades en nuestro saqueado país. Un asco.