Tribunal Constitucional no participará en Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, anunció que, por unanimidad, el pleno de dicha institución acordó no participar en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que es liderado por el mandatario Martín Vizcarra.
A través de un pronunciamiento que contó con la presencia de los siete magistrados supremos, Blume argumentó son un organismo “autónomo, independiente y responsable del control” de la Carta Magna.
“El pleno del Tribunal Constitucional acordó, por unanimidad de sus siete miembros, no participar en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, creado por la Ley 30942, por cuanto conforme al artículo 201 de la Constitución es autónomo, independiente y responsable del control de la Constitución”, aseveró.
Así, el Tribunal Constitucional refirió que a partir de la fecha no intervendrá en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia ni institucionalmente ni a través de la presidencia.
El 28 de mayo, dicho organismo acordó que el presidente Martín Vizcarra lo iba a liderar. En ese encuentro, en Palacio de Gobierno, participaron los titulares del Congreso, Daniel Salaverry; Poder Judicial, José Lecaros; Ministerio Público, Zoraida Ávalos; y Tribunal Constitucional, Ernesto Blume
Según la norma, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia está conformado por el presidente de la República, el titular del Congreso y los representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
Entre sus funciones están impulsar la reforma del sistema de justicia, formular los criterios para la elaboración de la política nacional de reforma de este sistema, coordinar la ejecución de las políticas, realizar el seguimiento y control de los procesos de reforma de justicia y la presentación de un reporte anual de los avances que se produzcan.
Fuente: Diario El Comercio.

“Colchado nos pidió que ‘echemos’ al fiscal Chávarry”

Por MARÍA TERESA GARCÍA- Diario EXPRESO.
Aunque Pedro Chávarry dejó de ser el fiscal de la Nación, sigue siendo la obsesión de muchas autoridades, y el coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), no es la excepción.
Así lo indican las actas fiscales de las investigaciones sobre el deslacrado de las oficinas del Ministerio Público, en las que se consigna que Colchado amenazó a los ex efectivos de seguridad del magistrado para que lo involucren en la irrupción de los ambientes sellados.
El viernes 4 de enero de este año, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al juez Richard Concepción Carhuancho el allanamiento de las oficinas del entonces asesor de Pedro Chávarry, Juan Manuel Duarte, así como de los funcionarios Édgar Antonio Peralta Lino y Max Ulises Aranda Fernández.
Sin embargo, durante el operativo se detectó que la tarjeta de la identificación de la oficina de Duarte había sido colocada en otra puerta, como una aparente medida de distracción, motivo por el cual Pérez, en presencia del jefe de seguridad de la Fiscalía de la Nación y el personal de la Diviac, también lacró ese ambiente.
El domingo 6 de enero, Concepción Carhuancho ordenó un nuevo allanamiento a las oficinas de Juan Manuel Duarte, por un plazo de 48 horas, tras lo cual se procedió también a sellar su oficina. Sin embargo, la exasesora del despacho de Chávarry, Rosa Venegas, procedió a deslacrarlo.
Como consecuencia del deslacrado de la oficina de Duarte Castro, realizado por Venegas el día sábado 4 de enero, fueron incluidos en la investigación fiscal los efectivos policiales que brindaban seguridad a Chávarry.
Entre ellos están los suboficiales PNP Juan Víctor Arias Contreras, James Rodríguez Zavaleta y Hugo Gerardo Robles Chiong, porque habrían facilitado que Venegas pudiera irrumpir e ingresar a las instalaciones de la oficina asignada al asesor Duarte Castro y llevarse paquetes y cajas, conteniendo aparentemente documentación que pueda comprometer a Chávarry con Fuerza Popular.
El 20 de junio de 2019, el suboficial PNP Hugo Gerardo Robles Chiong se presentó ante el despacho del fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta para dar su testimonio en el proceso seguido contra Rosa María Venegas Mello, por el presunto delito de encubrimiento real y otros en agravio del Estado.
Ante la pregunta del fiscal provincial Reynaldo Abia, en cuanto a si vio a Harvey Colchado en algún momento, Robles respondió: “lo he visto en Inspectoría cuando fue ahí a amenazarme”.
Cabe indicar que Robles Chiong declaró que él había ido a Inspectoría de la Policía Nacional del Perú junto a Juan Víctor Arias Contreras y James Rodríguez Zavaleta, para dar su testimonio sobre lo sucedido el día en que Venegas efectuó el deslacrado de la oficina.
El magistrado le pregunta en qué situación Colchado lo amenaza y Robles responde: “A mí me toman mi manifestación en Inspectoría, a mí con [James] Rodríguez y con el superior Arias. Terminando mi manifestación, estamos ahí por el pasadizo y nos llama a mí con Rodríguez y me dice ‘digan la verdad, digan la verdad, ¿ah?’”.
Como diciendo “no digan la verdad –añadió–, a ustedes le han dicho para que le entretengan a mi personal; digan la verdad porque yo trabajo con Domingo Pérez y ustedes saben que Domingo Pérez es canero, ¿no?, con esa palabra, ¿ya?, y no te sorprendas que vas a estar con prisión preventiva”. Eso me dijo “a mí con Rodríguez”.
Robles Chiong sigue manifestando que: “ahí es donde yo le respondo, ‘mi coronel, disculpe pero mi función no era cuidar esa puerta, yo no tengo nada, yo no tengo miedo”.
El policía también le señala a Colchado que “los que tienen responsabilidad de esas puertas lacradas son sus efectivos de la Diviac”.
Según su testimonio, es en ese momento que Colchado le dice “¿por qué no me das tu celular?” y el efectivo le responde “¿por qué le voy a dar mi celular?, eso es personal, a no ser que haya una autorización judicial”.
Abia le consulta a Robles por qué Colchado quería revisar su teléfono, y el policía le responde que quizás Colchado pensó que se había comunicado con el entonces fiscal Pedro Chávarry, situación que no había sucedido.
Otro episodio que se narra en la manifestación es que durante el encuentro entre los tres agentes de la PNP asignados a la seguridad de Pedro Chávarry y el coronel Colchado en el pasadizo de uno de los ambientes de Inspectoría, el jefe de la Diviac le pide a Arias, efectivo de mayor rango, que lo deje solo con Rodríguez y Robles.
El fiscal le pregunta por qué Colchado le pide a Arias Contreras que se retire y Robles contesta: “Supongo que como es superior, no le puede reclamar con más fuerza, porque él es un superior que ya tiene tantos años de servicio, porque él normal no es de temer nada. Él ya no es de tener una sanción, porque él ya pasó los treinta años de servicio y aparte por sus años de experiencia más de superior le puede reclamar con mayor fuerza”.
Para asegurarse, el fiscal le vuelve a preguntar quién les llama la atención, a lo que el efectivo responde “el coronel”; “nos dice lo que le he dicho, ‘por si acaso Domingo Pérez es canero, yo trabajo con él, no les sorprenda que les va a salir prisión preventiva’, eso es lo que me dice él, incluso amenaza con quitar el celular, porque según él, ahí yo tendría información valiosa”.
LES ABREN PROCESO
Al igual que Robles Chiong, el policía Juan Víctor Arias Contreras brindó su testimonio ante el fiscal Abia con relación a lo sucedido el día del deslacrado.
Al ser consultado sobre el motivo por el cual estaba siendo investigado en Inspectoría, Arias contesta que era por falta de control de su personal en referencia a James Rodríguez Zavaleta y Hugo Gerardo Robles Chiong.
El mencionado fiscal le preguntó si, al igual que él, también estaban siendo procesados los dos efectivos de la Diviac, quienes tenían la responsabilidad de cuidar las puertas que estaban lacradas, a lo cual contestó que no.
“¿Tiene conocimiento sobre lo que dice la resolución que le fue puesta o notificada respecto de esas personas de la Diviac que tenían la responsabilidad de cuidar las puertas?”, pregunta el fiscal.
“Por haber ayudado al esclarecimiento del hecho y dando los nombres de nosotros, los han excluido de la investigación”, fue la respuesta de Arias.
Es decir, a los efectivos de la Diviac, responsables del resguardo de los ambientes lacrados por el fiscal José Domingo Pérez, no se les abre una investigación, pero al personal encargado de cuidar la seguridad del entonces fiscal se les abre proceso.
En otro momento, el fiscal Abia le pregunta a Arias si ha visto a Colchado y el policía le contesta lo mismo que los demás efectivos, que lo habían visto en las instalaciones de Inspectoría, pero añade algo más: Colchado les pide que lo “echen a Chávarry”.
“Cuando estaba siendo investigado en Inspectoría, se apareció en Inspectoría en la noche y bueno, nos llamó a los tres y nos dijo: ‘bueno muchachos, saben que esto acá es fácil, échenlo a Chávarry, échenlo a Chávarry, ustedes saben muy bien que yo soy amigo con el doctor Domingo Pérez, y si no ustedes saben que Domingo Pérez es canero, les va a mandar a cana a ustedes’”, recuerda Arias.
“Yo le reclamé y le dije: ‘¿cómo es posible que usted nos hable de eso si nosotros no sabemos nada?’, y me luego pregunta, ‘tú, ¿quién eres?’, me pregunta a mí, ‘yo soy Arias’, y me dice ‘Arias, ah ya, contigo no, vete a otra oficina’, y me saca del grupo”.
Continúa: “Y los ‘ajusta’ a los dos [Robles y Rodríguez], se queda conversando con los dos efectivos, inclusive a un colega [le dice:] ‘te voy a quitar tu celular, ahí lo tienes todo y él le dijo se lo entrego, pero primero traiga una orden’”.
CÉSAR VÁSQUEZ
El informe final de las acusaciones constitucionales contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry debió ser expuesto por el presidente del grupo especial del Congreso, César Segura, pero el fujimorista pidió licencia por viaje y será César Vásquez (APP) quien en su calidad de vicepresidente sustente dicho documento ante el pleno del Congreso.
Pedido desestimado
La Comisión Permanente del Congreso desestimó el martes el pedido de reconsideración del congresista Oracio Pacori (nuevo Perú) para que se investigue al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry por presuntos delitos de encubrimiento personal y real, relacionados con el deslacrado de oficinas del Ministerio Público. El pasado 10 de junio la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedentes dichos cargos y solo se admitió la denuncia “por presunto atentado contra la conservación e identidad de objeto (instigador)”.

Escándalo de escándalo: cartel mediático silencia grave denuncia contra Harvey Colchado

La edición del jueves del diario Expreso presentó explosivas revelaciones sobre el accionar del jefe de la Diviac, Harvey Colchado, en el marco de las investigaciones que viene afrontando el fiscal supremo Pedro Chávarry, quien aunque hace tiempo dejó de ser el fiscal de la Nación sigue siendo, al parecer, la obsesión de muchos, incluido el presidente de la república, Martín Vizcarra.
Según las actas fiscales sobre investigación al deslacrado de las oficinas del Ministerio Público, Colchado habría amenazado a los excustodios policiales de Chávarry con el fin de que involucren al fiscal en la irrupción de dichos ambientes.
Declaración del suboficial PNP Hugo Gerardo Robles Chiong
“Lo he visto [a Colchado] en Inspectoría cuando fue ahí a amenazarme […] A mí me toman mi manifestación en Inspectoría, a mí con Rodríguez y con el superior Arias. Terminando mi manifestación, estamos ahí por el pasadizo y nos llama a mí con Rodríguez y me dice ‘digan la verdad, digan la verdad, ¿ah?’ […] Como diciendo ‘no digan la verdad –añadió–, a ustedes le han dicho para que le entretengan a mi personal; digan la verdad porque yo trabajo con Domingo Pérez y ustedes saben que Domingo Pérez es canero, ¿no?, con esa palabra, ¿ya?, y no te sorprendas que vas a estar con prisión preventiva. Eso me dijo a mí con Rodríguez’.
Robles Chiong continuó: “Ahí es donde yo le respondo, ‘mi coronel, disculpe pero mi función no era cuidar esa puerta, yo no tengo nada, yo no tengo miedo”.
El policía también le señaló a Colchado que “los que tienen responsabilidad de esas puertas lacradas son sus efectivos de la Diviac”.
Según su testimonio, es en ese momento que Colchado le dice “¿por qué no me das tu celular?” y el efectivo le responde “¿por qué le voy a dar mi celular?, eso es personal, a no ser que haya una autorización judicial”.
Declaración del suboficial superior PNP Juan Víctor Arias Contreras
El fiscal le preguntó si también estaban siendo procesados los dos efectivos de la Diviac, responsables de cuidar las puertas que estaban lacradas, Arias contestó que no. “Por haber ayudado al esclarecimiento del hecho y dando los nombres de nosotros, los han excluido de la investigación”, respondió.
Sobre Colchado, este suboficial confirmó lo declarado por los demás efectivos pero añadió: Colchado les pidió que lo “echen a Chávarry”.
“Cuando estaba siendo investigado en Inspectoría, se apareció en Inspectoría en la noche y bueno, nos llamó a los tres y nos dijo: ‘bueno muchachos, saben que esto acá es fácil, échenlo a Chávarry, échenlo a Chávarry, ustedes saben muy bien que yo soy amigo con el doctor Domingo Pérez, y si no ustedes saben que Domingo Pérez es canero, les va a mandar a cana a ustedes’”, reveló Arias.
“Yo le reclamé y le dije: ‘¿cómo es posible que usted nos hable de eso si nosotros no sabemos nada?’, y me luego pregunta, ‘tú, ¿quién eres?’, me pregunta a mí, ‘yo soy Arias’, y me dice ‘Arias, ah ya, contigo no, vete a otra oficina’, y me saca del grupo”.
El silencio de la prensa masiva
Sin embargo, toda esta escandalosa información no ha encontrado eco en un mayoritario sector de la prensa, que ha ungido a Colchado como uno de los cruzados más rutilantes de la llamada “lucha anticorrupción”. Consultado al respecto, el editor web de Expreso, Aaron Salomón señaló que le llama la atención que los medios masivos solo le den espacio a la exasesora de Chávarry y se dediquen a reproducir “audios inocuos” en vez de profundizar en informaciones graves como esta.
“Son declaraciones de los tres exescoltas de Pedro Chávarry ante el fiscal Reynaldo Abia. Estos agentes dicen que Colchado los conminó a culpar al exfiscal de la Nación del deslacrado al exhibir su relación con el fiscal ‘canero’ Domingo Pérez. Es periodísticamente válido difundir estas graves acusaciones, y lo que llama la atención es que los grandes medios escuchen solo a la exasesora de Chávarry, quien lo culpa del deslacrado. A estos medios, al parecer, les importa más reproducir audios inocuos que recoger todas las versiones de un caso grave”, sostuvo indignado.
Así mismo, Salomón analizó el papel que juega Harvey Colchado en el marco de las acciones de la Fiscalía y la intervención del Ejecutivo en el sistema de justicia.
“Todo parece indicar que [Colchado] dirige una especie de policía política al servicio de las ONG de izquierda y la Fiscalía del Equipo Especial Lava Jato. Padecemos, entonces, de una troika ONG-Fiscalía-Policía Política dedicada a destruir a la oposición o a quien ose ir en contra de su ideología antisistema. Mientras que el presidente Martín Vizcarra solo es funcional a otros intereses que pretenden tumbarse el modelo económico actual”, finalizó.
Fuente: Político.pe

Principal operador de Caja 2 de Odebrecht detrás de los pagos vinculados al Gasoducto

Por Rodrigo Cruz– Diario El Comercio.
No es el ex ejecutivo más conocido de Odebrecht. Sin embargo, su rol en las operaciones ilícitas lo convirtieron en uno de los trabajadores claves de la constructora brasileña. Se llama Olivio Rodrigues Junior, también conocido como “Gigolino”, y fue el principal operador de la Caja 2, o contabilidad paralela, que tenía la multinacional cuando se encontraba en funciones su extinta división de sobornos.
El Comercio tuvo acceso a documentos del “My Web Day B”, el programa utilizado por los miembros de la división de sobornos de Odebrecht, oficialmente llamado el Departamento de Operaciones Estructuradas, para coordinar y ejecutar los pagos de la Caja 2.Los registros indican que “Gigolino” fue el responsable de al menos dos transferencias vinculadas al Gasoducto Sur, la obra más cara que Odebrecht se adjudicó en el país (más de US$ 7 mil millones) y que no forma parte de los cuatro proyectos que reconoció ante la fiscalía peruana que consiguieron previo pago de coimas.
A través del registro “operación Gigolino”, se señala, por ejemplo, una transferencia de US$500 mil a favor de la sociedad ‘offshore’ Chirag Grand Power Corp con fecha 10 de noviembre del 2014. Esta empresa, como es público, fue fundada por el empresario peruano Emilio Juan Brignardello Vela y a su esposa María Isabel Moreyra Orbegoso.
Principal operador de Caja 2 de Odebrecht detrás de los pagos vinculados al Gasoducto
Registro en el MyWebDay B sobre el pago a la offshore de Juan Brignardello Vela.
El otro pago es el de US$ 40 mil para la empresa CGZ Ingenieria Corp, cuyo titular es el vicepresidente regional del Callao, Constantino Galarza Zaldívar. La fecha de la transferencia a la empresa de Galarza es el 12 de noviembre del 2014, según los registros.
En el primer caso, se consigna que la actividad por la que se habría hecho el pago es por una “asesoría de gestión de seguros”. En el segundo caso por “una consultoría de ingeniería”.
Lo llamativo es que ambas transferencias coinciden con los montos difundidos semanas atrás por los portales Convoca e IDL-Reporteros, quienes, como miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), tuvieron acceso a 13 mil documentos de la división de sobornos de la constructora brasileña.
En las planillas publicadas por los portales peruanos, el pago a la ‘offshore’ Chirag Grand Power Corp está relacionado al codinombre (seudónimo para ocultar la identidad del beneficiario) “French”. Mientras que el depósito a CGZ Ingenieria Corp, está registrado al lado del codinombre “Gaza”, quién sería Constantino Galarza.
La empresa informó, días atrás, que las operaciones difundidas no necesariamente representan sobornos. Además, recalcaron que no omitieron información a la fiscalía peruana.
No es la primera vez que el nombre de Olivio Rodrigues, o “Gigolino”, aparece en un caso peruano. Rodrigues figura en la transferencia que Odebrecht le hizo a la campaña del ex presidente Alan García del 2006, a través de su ex ministro Luis Alva Castro.
Rodrigues también es quien tenía a su cargo la ‘offshore’ Klienfeld Services Limited, posiblemente la sociedad que utilizó más la firma brasileña para pagar sobornos. Por ejemplo, el US$1 millón 300 mil que fueron a la cuenta en Andorra del ex funcionario aprista Miguel Atala Herrera; así como pagos vinculados al Metro de Lima y en otros pagos ilícitos realizados en otros países de la región.

Vela Barba: Tenemos un acta firmada donde Odebrecht reconoce coimas por el Gasoducto

El jefe del equipo especial del Caso Lava Jato, Rafael Vela Barba, dijo que la constructora brasileña Odebrecht ha reconocido pagos ilícitos a cambio de la adjudicación del proyecto del Gasoducto del Sur, durante la gestión del exmandatario Ollanta Humala. Ello, precisó el fiscal superior, está consignado en un acta firmada en marco de la colaboración eficaz de la firma trasnacional.
“Dentro del proceso de colaboración eficaz, tenemos ya un acta firmada al respecto, donde hay un reconocimiento de pagos ilícitos de parte de la empresa Odebrecht, lo que determina para nosotros su culpabilidad respecto a lo que se está investigando en el caso específico del Gasoducto del Sur”, manifestó Vela Barba a la prensa desde Curitiba (Brasil), para agregar que “no puedo especificar más del tema”.
Al ser consultado sobre la posibilidad de añadir en forma de adenda el proyecto gasífero al convenio de colaboración eficaz, el representante del Ministerio Público anotó que el pacto “permite la posibilidad de incorporar nuevos hechos a partir del reconocimiento del colaborador eficaz, que siempre es un asunto de carácter voluntario”.
“Es un convenio progresivo, abierto, que permite la posibilidad de incorporar nuevos hechos a partir del reconocimiento del colaborador eficaz, que siempre es un asunto de carácter voluntario. No se puede obligar a nadie a que asuma responsabilidad penal”, resaltó.
Ayer se ejecutó una orden de allanamiento a la vivienda de Nadine Heredia y otros 25 inmuebles, la cual fue requerida por la fiscal Geovanna Mori (miembro del Equipo Especial Lava Jato) y autorizada por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, en marco del caso Gasoducto.
Mori señaló que existen “declaraciones de testigos protegidos y colaboradores” que vinculan a la exprimera dama, quien viene siendo investigada por el presunto delito de colusión agravada, con altos funcionarios de Odebrecht.
Recordemos que, de acuerdo a información accedida por el periodista ecuatoriano Andersson Boscán y entregada posteriormente a los portales Convoca e IDL-Reporteros, hay hasta 19 pagos de la firma carioca por más de 3 millones de dólares en el Gasoducto del Sur.
Fuente: Diario EXPRESO.

Léo Pinheiro habló de pagos ilícitos por Centro de Convenciones de Lima

Durante el interrogatorio ante fiscales peruanos este martes en la sede de la Policía Federal de Curitiba (Brasil), el ex presidente de OAS, José Adelmário Pinheiro Filho (conocido como Léo Pinheiro), también se refirió a presuntos pagos ilícitos por el Centro de Convenciones de Lima.
Según pudo conocer El Comercio, Léo Pinheiro dijo tener conocimiento de que se hicieron pagos ilícitos, pero señaló desconocer los detalles. Estos, acotó, podrían darlos los ex ejecutivos Leonardo Fracassi, Ramilton Machado Lima Junior y Alexandre Portella Barbosa.
El Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, fue construido por OAS durante el gobierno de Ollanta Humala y significó una inversión de más de S/500 millones.
La infraestructura fue inaugurada en octubre del 2015 tras 16 meses de construcción.
La ceremonia de inicio de obras se realizó en abril de 2014. Participaron Humala, René Cornejo y Milton Von Hesse; estos dos últimos, por entonces, se desempeñaban respectivamente como primer ministro y titular de Vivienda.
La Comisión Lava Jato del Congreso, que presidió Rosa Bartra (Fuerza Popular), recomendó en su informe final denunciar en la vía constitucional y penal a Humala, Cornejo, Von Hesse y otros ex funcionarios por este caso.
Fuente: Diario El Comercio.

Fiscalía firmó Acuerdo con Odebrecht sabiendo que habían otros sobornos fuera del acuerdo

Por MANUEL ROMERO CARO– Diario Gestión.
¿ Y ahora quienes son los “corruptos”, los que criticamos el Acuerdo con Odebrecht o los que defienden a dicha constructora?
Frente a las contundentes evidencias aportadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y Convoca, los integrantes del equipo Lava Jato Peruano (LJP) y sus adláteres se han ido por las ramas, se han refugiado en temas procedimentales, pero sin pronunciarse sobre el tema de fondo. O han inventado una nueva teoría: no decir la verdad no es mentir. Como afirma Fernando Rospigliosi en su artículo del mismo nombre (EC 06.07.19). Es así que se menciona que el propio Acuerdo con Odebrecht (ACO) tiene cláusulas de entrega progresiva de información por parte de Odebrecht. O afirmando que se trata de un acuerdo progresivo y abierto. Por lo que posteriormente Odebrecht podría asumir la culpabilidad en otros casos. O que si Odebrecht reconoce haber cometido otros delitos, se elabora una adenda que se añade al acuerdo y se estiman nuevos montos de reparaciones civiles. Evitando pronunciarse sobre el problema de fondo: no hay duda que los colaboradores eficaces mintieron y ocultaron la verdad, por lo que el acuerdo ya no es válido.
Y sobre esta definición, el procurador Jorge Ramírez ha declarado que “si la Fiscalía advierte una conducta dolosa, puede pedir la revocación del acuerdo”.
Soborno ocultado
Por lo que quizá valga la pena recordar que hasta hace pocos meses, desde el ex fiscal de la Nación, así como los fiscales del equipo LJP y los medios que los apoyan, afirmaban que Jorge Barata diría toda la verdad. Mientras que desde una posición claramente contraria, nosotros afirmamos que en el mejor de los casos Barata solo diría la verdad de los 4 proyectos incluidos en el ACO. Por lo que al revelarse que habían pagos de la Caja 2 para 5 proyectos no incluidos en el referido acuerdo, diversos analistas y congresistas solicitaron que se anulara el ACO. Pero sucede que la situación es peor, porque la Fiscalía firmó el ACO sabiendo que habían otros sobornos además de los 4 proyectos contemplados en el acuerdo. Se trata de una información proporcionada por las autoridades judiciales suizas en las que se detalla el pago de sobornos por un monto de US$9’975,000 a cambio del otorgamiento de la concesión de la interoceánica norte (ION). Inclusive para darle una apariencia legal a la transferencia de fondos se suscribió un convenio entre Barata y un representante de una compañía de Maiman, en el que se estableció un cronograma de desembolsos sujetos a ciertas “asesorías”. La información proviene del levantamiento del secreto bancario en Suiza de las compañías de Maiman y del LGT Bank (utilizado para lavar los sobornos que se recibían) (1). Y a pesar que la Fiscalía tuvo la información de Suiza desde el primer semestre del 2018, y sabían que habían otros sobornos además de los 4 del ACO, y que los colaboradores eficaces había mentido y estaban descalificados para firmar, suscribieron dicho convenio. Mientras tanto todos los medios excepto dos guardaron silencio sobre los nuevos sobornos. Una vez firmado el ACO, la Procuraduría recién presentó a la Fiscalía una denuncia penal contra Odebrecht por el caso de la ION.
Consecuencias
Asimismo las fuertes críticas al ACO, los errores cometidos y los temores sobre las futuras investigaciones que se efectuarán al respecto han afectado la unidad del equipo LJP y de la Fiscalía. A los reiterados enfrentamientos entre los fiscales Vela versus Hamilton Castro; Chavarry versus Pablo Sánchez; ahora se suma la Junta de Fiscales Supremos, que ha citado a los fiscales Vela y Pérez para que expliquen los alcances del ACO. Mientras que el procurador Ramírez ante una pregunta de si por mentir se cae el ACO, zafa cuerpo y dice “quienes han dirigido el proceso de negociación en cuanto a los asuntos penales ha sido la Fiscalía”. Cuando en anteriores entrevistas no había tenido problema en responder sobre temas penales. Sin embargo Ramírez también firmó el ACO, por lo que es responsable del mismo.
Vistos los argumentos presentados, ahora que se está abriendo paso la verdad hay que preguntarse ¿ahora quienes son los “corruptos”, los que criticábamos y criticamos el ACO, o los que defendían y defienden a Odebrecht?; ¿puede la ingenuidad llegar a eso extremos? En futuros interrogatorios los fiscales ¿van a seguir preguntando “aquello que Odebrecht ha querido que pregunten”, como dijo Mirko Lauer de la República? ¿ Es que los fiscales Vela y Pérez van a pasar piola luego de los gruesos errores incurridos?; ¿ quien defiende la institucionalidad de la Fiscalía?
(1) Odebrecht perdería la colaboración eficaz. Gestión 22.11.18

Exministro de Lula acusa al líder del PT de desviar fondos a Bolivia y Perú

Por Carlos Morales- Diario El Deber Bolivia.
Antonio Palocci, ministro de Hacienda de Lula da Silva entre 2003 y 2006, y jefe de Gabinete de Dilma Rousseff entre enero y junio de 2011, acusó al líder del PT de desviar fondos de la corrupción para financiar campañas políticas en Bolivia y Perú.
Palocci declaró por primera vez esta semana ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre las irregularidades en el manejo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) durante la gestión del Partido de los Trabajadores (PT). La comparecencia duró casi cinco horas, en las que detalló las millonarias coimas que Odebrecht le pagó al PT por el apoyo financiero que le ofreció para realizar obras en Angola. Créditos que por el riesgo de la operación no podrían haber superado los 150 millones de dólares, terminaron siendo de más de 250 millones, y en reiteradas ocasiones. Todo por una “decisión política”.
Pero la revista Veja reveló una parte de la declaración de Palocci que no había trascendido en un primer momento. Según el ex funcionario, Lula intervino personalmente para desviar parte de los más de 10 millones de dólares en sobornos pagados al PT por la constructora a cambio de la gestión ante el BNDES. El destino fueron campañas políticas en Perú y Bolivia, según dijo Palocci, que no brindó muchos más detalles.
El ex ministro ya había acusado en el pasado al ex presidente de tener una participación directa en las tramas de corrupción. En diciembre, señaló su involucramiento para beneficiar al sector automotriz a cambio de coimas.
Palocci testificó en esa ocasión ante la Justicia en calidad de testigo de la acusación, en un caso que investigaba la renovación de un decreto que prorrogó los beneficios fiscales de diversas montadoras del sector del automóvil en Brasil. En el marco de ese caso, Lula, quien se encuentra preso desde abril de 2018 acusado de haber recibido un apartamento con vistas al mar a cambio de sobornos, fue denunciado por la Fiscalía por el delito de corrupción pasiva.

Red familiar

Una parte de las coimas fueron dirigidas a Luis Claudio Lula da Silva, uno de los hijos del ex presidente y quien solicitó entre 2 y 3 millones de reales (entre 526,000 y 789,000 dólares) para llevar a cabo un proyecto deportivo, concretamente un campeonato de fútbol americano en Brasil, según Palocci.
Lula y el ex ministro Gilberto Carvalho fueron denunciados en septiembre de 2017 por corrupción al editar, a cambio de supuestos sobornos, una medida legislativa para favorecer a empresas del sector automotriz mediante una prórroga de los beneficios tributarios por cinco años.
En los interrogatorios ante la Justicia, Palocci ha acusado a Lula y Rousseff de diferentes delitos, que aún son investigados y pueden agravar la situación legal del ex presidente, quien ya cumple una condena de ocho años y 10 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero por haber recibido un apartamento de la constructora OAS.
El ex ministro y antiguo brazo derecho de Lula fue condenado y está preso por corrupción en un caso vinculado a millonarios desvíos en la petrolera Petrobras, pero firmó un acuerdo con la Fiscalía para colaborar con la Justicia y revelar sus delitos y a sus cómplices, a cambio de una reducción de su pena y otros beneficios. 

“Tregua”, dice

Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
Gustavo Gorriti comandó una guerra contra el presidente Alan García. Lo dijo así: “Si yo hubiese sabido lo que iba a pasar hubiera pedido una tregua para convencerlo de que no lo hiciera”. Dado que las treguas solo son posibles en las guerras, Gorriti ha dejado claro que junto a su jauría de amanuenses libró una unilateral guerra contra García. Esta tardía y “doliente” disposición al cese temporal de hostilidades (de su parte, de “sus” fiscales y escribanos) para evitar que el ex presidente acabara con su vida, más que arrepentimiento suena a estrategia de imagen.
Lubavitcher Rebe, Rabí Menajem Mendel Schneerson, considerado -según la web chabad.org- “la más grandiosa personalidad judía de nuestro tiempo”, enseña sobre el poder de las palabras. Dijo que las palabras creadoras de Dios no crearon realmente ningún elemento y más bien cambiaron “una percepción”, la manera en que “La Realidad Preexistente” debe ser percibida. Gorriti podría apenas estar intentando cambiar la percepción generalizada de que él y su banda de periodistas aplanadores de honras y verdades, premeditadamente dispararon mentiras para aniquilar la figura de Alan y su reputación, empujándolo al suicidio.
La sorpresiva medida de prisión preventiva contra el dos veces presidente del Perú intentaba destruirlo y con ello al partido aprista. No seamos ciegos, a Gorriti y sus monos no les interesan la verdad y sí desaparecer a los partidos que frenan el avance de la marea roja en el Perú: Apra y Fuerza Popular. ¿Alguien se cree que recién ayer IDL accedió al audio para frustrar la audiencia de casación de la presa política Keiko Fujimori? ¡Ja!
Giulliana Loza, abogada de la líder de Fuerza Popular, escribió en Twitter: “ha llegado la hora de saber si en el Perú la justicia está en manos de los jueces del país o de IDL y sus amigos”. Ya lo sabemos: el IDL gorritiano y sus amigos son quienes a punta de audios dosificados y periodicazos manejan no solo a la justicia, sino también al presidente accidental; además, defienden a coro el inmundo acuerdo con la corrupta Odebrecht, lesivo para el país, y miran de costado cuando se comprueba irrefutablemente que rojos y caviares recibieron dinero de la constructora brasileña.
La chusma autoerigida como periodistas de investigación (de invención será) lanza bombas apestosas solo contra un sector político, mientras perfuman a Vizcarra. Ahora la piara arremete contra Keiko y calla la impunidad disfrutada por los “cuellos blancos consorciados” que saquearon al país.
¡Tira de hipócritas!

¡Defienden a Odebrecht más que su propio abogado!

Por Aaron Salomón– Diario EXPRESO.
La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero disparó contra los coleguitas y fiscales faranduleros que defienden a capa y espada el acuerdo entreguista suscrito -y ya homologado por el Poder Judicial- con la corrupta constructora Odebrecht. Ampuero dijo que ciertos personajes mediáticos protegen a la firma de las coimas (tienen el desparpajo de argumentar que han fumigado la casa y que ahora los cariocas son unas santas palomas: compliance, le llaman a este proceso de limpieza) más que el propio abogado de la trasnacional, cuyo nombre, valgan verdades, recién muchos nos enteramos: Luis Bramont Arias.
A estas alturas habría que ser muy inocente -o tener intereses realmente oscuros- para sacar cara por el convenio de colaboración eficaz. La información privilegiada del sistema Drousys, a la que tuvo acceso el periodista ecuatoriano Andersson Boscán y que fue entregada posteriormente a los portales de investigación locales Convoca e IDL-Reporteros, demostró que Odebrecht nos mintió dolosamente.
Ahora sabemos que se pagaron, por lo pronto, más 3 de millones de dólares en el Gasoducto del Sur durante el gobierno de los Humala-Heredia. También hay inyecciones de billetes verdes en otras cinco obras. Ninguno de estos proyectos, por supuesto, está incluido en el vil pacto (que contempla el desembolso de una propina de 610 millones de soles como reparación civil en 15 años), en donde la empresa brasileña solo admite responsabilidad penal en cuatro obras: Línea 1 del Metro de Lima, Tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, Vía Evitamiento Cusco y Costa Verde Callao.
Marcelo Odebrecht y Jorge Barata han declarado en sendos interrogatorios a fiscales del equipo Lava Jato que no se había entregado coima alguna por el Gasoducto (no les convenía aceptar delitos porque pretenden llevarnos a un arbitraje internacional para seguir robándonos al argüir que el Perú les quitó la licitación de la obra irregularmente). Mintieron y nada les pasa. ¿Acaso no sostenían los padrinos del acuerdo que estos brasileños no podían mentir porque corrían el riesgo de perder todos sus beneficios y terminar tras las rejas? Calladitos se ven más bonitos.
¿Podemos seguir confiando en cariocas deshonestos que faltan a la verdad y que dan información a cuentagotas? NO. Tras el escándalo destapado desde Ecuador, como bien apunta Katherine Ampuero, a quien no pueden tildarla de “fujiaprista”, Odebrecht debería perder las acciones que aún posee en obras manchadas de corrupción como, por ejemplo, Rutas de Lima, Olmos y Chavimochic. De esta manera evitaríamos que nos repartan migajas de lo que vendan a otras empresas, como ocurrió con Chaglla. Total, estos proyectos no figuran en el pacto oneroso que le otorga beneficios a la compañía. ¡Que no nos continúen agarrando de tontos!

ALGO SE PUDRE EN EL ‘VIZCARRATO’

Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO
La información sobre nuevas coimas de Odebrecht, publicada por el periodista ecuatoriano Andersson Boscán, debilitó enormemente al régimen de Vizcarra; además de la declaración del fiscal Hamilton Castro, ex Lava Jato, indicando que la empresa brasileña coimeó y sobornó ¡en 20 proyectos! Queda claro que: 1) los fiscales Vela y Pérez conocían estos reveladores datos, pero decidieron omitirlos del acuerdo con Odebrecht, incluyendo solo cuatro baratijas de proyectos por los que la empresa pagará ridículos $200 millones si no quiebra. 2) IDL –brazo derecho e izquierdo de los mal llamados fiscales anticorrupción– sabía todo y también calló. Urge conocer a cambio de qué se decidió ese ominoso silencio y establecer responsabilidades ya.
La troika gobierno, fiscalía anticorrupción e IDL, aliada a medios politizados, se marchita, pese al embate de injurias y acusaciones que propala la prensa adicta. El ataque contra un fiscal y un vocal supremos vinculados a la casación de KF formará parte de la historia de la infamia. El cargamontón mediático los volvió sospechosos y culpables. El fiscal resistió y el vocal, presionado, terminó inhibiéndose. La troika no soporta a Keiko Fujimori en libertad.
En los corrillos del despacho de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, comentan su evidente preocupación. “La doctora no se ríe”, mencionan. Le regalaron 17 puntos para que llegue a ser suprema, hecho que debe investigarse. Igualmente, la semana pasada, en la Junta de Fiscales Supremos, a la que faltó Pablo Sánchez por el Parkinson que padece, se acordó citar a los fiscales Vela y Pérez para que respondan sobre este desaguisado que beneficia tanto a Odebrecht.
Ahí no valdrá la sopa de letras de estos fiscales investigados por control interno. Han soslayado la posibilidad de realizar adendas para incluir los nuevos casos. Pero no sería el parecer de los fiscales supremos. Probablemente, como no habrá explicaciones satisfactorias, se producirá un recambio.
La arbitrariedad de dos fiscales anticorrupción propició el suicidio de Alan García y “se volvió” –como en el karma– contra Vizcarra. Perder el control férreo de la Fiscalía enerva al gobierno. La persecución a los congresistas fujimoristas y la coacción a quienes quiere coaccionar no será tan fácil y abusiva como hoy. Y Chinchero, Club de la Construcción, incluida la carretera San José de Sisa, donde un colaborador implica a un expremier, y otros casos podrán ser investigados.
Como los dictadores, Vizcarra vive ávido de poder. Sus recientes declaraciones sobre la futura “reestructuración de las presidencias de las comisiones del Congreso” constituyen una injerencia inaceptable. Perder el control de la mesa directiva lo pone en un disparadero. Cerrar el Parlamento será tan celebrado como la toma de La Bastilla. Pero después vendrá la cárcel para él y los ministros firmantes. Otro parteaguas es si Tía María va o no. El tic tac corre presuroso. Pobre Perú.

Exdirectora del Gasoducto Sur Peruano confirmó que Sepúlveda asesoró a Odebrecht en el proyecto

La exapoderada de Kuntur Transportadora de Gas y exdirectora legal del Gasoducto Sur peruano, Claudia Hokama, se presentó ante la comisión Lava Jato y reveló que el empresario chileno Gerardo Sepúlveda participó en el proyecto del gasoducto como asesor de la constructora brasileña Odebrecht.
Según explicó, la participación de Sepúlveda y su empresa First Capital se dio en abril de 2012, cuando Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura compró la concesión del gaseoducto a Kuntur Transportadora de Gas.
Entonces el empresario chileno fue el puente para que la constructora logre obtener fondos del Estado para financiar el proyecto. Fue durante la compra de la concesión y la asesoría de First Capital, que los costos de ejecución del proyecto se incrementaron de US$ 1,200 millones a US$ 7,300 millones.
Participación de Odebrecht y creación de empresa
Hokama también dijo que Odebrecht ya participaba de las operaciones internas de Kuntur Transportadora de Gas desde 2010; dos años antes de que contrataran a la empresa brasileña para la construcción de infraestructura del Gasoducto Andino del Sur.
Además reconoció que la creación de Inversiones en Infraestructura de Transportes por Ductos, de Odebrecht, que integra el Gasoducto Sur Peruano (GSP), se realizó a través de dos personas naturales quienes contaban solo con un capital de S/1,000. Sin embargo, luego el grupo brasileño transfirió posteriormente bloques patrimoniales a través de complejos movimientos entre sus empresas.
La exrepresentante también se mostró sorprendida porque el Ministerio Público solo la consideró a ella y a Édgar Ramírez Cadenillas, en las investigaciones detectadas en el proyecto del gasoducto, aun cuando ambos solo eran directivos de nivel intermedio en la toma de decisiones.
Fuente: Radio Programas del Perú.

El aeropuerto de Chinchero es un enredo

Por Marco Zileri- Revista CARETAS.
El presidente Martín Vizcarra parece estar volando a ciegas en Chinchero, Cusco. Y sin instrumentos de navegación.  Ahora la propia Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha dicho lo que los expertos independientes han sostenido con anticipación: el terminal aéreo ubicado a 3,700 m.s.n.m. no tendrá capacidad para vuelos transoceánicos por la altura y los fuertes vientos. El vicepresidente de IATA para América Latina, Peter Cerdá, declaró que “si van a crear una infraestructura donde el usuario no tiene posibilidad de exponer su parte técnica, pues el producto final es probable que no sea el más adecuado.
Chinchero es un buen ejemplo donde ha habido fallas garrafales y la industria no está participando”. La luz de alerta se ha encendido en la consola. Pero el capitán Vizcarra –tan sensato en otras muy complejas situaciones– hace caso omiso a la alarma. El movimiento de tierras en la pampa de Chinchero continúan y el MTC seleccionó esta semana al consorcio coreano compuesto por Korea Airport Corp. y tres empresas de ingeniería surcoreanas para supervisar y administrar el proyecto de construcción. El proyecto Chinchero cuesta en el papel US$ 484 millones. Pero la nave está siguiendo el mismo curso que tantos otros proyectos de infraestructura pública mal evaluados. Así las cosas, todo está servido para la firma de nuevas adendas. En el mejor de los casos, los costos se multiplicarán. En el peor,  el futuro aeropuerto será un elefante blanco sin operar. ¿Acaso no leen los diarios en Palacio de Gobierno? Chinchero repite  la misma partitura que los escándalos de Lava Jato: pobres estudios de prefactibilidad, oídos sordos a las advertencias, sobrecostos cantados. El Estado peruano ya ha invertido cerca de US$ 180 millones en el proyecto a lo largo de los años sin absolver preguntas básicas. Ahora anuncia que invertirá US$ 30 millones más –no para construir el aeropuerto– sino para contratar a un nuevo equipo de consultores, esta vez coreanos. Hay que ser sinceros: el aeropuerto de Chinchero está mal encaminado.El avión que despegue de Chinchero buscará ganar altura sobrevolando el valle de   Urubamba y entre montañas más altas.

No tiene ruta de escape

El teniente general (r) FAP Bruno Papi Aparicio ha identificado una falla colosal en el estudio de la consultora española ALG en el que se sustenta la construcción del aeropuerto de Chinchero. La salida instrumental  predominante RWY 34 que sobrevolará el valle del Urubamba no tiene prevista una ruta de emergencia en caso de falla de un motor al momento del despegue. Esta salida debe permitir a la aeronave regresar al terminal aéreo o dirigirse a una pista alterna. “Si una aeronave presentara un fallo de motor en el waypoint número 3 -WP3, tendría una altitud de 13,785 pies (4,200 metros). En ese escenario, observamos a izquierda y derecha de la ruta una cadena montañosa con altitudes mucho mayores”, alertó Papi en carta notarial a la ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara, el 14 de junio (ver diagrama).La ruta RYW 34 no tiene ruta de escape.
Según el oficial FAP, los estudios de ALG del 2013 simplemente no han considerado el procedimiento de emergencia ‘engine failure’ de dicha salida. La Dirección General de Aviación Civil admitió que “para el inicio de la fase de operación (aproximadamente el año 2024) se tendrá validado todo el procedimiento de vuelo”, replicó al remitente en abril pasado. Con base en estas esquivas respuestas, Papi Aparicio argumentó a la ministra Jara que “el proyecto que su despacho promueve no tiene certeza de operatividad, lo cual debió ser un paso previo a las obras. No es razonable invertir recursos del Estado en la construcción de un aeropuerto con procedimientos de vuelo cuya “capacidad de vuelo” no está registrada, o que no existen, como es el caso de Chinchero”. En ese contexto, la opinión de IATA sobre la rentabilidad y la seguridad del nuevo terminal es importante. “No vas a bautizar una de esas montañas con el nombre tuyo”, sintetizó Papi Aparicio.Teniente general FAP Bruno Papi Aparicio.

Cumbres borrascosas

Macizos cordilleranos a la margen derecha e izquierda de la nave.
Margen Derecha:
Nevado Pumahuanca        5318 m
Cerro Salcayoc        4838 m
Nevado Hualancoma        5367 m
Nevado Verónica        5682 m
Nevado Huasayhuillca        5361 m
Nevando Bonanta        5319 m
Margen Izquierda:
Cerro Minasioc        4558 m
Cerro Yanorjo        4460 m
Nevado Esquina        5024 m
Nevado Huayanay         5362 m
Cerro Raucarcancha        4474 m
Cerro Casamientuyoc        4,668 m

REMOCIÓN. El movimiento de tierras para el futuro aeropuerto internacional de Cusco, ubicado en el distrito de Chinchero, en la provincia de Urubamba. Foto: Presidencia de la República

Cusco: Aeropuerto de Chinchero avanza sobre caminos Inca y coloniales

Por  Clarys Cárdenas– Ojo Público.com
Cusco. Chinchero, un distrito del Valle Sagrado que ha podido combinar su actividad agrícola con el potencial turístico, es hoy escenario del paso de excavadoras que allanan el terreno donde se construirá el aeropuerto del mismo nombre. La obra avanza pese a que dos estudios contratados por el Estado, hace ocho años, reconocen la existencia de tres caminos Inca y trece rutas coloniales dentro de las 357 hectáreas del proyecto.
El aeropuerto de Chinchero no cuenta con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), requisito para obras de envergadura que involucran la remoción de terrenos superficiales. El Ministerio de Cultura es quien emite el CIRA luego de realizar un Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA), es decir, un estudio que determina la existencia de vestigios que merecen ser protegidos. Si el PEA los identifica no se puede expedir el CIRA.
El mes pasado, en una entrevista a un medio local, la ministra de Cultura, Ulla Sarela Holmquist Pachas, sostuvo que el CIRA se emitirá posteriormente porque el PEA arrojó que solo habían “trazos de caminos carrozables” en la zona. “En realidad son una proyección de trazos. No hay ninguna evidencia monumental, no hay un piso, no hay muritos”, añadió. Pero el estudio de asesoría arqueológica y el PEA que se realizaron en Chinchero el 2011 -a los que Ojo-Publico.com tuvo acceso-, dicen más que eso.
El 2010 la entidad estatal que promueve la obra, Proinversión, contrató a la empresa Trashumantes para que realice la ‘Consultoría encargada de reconocimiento arqueológico y gestión del CIRA’. Esta tarea implicaba elaborar un estudio de asesoría arqueológica de campo, un Plan de Monitoreo Arqueológico (en caso se encuentren vestigios importantes) y tramitar los expedientes del CIRA .
El 11 de febrero del 2011 Trashumantes presentó las conclusiones de su asesoría arqueológica. El documento lleva la firma de la arqueóloga Lucía Balbuena Cotlear y concluye que los terrenos donde se construirá el aeropuerto albergan siete elementos arqueológicos aislados (fragmentos de cerámicos), tres caminos Inca y 13 rutas coloniales, los cuales forman parte de un Paisaje Cultural Arqueológico.
DEMORA. El Ministerio de Cultura aún no emite el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, pero la remoción de tierras en Chinchero empezó hace unas semanas. Foto: Ojo-Publico.com/ Clarys Cárdenas.
“Como resultado de los trabajos de arqueología en el área del futuro aeropuerto se han registrado evidencias culturales de diversa índole: 3 caminos prehispánicos (de filiación Inca), 13 caminos coloniales y 7 elementos arqueológicos aislados. Estas evidencias culturales no son clasificadas como Sitio Arqueológico, sino que se trata, según la clasificación de patrimonio, de áreas de Paisaje Cultural Arqueológico”, precisa el informe.
Y añade: “Se ha solicitado al Ministerio de Cultura de Cusco y de Lima información respecto al estado de declaratoria de los caminos prehispánicos vinculados al proyecto. De manera extraoficial, personal del Ministerio de Cultura de Cusco nos ha informado que estos caminos han sido registrados por arqueólogos del Proyecto Qhapaq Ñan, pero aún no han sido declarados como Patrimonio Cultural de la Nación”.
En este sentido, la recomendación final de la consultora Trashumantes fue que el Ministerio de Cultura deje en suspenso el expediente de solicitud del CIRA hasta que se efectúe un PEA con excavaciones y se realice el rescate de los vestigios.
El entonces Director Ejecutivo de ProInversión, Jorge León Ballén, recepcionó el informe el 11 de febrero del 2011 y le comunicó al ministro de Cultura, Juan Ossio Acuña, que “Proinversión se responsabilizará por los eventuales daños y perjuicios al Patrimonio Arqueológico Nacional que se puedan generar durante la ejecución del PEA para el Proyecto del Aeropuerto de Chinchero”, como consta en el oficio 119-2011.

Caminos Inca

En junio del 2011, mediante la Resolución Ministerial 342-2011, el sector Cultura autoriza la realización del PEA y designa al arqueólogo William Cjuiro Mescco como encargado. En la redacción de su informe, Cjuiro confirmó la existencia de los caminos Inca y coloniales identificados por Trashumantes, incluso explica que estos también atraviesan tres comunidades campesinas: Ayllo Pongo, Yanacoma y Raqchi.
“Durante los trabajos de prospección arqueológica en el área del futuro Aeropuerto Internacional de Chinchero se han registrado un total de tres caminos de filiación Inca y 13 caminos de filiación  colonial  (…) se registraron además siete elementos arqueológicos aislados”, se lee en el documento.
Sin embargo, en sus conclusiones, el arqueólogo dice que al hacer las excavaciones ya no encontraron estos cerámicos porque “la tierra había sido removida por los propietarios” y le resta importancia a las rutas Inca al señalar que “los caminos registrados son únicamente sendas y no presenta arquitectura u otro tipo de infraestructura asociada”.
AVANCES. La empresa Altesa, la encargada de la remoción de tierras, ya obtuvo licencia de la ANA para usar el agua de una laguna con el fin de allanara el camino. Foto: Ojo-Publico.com/ Clarys Cárdenas.
Al final, el PEA deja abierta la posibilidad de otorgar el Certificado de Inexistencia de Restos arqueológicos (CIRA). “De no ser factible la emisión de CIRA, se recomienda otorgar autorización para la construcción del Aeropuerto de Chinchero complementando con la presentación de un Plan de Monitoreo”, agrega.
El sector Cultura no profundizó estos informes. Ocho años después de recibirlos el ministerio todavía no emite el CIRA en Chinchero, un componente obligatorio para garantizar la protección de vestigios culturales, según la Ley General de Patrimonio y el Decreto Supremo 003-2014-MC. Incluso el artículo 105 de dicho decreto establece multas de 0,25 hasta 1.000 UIT (S/4.200) por realizar excavaciones sin autorización en Paisajes Arqueológicos, pero el encargado de aplicar la sanción es el mismo Ministerio de Cultura.
Gabriela Ramos, historiadora de la Universidad de Cambridge e investigadora de la región andina, pudo revisar los documentos tras un pedido de acceso a la información y cuestionó la contradicción en sus conclusiones.
“Hay un reconocimiento explícito de que se trata de caminos Inca y coloniales, no es posible ignorarlos, parece que quisieran minimizar su valor arqueológico. Resulta extraño que estos vestigios, bastante claros, no hayan sido evaluados y se busque la forma de continuar evadiendo los pases para la obtención del CIRA. La  presión de Proinversión es fuerte porque consigue hacer el PEA y califica de ‘sendas’ a los caminos. Tratan de minimizar su importancia”, dijo a Ojo-Publico.com. 
El arqueólogo y gestor de patrimonio, Lenin Valdivieso, explicó que el Qhapaq Ñan cuenta con caminos principales y ramificaciones que siguen presentes en Chinchero. “La construcción del aeropuerto desaparecería por completo todos estos elementos y sobretodo contribuiría a que el turismo sea una actividad depredadora de la cultura y la historia”, añadió.
IMPACTO. El EIA de la obra indica que el ecosistema tendrá una recuperación inmediata “tras el cese de la actividad”. Los expertos consideran que esto es irreal. Foto: Ojo-Publico.com/ Clarys Cárdenas.
Este medio se comunicó con la oficina del prensa del Ministerio de Cultura, pero no obtuvo respuesta. En tanto, el arqueólogo Saturnino Fernández Carrasco, coordinador general del Programa Qhapaq Ñan de dicho ministerio, dijo que no tenía autorización para opinar sobre el tema. Asimismo, voceros de prensa de Proinversión indicaron que la institución que debe pronunciarse es el sector al que está adscrito: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero este tampoco respondió.

Riesgo de hundimiento

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del aeropuerto de Chinchero también ha tenido cuestionamientos. Raúl Carreño Collatupa, geólogo experto gestión de riesgos, indicó que la meseta ubicada en el camino Chinchero – Maras tiene tendencia a la disolución de materiales y formación de cavernas subterráneas, por lo que sería un riesgo.
“Un aeropuerto en esta zona no soportaría el peso de un aterrizaje y colapsaría (…) el último hundimiento en esta meseta se presentó el 2003 y los pobladores conocen la realidad de este tipo de suelos. El proyecto del aeropuerto no tiene un estudio geofísico con georadar, que era necesario para este caso. No hay un estudio geológico serio, el EIA solo es copia de la información de Ingemmet [Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico]”, señaló a este medio.
El EIA fue presentado el 2015 y aprobado en 52 días. El estudio reconoce 23 impactos ambientales; 13 en la etapa de construcción y 10 en la etapa de operación. Sin embargo, los impactos solo fueron identificados en el área de influencia directa del proyecto, es decir, en el polígono donde se construirá el aeropuerto, y se indica que los impactos posibles a su ecosistema tendrán una recuperación inmediata “tras el cese de la actividad”.
“Es difícil concebir que la degradación de los ecosistemas generada por el proyecto se va a revertir, que la fauna no se verá afectada. Es como pensar que las aves y serpientes de la zona se van a quedar a esperar que el proyecto culmine para regresar a su hábitat”, menciona Marco Zeisser Polatsik, ingeniero agrónomo especialista en gestión social del agua.
Respecto a los efectos que tendrá la obra en las fuentes de agua se menciona el deterioro de la calidad y modificación del patrón de drenaje de la cuenca del río Corimarca, y no de las cuatro microcuencas que existen en la zona: Huaypo, Urquillos, Marcuyohuayjo y Corimarca, en esta última se encuentra la laguna de Piuray que abastece el 42% del agua potable que consume la ciudad de Cusco.
AGUA. Los comuneros de Huila Huila no quieren que la empresa Altesa siga extrayendo agua de las lagunas que los abastecen. Foto: Rocio Cjuiro.
El pasado 18 de junio, la empresa Altesa Contratistas Generales -la encargada de realizar los movimientos de tierras- recibió de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) la autorización para extraer agua de la laguna Poncolay, a fin de usarla en sus labores. Este efluente conecta cuesta abajo con la laguna Chakapunku que abastece a la comunidad de Huila Huila. No se consideró la opinión de la Junta de Regantes de Chakapunku, pues no está inscrita dentro de ANA.
“Nosotros nos dimos cuenta de que el agua en nuestra laguna estaba secándose, el caudal bajó considerablemente y estamos preocupados porque es época de riego”, afirma Rocío Cjuiro, comunera de Huila Huila y secretaria de dicha Junta de Regantes. Ella asegura que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) -al que está adscrito Proinversión- no les consultó sobre esta mega construcción, y ahora se ven afectados.
El Ministerio de Cultura respondió nuestras interrogantes a través de un correo electrónico. En este confirma que “el CIRA [Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos] es necesario para la ejecución de cualquier proyecto de inversión pública y privada”, según lo ordena el Decreto Supremo 003-2014. Sin embargo, indican que cuando el Estado encargó elaborar el PEA (Proyecto de Evaluación Arqueológica) de Chinchero estaba vigente otra norma, la Resolución Suprema 004-2000, que no establecía tal obligatoriedad.
Respecto los caminos de filiación Inca y coloniales, señalan lo siguiente: “El registro catastral que se tiene indica que la segmentación de caminos registrados más bien correspondería a proyecciones de trazos, pues al no tener la estructura arquitectónica que formalice su concepción como camino prehispánico, sugiere que esta sería una habilitación posterior”.
Aún así, precisan que el 2012, como medida de prevención, su sector ordenó que se realice un plan de monitoreo arqueológico antes del inicio de las obras de ingeniería. El plan deberá incluir “el levantamiento planimétrico y descripción detallada de los componentes de la traza de los caminos identificados, con la Coordinación de Qhapaq Ñan–Sede Cusco”, agregaron, sin dar más detalles sobre el resultado de esta intervención.

El (des) acuerdo

Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
La desesperación de los defensores del acuerdo salvavidas de Odebrecht es evidente, sus palabras los delatan. Gustavo Gorriti califica ahora de “fechorías” la corrupción de Odebrecht, es decir de malas acciones o travesuras. Otrora Gorriti lapidaba documentadamente a Odebrecht y consorciadas. Es un vuelco penoso de quien fuera uno de los grandes referentes del periodismo de investigación y por quien conocimos los alcances del caso Lava Jato. Lástima.
Recién ahora un comunicado de la Comisión de Alto Nivel, CAN, presidida por el premier Salvador del Solar, “recomienda” la difusión del acuerdo para evitar “malos entendidos e interpretaciones sobre su contenido, finalidad y eficacia”. Para el vizcarrismo el acuerdo sigue válido pese a la fehaciente demostración de las mentiras de Marcelito O y sus ejecutivos, y el intento de destruir información sobre casos como el Gasoducto del Sur. En febrero la congresista Yeni Vilcatoma pidió la publicación del pacto, y nada. ¿Por qué hoy? Ocurre que antes quedaron bajo la mesa las mentiras de Odebrecht y el intento de desaparecer información contenida en Drousys. Esto no es sospecha sino certeza conocida gracias a un trío de jóvenes periodistas de investigación ecuatorianos, encabezados por Andersson Boscán.
“Obstrucción Eficaz” es un laberíntico editorial publicado ayer en ‘El Comercio’. Un texto sin fluidez, tan forzado que aparenta haber pasado por varias manos, un pastel mal elaborado por aprendices de cocineros, un mameluco pobremente hilvanado que intenta defender el negligente trabajo de Rafael Vela y Domingo Pérez. Mencionan que el acuerdo “no descarta la posibilidad de que la constructora haya delinquido en proyectos distintos a los comprendidos en él”. Veamos, si eso fuera así, ¿por qué los fiscales tales no investigaron más y creyeron ciegamente en el dicho de los corruptos y cuál era el apuro en homologarlo? El enigmático editorial refiere que si aparecieran nuevos “indicios” que “sugirieran” la existencia de otras obras adjudicadas por el pago de coimas es posible acordar con la firma brasileña una nueva colaboración. ¿“Indicios que sugieran”? La nueva información prueba irrefutablemente que Odebrecht pagó una coima de tres millones de dólares por el Gasoducto del Sur, no “sugiere”, no es un “indicio”, es una evidencia que trataron de ¡destruir! De paso se alienta a los mismos torpes fiscales a arrodillarse nuevamente ante los corruptos.
Con justificada razón el joven periodista ecuatoriano Boscán pregunta si “es de confianza el testimonio de una persona que ya ha mentido. ¿Pueden fiarse de alguien así?”. No, no podemos y tampoco de Vela y Pérez.

Días después del escándalo del Gasoducto

Por VÍCTOR ANDRÉS PONCE- ElMontonero.pe
Si todos ya sabemos que el acuerdo del Ministerio Público y la empresa Odebrecht solo se limitó a cuatro proyectos y excluyó al Gasoducto del Sur y alrededor de otros 14 en los que existe corrupción -según las investigaciones del Consorcio de Investigación de Periodistas Internacionales-, ¿es viable para la vida democrática la continuidad del mencionado acuerdo? Si el Gasoducto del Sur es uno de los pocos proyectos que tenía una cláusula anticorrupción que, en caso de cualquier delito, cesaba los derechos de la empresa brasileña, ¿por qué se excluyó esta obra del acuerdo con Odebrecht a sabiendas de que la empresa brasileña reclamaba US$2,000 millones por los avances en el Gasoducto? Más aún, la suma reclamada por la cuestionada compañía representa 20 veces el valor de la generosa reparación que aceptó el Ministerio Público. Una ínfima suma que, además, puede pagarse en 15 años.
A medida que se sigan conociendo detalles, el acuerdo del Ministerio Público comenzará a oler demasiado mal y los primeros afectados con posibles investigaciones -incluso penales- serán los procuradores del Ministerio de Justicia (encargados de establecer los montos de la reparación civil) y el Ministerio Público, obligado a perseguir el delito en representación del Estado. Las cosas en el sector Justicia tienen que ver con la política y las responsabilidades de los procuradores, pero la cola que este asunto traerá en el Ministerio Público podría significar un verdadero terremoto. Si la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la Junta de Fiscales Supremos no toman una decisión con respecto a los fiscales Lava Jato, sobre todo en los casos de Vela y Pérez, entonces el desastre los afectará a todos. Quedará en evidencia que en la Fiscalía no hay reservas institucionales para las rectificaciones.
Pero, ¿por qué se impulsó un acuerdo con la empresa brasileña tan lesivo para los intereses nacionales? Hoy las cosas son evidentes: se pretendía judicializar a la oposición -en especial a Keiko Fujimori y Alan García- como parte de un proyecto político de control de instituciones. Esta estrategia contó con el apoyo irresponsable de medios y encuestadoras y, de una u otra manera, se sacrificó la lucha contra la corrupción por los objetivos políticos de liquidar opositores. En este camino, el autor intelectual del acuerdo con Odebrecht, Gustavo Gorriti de IDL-Reporteros, llegó a sostener que la mencionada empresa brasileña “se había reformado” y “había asumido nuevos criterios corporativos”, porque había aceptado la colaboración eficaz. Gorriti, en la práctica, se convirtió en el defensor de la empresa brasileña.
La cosa es tan escandalosa y, a la larga, tan insostenible que la Comisión Nacional de Anticorrupción, presidida por Salvador del Solar, ha solicitado a la Fiscalía que el tan mentado acuerdo con Odebrecht se publicite para conocimiento de todos los peruanos. El desvelamiento de los objetivos reales del acuerdo con Odebrecht, de una u otra manera, indican el final de la llamada “ola anticorrupción” que encabezó el presidente Vizcarra y desató una virtual guerra civil sin balas, que se expresó en los choques Ejecutivo versus Legislativo, en el encarcelamiento de la oposición, en el suicidio de Alan García y en el control político de la Fiscalía de la Nación.
Hoy ese ciclo pareciera terminar. Y si bien la parálisis del país y el deterioro institucional son muy graves, gracia a Dios los sectores pretorianos no han logrado controlar la mayoría de instituciones republicanas. La resistencia institucional ha existido, pues. Ojalá no erremos con el optimismo.

¿Cierran el Congreso?

Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
Desde hace varios meses reina la incertidumbre en el Parlamento sobre si el Presidente Vizcarra pateará el tablero democrático, cerrando el Congreso. Las amenazas que el Legislativo ha recibido con la reforma política enviada por el Ejecutivo son considerables. Anteriormente, el inútil referéndum fue propicio para intimidar al Parlamento. Se parió un ratón, son “reformas” inaplicables y perniciosas para el país.
Que la comisión encargada no pueda nombrar a un solo miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que designará a jueces y fiscales evidencia que hubo apresuramiento y que el proyecto de Palacio es un ‘Frankenstein’ que no camina, ni caminará.
Pero Vizcarra -junto con las encuestas y los medios- logró su objetivo mayor: desacreditar hasta el límite al Congreso. La reforma política del Ejecutivo tiene puntos inaceptables e inaplicables. Si Vizcarra cierra el Legislativo con el pretexto de que no se respetó ‘la esencia’ de esta o el absurdo plazo, la reacción ciudadana será cero. Habrá aplausos, pan y circo.
Los más protocolares argumentan que los Panamericanos frenarán los ímpetus golpistas de Vizcarra. Pero puede ser la ocasión ideal, el país estará en otra. El mandatario tiene un problemón: aparecieron coimas por $3 millones en el Gaseoducto de Humala y la obra no está incluida en el Acuerdo con Odebrecht. Hay lío fuerte en la Fiscalía. El politizado equipo fiscal del caso Lava Jato está chamusqueado. Odebrecht “nos hizo cholito”, mintió. Los fiscales llevados a héroes por una prensa interesada han perdido total credibilidad.
O Barata meció a los dos fiscales anticorrupción o actuó en complicidad con ellos, no hay más. Lo cierto es que el fiscal Hamilton Castro, que veía anteriormente el caso Lava Jato fue atacado por su colega, José Pérez, acusándolo de propiciar la fuga de Toledo etc. Castro le retrucó “¿por qué no incluyó pagos ilícitos de 20 proyectos en el Acuerdo?”
Vizcarra lapidó al ex Fiscal de la Nación Gonzalo Chávarry para controlar férreamente la Fiscalía. Que el Equipo Especial y el Acuerdo favorecieran a Odebrecht lo debilita. Insistir en crear una organización criminal con Chávarry, el fujimorismo y ‘Los Cuellos Blancos’ no es creíble cuando vemos que Barata nos estafó. El Gaseoducto era un millonario proyecto, $7,000 millones. Involucra además a Ollanta Humala y señora, aliados del régimen, como lo estableció la comisión Lava Jato.
Además, el Presidente está tapizado de investigaciones por corrupción, desde un colaborador eficaz que lo señala en el dormido caso Chinchero, hasta una acusación fiscal en Moquegua. Está entrampado. Si cierra el Congreso tendrá un corifeo de empalagosos ‘constitucionalistas’ que dirán: Vizcarra es la ley. Zafaría de tanto problema y tendría aire para hacer reformas a su medida y objetivos. Los maltratados militares con los mandiles rosados pueden ser el fiel de la balanza, además de la comunidad internacional. Corren las apuestas.

Operación ‘Lava cara’ de Odebrecht en todo su furor

Por PLINIO ESQUINARILA BELLIDO- Diario EXPRESO.
Desde el momento en que Odebrecht y su superintendente en el Perú, Mauricio Cruz, sacan a luz la versión de que no toda la información que almacena el sistema Drousys y My Web Day está vinculada a actos de corrupción, sino que también contiene información legal sobre transacciones y pagos privados de la constructora, obviamente que ha empezado la operación del lavado de cara de dicha empresa, en respuesta a las informaciones procedentes del exterior de presuntos sobornos en cinco nuevas obras de ingeniería civil ejecutadas en el Perú.
Y es que antes del último 25 de junio el periodista Andersson Boscán y su equipo del portal ‘La Posta’ del Ecuador enviaron las bases de una noticia letal: que, además del Gasoducto del Sur, el ‘departamento de sobornos’ de Odebrecht había entregado coimas en cuatro nuevos proyectos, entre ellos Kuntur (la predecesora de Odebrecht en el gasoducto), la irrigación Chavimochic, la concesión hidroenergética Olmos y el corredor vial Hualapampa-Vado Grande.
Si a lo anterior sumamos la concesión de la Interoceánica Norte de la que nos enteramos por las autoridades suizas, con la coima declarada por Josef Maiman de 10 millones de dólares, tendremos seis proyectos que están fuera del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Esto al margen de otros pagos de obras que ya están incorporadas en el acuerdo, como en la Línea 1 del Metro de Lima (tramos 1 y 2), Interoceánica Sur, Corredor Costa Verde – Callao y Vía de Evitamiento del Cusco.
A lo anterior, añadimos Rutas de Lima de los famosos peajes y la carretera Carhuaz- Chacas-San Luis (Áncash). Como es público, Odebrecht solo aceptó sobornos en dos proyectos grandes, Interoceánica Sur y Línea 1 del Metro de Lima que, dicho de paso, ya estaban confirmados con antelación, además en dos pequeñas obras viales como son la Costa Verde del Callao y la Vía de Evitamiento del Cusco. Cuatro en total, de un paquete de más de 70 obras que la transnacional brasileña ejecutó en el Perú y de los cuales alrededor de 20 son recientes y relevantes en las que estarían probadas las coimas a las autoridades peruanas.
CONSOLIDADO
El portal Convoca.pe, al desarrollar la información procedente de Ecuador, informó de un consolidado de 47 transferencias de dinero de la contabilidad paralela de la transnacional carioca entre marzo y diciembre de 2014.
“Y otros seis pagos vinculados a Jorge Barata y Ricardo Boleira, exdirectivos de Odebrecht en el Perú, que se efectuaron ese mismo año. En total, se identificaron 53 transacciones de la ‘Caja 2’ de la compañía referidos al Perú” por cerca de 9 millones de dólares.
Ante esta avalancha de información nueva, que no le ha costado nada al erario nacional, tanto Odebrecht, mediante comunicado, como su superintendente Mauricio Cruz, en entrevista con La República, aseguran que esa información del Departamento de Operaciones Estructuradas –léase gerencia de coimas–, que data del año 2014, fue entregada al equipo de fiscales del caso Lava Jato el 12 de junio de este año.
El comunicado de Odebrecht ha precisado que la mayoría de las transferencias son “pagos a terceros”, sea consultorías o contrataciones de técnicos que habrían solicitado el desembolso de sus pagos a través de empresas ‘offshore’, algunas de ellas mediante triangulaciones en países tan lejanos como la India, práctica que obviamente también es ilícita por incurrir en evasión tributaria.
“Dichos documentos siguen en proceso de revisión, pero fueron parcialmente entregados el último 12 de junio, siendo que en dicha entrega está la plantilla que viene siendo divulgada en los medios de comunicación”, dice el comunicado de Odebrecht.
CONTROL DE DAÑOS
Los expertos que han seguido el caso, como Manuel Romero Caro, no descartan que dicha información haya sido conocida con anterioridad por los fiscales del caso Lava Jato, quienes se dieron tiempo para dar forma a un “control de daños” respecto de lo que ha llegado del Ecuador.
El citado superintendente tiene el mismo libreto. Si bien es cierto que se han revelado pagos en obras no incluidas en el acuerdo de colaboración, estos “no necesariamente son sobornos”, afirma.
La prensa concentrada, capitaneada por El Comercio, se suma con un temperamento permisivo. “Como han informado en distintos momentos los fiscales y procuradores que participaron en su confección, el acuerdo de colaboración con Odebrecht no descarta la posibilidad de que la constructora haya delinquido en proyectos distintos a los comprendidos en él”, señala en su editorial del sábado 29 de junio. Pero todo tiene solución en el marco del acuerdo, añade.
Sin embargo, olvida que en toda esta trama es obvio que el principal argumento de los impulsores del acuerdo de colaboración fue que Odebrecht al fin declararía toda la verdad. Incluso en el Congreso las bancadas de la izquierda oficialista remarcaban que más importante que el dinero (reparación civil) era que el país entero sepa la verdad de los corruptos y que los ejecutivos de Odebrecht no podrían violentar este principio a riesgo de terminar en la cárcel.
Y no podían mentir, según el principal impulsor mediático del acuerdo, Gustavo Gorriti, de IDL-Reporteros, porque en las nuevas circunstancias Odebrecht es “una compañía que se encuentra ahora en profundo proceso de reforma y que hoy colabora plenamente en la tarea de identificar la corrupción y los corruptos” (IDL-R, “Hipócritas y bribones”, 23/1/19).
El argumento central de que la constructora carioca no mentiría y que colaboraría totalmente se parapetó en que por lo menos conoceríamos la verdad de los cuatro proyectos comprendidos en el acuerdo, sin importar que el resto quedara en el limbo, porque para los entendidos estaba claro que la Fiscalía no estaba capacitada de hacer sus investigaciones propias sino que solo se basaba en los declaraciones de los colaboradores eficaces y en información procedente de Brasil o del exterior.
Al parecer, ahora que hay nuevos indicios de sobornos en otros proyectos, y sobre todo en el gasoducto, la operación ‘Lava cara’ quiere dejar de lado las mentiras reiteradas de Odebrecht y de sus ejecutivos.
Está en la tarea de vender las idea de que si aparecieran nuevos indicios, como los provenientes del Ecuador, sobre la existencia de otras obras adjudicadas gracias al pago de coimas, “la fiscalía podía –y puede ahora– válidamente acordar con la firma brasileña un nuevo paquete de colaboración y el incremento de la reparación civil (cifrada, hasta el momento, en S/ 610 millones)”.
“De ser el caso, inclusive, los fiscales podrían iniciar un proceso penal contra los ex integrantes de la empresa –hoy beneficiados por el acuerdo– si se llegara a comprobar que mintieron en relación con la comisión de delitos en otros proyectos”, dice el diario de los Graña y Montero.
Este temperamento permisivo colisiona con el espíritu de las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de la que forman parte los periodistas Andersson Boscán y Sasha Chavkin.
“Si Odebrecht, por el motivo que sea, retuvo información sobre sus delitos a las autoridades, las consecuencias podrían ser terribles. ‘Si el gobierno se entera después del hecho, podría hacer estallar los términos del acuerdo’, dijo Jessica Tillipman, decana asistente de la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington que se especializa en contratos gubernamentales y cuestiones anticorrupción”, cita Chavkin, en una amplio reportaje introductorio de la serie “División de soborno”, con el título “La fuga expone millones de dólares en nuevos pagos en el escándalo de efectivo por contratos de Odebrecht”.
Dicho de otra forma, si los pagos relacionados con la concesión del Gasoducto del Sur han sido sobornos, esto afectará gravemente el acuerdo con la transnacional del delito
DISTRACTIVOS
Entre tanto, la operación ‘Lava cara’ prosigue con el silencio calculado de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, quienes no solo han adelantado viajes a Israel, para interrogar a Maiman, sino que también adelantarían los interrogatorios sobre el gasoducto en Brasil, amén de distraer a la opinión pública con el impedimento de salida del país del exalcalde Luis Castañeda Lossio.
Algo así como los distractivos anteriores de centrar sus investigaciones en funcionarios de segundo nivel, como en el caso del Tren Eléctrico, y en los aportes de Odebrecht a los partidos para centrar las cacerías en Keiko Fujimori y Alan García.
“No hubo solicitudes de dinero por parte de funcionarios ni ofrecimientos por parte de nosotros”, declaró Jorge Barata cuando se le preguntó si la compañía transnacional había coimeado por el mencionado proyecto valorado en más de 7 millones de dólares, según publicó un semanario local en abril de este año.
La madre del cordero: el gasoducto
En todo ese paquete la madre del cordero está obviamente en el caso del Gasoducto del Sur, con mayor razón si figuran 17 pagos relacionados con la concesión –adjudicada durante el gobierno de Ollanta Humala– valorizados en 3 millones 70 mil dólares.
¿Quién, en su sano juicio, podía pensar que estando ya de por medio dos casos abiertos en la misma Fiscalía por tráfico de influencias y negociación incompatible, no habría coimas en el Gasoducto del Sur, el principal megaproyecto de 7,400 millones de dólares?
No solo la sospecha sino esa realidad ya estaban descritas en el informe Pari y con mayor detalle en el informe de la comisión Bartra. Toda esa data debía poner en alerta al sistema de justicia. Pero no pasó nada.
La operación ‘Lava cara’, según los especialistas, es clave para Odebrecht porque es el único proyecto que tiene en su contrato la cláusula anticorrupción. Esto implica que si se prueban los sobornos anunciados, la concesión y toda la infraestructura pasan al Estado.
Las consecuencias llegarían al exterior, es decir a los dos arbitrajes que ha abierto la empresa contra el Perú, tanto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), de Estados Unidos, y ante una corte de Luxemburgo, de la española Enagas y de Odebrecht, respectivamente, donde está de por medio más de 2,000 millones de dólares, cifra clave para la sobrevivencia de una empresa que obviamente puede quebrar.
Aparecen más ‘codinomes’
Ayer ‘Panorama’ comenzó a desagregar mayor información que habría ocultado Odebrecht. Tal es el caso de la obra Saneamiento Iquitos, donde la empresa Sedaloreto pagó S/ 118 millones. De acuerdo con el servidor, Jorge Barata pagó un millón 258 mil 200 dólares al codinome ‘Rio’. De igual manera, el ejecutivo Olivio Rodrigues pagó a ‘Pescador’ US$120 mil en una de los tantas obras mencionadas en el reportaje.

Fiscales conocían de corrupción en diez proyectos

Por MARÍA TERESA GARCÍA- Diario EXPRESO.
Los fiscales del equipo especial Lava Jato, en especial Rafael Vela y Domingo Pérez, conocían que existieron hechos de corrupción en los diez proyectos otorgados a las constructoras brasileñas, especialmente a Odebrecht, y pese a ello ocultaron la información.
Esto debido a que la Comisión Lava Jato presentó su informe final en agosto de 2018, estableciendo de manera detallada las responsabilidades de altos funcionarios en hechos de corrupción en todos los proyectos a cargo de las empresas brasileñas.
No obstante, tres meses después, el equipo especial Lava Jato, la procuraduría ad hoc y representantes de Odebrecht pactaron los términos del acuerdo de colaboración que permitiría que la constructora brasileña brinde información para las investigaciones por los sobornos que pagó en el Perú a cambio de la licitación de obras de infraestructura.
La primera reunión se llevó a cabo el 28 de noviembre de 2018. Al día siguiente, vía telefónica, se cerraron los detalles para la preparación de un borrador del documento en la primera semana de diciembre.
Los indicios, evidencias y hasta pruebas que aportó la Comisión Lava Jato del Congreso en casi todos los proyectos, fueron desestimados por los fiscales del equipo junto a la Procuraduría ad hoc del mismo caso, que terminaron firmando un acuerdo de colaboración de 17 páginas con Odebrecht.
Como se sabe, el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz sostiene que la empresa brasileña entregará información sin restricciones y documentación crucial, sobre el pago de sobornos a funcionarios peruanos de todos los niveles.
Entre los hechos delictivos a los que está relacionado el acuerdo se encuentran la adjudicación y realización de los proyectos de mejoramiento de la Vía de Evitamiento de Cusco, la Costa Verde tramo Callao, el Corredor Vial Interoceánico Sur (tramo 2 y 3) y la Línea 1 del Metro de Lima (tramos 1 y 2).
El 15 de febrero de 2019 se firmó en la sede del consulado del Perú en Sao Paulo, Brasil, el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz con Odebrecht y el 19 de junio se homologa debiendo la constructora carioca pagar una reparación civil de por lo menos 760 millones de soles (incluyendo los intereses legales) al Estado peruano.
Ni a los citados fiscales ni a la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato, les importó que, en agosto de 2018, la Comisión Lava Jato, presidida por Rosa Bartra, presentara las conclusiones de su investigación la cual duró casi dos años, sobre las siguientes obras: “Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos. Trasvase e Irrigación”; “Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú–Brasil. Tramos 2, 3 y 4” y “Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao Línea 1, Tramos 1 y 2”.
Asimismo, “Proyecto Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima”, “Proyecto Energía de Centrales Hidroeléctricas Central Hidroeléctrica Chaglla”, “Mejoramiento de la Capacidad Resolutivo de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco”, “Instalación de un Centro de Convenciones en Lima-Perú”, “Proyecto Chavimochic Tercera Etapa”, “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” y “Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético de Alto Piura”.

BENEFICIOS

Para el exintegrante de la Comisión Lava Jato, Víctor Andrés García Belaunde, la enorme corrupción de la empresa brasileña Odebrecht también se extendió a la Fiscalía, que terminó beneficiando a la constructora.
“Sabiendo de la penetración mafiosa de Odebrecht, al parecer ha penetrado también en la Fiscalía, y están sacando resoluciones que lo favorecen. Todo esto favorece económica y judicialmente a Odebrecht. Es un blindaje de hecho. Hay que recordar de Barata que no se pudo efectuar el embargo de sus bienes y los jueces levantaron esta medida. Creo que el acuerdo debe publicarse porque si no estamos todos especulando”, sostuvo.
Al consultarle sobre la información propalada por el periodista ecuatoriano Andersson Boscán en su portal La Posta, en cuanto a la desaparición de importante información del sistema Drousys sobre tres proyectos peruanos, el congresista acciopopulista dijo que los fiscales debieron haber imaginado que eso sucedería.
“Debieron intuirlo. Si tratan con una banda de delincuentes, qué esperaban al final, ¿ganar la partida? Yo creo que si sabían [de la desaparición de información en ese sistema]. No nos olvidemos que [el consorcio peruano] Graña y Montero hizo lo mismo, borraron una serie de deudas y luego dijeron que no había nada”, indicó.
Cabe indicar que Andersson Boscán publicó en Twitter lo siguiente: “También en Perú hubo información y comunicaciones borradas por Odebrecht como revelamos en #BriberyDivision Chavimochic, Gasoducto del Sol (Sur), y Vía de Lima entre las obras ocultadas. ¿Y el acuerdo con la justicia?”
García Belaunde parece responder la pregunta del periodista ecuatoriano.
“Hay muchos intereses en el Gobierno que han alentado a firmar ese acuerdo que favorece a Odebrecht y compañía”, sostuvo el legislador acciopopulista.

TRANSFERENCIAS POR GASODUCTO

Hace poco se conoció que la constructora Odebrecht, la cual no reconocía actos de corrupción respecto al Gasoducto del Sur, efectuó 17 transferencias de dinero que suman 3 millones 70 mil dólares, realizadas entre el viernes 19 de septiembre y miércoles 12 de noviembre de 2014, es decir poco más de tres meses luego del otorgamiento de la buena pro de la referida concesión a Odebrecht, proceso realizado durante el gobierno humalista.
Sobre el tema, García Belaunde se mostró pesimista con respecto a una probable inclusión del proyecto Gasoducto Sur Peruano en el acuerdo ya homologado o en uno nuevo.
“Si en caso se incluyera en el acuerdo, ¿qué se le va a quitar a Odebrecht? Porque los privilegios van a continuar. Todo esto fue dicho desde un primer momento; peor, hubo un total respaldo al acuerdo y a los fiscales como si su palabra fuera divina. Si Odebrecht es campeona de la coima en el mundo, ¿por qué no va a intervenir en juicios a favor de ellos?  Ya se llevaron la mejor obra que es Chaglla y ya han vendido la mitad de Rutas de Lima.  La reparación civil son solo migajas”, sostuvo.

MÁS COIMAS SIN CASTIGO

Hace unos días, el economista Manuel Romero Caro indicó que en la época en que Hamilton Castro dirigía el equipo Lava Jato se iban a incluir 20 proyectos, entre los que estaba el Gasoducto Sur Peruano (GSP). Sin embargo, lo habrían retirado del equipo especial por insistir en que se incorpore en el acuerdo.
En su blog Atalaya Económica, detalla que “hasta el momento ya tenemos seis proyectos (y todo indica que aparecerán más), cifra mayor que los cuatro del Acuerdo”.
Además de ello, recuerda que la cifra que implicaba la reparación civil era por S/ 3,468 millones, pero que hasta el momento suman S/ 610 millones.
“El superintendente de Odebrecht en Perú ha manifestado que entregó las planillas de pagos secretos a la Fiscalía el 12 de junio (y creo que los fiscales ya lo sabían antes). Por lo que el equipo Lava Jato tuvo tiempo suficiente para armar un plan de control de daños ante el escándalo que se iba a producir cuando se difundieran esos pagos secretos y dijo que los pagos secretos ‘no necesariamente son sobornos’”, expresó.

Desaparece valiosa información

De acuerdo con lo manifestado por el periodista ecuatoriano Andersson Boscán, Odebrecht borró datos incriminatorios de los proyectos Chavimochic, Gasoducto del Sur y Vías Nuevas de Lima.
Con respecto al proyecto Gasoducto Sur Peruano, la Comisión Lava Jato recomendó al Ministerio Público investigar al expresidente Ollanta Humala Tasso, por el presunto delito de colusión agravada ya que se reunió con Marcelo Odebrecht hasta en dos reuniones en Palacio de Gobierno (28 de marzo y el 9 de agosto de 2012).
“En el desarrollo y ejecución de este acuerdo, habrían participado en diversas formas los ministros miembros del Consejo de Directivo de Proinversión”, señala tras indicar que posteriormente estos funcionarios habrían beneficiado a la constructora brasileña.
En el caso de Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, la comisión presume la realización del delito de lavado de activos y tráfico de influencias que alcanza a parte de su entorno más íntimo.
En cuanto al proyecto Vías Nuevas de Lima, en lo referido a la gestión municipal del 2011 al 2014, se encuentran varios delitos entre los cuales está el de presunto lavado de activos en el caso de la exalcaldesa Susana Villarán.
Según el documento, durante la gestión de Villarán como alcaldesa de Lima, se firmó el contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima con el consorcio Rutas de Lima, perteneciente a Odebrecht. Este contrato contiene una serie de cláusulas que estarían beneficiando al concesionario. La firma de este contrato, así como la adenda al contrato de concesión del proyecto de Línea Amarilla, se produjo en el contexto del proceso de revocatoria a la alcaldesa y los regidores de Lima.
De acuerdo a la investigación, Susana Villarán, en su rol de alcaldesa de Lima, “se habría interesado indebidamente en el proyecto Vías Nuevas de Lima interviniendo en la negociación, firma de contrato de concesión y ejecución del contrato de manera indirecta”.
Sobre el proyecto Chavimochic III Etapa, este tuvo como finalidad ampliar la frontera agrícola, abastecer de agua potable a la ciudad de Trujillo y generar energía eléctrica para los pueblos de La Libertad y del Santa; sin embargo, debido a una deficiente elaboración de las bases y contrato para la concesión del citado proyecto, por parte de los funcionarios de Proinversión y del Gobierno Regional de La Libertad, sobre todo en los temas relacionados con la entrega de terrenos y cierre financiero, generó la paralización de la obras y por ende un perjuicio al Estado ascendente a US$ 226’100,958.90.
Al respecto, el grupo indagador recomendó a la Fiscalía investigar por los delitos de colusión y negociación incompatible a “Huber Arnaldo Vergara Díaz, en su condición de exgerente general del Proyecto Especial Chavimochic; Amilcare Armando Gaita Zanatti, en su calidad de funcionario del Proyecto Especial Chavimochic; Gonzalo Luis Felipe Pita Chávez, en su condición de funcionario de Proinversión; Carlos Miguel Puga Pomareda, en su calidad de presidente del Directorio del Comité Pro Integración de Proinversión; y de Gibran José Loor Campoverde, representante legal del consorcio Río Santa Chavimochic”. 

Reparación civil de Odebrecht sin respaldo

Por MANUEL ROMERO CARO– Diario Gestión.
Existen financiamientos con garantías cruzadas en el Grupo que podrían generar un “efecto dominó”.
El anuncio que el Holding Odebrecht se acogió a la Ley de protección de quiebras de Brasil, es una etapa más hacia la cesación total de pagos. Es que un grupo al que le cortaron sus contratos con los gobiernos, prácticamente le cerraron nuevos financiamientos, y le aumentaron los gastos por los pagos de Reparaciones Civiles con los países con los que suscribió acuerdos, era solo cuestión de tiempo para se cayera el castillo de naipes. Y las ventas de activos y el recorte de gastos no han podido financiar el déficit generado. Por lo que una a una diversas compañías del grupo han tenido problemas de liquidez y algunas se han acogido a la Ley de quiebras.
Las consecuencias
Al anunciarse la “quiebra” del Holding Odebrecht, el equipo Lava Jato y sus adláteres (los que ya tenían conocimiento anticipado que se venía dicha medida), empezaron con su plan de control de daños. Una primera jugada consistió en lograr rápidamente que el Poder Judicial aprobara el Acuerdo suscrito con Odebrecht. Lo que se concretó. Lo menos que se esperaba era que el Poder Judicial presentara algunas observaciones a dicho Acuerdo. Lo que hubiera permitido renegociar algunos abusivos aspectos del mismo. Por ejemplo, la ciudadanía quiere conocer la verdad de los 64 proyectos que ejecutó Odebrecht en nuestro país. Y no solo el 6.2% de la verdad (que es lo que representan los 4 proyectos del Acuerdo). Desafortunadamente la aprobación sin observaciones del Acuerdo origina que nunca conozcamos a todos los corruptos que habrían recibido coimas en los demás proyectos que ejecutó Odebrecht.
Una segunda jugada del equipo Lava Jato, en la que no ha tenido éxito, ha sido ha sido en tratar de convencer a la opinión pública que el pago de la Reparación Civil está asegurado. Es que sus argumentos son muy débiles. Por ejemplo en una entrevista ofrecida por el Procurador Ramirez (LR 20.06.19), manifiesta que si Odebrecht es absorbida o se vende, la nueva empresa adquiere la obligación de pagar la Reparación Civil. Esto no es ninguna novedad porque en una hipotética compra se asumen no solo los activos sino los pasivos y las numerosísimas contingencias que existirían en este caso (¿quién querría comprar Odebrecht en las condiciones actuales?). Pero sobre todo porque en los más de 5 años desde que se inició el caso Lava Jato y los 2.5 años desde el convenio en el que admitía los sobornos otorgados a diversos países, Odebrecht ha hecho todos los esfuerzos por vender sus empresas para evitar tener que recurrir a la protección de la ley de quiebras de Brasil. Sin haber poder evitarlo. Obviamente primero ha vendido lo que más rápidamente se podía concretar, y cuando la situación financiera del grupo no era tan crítica. Pero ahora, cuando la sangre ya está en el agua, muchos tiburones intentar imponer sus condiciones. Es así que un activo como Braskem no pudieron venderlo, lo que originó la última crisis de liquidez del grupo. Es por ello que en las condiciones actuales será más difícil concretar las ventas. Además, propuestas como la de vender las interoceánicas para poder pagar la Reparación Civil, resultarían insuficientes para su monto e intereses. Asimismo, como lo admiten los propios representantes de dicho grupo, el prolongado trámite por el que ha pasado Chaglla ha desanimado a potenciales compradores (especialmente fondos de inversión). Por lo que esta alternativa tampoco serviría para respaldar la Reparación Civil.
Otro argumento de Ramirez, que tampoco soluciona la falta de respaldo de la Reparación Civil, es el referido a que “si bien la constructora Norberto Odebrecht es una unidad de la empresa Odebrecht, las deudas son independientes, cada empresa responde por su patrimonio y sus obligaciones” (La República 20.06.19).
Sin embargo no es extraño que en un grupo como el de Odebrecht los préstamos a las empresas de menor dimensionamiento del grupo sean garantizadas por las de mayor dimensionamiento. Es así que Atvos, la unidad de etanol de Odebrecht SA ha tenido que recurrir a un pedido de recuperación judicial. Pero la empresa matriz de Atvos garantiza US$ 2,700 millones de sus préstamos. Es así que una declaración de bancarrota pondría en peligro a su matriz. Y existe un conjunto de financiamientos con garantías cruzadas en el Grupo que podría generar un “efecto dominó”. Por lo que le recomendamos a Ramirez que se informe bien antes de efectuar declaraciones tan importantes. Sugerimos la lectura de Gestión.pe (especialmente sus ediciones del 23 y 29 de mayo), o de Valor Económico, en su edición del 30.05.19 , que tratan sobre estos temas.
Por lo que afirmamos nuevamente que la muy disminuida Reparación Civil que Odebrecht se comprometió a pagar al Estado peruano no está respaldada.
Consecuencias de la recuperación judicial iniciada por la holding Odebrecht S.A.
El Procurador Ramirez continuó con su infructuosa campaña para demostrar que la Reparación Civil sí tiene respaldo. Lo hace en una nueva entrevista (El Comercio 21.06.19). Por lo que continuaremos con el tema.
Ramirez manifiesta que si Odebrecht no paga la Reparación Civil “el Acuerdo con Odebrecht será revocado”. En ese caso, siguiendo su lógica, el problema sería que Odebrecht ya “no tendría ningún interés en seguir contribuyendo a la justicia peruana”, lo que entorpecería los procesos judiciales. Asimismo precisa que “en el supuesto negado que la matriz quiebre en 2 o 3 años; los nuevos propietarios no pueden desconocer las deudas de sus unidades comerciales”. Eso sucedería en el muy improbable caso que hubiera alguien interesado en comprarla. Pero estando en cuasi quiebra y con las numerosas contingencias que tendría que asumir el hipotético nuevo dueño, lo más probable es que nadie compre dicha matriz.
Asimismo precisa que si en el futuro se acreditara la responsabilidad penal de Odebrecht en otros proyectos que no están en el Acuerdo, el monto de la reparación puede ser incrementado. Pero sino van a poder cumplir con lo ya acordado, menos podrían pagar una Reparación Civil ampliada.
Sin compensación extrapatrimonial
La reciente publicación de los beneficios y obligaciones pactadas confirma el abuso del Acuerdo. Es así que se precisa que los S/610 millones de Reparación Civil cubren el daño patrimonial y extrapatrimonial causado. Esto es una vergüenza. Es que la Ley 30737 y su reglamento establecen fórmulas para compensar el daño patrimonial. Pero el daño no patrimonial: el daño a la imagen del país; a nuestra institucionalidad; la tremenda desconfianza de la ciudadanía al Gobierno y a los partidos políticos; la perversión de la población, pues si ellos roban, yo también, etc. ¿cómo los han calculado? ¿a cuánto asciende? Lo que se acaba de publicar confirma el abuso: no se consideró monto alguno para compensarla. El tema es más grave, porque en enero del 2018 el mismísimo Procurador Ramirez informó que habían concluido un estudio (con la asesoría de una prestigiosa universidad privada) que establecía que Odebrecht debería de pagar 3,468 millones de soles (unos 1,000 millones de dólares) por Reparación Civil por los daños y perjuicios causados al país. Aprecien la diferencia entre los ínfimos 610 millones de soles fijados por el fiscal Pérez, solo 17.5% del monto anterior. ¿Gran parte de la diferencia no se explicaría porque en los 3,468 millones consideraron los daños extrapatrimoniales? Qué vergüenza que poco tiempo después el mismo procurador Ramirez se quede callado en 7 idiomas y apruebe los abusos incurridos.
Otra característica del Acuerdo es que los beneficios no incluyen a otras empresas del Grupo Odebrecht en Perú. Afirmando que se podría solicitar reparaciones por hechos y materias distintos a los del Acuerdo. Pero lo que sucede es que el publicitado equipo Lava Jato solo se ha dedicado a priorizar los delitos vinculados a los proyectos que provienen de las delaciones premiadas recibidas (camino fácil), postergando a los delitos vinculados a investigaciones propias (que no han recibido información clave de Odebrecht), que son el camino más difícil y meritorio. Por lo que probar que hubo delito en las otras empresas del Grupo Odebrecht sería casi imposible. Y si por azar del destino se llegara a ello , considerando la actual situación y perspectivas del grupo, opino que en esa época Odebrecht ya no estaría operativa y sus empresas habrían entrado en cesación total de pagos.

Operación Lava Cara

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
La operación Lava Cara del Equipo Especial Lava Jato ha empezado a todo vapor luego de conocerse la investigación de periodistas ecuatorianos y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con sede en Washington D. C. sobre las mentiras de Odebrecht en torno a una serie de obras públicas. Entre las más importantes mentiras y obras públicas destacan la del Gasoducto Sur Peruano, que según Odebrecht no fue objeto de coimas –tal como se hizo explícito en el acuerdo de colaboración eficaz suscrito en Brasil con la empresa por el fiscal Vela y los procuradores del Estado peruano (15 de febrero). El referido instrumento fue homologado por una jueza nacional el 19 de junio.
El fiscal Vela, jefe del equipo especial, en una entrevista lava cara en el programa Cuarto Poder, afirmó este domingo que desde hace más de tres meses ya conocían los hechos que implicaban la mentira de Odebrecht, justificando increíblemente a la empresa bajo el argumento de que el acuerdo se había suscrito en los términos del “reconocimiento voluntario” de las coimas, es decir, que el Equipo Especial tomaría la palabra de Barata y la empresa como ciertas solo en lo que estos propusieran como verdades sin hacer nada para averiguar lo que incomodara a su colaboradora. Guante de seda para Barata y Odebrecht.
De lo que se trataba –siguió diciendo Vela con el mayor desparpajo– era de asegurar que lo que ya se sabía no se perdiera por falta de acuerdo, es decir, que los políticos que están presos preventivamente bajo la abusiva interpretación de “organización criminal” y “lavado de activos” por aportes de campaña siguieran en esa situación hasta el 2021. Si alguien se preguntaba para qué era el guante de seda he ahí la respuesta.
Pero lo más grave es que si todo esto ya se sabía en el Equipo Especial hace más de tres meses, ¿cómo así pudo haberse homologado por la jueza María Álvarez en los términos en los que fue presentado por el fiscal Vela (la Carretera Interoceánica Sur tramos 2 y 3, el Metro de Lima, la Costa Verde Callao y la Vía de Evitamiento Cusco) el 19 de junio? O sea, el acuerdo fue presentado al Poder Judicial para su homologación el 15 de marzo, aproximadamente el mismo tiempo que Vela reconoce (más de tres meses) que tuvo información de que Odebrecht mentía y que había ocultado información respecto al Gasoducto. ¿Le ocultó esa información a la jueza María Álvarez? ¿O no se la ocultó y actuaron ambos como en Brasil actuó Moro con Dallagnol? ¿Ese es el modus operandi de la fiscalía con el Poder Judicial?
Si fuese el primer caso –y Vela le ocultó información decisiva a la jueza para que homologue el acuerdo–, no solo debe renunciar sino que debe ser destituido y procesado ante la justicia. Y si María Álvarez conspiró con Vela para homologar el acuerdo días antes de que se supiera la noticia, la jueza debería seguir la misma suerte que Vela: destitución y procesamiento.
Lo que queda más claro que el agua es que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht es un fraude cuyo objeto es político, a saber: mantener en la cárcel a los enemigos del presidente de turno con la comparsa de la mayoría de medios de comunicación que en el colmo del cinismo (ni con Montesinos) ahora dicen que es… ¡gracias al acuerdo que se ha podido saber de las coimas con el Gasoducto! La lavada de cara de los medios a Vela y al acuerdo no puede ser más grotesca y escandalosa.

Andersson Boscan tiene 27 años y el año pasado fundó junto con su colega Luis Eduardo Vivanco (35) el medio digital La Posta (Foto: Facebook).

En un hotel en Quito, debajo de una Biblia: Así fue la mayor filtración del Caso Odebrecht

Por Rodrigo Cruz– Diario El Comercio.
Hace un año, el periodista ecuatoriano Andersson Boscán (27 años) hizo el primer contacto con una fuente para que le entregue información que hoy es noticia en toda la región.
La fuente le había dicho, entre otras cosas, que la empresa Odebrecht no estaba siendo sincera cuando hablaba de los sobornos que había pagado en su país. Y tenía cómo demostrarlo.
Por entonces, la constructora había reconocido solo 33,5 millones de dólares en coimas a funcionarios ecuatorianos durante los años 2007 y 2016 por al menos cinco obras públicas.
La información prometía poner en entredicho lo que la empresa había reconocido a las autoridades judiciales.
Los documentos a los que había tenido acceso el informante eran del interior de la compañía, específicamente del sistema Drousys, el servicio de mensajería interna que usaban los integrantes de la división de sobornos de la compañía brasileña, el Departamento de Operaciones Estructuradas, para coordinar el pago de coimas.
La información contenía correos electrónicos, fechas, nombres en clave de obras y de quienes habían recibido los sobornos. Según nos cuenta Boscán, en un enlace telefónico desde Quito, parecía indicar que la empresa trató de eliminar estos registros cuando inició su acuerdo de colaboración eficaz con Brasil, Suiza y Estados Unidos.
En resumen, eran los sobornos no declaradas oficialmente por la constructora. Y no solo eso. La documentación también trataba sobre otros países de América Latina, como Perú, Venezuela y Argentina.
Boscán entonces le comunicó a su socio y colega Luis Eduardo Vivanco (35), con quien había fundado en el 2017 “La Posta”, el medio digital donde ambos trabajaban, la prometedora historia.
Retomó el contacto con su fuente y recuerda que demoró cerca de medio año convencerla que le entregue lo que tenía. Finalmente lo consiguió: en total,  33 mil archivos almacenados en una memoria externa dejada en el velador de una habitación de hotel en Quito.

La noche anterior, su fuente se había hospedado ahí. “Puso la memoria debajo de una Biblia”, recuerda el periodista ecuatoriano.
Los documentos eran tantos, dijo Boscán, por poner un ejemplo, que no alcanzaban en un USB con una capacidad de 16 GB.
Lo que siguió fue contactar al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). Desde el primer día, sabían que lo filtrado ameritaba una coordinación a otro nivel.
Así que se puso en contacto con uno de los integrantes del ICIJ. En su recuerdo, estaban trabajos anteriores de este consorcio como los “Papeles de Panamá”, en los que trabajaron con una enorme base de datos con decenas de periodistas en más de 70 países.
Una delegación del ICIJ viajó a Ecuador para ver lo que había conseguido el colega ecuatoriano.
Como cuenta el propio ICIJ, luego de ello empezaron un trabajo de cuatro meses en coordinación con más de 50 periodistas en 10 países para analizar los registros de la división de sobornos de Odebrecht.
Boscán recuerda que, si bien en un inicio la información era de 33 mil documentos, luego de un trabajo de depuración hecho por la ICIJ, el saldo fue de 13 mil archivos de Drousys.
La investigación se mantuvo en estricto sigilo hasta ayer, cuando fue revelado a través de los medios miembros del consorcio.
“Odebrecht no fue sincera y lo expuesto revela que entregó de manera selectiva la información a las autoridades”, resume el periodista. Y añade: “Puso por encima de la verdad, sus intereses políticos y económicos”.
Luis Eduardo Vivanco, en tanto, dice que lo expuesto revela que la empresa “eligió cuáles fueron las batallas con las que quería lidiar, dejando a otras en la oscuridad”. “¿Bajo qué criterio lo hizo? Eso solo lo saben los de Odebrecht?”, añadió.
De momento, lo expuesto por “La Posta”, que ya anuncia días con más revelaciones, señala que los sobornos de la constructora brasileña en su país no eran de 33,5 millones de dólares, sino de 51 millones. Y en total, no eran cinco obras, sino siete por las que pagaron sobornos.
Un similar diagnóstico que se repite en los países, como Perú, en que la división de sobornos de Odebrecht registró operaciones.

Lava Jato: pulpines dieron lección a dinosaurios

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Cómo deben de estar jalándose los pelos Gorriti y compañía del IDL, y también los “formadores de opinión” de los medios ayayeros. Un trío de pulpines, mozalbetes o millenials –o como quieran llamarles– les ha quemado la película, aguado la fiesta, metido el dedo en los ojos. Y por supuesto que no son de acá; porque acá todos están en sintonía con la línea de las vacas sagradas, que son sagradas porque les han hecho un púlpito de yeso desde donde pontifican como si fueran dioses de la investigación, del periodismo y de la moralidad pública. Basta ver la foto en que jueces, fiscales y periodistas se tomaron en un reciente evento “anticorrupción”, organizado por una universidad en Arequipa.
Los que acaban de develar las mentiras de Odebrecht y el ocultamiento sistemático de información para favorecer sus intereses son un trío de periodistas de investigación ecuatorianos, el menor de los cuales no llega a los 27 años. Fue este millenial de nombre Andersson Boscán el que ha destapado, con su socio y colega Luis Eduardo Vivanco (35) –ambos fundaron el diario digital La Posta–, las triquiñuelas de Odebrecht avaladas por el acuerdo de colaboración eficaz suscrito por los fiscales y procuradores del Equipo Especial Lava Jato en el Perú.
A diferencia de Gorriti, cuya pauta de “investigación” se basaba en las filtraciones de la fiscalía peruana y la brasileña y, luego –según Fernando Rospigliosi– en la proporcionada por los mismos capitostes corruptos de Odebrecht, la investigación de los ecuatorianos no tiene fines subalternos como son los de una “verdad” a la medida de sus intereses. Porque, vamos, ¡qué les importará a los millenials ecuatorianos la agenda política del IDL y de los medios caviares de meter y mantener presa a Keiko Fujimori, o enlodar a Alan García! ¡Qué les importará no aplaudir como focas a Vela y a Barba o salir de pontífices en el programa de Mávila Huertas y sucedáneos como ese! }
En la prensa de Lima, salvo excepciones, en boca de los periodistas de investigación locales nunca encontrarán lo que dice el millenial ecuatoriano Boscán: “En el sistema Drousys hemos encontrado documentos borrados, comunicaciones borradas. En el caso peruano, el Gasoducto es una de las obras más relevantes, luego de la delación de Jorge Barata. Tengo entendido que se propone volver a declarar. Yo preguntaría a las autoridades peruanas, si es de confianza el testimonio de una persona que ya ha mentido. ¿Pueden fiarse de alguien así?”

El acuerdo bamba con Odebrecht se cae

Por Fernando Rospigliosi- Político.pe
No duró ni una semana. El acuerdo que tanto los fiscales Rafael Vela y José Pérez como el procurador del gobierno suscribieron con Odebrecht –y que una temerosa juez convalidó– fue ostentosamente presentado hace menos de una semana, y se acaba de derrumbar cuando ha quedado manifiestamente demostrado que la empresa mintió –tal como muchos sospechaban– porque sí había pagado coimas por el Gasoducto Sur Peruano (GSP), obra que no fue incluida en ese acuerdo.
Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) ha revelado que hubo sobornos de más de tres millones de dólares por el GSP. Las coimas fueron desembolsadas entre el 19 de setiembre y el 12 de noviembre de 2014, en el gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia según ha revelado el portal Convoca.pe (“Aparecen pagos por US$ 3 millones asociados al Gasoducto del Sur en planillas secretas de Odebrecht”. 26.6.19). Son 17 transferencias y los destinatarios tienen seudónimos. Por ejemplo, ‘Princesa’ y ‘Magali’ recibieron US$900,000 y US$450,000 respectivamente y ‘French’, US$500,000. ¿Quiénes serán? ¿Muy difícil de adivinar?
Era de suponer que en el proyecto más grande realizado en el país –US$7,500 millones– Odebrecht hubiera pagado coimas, sobre todo teniendo en cuenta que fue originalmente diseñado como una inversión privada y que después se transformó en pública con un aumento astronómico de los montos. Y que el mismo día en que se abrieron los sobres de la licitación, al otro postor fue descalificado en una decisión cuestionable, según se dice digitada desde Palacio de Gobierno.
Así, como postor único, Odebrecht se hizo de un negocio monumental.
Varios señalamos ese como uno de los problemas más serios del acuerdo que los fiscales Vela y Pérez, y el gobierno a través del procurador, finalmente sacaron adelante. Solo se consideraban 4 obras y se excluían otras, como el GSP. Los sicarios mediáticos del vizcarrismo, estrechamente asociados a los fiscales y también a Odebrecht, atacaron e insultaron a todo aquel que cuestionara el acuerdo.
Para tal efecto usaron información proporcionada por Odebrecht, correos electrónicos y documentos que solo esa empresa tenía. Manuel Romero Caro, uno de los críticos más persistentes del acuerdo, fue uno de los blancos de esa campaña. Según los defensores del acuerdo, había que suscribirlo porque ahora Odebrecht había cambiado, ya no mentía y ayudaba completamente a la justicia para identificar a los sinvergüenzas.
Por ejemplo, Gustavo Gorriti sostuvo que es “una compañía que se encuentra ahora en profundo proceso de reforma y que hoy colabora plenamente en la tarea de identificar la corrupción y los corruptos” (IDL-R, “Hipócritas y bribones”, 23.1.19). Todo eso para justificar el acuerdo que, según Romero Caro y otros, era perjudicial para el Perú en varios aspectos.
Específicamente, Odebrecht reclama US$2000 millones por lo que avanzó en la construcción del Gasoducto. Es decir, diez veces más de lo que pagará de reparación civil en 15 años, según el acuerdo aceptado por Vela, Pérez y el Gobierno, y defendido con entusiasmo y ardor por sus sicarios mediáticos. El gobierno de Martín Vizcarra, que insiste en continuar el GSP –a pesar de que hay otras alternativas mejores y más baratas– parecía estar enrumbado a transar también en este tema con la empresa.
Ahora, con las nuevas revelaciones que han llegado de fuera (como casi todo lo importante que se conoce), el castillo de naipes puede derrumbarse.
¿Qué harán los fiscales que no dieron cuenta del elefante que se paseaba en sus narices? ¿Se puede confiar en ellos realmente? ¿Serán diligentes para averiguar quiénes son ‘Princesa’ ‘Magali’, ‘French’ y otros? ¿O seguirá la política de encubrir a algunos distrayendo la atención con vocingleras acusaciones sobre otros?
El miércoles 19 los fiscales y el procurador presentaron con bombos y platillos el acuerdo: “La aprobación del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht por parte del Poder Judicial marca un hito en el sistema de jurisprudencia de casos de gran criminalidad, como Lava Jato. Así lo expresó el fiscal coordinador del equipo especial, Rafael Vela” (“Acuerdo del equipo especial con Odebrecht no podrá ser impugnado”, El Comercio, 20.6.19).
Sin duda es un hito: un monumento a la falsedad, la mentira y el encubrimiento.

¡El acuerdo con Odebrecht se derrumba!

Por VÍCTOR ANDRÉS PONCE- ElMontonero.pe
Gracias a las investigaciones del periodista ecuatoriano Andersson Boscán y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) el Perú pudo conocer que el acuerdo que desarrollaron los fiscales Lava Jato -bajo el auspicio ideológico de IDL-Reporteros- con la empresa Odebrecht fue lesivo a los intereses nacionales, y sus sombríos objetivos terminarán convirtiéndose en una nueva “página 11”. El acuerdo con Odebrecht comprendió cuatro proyectos, sobre un total de más de 40, pero ignoró el proyecto madre: el Gasoducto del Sur, que de US$1,000 millones llegó a costar US$7,000 millones.
La noticia que convierte en escándalo el acuerdo con Odebrecht: se entregaron coimas por más de US$3 millones durante el Gobierno de Humala. Y el hecho que agrava el escándalo: la concesión del gasoducto tenía una cláusula anticorrupción que establece que, en caso de delitos, Odebrecht no tiene derecho a reclamo alguno. Hoy la empresa brasileña reclama US$2,000 millones como indemnización; es decir, 20 veces más que la “generosa” reparación civil que debe pagar en 15 años, gracias a las gestiones de los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez. Si a esto le agregamos que gracias a la investigación de los colegas extranjeros hoy sabemos que también hubo coimas en 14 proyectos más, el asunto se ha complicado en extremo para los fiscales Lava Jato. Aquí no solo debe haber renuncias, sino también investigaciones largas y resultados concretos.
Sin embargo, la pregunta que emerge es la siguiente: ¿por qué extraña razón las ONG marxistas -encabezadas por IDL e IDL Reporteros- y los medios de comunicación tradicionales respaldaron el cuestionado acuerdo de los fiscales Lava Jato con Odebrecht? Hoy las cosas son extremadamente claras: el objetivo era conseguir un acuerdo que posibilitara la judicialización de la oposición, sobre todo de Keiko Fujimori y Alan García. Cuando se supo de las coimas de Luis Nava y Miguel Atala las cosas se dispararon. Pero el suicidio del ex presidente García y los movimientos bancarios de Atala demostraron que el ex líder aprista no estaba implicado en nada. Hasta hoy los fiscales Lava Jato no explican por qué se quiso detener a García horas antes de su muerte, ni IDL-Reporteros presenta una investigación mínima.
Si el objetivo del acuerdo de los fiscales politizados con Odebrecht era la judicialización de la oposición política, entonces, hoy se entiende la generosidad del Ministerio Público para con la empresa brasileña. Las cosas son tan graves que el ex jefe de los fiscales Lava Jato, Hamilton Castro, ha señalado que no se justifica el acuerdo con Odebrecht solo alrededor de cuatro proyectos; y enseguida sostuvo que el fiscal Pérez solicita prisiones preventivas sin justificación procesal. En cualquier caso, una síntesis exacta de la situación.
El hecho de que el acuerdo con Odebrecht comienza a naufragar no solo pondrá en el ojo de la tormenta a los fiscales Lava Jato y a las ONG como IDL-Reporteros, también herirá de gravedad a todos los actores que protagonizaron este proceso, incluido el propio presidente Vizcarra. Vale anotar que el mencionado acuerdo desencadenó la guerra final por el control del Ministerio Público, que terminó con la renuncia de Pedro Chávarry a la Fiscalía de la Nación.
En síntesis, el tiempo nublado para la República se agrava. Como los animales heridos, los actores que han escrito esta nueva “página 11” saben que deben seguir saltando hacia adelante, seguir inventando casos contra los congresistas y el Legislativo. Pero todo tiene un calendario, y el final de este envilecimiento institucional llegará de todas maneras.

El abogado Pedro Patrón Bedoya, único postulante en haber superado todo el proceso de selección para integrar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), renunció de manera irrevocable a formar parte de este organismo luego de que se suspendiera su juramentación en el cargo.
“[…] He actuado de manera transparente en este procedimiento y, por ello, no merezco que se ponga en duda mi honorabilidad y buen nombre. […] En defensa de mi honor y buen nombre y el de mi familia, renuncio irrevocablemente a la postulación que superé y cuyo procedimiento, lamento profundamente, que haya fracasado”, sostuvo en un oficio dirigido a la Comisión Especial de la JNJ.
Como se recuerda, Pedro Patrón Bedoya aseguró que dicho grupo de trabajo ya conocía del “fenecido proceso penal” en su contra y detalló que brindó sus descargos ante la misma por ello el 18 de junio.
La ceremonia de nombramiento y juramentación de Patrón Bedoya como miembro titular de la JNJ fue suspendida a pesar de que había sido confirmada.
Esto luego de conocerse que el abogado tiene un proceso judicial por presunta falsedad ideológica en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por haber cobrado de manera irregular sus pensiones como jubilado, tanto de esta entidad como de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Fuente: Diario El Comercio.

EXFISCAL CUBAS VILLANUEVA TAMBIÉN DENUNCIA MALTRATO EN CONCURSO DE JUNTA DE JUSTICIA

Solicita documentos y videos de sus evaluaciones para saber por qué quedó descalificado en entrevista personal, sindicando además que fue tratado con prepotencia por titular del Poder Judicial durante evaluación.

Víctor Cubas Villanueva, exfiscal y excandidato a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), solicitó que se le entregue copia certificada del acta que contiene los votos y la motivación que expresó cada uno de los miembros de la Comisión Especial respecto a la entrevista personal, así como los videos de esa etapa de la evaluación.
“He pedido que me entreguen copia del video correspondiente a la entrevista, porque considero que en mi caso se ha actuado con arbitrariedad… Ha habido, además, vulneración del debido procedimiento y, además, se está vulnerando mi derecho de acceso al ejercicio de la función pública”, explicó en entrevista con Ideeleradio.
El exmagistrado, quien también fue asesor de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, señaló que titular de la Corte Suprema, José Luis Lecaros, fue quien mostró una actitud prepotente hacia su persona durante la entrevista personal que llevó a cabo la Comisión Especial.
El exmagistrado señaló que esperará los resultados de su pedido para evaluar qué medidas legales adoptará. Cuestionó que no se haya publicado el cuadro de méritos tras la realización de la entrevista personal.
“¿Dónde está el cuadro de méritos que tenían que haber publicado, porque ahí tenía que aparecer cuál es la nota que me han asignado? Como se ha señalado públicamente, yo estoy entrando a la entrevista personal con 140 puntos, David Dumet estaba entrando con 127 puntos, y Pedro Patrón con 117 puntos. ¿Qué nota me han puesto para sacarme del concurso?”, subrayó.
Fuente: www.manifiestoperu.com

En julio de 2014, el entonces ministro Eleodoro Mayorga y el brasileño Rodney Carvalho posan junto al presidente Ollanta Humala luego de firmar el contrato de concesión del Gasoducto de Sur. Foto: Difusión.

CASO ODEBRECHT: ‘DIVISIÓN DE SOBORNOS’ REGISTRA PAGOS DE US$ 8.8 MILLONES POR 12 OBRAS EN PERÚ

Se abre una nueva etapa de revelaciones del caso Odebrecht en Perú y América Latina. Convoca.pe en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), pone al descubierto decenas de pagos ilícitos del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora Odebrecht hasta hoy desconocidos en el país con la nueva serie investigativa ‘División de Sobornos’. Las transferencias de dinero están vinculadas a cinco obras por las que la empresa brasileña nunca confesó que pagó sobornos y que fueron ejecutadas durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Entre miles de registros del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, archivados y escondidos en el sistema informático Drousys, Convoca.pe identificó 53 transferencias de dinero por cerca de 9 millones de dólares vinculadas a 12 obras en el Perú y más de un millón 600 mil dólares para directivos de Odebrecht entre marzo y diciembre de 2014, montos que representan nuevas líneas de investigación en el caso peruano, en el que se han registrado alrededor de 50 millones de dólares en sobornos y aportes de campañas políticas hasta el momento.
Una parte importante de estos pagos secretos se conocen por primera vez en esta serie investigativa ‘División de Sobornos’, en la que participa Convoca.pe junto a otros 18 medios aliados bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
En los pagos registrados en el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht figuran ‘codinomes’ relacionados a obras en las que la empresa no confesó haber realizado sobornos.
Los envíos corresponden a los últimos meses de las operaciones de este departamento de pagos ilícitos de Odebrecht debido a que la operación Lava Jato había comenzado con todo su vigor ese año hasta terminar de acorralar a la compañía con la detención de Marcelo Odebrecht en junio de 2015. De modo que, los montos que revelamos en esta investigación contribuyen de manera importante a echar luces sobre un periodo con decenas de transferencias desconocidas para el Ministerio Público y sobre las que Odebrecht aún no ha confesado.
Hasta el momento, Odebrecht había admitido que pagó sobornos por los tramos 2 y 3 de Interoceánica Sur, la Línea 1 del Metro de Lima, Costa Verde Callao, Vía Evitamiento del Cusco y la carretera Carhuaz- Chacas-San Luis (Áncash). Sin embargo, en esta serie investigativa revelamos transferencias de dinero del Departamento de Operaciones Estructuradas por otras cinco obras por cerca de 4 millones de dólares entre marzo y noviembre de 2014.
Entre ellas destaca el caso del Gasoducto Sur Peruano que se adjudicó en el gobierno de Ollanta Humala por más de 7 mil millones de dólares y que aparece en las planillas de la ‘Caja 2’ asociado a 17 transferencias de dinero en 2014 por más de 3 millones de dólares y vinculados a diez ‘codinomes’ o seudónimos que fueron usados por Odebrecht como intermediarios o que representan a los beneficiarios finales de estos pagos ilícitos de Odebrecht.
En las planillas, también aparece el proyecto gasífero Kuntur, que fue licitado en la gestión de Alan García, con dos transferencias que suman un poco más de 189 mil dólares y el proyecto de irrigación más importante de la costa norte del Perú, Chavimochic, con dos envíos de dinero que bordean el medio millón de dólares.
A estas tres obras, se suman las transferencias de la ‘Caja 2’ asociadas al proyecto de irrigación Olmos, que estuvo a cargo de la concesionaria H2O Olmos, liderado por Odebrecht y de la obra Corredor Vial Hualapampa-Vado Grande, en Piura, que fue ejecutada por la constructora brasileña en conjunto con Obrainsa, empresa peruana investigada por el caso ‘Club de la Construcción’, conformada por compañías que se repartían la adjudicación de licitaciones de obras convocadas por Provías Nacional, que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Los pagos se hicieron a través de un entramado de sociedades offshore creadas por operadores financieros de la constructora brasileña, entre las que figuran Klienfield Services, Velocity Construction and Engineering LLP y Select Engineering Consulting and Services. En un tercer nivel de la ruta del dinero, aparece Construmaq del prófugo Gonzalo Monteverde, señalada por el exoperador financiero de la ‘Caja 2’, Luiz Eduardo da Rocha Soares, como una compañía que fue usada para pagos de sobornos con montos en efectivo y transferencias de dinero.
Convoca.pe detectó que de las 53 transferencias de dinero realizadas entre marzo y diciembre de 2014 por la ‘Caja 2’ y que aparecen vinculadas a proyectos y directores de Odebrecht en Perú, 25 se realizaron usando a Construmaq. Es decir, el 47 por ciento de los envíos de dinero. Si el análisis se hace por montos de dinero, los pagos asociados a Construmaq ascienden al 31 por ciento de los más de 10 millones de dólares en transferencias que salieron del Departamento de Operaciones Estructuradas.
En las planillas también aparece una transferencia de medio millón de dólares para Jorge Barata, quien fue superintendente de Odebrecht en Perú hasta 2012 y para su sucesor en el cargo Ricardo Boleira, quien asumió estas funciones a fines de ese año y que aparece en los registros con transacciones financieras que superan el millón de dólares.
Precisamente, la mayor cantidad de dinero enviada, a través de la empresa Construmaq de Monteverde, fue transferida al entonces superintendente de Odebrecht en el Perú, Ricardo Boleira, por cerca de 1 millón de dólares.
A lo largo de la investigación del caso Lava Jato se ha identificado que los pagos a los diversos directores de la compañía en sus diversas sedes a través de la ‘Caja 2’, se realizaban como “bonos de éxito” por las adjudicaciones de las obras y en otros casos para pagos de sobornos a terceros como parte de la ‘caja chica’ de las operaciones.
Los pagos están asociados a 32 ‘codinomes’, de los cuales la mitad corresponden a las operaciones financieras encubiertas que tienen vínculos con obras por las que Odebrecht no admitió pagos de sobornos. La mayoría son seudónimos de intermediarios y beneficiarios finales que la compañía deberá identificar como parte del acuerdo de colaboración que suscribió Odebrecht con la Fiscalía peruana.
El acuerdo señala que de identificarse “la existencia de nuevos hechos de connotación penal, y que no hayan sido aceptadas por la empresa dentro de un marco de colaboración penal, y que no hayan sido aceptadas por la empresa” deberá poner de inmediato de conocimiento al Poder Judicial.
El rastro en el norte
En Drousys el canal de comunicación intranet usado por Odebrecht para coordinar los requerimientos de sobornos y entregarlos a intermediarios para hacer llegar esos recursos a los destinatarios finales, figuran dos pagos por casi medio millón de dólares, y dos codinomes relacionados a Chavimochic, una concesión que ganó la empresa brasileña en diciembre de 2013, ahora bajo sospecha por parte de las autoridades   anticorrupción.
Los transferencias efectuadas en marzo y junio de 2014 coinciden en el periodo de tiempo durante en el cual el consorcio Río Santa- Chavimochic, conformado por Odebrecht y la peruana Graña y Montero, obtuviera la buena pro para la ejecución de la tercera etapa del proyecto que contemplaba ampliar  el sistema de irrigación y construir la presa Palo Redondo que reverdecería más de 100 mil hectáreas de la región de La Libertad, con una inversión compartida entre el Estado y la empresa estimada en 715 millones de dólares.
El tren capital
Otros pagos relacionados a presuntos sobornos por el Metro de Lima figuran en Drousys, los cuales no eran conocidos por las autoridades peruanas hasta la fecha. El  beneficiario sería un nuevo funcionario público de alto nivel comprometido en las tomas de decisiones en torno a esa obra central del gobierno de Alan García.
Estos pagos que suman en total 552 mil 631 dólares se realizaron en marzo, abril y junio de 2014, y aparecen registrados en la misma planilla donde figuran los depósitos a los recluidos exfuncionarios Edwin Luyo y Jorge Cuba, que ya fueron confesadas por Odebrecht y que son de conocimiento del Equipo Especial del Ministerio Público.
Otros pagos desconocidos
La planilla paralela que consta en el servidor de Drousys contiene registros de transferencias de dinero vinculadas a cinco obras que fueron concesionadas o adjudicadas a Odebrecht por funcionarios de los gobiernos regionales del Cusco, Callao y Áncash, así como por la Municipalidad de Lima y el gobierno central.
La mayoría de estos pagos se canalizaron  a través de Construmaq SAC, empresa del peruano Gonzalo Monteverde Busalleu, responsable de mover y repartir los recursos ilícitos que salían de la ‘Caja 2’ de la trasnacional de la construcción.
Estos nuevos montos se relacionan por ejemplo, a la Carretera Interoceánica Sur una de las obras más investigadas por la fiscalía peruana desde diciembre del 2016, cuando la constructora reconociera ante las autoridades estadounidenses el pago de sobornos en varios países.
Pistas en Piura
Convoca.pe halló un ‘codinome’ (apelativo) asociado a un proyecto en el que Odebrecht participó como consorciada: el Corredor Vial Hualapampa – Vado Grande, en Piura. Esta obra le fue otorgada al Consorcio Gestiones Viales del Norte, conformado por Odebrecht Perú Operaciones y Servicios S.A.C, Obras de Ingeniería S.A (Obrainsa) y SVC / Ingeniería y Construcción.
Con un costo inicial de 241 millones 744 mil 267 soles y un adicional de 30,8 millones de soles este proyecto es uno de los más costosos a nivel de regiones en los que la constructora brasileña tuvo participación. El ‘codinome’ en cuestión es ‘Flaco’ y aparece junto a las palabras ‘Vado Grande’, ligado al monto de 26 mil 135 dólares que habrían sido autorizados el 10 de marzo de 2014 –cuando la obra estaba en ejecución– y recibidos dos días después, el 12 de marzo del mismo año.
Nombre clave
En la plataforma informática Drousys, usado por Odebrecht para ordenar la contabilidad de las coimas, aparece por primera vez el nombre del consorcio H2Olmos S.A., constituido por la constructora brasileña el 16 de octubre de 2009 para la adjudicación de las obras componente de irrigación del proyecto Olmos.
Son pagos destinados a un personaje con el código ‘Charlie’ por esa obra. Según figuran en las planillas, el primer pago fue de 73 mil 628 dólares, el cual Odebrecht aprobó el 12 de marzo de 2014 y que se pagó el mismo día; y la segunda transferencia, de 52 mil 631 dólares, se efectuó el 11 de abril del mismo año, también autorizado y abonado el mismo día.
Estos pagos se otorgaron durante la gestión de Humberto Acuña –integrante del partido Alianza Para el Progreso, fundado por su hermano, el político y empresario César Acuña– como gobernador regional de Lambayeque, y Francisco Gayoso como Gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones. Estos funcionarios autorizaron las operaciones del Proyecto Olmos durante el 2014, como la suscripción de la cuarta y quinta adenda de la concesión del proyecto de irrigación a H2Olmos, y el certificado de puesta en marcha del proyecto.
Fuente: Convoca.pe
En los registros de la División de Sobornos de Odebrecht aparecen 17 transferencias vinculadas al Gasoducto del Sur. Foto: El Comercio.

Se caería arbitraje de Enagás en el CIADI por pagos de Caja 2 de Odebrecht en Gasoducto Sur Peruano

Ya no tendría sentido pagar US$50 millones al año por administrar bienes del gasoducto, señala César Gutiérrez.
Un reportaje de la página web Convoca reveló que desde la Caja 2 de Odebrecht se hicieron 17 transferencias de dinero que suman US$ 3 millones, entre septiembre y noviembre del 2014, en la planilla del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), cuyo contrato de concesión fue rescindido por el Estado en enero del 2017 al no completarse su cierre financiero. Este contrato cuenta con una cláusula anticorrupción, la cual no se ha ejecutado porque la empresa brasileña no ha admitido ningún acto de corrupción relacionado a este proyecto.
La empresa española Enagás demandó al Estado peruano ante el Tribunal de Arbitraje del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) por los US$ 511 millones que invirtió en el GSP (24/07/18). En este proyecto, Enagás tenía el 25% del proyecto, que Odebrecht y Graña y Montero tenían el 55% y el 20%, respectivamente.
Los socios de Enagás estaban a la expectativa de como saldría el proceso en el CIADI para también demandar al Estado peruano en diferentes instancias (Odebrecht y Graña y Montero no pueden recurrir al CIADI pero sí a otros tribunales en el extranjero y también locales). El monto total que tendría que pagar el Estado peruano por rescindir el contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) ascendería a US$ 2,044 millones, pero sí se comprueban actos de corrupción ya no pagaría nada.
“El Estado debería apelar a la cláusula anticorrupción y comunicársela al Tribunal del CIADI para ganarle el caso a Enagás”, señaló el especialista en hidrocarburos César Gutiérrez Peña.
Pero la demanda del CIADI no es el único gasto que afronta el Estado por el GSP.
En el 2017, el Organismo Supervisor de las Inversión en Minería y Energía (Osinergmin) seleccionó a la empresa Estudios Técnicos SA–ETSA (subsidiaria colombiana de SGS) para que administre los bienes del GSP, principalmente los ductos de gas que están tendidos en Cusco.
“El contrato inicial fue por US$ 47 millones en el lapso de un año. Luego, en el Gobierno de Vizcarra se renovó por un año más mediante un decreto supremo. Para este año se ha presupuestado US$ 50 millones para administrar los bienes del gasoducto, pero ya no tendría sentido pagar si se comprueba actos de corrupción”, manifestó César Gutiérrez.
Fuente: www.gatoencerrado.net

APARECEN PAGOS POR US$ 3 MILLONES ASOCIADOS AL GASODUCTO DEL SUR EN PLANILLAS SECRETAS DE ODEBRECHT

Por Óscar Libón y Milagros Salazar- Convoca.pe
En los archivos de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña, ocultos bajo el sistema Drousys, se registran 17 pagos relacionados a la millonaria concesión adjudicada a un único postor durante el gobierno de Ollanta Humala. Además, surge el nombre del actual vicepresidente regional del Callao, Constantino Galarza, vinculado a una de las empresas panameñas que recibió sumas de dinero por el mismo proyecto. Conoce la historia completa en el siguiente reportaje de Convoca.pe, publicado como parte de la serie investigativa ‘División de Sobornos’, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
La constructora Odebrecht hasta el momento no reconoce actos de corrupción respecto al Gasoducto del Sur, concesión adjudicada por más de 7 mil millones de dólares a la empresa brasileña como postora única en junio de 2014 –durante el gobierno de Ollanta Humala–, licitación que originó dos investigaciones en el Ministerio Público por los delitos de colusión y negociación incompatible a funcionarios de Proinversión, ejecutivos de la compañía, abogados e incluso a la exprimera dama Nadine Heredia.
Esa negativa oficial fue ratificada la semana pasada en la resolución judicial que aprobó el Acuerdo de beneficios y colaboración eficaz suscrito con Odebrecht, documento en el que se consigna que esta empresa admite haber pagado coimas en solo cuatro obras realizadas en Perú: Interoceánica Sur, Metro de Lima, Costa Verde–Callao y Vía de Evitamiento–Cusco.
Sin embargo, en los archivos de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña, alojados en la plataforma secreta de comunicaciones Drousys –información compartida por ICIJ y analizada por Convoca.pe– aparecen pagos referidos a “Gasoduto Sul Peruano” (denominación de la obra en portugués), cuyos destinatarios finales están ocultos bajo seudónimos (‘codinomes’).
Se trata de 17 transferencias de dinero asociadas al Gasoducto del Sur, que suman 3 millones 70 mil dólares, realizadas entre el viernes 19 de setiembre y miércoles 12 de noviembre de 2014, es decir poco más de tres meses luego del otorgamiento de la buena pro de la referida concesión a Odebrecht, proceso que empezó a despertar sospechas tras la descalificación de su consorcio competidor a última hora.
En los archivos de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht se registraron pagos sobre el “Gasoducto Sul Peruano”.
Aquel monto de dinero es similar a la cantidad que los ex altos directivos la firma brasileña, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, sostienen –en sus declaraciones ante fiscales peruanos– haber entregado para la campaña electoral de Ollanta Humala, cuando este era candidato presidencial para los comicios de 2011.
Cabe anotar que también en 2014, específicamente el jueves 31 de julio, se registró un envío desconocido de 500 mil dólares a nombre del brasileño Jorge Barata, ex superintendente de la constructora en Perú, bajo las denominaciones “Solicitudes JB” y “Transacciones JB”, de acuerdo con la documentación revisada por este medio digital.
Una semana antes, el miércoles 23 de julio de 2014, en Palacio de Gobierno se había suscrito el contrato de la concesión del Gasoducto del Sur por 34 años con el consorcio liderado por Odebrecht. La ceremonia estuvo presidida por el entonces mandatario Humala y contó con la participación del ministro Eleodoro Mayorga, así como de Rodney Carvalho, en representación de la empresa. 
Código fantasma
Los pagos relacionados al Gasoducto del Sur, registrados en el sistema Drousys del “Departamento de sobornos” de Odebrecht, siguen el mismo esquema utilizado por la compañía para esconder pagos ilícitos, el cual fue detectado durante las pesquisas del megacaso Lava Jato originado en Brasil. Es decir, ocultar el rastro del dinero bajo sociedades offshore o compañías de fachada, así como con ‘codinomes’.
En referencia a esta obra, figuran diez personas identificadas solo con sobrenombres como destinatarios de los abonos clandestinos de dinero. Las sumas enviadas oscilan de 20 mil dólares a 700 mil dólares.
Según los archivos de la plataforma secreta de Odebrecht, los beneficiarios vinculados a los seudónimos ‘Princesa’ (dos pagos por un total de 900 mil dólares), ‘French’ (500 mil dólares), ‘Magali’ (cuatro abonos por un total de 450 mil dólares) y ‘Gaza’ (tres pagos por un total de 430 mil dólares) son los que recibieron los mayores montos.
También aparecen transferencias para ‘Disco’ (400 mil dólares), ‘Novatos’ (200 mil dólares), ‘Sorte’ (50 mil dólares), ‘Martelo’ (50 mil dólares), ‘Japa’ (50 mil dólares) y ‘Magneto’ (dos abonos por un total de 40 mil dólares).
De otro lado, ‘Novatos’ además aparece como beneficiario de otros 10 pagos (2 millones 100 mil dólares en total) vinculados a un proyecto en Argentina que en la planilla se consignó como ‘Dutos argentinos’.
Red de empresas
Son siete las compañías intermediarias que figuran como “beneficiarios”, utilizadas para canalizar los más de 3 millones de dólares asociadas al Gasoducto del Sur.
A través de Noyaga Inc., al parecer creada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, se transfirieron 900 mil dólares para ‘Princesa’.
En tanto que mediante PEL Project Engineering & Logistics se pagó 530 mil dólares en total destinados a ‘Magali’, ‘Sorte’, ‘Magneto’, ‘Martelo’, ‘Gaza’ y ‘Japa’. Esta empresa figura en la base de datos de registros públicos de Hong Kong y Belice. Bajo la denominación de esta compañía, la ‘División de coimas’ consignó abonos de Odebrecht relacionados a otras obras en Perú, como Interoceánica Sur, Costa Verde – Callao y Rutas de Lima.
En el caso de Chirag Grand Power Corp. (500 mil dólares) y Manning Investment Company (300 mil dólares) fueron constituidas en Panamá entre julio y agosto de 2014, pocos meses antes de que la constructora brasileña ordenara las transferencias de dinero, efectuadas en octubre y noviembre de ese año, a ‘French’ y ‘Magali’.
El caso CGZ
Entre los 17 pagos de las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht vinculados al Gasoducto del Sur, existen dos montos que apuntan a la empresa de una autoridad en funciones: CGZ Ingeniería Corp. que tiene como presidente y director al vicepresidente regional del Callao, Constantino Galarza Zaldívar. Un funcionario público que recientemente cobró notoriedad en la prensa por sus enfrentamientos con su jefe inmediato: el presidente regional Dante Kiko Mandriotti.
La pelea entre ambos políticos que llegaron al poder por la agrupación ‘Por ti Callao’ tiene escenas propias de sicarios. En un audio difundido por el programa televisivo ‘Panorama’ el último 10 de marzo, se le escucha a Galarza planear el asesinato de Mandriotti. “Ahora tendríamos que tener a un profesional de cargo alto de México o de Colombia, para que vaya a su casa o a su despacho entre y po, po, po mierda…”. En su defensa, Galarza señaló en un enlace telefónico con ‘Panorama’ que solo empezó a “alucinar una serie de cosas” porque estaba molesto con su rival político.
Pero lo que sí parece estar lejos de la alucinación son los pagos de la división de sobornos de Odebrecht en los que figura la empresa CGZ Ingeniería Corp. que creó Galarza en setiembre de 2014, en Panamá, pocas semanas antes de que la constructora brasileña transfiriera a dicha compañía dos montos de dinero que suman 240 mil dólares: 200 mil dólares el 8 de octubre y otros 40 mil dólares un mes más tarde, el 12 de noviembre.
Según el Registro Público de Panamá, el vicepresidente regional del Callao, Constantino Galarza, figura como director y presidente de CGZ Ingeniería Corp. Foto: Edwin Montesinos/Convoca
Los envíos de dinero se hicieron a través de la empresa Velocity Construction and Engineering LLP, que fue creada en Reino Unido en febrero de 2014 por el operador financiero de Odebrecht Olívio Rodrigues Júnior.
Los pagos aparecen vinculados al ‘codinome’ (seudónimo) ‘Gaza’, que hasta el momento no ha sido identificado por los fiscales peruanos que investigan los hechos irregulares del proyecto Gasoducto del Sur, adjudicado al consorcio liderado por Odebrecht, durante el gobierno de Ollanta Humala.
En forma paralela a estas transferencias se registran viajes de Galarza Zaldívar a Panamá, según registros migratorios a los que accedió Convoca.pe. El 1 de setiembre de 2014 aparece un ingreso al país centroamericano. Al día siguiente, con fecha 2 de setiembre, se suscribe la escritura pública de la compañía que ofrece servicios de ingeniería, inteligencia empresarial, y relaciones legales, financieras e institucionales. Un día después, Galarza retorna al Perú.
Este mismo año, el vicepresidente regional del Callao (elegido en el cargo el año pasado) vuelve a Panamá pero esta vez el 5 de noviembre, siete días antes de la segunda transferencia de Odebrecht. Tres días después, Galarza regresa a Lima.
El registro migratorio de Galarza registra ingresos a Panamá en setiembre y noviembre de 2014. Siete días después de su última visita a Panamá en ese año, Odebrecht realiza la segunda transferencia. Fuente: Migraciones.
En los registros del Departamento de Operaciones Estructuradas también aparece otra transferencia asociada al condinome ‘Gaza’ con fecha 8 de octubre de 2014 y por un monto de 190 mil dólares a través de la empresa PEL-Project Engineering & Logistics Corp. Ltd.
En una primera conversación telefónica con IDL-Reporteros, el viernes 21 de junio, Galarza negó haber tenido negocios vinculados con Odebrecht o el Gasoducto del Sur. Luego, en una amplia entrevista presencial hoy 24 de junio con periodistas de Convoca.pe e IDL-Reporteros, cambió su versión.
Galarza dijo que conoció a Rodney Carvalho, entonces gerente general del Gasoducto Sur Peruano y directivo de Odebrecht, a fines de 2014 en una reunión del Club Empresarial, en San Isidro. Después, aseguró, que un amigo panameño, José Branca Porras, quien fue secretario general del Ministerio de Gobierno de Panamá en 2013, le informó que Carvalho quería reunirse con él para conversar de negocios. El encuentro se concretó a inicios de 2015, según Galarza, en el hotel Los Delfinos en Lima, y fue ahí en donde acordaron que brindaría una asesoría financiera a través de su empresa panameña CGZ Ingeniería Corp para un ducto de transporte de gas licuado que se iba a construir en paralelo al Gasoducto del Sur.
Pero había un detalle importante, según Galarza. Él sería contratado por una constructora de la India, ECI Engineering & Construction Company Ltd, que estaba trabajando en el proyecto de gasoducto líquido para Odebrecht y fue esa misma empresa, según refiere, la que hizo dos transferencias por la suma de 380 mil dólares en una cuenta que tenía su empresa CGZ Ingeniería Corp en Capital Bank de Panamá.
Constantino Galarza estuvo vinculado a la constructora brasileña Camargo Correa de la cual fue gerente de recursos humanos y apoderado con el poder de celebrar “toda clase de contratos”. Fuente: Sunarp.
El vicepresidente regional del Callao aseguró que inicialmente le propusieron un pago de 620 mil dólares pero que no se concretó porque no lograron cumplir con los planes comerciales del proyecto. Para corroborar su versión, le solicitamos los documentos bancarios de las transferencias de dinero, pero horas más tarde de la entrevista señaló que no pudo acceder a esa información debido a que la cuenta fue cerrada por falta de movimientos financieros en 2017 porque no se generó ninguna nueva operación luego de las transferencias de dinero por la consultoría “indirecta” para Odebrecht.
Pero no es la primera vez que aparece una vinculación de Galarza con una de las empresas investigadas en Lava Jato. Entre julio de 2012 y marzo de 2014 fue gerente de recursos humanos y de asuntos corporativos de la constructora Camargo Correa, según él mismo refiere en LinkedIn. Además, Galarza fue apoderado de la compañía en 2013. Según refirió tuvo esas funciones en su condición de gerente para firmar solamente contratos laborales, sin embargo Convoca.pe verificó en registros público que en su condición de apoderado del “Grupo B” podía celebrar “toda clase de contratos (…) especialmente los contratos de obras o de concesiones, resultantes de procesos de licitación pública y/o privada, sus aditivos, adicionales, deductivos y/o adendas”.  Ese poder se le renovó en 2014, año en el que aparecen las transferencias de la división de sobornos de Odebrecht.
Durante la entrevista, Galarza también dio una nueva versión sobre el audio en el cual habló del asesinato de Mandriotti. “Han imitado mi voz”, dijo. Y luego recalcó: “Yo nunca he pronunciado esas palabras”.
Conexión con Argentina
Pero el caso Gasoducto del Sur no solo apunta a personajes peruanos. Entre los pagos vinculados al megaproyecto que fueron registrados en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, figura una transferencia de 200 mil dólares para la empresa Fortune Active LLC, de propiedad del argentino Daniel Díaz, quien fue director de Desarrollo de Negocios en la sede de la constructora brasileña en Buenos Aires.
La fecha de la transferencia es del 12 de noviembre de 2014 cuando aún Díaz trabajaba para Odebrecht y aparece vinculada a un nuevo ‘codinome’: ‘Novatos’.
Convoca.pe se comunicó telefónicamente con Daniel Díaz para conocer por qué aparece en las planillas vinculado a una obra en Perú. Díaz aseguró que el pago correspondía a un “bono” por un servicio de asesoría que brindó a la constructora por el megaproyecto debido a que es un especialista en mercado regulado de gas. Aseguró que se encargó de “ver todos los números que había de parte de la construcción y en función de los costos, analizar regulatoriamente cómo se iba a calcular y cómo se iba a hacer el pago, las tarifas”.
Díaz señaló que tuvo una posición crítica sobre el megaproyecto millonario del gasoducto peruano debido a que los costos se elevaron a un nivel “tan alto que iba a ser difícil” concretar la obra. ¿Con quién coordinó en Perú estos servicios?, preguntamos. “Con nadie (…). Yo manejaba el tema con la gente de Argentina (…) desde ahí se manejaban todos los proyectos de tipo industrial”.
El exdirectivo de Odebrecht aseguró que todas las coordinaciones se hicieron con Flavio Bento de Faria, máximo representante de Odebrecht, y que nunca visitó nuestro país. Todo fue una asesoría de “papeles”, agregó. Este medio digital confirmó en registros migratorios que, en efecto, Díaz no visitó Lima.
Pero cuando le preguntamos si podíamos tener acceso al documento que elaboró sobre el proyecto del gasoducto peruano, respondió que no contaba con esa información porque era documentación interna de la compañía. Tampoco con los comprobantes de los depósitos de Odebrecht por estos servicios.
Pago adicional
Los pagos vinculados al Gasoducto del Sur de las planillas de la contabilidad paralela de la constructora brasileña, se remontan a los primeros meses de 2014 cuando el proyecto estaba en manos del consorcio Kuntur, que también estuvo liderado por Odebrecht. Son 189 mil 474 dólares que figuran asociados a Kuntur: el primer desembolso tiene fecha 15 de abril de 2014 por 84 mil 211 dólares y el segundo poco tiempo después, el 24 de mayo. Ambos montos aparecen asociados a un nuevo ‘condinome’: ‘Vermelho’, palabra en portugués que significa rojo, y corresponden a los últimos meses en que el proyecto millonario estuvo en manos de Kuntur.
Ambas transferencias se hicieron a través de la offshore Select Engineering Consulting and Services, fundada en 2008 en las Islas Vírgenes Británicas por Olivio Rodrígues Júnior, operador financiero de la ‘Caja 2’ de Odebrecht. De esta empresa de papel, el dinero pasó a Construmaq S.A.C, la empresa del prófugo Gonzalo Monteverde.
En febrero último, el operador financiero de la compañía brasileña Luiz Eduardo da Rocha Soares narró en Curitiba ante los fiscales peruanos cómo se usaron las compañías de Monteverde para pagar sobornos. Soares indicó que existían dos caminos: trasladar el dinero hacia otros países hasta lograr que se perdiera el rastro de la coima y disponer de dinero en efectivo en el país para los sobornos a cambio de obras públicas.
Pesquisas en curso
El equipo especial de la Fiscalía peruana a cargo del caso Lava Jato investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación del Gasoducto del Sur al consorcio conformado por la brasileña Odebrecht y la española Enagás; empero, aún no se han identificado a beneficiarios finales de sobornos. En esta pesquisa preliminar, a cargo de la fiscal Norma Mori, hay alrededor de 30 personas bajo investigación, entre las cuales está la esposa del expresidente Ollanta Humala.
La fiscal Norma Mori del equipo especial Lava Jato investiga a 30 personas, entre ellas a Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala. Foto: Andina.
Existe otra carpeta fiscal, elaborada con anterioridad por el fiscal Reynaldo Abia, quien en agosto de 2017 presentó una acusación por este caso ante el Poder Judicial contra Édgard Ramírez Cadenillas, exfuncionario de Proinversión, y Claudia Hokama, exrepresentante de la constructora en el país. Hasta hace unos días, el proceso estuvo paralizado durante meses debido a que la Corte Suprema recién resolvió un recurso legal que impedirá la Procuraduría del caso Lava Jato intervenir en este caso, según fuentes judiciales.
Ambas investigaciones fiscales tienen su origen en la licitación realizada por Proinversión –entidad estatal peruana– el lunes 30 de junio de 2014, cuando se descalificó al consorcio que competía con el de Odebrecht horas antes de que se adjudicara la buena pro de la concesión millonaria.
Esa decisión se basó en las opiniones legales de los estudios de abogados Delmar Ugarte y Echecopar, que tenían como integrantes a profesionales que habían realizado asesorías o trabajado directamente para la empresa brasileña.
Luego la prensa reveló que Édgard Ramírez, entonces presidente del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión –responsable de la licitación del Gasoducto del Sur–, también hizo consultorías para Odebrecht.
E incluso, después se conoció que el ministro del sector, Eleodoro Mayorga, por su parte había asesorado a Odebrecht, cuando era socio de la consultora Laub & Quijandría. De acuerdo con fuentes del sistema de justicia, la investigación al exministro Mayorga a nivel de fiscalía suprema sigue abierta, pues se ha recibido más información.
El fiscal Reynaldo Abia denunció al exfuncionario de Proinversión, Edgard Ramírez, y a la exrepresentante de Odebrecht, Claudia Hokama, por el caso Gasoducto del Sur. Imágenes: Gestión
Viajes y fechas claves
La investigada exdirectiva de Odebrecht, Claudia Hokama, estuvo tres veces fuera del país durante el periodo en el cual la ‘oficina de sobornos’ de la empresa brasileña concretaba transferencias relacionadas al Gasoducto del Sur mediante compañías de fachada extranjeras, de acuerdo con sus movimientos migratorios obtenidos por Convoca.pe.
Ella salió del país del miércoles 1 al viernes 10 de octubre de 2014, rumbo a Estados Unidos. Al siguiente mes, volvió a viajar a suelo estadounidense, del lunes 24 al miércoles 26 de noviembre, con escala en El Salvador en el vuelo de ida. Y luego, del jueves 18 al domingo 21 de diciembre permaneció en Brasil.
En ese lapso, entre el 2 de octubre y 16 de diciembre del mismo año, el departamento de contabilidad paralela de Odebrecht terminaba de realizar 14 pagos sobre el millonario proyecto gasífero peruano a través de su esquema bancario para esconder sus operaciones ilegales.
Por su parte, el exfuncionario Édgard Ramírez registra cuatro salidas de Perú entre el 27 de setiembre el 13 de diciembre de 2014. Estuvo en México, Argentina y Chile. Durante esas semanas, la ‘División de coimas’ de la constructora efectuó, asimismo, 14 transacciones a nombre del Gasoducto del Sur.
En tanto, el también exejecutivo de Odebrecht, Daniel Hokama (hermano de Claudia Hokama) viajó a Panamá del martes 7 al lunes 13 de octubre de 2014 y después a Argentina entre el lunes 3 y miércoles 5 de noviembre. En ese periodo, la firma brasileña efectuó 12 operaciones bancarias referidas al mencionado proyecto de gas. Debe anotarse que Daniel Hokama y Édgard Ramírez trabajaron juntos en Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) por unos 10 años, en la Gerencia adjunta de Regulación Tarifaria, según las pesquisas de la fiscalía anticorrupción.
Versiones oficiales
En respuesta a un cuestionario enviado por ICIJ, elaborado en conjunto con los periodistas que participaron en el proyecto colaborativo, voceros de Odebrecht señalaron que debido a los procesos de colaboración con distintas fiscalías y autoridades en diversos países –donde existen las premisas de reserva y confidencialidad–  no iban a poder contestar de forma detallada e individual a las preguntas remitidas.
“Odebrecht seguirá haciendo todos los esfuerzos ante las autoridades competentes en un régimen de colaboración irrestricto, siempre y cuando se respeten la premisa básica de garantía de la seguridad jurídica y los compromisos asumidos por la empresa para una actuación ética, integra y transparente”, se anotó vía correo electrónico.
Asimismo, consultado al respecto por Convoca.pe, el defensor legal de Ramírez Cadenillas, Jorge Paredes, dijo que su patrocinado viaja fuera del país con regularidad por motivos familiares, para dictar conferencias y realizar consultorías en temas de energía y gas. “(Édgard Ramírez) no tiene que ver con esas transferencias, no existe vinculación alguna con esos pagos (de Odebrecht). Viajar no es una actividad ilícita, ni prueba nada”, manifestó.
Este medio digital también conversó con Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, quien reiteró que no hay evidencias “directa ni indirecta” que impliquen en el caso Gasoducto del Sur a la exprimera dama, pues solo ella –y no su esposo– está siendo investigada por ese tema. “Solo fue mencionada por un supuesto colaborador eficaz, cuya versión no ha podido ser corroborada. Además, el propio Marcelo Odebrecht afirma que no pagaron nada (irregular) por esa obra, declaración que coincide con la de Jorge Barata”, aseveró.
Daniel Hokama contestó por correo electrónico que “nunca he manejado dinero” y que no se encuentra comprendido en ningún proceso de investigación. “No conozco la ciudad de Panamá, alguna vez debo haber realizado alguna escala (técnica aérea), pero nunca he salido del aeropuerto. Entre el 1 y 7 de octubre de 2014 viajé con toda mi familia a Cancún (México)”. Añadió que fue a Argentina en ese año a explicar algún tema tarifario respecto al proyecto (gasífero) en ese país, “ya que se dependía de cierta manera de dicha sede”. Apuntó que “tengo 20 años de experiencia profesional, con 10 años en el sector público, y nunca he participado ni he estado envuelto en ningún caso de falta de ética y menos de corrupción”.
Además, se intentó recoger la versión de Claudia Hokama a través de su representante legal y de sus redes sociales, pero no hubo respuesta.

Odebrecht mintió: ¿y el acuerdo?

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
El equipo especial Lava Jato anunció con bombos y platillos un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht en la que esta reconocía la comisión de delitos en determinadas obras públicas construidas en el Perú. Entre estas no se encontraba el Gasoducto Sur Peruano, una obra que fue el emblema del gobierno de Ollanta Humala. Este hecho motivó la crítica a tal acuerdo de colaboración eficaz que, además, reparaba civilmente al Estado peruano con montos irrisorios para los volúmenes de los daños causados.
Quienes criticaron en su momento el acuerdo fueron arrinconados por la prensa en contubernio con los jueces y fiscales que ven el caso Lava Jato, y motejados como “voceros de la mafia”. Su argumento a favor del acuerdo fue que este permitía conocer la “verdad” y “reparar” a la sociedad peruana –sacando a la luz la podredumbre de la clase política– y que el acuerdo no impedía que de surgir hechos nuevos sobre delitos, se renegociara sus términos con Odebrecht.
Finalmente, la semana pasada, la jueza encargada de verificar la legalidad del acuerdo lo homologó. No han pasado ni unos pocos días y el portal IDL ha sacado a la luz hechos que indican, entre otras cosas, que Odebrecht mintió descaradamente al Equipo Especial Lava Jato o que el Equipo Especial se dejó engatusar fácilmente por Odebrecht (por ponerlo elegantemente). La pesquisa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (del cual es tributario IDL) ha comprobado que se cometieron delitos por millones de dólares en la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano, del cual Odebrecht fue el único postor a través de coimas verificadas a funcionarios a los pocos días de que la empresa se hiciera con el proyecto. Esto, por supuesto, da la razón a quienes criticábamos el acuerdo por sentido común: si Odebrecht y sus socios del club de la construcción habían coimeado en otras importantes obras públicas, ¿cómo se explicaría el milagro de que no hubieran coimeado en esta megaobra si era su modus operandi en todos lados?
Para mí no hay duda alguna de que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht ha naufragado y no va más. Aquí se trata de una vulgar mentira de Odebrecht que los fiscales del Equipo Especial se tragaron a sabiendas o con candor (el fiscal Hamilton Castro afirma que por eso nunca cerró un acuerdo con Odebrecht). El mayoritario sector de la prensa que apoyó el acuerdo repitió hasta la saciedad –para justificar las drásticas prisiones preventivas en el Perú– que los colaboradores no podían mentir porque si no perderían los beneficios que ese mecanismo les otorgaba. Hoy, esos mismos dicen algo totalmente distinto en consonancia con sus intereses (pues en general son sus enemigos políticos los que están presos y se beneficiarían del naufragio del acuerdo). Ahora resulta –según los mismos “periodistas”– que se puede renegociar el acuerdo de colaboración eficaz con los mentirosos, pues lo revelado por IDL y el CIPI son, precisamente, esos “hechos nuevos” que se prevén en el acuerdo.
Pero aquí el único hecho nuevo es la mentira de Odebrecht que, amparado por un acuerdo de esa naturaleza, podría seguir mintiendo ad infinitum sin consecuencias, pues siempre se podría “renegociar” en sus términos el acuerdo madre. Eso es lo que ahora Odebrecht, pillado en su mentira, propone a través de Barata: contar más historias de a puchos para seguir operando con total impunidad con la ley del embudo y con la complicidad del Equipo Especial Lava Jato, y de su prensa adicta que ha demostrado quiénes son los verdaderos voceros de la corrupción.
El tiempo ha dado la razón a quienes criticábamos ese acuerdo lesivo con los brasileños. El Equipo Especial ha demostrado su incapacidad (por no decir algo más fuerte) y debe renunciar o serle retirada la confianza de inmediato. Lo contrario sería una burla al país, tal cual han quedado al desnudo ya sea por tontos útiles o por cómplices.

Adenda para proyecto Chavimochic III peligra por sobornos de Odebrecht

Por WALTER GONZALO ARCASI MARIÑO– Diario Gestión.
Chavimochic III es una de las obras en las que se sospecha de que Odebrecht habría pagado coimas a través de la División de Operaciones Estructuradas.
El portal Convoca reveló detalles de dos transferencias por más de US$ 447,000. Estos se encuentran registrados en el sistema Drousys, durante la gestión del expresidente regional de La Libertad, José Murgia (Apra).
Los pagos se realizaron en marzo y junio del 2014, en medio de la firma del contrato con el consorcio Río Santa–Chavimochic, integrado por Odebrecht y Graña y Montero, para la ejecución de la tercera etapa de Chavimochic.
El mecanismo
El primer desembolso, que contiene gran parte del monto, fue para la persona con el codinome, o apodo, “Radox”, el 10 de marzo, por US$ 421,000. La ruta que tomó este pago sigue el mismo esquema usado para abonar a los funcionarios comprometidos en los casos carretera Interoceánica Sur, Metro de Lima y Vía Costa Verde-Callao.
El dinero ingresó a una cuenta del Credicorp Bank de Panamá a nombre de la offshore Select Engineering Consulting and Services registrada en Islas Vírgenes Británicas y nuevamente a otra compañía peruana, Construmaq SAC, del prófugo Gonzalo Monteverde.
Construmaq SAC, investigada por la Fiscalía por presunto lavado de activos, se encargaba de entregar el dinero al beneficiario final. Un mes después, hubo otro pago que salió de la Caja 2. Fue el 13 de junio del 2014 al codinome “Escorpion”, por más de US$26,000.
Esta partida se transfirió usando las mismas empresas de la primera operación.
¿Qué dice el gobernador?
El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén (APP), indicó que este hallazgo podría hacer peligrar la firma de la adenda con Odebrecht para la culminación de la presa Palo Redondo, que está en un 70% de avance dentro de la tercera etapa de Chavimochic.
Instó a las autoridades correspondientes a aplicar las sanciones y penas de cárcel a quienes resulten responsables y conocían del pago de coimas en este proyecto especial. “ Si alguien recibió dinero que lo devuelva al fisco”, anotó.
Estado de la investigación
Gestión conoció que el Equipo Especial Lava Jato , que lidera el fiscal Rafael Vela , no tiene entre sus más de 40 investigaciones las presuntas coimas por el proyecto Chavimochic.
Esta pesquisa está en manos de la Fiscalía Anticorrupción en el Norte. Tras estos presuntos pagos irregulares, una fuente fiscal señaló a este diario que lo ideal es que el caso Chavimochic sea trasladado al Equipo Especial, pues se haría una doble investigación sobre el mismo tema. Lo que tendría que pasar es que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, extienda las competencias al pool liderado por Vela para investigar el proyecto.
¿El fiscal Vela pedirá el caso? Otra fuente dijo a Gestión que es posible, ya que Ávalos viene reforzando al equipo.
La titular del Ministerio Público cedió más presupuesto a las pesquisas; amplió las competencias del pool para investigar delitos tributarios, y en los próximos días, aumentará el número de fiscales, tal como adelantó gestion.pe.
Proyecto en duda
La preocupación desde La Libertad por Chavimochic es larga. Semanas atrás, Manuel Llempén reveló a gestion.pe que a fines de julio se suscribiría la adenda para que la concesionaria concluya con las obras de la presa Palo Redondo. Al terminar la obra, el concesionario dejaría el proyecto.
Con las revelaciones de estas últimas horas se abrió un nuevo escenario. El año pasado, las negociaciones de la adenda habían arrancado, pero el cambio de autoridades frustró la firma de un acuerdo.
“Ya estamos en la parte final”, indicó el gobernador en mayo. El plan –prosiguió– es que la presa se concluya en el menor plazo posible. “Nosotros posteriormente culminaríamos bajo otros mecanismos el canal de irrigación hacia Chicama”.
El MEF tiene en su plan de prioridades la inversión de US$ 580 millones de la tercera etapa de Chavimochic.
El Factor Chaglla
¿Está en juego el pago de la reparación civil si se incluyen más obras en el acuerdo?
Qué pasaría con el pago de la reparación civil si se incluye en el acuerdo con la empresa Odebrecht otras cinco obras por las que también se habrían hecho pagos ilícitos?
El escenario sería muy complejo.
Es más, la semana pasada el procurador Jorge Ramírez, advirtió que si, por ejemplo, la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, a cargo de Odebrecht, hubiera sido incluida en el acuerdo, la constructora se habría quedado sin liquidez para pagar la caución.
“Del 100% de la venta de Chaglla, 50% estaba destinado a pagar a los acreedores prendarios y el otro 50% iba ser destinado al fideicomiso para pagar los tributos y la reparación civil. En otras palabras, la empresa no iba a recibir ni un sol de liquidez”, señaló en aquella oportunidad.
Ramírez, ante esa probable situación, consideró que no se hubiese llegado a un acuerdo con Odebrecht, debido a que la compañía, que atraviesa una grave situación financiera, persigue fines comerciales y económicos.
Tras eximirse la venta de este activo de Odebrecht en el acuerdo, se acordó que la cuota inicial que deberá pagar la constructora por concepto de reparación civil es de S/80 millones.
Negociaciones con el MEF
Rutas de Lima: una larga vía de complicaciones
La salida de la constructora Odebrecht de la concesionaria Rutas de Lima (en la que tiene 25% de participación accionaria) está sujeta a la suscripción de una adenda con la Municipalidad de Lima, que se viene negociando desde hace algunos meses, según supo Gestión.
Dicha adenda haría que Odebrecht deje de ser “socio estratégico”, lo que hasta el momento impide que pueda vender su participación a un tercero.
Ante este panorama, el fondo de inversión Brookfield –que cuenta con 57% de las acciones de Rutas de Lima- ya cumple las condiciones necesarias para convertirse en el “nuevo socio estratégico”, pero ello requiere de opinión del MEF.
Según fuentes cercanas de este diario en el ministerio, se conoció que, para la suscripción de esta adenda, el MEF exige la salida inmediata de la constructora brasileña Odebrecht de la sociedad, es decir, que venda su participación, lo que genera más complicaciones en su salida. 

La adenda de los S/3,000 millones

En su afán de deshacerse de sus activos antes de que se les aplique embargos, las diferentes subsidiarias de Odebrecht han iniciado una rápida gestión para aumentar el precio de las obras corruptas que tienen con el Estado, y así venderlas con ganancias millonarias, como ya hicieron con una parte de los peajes de Rutas de Lima.
El más claro ejemplo es Chavimochic. Hasta hace unas semanas, el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, indicaba que todo estaba listo, que los brasileños que integraban el consorcio habían reflexionado, y que cancelarles el contrato obligaría a un arbitraje que paralizaría todo durante años, en una megaobra calculada en 715 millones de dólares.
Pero no contaba con que, hace tres semanas, el portal ecuatoriano La Posta revelaría que en la Caja 2 había registros de pagos de sobornos por esta y otras obras. Esta situación había sido ocultada por los colaboradores eficaces que había ofrecido la transnacional.
ESTADO GARANTE
“Vendrá otra empresa y dirá ‘yo compré de buena fe’. Este señor es operador de esos intereses. Lo va a vender tan pronto como se firme la adenda. Olmos también. Se descubrió que hubo sobornos, pero una empresa corrupta como Odebrecht quiere una adenda donde el Estado garantice unos 250 millones de dólares en inversión”, denunció Miguel Rodríguez, miembro de Sociedad Civil En Acción-La Libertad.
Chavimochic está en su cuarta etapa, la cual quedó suspendida en el 2016, cuando no se pudo ocultar más el escándalo internacional de coimas a funcionarios en Perú y otros países.
“Están vendiendo todo, hasta las propiedades de los funcionarios. Pronto no serán dueños ni de un alfiler aquí. En Brasil habrían sido declarados en insolvencia para respaldar las enormes garantías financieras y avales que tienen pendientes en los bancos”, acotó Rodríguez.
POR 25 AÑOS
Por medio de Concesionaria Chavimochic S.A.C., Odebrecht se adjudicó una concesión a 25 años para desarrollar la tercera fase del proyecto: desviar las aguas del río Santa hacia los valles e intervalles de Chao, Virú, Moche y Chicama.
Fuente: Diario EXPRESO.

José Huerta, el ministro que defendió campaña de mandil rosado

El ministro de Defensa, José Huerta falleció tras sufrir un infarto durante sus actividades en la provincia Condorcanqui, Amazonas. Muchos de los peruanos lo recuerdan porque hace unos días apoyó la campaña ‘Hombres con igualdad’.
Pese a las críticas que se dieron luego de que personal de las Fuerzas Armadas en su afán de ir en lucha contra la violencia femenina vistió un mandil rosado, José Huerta, titular del Ministerio de Defensa, salió a abogar por los miembros de la institución militar.
“Estas prendas no denigran para nada el uniforme (militar), esa es mi opinión. Acá no va a haber personal que va a ser castigado, sancionado, ni cuestionado por esta situación”
Cabe resaltar que el político fue uno de los pocos que declaró acerca de la campaña promovida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y no dudó en ponerse el mandil rosado y afirmar que se plancha su ropa todas las mañanas.

Jorge Nieto: ataques por “mandiles rosados” pudo perjudicar salud de José Huerta

El ex ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, se pronunció tras el fallecimiento del titular del Mindef, José Huerta, a quien conoció cuando estuvo a cargo de esta cartera. Recordó que siempre lo percibió como un hombre sereno, discreto y responsable. Lamentó su partida a los 71 años de edad.
“Es una pena, una lástima, yo lo conocí cuando asumí la cartera de Defensa, lo encontré allí como funcionario y como a todos lo entrevisté, me pareció un hombre sereno, discreto, responsable, le pedí que se quedara con inspector del Ministerio de Defensa, me ayudó a resolver varios casos que tuve dentro de las instituciones, lo hizo con mucha diligencia y con mucha discreción”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar y Manuel Rosas, en Exitosa.
Recordemos que, el féretro del fallecido ministro de Defensa, José Huerta, fue trasladado al Cuartel General del Ejército (Pentagonito), en el distrito de San Borja, donde se viene realizando su velatorio. El Gobierno informó que el titular del Mindef sufrió una descompensación y fue trasladado al Hospital Santa María de Nieva, donde falleció a las 10:05 a.m. de ayer tras sufrir un infarto al corazón durante una visita de trabajo.
En esta línea, Jorge Nieto consideró que la salud de Huerta se puede haber visto perjudicada por la exposición mediática que le generó los ataques por la campaña de los ‘mandiles rosados’: “era un hombre bueno, es una lástima, tenía un problema de presión arterial alta y de triglicéridos por encima de los niveles, el esfuerzo y la tensión porque ser ministro es complicado… Él no era un hombre que tuviera mucho gusto por el contacto con los medios, más bien era un hombre de presencia discreta en los medios, lo colocaron en el ojo del huracán e imagino que eso debe haber sido un añadido”.
El último pronunciamiento mediático de José Huerta ocurrió el último viernes cuando se refirió a la campaña impulsada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que buscaba concientizar a la población de rechazar la violencia de género a través del uso de mandiles rosados por miembros del Ejército del Perú.
Fuente: www.exitosanoticias.pe

Daniel Mora: uso de “mandiles rosados” va contra el reglamento de las Fuerzas Armadas

El general y ex ministro de Defensa, Daniel Mora, advirtió que la campaña de “mandiles rosados” del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) va contra el reglamento de la institución, ya que asegura el uniforme no puede ser distorsionado con otras prendas, sean mandiles o no.
“Primero el uniforme militar se respeta, eso está claramente establecido en nuestro reglamento y no se puede distorsionar el uniforme, al uniforme militar yo no le puedo poner mandiles, ponerle un sombrero de payaso, etc. El uniforme desde respetarse y está inclusive prohibido que sea usado por la civilidad”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar y Manuel Rosas, en Exitosa.
Recordemos que, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha lanzado una polémica campaña llamada “Fuerza sin violencia” para sensibilizar y concientizar a los miembros de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia hacia la mujer. La jornada fue liderada por la ministra Gloria Montenegro.
Los cuestionamientos se generaron por la utilización de mandiles de color rosado por parte de los militares que participaron este martes en el lanzamiento del programa. Esto fue considero por un sector como una ofensa el uso de los mandiles sobre el uniforme castrense. “Esto es burlarse de la institución militar”, señaló el congresista aprista Jorge del Castillo.
En este sentido, Daniel Mora, explicó que no puede utilizar políticamente a los miembros de las Fuerzas Armadas para posicionar a la institución frente a ciertos temas polémicos que se encuentren en debate coyuntural: “sin manchar el uniforme podría haber algún pronunciamiento, por ejemplo, para la anemia que es una cuestión totalmente inocua, pero cuando tú empiezas a tomar posiciones también con relación al género y esas cosas, estás poniendo a las Fuerzas Armadas en una posición determinada y deliberante, si hay tanta discusión sobre el tema de género, no se puede poner usar políticamente a las Fuerzas Armadas en torno a un tema”.
Fuente: www.exitosanoticias.pe