(Foto: Richard Barrueta/EXPRESO)

Susana Villarán pagaría S/67 millones de reparación civil

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht, de ampliar de US$8 millones a US$20 millones (67.2 millones de soles) el monto de reparación civil para la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y otros en agravio del Estado peruano.
En la resolución se señala que, según el avance de las investigaciones del Ministerio Público, para la campaña del ‘No a la revocatoria’ se destinó 6 millones de dólares (US$3 millones de Odebrecht y US$3 millones de OAS), y por la reelección municipal US$4 millones, con lo cual la suma total recibida asciende a US$10 millones (33.6 millones de soles).
Ello, indica el juez, constituye razón suficiente para estimar la petición de la Procuraduría y acoger el razonamiento que aplica el duplo de la suma materia de lavado de activos y asociación ilícita, pues se desarrolla sobre la base de la función preventiva y se dirige a desincentivar las operaciones de lavado de activos.
En una audiencia del último 18 de septiembre, el procurador Miguel Ángel Chero argumentó que el pedido para aumentar el monto obedecía a los nuevos hechos observados en este caso por parte del Ministerio Público y al incremento del número de investigados.
Chero dijo que la reparación civil toma en cuenta las utilidades obtenidas por las personas implicadas en estas irregularidades y los daños sufridos por el Estado peruano.
Esta reparación equivalente al doble del monto obtenido, añadió, busca ser un elemento disuasivo, una prevención a futuro frente a quienes pretendan incurrir en algo así.
Por el financiamiento para las campaña del ‘No a la revocatoria’ y reelección municipal, también se investiga a José Miguel Castro, Gabriel Prado, Domingo Arzubialde, Cecilia Lévano y José Pinheiro Filho.
Las empresas brasileñas habrían aceptado dar dinero a Villarán porque Odebrecht tenía el proyecto de concesión de vías nuevas de Lima, a través de Rutas de Lima, y OAS, a través de la empresa Lamsac, la adenda 1 de Línea Amarilla.
Fuente: Diario EXPRESO.

Mota Engil

Los tentáculos del “Club de la Construcción” habrían alcanzado a un sector de las Fuerzas Armadas. La Procuraduría Anticorrupción del Callao denunció ante el Ministerio Público que la Marina de Guerra favoreció en el 2015 a la empresa portuguesa Mota Engil con una adjudicación a dedo.El contrato fue para la ampliación de un astillero situado en la Base Naval. Según la denuncia, el presupuesto inicial de la obra arrancó en S/164’500,000, pero la Marina terminó desembolsando a los portugueses S/383’727,438.
Fuente: Semanario Hildebrandt en sus trece.

IEP: El 73% de peruanos a favor de investigar al presidente Vizcarra por caso Conirsa

El 73% de peruanos encuestados por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) considera que el presidente de la república Martín Vizcarra debe ser investigado por el caso Conirsa.
La reciente encuesta del IEP centró algunas de sus preguntas en el caso producido entre los años 2006 y 2008, cuando la empresa del presidente Vizcarra (CyM Vizcarra) fue proveedora del consorcio Conirsa, conformado por las empresas Odebrecht, Graña y Montero, entre otras.
La encuesta, publicada por La República, detectó que el 19% de encuestados considera que no amerita realizarse dicha investigación.
Sin embargo, la población encuestada reflejó que no está muy enterada del caso si se tiene en cuenta que el 61% de encuestados no sabe si estos hechos ocurrieron cuando Vizcarra era gobernador regional de Moquegua o trabajaba para la empresa privada.
Sólo el 16% de encuestados señala que los hechos ocurrieron cuando gobernador de Moquegua y el 23% dice que eso ocurrió cuando trabajaba para CyM Vizcarra.
Asimismo, el 17% de encuestados señala que la empresa de Vizcarra (CyM Vizcarra) tuvo contratos directamente con Conirsa, el 13% señala que esos contratos eran con Odebrecht y el 7% dice que era con Graña y Montero.
Sin embargo, el 67% respondió no saber con qué empresas tenía contratos la empresa del Jefe de Estado.
Aprobación
Pese a la polémica del caso Conirsa, la aprobación a la gestión del presidente Vizcarra está en 60%, retrocediendo sólo un punto porcentual respecto al nivel visto en el mes pasado (61%).
Mientras que su desaprobación si tuvo una caída mayor, teniendo en cuenta que pasó de 32% en diciembre a 29% en enero del presente año.
A nivel de Lima, la aprobación a la gestión de Vizcarra aumentó de 63% a 65%, mientras que en el interior del Perú sí se vio una caída de 59% a 57%.
Ficha técnica
Encuestadora: Instituto de Estudios Peruanos (IEP)
Número de registro: 0393-REE/JNE
Persona jurídica que contrato la encuesta: La República
Objetivo del estudio: Recoger las opiniones sobre diferentes temas políticos y sociales.
Tamaño de la población: Hombres y mujeres de 18 años a más con DNI (22’017,030)
​Tamaño de la muestra: 1,260 personas distribuidas en 17 departamentos, 24 provincias y 78 distritos
​Margen de error: +/- 2.8%
Fuente: Diario Gestión.

HE QUERELLADO A PAOLA UGAZ

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
El pasado 06 de setiembre me he visto en la obligación de iniciar una querella por el delito de difamación agravada en contra de Paola Margot Ugaz Cruz, ateniéndome a lo indicado en el art. 132 del Código Penal. El motivo que me ha llevado a dar este paso radica en las declaraciones que la periodista Ugaz realizó en distintos espacios mediáticos y que, a pesar de nuestro pedido formal -recibido el 9 de julio en su domicilio- no ha rectificado. Ugaz ha dicho reiteradamente que el medio que yo dirijo ha venido publicando no solo mentiras sino denuncias difamatorias y que está dedicado a cometer sistemáticamente el delito de difamación en su contra. Además, Ugaz refiere que yo la he llamado “fea, bruta y tonta” por su condición de mujer.
Las afirmaciones de Paola Ugaz han tenido un impacto en mi buen nombre e inclusive buscan desestabilizar mi vida profesional y familiar. Como periodista entiendo que puede haber diferencias de opinión y posturas diversas ante un mismo hecho. Sin embargo, hay ciertos límites que no se pueden traspasar. En ese sentido, dado que Paola Ugaz ha afirmado cosas que son falsas y que afectan mi bien jurídico, amparado por la ley, he decidido dar este paso.
La investigación sobre el proceder periodístico de Paola Ugaz desde laabeja.pe se inició luego de que su colega Pedro Salinas respondiera a una columna de opinión que publiqué con motivo del libro “Mitad monjes, mitad soldados” que, como se recordará, escribieron juntos. La respuesta de Salinas me hizo ver que en su modo de operar había cosas que no responderían a los cánones profesionales del periodismo. En lugar de debatir argumentos, se centró en insultos a la persona y argumentos ad hominem. A partir de este indicio, consideré oportuno continuar mi investigación, a la cual se sumó Paola Ugaz, y pude confirmar que ambos periodistas tendrían un modo de operar similar del cual hoy yo estoy siendo víctima.
En este proceso periodístico, los diversos artículos que hemos publicado cuentan con el sustento necesario. Debo decir que los hechos revelados en nuestras investigaciones han servido como base para que otros periodistas pongan atención sobre dichos y hechos que requieren un esclarecimiento. Además, consideramos que la opinión pública tiene el derecho de conocer otro lado de la historia que, por razones que no es el momento de enumerar, se suele omitir. Parecería que este libre ejercicio de la libertad de expresión -que, por otro lado, ellos ensalzan- molesta en tanto cuanto no avala su perspectiva de las cosas. Esta consecuencia habría molestado a Paola Ugaz quien, asumiendo el papel de víctima, en lugar de aclarar los cuestionamientos que pesan sobre ella con pruebas válidas, ha preferido hacer uso de su privilegiado posicionamiento mediático para atacarnos. En mi calidad de director de este medio, en el cual colaboran muchos otros profesionales, de padre y esposo, no puedo sino alzar la voz en defensa de nuestros derechos.
Quiero aclarar que esta querella no encuentra su motivo ni en el rencor ni en la revancha. Paola Ugaz ha dicho cosas que son falsas y que dañan mi buen nombre. Esperamos que la justicia cumpla su labor y, sea cual sea el resultado del proceso, yo quedo tranquilo con haber procedido según el dictado de mi conciencia.

¿Y por qué no hablamos del “adelanto” de la “repartija” de “mermelada”?

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Ya empezó en la prensa vizcarrista una campaña contra varios de los candidatos propuestos por las bancadas para ocupar un asiento en el Tribunal Constitucional. Reconocerán a los mentecatos de esa prensa de porquería por el sambenito de “repartija” o “nueva repartija” ,con el que han bautizado el proceso de elección al TC para descalificarlo. También está el hecho de presentar como dudoso o definitivamente malo a cualquier candidato que haya emitido una opinión sobre la propuesta vizcarrista de modificación constitucional para un adelanto de elecciones, con el cuento del informe especial o tendencias de los candidatos.
Lo cómico de esto es que en lo que se refiere a las opiniones vertidas por algunos de los candidatos sobre la propuesta del adelanto de elecciones generales, estas fueron hechas a pedido de esa misma prensa que ahora los condena como si fueran delincuentes en la medida de que las opiniones de los expertos consultados, hoy candidatos al TC, no coinciden con su línea editorial. Es decir, los coleguitas los llamaron o los invitaron a sus programas por su ESTATUS ACADÉMICO pero ahora juzgan sus opiniones POLÍTICAMENTE, camuflándose bajo el manto del “periodismo”.
Seamos claros: si algún debate constitucional debe producirse ante un hecho como la propuesta de modificar la Constitución para adelantar elecciones es, precisamente, entre los constitucionalistas; y resultaría insólito que siendo ello propio de su materia se guarden sus opiniones.
Yo estoy seguro de que hoy en el Perú, en todas las clases de Derecho Constitucional de cualquier universidad del país se está discutiendo el tema y las opiniones de los profesores van a favor o en contra. ¿Esos los descalificaría como candidatos al TC? ¿Más bien no sería todo lo contrario? ¿Si un maestro de la ley en materia constitucional no dice ni pío de un tema que pretende cambiar la constitución no nos estaría hablando de un mediocre?
Algunos afirman que si fuesen electos aquellos que ya adelantaron opinión o marcaron su tendencia deberían inhibirse de presentarse el caso ante el TC. ¿Inhibirse? ¿Acaso hay algún conflicto de interés? No hay conflicto alguno, pues la opinión no es política sino sustentada en un criterio técnico. Lo mismo que opinaron en un set de televisión, en una entrevista para El Comercio o Perú 21 o para RPP lo deben sustentar jurídicamente en una sentencia sobre el tema, así que… ¿por qué tanto barullo? Y eso, por supuesto, si alguno logra salir elegido pues conseguir 87 votos no es moco de pavo.
En cuanto al cuento de la “repartija” o la “nueva repartija”, ¿por qué mejor los coleguitas no nos cuentan el cuento del adelanto de la repartija de mermelada? ¿No sería un dulcesito más sabroso?

La publicación de Uceda que pone en aprietos a Vizcarra por Chinchero

El periodista Ricardo Uceda dio a conocer, en su más reciente publicación en La República, que la situación del presidente Martín Vizcarra podría empezar a complicarse por la firma de la adenda del aeropuerto de Chinchero (Cusco).
Uceda indicó que la fiscal Zoila Bueno ha remitido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, importante documentación encontrada en la laptop del gerente general de Kuntur Wasi, José Carlos Balta, que involucraría de manera penal al jefe de Estado.
Lo primero tiene que ver con textos encontrado referidos a la interpelación que no se realizó al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, debido al fenómeno natural “Niño Costero”. Un archivo grabado en la computadora data del 10 de marzo de 2017 y contiene respuestas al pliego de interpelación que iba a responder Vizcarra Cornejo. No obstante, todavía no se ha verificado si el contenido es similar al que finalmente dio el exministro en su posterior interpelación.
Luego, de acuerdo a Uceda, “la segunda evidencia documental es sorprendente. Tiene relación con un informe que el entonces ministro Vizcarra ordenó pedir a la CAF para aclarar una controversia con Kuntur Wasi acerca del pago de intereses”.
El detalle aquí es que la empresa Kuntur Wasi accedió al informe del CAF 16 días antes de que el MTC lo recibiera de manera formal. Por esta gestión, se desembolsaron US$45 mil, trabajo que debió mantenerse dentro de los márgenes de confidencialidad del MTC pero que por una razón todavía no aclarada lo obtuvo la empresa litigante el 19 de octubre de 2016.Otro descubrimiento, continúa Uceda, es que el gerente general de Kuntur Wasi tenía grabada en su computadora una adenda del contrato –fuente de los supuestos delitos– el mismo día que el Director de Concesiones Mineras, Yaco Rosas, estaba sometiéndola a la opinión de OSITRAN para aprobación: 3 de enero del 2017.
Finalmente, llama la atención que se registra en dicha laptop que la empresa Andino Investment Holding S. A., del Consocio Kuntur Wasi, había donado en los años 2013 y 2014 un total de US$50,000 al Instituto País, una ONG creada por Pedro Pablo Kuczynski en 2009. Dicha ONG, cabe mencionar, era integrada por personas que después formaron parte de la campaña de PPK en 2016.
DELITO
La fiscal Bueno concluye con que funcionarios del MTC, entre ellos Fiorella Molinelli autorizada por Martín Vizcarra para firmar la adenda, y representantes de Kuntur Wasi habrían incurrido en el delito de colusión agravada por negociar una adenda al contrato entre ambos para construir el nuevo aeropuerto del Cusco.
Vizcarra tendría las mismas responsabilidades que Fiorella Molinelli, pero inmunidad lo protege de acusación alguna, remata el periodista de investigación.
Fuente: Diario EXPRESO.

Uceda: “Vizcarra es capaz de pedir prisión preventiva para Gareca si la tribuna se lo pidiera”

Al comentar el rechazo del presidente de la República, Martín Vizcarra, al reembolso de 524 millones de soles que reclama Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (Huánuco), el periodista Ricardo Uceda sostuvo que el mandatario, de momento, le ha dado la espalda a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, quienes consideran que sí se debe reembolsar a la constructora carioca.
“De momento el presidente Martín Vizcarra les ha dado la espalda a los fiscales, pronunciándose porque no se pague a Odebrecht. Él, que solo gobierna escuchando al pueblo, es capaz de pedir prisión preventiva para Ricardo Gareca si la tribuna se lo pudiera”, escribió en su columna publicada en el diario La República.
Uceda también criticó que el fiscal superior Rafael Vela Barba haya emitido un informe avalando el pago a la firma carioca, en el que considera solo a las investigaciones preparatorias y deja afuera a las preliminares, que son la mayoría. “Está claro que el documento es una interpretación restrictiva de la sentencia judicial, y, en consecuencia, la incumple”, reprochó.
Por su parte, remarcó el hombre de prensa, la Procuraduría Ad Hoc, dirigida por Jorge Ramírez, sostiene que no se le puede cancelar los S/ 524 millones a Odebrecht porque “deben reportarse todas las investigaciones: las preparatorias y las preliminares”.
Así, concluyó el escritor, el Ministerio Público y Odebrecht “no tendrán otra salida que preguntarle a la jueza (María Álvarez, quien homologó el acuerdo de colaboración eficaz), si se refería a todas las investigaciones o a una parte de ellas”.
Recordemos que la magistrada sentenció que para que se dé el reembolso a la compañía trasnacional esta no debe afrontar investigaciones o procesos penales en el país.
Fuente: Diario EXPRESO.

Congresista Ángel Neyra presenta querella por difamación contra George Forsyth

El congresista Ángel Neyra (Fuerza Popular) presentó una querella por presunta difamación contra el alcalde de La Victoria, George Forsyth, luego de que este cuestionara que una ley promovida por él se ha convertido en una traba para la Municipalidad de La Victoria porque permite que los ambulantes informales utilicen los espacios públicos.
Según dijo Forsyth a RPP Noticias, la cuestionada norma se dio pese a que su gestión ya tenía acuerdos con los emolienteros para favorecer su formalización a través del pago de 25 soles diarios a manera de tributo por utilizar la vía pública. Sin embargo, la aprobada ley prohíbe la firma de convenios con una transacción económica de por medio.
“Teníamos a 78 emolienteros dentro de Gamarra, para lo cual ellos aportaban de forma voluntaria 25 soles al día, que son 750 soles al mes. Con esto no consigues un local porque está muy por debajo del precio comercial. Ellos felices lo firmaron, pero luego un congresista saca una aclaración donde dicen que no pueden pagar y que tienen que trabajar gratis”, dijo.En entrevista con RPP Noticias, el alcalde de La Victoria explicó que la actividad de un emolientero en las calles hace que su distrito tenga que disponer un equipo de fiscalizadores para supervisar que cuente con registro sanitario y que cumpla con el orden y la limpieza, lo cual representa un gasto.
Forsyth también comentó que se reunió con el congresista Neyra -accesitario de Kenji Fujimori-, quien lo citó al Parlamento cuando inició el reordenamiento de Gamarra. Asimismo, comentó que a raíz de este problema ha recibido el llamado de otros alcaldes, quienes les han manifestado los problemas que se han generado por la modificación de la ‘Ley de Emolienteros’.
“Se hizo para fregar a La Victoria porque es una pelea que tienen conmigo, pero ya está afectando a todo el Perú, así que ahora nos vamos a juntar todos los alcaldes para que nos cambien esto (‘Ley de Emolienteros’). El Congreso no va a venir a regalar mi país”, dijo.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Aniversario Perú SAT-1

Por Bruno Ortiz Bisso– Diario El Comercio.
En setiembre del 2016, desde el puerto espacial de Kourou –en Guayana Francesa–, el lanzador Vega puso en órbita al Perú SAT-1, el primer satélite submétrico de observación terrestre, adquirido por el Estado Peruano a Airbus Defence & Space.
La real utilidad de este artefacto estuvo en entredicho, durante la primera mitad del 2017, en especial durante las intensas lluvias que por El Niño costero azotaron el norte del país. “El problema fue que la opinión pública no conocía para qué era el satélite. Y aunque el Perú SAT-1 no es meteorológico y no puede hacer pronósticos de lluvias, ha servido para recopilar data indispensable para el proceso de reconstrucción”, explica a El Comercio el mayor general FAP Carlos Caballero León, jefe institucional de la Agencia Espacial del Perú (Conida), encargada de su manejo y utilización.
Esto lo dijo en las instalaciones del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales (CNOIS), en Pucusana, donde se lleva a cabo el taller internacional “Perú SAT-1: lecciones aprendidas 2017”. Allí, especialistas peruanos y franceses hacen esta semana un repaso de las actividades realizadas, con la finalidad de optimizar los procesos en las diferentes entidades del Estado que son usuarias de este sistema de imágenes.
Camino complejo
Según Caballero, hay etapas muy marcadas en este trabajo satelital. “Tuvimos que enfrentar una coyuntura muy complicada, con muchísimas dudas y preguntas de la opinión pública. Esto coincidió con la llegada de El Niño, lo cual avivó el tema. Aplicamos entonces una campaña de difusión muy fuerte”, explica.
Detalla que el principal problema fue que muchas instituciones públicas –especialmente los usuarios del satélite– no sabían muy bien qué podían hacer. Eso lo pudieron corregir.
“Luego, se empezó a usar cada vez más el servicio. Hoy, tras la operación exclusiva por peruanos, ya vemos con alegría la existencia de productos que son resultado de la aplicación de imágenes satelitales para tener un conocimiento de nuestro territorio nacional”, recalca.
Son varias las instituciones que se dieron cuenta de que el CNOIS no solo proporciona un excelente y amplio banco de imágenes, sino materia prima para aprovechar.
Así tenemos el trabajo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico que pudo detectar una posible fractura en la cima del volcán Ubinas, en Moquegua; o la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales que diseñó una metodología para monitorear de manera automatizada los bienes inmuebles del Estado; o el proyecto de la Universidad San Marcos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para consolidar mecanismos e instrumentos para la respuesta y recuperación ante desastres; entre muchos otros.
Para Conida es importante que este programa se mantenga en el tiempo como una política de Estado. “Para ello es importante lo económico y la difusión. En lo primero hemos logrado ya un retorno superior a la inversión inicial, además de un retorno no cuantificable que va desde temas de defensa y desarrollo. Y sobre la difusión, continuaremos mostrando cuáles son los beneficios de contar con esta tecnología”, concluye Caballero.
A escala nacional
Como parte de su estrategia de difusión, Conida recorrió más de 44,500 km en el país, explicando en universidades, colegios, ferias, audiencias públicas y más la importancia de contar con un satélite.
De larga data
La carrera espacial del Perú se inicia, según Conida, en 1985, cuando se empieza a capacitar a profesionales peruanos con maestrías en aeronáutica espacial.
Más detalles
140 mil soles gastó Conida en comprar cuatro imágenes a julio del 2015. Hoy tiene 88,994 adquiridas con el Perú SAT-1 y ahorró S/364 millones.

Pier Figari tras reducción de plazo de prisión preventiva: “Cada día me siento más prisionero político”

Pier Figari, asesor de Keiko Fujimori, se pronunció luego de que la jueza suprema provisional Susana Castañeda Otsu, convocada para dirimir el recurso de casación que presentó la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, fallara a favor de reducirle a ambos a 18 meses el plazo de la prisión preventiva, fijado en 36 meses en octubre del año pasado.
“Cada día me siento más prisionero político. Nunca me voy a acostumbrar a la injusticia, siempre lucharé silenciosamente contra ella y lo seguiré haciendo con mayor razón desde aquí, desde la cárcel. No acepto el atropello contra el que puede parecer más débil solo por estar detenido a través de un atentado político al Derecho”, escribió.
Esta tarde ka magistrada emitió su decisión luego de que los miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema no se pusieran de acuerdo sobre la casación presentada por Fujimori Higuchi. Con su decisión, la jueza se alineó con la postura de presidente de la Sala, Hugo Príncipe y de los jueces Jorge Castañeda y Zavina Chávez.
Con esa decisión Fujimori Higuchi permanecerá en prisión hasta el 30 de abril del 2020, Pier Figari quedarán en libertad el 14 mayo del 2020 y el exdirigente Jaime Yoshiyama el 10 de setiembre del 2020.
“Sepan que esta detención ilegal no me va a bajar los caballos; es más, me está dando tiempo para entender a mi país, a su gente, y para pensar en nuevos caminos hacia el futuro. Los barrotes son solo el prólogo”, señaló Figari.
Al único investigado al que le revocaron la prisión preventiva fue al extesorero Luis Mejía Lecca, a quien la jueza le dictó comparecencia con restricciones, además de un impedimento de salida del país por 18 meses y reglas de conducta.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Por Mario Ghibellini– Diario El Comercio.
Si Verónika Mendoza y Julio Guzmán pensaron que la marcha del jueves era una buena ocasión para lanzar sus candidaturas presidenciales, van a tener que pensar de nuevo. La supuesta jornada tumultuosa en la que la ciudadanía iba a expresar atronadoramente su adhesión a un adelanto electoral que podía tenerlos de protagonistas no fue tal. Y, más que como antenas que sintonizaban de pronto con el clamor popular, ellos lucieron como un par de oportunistas. Como dos brujos envueltos en la danza propiciatoria de una lluvia que los iba a beneficiar… pero que nunca llegó.
Como exhibición de fuerza, el evento tampoco les funcionó muy bien. Es cierto que hubo un compacto grupo de militantes del partido morado vestidos del color que los identifica y moviéndose de modo acompasado dentro de los marchantes. Pero eso, máximo, le da a Guzmán para ofrecer una cuadrilla de cargadores para la próxima procesión del Señor de los Milagros, no para soñar con triunfos arrolladores en las ánforas.
Y en lo que concierne a Nuevo Perú, parece que todos son muy aficionados al fútbol y se quedaron en sus casas viendo el partido Perú-Ecuador.
Pero si a los que quieren jugarse un ‘huachito’ en la lotería del adelanto les fue mal con la romería, es de imaginar lo que ocurrió con los que se han comprado el ‘entero’. Es decir, con el presidente Vizcarra y sus ministros protestantes.
—Salto y porrazo—
Está muy claro, en efecto, que para el jefe de Estado, el apagón de gobierno anticipado no es una idea loca a ser discutida con el Congreso. Es, más bien, la única salida que le ve a su situación política antes de que la gente comience a preguntarse por los hipotéticos logros de su gestión.
Por eso lanzó antes del diálogo con Olaechea tantas advertencias de que ese punto no sería negociable, y por eso también, ante la evidencia de que una mayoría de congresistas no se iba a someter intimidada por su popularidad al plan que lo desvelaba, comenzó a jugar progresivamente la carta levantisca. Esto es, la de llamar a alguna forma de manifestación del ‘pueblo’ contra las autoridades que habían puesto su liderazgo en salmuera.
Como su gran salto hacia adelante había terminado en porrazo, intentó recurrir al viejo truco de la revolución cultural. Y varios de los miembros del gabinete fueron funcionales a ese propósito.
La Presidencia del Consejo de Ministros, en particular, elaboró y divulgó en los días previos a la marcha un ‘spot’ a favor del adelanto electoral en el que se afirmaba (sin aclarar cuál era el fundamento de la sentencia) que “el país exige un cambio” y cuyo eslogan final era “haz que suceda”. Muy sutil, ciertamente.
Cuestionado en el Parlamento por el hecho de que se hubiesen distraído dineros públicos para financiar una campaña que –según las mismas encuestas que le sirven de inspiración al gobierno– iba en contra de la opinión de una parte importante de los contribuyentes, el primer ministro Del Solar respondió que, como el ‘spot’ había sido hecho por el equipo de comunicaciones de su despacho, no le había costado nada al Estado. Debemos suponer, entonces, que los sueldos de ese equipo provienen de una marmita de oro que él debe haber hallado al final de un arco iris y que las horas que sus miembros dedicaron a la elaboración de la pieza propagandística no se las quitaron a tarea importante alguna.
El mandatario, por su parte, quiso aprovechar la necedad de la Comisión de Fiscalización del Congreso –que el miércoles propuso de pronto abrirle mil investigaciones– para hacerle también un ‘cherry’ a la marcha, un día antes de su realización.
En una circunstancia en la que la prensa fue advertida previamente de que iba a prestar declaraciones, se quejó primero de que se hubiese solicitado la creación de una comisión investigadora para ver cómo se había elaborado el mensaje de 28 de julio (una aseveración mentirosa, dicho sea de paso, porque la comisión pretendía investigar si el mensaje había sido aprobado por el Consejo de Ministros, como la Constitución manda, y no cómo había sido elaborado) y luego recitó: “Por eso la población ha convocado para mañana, a través de algunos colectivos, a una movilización plenamente justificada”. Un auténtico balconazo de respaldo.
El problema, sin embargo, es que el jueves 5 amaneció con nubarrones en el cielo. Una encuesta de Datum divulgada en varios diarios reveló temprano que, aunque seguía siendo mayoritario, el apoyo a la iniciativa de adelanto electoral había perdido 14 puntos porcentuales en un mes. Y más tarde, cuando los partidarios de forzar al Parlamento a aprobar el proyecto del Ejecutivo debían congregarse en el centro de la capital para demostrar que eran legión, solo llegaron al lugar suficientes entusiastas como para animar un nutrido pasacalles.
—Limando están los días—
Farid Matuk, exjefe del INEI con buen ojo para los cálculos y experiencia en manifestaciones, ha estimado que vio pasar desde el emplazamiento en el que se encontraba a unas 2,600 personas. Digamos que hubo muchos que no pasaron por donde él estaba y que ha perdido filo para ese tipo de conjeturas (no lo creemos, pero digamos). ¿Cuántas más puede haber habido? ¿El doble? ¿El triple? Si no llegaron ni siquiera a 8,000 manifestantes, la marcha fue un panzazo. Literalmente, un paso atrás para los promotores del adelanto.
Nadie dice que no puedan hacer un segundo intento y lograr quizás una concurrencia más decente. Pero mientras tanto, siguen pasando las horas que, como decía el poeta, “limando están los días”. Y con cada sol que se pone, el proyecto del adelanto luce también un poco más crepuscular.

Odebrecht habría pagado US$320 mil a Villanueva por San José de Sisa

Por Graciela Villasís Rojas– Diario El Comercio.
El ex primer ministro y congresista César Villanueva Arévalo no solo habría recibido US$60 mil de Odebrecht como soborno por la adjudicación de la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, en la región San Martín, tal como Jorge Barata reveló en la declaración que hizo al equipo especial del Caso Lava Jato de la fiscalía el 6 de agosto en Brasil.
En las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora, a las que accedió El Comercio, se registran siete pagos por US$320 mil en total bajo el ‘codinome’ ‘Curriculum vita’, seudónimo que la firma brasileña asignó a Villanueva cuando era presidente regional de San Martín (ocupó el cargo en dos períodos, entre el 2007 y 2010 y entre el 2011 y 2013) como consta en un acta firmada por Jorge Barata. La cifra total incluye los US$60 mil revelados por el exjefe de Odebrecht en Perú.
En los registros de la caja 2 de la firma brasileña aparecen junto al proyecto Sisa otros ‘codinomes’: ‘Italiano’ con US$400 mil y ‘Meu Deus’ (Mi Dios, en español) con US$65 mil.
—El colaborador—
La declaración de un aspirante a colaborador eficaz de la fiscalía, a la que accedió este Diario, detalla cómo Odebrecht se trazó como meta adjudicarse el millonario proyecto en la región San Martín a través de la captación de exfuncionarios, la elaboración de las bases y el pago de sobornos a quienes participaron en el otorgamiento de la buena pro.
La firma brasileña entregó coimas para adjudicarse el proyecto vial por S/109’561.076, que representa un 9,5% por encima del valor referencial de la obra.
“Por encargo de Eleuberto Antonio Martorelli [exejecutivo de Odebrecht en el Perú], en setiembre del 2008 [un exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que fue captado por la constructora] se reunió con César Villanueva para hacerle entrega de las bases ya revisadas por Odebrecht-OPIC [Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción]. Las bases fueron entregadas personalmente a Villanueva Arévalo [por el exfuncionario] dentro de un sobre de manila en el segundo piso del restaurante Real, ubicado en la Plaza de Armas de Tarapoto. Villanueva Arévalo, al ver lo abultado del sobre de manila, pensó que era dinero, [entonces] le preguntó […] qué había dentro del sobre, a lo que este le respondió que eran las bases del proceso de licitación que iba a ser convocado. Finalizada la reunión, Villanueva Arévalo cogió el sobre y se retiró llevándose las bases elaboradas […] por encargo de Antonio Martorelli; luego, estas mismas bases fueron publicadas en el portal del OSCE correspondiente”, contó el testigo.
El mismo colaborador declaró que al emisario de la constructora que trabajaba en el MTC se le encargó asegurar el otorgamiento de la buena pro a favor de la firma brasileña a través del pago de sobornos a los integrantes del comité, “siempre y cuando Odebrecht ganara la convocatoria”. Según el testigo, “el acuerdo se logró en horas de la noche” en el domicilio de un exgerente allegado a Villanueva.
Como consecuencia de estas coordinaciones entre los emisarios de la constructora y los representantes del Gobierno Regional de San Martín, la carretera San José de Sisa fue adjudicada a Odebrecht en octubre del 2008.
El testigo también señaló: “Las bases y los términos de referencia de dicha licitación fueron elaborados personalmente [por el exgerente captado por la constructora] de acuerdo a las indicaciones de Antonio Martorelli”.
El exfuncionario de Odebrecht, según narró el colaborador a la fiscalía, “era quien instruía y exigía la necesidad de ajustar las bases a condiciones que solo la constructora brasileña podría cumplir, como la experiencia de montos mínimos en obras similares o la experiencia en proyectos de montos determinados que excluirían a la mayoría de postores que no cumplían estos requisitos con las que eliminaba a la competencia”.
En agosto pasado, la firma brasileña se declaró culpable ante la fiscalía peruana y reconoció el pago de sobornos para adjudicarse la construcción de la carretera San José de Sisa.
—Descargos—
En diálogo con este Diario, César Villanueva negó haber recibido sobornos de la empresa brasileña. “No he recibido este tipo de prebenda o cosas. Uno paga una prebenda seguramente para pedir a cambio algún tipo de privilegio, algún tipo de favor, algún tipo de acción que le favorezca a la empresa. Y lo que sí podemos demostrar con hechos, con documentos, con cosas que efectivamente se puedan probar de que no ha tenido Odebrecht ningún beneficio y más bien ha sido al revés, ellos han perdido plata allá. Entonces para qué pagarían plata para perder, eso no lo entiendo”, señaló.
Dijo además que uno debe tomar con cautela las declaraciones de Jorge Barata: “Primero ha dicho [que recibí] US$60 mil, ahora son US$320 mil, no me sorprendería que mañana diga [que me entregó] US$500 mil. O sea, cuando uno dice medias verdades, uno no puede saber exactamente de qué te están acusando”.
Negó haber recibido documentos o bases de la licitación en un sobre de manila, tal como lo señaló un aspirante a colaborador eficaz a la fiscalía. “No he recibido, ni he entregado nada a nadie, ningún documento como ese […]. Yo supongo que toda la información que dé un colaborador eficaz o lo que sea tiene que probarse. Es la primera vez que yo escucho una cosa de ese estilo”, agregó.
Fue enfático en señalar que sí colaborará en la investigación que realice el equipo especial sobre la obra San José de Sisa.
—La investigación del caso —
Hasta agosto de este año, la investigación sobre las irregularidades en la licitación de la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa estuvo a cargo del fiscal anticorrupción de Tarapoto José Villalta Arriaga.
El año pasado, Villalta, cuando estaba a cargo del caso, amplió la investigación preparatoria contra 16 involucrados, entre ellos exfuncionarios del Gobierno Regional de San Martín y exejecutivos de Odebrecht por los delitos de colusión desleal y peculado. Todos ellos eran acusados de haber favorecido a la constructora con un pago irregular de más de S/41 millones y por la aprobación de resoluciones que le permitieron a la firma brasileña exigir S/44 millones en un arbitraje. Este último caso sigue en litigio.
El 6 de agosto, después de que el exjefe de Odebrecht Jorge Barata revelara que se le entregó US$60 mil a César Villanueva, la investigación paso a manos del fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial del Caso Lava Jato.

El premier anticorrupción

Por Fernando Rospigliosi- Político.pe
Resulta que el premier abanderado de la lucha anticorrupción del gobierno de Martín Vizcarra era un corrupto. El reportaje de Graciela Villasís en El Comercio que revela que el congresista de APP, César Villanueva, habría recibido 320 mil dólares como coima de Odebrecht por la carretera Cuñumbuque-San José de Sisa cuando él era gobernador regional de San Martín, de acuerdo con el testimonio de Jorge Barata (“Odebrecht habría pagado US$320 mil a Villanueva por San José de Sisa”, 8.9.19).
Hay varios hechos a destacar en este tema. El primero, que la fiscalía tenía información, a través de testimonios de miembros del Club de la Construcción, de que Odebrecht había pagado coimas a Villanueva y otros por esa obra, aviso que les llegó cuando el susodicho todavía era premier. Yo recibí información de fuentes cercanas a la fiscalía y lo publiqué en El Comercio el 16 de febrero de este año, planteando que los fiscales que viajaron al Brasil deberían preguntar específicamente por la carretera Cuñumbuque-San José de Sisa construida por Odebrecht a un costo de ciento diez millones de soles. (“¿Harán las preguntas necesarias?”)
Allí señalaba que “la cuestión es si la fiscalía, ahora bajo la casi completa influencia del gobierno y sus aliados, hará todas las preguntas necesarias o solo las formulará en una dirección, evitando otras que pueden ser más que incómodas a los que hoy detentan el poder.” Y adelantaba que “aunque quizá lo que funcione sea la hipótesis formulada en esta columna, de que el descarado interés de la coalición vizcarrista de tomar el control del Ministerio Público –cosa que ya consiguieron casi completamente– tenía el propósito de proteger a varios corruptos integrantes de ese conglomerado y perjudicar a sus adversarios políticos”.
Y eso es lo que ocurrió. Los fiscales Rafael Vela y José Pérez protegieron al premier de Vizcarra: no preguntaron por Villanueva, no por lo menos en las declaraciones formales de los funcionarios de Odebrecht, y sí indagaron sobre sus adversarios políticos.
No obstante, tres semanas después –el 8 de marzo– Villanueva fue despedido de la Presidencia del Consejo de Ministros sin motivo aparente y reemplazado por Salvador del Solar. ¡Qué casualidad!
Probablemente los fiscales, que como he dicho, ya sabían de las denuncias sobre Villanueva por los miembros del Club de la Construcción, se lo comunicaron a su protector y aliado Martín Vizcarra y este se deshizo de Villanueva. Si los fiscales preguntaron off de record, por lo bajo, a los funcionarios de Odebrecht sobre la coima a Villanueva es algo que no se sabe (todavía).
En todo caso no lo hicieron formalmente, porque revelar que el entonces premier del gobierno que tiene como único “logro” la lucha contra la corrupción es precisamente un corrupto, hubiera sido un golpe demoledor al gobierno de Vizcarra, patrocinador de los fiscales.
Villanueva llegó al Congreso por el partido de César Acuña (APP) y votó en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en diciembre de 2017. Pero luego de eso, repentinamente y sin motivo aparente, se convirtió en un entusiasta de la destitución de PPK y fue el visible coordinador de los que apoyaban esa medida.
Tanto apasionamiento despertó sospechas. En varias entrevistas periodísticas le preguntaron entonces si es que no estaba coludido con el vicepresidente Martín Vizcarra que le habría ofrecido el premierato. Villanueva lo negó enfáticamente. Y, luego que PPK al borde la vacancia renunció y Vizcarra asumió la presidencia, Villanueva se convirtió en premier.
Desde ese cargo acompañó a su jefe en su supuesta cruzada anticorrupción, en particular en los ataques al entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Ahora se entiende el porqué. Chávarry no estaba en el juego de Vizcarra y sus apadrinados Vela y Pérez. Estos se prestaban a la maniobra de atacar a los adversarios del gobierno y encubrir a los de la coalición vizcarrista, entre los cuales estaba Villanueva.
Al final, viendo que Villanueva podía quedar en evidencia, lo apartaron discretamente. Y cuando el periodista ecuatoriano Andersson Boscán reveló los archivos ocultos de Odebrecht, no les quedó más a los fiscales que preguntar por el ex Premier. Pero hicieron su trabajo, cubriéndolo cuando todavía era el segundo hombre del gobierno anticorrupción.
En síntesis, el caso de Villanueva muestra que la trama del gobierno y sus fiscales adictos es real y no una suposición. Y expone el verdadero rostro del “gobierno de la cruzada anticorrupción”.

INVITAN A VIZCARRA A MARCHAR POR ADELANTO DE ELECCIONES

Roberto Rodríguez Rabanal invitó a la ciudadanía que se encuentre de acuerdo con el adelanto de elecciones, incluyendo al presidente de la República Martín Vizcarra, a participar de la marcha que se realizará el 5 de septiembre.
En entrevista con Radio Exitosa, el dirigente precisó que la movilización ha convocado a distintos gremios y organizaciones izquierdistas, entre ellas el sindicato de la CGTP, la ONG Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y otros grupos vecinales, quienes se han comprometido a tomar parte de esta jornada.“Requerimos construir juntos una salida democrática, si está planteado el adelanto de elecciones como un aspecto de ello, no podemos decir ¡adelanto de elecciones y punto!, sino que hay que plantear una agenda que va en el plano de la reforma del Estado que se ha avanzado”, aseveró.
Del mismo modo añadió que se deberían incorporar más reformas como la elección de congresistas en Lima, haciendo que los distritos electorales sean más chicos, para que así haya elecciones de parlamentarios en Lima Norte, Lima Sur y Lima Centro.
Rodríguez Rabanal, añejo militante de izquierda, fue alto funcionario en el gobierno de Alejandro Toledo, siendo implicado en denuncias por malos manejos en la administración del Parque de las Leyendas. Ahora reaparece como promotor de marchas y ya en el pasado organizó una junto a las ONGs, la misma que terminó siendo un fracaso.
Fuente: www.manifiestoperu.com

“SOCIEDAD CIVIL”

El primero que se animó a recoger firmas y llenar planillones para cerrar el Congreso fue Daniel Urresti, pero no tuvo apoyo y se fue refugiar en una oficina de seguridad ciudadana del cono norte donde  terminó apedreado por la delincuencia. El segundo es Roberto Rodríguez Rabanal (RRR) a nombre de lo que él llama la “sociedad civil”.

ANIMALES FANTASMAS

Como ese nombre de las tres R nos parecía conocido, fuimos a googlearlo y salió un rosario de linduras. Por ejemplo, que este “mandamás del Colegio de Sociólogos, Roberto Rodríguez Rabanal (…), no solo malgastó US$26 mil 500 en comprar animales inexistentes por internet [para el Parque de las Leyendas], sino que también se duplicó el sueldo de S/7 mil (US $2 mil 509) a S/14 mil (US $5 mil 18) mensuales”. Esto en 2008. ¿Es cierto amigo RRR?

HUBO PROCESO PENAL

Que haya sido toledista (su hermano César fue asesor de Alejandro Toledo), que haya sido humalista y antes de Vanguardia Revolucionaria y del PCR de Manuel Dammert, no es delito. Pero sí sería ilícito eso de comprar animalitos fantasmas por lo cual afrontó un proceso penal, dicen las noticias. ¿Y cómo es que quedó ese juicio?

PORTÁTIL

Hasta hace poco no entendíamos ni pío de la vocación de RRR de ser vocero de la “sociedad civil” de la coalición vizcarrista. Hasta que un asesor de don César Villanueva, cuando este era premier, nos sacó de nuestra ignorancia. Resulta que el tío de la triple R había convencido al entorno de Villanueva, hombre de Odebrecht, de la necesidad de armar un “frente profesional” de decanos que haga de portátil de Palacio contra el “fujiaprismo”.

AHIJADO DEL JAPONÉS…

Con razón pues este lunes estaban llegaron a Palacio RRR y sus ‘amiguis’ dejando un escrito de apoyo al adelanto de las elecciones y a favor del referéndum. Muy bien. Una fuente de la PCM entre risas recordó que, siendo RRR dirigente estudiantil de la Católica, tenía pánico a los apristas: ¡Ahí están, ahí están, los matones de la Villarreal!, les enrostraba con su grupo zurdo. Y los compañeros le respondían, “Ahí está, ahí está, el ahijado de japonés”. Esto porque RRR era profesor del colegio japonés La Unión.
Fuente: Diario EXPRESO.

Ministro de Economía Carlos Oliva y el Consejo Fiscal

Deuda pública peruana aumentó S/53,000 millones los últimos tres años

La deuda en Bonos del Tesoro Público casi se duplicó

La deuda pública aumentó de S/140,335 millones (junio 2016) a S/193,402 millones (junio 2019) según cifras del Banco Central de Reserva (BCR).
En ese período, la deuda externa disminuyó 3.4%, pasando de S/68,927 millones (junio 2016) a S/65,734 millones (junio 2019), pero la deuda interna aumentó en 78.8%, pasando de S/71,408 millones a S/127,668 millones.
EL AUMENTO DE LOS BONOS
La deuda interna se divide en largo plazo (S/120,106 millones) y corto plazo (S/7,562 millones). Ha sido la deuda de largo plazo la que casi se ha duplicado, pasando de S/67,181 millones a S/120,106 millones.El grueso de la deuda de largo plazo son los Bonos del Tesoro Público, que pasaron de S/61,560 millones (junio 2016) a S/117,841 millones (junio 2019).
En la época que Alfredo Thorne fue ministro de Economía (agosto 2016-junio 2017), la deuda en bonos subió en S/19,288 millones. En el corto tiempo en que Fernando Zavala fue ministro de Economía (junio 2017-septiembre 2017), los bonos aumentaron en S/12,914 millones. El paso de Claudia Cooper por el MEF (septiembre 2017-marzo 2018) dejó un aumento de la deuda en bonos de solo S/1,570 millones.
El cortísimo paso de David Tuesta por el MEF (abril 2018-mayo 2018) dejó un aumento de deuda en bonos de S/1,183 millones, pero con Carlos Oliva, esta deuda aumentó al récord de S/21,325 millones.
Fuente: www.gatoencerrado.net

El faenón de Campoy, Marisa Glave y Paola Ugaz

Por Luciano Revoredo– Laabeja.pe
El pasado miércoles 27 de agosto, el programa Combutters, transmitido en Willax TV, emitió un reportaje que ha pasado desapercibido, como ya es costumbre para el establishment comunicacional peruano, a pesar de la gravedad de las denuncias que en éste se presentan. La crónica dio cuenta de un negocio oscuro que se habría realizado durante la gestión municipal de Susana Villarán en el que habrían participado Marisa Glave y la periodista Paola Ugaz.
La noticia presentada se centra en la compra de un terreno de la Urbanización Campoy, ubicado en la primera etapa del distrito de San Juan de Lurigancho. La empresa Portal Campoy SAC, sin aún ser propietaria del predio, solicitó un cambio de zonificación. Éste fue otorgado meses después por la entonces presidente de la Comisión para desarrollo urbano de la MML, Marisa Glave. Luego la empresa Portal Campoy, que cambió de razón social, compró el terreno en cuestión por 2.5 millones de dólares. Pasado aproximadamente un año, debido al proceso de revocatoria, y a dos meses de dejar el sillón municipal, la administración Villarán compró el terreno por 4 millones 641 mil dólares, es decir con un sobrecosto de más de 2 millones de dólares debido al cambio de zonificación. La razón aparente para la compra fue la necesidad de reubicar a pobladores Shipibo Konibo que ocupaban una zona que se requería para la construcción del proyecto Río Verde, también cuestionado.
En este “faenón” estuvo implicada la entonces jefa de comunicaciones y redes sociales de la Municipalidad de Lima, Paola Ugaz. Ante el aluvión de críticas que se desató por la compra del terreno, la labor de Ugaz habría estado vinculada a vender las “bondades” de este intercambio comercial en los medios de comunicación y redes sociales, además de generar una campaña de desprestigio contra todo aquel que se opusiera a él. Reubicar a un grupo de pobladores para el desarrollo de un proyecto vial no tendría nada de malo si es que no se sospechara que detrás podría haber un negocio turbio del que se habría beneficiado la hoy cuestionada organización dirigida por Susana Villarán, según el informe de Combutters.
Esta denuncia ha sido presentada por la congresista Yeni Vilcatoma y se suma al conjunto de acusaciones que pesan sobre Paola Ugaz por su participación en la gestión de Villarán. La denuncia presentada en Combutters da muestra, una vez más, del poco riguroso ejercicio de la profesión periodística de Ugaz. Dirigir una maquinaria mediática para encubrir actos poco transparentes es algo paradójico, por decir lo menos, en una periodista que se precia de ser el paladín de la libertad de expresión. Por lo demás, esta manera de proceder de Ugaz, que hoy debe enfrentar una denuncia por actos de corrupción asociados a la tristemente célebre gestión de Villarán, no se distingue de otros casos en los que ha dado muestras del mismo talante.

El plan V

Por Mario Ghibellini– Diario El Comercio.
La iniciativa del adelanto de elecciones no daría la impresión de haber sido un proyecto largamente elucubrado por el presidente Vizcarra. Se diría, más bien, que fue una respuesta improvisada para el mensaje de Fiestas Patrias ante la evidencia de que no tenía cómo hacer efectiva su amenaza de ‘reinterpretar’ la confianza recién otorgada al Gabinete Del Solar sin jugarse la posibilidad de una futura temporada en el fundo Barbadillo.
Disolver el Congreso sobre la base de la endeble tesis jurídica de que le habían concedido solo una confianza de mentiritas con respecto a la reforma política era sin duda una timba en la que sus pérdidas podían extenderse al terreno personal, y eso siempre torna a la gente reflexiva.
De cualquier forma, ya había dicho lo que había dicho y no podía tampoco tragarse su bravuconada sin lucir derrotado y remiso, por lo que necesitaba urgentemente un ‘plan B’. En esas circunstancias, la idea de plantear el adelanto electoral debe haberle parecido una iluminación: no iba adelante con la baladronada que podía llevarlo, digamos, de regreso a Canadá, pero desenfundaba en su lugar un cuchillo más grande. “Me voy pero me los cargo en el camino (y de paso me libro de enfrentar las consecuencias de mi inoperancia como gobernante)” era en buena cuenta la nueva sentencia que les estaba dictando a sus archienemigos del Legislativo. Y el respaldo mayoritario en las encuestas estaba asegurado.
El problema, sin embargo, es que en esta oportunidad tampoco se tomó el trabajo de elaborar un ‘plan B’. ¿Qué pasaba si un número suficiente de congresistas no se dejaba atarantar por el “clamor popular” y prefería apegarse a la Constitución? Pues todo indica que ese escenario jamás se le pasó al presidente por la cabeza. Y que ahora que está a punto de materializarse, se dispone nuevamente a improvisar.
—No, presidente—
Sobre eventuales acuerdos para resolver este impasse, el diálogo a celebrarse esta semana en Palacio no se anuncia, en efecto, exitoso. El jefe de Estado, que se ha avenido a la cita a disgusto, ya dejó claro que no piensa ceder un milímetro en lo que a su afán de adelantar el calendario electoral respecta. Y el presidente del Congreso, por su parte, ha dado señas, a través de sus consultas jurídicas y sus pronunciamientos públicos, de que escuchará educadamente al mandatario y luego meneará la cabeza con una sonrisa triste.
El proyecto del Ejecutivo seguirá en consecuencia su trámite regular en el Parlamento y lo más probable es que, ya sea en la Comisión de Constitución o en el pleno, acabe siendo desechado. Y ahí empezará recién la jarana.
La hipótesis más difundida entre analistas y pitonisos sugiere que Vizcarra responderá al portazo presentando una cuestión de confianza atada a la aprobación del pedido de reforma constitucional que permitiría el adelanto. El razonamiento implícito es que, si se la conceden, gana el partido y su plan procede; y si no, disuelve el Congreso (porque ya sería la segunda confianza negada a este gobierno), llama de todas maneras a elecciones legislativas en cuatro meses y a lo mejor hasta consigue quedarse en la presidencia hasta el fin de su período.
La cosa, sin embargo, no es tan sencilla. Ya circulan opiniones doctas sobre lo inviable que resultaría presentar una cuestión de confianza con relación a una reforma constitucional. Y en caso se la negaran, la tentación de lanzarse a disolver el Parlamento con un sustento legal tan precario devolvería al presidente a la necesidad de revisar cuidadosamente el ‘brochure’ sobre las comodidades del fundo Barbadillo.
Los padres de la patria podrían, por otra parte, repetir el ardid de la última vez: otorgar la confianza y luego, de acuerdo con las atribuciones que la Constitución les reconoce, hacer con el proyecto lo que les parece. Y ni los podrían disolver ni se adelantarían las elecciones.
¿Qué recursos tendría entonces en esa eventualidad el jefe de Estado para insistir con su causa? Continuar, por supuesto, agitándola por calles y plazas, como ha venido haciendo hasta ahora, y mover para que se hagan eco de su discurso a los pocos alfiles políticos que le quedan: la ministra Montenegro (convertida de un tiempo a esta parte en la respuesta vizcarrista a Rosa Bartra), y el responsable del despacho de Justicia, Vicente Zeballos (que no ha estado últimamente sacándole lustre a su título de abogado).
—Mis vacaciones—
Dudosa sería, en cambio, la participación en la campaña del presidente del Consejo de ministros, Salvador del Solar, quien acaba de solicitar unas breves y curiosas vacaciones para hacer una visita familiar en Colombia. Los rumores sobre su remplazo o renuncia hacen maliciar que a su regreso no estaría esencialmente dedicado a otra cosa que a escribir una composición sobre sus recientes experiencias en la tierra del vallenato. Esa es, por lo pronto, la suerte que en esta pequeña columna le deseamos.
En los círculos oficiales, desde luego, la especie es negada enfáticamente, pero eso solo hace que adquiera mayores visos de verosimilitud.
Sea como fuere, lo cierto es que los días pasan y con cada uno de ellos la posibilidad de que el presidente Vizcarra consiga su propósito se vuelve más remota, pues no parece estar barajando alternativas muy ingeniosas al escenario que le está creando al respecto la mayoría parlamentaria.
Menudo ingeniero este, que se lanza a montar una compleja maquinaria sin tener previamente los planos y los planes bien trazados, y permitiendo, en consecuencia, que los que tiendan a imponerse en el mediano plazo sean los de sus objetores y oponentes.

El pueblo soy yo

Los discursos pronunciados por los presidentes en ocasiones solemnes inevitablemente consienten frases de resonancia épica; sobre todo si lo que está de por medio es la conmemoración de una batalla o una resistencia heroica. En ese sentido, nadie esperaba que las palabras que debía pronunciar ayer el jefe de Estado en el contexto de las celebraciones por los 90 años de la reincorporación de Tacna al Perú fuesen una serena reflexión sobre el poder y sus limitaciones.
Pero una cosa es la justificada exaltación patriótica y otra, muy distinta, la franca incursión en la retórica populista. Y diera la impresión de que, aprovechando la licencia para cultivar lo primero, el mandatario se hubiese entregado en esta oportunidad a lo segundo.
El populismo de manual prescribe una supuesta división de la sociedad entre ‘los privilegiados’ (los ricos o los políticos indolentes, los pertenecientes a una casta que medra de un cierto estado de cosas) y ‘el pueblo’ (la gente de la calle, los pobres, las víctimas silenciosas de ese mismo estado de cosas). Este último, virtuoso por naturaleza y aquellos, irremediablemente malignos.
Prescribe también ese manual, por cierto, la aparición de un líder o caudillo que supuestamente sintoniza de manera providencial con las aspiraciones del ‘pueblo’ y sabe interpretarlas al milímetro en cada nueva coyuntura; y que, en consecuencia, argumenta o da a entender que ir contra él es ir contra quienes integran esa sacralizada comunidad. “El pueblo soy yo” es lo que en buena cuenta postula siempre el tipo de caudillo que nos ocupa. Revísense los casos de los regímenes populistas actuales o pasados en América Latina o en la Europa que precedió a la Segunda Guerra Mundial y se distinguirá la precisión del modelo que aquí bosquejamos.
La verdad de la dinámica entre gobernantes y gobernados, no obstante, es otra. ‘El pueblo’ es una abstracción demagógica que sirve para aludir sin hacer distinciones a lo que en realidad es un vasto universo de individuos con ideas propias, y que forman ocasionales mayorías y minorías sobre las distintas materias que pueden ser sometidas a su consideración. Los que piensan igual acerca del asunto ‘x’ no tienen por qué coincidir también acerca del asunto ‘y’… Pero el líder populista quiere hacernos creer que sí.
Pues bien, si uno presta atención al discurso de ayer en Tacna, descubre elementos que nítidamente sugieren que el presidente se está deslizando por la pendiente que conduce al populismo sin coartadas.
En medio de las tensiones con una mayoría del Congreso sobre su propuesta para adelantar las elecciones, el mandatario ha sentenciado, por ejemplo: “Sé que nos van a seguir atacando, sé que nos van a seguir difamando, van a seguir dando la espalda a los peruanos, intentando defender privilegios y tratando de que nos demos por vencidos”. Y también: “No nos van a ganar porque estamos del lado correcto, estamos al lado del pueblo, que es honesto; en el pueblo nos apoyamos”.
Palabras de las que se sigue que quien lo critica en realidad lo estaría difamando y que quien no está de acuerdo con su iniciativa de adelanto electoral estaría en última instancia yendo en contra del pueblo honesto. No hay manera, aparentemente, de disentir de su propuesta y plantearle objeciones constitucionales sin caer en la categoría de los que defienden privilegios y les dan la espalda a los peruanos…
¿Así piensa conversar la próxima semana con el presidente del Congreso sobre su iniciativa? ¿Diciéndole de antemano que si no está de acuerdo con ella es poco menos que un enemigo jurado de todos sus compatriotas? ¿O lo que se está buscando es enrarecer la atmósfera previa a ese encuentro al punto de frustrarlo?
Lo más preocupante de todo, además, es que si la actitud del presidente Vizcarra empieza a parecerse al clásico populismo en sus premisas, acabará haciéndolo también en sus consecuencias. Y sobre eso ya nos ha dado lecciones insoslayables la historia.
Fuente: Editorial El Comercio.

Nunca es tarde

Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
José y Hernando Graña aceptan haber delinquido, pero no quieren ir presos; nadie quiere terminar en la cárcel, por eso respetamos la ley y es que no hacerlo trae consecuencias. Para los Graña la consecuencia podría ser la prisión y ya pasaron un amargo aprendizaje de cuatro meses en Piedras Gordas. Por eso se han acogido a la figura de la ‘colaboración eficaz’, algo que debieron hacer apenas cayó la primera pieza de “Lava Jato”.
Las evidencias llegadas del Brasil y otras entregadas por los nuevos controladores de Graña y Montero, los tenían demasiado complicados como para no aceptar su participación en la red de corrupción global más grande conocida. A estas alturas es muy poco lo que pueden aportar. Las únicas preguntas que deberían responder son dónde fue a parar el dinero de los sobrecostos y qué rutas usaron para lavarlo.
Lo que diga el arquitecto José Graña (para más señas mi primo segundo, y a quien aprecio con sinceridad) podría involucrar a empresarios que compartieron directorios con él y socios ajenos a sus manejos oscuros con Odebrecht. Como se lee en el semanario ‘Hildebrandt en sus 13’: “Lo que se viene es un terremoto”. Mal asesorados, demasiado confiados o quizá pecando de soberbia, los Graña mintieron a la fiscalía, a la Comisión Lava Jato del Congreso, a sus familias y a la gente que los quiere bien, olvidando que la mentira tiene las patas demasiado cortas.
Ahora les toca pedir perdón al país, a su país, a nuestro país, por el daño moral y económico causado. Son momentos tristes y difíciles, qué duda cabe, para sus familiares, amigos y quienes trabajaron codo a codo con ellos convencidos de que construían un país mejor, más conectado, que sus caminos y centrales energéticas sacarían a miles de compatriotas de la pobreza, integrándolos al mercado con el traslado más rápido de los frutos de su trabajo y la energía necesaria para producirlos. Nunca es tarde para redimirse y devolverle a nuestro país lo que indebidamente le quitaron.
Confío en que los Graña ahora sí honrarán su apellido, uno que le dio tanto al Perú, en campos como la medicina, la agricultura de cítricos y la construcción de notables obras de infraestructura. De José, mi primo y socio, espero que tenga valor para aceptar su culpa, humildad para pedir perdón, prudencia en cada una de sus palabras y fortaleza para evitar la tentación de las malas influencias. Nunca.

Mordiéndonos la cola inútilmente

Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
El presidente Vizcarra fue gobernador regional, tuvo aspiraciones presidenciales y terminó de primer presidente por su imagen provinciana o por lo que fuera. Llegó al poder como quería y luego le tocó, avatares de la historia, ser presidente. Es impensable que no sepa sobre las nefastas consecuencias que tiene su delirante y desesperado pedido de adelanto de elecciones. Sabe bien que la inversión privada no se comerá plato tan indigesto y que tampoco habrá crecimiento económico para el país.
Los medios de comunicación que son aguateros del Gobierno tienen una gran responsabilidad en este desaguisado. Estas empresas de comunicación se han prestado para apoyar el proyecto personal y antidemocrático que se quiere imponer al país. El pueril argumento de Vizcarra es: soy gurú, vidente, siento e interpreto al pueblo. “El adelanto de elecciones no es negociable”.
Igual que el fiscal Pérez, el mandatario denuncia ataques en contra suyo. Con el andamiaje de prensa y encuestas que tiene resulta algo increíble. Pese a que lo desairaron en Chachapoyas, donde seguramente atacaría a su vicepresidenta, sigue en campaña por el adelanto de elecciones o -la cara de la moneda- por el cierre de Congreso, amenazando con la cuestión de confianza.
Y así pasa la vida nacional, entre las intrigas y la mediocridad del Ejecutivo. El jueves pasado, bandoleros con el rostro descubierto metieron una molotov en la comisaría de Matarani (Arequipa) por Tía María, causando destrozos y desórdenes. La campaña por el cierre del Congreso repite en cada localidad el mismo libreto. Una voz solitaria dice: “cierre el Congreso”, nunca enfocan al personaje, y se escucha un coro alicaído y rascuache repitiendo la consigna un breve tiempo. No interesa la imagen, sí la voz.
Quiéralo o no Vizcarra está atrapado. Si dispara muere y si no dispara pierde. A diferencia del referéndum no tiene el respaldo de la población, de los militares, de los policías, de los empresarios ni del Congreso. Afronta además una grave denuncia por Chinchero, tiene investigaciones fiscales y está comprando todos los boletos para la rifa de la vacancia. Maneja la prensa, la DINI, parte del Poder Judicial, la Fiscalía, empeñándose en controlarla íntegramente.
La voz de la razón señala que las elecciones adelantadas significan un descalabro para el Perú. Si Vizcarra realiza una huida hacia adelante y aplica la cuestión de confianza con el premier que designe, no ganará y arruinará al país. Además, ya se lo anunciaron, terminará en chirona.
Si prima la cordura, el andamiaje que ha construido Vizcarra, incluyendo denuncias y bajezas contra quien se le oponga, se resquebrajará. Adiós dictadura del fiscal Pérez, magistrado sin ecuanimidad y profundamente abusivo, a partidos llamados organizaciones criminales y, ojalá, justicia merecida para Keiko Fujimori. Su prisión solo busca que no haga política y sepultar a su partido. La suerte del Perú está echada.

La responsabilidad de Vizcarra en Chinchero

Por MANUEL ROMERO CARO– Diario EXPRESO.
“No seas cobarde”, le dijo Pedro Pablo Kuczynski (PPK) al entonces ministro de Transportes Martín Vizcarra cuando este personaje quería detener Chinchero. Y es que él opinaba que el proyecto estaba entrampado, que quizá era mejor detenerlo. Que el proyecto no iba a resultar (1). Es que Chinchero estuvo plagado de errores, demoras, avances y retrocesos.
Y cuando arreciaron las críticas al proyecto en el Congreso, el citado ministro suspendió el inicio de las obras. Pero cuando empezaron nuevas protestas en el Cusco a favor del aeropuerto, el hoy presidente retrocedió y se continuó con el proceso.
Luego la Contraloría inició una investigación y ahí fue cuando Vizcarra disparó la famosa frase: “No le daremos un sol a Kuntur Wasi (KW) hasta que la Contraloría concluya su informe”, palabras que le costaron el aislamiento de PPK y su entorno.
La pregunta que fluye inevitable es: ¿si Vizcarra no estaba de acuerdo ni con el proyecto ni con la Adenda, por qué aprobó la Adenda y dispuso que su viceministra Fiorella Molinelli la firmara?

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

Luego de dos años de investigación preliminar, la fiscal Zoila Sueno concluye la tarea y formaliza la investigación preparatoria contra Fiorella Molinelli y otras 12 personas (diversos funcionarios y asesores del MTC, MEF, Ositran y Kuntur Wasi). En lo que se refiere a la vinculación entre Vizcarra y KW, eso corresponde a la fiscal de la Nación porque el Presidente goza de inmunidad durante su mandato.
Entre los “elementos de convicción” encontrados por la fiscal Sueno, hay dos particularmente importantes. El primero de ellos se refiere a que hallaron en la laptop del gerente general de KW (incautada en un operativo de la Fiscalía) respuestas al pliego interpelatorio al entonces ministro Vizcarra.
Lo sorprendente es que estas tenían como fecha seis días antes de que Vizcarra respondiera al citado pliego en el Congreso. El segundo elemento importante está referido a una consulta que el ministro Vizcarra le formuló a la CAF sobre las discrepancias acerca del pago de intereses.
Como se recordará, en el contrato original de Chinchero el Estado no estaba obligado a aceptar las condiciones financieras obtenidas por el concesionario. En otras palabras, el Gobierno no aceptaría un financiamiento con una tasa de interés del 22%.
Es así que en una circular de enero del 2017 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicaba que el cierre financiero, con 22% de interés, era perjudicial para el Estado y que no se debía de aceptar.
Lo sorprendente es que se encontrara en la laptop del gerente del concesionario dos versiones del informe de la CAF (Corporación Andina de Fomento), nada menos que 16 días antes que lo recibiera el MTC, entidad que había solicitado y pagado por el informe en mención (2).
Lo anterior obviamente abre varias interrogantes. ¿Por qué el gerente general de KW tenía en su laptop copias del informe de la CAF 16 días antes que el MTC lo recibiera? ¿Por qué la CAF no ha dicho nada sobre estos hechos? ¿Por qué PPK y su entorno defendieron a capa y espada a Chinchero a pesar de que algunos de sus ministros no estaban de acuerdo con el proyecto?

INTERÉS DESMEDIDO

Hay que recordar que la tormenta política que se desató en su momento dejó como resultado la salida de dos importantes ministros del gabinete: Alfredo Thorne del MEF y el mismo Vizcarra del MTC.
El desmedido interés del gobierno por sacar adelante Chichero no se justificaba. Más si recordamos los audios entre el contralor Alarcón, Fernando Zavala, Thorne y Vizcarra.
La Contraloría lo criticaba, Ositran -el ente fiscalizador- emitió un contundente informe afirmando que la adenda era lesiva y el ministro del sector a su cargo estaba en contra. El proyecto se paró porque KW no podía conseguir un financiamiento aceptable.
¡Y se estaba discutiendo una adenda antes que se inicie la construcción! Se llegaba al extremo que mientras la inversión en la obra era de US$520 millones, los intereses ascendían a US$587 millones.
A pesar de esta verdad maciza, el presidente Kuczynski salió a la TV, pizarra en mano, a defender la viabilidad de Chinchero con argumentos errados. Yo nunca he visto a un presidente salir a la TV a defender públicamente a un proyecto privado como Chinchero.
(1) Vizcarra, retrato de un poder en construcción, de Rafaella León.
(2) Perseguido por Chinchero, Ricardo Uceda. (LR 25.08.19).

HAY RAZONES PARA REABRIR INVESTIGACIÓN

Mucho se ha escrito acerca de cómo algunos proyectos estaban siendo copados por intereses privados. En el caso Chinchero se mencionaba la cercana amistad de PPK con uno de los socios de KW y con Sebastián Piñera, otro socio. También la hermana del primer ministro de ese entonces, Fernando Zavala, era una de las gerentes de Andino Holdings, etc. Hay razones para reabrir la investigación sobre Vizcarra, la que fuera archivada provisionalmente por el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

VISITAS A CONTRALORÍA

Por María Teresa García- Diario EXPRESO.
De acuerdo a lo comentado por la fuente, para nadie era un secreto en la Contraloría General de la República que existía un interés exagerado de parte del Ministerio de Transportes para que el proyecto de la construcción del Aeropuerto de Chinchero se efectuara a cualquier costo. El informante también comentó que Molinelli visitó a Alarcón hasta en cinco oportunidades durante los tres meses que duró la auditoría, y junto con sus técnicos trató de convencerlo de todas las bondades del proyecto. “Y cuando se conversaba con Martín Vizcarra, él siempre señalaba que Molinelli era una persona de su total confianza”, recordó. Es más, agregó, Alarcón le contó que el argumento de ella, como de los demás ministros que posteriormente fueron los protagonistas de un audio hecho público, era que de ese proyecto dependía que las inversiones crezcan en el país.
LLAMADA
El informante rememoró que fue pública la llamada que el entonces titular del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, le hizo a Édgar Alarcón para preguntarle cuál era el resultado del informe de la auditoria de la adenda del Aeropuerto de Chinchero, a lo que le respondió que lo único que podía decirle es que existían resultados de tipo penal. Como se sabe, antes de la presentación de dicho informe, el entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra, renunció al cargo tras dejar sin efecto el contrato suscrito con un consorcio argentino-peruano Andino Investment Holding (AIH) para la construcción del nuevo aeropuerto internacional del Cusco. “El día de hoy he presentado mi renuncia”, comunicó Vizcarra a los periodistas en una presentación en el Palacio de Gobierno, en la que estuvo acompañado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. En ese momento dijo que dejaba “esa responsabilidad a otra persona” que sea de la confianza del gobernante y aseguró que había trabajado “estos casi 10 meses con mucha responsabilidad, entrega y principalmente con honestidad”.
INTERESES
Al consultarle al informante cuáles fueron los verdaderos motivos de que se haya observado la adenda del Aeropuerto Internacional de Chinchero, contestó que esencialmente se cambiaron las condiciones de competencia que tenía el contrato inicial. “Como no se le pudo favorecer a Andina Investment con esa adenda y la resolución del contrato ha sido una decisión del Ministerio de Transportes, es decir, del Ejecutivo, con lo que se ha puesto al país en condiciones peligrosas para la economía”, dijo. Cabe recordar que el 21 de junio de 2018, AIH informó que Kuntur Wasi, consorcio que ganó la buena pro del aeropuerto de Chinchero en el 2014 y del cual forma parte junto a Corporación América, presentó una solicitud arbitral contra el Estado Peruano ante el Ciadi por la resolución del contrato de concesión del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero, de acuerdo con un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). “Con fecha 13 de julio de 2017, el Estado pretendió terminar el contrato unilateralmente amparándose en la causal de interés nacional, la misma que al no haber sido fundamentada conforme a lo establecido en el contrato, no surtió efectos jurídicos. Pese a la intención del Estado de terminar el contrato, el mismo se mantuvo vigente”, informó el consorcio el 7 de febrero de 2018 en un comunicado.
RECOMENDACIÓN ADMINISTRATIVA
El 9 de septiembre de 2018, el ex contralor general Édgar Alarcón afirmó que para sacar adelante la construcción del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco, el entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra, le pidió una “recomendación administrativa”. “Martín Vizcarra me pidió una recomendación administrativa para sacar adelante Chinchero. Yo me negué y [Alfredo] Thorne [exministro de Economía] se molestó“, dijo el exfuncionario a un canal de televisión. Alarcón narró que a la primera reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fue convocado por el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala. “Me llevó a una sala más pequeña donde estaban Thorne y Vizcarra. No sabía qué me iba a reunir con ellos”, expresó.
Refirió que Thorne quiso condicionar los resultados del informe de la adenda de Chinchero y que luego de esa reunión, Zavala lo llamó en varias oportunidades. “Me sentía presionado y condicionado de que si Chinchero no salía, era perjudicial para el país”, enfatizó. “Zavala me llamó por teléfono varias veces. A tanta insistencia, le dije que el informe tenía responsabilidad penal”, dijo al mencionar que entre los principales implicados se encontraban la entonces viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, y el propio Vizcarra. Según el informe que Alarcón presentó cuando estaba a cargo de la Contraloría General de la República, se encuentra acreditado que Vizcarra emitió una resolución suprema para la firma de una adenda que era lesiva al Estado peruano. “Los implicados son Fiorella Molinelli y nueve implicados más (…). La más insistente con el tema de Chinchero era Fiorella Molinelli, ella era la que lideraba este grupo operativo que tenía mucho interés en que se firme este contrato”, señaló Alarcón al asegurar que hubo una “estructura” para sacarlo del cargo de contralor. De acuerdo al informe que mostró Alarcón, en la relación de funcionarios involucrados en los hechos está Martín Vizcarra. “Su participación está acreditada debido a que se aprobó a través de resolución ministerial el contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto, el mismo que se firmó incumpliendo la norma aplicable en el APP, modificándose las condiciones de competencias que se utilizaron en el proceso de promoción que llevaron la firma de dicho contrato”, indica el informe.
Transportes, Martín Vizcarra, le pidió una “recomendación administrativa”. “Martín Vizcarra me pidió una recomendación administrativa para sacar adelante Chinchero. Yo me negué y [Alfredo] Thorne [exministro de Economía] se molestó“, dijo el exfuncionario a un canal de televisión. Alarcón narró que a la primera reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fue convocado por el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala.
“Me llevó a una sala más pequeña donde estaban Thorne y Vizcarra. No sabía qué me iba a reunir con ellos”, expresó. Refirió que Thorne quiso condicionar los resultados del informe de la adenda de Chinchero y que luego de esa reunión, Zavala lo llamó en varias oportunidades. “Me sentía presionado y condicionado de que si Chinchero no salía, era perjudicial para el país”, enfatizó.
“Zavala me llamó por teléfono varias veces. A tanta insistencia, le dije que el informe tenía responsabilidad penal”, dijo al mencionar que entre los principales implicados se encontraban la entonces viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, y el propio Vizcarra. Según el informe que Alarcón presentó cuando estaba a cargo de la Contraloría General de la República, se encuentra acreditado que Vizcarra emitió una resolución suprema para la firma de una adenda que era lesiva al Estado peruano.
“Los implicados son Fiorella Molinelli y nueve implicados más (…). La más insistente con el tema de Chinchero era Fiorella Molinelli, ella era la que lideraba este grupo operativo que tenía mucho interés en que se firme este contrato”, señaló Alarcón al asegurar que hubo una “estructura” para sacarlo del cargo de contralor. De acuerdo al informe que mostró Alarcón, en la relación de funcionarios involucrados en los hechos está Martín Vizcarra.
“Su participación está acreditada debido a que se aprobó a través de resolución ministerial el contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto, el mismo que se firmó incumpliendo la norma aplicable en el APP, modificándose las condiciones de competencias que se utilizaron en el proceso de promoción que llevaron la firma de dicho contrato”, indica el informe.

LOS INVESTIGADOS

Los investigados por la fiscal Zoila Sueno sobre la Adenda N° 01 al Contrato del Concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco, son: Fiorella Molinelli Aristondo, Yaco Paul Rosas Romero, Gianina Beoutis Manrique, Hernán Omar Muñoz Valdivia y Camilo Nicanor Carrillo Purín en calidad de autores. Y César Antonio Balbuena Vela, Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, Carlos Rodolfo Juan Vargas Loret de Mola y José Carlos Balta del Río en calidad de cómplices primarios del presunto delito contra la Administración Pública en la modalidad de colusión agravada.

VIZCARRA EN ACCIÓN

“Martín Vizcarra me pidió una recomendación administrativa para sacar adelante Chinchero. Yo me negué y [Alfredo] Thorne [exministro de Economía] se molestó“, dijo Édgar Alarcón en su momento a un canal de televisión.

LE GENERÓ DERECHOS

Antes de la adenda y el delito de colusión, quien se encontraba en una posición de incumplimiento era el consorcio Kuntur Wasi. El Estado tenía la posibilidad de denunciar por incumplimiento. Frente a los cuestionamientos, el Estado tuvo que anular la adenda y le generó derechos a Kuntur Wasi para demandar al Estado por US$8 millones, según Amado Enco.

COLUSIÓN AGRAVADA

El procurador anticorrupción Amado Enco señaló que la anulación de la adenda de Chinchero sería un elemento fundamental que demostraría que en la formulación de este contrato, entre el Estado y el consorcio Kuntur Wasi, los funcionarios que respaldaron esa suscripción habrían cometido el delito de colusión agravada.
“La adenda que se firmó entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el consorcio Kuntur Wasi afectaba seriamente los intereses del Estado, por cuanto el concesionario llegaba al momento de la adenda en una situación financiera inapropiada. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones allanaron el camino legal (…) Eso [la anulación del contrato] es lo que termina por consolidar la presunción de un delito de colusión agravada, porque antes de la adenda, quien se encontraba en una posición de incumplimiento era el consorcio, por lo tanto, el Estado tenía la posibilidad de demandar el incumplimiento de ese contrato”, indicó en un medio local.
Además, Enco resaltó que a diferencia de la denuncia que presentó él en marzo de 2017, con la investigación de la fiscal actual, hay dos elementos nuevos que tienen mayor relevancia en este caso, los cuales son el pago del consorcio Kuntur Wasi a una ONG de Pedro Pablo Kuczynski, así como las respuestas al pliego interpelatorio que había preparado el Congreso para el entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra.

Polo rojo

La carátula de la última edición de CARETAS, que caricaturiza al presidente Martín Vizcarra con polo rojo, ha despertado controversia en las redes. Al congresista Juan Sheput le parece que “da en el clavo”. El politólogo Steven Levitsky la califica de “lamentable payasada” (otros creen que llevar a Keiko en plan redentor a Harvard fue más chistoso).
Que la discusión siga adelante. Pero hay algunos puntos por remarcar:
Las únicas dos bancadas que apoyan decididamente la propuesta de adelanto de elecciones, además del pequeño grupo Liberal, son las de izquierda: Frente Amplio y Nuevo Perú.
Ambas bancadas proponen un congreso constituyente y líderes de los dos grupos como Marco Arana, Verónika Mendoza y Marisa Glave, han declarado que esta es la oportunidad perfecta para convocarlo. Su legítimo derecho político, por cierto.
Del mismo modo, el presidente y esas dos bancadas coinciden en impulsar la nueva ley de minería, cuyo proyecto aún se desconoce.
Poco se discute que, si se presenta cuestión de confianza por el adelanto de elecciones y ésta resulta negada, como hasta ahora es lo previsible, el presidente podrá cerrar el Congreso. Ese es el escenario apetecido por las mayorías en las encuestas y por el porcentaje del electorado que, comprensiblemente, abomina al fujimorismo. Pero en ese caso no hay adelanto de elecciones generales. Martín Vizcarra se queda en Palacio. Se produce la elección de un nuevo Congreso que estará en funciones hasta el 2021.
La metáfora del polo rojo no corresponde, claro está, a un izquierdista en el sentido estricto de la palabra. Como se lee en la revista, al menos en campaña, la corrida a la zurda es un clásico de la política peruana. Tanto como el pasito al otro lado para gobernar.
El outfit del presidente, además de las encuestas y el rojo de temporada, incluye un marcado componente regional. Así se vio con el lanzamiento del PRIN, el Partido Regionalista Integrador Nacional liderado por el ex primer ministro César Villanueva, a quien Jorge Barata le pinchó el globo. Mucho se ha especulado sobre la vinculación de esa plataforma política con el presidente, pero lo factual es que el propio Vizcarra se arrimó en las últimas semanas a los gobernadores regionales para impulsar el adelanto del calendario electoral. Bien por el signo anti centralista. Pero con aliados como el arequipeño Elmer Cáceres Llica, el puneño Walter Aduviri y el juninense Vladimir Cerrón, es pertinente volver a preguntarse por qué mueren las democracias.
Fuente: Revista CARETAS.

En cuatro paredes

Penoso el tratamiento del periodista Carlos Paredes, quien se desempeñaba como asesor principal de la vicepresidenta Mercedes Aráoz. Tras la renuncia de esta a la bancada de gobierno, el viernes 16 le llegó a su casa una resolución firmada por María Sara Aguirre Pajuelo, subsecretaria general de Palacio de Gobierno, en la que le comunicaron la resolución unilateral de su contrato, basada en la cláusula 8 del mismo.
El problema es que el numeral lo justifica por incumplimiento, lo que no es el caso. En carta a Roberto Sala Rey, presidente ejecutivo de Fonafe, mediante la que renunció al Directorio de Editora Perú, desde donde organizó la sala de prensa de los juegos Panamericanos, explica que ha sido “víctima de una arbitrariedad solo como parte de una venganza política contra mi jefa inmediata… ordenada desde las más altas instancias del Poder Ejecutivo, según me han informado personalmente tanto la persona que firma esa decisión como el Jefe de Personal del Despacho Presidencial”.
El lunes 19, Aráoz envió un oficio a Mirian Morales, secretaria general de Palacio, en el que le comunica que ella no remitió ninguna solicitud para rescindir el contrato de Paredes, como hubiera correspondido por ser ella la funcionaria a quien reportaba. Aráoz solicita “me informe a la brevedad, cuáles son los sustentos de hecho y de derecho para dar por resuelto y finalizado el contrato de mi asesor de Prensa y Comunicaciones”. Como se recuerda, Aráoz terminó por salir de la bancada de PPK luego que este grupo la retiró de la Comisión de Economía, que presidía. APP, mientras tanto, le cedió un cupo en el grupo de trabajo.
Fuente: Revista CARETAS.