Pedro Olaechea: “Los ejecutivos de Odebrecht han demostrado ser unos completos felones”

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea, aseguró que el país “ha sido embaucado” por la empresa Odebrecht. Esto a raíz de la demanda que la constructora brasileña interpuso por US$1,200 millones contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
A través de su cuenta de Twitter, aseveró que los ejecutivos de Odebrecht “han demostrado ser unos completos felones” y opinó que con el dinero que la constructora exige se podrían construir hospitales y colegios que la población requiere.
“Los de Odebrecht han demostrado ser unos completos felones. Lo que está sucediendo hoy se advirtió hace muchos meses. El Perú ha sido embaucado. Reitero: tengamos cuidado y pensemos primero en los intereses del país”, escribió.
“¿Cuántos hospitales, colegios o comisarías, se pueden construir con los US$1.200 millones que está pidiendo Odebrecht? ¿Cuántas incubadoras se pueden adquirir? En qué momento se empezará a pensar en los peruanos”, agregó.
Pedro Olaechea cuestionó la permanencia de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela en el Equipo Especial del caso Lava Jato tras esta denuncia y se mostró indignado porque, de perder el arbitraje, el dinero exigido por Odebrecht saldría de las arcas del Estado peruano.
“¿José Domingo Pérez y Rafael Vela deberían seguir en sus puestos? ¿Qué tan competentes son? ¿Qué opinas? Prácticamente le están costado al país US$1,200 millones (…) ¿De dónde saldrá el dinero que está demandando Odebrecht? Exacto, será dinero de todos los peruanos. Así de fácil, muy sencillo. Si eso no te indigna, no sé qué más tiene que suceder”, indicó.
En la víspera se dio a conocer que Odebrecht presentó su solicitud de arbitraje exigiendo más de US$1,200 millones de indemnización, argumentando que el Perú violó sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).
Fuente: Diario Perú21.

Odebrecht impide apoyo suizo al Perú

Por CÉSAR ROJAS y ERICK SÁNCHEZ- Diario EXPRESO.
Además de ocultar más de 20 obras conseguidas mediante sobornos, de contradecirse en varias declaraciones, y demandar al Perú por S/4,000 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), Odebrecht también ha estado impidiendo el acceso a los servidores informáticos donde están todos los codinomes de sus cómplices.
“La constructora brasileña ha presentado recursos legales en Suiza para evitar que la compañía Safe Host, que almacena datos informáticos de corporaciones y entidades bancarias, remita a las autoridades peruanas la información original contenida en los servidores My Web Day y Drousys, plataformas en las cuales se ocultó el detalle de los pagos ilícitos y la identidad de quienes los recibían desde el Departamento de Operaciones Estructuradas”, reveló el portal Convoca.pe.
Al igual que con la demanda, el Ministerio Público ya sabía de este impase, pero lo ocultó, a fin de que Jorge Barata y demás delincuentes extranjeros siguieran dando declaraciones con cuentagotas.
“Las acciones de los abogados de Odebrecht, la última de las cuales se interpuso ante el Tribunal Penal Federal de Bellinzona, fueron reportadas el 18 de noviembre último a la fiscal superior Celia Goicochea, jefa de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía del Perú, por parte del Basel Institute on Governance”, agrega el informe.
La fiscal federal suiza Elisabetta Tizzoni había informado de esto semanas antes en Europa, ya que el equipo Lava Jato y el procurador Jorge Ramírez habían apoyado que se les pague S/524 millones a los brasileños, para que estos a su vez paguen los servicios de Safe Host.

BLOQUEADOS

Si bien la legislación suiza permite que sus servidores judiciales operen directamente con Safe Host, Odebrecht ha solicitado ser incluida como parte en el proceso de asistencia legal internacional.
“Aunque inicialmente esa pretensión fue desestimada por el Ministerio Público Federal de Suiza, Odebrecht ha insistido ante la siguiente instancia, en el Tribunal Penal Federal de Bellinzona, capital del cantón del Tesino”, se indica.
Esto lleva más de tres años, ya que la activación de la cooperación judicial con el país de Roger Federer se dio en diciembre de 2016, cuando el fiscal Hamilton Castro estaba a cargo del caso Lava Jato.
Con la gestión de Rafael Vela, se han centrado en los servidores de Brasil, dejando de lado este punto, así como al convenio con el exfiscal suizo Stefan Lenz.
“Odebrecht no se opone a la cooperación jurídica internacional y al intercambio de datos, sino que, de hecho, defiende su legitimidad para ser parte de los pedidos de cooperación jurídica internacional”, fue su respuesta.
Según dicen, solo quieren asegurar que la información corresponda a actividades de los respectivos países que la solicitan, previo acuerdo de colaboración firmado.
¿Sabía el fiscal Vela de esta actitud obstruccionista de sus aliados en las investigaciones? ¿Su colega Celia Goicochea no se lo dijo, o prefirieron darle impunidad al entorpecimiento?
A esto se suma una media verdad señalada por el coordinador del equipo Lava Jato: que el acuerdo de colaboración eficaz ponía trabas a cualquier intención de demandar al Estado peruano.

CLÁUSULA PERDIDA

“Las preguntas claves son: ¿por qué no se aplicó desde el principio la cláusula anticorrupción?; ¿por qué no se amplió el caso si ya en enero de 2019 se sabía de la demanda ante CIADI?; y ¿por qué se mantiene a fiscales que han actuado como abogados de Odebrecht?”, escribió el analista Hugo Guerra en Twitter.

LUZ VERDE PARA DEMANDA

La verdad completa es que no se pone ninguna traba a esta posibilidad, no solo ante tribunales internacionales, sino ante el mismo Poder Judicial peruano.
Otra sospechosa afirmación de Vela es que Odebrecht sí habría reconocido pagos ilegales a funcionarios del gobierno de Ollanta Humala a cambio del Gasoducto Sur Peruano, con lo cual se podría acusar a los brasileños de sobornos en esta obra.
En realidad, Barata solo ha admitido pagos ilícitos de la “Caja 2” a Luis Pizarro Aranguren, abogado de un estudio particular que murió en agosto de 2017 de un sospechoso infarto en Buenos Aires.
A Pizarro se le ha identificado según dos codinomes: “Disco” y “Princesa”. Según Barata, se le dio 1.3 millones de dólares, pero como no era funcionario del gobierno humalista y ya murió, no se lo puede seguir investigando.

CHÁVARRY LO ADVIRTIÓ

En medio de estas revelaciones, el fiscal supremo Pedro Chávarry dejó su silencio y recordó que él quería publicar todo el acuerdo con Odebrecht para saber si se había incluido el compromiso de los brasileños, de no entablar demandas contra el Perú.
Como se sabe, el pedido a Vela fue en diciembre de 2018. Como este se negó a proporcionar la información, Chávarry lo sacó de su cargo, pero no contaba con que el propio presidente Martín Vizcarra iniciaría una furibunda campaña en su contra, la cual terminó sacándolo de la Fiscalía de la Nación.
“Por transparencia y por antecedentes de la empresa decidí hacerlo público de inmediato, debíamos evitar exponernos a demandas internacionales. Pero decidieron ocultar el acuerdo. Lamentablemente, la empresa nos demandó. ¿Quiénes son los responsables de este engaño al Perú?”, cuestionó.
Esto, y la denuncia por falsedad ideológica, peculado y encubrimiento que hiciera el también magistrado supremo Tomás Gálvez, además de la desaprobación ante la opinión pública, provocó la evidente desesperación de José Pérez.
El fiscal había salido de la audiencia de prisión preventiva para Gerardo Sepúlveda (ex socio de Pedro Pablo Kuczysnki en empresas que recibían dinero de Odebrecht), argumentando que su esposa, Vanessa Medina Muñoz, estaba siendo atacada, y que debía salir a defenderla.
“Una turba de desadaptados ha ido a agredir verbalmente con insultos y palabras nada adecuadas y agravios hirientes a mi esposa en su centro de labores”, señalaba a su salida.
Lo que el fiscal no había dicho es que su esposa es directora de Compras Corporativas y Encargos de Perú Compras, entidad a cargo del Ministerio de Economía. Medina fue ascendida en el actual gobierno, y gana más de 20,000 soles mensuales.
Tampoco dijo que solo hubo críticas frente al local público sobre este aspecto, por parte del colectivo La Resistencia, cuyos miembros en ningún momento se cruzaron con la funcionaria.
“El héroe llorón y sus amigos mermeleros quieren hacer creer que hemos agredido a su esposa. ¡Falso! Fuimos a protestar por el conflicto de intereses que tiene Vizcarra con Pérez, donde a todas luces se ve que ascendieron a su esposa por un muy evidente intercambio de favores”, respondió Juan Muñico, líder de los manifestantes.

PÉREZ INVENTA ATAQUES

En otro momento, Pérez volvió a su costumbre de calificar de corruptos a quienes critican al equipo Lava Jato y al acuerdo con los brasileños, para pasar a quejarse de un meme en Twitter.
“Observo no solamente ataques de Tomás Gálvez Villegas, de Pedro Chávarry, sino también de una persona que ha sido llamada como miembro consultivo de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ), que es el señor Jaime de Althaus. Está bien la crítica a la actuación fiscal, es correcto que todo ciudadano pueda criticar la actuación de juez o fiscal, pero llevarlo a la sorna, a la burla, al agravio, al ataque, como viene realizando el señor Jaime de Althaus, me parece que no es aceptable”.
Para Pérez los memes en redes sociales son ataques, y agregó que el periodista podría tener injerencia en el proceso de evaluación o ratificación a magistrados.
“¿Cuál es el mensaje que nos está dando Jaime de Althaus con esos ataques a nuestro trabajo? Que no es una persona imparcial, y la Junta Nacional de Justicia debería tomar nota de la actuación que está tomando esta persona”, aseguró.
En conversación con EXPRESO, De Althaus se mostró sorprendido por la reacción de su meme en Twitter, y recordó que jamás ha caído en el ataque personal.
“Lo que yo he formulado siempre son críticas fundamentadas, argumentadas, en mis artículos y también en los tweets. Claro, los tweets son más sintéticos. Me parece que hay intolerancia a la crítica. Es el maniqueísmo primario que considera que todo aquel que discrepa tiene intereses o está parcializado con la corrupción”, aseveró.
El analista añadió que él considera –al igual que la mayor parte de penalistas- que el equipo Lava Jato está equivocado cuando concentra sus esfuerzos en los aportes de campañas, porque se puede forzar la figura de lavado de activos con el famoso “pitufeo”.
Asimismo, que la insistencia en prisiones preventivas no ayuda a las investigaciones.
“Yo creo que el fiscal está completamente desenfrenado. Debería calmarse y ajustar sus estrategias a derecho. En relación con su sugerencia de que me retire del consejo consultivo de la JNJ porque podría tener injerencia en la evaluación que se haga de su desempeño, me sorprende su desconocimiento de lo que es un consejo consultivo, que se reúne una vez cada dos meses más o menos y que nunca ve casos particulares ni tiene capacidad alguna de influir y menos de resolver”, acotó el profesional.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

Entretanto, la lucha contra la corrupción tiene que continuar en el próximo Congreso de la República. No se puede tolerar que una empresa como Odebrecht tire por tierra el acuerdo de colaboración que firmó con la fiscalía peruana. Si hay un acuerdo, deben cumplirlo. Si van a venir con malas artes tenemos que tomar otro tipo de medidas. Es decir, buscar allanamientos, embargos, o medidas parecidas.
Así lo indicó el virtual congresista del Frente Amplio (FA), Enrique Fernández Chacón tras comentar la demanda de arbitraje que nos ocupa.
“Si uno llega a un acuerdo con un delincuente, le estás dando la mano, y luego este te mete una puñalada por la espalda, no hay la mínima confianza. Tenemos que actuar de otra manera, si es posible cambiar de estrategia. Tenemos que saber bien qué es lo que está pasando”, cuestionó.
Fernández Chacón refirió que resulta “extraño” por parte de la constructora brasileña que recurra al CIADI porque existen todas las evidencias que montó para obtener licitaciones de manera ilícita. “Ellos van a perder”, dijo.

“NI DE VAINAS”

“¿Honesta? ¿Rehabilitada? La corrupta empresa Odebrecht demanda al Perú ante el CIADI por 1,200 millones de dólares. ¿Solución amistosa como sugiere la empresa corrupta? Ni de vainas. Respuesta firme. Rechazo a la demanda en todos sus extremos”, escribió Ronald Gamarra.

ODEBRECHT OBSTRUYE EN SUIZA ENVÍO AL PERÚ DE BASE DE DATOS ORIGINAL DE LA ‘DIVISIÓN DE SOBORNOS’

Por Óscar Libón- Convoca.pe

La empresa suiza Safe Host tiene los archivos originales de las plataformas My Web Day y Drousys, que ocultan información relevante de pagos ilícitos de la constructora brasileña. Esta compañía aceptó proporcionar los datos a las autoridades peruanas mediante cooperación judicial con Suiza, pero abogados de Odebrecht interpusieron acciones legales para que esta entrega no se concrete.
La constructora brasileña Odebrecht ha presentado recursos legales en Suiza para evitar que la compañía Safe Host, que almacena datos informáticos de corporaciones y entidades bancarias, remita a las autoridades peruanas la información original contenida en los servidores My Web Day y Drousys, plataformas en las cuales se ocultó el detalle de los pagos ilícitos y la identidad de quienes los recibían desde el Departamento de Operaciones Estructuradas, según documentación oficial a la que accedió Convoca.pe
Las acciones de los abogados de Odebrecht, la última de las cuales se interpuso ante el Tribunal Penal Federal de Bellinzona, fueron reportados el 18 de noviembre último a la fiscal superior Celia Goicochea, jefa de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía del Perú, por parte del Basel Institute on Governance, fundación mediante la cual se gestiona la cooperación judicial suiza, de acuerdo con las fuentes.
Semanas antes, en octubre reciente, la fiscal federal suiza Elisabetta Tizzoni, a cargo del caso Odebrecht en el país europeo, informó al Basel Institute on Governance que la asistencia legal internacional con el Perú estaba paralizada debido a que la empresa brasileña había interpuesto procedimientos legales contra la referida coordinación entre autoridades suizas y peruanas.
Odebrecht contrató a Safe Host para alojar a sus plataformas que ocultaban los pagos ilícitos de la ‘Caja 2’, allí está la base de datos primigenia.
Ante el Ministerio Público Federal de Suiza, la compañía que almacena los datos había expresado su consentimiento para enviar la información de los servidores encriptados al Perú a través de un trámite simplificado, indicaron las fuentes.
La legislación suiza permitió a los funcionarios judiciales de esta nación realizar un procedimiento de cooperación judicial de forma directa con Safe Host y no necesariamente con el propietario de los datos, es decir Odebrecht.
Mediante sus representantes legales, la firma brasileña ha solicitado ser incluida como parte en el proceso de asistencia legal internacional —en materia penal— sobre la entrega de documentación a Perú por parte de la compañía dedicada a almacenar datos. Aunque inicialmente esa pretensión fue desestimada por el Ministerio Público Federal de Suiza, Odebrecht ha insistido ante la siguiente instancia, en el Tribunal Penal Federal de Bellinzona, capital del cantón del Tesino.
Cabe recordar que esta cooperación judicial con Suiza para obtener más información relevante sobre las actividades ilegales de Odebrecht fue iniciada en diciembre de 2016 por el fiscal Hamilton Castro, entonces responsable de las pesquisas de los casos de corrupción relacionados a las constructoras brasileñas en el Perú.
Con el exfiscal suizo Stefan Lenz se reforzaron las gestiones para obtener información desde Suiza, en 2017.
Este miércoles, se conoció que Odebrecht demandó al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por 1,200 millones de dólares, por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano.
Convoca.pe intentó recoger sin éxito la versión de la fiscal Celia Goicochea y de Óscar Solórzano, jefe de la misión del Basel Institute on Governance en Perú sobre esta situación.
En tanto, fuentes del Equipo Especial del caso Lava Jato señalaron que los datos sobre los servidores de la ‘Caja 2’ para sus investigaciones provienen de Brasil y no de Suiza. Y añadieron que no consideran relevante la documentación procedente de las autoridades suizas al respecto. Debe anotarse, que las pesquisas en Brasil se basan en copias de My Web Day y Drousys.
En respuesta a Convoca.pe, voceros de la constructora brasileña refirieron que “Odebrecht no se opone a la cooperación jurídica internacional y al intercambio de datos, sino que, de hecho, defiende su legitimidad para ser parte de los pedidos de cooperación jurídica internacional”. De esta afirmación se desprende que, en efecto, la compañía a través de sus abogados interpuso recursos legales en el procedimiento que habían iniciado las autoridades suizas y peruanas para la entrega de información de parte de Safe Host, de manera directa.
En el mismo pronunciamiento, Odebrecht sostuvo que su intervención legal responde a asegurar “que la información que se envíe solamente corresponda a actividades de los respectivos países que solicitan las informaciones, y que el país solicitante tenga un acuerdo de colaboración firmado con la empresa”. Y se añadió que la firma brasileña “reafirma su postura y disposición en colaborar con las investigaciones, pero ejerce su derecho a tener conocimiento y manifestarse en el contexto de la cooperación internacional”.

Gasoducto: ¿Las pruebas del delito?

Por Manuel Romero Caro- Diario Gestión.
Según un interesante artículo de Ricardo Uceda, está por demostrarse cómo se habría organizado una licitación para que ganara Odebrecht. Ya que los actos colusorios señalados por la fiscal Mori no lucen consistentes (1).
Sin embargo, el contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP) otorga una serie de beneficios (indebidos en mi opinión) a Odebrecht, Enagás y luego Graña y Montero. Es así que los concesionarios tenían derecho a recibir ingresos garantizados por más de US$900 millones anuales hasta la finalización del contrato. Para lograr dicha cifra se había establecido una meta de cumplimiento obligatorio de transportar a través del ducto 500 mmpcd (casi el nivel de consumo de Lima). La que se tenía que pagar hubiera o no hubiera reservas de gas o demanda real para ser transportada. Y la diferencia entre los ingresos por lo realmente transportado, y los US$900 millones que se debían pagar anualmente, la asumían los consumidores eléctricos. Además, se le devolvían el monto de la inversión, los costos de operación y los de mantenimiento: US$7,300 millones. Inclusive los consumidores eléctricos empezamos a pagar dichos subsidios desde el 2015: 5% de los 7,300 millones (US$365 millones). En el 2016 se pagó el 15% (US$1,095 millones). Y las protestas por dichos cobros aumentaron significativamente. Y como en el 2017 se iba a cobrar el 35 (US$2,555 millones), y en el 2018 se pagaba el 45% (¡¡US$3,285 millones!!) y las protestas sí iban a representar un problema importante, PPK anunció que el Tesoro Público asumiría dichas obligaciones.
Pero da lo mismo que los subsidios los paguen los consumidores o el MEF, porque siempre los terminaremos pagando vía mayores impuestos, reducción de gastos o deterioro de los servicios públicos. En resumen, a Odebrecht, Enagás y Graña y Montero les devolvían la inversión efectuada, los costos de operación y de mantenimiento. Y tenían ingresos garantizados durante 30 años. ¿Y la colusión no es un delito que se concreta bajo el acuerdo clandestino alcanzado entre dos o más personas para perjudicar a un tercero (el Estado)?
En el GSP era vital determinar por anticipado la demanda futura de gas en el sur, pero ProInversión, el MEF y el MEM decidieron no contratar ningún estudio de mercado. Peor aún, ya ProInversión había contratado anteriormente un estudio “Mercado Energético de la Macrorregión Sur”, elaborado por el Consorcio R. García Consultores; Arcan y Corsanac, que presentan tres escenarios de demanda (alta, media y baja con proyecciones hasta el 2030). Y en ninguno se llega a los 500 mmpcd establecidos. Siendo la demanda más alta 391 mmpcd, al final del 2030. Lo que evidencia que la meta del GSP estaba claramente sobredimensionada.
Inicialmente el Proyecto Integrado tenía dos partes: el gasoducto y un complejo petroquímico. Es que no había gasoducto sin petroquímica; ni petroquímica sin ducto. Porque el ducto necesitaba “anclas” que generen tráfico. Y si no había petroquímica (el proyecto ya estaba descartado, pero Odebrecht insistía); debería haber habido otras anclas: una planta de GNL (como la de Cañete) o un contrato de exportación de largo plazo. En ausencia de anclas nunca se debió aprobar dicho proyecto.
Inclusive el viceministro de Hidrocarburos Eduardo Guevara, en mayo del 2019, en declaraciones sobre el estado de situación del Gasoducto al Sur, afirmó que “siempre está la incógnita” de cómo se va a desarrollar una mayor demanda por gas. Lo que confirma que el ducto, a pesar de haber transcurrido más de 5.5 años desde que firmó el contrato del GSP, no tiene demanda suficiente que lo justifique.
Se considera que durante los primeros cinco años en que hubiera operado el GSP (2019-23), la demanda del sur habría sido muy reducida. Y si se estimara generosamente que la demanda real del gas a ser transportada llegara a los US$100 millones, ¡¡los subsidios promedio en los primeros cinco años serían US$800 millones anuales!!, US$4,000 millones. Además, hay que considerar que a lo largo de la concesión el gas sería sustituido por proyectos de energía renovable, de menores costos. Tal como está sucediendo desde hace años en Chile. Claro que la falta de demanda suficiente para el gasoducto no le hubiera preocupado a Odebrecht, Enagás y Graña y Montero, porque ellos tenían garantizados sus ingresos durante 30 años.
Y sobre la oferta para el GSP (que debía haber sido el gas del lote 58, de CNPC) tampoco está asegurada. Cabe preguntarse, si ni la demanda ni la oferta del GSP estaban aseguradas, ¿por qué motivos profesionales con experiencia nacional be internacional en el sector gasífero (los de Energía y Minas) y con amplios conocimientos y experiencia en sectores productivos (los del MEF y ProInversión) aprobaron condiciones tan claramente dañinas para el interés nacional?
(1) El Informante: Atragantados por Ricardo Uceda. La República 21.01.2020

Fiscal Gálvez sobre demanda de Odebrecht: “Vela y Pérez se han prestado para esta situación”

El fiscal supremo Tomás Gálvez se pronunció respecto de la demanda que entabló la constructora brasileña Odebrecht contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el Gasoducto Sur Peruano.
En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP Noticias, el fiscal responsabilizó a los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez Gómez, quienes consideró no han logrado incautar “un céntimo” a la compañía.
“El propósito de Odebrecht en todas estas investigaciones y toda su conducta procesal ha sido realizar cualquier actuación para liberar sus activos y sobre todo para sacar el mayor provecho en las investigaciones justamente para buscar que no se le incaute su patrimonio y, lamentablemente, los fiscales Vela y Pérez se han prestado para esta situación. Por eso es que no le han incautado nada prácticamente tenían que incautarles 15 mil millones de soles; sin embargo, no le han incautado un céntimo”, comentó.

“Odebrecht se está saliendo con la suya”

En esa línea, el fiscal consideró que Odebrecht se está saliendo con la suya al lograr mantener sus activos e incluso demandando al Estado peruano, principal afectado por la trama de corrupción que montaron en varios países de América Latina.
“Lamentablemente para el Perú estos señores se están saliendo con la suya se están llevando todos sus activos que han tenido y además de que no han devuelto nada de las utilidades ilícitas y ahora no contentos con eso, ciertamente han interpuesto una demanda contra el Estado buscando que se les indemnice por actos que realmente colusorios y productos del soborno”, sostuvo.
El pasado 6 de enero, el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que retire a los fiscales Vela y Pérez Gómez del Equipo Especial del caso Lava Jato por un presunto encubrimiento a las empresas investigadas, especialmente Odebrecht. Y denunció a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez por los delitos de falsedad ideológica, peculado y encubrimiento en el marco de la devolución de los S/524 millones a la empresa brasileña Odebrecht producto de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Estado peruano se pronuncia tras ser demandado por Odebrecht, quien exige más de US$1,200 millones de indemnización

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución arbitral afiliada al Banco Mundial con sede en Washington, D.C.,registró el día 04 de febrero de 2020 una solicitud de arbitraje presentada por la empresa Odebrecht Latinvest S.A.R.L., una subsidiaria constituida en Luxemburgo de la empresa brasileira Odebrecht S.A, en contra de la República del Perú (Caso No. ARB/20/04).
Odebrecht presentó su solicitud de arbitraje exigiendo más de US$1200 millones de indemnización, argumentando que el Perú violó sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).
Odebrecht argumenta, entre otras cosas, que el 24 de enero de 2017 el Estado canceló de manera arbitraria el contrato de concesión del GSP, y adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que violan los derechos de la subsidiaria de Odebrecht, como la ejecución de la carta fianza correspondiente.
RESPONDE EL ESTADO
Según el Gobierno, el Estado dio por terminado el contrato porque el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el Contrato de Concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Estado.
Otras medidas que adoptó el Estado y que son objeto de la demanda arbitral de la subsidiaria de Odebrecht están relacionados con las leyes anticorrupción que adoptó el Estado en febrero del 2017. Odebrecht argumenta en su solicitud de arbitraje, sin embargo, que sus admitidos actos de corrupción no abarcan la concesión del GSP.
“El Estado peruano es respetuoso de sus compromisos, tanto contractuales como internacionales. No obstante, el Estado ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias”, añadieron.
“El Perú tiene una sólida trayectoria en los casos de demandas internacionales. El Estado ha obtenido fallos favorables frente a reclamaciones por más de US$50 mil millones, en más de una docena de casos presentados por inversionistas en virtud de contratos y Tratados de Inversión. Adicionalmente, como resultado de tales procesos ha recuperado aproximadamente US$110 millones, mostrando una conducta transparente, diligente y apegada al Estado de Derecho, que ha asegurado los principios rectores sobre promoción de la inversión privada”, resaltaron.
Así las cosas, se anunció que “el Perú se defenderá frente a esta demanda”. Así mismo, el Estado reafirmó su firme compromiso en la lucha contra la corrupción y se reserva todos sus derechos bajo la legislación vigente, incluyendo en materia anti-corrupción, y el derecho internacional público.
El Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión–SICRECI, cuyo coordinador es el Ministerio de Economía y Finanzas, atiende las controversias que se derivan de los tratados de inversión o contratos que remiten a un mecanismo internacional de solución de controversias en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Fuente: Lucidez.pe y Diario El Peruano.

Organización criminal: “Es un escándalo”

Por DAVID TOLENTINO– Diario Perú21.
Susel Paredes se mostró “indignada” por la captura de Filiberto Campos Huamán, quien era subgerente de Fiscalización de La Victoria, entidad que ella administró en el distrito. Campos integraba la banda de traficantes de terrenos ‘La Jauría de Lima Sur’.
En comunicación con Perú21, Susel Paredes afirmó estar desconcertada. Además reveló que nunca supo quiénes la iban a reemplazar en su trabajo para la Municipalidad de La Victoria.
“Es un escándalo completo, estoy completamente indignada y desconcertada. ¿Cómo pueden haber escogido a este señor?”, refirió a Perú21.
“Nunca supe que me iba a suceder en el cargo, yo nunca en mi vida lo he visto. Yo hablé con Enrique Aguilar y me dijo que estaba buscando a un subgerente, no sé quién lo ha recomendado. Quién lo haya recomendado tiene que responder porque le han hecho un daño a La Victoria”, agregó.
Como es de conocimiento público, fue detenido el alcalde de Punta Negra, José Rubén Delgado Heredia, ‘Lobo’, acusado de ser el cabecilla de una banda que usaba el municipio para traficar terrenos dentro de esa jurisdicción.
Junto con Delgado fueron detenidas otras diez personas, entre ellas Filiberto Campos Huamán, nada menos que el subgerente de Fiscalización y Control de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Victoria.
“Me siento indignada, ¿cómo van a tener un filtro tan malo en una subgerencia tan delicada que es donde más corrupción hay? Estoy destrozada, todo nuestro trabajo, este señor lo iba a destruir, ahora está detenido, es una organización criminal, no estamos hablando de un pequeño grupo de delincuentes, esto es una cosa grande, hay un coronel de la policía, un comisario, el alcalde, los gerentes, entre ellos, este señor”, refirió Susel.
¿QUIÉN ELIGIÓ AL INTEGRANTE DE ‘LA JAURÍA DE LIMA SUR’ EN LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA?
Susel Paredes, quien ahora es la gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de Magdalena del Mar, reveló que la responsable de escoger a los funcionarios es la gerencia municipal que se encuentra a cargo de la señora Yanina Abanto.
“Ella es la que entrevista y define, al final el alcalde es el que firma la resolución de designación”, precisó.
Perú21 intentó comunicarse con Yanina Abanto, pero no obtuvo respuesta.
La Municipalidad de La Victoria indicó que cesó de su puesto a Campos Huamán apenas se conoció el hecho.

Eróstrato y Julio Guzmán

Por Gonzalo Ramírez De La Torre– Lucidez.pe
El templo de Artemisa, considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo, fue destruido por un incendio en el año 356 a.C. La tragedia, sin embargo, no se trató de un hecho fortuito. No fue causado por un desafortunado descuido o por inclemencias de la naturaleza. El templo fue incendiado por Eróstrato, un pastor que, buscando la fama que dicho atentado le podría procurar, prendió en llamas el edificio. El pirómano fue ejecutado y las autoridades prohibieron que su nombre fuera pronunciado, en un intento de truncar las intenciones del criminal. Empero, el hombre pasaría a la historia y la manía de llevar a cabo locas hazañas por la celebridad llevaría su nombre: erostratismo.
El caso más reciente de erostratismo lo ha mostrado Julio Guzmán. Queda claro que la magnitud de su ‘hazaña’ es considerablemente menor que la de Eróstrato, pero no deja de ser, también, altamente reprochable. En el marco del lanzamiento de su libro “Nuestro propio camino”, donde cuenta detalles de su visión del Perú y de su periplo electoral, el ex candidato a la presidencia lanzó una seria denuncia. Aseveró que, mientras se evaluaba su permanencia en la contienda, se le acercaron distintas personas a ofrecerle que se quede en la carrera a cambio del pago de una considerable suma de dinero.
Sin duda es una acusación seria que, de comprobarse, empañaría profundamente la reputación de las autoridades electorales. Sin embargo, el hecho de que el candidato haga este comentario con tanta ligereza, sin haberse preocupado siquiera en determinar quiénes fueron estos individuos y si, en efecto, tenían capacidad de incidir en un resultado que tendría que haberse dado solo tras un proceso de análisis técnico; es escandaloso y harto irresponsable. Especialmente si su palabra es la única prueba que es capaz de mostrar ¿Por qué no lo denunció en su momento? ¿Por qué lo calló hasta ahora? Y peor aún ¿Por qué opta por sacarlo a la luz justo cuando se dispone a publicar un libro?
Resulta lamentable que un hombre que trató de posicionarse como el abanderado de la nueva política y un demócrata a cabalidad decida apelar a tretas publicitarias de este estilo. Sin duda su afán por recuperar reconocimiento y por acaparar titulares lo hacen no pensar en las consecuencias de sus actos. No se trata, claro está, de un incendio en el templo de Artemisa, pero se trata de un intento gratuito y sin sustento de desestabilizar nuestro sistema electoral, solo para que se pronuncie el nombre Julio Guzmán (o para que, caserita, usted vaya y compre su libro en busca de más detalles).
Pero Julio Guzmán, desde su expulsión de la contienda electoral, parece haber perdido el temple que aparentaba tener cuando recién comenzó. Salió de Todos por el Perú sin brindar muchas explicaciones y se lanzó muy rápidamente a recolectar firmas para su ‘Partido Morado’, claramente estableciendo el 2021 como su próximo objetivo. La agrupación todavía no existe y ya parece estar seguro de que será su candidato a la presidencia, aunque se esperaría que se dé, como es correcto, un proceso de elección interna. Aunque, dado el erostratismo manifestado, parece ya no incomodarle la figura del caudillo.
Cálmese, señor Guzmán. No se trata de incendiar templos o de lanzar denuncias sin pruebas para hacerse famoso. No se trata de querer ser conocido, sino de ser digno de que se te conozca.

Se firmó acuerdo de confidencialidad para que no se divulgara su nombre

Intentaron ocultar identidad de Julio Guzmán tras incendio

El abogado del propietario del edificio donde se produjo un incendio en mayo del 2018 confirmó que se firmó un acuerdo de confidencialidad para que no se revelara el nombre del líder del Partido Morado, Julio Guzmán, y el monto que se pagó por los daños causados.
En ‘Panorama’, José Guillermo Protto detalló que inicialmente Liliana Acurio, quien estaba con Guzmán en el momento que se inició el siniestro, se negó a admitir quién la acompañaba, pero los videos de seguridad aclararon la situación.
“Se le reclamó. Viendo los circuitos de videos, pudimos advertir que una persona sale corriendo […] Al principio había una negativa de la señorita admitir quién era la persona que estaba. Al revisar en la noche los circuitos de videovigilancia, la situación se aclaró”, expresó.
Refirió que la Policía Nacional no hizo la denuncia del caso tras el incendio y que su trabajo fue “incompleto”. También indicó que Liliana Acurio alquiló la habitación por tres días y que los pagos de las reparaciones se hicieron en dos armadas.
Sin embargo, Protto subrayó que el último pago se hizo a través de un acuerdo de confidencialidad, firmado a través del abogado de Liliana Acurio, Raúl Pariona, que también tiene como cliente al expresidente Ollanta Humala.
“El abogado nos pide firmar un acuerdo de confidencialidad para que no se divulgara el nombre de la persona que sale corriendo del edificio. Este acuerdo se firma los primeros días de julio del 2018 y en todo momento quienes dan la cara son el abogado Raúl Pariona y la señorita Liliana Acurio”, manifestó.
“El acuerdo de confidencialidad buscaba no revelar la identidad de la persona que sale de edificio y no revelar el importe desembolsado para cubrir los gastos […] El acuerdo de confidencialidad no se ha revelado”, añadió.
Como se recuerda, el hecho ocurrió en marzo de 2018 y los movimientos de Julio Guzmán fueron registrados en videos. En las filmaciones difundidas por ‘Panorama’ se observa al líder del Partido Morado salir corriendo de un departamento de Miraflores, pero antes, alerta al portero que se estaba registrando un siniestro.
El incidente se produjo porque varias velas que formaban un corazón recalentaron un televisor, que luego explotó. En las fotografías del lugar también se ven varios globos rojos en forma de corazón pegados en las ventanas.
Fuente: Diario Gestión.

Pruebas del fraude

Por Beatriz Mejía Mori -Diario EXPRESO.
Para muchos hablar de fraude habiendo sido candidato “perdedor” significa la manifestación de un enfoque poco objetivo respecto a la realización de un proceso electoral; sin embargo, es necesario denunciar los actos que evidencian la comisión de un fraude programado en este proceso 2020, que deben ser objeto de una investigación penal:
1.- El concierto delictivo de un gobierno comprometido con intereses extranjeros de aprobar una agenda legislativa que permita la imposición del gobierno mundial de la ONU, que motivó el compromiso de Vizcarra en discurso ante este organismo, de convocar coercitivamente a elecciones, diez días antes de cerrar el Congreso.
2.- La necesidad de conformar un Congreso a la medida libre de opositores a la agenda legislativa de la ONU, como son los líderes provida y familia, y libre de candidatos que amenazaban con vacar al presidente.
3.- El acuerdo de “colaboración” de los partidos políticos con el gobierno para que pasen la valla, confesado por candidatos sinceros.
4.- Las encuestas falsas preparando el terreno para justificar el falso resultado electoral, en que desaparecían los partidos opositores y los que tenían conocidos candidatos provida, frente a las verdaderas encuestas de inteligencia demostrando lo contrario.
5.- La concertación de medios hasta digitales para desprestigiar, difamar y calumniar a los candidatos provida.
6.- Las entrevistas ocultas de supuestos funcionarios del JNE a candidatos para preguntarles si estaban en contra del gobierno y si vacarían a Vizcarra.
7.- Los cuestionarios de los medios de prensa y del JNE sobre el enfoque de género y si está a favor o en contra del gobierno.
8.- La exclusión de numerosos candidatos provida de la contienda.
9.- La no existencia de resultados del voto electrónico tres días después de la elección.
10.- Denuncias de ciudadanos que no encontraron el símbolo en la pantalla y de otros que lo encontraron borroso en la cédula, de los partidos con conocidos candidatos provida.
Más allá de la probada vulnerabilidad del voto electrónico y de las irregularidades que han denunciado expertos a su aplicación en este proceso 2020, lo cual deberá ser materia de un peritaje informático, los actos preparatorios y de consumación de este fraude ameritan una denuncia a la Fiscalía de la Nación por los delitos de organización ilícita para delinquir, contra la fe pública, defraudación y contra la voluntad popular.
No consintamos el fraude, luchemos por la libertad del Perú.

El explorador y los pigmeos

Por Mario Ghibellini– Diario El Comercio.
o todos los pigmeos son africanos. Existen también pueblos a los que se les da esa denominación en las Filipinas, en Australia y hasta en Colombia. Pero los estereotipos creados por el cine y la televisión nos han llevado a imaginarlos siempre como unos misteriosos nativos del continente negro que asoman entre el follaje de la selva cuando una desorientada partida de expedicionarios occidentales acaba de pasar sin advertir su presencia… Hasta que, por alguna razón, uno de ellos es capturado y toda la tribu termina cargando los bultos de los exploradores.
Sea como fuere, en el Perú, no solíamos tenerlos, pero las elecciones del domingo pasado han cambiado esa circunstancia. En ellas, nueve organizaciones políticas han conseguido llegar al Congreso, pero con votaciones que en todo el país no alcanzan, en el mejor de los casos, ni el 11% de los votos válidos. Es decir, ni el 11% de un universo del que ya han sido descontados los votos blancos y viciados (aproximadamente un 18% de los votos emitidos). Si consideramos, además, que un 25% de los electores hábiles no acudió a las urnas y que cerca de un 26% de los votos válidos fue para los partidos que no pasaron la valla, la talla de los triunfadores comienza a encogerse rápidamente, al punto de hacerlos parecer lo que anunciábamos al principio de este párrafo: un primer brote de compatriotas pigmeos.
Adicionalmente, según los últimos cálculos, el número de los integrantes con los que contará cada bancada oscilará entre 25 y 9, por lo que las decisiones que necesiten mayoría calificada (87 votos) van a requerir un auténtico ‘jamboree’ de los novísimos clanes liliputienses. Pero más importante que eso es que la posibilidad de que los parlamentarios recién electos ejerzan algún grado de fiscalización o contrapeso frente al gobierno de Vizcarra sencillamente no existe.
–Embargo de micros–
Alguien podría argumentar que en realidad nunca se sabe, que en el cambiante escenario de la política local jamás todo está dicho y que a lo mejor, ya acomodada sobre sus escaños, alguna bancada se crece. Pero basta una revista somera a los equipos congresales que conformarán la próxima representación nacional para comprender que aquí no habrá vitacalcio que valga.
Empecemos con Acción Popular, que ha celebrado su discretísimo 10% como si hubiese sido una victoria de elecciones presidenciales y en primera vuelta. Si en algo se han mostrado hasta ahora de acuerdo sus futuros legisladores es en pedir perdoncito por la actitud de su última bancada durante la jornada del 30 de setiembre y en tratar de esconder a la señora Mónica Saavedra. Ella, que postuló con el número 1 en la lista por Lima, tuvo la presencia de ánimo de decir que consideraba que el Congreso había sido disuelto inconstitucionalmente y anunció hace poco, en una entrevista, que su partido ejercería desde la plaza Bolívar un “obstruccionismo democrático” frente al Ejecutivo (una torpe manera de expresar su compromiso con las tareas opositoras) y desde entonces se ha producido un misterioso embargo de micros a su alrededor.
Algo semejante cabe apuntar acerca de Alianza para el Progreso, partido que en su momento repartió sanciones y pedidos de renuncia entre aquellos congresistas que a fines del año pasado le mostraron los dientes al gobierno –Marisol Espinoza y Luis Iberico– y que ahora, bajo la guía señera de su líder, luce dispuesto a demostrar que una organización política está madura cuando alcanza la madurez.
¿Los morados? Proclives desde el principio a confundir el color de la chicha (que los caracteriza) con el “chicheñó” y golpeados por un debut bastante más modesto que el que sus sueños prometían (nueve curules, según las proyecciones más recientes), presumiblemente van a estar más apremiados por la urgencia de buscarse un líder que no se corra que por la de los decretos que tendrían que evaluar y, en muchos casos, derogar.
Podemos Perú, a su turno, será de seguro poco más que Daniel Urresti, cuyos arrestos fiscalizadores, podemos apostar, tenderán a manifestarse más en el Hall de Los Pasos Perdidos (en donde se agolpan los reporteros y las cámaras de la prensa) que en el hemiciclo. No se puede descartar, eso sí, que por ahí se le ocurra formular una iniciativa legislativa para declarar el yeso sustancia ilegal.
Del Frepap, por otro lado, se puede esperar rito y sermón. Pero en lo que concierne a la severa vigilancia de los actos de gobierno del vizcarrismo, es probable que las teorías que los vinculan con algunas de las tribus perdidas de Israel encuentren de pronto sustento. Y en cuanto a Somos Perú, disculparán ustedes el escepticismo, anticipamos una bancada cuyos miembros serán, sobre todo, aspirantes a algún Óscar como mejores actores de reparto.
Finalmente, los eventuales gestos opositores que pudieran esbozar Fuerza Popular, el Frente Amplio o la facción antaurista de UPP serán, a no dudarlo, episódicos, numéricamente irrelevantes y contradictorios entre sí, por lo que no constituirán preocupación alguna para el actual jefe del Estado.
–Cucurucho–
Vizcarra, más bien, ha dicho que quiere dialogar con todos esos sectores y ha anunciado que pronto empezará con ellos una ronda. No ha quedado claro, sin embargo, si después de la ronda vendrán “la gallinita ciega”, “el huevo podrido” y “el cucurucho”. Porque la verdad es que con estas huestes empequeñecidas –tanto en respaldo ciudadano como en consistencia política– no tiene necesidad de hacer mucho más.
Como en el estereotipo de las películas, los pigmeos que hemos elegido terminarán cargando los bultos del explorador. O, más que del explorador, del aventurero, pues es evidente que el presidente nos ha metido en este territorio incierto sin mapa ni brújula. Y solo guiado por los rumores lejanos del aplausómetro.

Algo huele mal

Acción Popular: 25 escaños / 10.26% (ONPE)
Podemos Perú: 11 escaños / 8.38% (ONPE)
FREPAP: 15 escaños / 8.38% (ONPE)
Alianza Para el Progreso: 22 escaños / 7.96% (ONPE)
Fuerza Popular: 15 escaños / 7.31% (ONPE)
Unión Por el Perú: 13 escaños / 6.77% (ONPE)
Somos Perú: 11 escaños / 6.05% (ONPE)
Frente Amplio: 9 escaños / 6.16% (ONPE)
Partido Morado: 9 escaños / 7.40% (ONPE)

Acción Popular

Mónica Saavedra (Lima)
Leslye Lazo (Lima)
Walter Rivera (Lima)
Luis Roel (Lima)
Ricardo Burga (Lima)
Otto Guibovich Arteaga (Áncash)
Rosario Paredes Eyzaguirre (Arequipa)
Hans Troyes Delgado (Cajamarca)
Paul García Oviedo (Callao)
Jorge Vásquez Becerra (Cusco)
Kenyon Durand Bustamante (Huancavelica)
Wilmer Bajonero Olivas (Huánuco)
Yessy Fabian Díaz (Huánuco)
Juan Carlos Oyola Rodríguez (Ica)
Freddy Llaulli Romero (Junín)
Anthony Novoa Cruzado (La Libertad)
Rolando Campos Villalobos (Lambayeque)
Carlos Pérez Ochoa (Lima Provincias)
Leonardo Inga Sales (Loreto)
Luis Simeón Hurtado (Pasco)
Franco Salinas López (Piura)
Jesús Arapa Roque (Puno)
Manuel Aguilar (San Martín)
Rolando Ruiz Pinedo (San Martín)
Manuel Merino de Lama (Tumbes)

Alianza Para el Progreso

Omar Chehade (Lima)
Carmen Omonte (Lima)
Jhosept Pérez Mimbela (Áncash)
Omar Merino López (Apurímac)
Perci Rivas Ocejo (Ayacucho)
Walter Benavides (Cajamarca)
Moisés Gonzáles Cruz (Cajamarca)
Alexander Hidalgo Zamalloa (Cusco)
Lusmila Pérez Espíritu (Huánuco)
Julio Condori Flores (Ica)
César Augusto Combina Salvatierra (Junín)
Luis Alberto Valdez Farías (La Libertad)
Tania Rosalía Rodas Malca (La Libertad)
Humberto Acuña Peralta (Lambayeque)
Fernando Meléndez Celis (Loreto)
Eduardo Acate Coronel (Loreto)
Walter Ascona Calderón (Moquegua)
Marco Antonio Verde (Pasco)
Mario Quispe Suárez (Piura)
Irene Carcausto Huanca (Puno)
Robertina Santillana Paredes (San Martín)
Napoleón Puño Lecarnaque (Tumbes)

Fuerza Popular

Martha Chávez (Lima)
Diethell Columbus (Lima)
Valeria Valer (Lima)
Carlos Mesía (Lima)
Widman Napoleón Vigo Gutiérrez (Cajamarca)
Marco Antonio Pichilingue Gómez (Callao)
Gilbert Alonzo Fernández (Ica)
Erwin Tito Ortega (Junín) 
Miguel Ángel Vivanco Reyes (La Libertad)
Rita Ayasta de Díaz (Lambayeque)
Liliana Pinedo Achaca (Lima Provincias)
Mártires Lizana (Piura)
Edward Zárate (Piura)
María Luisa Silupu (Piura)
Gilmer Trujillo (San Martín)

Frepap

Wilmer Cayllahua Barrientos (Lima)
María Cristina Retamozo Lezama (Lima)
Isaias Pineda Santos (Lima)
Richard Rubio Gariza (Lima)
María Teresa Céspedes Cárdenas (Lima)
Daniel Oseda Yucra (Arequipa)
Alcides Rayme Marín (Callao)
Juan de Dios Huamán Champi (Cusco)
Julia Benigna Ayquipa Torres (Ica)
Robledo Noé Gutarra Ramos (Junín)
Jesús del Carmen Núñez Marreros (La Libertad)
Alfredo Benites Agurto (Lima Provincias)
Luz Milagros Cayguaray Gambini (Loreto)
Raúl Machaca Mamani (Tacna)
Nelly Huamaní Machaca de Espinoza (Ucayali)

Unión por el Perú

José Vega (Lima)
María Bartolo Romero (Áncash)
Edgard Alarcón (Arequipa)
Hipólito Chaiña Contreras (Arequipa)
Jim Mamani Barriga (Ayacucho)
Javier Mendoza Marquina (Ayacucho)
Rubén Pantoja Calvo (Cusco)
Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua Payano (Huancavelica)
Roberto Carlos Chavarría (Junín)
Alexander Lozano Inostroza (Madre de Dios)
Yessica Apaza Quispe (Puno)
Rubén Ramos Zapana (Puno)
Héctor Maquera Chávez (Tacna)

Somos Perú

Rennan Espinoza (Lima)
Guillermo Aliaga (Lima)
Grimaldo Vásquez (Amazonas)
Hirma Alencastre Miranda (Áncash)
Betto Barrionuevo Romero (Áncash)
Felícita Tocto Guerrero (Cajamarca)
Matilde Fernández (Cusco)
Mariano Andrés Yupanqui Miñano (La Libertad)
Jorge Luis Pérez Flores (Lambayeque)
Luis Reymundo Dioses Guzmán (Piura)
César Gonzáles Tuanama (Ucayali)

Podemos Perú

Daniel Urresti Elera (Lima)
Yeremi Espinoza Velarde (Lima)
José Luis Luna Morales (Lima)
Luis Felipe Castillo Oliva (Lima)
María Teresa Cabrera (Lima)
Robinson Gupioc Ríos (Lima)
Jaqueline García Rodríguez (Lima)
Orestes Pompeyo Sánchez Luis (Lima)
Maria Martina Gallardo Becerra (Lambayeque)
Carlos Almeri Veramendi (Lima Provincias)
Johan Flores Villegas (Moquegua)

Frente Amplio

Enrique Fernández Chacón (Lima)
Arlette Contreras (Lima)
Rocío Silva-Santisteban (Lima)
Absalón Montoya (Amazonas)
Lenin Checco Chauca (Apurímac)
José Luis Ancalle Gutiérrez (Arequipa)
Mirtha Vásquez Chuquilín (Cajamarca)
Luis Bazan Villanueva (La Libertad)
Yvan Quispe Apaza (Puno)

Partido Morado

Alberto de Belaunde (Lima).
Gino Costa (Lima).
Francisco Sagasti (Lima).
Daniel Olivares (Lima).
Zenaida Solís (Lima).
Carolina Lizárraga (Lima).
José Antonio Núñez Salas (Arequipa)
Miguel Ángel Gonzáles Santos (Callao)
Angélica Palomino Saavedra (Piura)

Festejan resultados con agua y con jabón

Los muchachos de Juntos por el Perú, que tiene su local en la Plaza Bolognesi, también festejaron los resultados de las elecciones, con Julio Arbizu a la cabeza. Al parecer cantaban la canción de Pimpón, del agua y el jabón: “Pimpón es un muñeco/ Muy guapo y de cartón/ Se lava las manitas/ Con agua y con jabón”, previniendo el coronavirus.

Por Diana Seminario– Diario El Comercio.
Más allá de la “sorpresa electoral” del Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), que porcentualmente se ubica en el segundo lugar de las elecciones congresales extraordinarias, lo que realmente preocupa es que el partido Unión por el Perú (UPP) haya logrado colocar 17 parlamentarios en el nuevo Congreso, según el conteo rápido de América TV-Ipsos al 100%.
La agenda radical de UPP, partido encabezado desde la cárcel por Antauro Humala, preso por el asesinato de policías durante la toma de la comisaría de Andahuaylas en el año 2005, debe preocuparnos seriamente.
Unión por el Perú plantea cambios constitucionales como la pena de muerte para violadores, “no darle trabajo a los extranjeros”, “confiscar los medios de comunicación”, derogar la actual Constitución y liberar a Antauro Humala.
Según Carmen Rosa Huidobro de UPP, la Carta Magna de 1993 “no puede estar en vigencia, debemos traerla abajo, porque esta Constitución ha legitimado la corrupción […] por lo que para nosotros [Unión por el Perú] es vital que esta sea derogada”.
Si a los votos de UPP se suman los de la izquierda, cuyo objetivo es cambiar el capítulo económico de la Carta Magna, estamos ante un grave riesgo de inestabilidad política y económica con resultados impredecibles para el país.
Después del flash electoral de ayer, muchos celebraban que partidos como el Apra, PPC, Solidaridad Nacional o Contigo no hayan pasado la valla electoral. El “anti”, ya sabemos siempre, supera cualquier razonamiento, pero al parecer el festejo duró poco cuando se fue conociendo la nueva composición del Parlamento.
Los mismos que disfrutaban de las primeras proyecciones, y que con tonos adustos y “sesudas” publicaciones en sus redes sociales celebraban que los resultados preliminares hayan sido un “golpe a la agenda conservadora”, no se percataban que, de pronto, los seguidores del fallecido líder Ezequiel Ataucusi se ubicaban en un expectante segundo lugar. Son estos hombres de largos cabellos y barbas quienes proclaman en su ideario ser un partido “teocrático”.
“Es teocrático porque llama a los hombres a la observancia de la ley divina, con la finalidad de moralizar y enfrentar la corrupción política”, recoge uno de los fundamentos del también llamado partido de los israelitas.
Pero el Frepap no solo ha dado el “golpe electoral”, sino que también se le ha visto en caravanas proselitistas con Andrés Hurtado, quien se ha autoproclamado como Ataucusi. “Yo soy Ezequiel Ataucusi. Soy Frepap hasta la muerte”, escribió Hurtado, conductor de televisión, quien no ha ocultado su deseo de ser candidato presidencial. ¿Será que el también llamado ‘Chibolín’ encontró partido para el 2021?
Tú, que celebraste el inconstitucional cierre del Congreso y bailaste porque los partidos que te quitan el sueño no tendrán representantes en el Parlamento, no te percataste de lo que se estaba pergeñando en tus narices. Lima no es el Perú, y las redes sociales tampoco. Hay vida más allá del Twitter y los memes. ¿Querías un nuevo Congreso? Ahí lo tienes.
Gracias, Martín Vizcarra. Este es el primer y único logro de su gobierno.

Chappaquiddick

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
La historia se repite dos veces: la primera como tragedia y la segunda como comedia. Como tragedia le sucedió a Ted Kennedy, el último sobreviviente de los hermanos que marcarían con su muerte una década: los 60 del siglo XX.
Ted era la gran esperanza del partido demócrata para las elecciones de 1972 contra el presidente Richard Nixon. Sin embargo, todo eso se fue al agua –literalmente– con el incidente mortal de Chappaquiddick. Este lugar es una pequeña isla en el estado de Massachusetts, del que Ted Kennedy fue senador hasta el fin de sus días.
En julio de 1969, Ted y otros amigos participaron en una fiesta de camaradería con los voluntarios del equipo de campaña de Bob Kennedy, asesinado el año anterior en plena carrera hacia la Casa Blanca. Rociado de mucho alcohol, Kennedy salió de la fiesta con la joven y hermosa asistente de campaña Mary Jo Kopechne, enrrumbando en el auto del senador hacia el ferry que los sacaría de la isla. En el camino, mientras cruzaba un puente, el auto de Kennedy se despistó y cayó a un río donde se hundió. Kennedy pudo salir del auto y salvarse, pero su acompañante quedó atrapada y murió ahogada, sin que Kennedy hiciera el menor esfuerzo por salvarla.
Pero el asunto fue aún peor que eso. Asustado, Ted Kennedy había huido del lugar del accidente y regresó a su hotel para dormir hasta el día siguiente, sin haber avisado a la policía. Finalmente y antes de ponerse a disposición de las autoridades, se comunicó con su influyente familia y su staff de asesores de crisis para tratar de arreglar las cosas. Vestido y bañado se presentó ante el sheriff para contar su versión y luego se dirigió al país en una alocución televisada en la que aparecía con un collarín. Nadie le creyó.
Kennedy nunca pudo explicar coherentemente por qué viajaba con una asistente más joven que él (Ted estaba casado con Joan Bennett Kennedy) y, sobre todo, por qué había huido sin dar aviso a la policía por más de 24 horas. La prensa y la opinión pública lo lapidaron y fue percibido como irresponsable, infiel y cobarde; en suma, indigno para liderar a los Estados Unidos. Y con esos antecedentes, ya no pudo presentarse a las primarias de 1972.
En 1980, creyendo que había pasado suficiente tiempo como para que Chappaquiddick se diluyera en la memoria de los americanos, Kennedy vio la ocasión de disputarle la elección primaria de los demócratas a Carter, golpeado por la crisis de rehenes en Irán. Carter lo aplastó y postuló para un segundo mandato que perdió contra Ronald Reagan.
Ted Kennedy nunca más postuló a la presidencia de los Estados Unidos. Hasta aquí la tragedia, dados los personajes, la familia y el gran país involucrado. La comedia se la dejamos al Perú, donde acaba de suceder algo muy similar con un candidato.

“La única que necesita explicaciones es mi esposa”

El excandidato presidencial Julio Guzmán fue consultado respecto a las imágenes difundidas por el programa “Panorama” en las cuales se le observa salir rápidamente de un edificio en Miraflores. En el documento policial se detalla que se realizaba una celebración dentro del departamento con una decoración con velas. El parte precisa que una de estas velas habría causado el siniestro.
Guzmán indicó que el incidente se produjo cuando se encontraba almorzando con Liliana Acurio Medina, dirigente del Partido Morado en el Cusco que había alquilado el departamento, y dijo creer que se trata de “un caso estrictamente personal”.
“La única que necesita explicaciones es mi esposa. [Por qué se va corriendo, por qué huye, por qué no colaboró] Estábamos almorzando y de repente comenzamos a oler humo. Entramos al cuarto y había un televisor que se estaba incendiando. Cuando esto pasa yo bajo, le digo al de recepción ‘por favor, ayuda a alguien porque hay un televisor que se está incendiando’, para que pueda llevar el extintor”, explicó.
El líder del Partido Morado aseveró que su rápida salida de dicha vivienda fue porque buscó a “su vigilancia” para que apoye a combatir el incendio.
“Cuando salgo mi seguridad no está, voy a las dos esquinas para buscarlos porque no estaban estacionados y después de minutos lo que recibo es una llamada de la señorita que me dice ‘Julio, todo está controlado, ya llamamos a los bomberos y está todo bajo control, no es necesario que vengas’”, manifestó Guzmán.
Fuente: Diario Gestión.

Esposa de Daniel Mora sobre denuncia por violencia familiar: “Todo lo que dije es verdad”

La esposa de Daniel Mora, Lilia Jaureguy, se ratificó en sus acusaciones y afirmó que todo lo que relató en la denuncia por violencia familiar que entabló contra el excongresista “es verdad”.
“Los hechos han ocurrido. No tengo afán de hacerle absolutamente daño a nadie, pero sí me veo en la obligación de decir que todo lo que dije en la denuncia es verdad”, expresó en el programa ‘Punto Final’.
Detalló que luego de presentar la denuncia, fue enviada a una oficina del Ministerio de la Mujer, donde pidió los servicios de un abogado de oficio. Sin embargo, el caso se enfrió en los siguientes meses.
“Inicialmente el trámite fue bastante ligero, la denuncia en la comisaría, de la comisaría te mandan a una oficina que está cerca y que es del Ministerio de la Mujer. Allí muy amablemente conversé con un abogado de oficio y firmé un documento para que me represente”, relató.
“A partir de ese momento ya no pasó nada, me entrevistó una psicóloga, otras personas fueron a mi casa a averiguar, qué se yo, pero pasó eso y no más se comunicaron conmigo. Estuve yendo a esta oficina a ver al abogado y él me decía que los documentos ya habían pasado al Poder Judicial, pero que realmente no se movían. Bueno, realmente me aburrí y dejé de ir”, agregó.
Lilia Jaureguy narró que después de seis meses de presentar la denuncia contra Daniel Mora, solo recibió un documento de la Policía Nacional (PNP), donde se le comunicó que se le otorgaban garantías, excepto sábados y domingos.
Como se recuerda, el 20 de marzo del 2019, Lilia Jaureguy denunció a Daniel Mora por violencia familiar. El examen médico practicado a la esposa del excongresista reveló huellas de lesiones traumáticas recientes en el rostro, antebrazo izquierdo y la rodilla izquierda.
Tras la denuncia, el Octavo Juzgado de Familia dispuso que el exparlamentario “se someta a una terapia psicológica por el periodo de tres meses (…), a efectos de lograr el control de sus emociones e impulsos”. El juzgado también derivó el caso a la fiscalía penal.
Tras conocerse el hecho, Daniel Mora renunció de manera irrevocable a su candidatura al Congreso y a su militancia en el Partido Morado. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud para retirar su candidatura.
Fuente: Diario Perú21.

La llamada del diablo

Por Ricardo Uceda- Diario La República.
El 3 de enero, El Comercio reveló que dos de los siete seleccionados para integrar la Junta Nacional de Justicia hablaron por teléfono con el prófugo César Hinostroza. Eran María Zavala y Julio César Falconí. Ya se había objetado una bonificación de puntaje a Falconí por ser licenciado del Ejército. Un sector cívico exigió que se suspendiera la juramentación de todos, aunque cinco no tenían cuestionamientos. Su candidato, el abogado Abraham Siles, había quedado en noveno puesto. Debían rodar dos cabezas para meterlo a la JNJ.
El lunes 3 la Comisión Especial decidió suspender la designación de Zavala y Falconí y juramentar al resto. Se opusieron la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, y la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Ellas no fueron a la juramentación. El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, le pidió a Ledesma que se quedara, como un gesto institucional:
–Solo perdiste una votación. Cuando le ganaste a Eloy Espinosa en el TC ¿acaso no fue a tu juramentación?
Había una fuerte presión. Uno de los comisionados dijo que un abogado vinculado a una ONG anticorrupción le pidió paralizar el proceso. Le contestó que era inviable. El mismo abogado le envió un mensaje al presidente de la comisión, Walter Gutiérrez, advirtiéndole que si continuaban el principal atacado sería él. Gutiérrez lo tomó como un chantaje e iba a denunciarlo pero la intermediaria lo detuvo. No quería verse involucrada.
–Entonces que se atreva a decírmelo –repuso Gutiérrez.
La comisión decidió entrevistar el miércoles 8 a los supuestos contaminados –Zavala y Falconí–, y a un tercero, Abraham Siles. Este debía esclarecer si representaba a un grupo, como pareció insinuarlo en RPP su fogoso defensor, Walter Albán. Una parte de la comisión creía que los promotores de Siles estaban concertados con los filtradores de los registros de llamadas.
El martes 7 apareció en El Comercio que el Defensor del Pueblo también había hablado por teléfono con Hinostroza. En un comunicado, Gutiérrez negó cualquier conversación impropia. Podía ocurrir que alguien lo impugnara pero en la sesión del miércoles lo imprevisto fue otra cosa. Marianella Ledesma dijo:
–Yo fui tutora de una tesis de Hinostroza.

Un viaje juntos

Se produjo un silencio. Ledesma añadió que solo había sido una tutora formal. Gutiérrez dijo que el término formal podía sugerir que aparecía como tutora de una tesis que no revisó. El tema no quedó muy aclarado, ni tampoco si ambos hablaron por teléfono. Ledesma anunció que había “otra cosa más”. Nuevo silencio.
–Hemos viajado juntos –reveló.
Y contó que ambos integraron una delegación de magistrados que viajó al extranjero. Compartieron el avión, el destino, el evento.
–¿Durmieron en el mismo hotel? –preguntó alguien.
Ledesma dijo no recordar (Hinostroza confirmó que el viaje fue a Brasilia, a una reunión de UNASUR. Durmieron en el mismo hotel. Respecto de la tesis, dijo que Ledesma aprobó un esquema cuando él hizo una maestría en Ciencias Penales en San Martín de Porres).
Gutiérrez pidió registrar lo dicho en un acta y la magistrada se opuso. Hubo un intercambio de opiniones sobre la transparencia, pero Ledesma no dio su brazo a torcer. Conclusión: ella es muy transparente en los discursos pero no siempre en los hechos. Hasta ahora no dice quién la presionó para que votara por la libertad de Keiko Fujimori, uno de los sucesos detonantes del cierre del Congreso, según Martín Vizcarra.

Reuniones de promoción

En otro momento Gutiérrez se volvió a la Fiscal de la Nación para preguntarle si tenía llamadas con Hinostroza.
–No –dijo–. Pero se demoró en responder.
Avalos no contó que era compañera de estudios de Hinostroza, de la promoción 1974 de Derecho, en San Marcos, cuyos integrantes se reunían cada año en un restaurante para recordar los viejos tiempos. Hinostroza habría ido hasta el 2016. De modo que Ávalos tuvo más contactos con Hinostroza que todos los de la comisión.
El viernes 10, Perú 21 publicó el registro de llamadas entre Hinostroza y el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, miembro de la comisión, quien antes había descartado esa posibilidad. Ante la noticia dijo que no recordaba llamadas y que, en todo caso, eran inocuas. Respecto de otro miembro, el Contralor Nelson Shack, Hinostroza dijo: “Conversamos en algunas oportunidades dentro de Palacio de Justicia sobre temas institucionales durante el año 2016 o 2017, pero no tengo llamadas con él”.

“Debe ser la policía”

En sus entrevistas, los sospechosos Zavala y Falconí fueron convincentes sobre su desvinculación con Hinostroza. Falconí podría quedar fuera si se le retira la bonificación, en cuyo caso subirá el octavo, Guillermo Thornberry. En la entrevista con Siles, Lecaros le preguntó qué pensaba de la filtración de material reservado de un proceso para atacar a los miembros de la Comisión Especial. Siles no dio su opinión sobre el punto. En cambio dijo que a un hombre cien por ciento honesto como él nunca le encontrarían llamadas con Hinostroza.
Aludido, Walter Gutiérrez le dijo que no le permitía la insinuación de deshonestidad. Cuando Siles se retiró, propuso mantenerlo en su lugar en la lista de espera, lo que fue votado por unanimidad.
Así pues, un clima de fariseísmo afectó las entrevistas del miércoles. Considerando el contexto, un concursante público y sus evaluadores están prácticamente obligados a revelar, antes del escrutinio, si hablaron o no con Hinostroza, y cuál fue el contexto. Pero los registros de llamadas no indican la honestidad de alguien y está claro que su filtración buscaba favorecer a determinados candidatos. Seguirán apareciendo mientras alguien adverso a los filtradores quiera optar un cargo en el Estado. Con mayor razón tratándose de la JNJ, que nombrará jueces y fiscales. Lamentablemente no existe un mecanismo legal para publicar los registros de todos los funcionarios públicos que hablaron con Hinostroza, tanto de los supuestamente corruptos como de quienes tienen el pedigrí del doctor Siles. En algún momento Lecaros le preguntó a Ávalos por qué no investigaba el problema de las filtraciones.
–Los registros no salen del Ministerio Público –dijo la Fiscal de la Nación–. Debe ser la policía.