Delito Odebrecht

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Gasoducto: ¿Las pruebas del delito?

Por Manuel Romero Caro- Diario Gestión.
Según un interesante artículo de Ricardo Uceda, está por demostrarse cómo se habría organizado una licitación para que ganara Odebrecht. Ya que los actos colusorios señalados por la fiscal Mori no lucen consistentes (1).
Sin embargo, el contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP) otorga una serie de beneficios (indebidos en mi opinión) a Odebrecht, Enagás y luego Graña y Montero. Es así que los concesionarios tenían derecho a recibir ingresos garantizados por más de US$900 millones anuales hasta la finalización del contrato. Para lograr dicha cifra se había establecido una meta de cumplimiento obligatorio de transportar a través del ducto 500 mmpcd (casi el nivel de consumo de Lima). La que se tenía que pagar hubiera o no hubiera reservas de gas o demanda real para ser transportada. Y la diferencia entre los ingresos por lo realmente transportado, y los US$900 millones que se debían pagar anualmente, la asumían los consumidores eléctricos. Además, se le devolvían el monto de la inversión, los costos de operación y los de mantenimiento: US$7,300 millones. Inclusive los consumidores eléctricos empezamos a pagar dichos subsidios desde el 2015: 5% de los 7,300 millones (US$365 millones). En el 2016 se pagó el 15% (US$1,095 millones). Y las protestas por dichos cobros aumentaron significativamente. Y como en el 2017 se iba a cobrar el 35 (US$2,555 millones), y en el 2018 se pagaba el 45% (¡¡US$3,285 millones!!) y las protestas sí iban a representar un problema importante, PPK anunció que el Tesoro Público asumiría dichas obligaciones.
Pero da lo mismo que los subsidios los paguen los consumidores o el MEF, porque siempre los terminaremos pagando vía mayores impuestos, reducción de gastos o deterioro de los servicios públicos. En resumen, a Odebrecht, Enagás y Graña y Montero les devolvían la inversión efectuada, los costos de operación y de mantenimiento. Y tenían ingresos garantizados durante 30 años. ¿Y la colusión no es un delito que se concreta bajo el acuerdo clandestino alcanzado entre dos o más personas para perjudicar a un tercero (el Estado)?
En el GSP era vital determinar por anticipado la demanda futura de gas en el sur, pero ProInversión, el MEF y el MEM decidieron no contratar ningún estudio de mercado. Peor aún, ya ProInversión había contratado anteriormente un estudio “Mercado Energético de la Macrorregión Sur”, elaborado por el Consorcio R. García Consultores; Arcan y Corsanac, que presentan tres escenarios de demanda (alta, media y baja con proyecciones hasta el 2030). Y en ninguno se llega a los 500 mmpcd establecidos. Siendo la demanda más alta 391 mmpcd, al final del 2030. Lo que evidencia que la meta del GSP estaba claramente sobredimensionada.
Inicialmente el Proyecto Integrado tenía dos partes: el gasoducto y un complejo petroquímico. Es que no había gasoducto sin petroquímica; ni petroquímica sin ducto. Porque el ducto necesitaba “anclas” que generen tráfico. Y si no había petroquímica (el proyecto ya estaba descartado, pero Odebrecht insistía); debería haber habido otras anclas: una planta de GNL (como la de Cañete) o un contrato de exportación de largo plazo. En ausencia de anclas nunca se debió aprobar dicho proyecto.
Inclusive el viceministro de Hidrocarburos Eduardo Guevara, en mayo del 2019, en declaraciones sobre el estado de situación del Gasoducto al Sur, afirmó que “siempre está la incógnita” de cómo se va a desarrollar una mayor demanda por gas. Lo que confirma que el ducto, a pesar de haber transcurrido más de 5.5 años desde que firmó el contrato del GSP, no tiene demanda suficiente que lo justifique.
Se considera que durante los primeros cinco años en que hubiera operado el GSP (2019-23), la demanda del sur habría sido muy reducida. Y si se estimara generosamente que la demanda real del gas a ser transportada llegara a los US$100 millones, ¡¡los subsidios promedio en los primeros cinco años serían US$800 millones anuales!!, US$4,000 millones. Además, hay que considerar que a lo largo de la concesión el gas sería sustituido por proyectos de energía renovable, de menores costos. Tal como está sucediendo desde hace años en Chile. Claro que la falta de demanda suficiente para el gasoducto no le hubiera preocupado a Odebrecht, Enagás y Graña y Montero, porque ellos tenían garantizados sus ingresos durante 30 años.
Y sobre la oferta para el GSP (que debía haber sido el gas del lote 58, de CNPC) tampoco está asegurada. Cabe preguntarse, si ni la demanda ni la oferta del GSP estaban aseguradas, ¿por qué motivos profesionales con experiencia nacional be internacional en el sector gasífero (los de Energía y Minas) y con amplios conocimientos y experiencia en sectores productivos (los del MEF y ProInversión) aprobaron condiciones tan claramente dañinas para el interés nacional?
(1) El Informante: Atragantados por Ricardo Uceda. La República 21.01.2020

Fiscal Gálvez sobre demanda de Odebrecht: “Vela y Pérez se han prestado para esta situación”

El fiscal supremo Tomás Gálvez se pronunció respecto de la demanda que entabló la constructora brasileña Odebrecht contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el Gasoducto Sur Peruano.
En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP Noticias, el fiscal responsabilizó a los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez Gómez, quienes consideró no han logrado incautar “un céntimo” a la compañía.
“El propósito de Odebrecht en todas estas investigaciones y toda su conducta procesal ha sido realizar cualquier actuación para liberar sus activos y sobre todo para sacar el mayor provecho en las investigaciones justamente para buscar que no se le incaute su patrimonio y, lamentablemente, los fiscales Vela y Pérez se han prestado para esta situación. Por eso es que no le han incautado nada prácticamente tenían que incautarles 15 mil millones de soles; sin embargo, no le han incautado un céntimo”, comentó.

“Odebrecht se está saliendo con la suya”

En esa línea, el fiscal consideró que Odebrecht se está saliendo con la suya al lograr mantener sus activos e incluso demandando al Estado peruano, principal afectado por la trama de corrupción que montaron en varios países de América Latina.
“Lamentablemente para el Perú estos señores se están saliendo con la suya se están llevando todos sus activos que han tenido y además de que no han devuelto nada de las utilidades ilícitas y ahora no contentos con eso, ciertamente han interpuesto una demanda contra el Estado buscando que se les indemnice por actos que realmente colusorios y productos del soborno”, sostuvo.
El pasado 6 de enero, el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que retire a los fiscales Vela y Pérez Gómez del Equipo Especial del caso Lava Jato por un presunto encubrimiento a las empresas investigadas, especialmente Odebrecht. Y denunció a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez por los delitos de falsedad ideológica, peculado y encubrimiento en el marco de la devolución de los S/524 millones a la empresa brasileña Odebrecht producto de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Estado peruano se pronuncia tras ser demandado por Odebrecht, quien exige más de US$1,200 millones de indemnización

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución arbitral afiliada al Banco Mundial con sede en Washington, D.C.,registró el día 04 de febrero de 2020 una solicitud de arbitraje presentada por la empresa Odebrecht Latinvest S.A.R.L., una subsidiaria constituida en Luxemburgo de la empresa brasileira Odebrecht S.A, en contra de la República del Perú (Caso No. ARB/20/04).
Odebrecht presentó su solicitud de arbitraje exigiendo más de US$1200 millones de indemnización, argumentando que el Perú violó sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).
Odebrecht argumenta, entre otras cosas, que el 24 de enero de 2017 el Estado canceló de manera arbitraria el contrato de concesión del GSP, y adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que violan los derechos de la subsidiaria de Odebrecht, como la ejecución de la carta fianza correspondiente.
RESPONDE EL ESTADO
Según el Gobierno, el Estado dio por terminado el contrato porque el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el Contrato de Concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Estado.
Otras medidas que adoptó el Estado y que son objeto de la demanda arbitral de la subsidiaria de Odebrecht están relacionados con las leyes anticorrupción que adoptó el Estado en febrero del 2017. Odebrecht argumenta en su solicitud de arbitraje, sin embargo, que sus admitidos actos de corrupción no abarcan la concesión del GSP.
“El Estado peruano es respetuoso de sus compromisos, tanto contractuales como internacionales. No obstante, el Estado ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias”, añadieron.
“El Perú tiene una sólida trayectoria en los casos de demandas internacionales. El Estado ha obtenido fallos favorables frente a reclamaciones por más de US$50 mil millones, en más de una docena de casos presentados por inversionistas en virtud de contratos y Tratados de Inversión. Adicionalmente, como resultado de tales procesos ha recuperado aproximadamente US$110 millones, mostrando una conducta transparente, diligente y apegada al Estado de Derecho, que ha asegurado los principios rectores sobre promoción de la inversión privada”, resaltaron.
Así las cosas, se anunció que “el Perú se defenderá frente a esta demanda”. Así mismo, el Estado reafirmó su firme compromiso en la lucha contra la corrupción y se reserva todos sus derechos bajo la legislación vigente, incluyendo en materia anti-corrupción, y el derecho internacional público.
El Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión–SICRECI, cuyo coordinador es el Ministerio de Economía y Finanzas, atiende las controversias que se derivan de los tratados de inversión o contratos que remiten a un mecanismo internacional de solución de controversias en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Fuente: Lucidez.pe y Diario El Peruano.

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