Lampazo

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Qué poca cosa resultó ser Acción Popular. Cuando en el pleno se acordó reconsiderar la votación del pasado 30 de septiembre que eligió al doctor Gonzalo Ortiz de Zevallos como miembro del Tribunal Constitucional, hecho que propició la disolución del Congreso, la tribuna Martha Chávez propuso una cuestión previa. En simple, que el Oficial Mayor diera cuenta al presidente del Congreso –y este a la representación nacional– de la cronología de los hechos para que, por medio de la transparencia, el país pudiera saber si la cuestión de confianza hecha por el primer ministro se arreglaba al reglamento del Congreso y a la Constitución.
Algo tan simple como eso tuvo una tenaz reacción de todas las bancadas a las que Martha Chávez tuvo que enfrentar como una leona para defender su posición de principios y para hacer escuchar su voz, que pretendió ser acallada en zoom. Finalmente, y luego de no dar su brazo a torcer, Martha Chávez obligó a que el presidente Merino, de Acción Popular, pusiera al voto la cuestión previa de la legisladora. No fue ninguna sorpresa que las bancadas odiadoras del fujimorismo votasen para que nunca se supiera la verdad que llevó al golpe de Estado del 30 de septiembre del 2019 y a la disolución del Parlamento. Después de todo, el actual régimen descansa sobre el mito construido por los caviares y sus medios de comunicación de ese día aciago para la democracia en el Perú.
Lo sorpresivo fue que precisamente quienes propusieron al doctor Ortiz de Zevallos para tribuno del TC –es decir, el partido Acción Popular– terminaran votando en contra de la cuestión previa “en aras de la transparencia” que, precisamente, buscaba la cuestión previa. Luego, al momento de la reconsideración de la votación de Ortiz de Zevallos, votaron a favor: esto es, a favor de darle un puntapié a la elección de su candidato y avalar con sus votos el golpe de Estado.
¿Dónde están los principios? Por algo, muchos de sus correligionarios actualmente murmuran al interior del mismo partido que el único mito de Acción Popular es el construido por dos presidentes que no hicieron otra cosa que dejar a comunistas (Velasco, un dictador) y caviares (Toledo, un ladrón) como sucesores de sus desatinos. Como corchos flotando, sin ideales claros a no ser los del populismo carismático, lo más probable es que este grupo político renacido de sus cenizas volverá al ostracismo en 2021, pues: ¿quién pacta con quien demuestra no cumplir sus pactos?

EL MINISTERIO DE CULTURA TIENE SWING

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
El Perú es un país de una riqueza inconmensurable en el ámbito cultural, nuestro acervo cultural, tanto en patrimonio material como inmaterial es uno de los más ricos del mundo. En ese sentido se hace indispensable la existencia de un ente rector de nuestra política cultural, promoción de las industrias culturales y protección de nuestro patrimonio.
Con esa idea es que en julio del año 2010 se creó el Ministerio de Cultura, sobre la base del Instituto Nacional de Cultura, que desapareció cediendo su espacio al nuevo ministerio. Como se recuerda el primer ministro de cultura fue el antropólogo Juan Ossio, nombrado por el entonces presidente Alan García Pérez.
Desde entonces se puede decir que el MINCUL ha marchado un poco a la deriva y entre sucesivos escándalos, sin llegar nunca a tener clara una política cultural y menos aún darle continuidad a la misma.
Durante el gobierno de Vizcarra es que se puede decir que la cultura nacional, bajo la tutela del MINCUL, tocó fondo. Baste con decir que en apenas dos años ocupando la presidencia ha cambiado seis ministros de cultura.
La primera fue Patricia Balbuena, que duró en el cargo 7 meses, proveniente de las canteras de la izquierda, con especialidad en “género” politizó su gestión, abandonó el patrimonio y se dedicó a promover sus puntos de vista ideológicos. Obviamente se sumó al cargamontón contra el congreso. Se vio forzada a renunciar luego del escándalo de una licitación en la que ganó la empresa del viceministro Luis Villacorta Ostolaza, luego vino un segundo escándalo con la desaparición de valiosos documentos del archivo general de la Nación y antes de ser censurada por el congreso renunció.
Es así que asume el MINCUL Rogers Valencia Espinoza, especialista en turismo y un absoluto negligente en materia cultural. Duro apenas tres meses en el cargo. Salió también en medio de un escándalo, cuando suscribió las resoluciones que dejaron sin efecto la sanción y, por consiguiente, la multa impuesta de 4’650,000 soles a la inmobiliaria R&G SAC, por de la construcción de un hotel en el Cusco, destruyendo patrimonio monumental de la ciudad.
En reemplazo de Valencia asumió el ministerio la arqueóloga Ulla Holmquist Pachas, ella apenas duró poco más de tres meses. Venía del sector privado, pues era directora del Museo Larco. Tenía una extensa carrera en el sector. Se dijo que su renuncia se debía a problemas de salud, sin embargo trascendió que no se sentía cómoda en el cargo.
El también arqueólogo Luis Jaime Castillo Butters fue el reemplazo de Ulla Holmquist. Castillo fue viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales en el gobierno de Humala lo cual también ha sido una constante, es decir el reciclaje de personajes vinculados al gobierno humalista. La gestión de Castillo fue más breve aún que la de su antecesora. Duró apenas dos meses y medio. Durante su gestión se produjo el atentado al patrimonio que familiares del entonces primer ministro Salvador del Solar perpetraron en Choquequirao, aterrizando un helicóptero en medio del sitio arqueológico. Castillo anunció una investigación que nunca concluyó. Obviamente su gestión fue muy breve. Al menos tuvo el buen gusto de renunciar luego del golpe de estado de Vizcarra.
Así le llegó la hora a Francisco Petrozzi, de tan corta como intensa y serpenteante vida política, hace tiempo que estaba en la cola esperando su momento. Su altisonante salida de la bancada fujimorista, que muchos vieron como desleal, le valió para tener el reconocimiento de Vizcarra. Asumió así el ministerio con un estentóreo ¡Si Juro!, para luego ocupar el cargo apenas dos meses y un día. También dejó el ministerio en medio de un escándalo. Lo que podríamos llamar el affaire IRTP o el Coyagate. La pública disputa entre el ministro y Hugo Coya, en un intercambio de versiones en el que obviamente perdió Petrozzi. Hoy disfruta de una estadía en Berlín como agregado cultural.
Es así que llega la sexta ministra. Sonia Guillén, antropóloga y arqueóloga que venía siendo voceada hace tiempo para el cargo. Si bien la situación de cuarentena le ha permitido mantenerse en piloto automático, y pasar casi desapercibida, ya le está llegando la hora de concluir su también breve gestión.
Los escándalos empiezan a rodearla, primero con la salida de María Elena Córdova la renunciante viceministra, acusada de encubrir los malos manejos de la DDC del Cusco y otras turbias maniobras que ensombrecen su gestión y la vergonzosa contratación de un personaje insólito, Richard Cisneros, que se hace llamar con el alias de Richard Swing, para brindar conferencias de capacitación y liderazgo por la suma de 30,000 soles, habiendo ya sumando 175,400 soles en otros contratos. Cisneros es un absoluto desconocido en el mundo cultural y artístico. Por sus antecedentes no tiene nada que aportar. Tras el escándalo destapado por los medios el ministerio dejó sin efecto el contrato y publicó un comunicado con el siguiente tenor:
En relación a la información difundida por algunos medios de comunicación, respecto a la contratación, bajo la modalidad de servicios por terceros al señor Richard Javier Cisneros Carballido, el Ministerio de Cultura informa a la opinión pública lo siguiente:
1.- Se ha tomado la decisión de resolver la Orden de Servicio 01122-1010 emitida al señor Richard Javier Cisneros Carballido, dándose por concluida la relación contractual vigente. Cabe indicar que la orden de servicios, tenía que ejecutarse en un plazo de 45 días los cuales quedan sin efecto.
2.- Hacemos de su conocimiento que el Ministerio de Cultura ha dado inicio de manera inmediata, al proceso de investigación que corresponde por los canales competentes, a fin de identificar cualquier tipo de irregularidad que pudiera haberse cometido.
Sin embargo queda mucho por aclarar. En los próximos días tendrá que dar alguna explicación al respecto la ministra Guillén y probablemente renunciar, para cubrir al verdadero responsable de esta contratación y dar paso al séptimo ministro de cultura de este oscuro periodo de nuestra historia.
Las contrataciones de Swing comenzaron durante el gobierno de Martín Vizcarra, en la gestión de Patricia Balbuena, hoy viceministra del MIDIS.

Colaboración de ‘Richard Swing’ en campaña de PpK ha permitido que tenga participación en algún nivel de Gobierno, afirmó Vizcarra

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo conocer a Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’ en la farándula local, por su participación en la campaña electoral de Peruanos por el Kambio (PpK) en el 2016.
Recordemos que este polémico compositor habría recibido más de 175 mil soles por diversos servicios prestados al Ministerio de Cultura, siendo el último un discurso motivacional por el que cobró unos 30 mil soles, en abril pasado durante la emergencia por el coronavirus.
“Lo conozco, como a muchas personas que participaron en la campaña electoral del 2016. (…) Como muchas personas del entorno de la campaña electoral, él colaboraba y participa de ella y de ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga alguna participación en algún nivel de Gobierno. Sin embargo, la ministra de Cultura informó que su contrato ha sido dejado sin efecto”, expresó Vizcarra.
“Estoy de acuerdo en que en estas condiciones tenemos que ser lo más austeros posibles. En esta situación que vivimos tenemos que usar los recursos del Estado para lo que es importante y primordial, que es combatir la enfermedad y la reactivación económica”, agregó.
Días atrás, la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Leslie Urteaga, dijo a RPP que “se han dispuesto las investigaciones para ver si es que este señor cumple con el perfil que se requiere para el servicio o la necesidad de haberlo contratado, y la investigación de las otras contrataciones que ha tenido anteriormente”.
Fuente: Diario EXPRESO.

Balbuena: Contratación de Richard Swing fue porque tenía redes con clubes departamentales [Entrevista]

Habla, en exclusiva, la exministra cuya gestión contrató, por primera vez, a Richard Swing: “Se estaba buscando contar con alguien que permitiera un contacto con las redes de clubes departamentales”.
Por Franco Mori Petrovich– Diario EXPRESO.
El compositor Richard Cisneros, apodado ‘Richard Swing’, inició su vínculo contractual con el actual Gobierno durante la gestión de Patricia Balbuena, como ministra de Cultura. Luego de asumida la cartera en abril del 2018, su despacho selló contrato con el artista para “promover el uso de los espacios culturales de la sede institucional del Ministerio de Cultura (Mincul)”. En entrevista para EXPRESO, asegura no tener idea de que existía una relación previa entre el susodicho y el presidente de la República, Martín Vizcarra, lo que ha conducido a pensar que a ello se debe su constante reclutamiento en este ministerio y que le ha generado un beneficio económico que asciende a los 175,000 nuevos soles.
Vemos que las contrataciones iniciaron durante su gestión, quisiera preguntarle cómo fue la convocatoria del señor Cisneros.
Como con toda contratación, a veces, son procesos que se cuelgan en la web de la OSCE, ahí están los requisitos. Yo no veo esa parte de contratos, solamente puedo decir que no conozco al señor de antes ni después. Es algo a nivel de contrataciones como corresponde.
Pero en la web no se ha transparentado nada, ni las convocatorias ni los detalles del contrato…
Yo entiendo que todo se ha enviado a las oficinas de control y me parece que también a la Fiscalía, para que se hagan las investigaciones que correspondan. Ahí, creo que el Ministerio debe darles el acceso a todo tipo de documento porque son documentos que finalmente tienen que ser públicos. Todas las contrataciones se suben a la web y eso es lo que yo te podría decir. No hay ningún interés personal en la contratación de nadie, todo tiene que ser de acuerdo a ley.
Aun así llama la atención que apenas iniciado el gobierno del presidente Vizcarra y de su gestión como ministra, se le contrate sabiendo, hoy en día, que hubo relación cercana entre el entonces jefe de campaña de Peruanos por el Kambio y el compositor…
Bueno, yo, como usted, me enteré también recién en la conferencia de prensa. Como lo dijo el presidente, había tenido participación en la campaña. Yo no tenía ni idea y, como lo digo, yo no he participado en la campaña electoral de nadie. Creo que, en realidad, que el servicio que se solicitó en ese momento [cuando fui ministra] -y está respaldado en la orden de servicio- es que se estaba buscando contar con alguien que permitiera un contacto con las redes de clubes departamentales e instituciones de migrantes para que puedan tener también una puerta de entrada al uso de la infraestructura del Ministerio, más allá de los espacios que ya tenemos, como el Teatro. Eran objetivos que se buscaron y eran objetivos que tenía mi gestión: tratar de abrir las puertas del Ministerio a otras expresiones culturales y los clubes departamentales nos interesaba mucho, el vínculo y lograr este tipo de acercamiento para trabajar. Esa era la línea de gestión, digamos.
Para su criterio, ¿se justifica un pago de 30 mil soles por charlas motivacionales vía videollamada?
No lo sé. Yo no tengo ese contrato, no sé quién lo hizo. Entiendo que hay varios procesos de contrataciones. Habría que revisar eso, no justifico eso para nada porque cada persona tiene que cumplir por la capacidad y experiencia que tiene y cada producto que se hace tiene que ser medido en base a eso. Siempre tiene que ser así. Si tu me contratas a mí es porque esperas que yo cumpla con algo.
¿Me dice entonces que deslinda por completo de conocer al señor Richard Swing?
Yo no lo conozco, no lo he conocido antes. Lo he conocido en el marco de su contrato como cualquier persona vinculada a su sector. No he tenido relaciones previas, digamos, a las que pueden ser contractuales con el Ministerio.

UNA PARADOJA PERUANA

Por Alfonso de la Torre, Piero Ghezzi y Alonso Segura- Hacerperu.pe
Hemos llegado al punto que quisimos y debimos evitar: una epidemia no controlada y una economía severamente golpeada. Una recesión era inevitable, pero no una tan severa. Necesitamos una estrategia sostenible y clara, tanto en salud pública como en la economía. Y dejar de insistir en medidas que ya demostraron ser inefectivas.
Varios medios internacionales se preguntan qué pasó con el Perú: cómo es posible que un país que instituyó una cuarentena tan temprana y severa tenga uno de los peores brotes epidémicos del mundo.
No hay respuesta única a ‘la paradoja peruana’: que un país que instituyó una cuarentena temprana y severa tenga uno de los peores brotes epidémicos del mundo.
No hay respuesta única a lo que ahora se conoce como ‘la paradoja peruana’. Es evidente, por ejemplo, que no nos preocupamos lo suficiente por las aglomeraciones ­–como en mercados o para el pago de bonos– inducidas por un toque de queda estricto y agravadas por problemas estructurales como el hacinamiento de viviendas. También, que hemos sido lentos en ejecutar y en construir capacidades –como controles en focos de contagios, testeo y trazabilidad de contactos– o en tomar medidas para proteger a actores clave. Y el gobierno ha sido reacio a corregir lo que manifiestamente no funcionaba. Muchas veces ni siquiera lo ha querido reconocer.
La cuarentena prolongada, sin ajustes oportunos ni esfuerzos suficientes para ayudar a familias y empresas a sostenerla, nos ha costado mucho. Terminamos la décima semana de confinamiento con una epidemia no controlada y una economía pulverizada.
Ahora que se ha extendido cinco semanas –con múltiples aperturas– debemos migrar rápida e irremediablemente a una estrategia más quirúrgica de controlar focos de contagio y brotes más severos, y de proteger a la población más vulnerable. Sólo en las últimas dos semanas se ha observado iniciativas de cambio, particularmente para mercados. Es un comienzo.
Por qué una meseta es improbable
Es improbable que hayamos llegado a una meseta. La conoceremos en retrospectiva. No es útil seguir haciendo predicciones con modelos con gran margen de error.
Hace diez días el presidente Vizcarra anunció que habíamos llegado a la cima de contagios. Luego la ‘cima’ se volvió ‘meseta’: un periodo prolongado con contagios y muertes diarios elevados pero estable. De allí, vendría el descenso.
Los datos de los días siguientes sugieren, lamentablemente, que no es el caso. Hemos marcado récord tras récord. Los promedios de 7 días de nuevos casos han subido de 3 mil a 4 mil, y los fallecidos diarios (oficiales) por Covid-19 han aumentado de 90 a 125.
El presidente ya había predicho cimas previamente. El 4 abril indicó que la curva máxima de contagios se obtendría en 8 o 10 días. Y el 21 de abril, que llegaríamos al pico el 26.
No es muy útil seguir haciendo predicciones con modelos estadísticos con gran margen de error. Y menos con una epidemia de la cual todavía sabemos poco. A la cima la conoceremos ex-post, cuando veamos algunas semanas de reducción sostenida tanto de casos nuevos, como de hospitalizaciones y fallecidos. Pero solo lo sabremos retrospectivamente.
No suena lógico, además, pensar que hemos llegado a la cima. Hay bastante consenso de que el número efectivo de reproducción (R) en el Perú continúa por encima de 1, lo que implica que la epidemia sigue avanzando. Y en las próximas semanas, con el relajamiento de la cuarentena de jure y de facto, el riesgo es que R aumente.
Una razón para dudar de proyecciones optimistas es que se hicieron en momentos en los que la falta de pruebas subestimaba el crecimiento de los casos y artificialmente reducían la estimación de R. Pero cuando las pruebas volvieron a crecer, los casos también.
A pesar del crecimiento reciente de pruebas, todavía son insuficientes. Un estimado estándar usado mundialmente para medir exceso de demanda de pruebas es el porcentaje de positivos ­–ya que se prioriza aquellos con mayor probabilidad de estar contagiados. Este indicador está en aumento, lo que sugiere también escasez de pruebas (y posiblemente, también, mayor proporción de contagiados).
La subestimación se refleja también en el número real de muertes. El contraste de la información oficial de defunciones del SINADEF y de fallecidos por Covid-19 del MINSA permite dos conclusiones: (1) que el subreporte de fallecidos diarios por Covid-19 es inmenso–entre tres y cuatro veces–y (2) que la data de fallecidos del SINADEF muestra una trayectoria que crece aún más rápido que los oficiales.
Parte de estas muertes se deben a otras causas, y no hay razones para acusar al gobierno de ocultar la cifra de muertos. Pero los datos muestran que la epidemia sigue avanzando y que anunciar ‘picos’ o ‘mesetas’ fue prematuro.
El virus tiene una incidencia heterogénea por regiones, pero aún así no es posible hablar de muchos éxitos. La mayor concentración de contagios se ha producido en Lima y Callao. Sin embargo, en este caso tampoco pareciera evidente una meseta. Lo mismo ocurre en la costa. Loreto y Ucayali, dos clúster de contagio, sí parecieran haber pasado el pico. La epidemia no se ha acelerado significativamente en otras regiones. Pero hay que estar alerta a los efectos de la flexibilización de la cuarentena.
¿Qué hacer en términos de salud pública? Hace tres semanas hicimos unas  propuestas sobre cómo contener el avance de la epidemia (http://hacerperu.pe/que-hacemos-cuando-el-martillo-no-chanca/).
No tiene sentido repetirlas, pero sí hacer algunos énfasis. En primer lugar, es fundamental mejorar la calidad y disponibilidad de los datos. El gobierno ha dado un primer paso al publicar este último jueves datos a nivel individual sobre casos positivos, pero hace falta mucho más. En segundo lugar, debemos incrementar el número de pruebas moleculares. Es complejo, pero indispensable para una estrategia más eficaz de testeo, trazabilidad y aislamiento.
En tercer lugar, necesitamos un enfoque obsesivo en el control de focos infecciosos, particularmente mercados (y próximamente, transporte público). Hablamos frecuentemente de R, que mide la reproducción promedio de la enfermedad. Pero no todos contagian por igual.  El factor de dispersión (“K”) mide cómo se concentra el contagio. Un estudio estima que K=0.1 para Covid-19, lo que significaría que pocos son responsables de la mayor parte de la transmisión. Por ello la urgencia de la intervención de mercados (y focos, en general). El gobierno, afortunadamente, ha empezado hace pocos días con mercados.
El “martillazo” fue una alternativa válida que no cumplió plenamente su objetivo. Los riesgos de la reapertura son significativos, pero no hay opciones. Mantener la cuarentena tal cual, no era posible. Es fundamental migrar a estrategias quirúrgicas de contención, incluyendo focos infecciosos. Son más sostenibles. Y si viéramos una aceleración adicional en el número de casos necesitaríamos mejorar las medidas focalizadas y de contingencia. Ya la economía sufrió un golpe sin precedentes.
Entramos a una recesión profunda
Las diez semanas de cuarentena le han pegado un combazo a la economía. Es inevitable una contracción de doble dígito este año, quizás nuestra mayor recesión (en un año calendario) en tiempos de paz.
Los ingresos del gobierno general se han contraído cerca de 40% en abril. El empleo en Lima Metropolitana ha caído 25 % (más de un millón doscientos mil empleos perdidos) hasta abril. Y la contracción del PBI dicho mes puede ser de hasta 40%.
Debido a la reapertura gradual (acelerada tras el anuncio del viernes), la caída de la actividad será progresivamente menor, pero aún significativa por varios meses. La esperable retracción de la demanda –tanto de consumo como de inversión privados–, sugieren una recesión larga y una recuperación lenta. Millones de personas podrían regresar a la pobreza o quedar en situación precaria. Un entorno internacional deteriorado no ayudará.
Una recesión era inevitable, pero no una tan severa. Por sus fortalezas fiscales y credibilidad en los mercados internacionales, el Perú tenía las herramientas y recursos para mitigar significativamente el daño económico de una cuarentena estricta.
No se prestó suficiente atención al diseño de importantes medidas. Además, fallas de ejecución han hecho que la ayuda pública no llegue de manera oportuna. El bono rural se empezó a pagar recién a mediados de mayo, y el bono familiar universal esta semana. Reactiva Perú inició los desembolsos cerca de un mes después de su anuncio. Y ha llegado a empresas que podían encontrar financiamiento por su cuenta con más facilidad, no a las MYPE.  Cofide recién el viernes realizó la primera subasta de recursos del FAE-MYPE. Los protocolos sanitarios para la reapertura tienen requisitos confusos y que cambian.
El despliegue de recursos en magnitudes no antes visto requería reforzar los mecanismos institucionales de transparencia y rendición de cuentas, pero se suspendieron las reglas fiscales y la publicación de proyecciones de principales agregados económicos. Además, falta una estrategia articulada, tanto de alivio inmediato, como de reactivación y convergencia futura (ver http://hacerperu.pe/necesitamos-una-estrategia-economica-integral/).
¿Qué se puede hacer con la economía?
La recuperación será lenta por daños persistentes al aparato productivo. Se necesita ajustes urgentes e importantes en la política económica para evitar aún mayor deterioro.
No encontraremos la misma economía al otro lado de la epidemia. Como consecuencia de los daños persistentes al aparato productivo la recuperación será lenta y no terminará con este gobierno. Presentamos algunas ideas para atenuar dichos daños:
Primero, hacer explícita la estrategia económica de alivio, reactivación y convergencia. Son indispensables recursos significativos para mitigar el impacto económico de la epidemia y flexibilidad para ajustar ante situaciones imprevistas. Pero la ausencia de un escenario base y la falta de transparencia generan incertidumbre y pueden poner en entredicho nuestra credibilidad. Las necesidades van a ser inmensas (empezando por la función salud). Por ello es fundamental tener claridad sobre horizontes, prioridades y disponibilidades.
Segundo, articular una política de ayuda social de mediano plazo contra la epidemia. El aumento previsible de la pobreza implica que el gasto social aumentará. Hay que presupuestarlo. Además, la necesidad de proteger a los segmentos más vulnerables de la población como los adultos mayores requerirá asignar más recursos a programas (muy probablemente ampliados) como Pensión 65. Es urgente identificar a los potenciales beneficiarios desde ahora y tener los padrones listos para actuar con celeridad.
Tercero, desarrollar un mecanismo secuencial para minimizar el impacto sobre el empleo formal. Proteger el empleo formal era tan urgente como la distribución de bonos, pero no se enfrentó el problema. Se requiere que las empresas con problemas cuenten con instrumentos para minimizar la disrupción del mercado laboral. El subsidio a las planillas podría extenderse, pero calibrando parámetros, bajo condiciones (no despido) y priorizando a los sectores más golpeados. Si no bastase, la empresa podría aplicar reducciones salariales bajo la condición de no despido. Sólo si estos dos pasos no se cumplen debería aplicarse la suspensión perfecta. Debe evaluarse también incentivos fiscales temporales a la contratación.
Cuarto, buscar eficiencias en la aprobación de protocolos de apertura y apoyar su cumplimiento. Establecer requisitos que aseguren la salud y bienestar de los trabajadores es imperativo, pero se debe buscar eficiencia. Hay cerca de 2.5 millones de empresas en el Perú. Exigirles verificación previa de cumplimiento a todas es inmanejable. Además, los protocolos factualmente regirán mayormente para el sector formal –particularmente empresas medianas y grandes– con capacidad de implementarlos. Produce y Minagri deben apoyar a las MYPE con protocolos adecuados a su realidad y ayuda para cumplirlos. Debería subsidiarse la compra de materiales de protección como mascarillas, así como jaboneras y estaciones de alcohol, entre otros.
Quinto, diseñar mecanismos de apoyo específicos a sectores (o segmentos) más impactados o vulnerables. Hay sectores asimétricamente afectados, tanto en intensidad como en persistencia del impacto –turismo, algunos servicios públicos, segmentos de comercio minorista, etc.–. Para ellos, es necesario un apoyo temporal diferenciado en múltiples frentes –financiero, tributario, laboral, etc.
Sexto, asegurar financiamiento a las MYPE urbanas y rurales. Debe hacerse los ajustes necesarios al segundo tramo de Reactiva Perú y de FAE-MYPE, que no han tenido tracción relevante con la MYPE.  Reactiva Perú esencialmente las excluye. Y FAE-MYPE ha estado trabado (ver http://hacerperu.pe/perdiendo-el-paso/). Además de ajustar los programas, el Estado debería inyectar capital (temporal y voluntario) a entidades microfinancieras.
Séptimo, buscar una aproximación conjunta, sanitaria y económica, a la informalidad. No hay fórmula mágica para apoyar eficazmente al sector informal. Tampoco para limitar su potencial impacto sobre los contagios. El respeto del cronograma de apertura y del cumplimiento de protocolos es prácticamente imposible. El énfasis debe estar en mitigar el riesgo incremental en la conducción de sus actividades y fiscalizar ex post. El apoyo económico deberá canalizarse a través de hogares y facilidades a la MYPE (no todas son 100% informales).
Nuestras deficiencias estructurales hacen mucho más difícil enfrentar el Covid-19. No es lo mismo combatirlo en Perú que en Alemania. Pero es la realidad con la que debemos lidiar.
La verdadera paradoja peruana no es nuestro poco éxito en combatir la pandemia en ambos frentes. Es nuestra insistencia por aplicar medidas que ya demostraron ser inefectivas. La extensión de la cuarentena por cinco semanas más con una aceleración de la apertura de ciertas actividades sólo puede explicarse por la preocupación, tardía, del gobierno por las cifras económicas y quizás por subsanar errores obvios. Conlleva grandes riesgos que no debemos imputar a los agentes económicos que han asumido un gran sacrificio. Pero sí demanda implementar estrategias más focalizadas para evitar una mayor tragedia. Rápido.

Reconocimiento fáctico del fracaso

Por Diana Seminario– Diario El Comercio.
El 22 de mayo, el presidente Martín Vizcarra apareció públicamente para anunciar una quinta ampliación del estado de emergencia y que la vigencia de la cuarentena se prolongaba hasta el 30 de junio. Así como en su momento dijimos que el mensaje a la nación del 15 de marzo fue el más importante de sus dos años de gestión, debemos decir también que el del viernes pasado no solo fue confuso, sino lamentable.
Luego de aproximadamente 40 minutos de hablar de la “necesidad de la nueva convivencia”, que “la lucha contra este virus es una maratón”, que todo el mundo la está pasando mal, Vizcarra confirmó lo que intuíamos pero no estábamos seguros: que el aislamiento social obligatorio continuaba, con algunos matices, que ciertamente tampoco están del todo claros.
Resulta evidente que la estricta cuarentena dictada desde el 16 de marzo no ha dado los resultados esperados. Para ponernos a tono con los términos preferidos por Vizcarra Cornejo en tiempos de crisis: la ampliación de la emergencia hasta el 30 de junio es una admisión fáctica del fracaso de la medida.
Como hemos dicho reiteradamente en este espacio, los errores se señalan para corregirse, porque estos cuestan vidas humanas. A la fecha, según el último reporte del Ministerio de Salud se han registrado 3.456 muertos a causa del COVID-19 y se han detectado 119,959 casos.
Desde el viernes, vivimos una segunda fase en la lucha contra el virus; por lo que vale la pena preguntarnos por qué, pese a las estrictas medidas, la curva de infectados no se aplana. Ya sabemos que si los resultados son exitosos, el mérito es del gobierno; pero si son un fracaso, la culpa la tiene “el irresponsable pueblo peruano”.
El cobro del bono de 380 soles decretado el primer día de la emergencia generó aglomeraciones en los bancos. La gente quería saber si los recibirían o no. Hasta para preguntar hacían la cola. Foco de contagio.
El día 52 de la cuarentena recién se determinó que los mercados de abastos son una zona de alta propagación del virus. A esto hay que sumar las salidas diferenciadas por sexo para “luchar contra el patriarcado”. Otra vez un incalculable número de hombres o mujeres en las calles, según fuera el caso.
Y pese a que se ha dicho muchas veces no se corrige: el uso de las llamadas pruebas rápidas dan falsos negativos, por lo que el contagiado no se aísla y sigue propagando el coronavirus.
A esto hay que agregarle la corrupción en las compras y el deficiente uso de recursos públicos.
Vamos por la segunda etapa y esperamos por el bien de todos que logremos una victoria. Fuimos el primer país en la región en reaccionar adecuadamente ante la pandemia, pero la ejecución de la cuarentena es lo que ha marcado la diferencia, y ya batimos nuestros propios récords.
Al inicio de la crisis tuvimos la esperanza de que estábamos en el camino correcto, pero luego la realidad nos hizo aterrizar y nos preguntamos: ¿por qué un gobierno sin rumbo ni liderazgo se convertiría en exitoso a partir del 16 de marzo? Le dimos el beneficio de la duda y nos equivocamos.

EL PEOR ESCENARIO

Por Manuel Romero Caro- Diario Gestión.
Estamos ante el peor escenario: de un lado el virus sigue acelerándose (somos número 1 en el mundo en nuevos casos por millón de habitantes),el sistema de salud ha colapsado, y del otro nos han tenido 70 días recluidos, a un costo de 1.2% del PBI por cada semana (según el Pdte del BCR), nos darían un costo de la cuarentena de cerca del 12% del PBI. Sin considerar los 37 días adicionales.
Asimismo el reinicio de las actividades económicas enfrenta el muy desorganizado y burocrático sistema de aprobaciones para el sector formal,(con descoordinaciones entre ministerios y con gobiernos regionales y locales). Mientras el sector informal ya opera sin protocolos. Lo cual retrasa significativamente la reactivación de la economía. Como ya se ha mencionado, el estado debe sancionar a los que incumplan los protocolos, más que autorizar cada proceso.
Mientras tanto el descontento social empieza a crecer y tenemos un agudo populismo legislativo. En lo que al programa económico se refiere, la titular del MEF anuncio que el paquete de medidas había aumentado al 17%del PBI. Sin embargo aquí nos enfrentamos con el mayor problema del aparato estatal: la falta de eficiencia y velocidad para enfrentar un virus que avanza mucho más rápidamente que la reacción del aparato estatal. Es así que lo desembolsado por el gobierno ascendía a solo el 1.7% del PBI por los bonos y subsidios, (según Macroconsult).
El presidente Vizcarra ha señalado que la primera fuente de contagio es el aglomeramiento de gente en los bancos para recibir los bonos sociales. Situación que no debiera haber sorprendido a nadie con un país de 70% de informalidad. Y que desde la tercera semana de la cuarentena se le recomendó al Ejecutivo que “bancarizara” a todo aquel que recibiera ayuda social. Otra alternativa era el banco- celular, sistema en que el Banco de la Nación tiene experiencia. Pero el paquidérmico aparato estatal recién el día 60 de la cuarentena aprobó el DU 956-2020, por el que bancos abrirán cuentas a favor de los beneficiarios de los programas sociales. Evitándose aglomeraciones e infecciones por esa vía. Bien que por fin corrigieran ese error, pero ¿cuántas infecciones y fallecimientos nos hubiéramos ahorrado si ese DU se hubiera aprobado antes que se repartieran los bonos sociales?.
Además los bonos distribuidos son claramente insuficientes para 70 días de cuarentena, y mucho más para 107 días.
En lo que a Reactiva Perú se refiere, si bien fue una buena iniciativa del BCR, su ejecución desvirtuó sus objetivos. Vizcarra anunció que beneficiaría a 350,000 empresas, principalmente pequeñas y microempresas. Las beneficiadas no habrían llegado ni a 100,000 y las mypes no recibieron ni el 2%. Además se solicitaron garantías excesivas y los bancos solo prestaban a sus clientes. Por lo que resulta imprescindible que para el segundo tramo de Reactiva Perú se corrijan los defectos enunciados.
Y con los fuertes cuestionamientos que están sufriendo las cifras de fallecidos por el Covid-19, y las promesas incumplidas de Vizcarra, la credibilidad gubernamental va a resultar afectada. Pero el gobierno ha venido reconociendo algunos errores. El primero, sobre los bonos sociales, ya lo explicamos. Sobre la segunda fuente de infecciones, aunque muy tarde, ya empezó una campaña para desinfectar los mercados.
Lo que no está nada claro es ¿cuál va a ser la solución para que no se vuelvan a infectar?. Y faltan las medidas para el transporte masivo. Asimismo Vizcarra admitió que la cuarentena tiene que cambiar. Entendemos que tenemos graves problemas estructurales que dificultan la crisis, pero además el gobierno ha sido ineficiente y cometido graves errores en la administración de la misma. Por lo que por el bien del país esperemos que el gobierno reaccione, enmiende el rumbo e imprima más velocidad y eficiencia a la lucha contra el Covid-19.

CIFRA DE MÉDICOS MUERTOS POR EL COVID-19 SUBE A 32

Este fin de semana la cifra de médicos fallecidos aumentó a 32. Los héroes de bata blanca, que han enlutado los corazones de la comunidad médica, víctimas de la pandemia son el Dr. Eduardo Pachas Napan, el Dr. Pedro Pablo Apaza Saravia, el Dr. Jhonny Jesús Cano Suarez, el Dr. Tomás Amayo Lima, el Dr. Anthony Hans Silva Tananta y el Dr. Jorge Rodríguez Hilares.
“Hoy los médicos estamos de luto, hemos llorado, sí que hemos llorado, pero seguiremos combatiendo, resistiremos de pie todos los médicos del Perú, unidos y firmes, como dignos herederos del legado inmortal de Carrión, porque hoy la sociedad sabe, en carne viva, que el ejercicio de la Medicina lleva implícito el potencial riesgo de enfermar y hasta morir. Pese a ello no dejaremos de ayudar, trasladar y asistir”, mencionó acongojado el Decano Nacional, Dr. Miguel Palacios Celi.
Fuente: Manifiestoperu.com

Manuel Merino: “El gobierno del señor Vizcarra está fracasando en esta pandemia”

El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, considera que el gobierno encabezado por el mandatario Martín Vizcarra está “fracasando” en la lucha contra la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus (COVID-19).
“Este es un Congreso diferente, hoy tenemos que unir esfuerzos, tenemos que trabajar de la mano. Somos conscientes los peruanos que el gobierno del señor Vizcarra está fracasando en esta pandemia”.
En otro momento, el titular del Legislativo consideró que el Ejecutivo busca “sorprender al pueblo peruano” y lamentó que se pretenda entrar en “un proceso de confrontación” entre poderes del Estado.
“No se puede de ninguna manera pretender sorprender al pueblo peruano en la crisis que estamos viviendo y no se puede permitir que se esté llevando al presidente a cometer error tras error y que se pretenda entrar en un proceso de confrontación”, insistió el titular del Congreso.
“Como poder del Estado, nuestro Congreso es un Congreso que viene apostando por el Perú, es un Congreso diferente al Congreso que tuvimos el año pasado, es un Congreso que, desde que se ha instalado, ha hecho grandes esfuerzos para poder escuchar las grandes necesidades del país y escuchar los grandes pedidos por parte del presidente” declaró.
Finalmente, Manuel Merino de Lama remarcó que el Gabinete Ministerial presidido por Vicente Zeballos “no cuenta con el voto de confianza” del Parlamento y pidió al Gobierno cumplir “con sus obligaciones constitucionales”.
Fuente: Diario El Comercio.

Merino: Es necesario que el pueblo sepa que el Gabinete Zeballos no cuenta con el voto de confianza

El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, aseguró que el Gabinete Ministerial presidido por Vicente Zeballos “no cuenta con el voto de confianza” del Parlamento.
En ese sentido, rechazó “todas las declaraciones emitidas hoy por el Poder Ejecutivo” y pidió al Gobierno cumplir con sus obligaciones constitucionales presentándose ante el pleno para pedir el voto de investidura.
“Es necesario que el pueblo sepa que el Gabinete Zeballos no cuenta con el voto de confianza, ni de este Congreso, ni del anterior”, sostuvo en una conferencia de prensa.
“No se puede de ninguna manera pretender sorprender al pueblo peruano en la crisis que estamos viviendo y no se puede permitir que se llevando al presidente a cometer error tras error y que se pretenda entrar en un proceso de confrontación”, señaló.
En su pronunciamiento de este martes, el presidente Martín Vizcarra cuestionó al Congreso y le pidió responsabilidad.
Por su parte, el primer ministro Vicente Zeballos señaló que la invitación del Legislativo para que se vote la confianza del Gabinete ha sido presentada como “acto de investidura”. Consideró que su Gabinete no requiere de este voto porque ya preexistía a este Parlamento.
“No se trata de un reparo a las competencias y autonomías del Congreso, sino de que primen los criterios sanitarios”, dijo Zeballos.
Fuente: Diario Gestión.

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
La estrategia del heredero del “gobierno de lujo” para controlar la pandemia no da resultado. La curva de contagios va en ascenso y por ello se ha ampliado la cuarentena hasta el 24 de mayo, una medida que ya pocos acatan. Ni bien en marzo se propuso el confinamiento, el notable economista Hernando de Soto dijo que la medida no se ajustaba a la realidad de un país con una tasa de informalidad que ronda el 70%, y que ese alto porcentaje de compatriotas necesita trabajar diariamente para alimentar a sus familias. Y así ha sido. Pese al encierro el virus avanza imparable, mientras muchos pierden sus empleos y otros sus pequeñas empresas informales; mientras las formales pasan por serios aprietos económicos. Hoy día de la madre las multitudes se lanzarán a la calle frente a fuerzas del orden que ya nadie respeta. Estamos ya en medio del caos.
En una entrevista reciente De Soto mencionó “Esto va a ser bien, bien fuerte. Nunca ha habido una situación similar, nunca hemos visto una hecatombe de este tamaño, es imposible predecir. Lo único que podemos decir es que es muy grave y espero que, como en toda crisis, sacaremos mejor que peor, pero es mucho más grave que la guerra con Chile donde murieron 5 mil peruanos. Esto es peor…” [Vizcarra] “se va a gastar las reservas del Estado y va a recurrir a préstamos. Entonces, si la gasta logra capear los problemas por algunos meses y después de eso ya no va a tener dinero”. De hecho, ya entramos en una irresponsable espiral de endeudamiento público.
Considerada una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo, De Soto escribió que esta es una guerra contra la humanidad y que en los países en desarrollo habrá tres ataques: el fisiológico provocado por el coronavirus; el económico y el social. “Estos ataques son arteros y producirán conflictos sociales que harán que nos matemos entre peruanos, provocando así mayores estragos que los fisiológicos”. Ver: https://gestion.pe/opinion/hernando-de-soto-el-potencial-positivo-del-coronavirus-noticia/
La pregunta es si resistiremos y cómo.

Cuarentena: persistiendo en el error

Por Fernando Rospigliosi– Diario El Comercio.
erseverando en el error y usando información dudosa o falsa, el Gobierno prorrogó por cuarta vez una cuarentena que en la práctica ya ha terminado porque la población la está desacatando. Con esta decisión, seguirá arruinando la economía, destruyendo empresas formales y arrojando a la miseria a millones de peruanos, sin impedir la propagación del virus cuya difusión ya es indetenible.
La cuarentena terminó hace ya algún tiempo, cuando miles de personas empezaron a romperla, la inmensa mayoría por necesidad y no por irresponsabilidad como afirma el presidente. Esa es la cruda realidad.
Algunos medios de comunicación han mostrado algunos casos, como la invasión del mercado de Santa Anita por cientos de comerciantes en pleno toque de queda o la proliferación de ambulantes en el centro de Lima. El tránsito vehicular y peatonal es incontenible.
Cualquiera que no esté infectado por el virus de la adulonería al Gobierno puede constatar esa realidad. El médico Elmer Huerta lo advirtió: “Por lo que estamos viendo en el Perú, ya la gente no aguanta una extensión de la cuarentena” (América TV, 7/5/20).
Sin embargo, el Gobierno, más bien por razones políticas, se niega a admitir la realidad. Tiene miedo a lo que inevitablemente ocurrirá cuando termine la cuarentena, más infectados y más muertos. Eso va a suceder de todas maneras, pero la destrucción de la economía hará que las consecuencias sean muchísimo peores para millones de peruanos debilitados a consecuencia del hambre y más propensos a contraer todo tipo de enfermedades.
¿Estamos ante un fenómeno imprevisible producto de la incultura de los peruanos? En realidad, se trata de algo completamente predecible en un país con 70% de informalidad. Informalidad que ha ido moldeando lo que hace casi tres décadas denominé la cultura combi, caracterizada por la evasión y la transgresión de las reglas. ¿Qué esperaba el Gobierno? ¿Que se mantuviera el acatamiento de una estricta cuarentena por parte de una población que mayoritariamente carece de recursos para sobrevivir en una situación así? ¿Que muchas personas que viven habitualmente al margen de la formalidad de pronto empiecen a acatar normas que literalmente les impiden llevarse un pan a la boca?
La culpa no es de la gente sino de un Gobierno incompetente que dicta medidas sin tener en cuenta la situación real del país y la población.
A estas alturas de la crisis ya hay analistas en el mundo que empiezan a reconocer que las estrategias aplicadas en los países desarrollados no sirven para realidades como la del Perú.
“Dos investigadores de Yale publican un estudio en el que plantean que el coste de la cuarentena en los territorios vulnerables podría ser superior a los beneficios”, explica un artículo publicado en “El País” de España (4/5/20). Ellos concluyen que “los costes son mucho más altos en los países más pobres, debido al sector informal”.
Los problemas que advierten son tangibles, como la dificultad para transferir fondos estatales a quienes los necesitan.
En Estados Unidos unos 33 millones de trabajadores se han acogido al seguro de desempleo. Andrés Oppenheimer menciona el caso de un restaurante en Miami, cerrado temporalmente, cuyos trabajadores reciben US$600 semanales del seguro (El Comercio, 4/5/20). Y, por supuesto, no se aglomeran en colas desde las 4 a.m. en los bancos para tratar de cobrarlo, como aquí con los bonos, sino que reciben una transferencia en su cuenta. Ahora el presidente Martín Vizcarra descubre la pólvora cuando admite que el toque de queda, que él decretó, propició peores aglomeraciones en bancos y centros de abastos.
Ian Vásquez sostiene que la realidad de los países pobres “hace que la cuarentena obligatoria del pueblo no tenga sentido” y cita al premio Nobel de Economía Angus Deaton: “[Esa política] es probable que remueva el sustento sin mejorar la salud” (El Comercio, 5/5/20).
En suma, los costos de la cuarentena son mayores a sus beneficios.
El Gobierno dicta medidas para todo el país que solo algunas de ese 30% de empresas formales puede cumplir. Sería interesante que expliquen cómo van a mantener en sus casas a los informales mayores de 60 años, con sobrepeso, etc. Que aclaren cómo creen que van a sobrevivir las empresas que podrán funcionar recién en agosto, luego de seis meses, según la secuencia programada por los burócratas gubernamentales. Y que incluyan en esa secuencia de apertura mes a mes a los informales, al 70% de los trabajadores, que no están considerados en sus previsiones.
En conclusión, siguen postergando el desenlace de una crisis inevitable, que será peor mientras más prolonguen la cuarentena.

Ministros de alto riesgo

Por Mario Ghibellini– Diario El Comercio.
La imagen de un ministro contagiado de COVID-19 expresa muy bien lo que ese virus ha hecho finalmente con el gobierno: pasarle por encima. Ordenar la cuarentena cuando se la ordenó era claramente necesario pero no suficiente. El tiempo ganado, como se ha dicho hasta el cansancio, debió servir para realizar compras relámpago de pruebas y equipo médico, mientras paralelamente se afinaban los mecanismos de control del distanciamiento social en los lugares donde la gente se seguía aglomerando (mercados, colas en los bancos, etc.), pero ya sabemos lo que pasó en esos dos frentes. La burocracia, la corrupción y la incompetencia se encargaron de teñirlos con los colores de la derrota.
Ahora el titular de Agricultura, Jorge Montenegro, está infectado de coronavirus –una circunstancia lamentable de la que esperamos se recupere a la brevedad– y eso quiere decir que el enemigo se ha logrado colar hasta el mismísimo centro de comando de las operaciones supuestamente destinadas a combatirlo. La revisión de las actividades que el ministro realizó en los días previos a que diera positivo en el examen de marras, además, ilustran bastante bien la desorientación del gobierno en este punto de la lucha.
—Inspeccionar y supervisar—
El martes 5, dos días antes de saberse que estaba contagiado, el señor Montenegro participó, junto al resto de ministros y el presidente Vizcarra, en la sesión del Acuerdo Nacional que se celebró en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Previamente, había visitado centros de abasto para “inspeccionar” que se estuvieran cumpliendo en ellos las medidas de salubridad dispuestas por la autoridad. Y el sábado 2 había “supervisado”, con su colega de Salud, Víctor Zamora, el cumplimiento de ese mismo tipo de medidas en el mercado San Felipe de Surquillo.
Cuando se refieren a los miembros del Gabinete o al presidente, los verbos inspeccionar y supervisar, como se sabe, aluden a un paseo, con gorro de ocasión y aire de entendido, por algún lugar que preocupa a la opinión pública. El paseo, sobra decir, se realiza en obsequio de la prensa oficial y oficialista; y resulta perfectamente inútil, como sugiere en este caso el hecho de que el funcionario que iba a verificar el rigor con el que se seguían en los mencionados mercados las precauciones contra el COVID-19 terminase infectado.
Sería injusto, sin embargo, señalar al titular de Agricultura como el único integrante del equipo ministerial que, por palabra, acción u omisión (lo de pensamiento está descartado), pone en evidencia las precariedades de esta administración para lidiar con la epidemia. Ahí está también, por ejemplo, la señora Sylvia Cáceres, esforzada responsable de la cartera de Trabajo, que ha anunciado muy suelta de huesos que, hasta el fin de esta crisis, no podrán retomar sus actividades laborales los mayores de 60 años, los obesos y los que padecen asma, hipertensión o diabetes… salvo que sean ministros. Porque, en ese caso, ha precisado, “hay un acto voluntario de servir al país”. Es decir, al cuerno con la igualdad ante la ley. Todo depende, al parecer, del grado de compromiso patriótico del tío o gordito en cuestión y de que lleve, por supuesto, un fajín ajustado a la cintura. Queremos ver, por otro lado, qué van a hacer los entusiastas de esta nueva regulación con las enfermeras, médicos, policías y demás servidores requeridos en esta hora de urgencia que estén un poco entraditos en kilos. ¿A su casa hasta que adelgacen?
Otra intervención memorable de la ministra Cáceres, dicho sea de paso, ha sido la de declarar que el Ejecutivo no observó la ley sobre el retiro del 25% de los fondos de las AFP –a la que se oponía– porque “respeta los fueros del Congreso”. De acuerdo con la lógica que propone, debemos colegir entonces que, al sí observar la que suspendía el cobro de peajes, los atropelló.
—Policías y ladrones—
Las frases centelleantes no escasean tampoco en el sector Interior. Su anterior titular, Carlos Morán, renunció al cargo hace apenas dos semanas y el primer ministro Zeballos, en su habitual castellano de salón, sentenció que lo había hecho por “consideraciones de índole personal, lo cual lo respetamos”.
Acontecimientos posteriores, no obstante, sugieren que fue más bien la confusión de lo personal con lo público lo que estaba causando estragos en el área bajo su responsabilidad. Sospechas de corrupción, en efecto, ensombrecieron por esos días compras y contrataciones de servicios realizadas en la PNP en el contexto de la emergencia. Y poco después, ciertos flamantes nombramientos tuvieron que ser desactivados a paso de polca por razones que se trataron de camuflar. Concretamente, el general Max Iglesias fue cambiado tras solo diez días de haber accedido al cargo de teniente general de la Policía Nacional, y Juan José Santiváñez, jefe del gabinete de asesores del nuevo ministro de Interior, Gastón Rodríguez, no duró ni 72 horas en su puesto.
Rodríguez sostuvo que lo primero obedeció a la necesidad de “darle una profunda oxigenación” al comando institucional (una necesidad que, aparentemente, no era obvia diez días antes) y defendió la efímera designación de Santiváñez (abogado de causas que entraban en abierto conflicto con su nueva posición) alegando que era “un hombre preparado, que tiene cinco maestrías en el extranjero”. Menudo papelón.
Con ministros como estos, en fin, que a pesar de tener la edad o el peso reglamentarios son de alto riesgo, llevó adelante hasta ayer el gobierno la emergencia. Y ahora resulta que con ellos mismos la tendremos extendida.
Aunque solo fuese por el placer de ver que les echan agua, ¿no podremos llamar a los bomberos?

De apóstol de la revolución a ministro del Emperador

Por Antonio Muñiz- Diario ABC de Madrid.
Un hombre pálido, desgarbado y reservado camina los pasillos y refectorios de un monasterio. Es un joven y gris profesor de matemáticas y física de un seminario. Durante diez años vivió una vida de severa austeridad y se inició en la vida religiosa pero sin llegar nunca a tomar los hábitos. Pero quien en 1790 era un modesto maestro de seminario, era 1792 un saqueador de iglesias, en 1793 comunista, cinco años después multimillonario y otros diez años más tarde Duque de Otranto y ministro de policía de Napoleón. Aquel joven lánguido se llamaba Joseph Fouché y fue uno de los mayores intrigantes políticos de la historia.
El escritor austríaco Stefan Zweig (autor de una biografía sobre el personaje titulada «Fouché, un genio tenebroso») escribió que durante aquellos años, en apariencia estériles y «petrificados», Fouché aprendió de la iglesia «la técnica del saber callar, el arte magistral de la autoocultación, el magisterio de la observación de las almas y la psicología humana». El joven Joseph se acercó a la iglesia porque a finales del siglo XVIII, en pleno reinado del absolutismo, era la mejor salida para un ambicioso que se oculta. Fouché nació en mayo de 1759 en la ciudad portuaria de Nantes hijo de familia de una familia de marinos y comerciantes. Y la profesión de la mar parecía su destino natural, pero su debilidad física le negó tal destino. Se mareaba en la mar y 15 minutos de ejercicio físico significaba el agotamiento. La nobleza ocupa todos los cargos de la administración de la monarquía, del ejército y de los tribunales de justicia. A Fouché, hijo de una burguesía que despierta, solo le queda el camino de la iglesia.
Pero en 1790, el oportunista y calculador Fouché percibe que «sobre el país pende una tempestad social» y detecta la existencia de nuevos grupos sociales, políticos y culturales que dominan el mundo. Se interna en el terreno de la política y atisba que el Tercer Estado dominará, la burguesía esta en ascenso. Se introduce en el club de oradores de Nantes donde conoce a un joven abogado Maximilien Robespierre, que más tarde será conocido como «el Incorruptible» y con cuya hermana se casa. Inmediatamente después de convocar las elecciones para la Convención, el antiguo profesor de seminario se presenta como Candidato. Promete a sus electores todo lo que quieren oír: proteger el comercio, defender la propiedad, respetar las leyes…El año 1792 elegido diputado electo para la Convención. Tiene treinta y dos años y Zweig describe así su carácter: «No conoce las pasiones, no le atraen las mujeres ni el juego, no bebe vino, no gusta del despilfarro, no pone sus músculos en acción, viven solo en despachos, entre papeles y expedientes».
«La mort»
El 21 de septiembre de 1792, recién elegida la Convención, entran en la sala de plenos los 750 representantes del pueblo. Se va a decidir la dirección que tomara la revolución. Dos sectores entran en disputa: el «marais» (el pantano), son los representantes de la burguesía, para ellos la revolución ha terminado. En frente, «la montaña», los radicales que buscan derribar los plenamente los viejos poderes del Estado. No basta con eliminar al Rey y lograr la República hay que lograr el ateísmo y el comunismo. Dios y el dinero están en su punto de mira. Marat, Danton y Robespierre son sus caudillos.
Fouche, el cuñado de Robespierre, sopesa los votos. De momento el poder continúa del lado de la moderación. Los Girondinos aún tienen más apoyos y Fouche decide sentarse en su bancada. Pasan los meses y los Jacobinos, la montaña, han movido sus piezas y agitado a las masas. La revolución se intensifica, el 16 de enero de 1793 se decide el futuro de Rey. Los Jacobinos quieren ejecutarlo y nada hace pensar que el cauteloso Fouché vaya a votar en favor de la ejecución. Pero el antiguo profesor de seminario vuelve a calcular la fuerza de cada partido y esta vez se alinea con los radicales: «la mort». Fouche solo tiene un partido, el del más fuerte. 

La rápida reacción de Perú ante la pandemia chocó con un sistema de salud insuficiente

Por Jonathan Castro Cajahuanca- Diario The Washington Post
Seis días después del primer caso de coronavirus detectado en Perú, el presidente Martín Vizcarra declaró la emergencia sanitaria, dictó restricciones a las reuniones de más de 300 personas y el aislamiento domiciliario de las personas que provenían de Italia, España, Francia y China. El anuncio fue horas antes de que la Organización Mundial de la Salud calificara la propagación del COVID-19 como una pandemia. Cuatro días más tarde, el 15 de marzo, Vizcarra ordenó una cuarentena general y el cierre de fronteras peruanas, lo que le ganó los aplausos nacionales e internacionales.
Un mes y medio después de esos anuncios, Perú es el tercer país en Sudamérica con la mayor cantidad de muertes confirmados de COVID-19, la enfermedad ocasionada por el nuevo coronavirus, y el segundo con mayor cantidad de contagios, solo por debajo de Brasil, un país cuya población es seis veces la de Perú.
La situación en el país es crítica y, a pesar de una intervención rápida y estricta del gobierno, es el sistema de salud público, desatendido por décadas, el que ha tenido que lidiar con las consecuencias.
Al inicio de esta pandemia, el país solo contaba con 276 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con el equipamiento necesario para atender a pacientes con COVID-19, es decir, menos de una por cada 100,000 personas. El piso del que partíamos era mucho más bajo que el de varios países vecinos de la región.
A lo largo de la emergencia, el gobierno ha ampliado la cantidad de camas de UCI hasta superar las 800, pero la atención para los pacientes que no necesitan ventilación mecánica (más de 6,000 camas) también se está desbordando. Reportes de todo el país pintan una escena común: una vez alcanzada la máxima capacidad en un hospital, los pacientes son atendidos en sillas a la intemperie o simplemente no los reciben. Y aún no se han ocupado todas las camas disponibles a la vez.
La conducción del sector tampoco ha sido clara. El Perú ha cambiado siete veces de ministro de Salud en menos de cuatro años, entre los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y el de Martín Vizcarra. La estrategia para afrontar el coronavirus se ha montado sobre la marcha, mientras asumía el rol el actual ministro de Salud, Víctor Zamora, en reemplazo de Elizabeth Hinostroza, quien no tenía el conocimiento suficiente en salud pública que el Ejecutivo requería para la ocasión.
En los últimos tres años, si bien hubo un crecimiento del gasto, la ejecución del presupuesto para proyectos del Ministerio de Salud ha sido baja. En 2017, apenas fue de 44%; 57% en 2018; y en 2019, no superó 68%. Mucho antes de ser ministro, Víctor Zamora había diagnosticado que el financiamiento del sector estaba orientado fundamentalmente al cuidado de la enfermedad antes que a la prevención, y a reducir la barrera económica para el acceso a los servicios de salud.
Zamora también señalaba la brecha de recursos humanos que hay en el Perú. Según cálculos oficiales, en octubre de 2019 hacían falta más de 16,000 médicos especialistas en todo el país.
Pero esta gestión tampoco ha podido ir al ritmo de las necesidades de la protección para el escaso personal de salud. Todos los días son muchos los casos de médicos que protestan por no contar con los equipos de protección personal requeridos, teniendo que reusar varias veces las mascarillas, o de aquellos que han dejado de atender por falta de equipos o por caer enfermos (según las cifras del Colegio Médico del Perú, 577 médicos han contraído el virus).
Y aunque la gestión de Vizcarra tuvo reflejos rápidos, también hubo descuidos muy puntuales. Reportes periodísticos dieron cuenta que empresas peruanas exportaron 155 toneladas de mascarillas a China, antes de que el gobierno decretara que estos productos solo se exportaran con licencia del sector salud, el 8 de abril.
También, a falta de capacidad para adquirir y utilizar en grandes cantidades las pruebas moleculares, se han empleado pruebas rápidas. Los resultados de su aplicación no han sido satisfactorios para la atención de pacientes, a los que no se les atendía con urgencia por haber dado falsos negativos. Esto también ha creado una desconfianza en los números oficiales, con varios informes señalando que hay un subregistro por falta de confirmación de pruebas, tal como ha sucedido en otros países.
Algo que también pudo haber sumado al caos es el sistema de salud público fragmentado que existe en el Perú: un grupo de hospitales es administrado por el Ministerio de Salud, otro por el de Trabajo, otro por la sanidad de la Policía y las Fuerzas Armadas, y otros por los gobiernos regionales descentralizados. Esto hace que, en condiciones normales, la burocracia interna dificulte incluso el traslado de una cama de una UCI a otra, requiriendo un papeleo exhaustivo. Sin embargo, el trabajo coordinado para la atención de enfermos y la recolección de datos, junto a las clínicas privadas, en sí mismo ya ha sido una gesta lograda durante la gestión de esta crisis.
Fuera de la capital, Lima, lo que agrava la precariedad en los hospitales es que están bajo la administración de los gobiernos regionales, entidades caracterizadas por su ineficiencia: a un mes de la cuarentena, solo tres de 25 habían gastado más de 50% del presupuesto asignado por el gobierno central para enfrentar el coronavirus. Otros hospitales se han inaugurado sin los equipos necesarios, y algunos están siendo investigados por casos de corrupción, como el Hospital Antonio Lorena, en Cusco, por el Caso Lava Jato.
El brillo inicial de la reacción de Vizcarra se ha opacado, mientras la situación en los hospitales se agrava. Hasta hoy, 5 de mayo, el Ministerio de Salud no había liberado la información sobre la cantidad de camas UCI disponibles por regiones. Los aciertos en la gestión de la crisis no han sido suficientes para parchar las grietas estructurales del sistema de salud, pero sus errores las han visibilizado más. La pronta reactivación económica y la relajación de las medidas de aislamiento social —ya sea por disposición del gobierno o de facto por las necesidades de la población— pondrán más presión sobre un sistema que ya está saturado, y el margen de acción para evitar un peor escenario será bastante estrecho.

Esposa de fiscal Pérez no va más

Vanessa Medina Muñoz renunció a Dirección de Compras Corporativas, el mismo día que se difundió video sobre conflicto de intereses en caso Chinchero.
Dos años después de haber sido ascendida a directora de Compras Corporativas de Perú Compras, Vanessa Medina Muñoz, esposa del fiscal José Pérez, renunció a este cargo, lo cual fue aceptado oficialmente.
Como se recuerda, la ahora exfuncionaria laboraba en la referida institución que depende del Ministerio de Economía, y fue ascendida cuando Claudia Cooper dirigía ese sector.
Cooper había defendido la adenda del contrato para el aeropuerto de Chinchero, caso en el cual estaba involucrado el actual presidente Martín Vizcarra, y la actual presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Mollinelli.
Este aparente conflicto de intereses fue denunciado por el abogado Humberto Abanto, ya que el fiscal Pérez había retirado de la investigación a Vizcarra.
Cabe indicar que Medina Muñoz presentó su renuncia el mismo día en que se difundió un video donde la fiscal superior Lourdes Téllez recordaba que Pérez no había respondido sobre esta situación a pesar de que lo había convocado dos veces en el año 2018.
Fuente: Diario EXPRESO.

Foto Andina.

Frescura

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Ni todos los hashtag del mundo para los titulares de la prensa adicta podrán tapar el caos, sin salida a la vista, de esta emergencia nacional que no tiene para cuando acabar.
En su última “conferencia de prensa”, luego de producirse el motín en el penal Castro Castro con diez reclusos muertos que protestaban contra la indolencia del gobierno ante la pandemia del COVID-19, el presidente dijo que era una “frescura” que le vinieran a dar lecciones a él todos aquellos que tuvieron su oportunidad cuando fueron gobierno. Espontáneo o siguiendo un guión, el presidente no cayó en la cuenta de que a su costado estaba sentada la doctora Pilar Mazzetti, jefa del Comando anti COVID-19, y que se desempeñó como ministra de Estado en dos gobiernos consecutivos: ministra de Salud ??en el gobierno de Alejandro Toledo y como ministra del Interior durante el segundo gobierno de Alan García, siendo la primera mujer en el Perú en ocupar ese cargo.
El desempeño del presidente Vizcarra en el sector Salud es uno de los más criticados por la oposición. En una entrevista de 2019 con la periodista Mónica Delta, ofreció para diciembre de ese año entregar 80 hospitales completamente equipados que hoy, en plena pandemia, brillan por su ausencia. Las críticas de sus opositores también van dirigidas al manejo del sector Interior, tan es así que el ministro favorito y mano derecha del presidente tuvo que ser removido de su cargo ante la corrupción que supuraba en los altos mandos de la PNP a la que se sumaba el total abandono de su personal, muy golpeado por la pandemia. De tal forma que cuando el presidente reaccionaba a la crítica válida de sus opositores llamándolos “frescos” porque no hicieron nada por Salud, Interior (restablece el orden interno en los penales) y Justicia (responsable del Inpe) cuando les tocó su turno, le estaba faltando el respeto a una ministra de dos regímenes anteriores concernida con esos sectores.
Como el presidente no responde preguntas en vivo, nadie le pudo preguntar si se refería también a la doctora Mazzetti o acaso la excluía convenientemente de su lista de “frescos” e ineptos por estar sentada a su lado. Tampoco se le pudo preguntar a la propia doctora Mazzetti cuál fue el balance de sus dos gestiones ministeriales en dos gobiernos distintos como para excluirse de la lista de “frescos” e ineptos del presidente, digamos para recordarle a Martín Vizcarra que la culpa de sus males y su pésima administración de esta crisis no es ni culpa del finado García, ni de Toledo, ni de Humala ni de PPK, sino de él que hoy se encuentra al mando de una situación que se la ha ido de las manos.
Así pues, ni todos los hashtag del mundo para los titulares de la prensa adicta podrán tapar el caos sin salida a la vista de esta emergencia nacional que no tiene para cuando acabar y que ya está a punto de reventar.

Keiko Fujimori saldrá de la cárcel tras revocación de prisión preventiva

Fujimori cumplirá comparecencia restringida, luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado decidiera revocar la segunda orden de prisión preventiva que afronta por el caso Odebrecht.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cumplirá comparecencia restringida, luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado decidiera revocar la segunda orden de 15 meses de prisión preventiva que afronta desde enero por los aportes irregulares de Odebrecht y otras fuentes a sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.
De esta manera, Fujimori saldrá del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos y tendrá que seguir ciertas reglas de conducta, como no ausentarse de la ciudad de su domicilio ni variar el mismo sin previa autorización judicial, acercarse cada treinta días a la Oficina de Registro y Control Biométrico para registrar su huella digital y presentarse ante las autoridades del Poder Judicial o Ministerio Público cuando sea requerida.
También deberá pagar una caución de 70 mil soles en un plazo de cinco días hábiles y no podrá comunicarse con sus coimputados, testigos u otros órganos de prueba.
RAZONES
El tribunal consideró, en su resolución, que la Fiscalía “no muestra diligencia debida de llevar a juicio a la imputada en el menor plazo posible”, a pesar de que ya han transcurrido casi 18 meses desde que se dictó la primera orden de prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori, en octubre del 2018, la cual fue revocada por el Tribunal Constitucional.
“Al no haberse postulado el requerimiento acusatorio, pese a transcurrir casi dieciocho meses desde que se dictó la primera orden de prisión preventiva, la sospecha fuerte en la imputación efectuada en aquella oportunidad se habría ido diluyendo, lo cual implicaría una disminución del peligrosismo procesal”, sostuvo el colegiado.
Es importante señalar que el fiscal superior Rafael Vela Barba dijo, a inicios de este año, que la acusación en contra de Fujimori se formularía en este mes, puesto que, según aseguró, el caso estaba muy avanzado.
Específicamente, la lideresa “naranja” es investigada por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, por los supuestos delitos de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia.
“¿Resulta necesario imponer la prisión preventiva que es la más gravosa de las medidas de coerción personal o será suficiente la medida alternativa aludida en párrafo precedente (comparecencia restringida)? La respuesta es negativa no sólo para evitar adoptar una medida innecesariamente gravosa y por ende excesiva, sino también para garantizar de mejor manera la finalidad procesal”, añadió la sala, para luego subrayar que, en marco de la pandemia del coronavirus, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “pide adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento en los penales, incluido la reevaluación de los casos de prisión preventiva”.
Fuente: Diario EXPRESO.

Los muertos que el Gobierno no cuenta

Por IDL-Reporteros.
Fue el 10 de abril, día 26 del estado de emergencia, cuando, al anunciar la creación de un comando para el levantamiento de cadáveres, el ministro de Salud, Víctor Zamora predijo dónde matará la pandemia en los duros días que enfrentamos hoy: “Un grupo [de ciudadanos] va a morir en el hospital; otro, en la calle, en albergues o en sus casas”.
Pero, ¿sabemos realmente cuántos fallecidos por COVID-19 hay en el Perú? Mientras el Minsa, hasta el 27 de abril, calcula 782 fallecidos por COVID-19 a nivel nacional, IDL-Reporteros comprobó -al analizar los registros de los crematorios que más cadáveres incineran en Lima y Callao- que la cifra de muertos del Gobierno es muy inferior a la cantidad de ciudadanos que, luego de morir en un hospital o clínica, en su casa o en la calle, y ser cremados como casos COVID-19, vuelven a sus familias como ceniza.
Cámara frigorífica y cuarto del hospital de Emergencias de Villa el Salvador donde son guardados los cuerpos fallecidos por COVID19, y el equipo encargado de trasladar los cuerpos al crematorio de Santa Rosa en Chorrillos Viernes 23 de abril de 2020, 11pm. (Foto: Omar Lucas/IDL-Reporteros).
El subregistro de muertos
Así, para verificar la magnitud de dicho subregistro, IDL-R contrastó el reporte de fallecidos de la Sala Situacional COVID. La fecha de corte de la comparación fue el 24 de abril, cuando la cifra oficial fue de 290 muertos por COVID-19 en Lima y 40 en el Callao, y 634 a nivel nacional.
Luego comparamos esos datos con el registro de Piedrangel, el crematorio que más fallecidos por COVID-19 recoge e incinera en Lima y Callao. Entre el 20 de marzo y el 20 de abril, este crematorio -ubicado en el cementerio PNP Santa Rosa, en Chorrillos- incineró 1,005 cadáveres entre confirmados y sospechosos de COVID-19, en Lima y Callao: 818 murieron en un centro público de salud, 16 en hospitales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, 153 en un domicilio o en la vía pública, 16 en centros privados de salud, y 2 en prisión.
Desde la fecha en que Piedrangel incineró al primer peruano que falleció en su casa por coronavirus, el 19 de marzo, -un hombre de 69 años, que murió solo en su departamento de Miraflores-, los tres hornos de este crematorio incineraban entre 15 y 18 cadáveres a diario. Desde el 16 de abril, sin embargo, comenzaron a cremar entre 45 y 50 cuerpos cada día.
“Tenemos las dos cámaras llenas”, dijo a IDL-R Henry Gonzáles, gerente general de Piedrangel, quien entre el 20 y 24 de abril había contabilizado más de 300 muertos. “No hemos recibido cadáveres desde el sábado. Los mortuorios de los hospitales deben estar rebalsados de cadáveres. La semana que viene y las dos posteriores serán las más críticas”. Por eso, esta semana, que se supone es cuando más enfermos de COVID-19 fallecerán en casas, calles y hospitales, Piedrangel tiene planificado instalar de dos a cuatro hornos más para poder cubrir el servicio.
A su vez, la funeraria Campo Fe cremó 68 fallecidos sospechosos y confirmados de Lima y Callao, según sus registros actualizados al 23 de abril. Constante Castillo, jefe de operaciones de dicha funeraria, indicó a IDL-R que “la empresa donó 100 cremaciones al Estado. Hasta este momento se han usado 44 donaciones. Hemos tenido 24 cremaciones por COVID-19, de nuestros clientes particulares”.
Así que, al sumar los fallecidos registrados por Piedrangel y Campo Fe, se obtiene un total de 1,073 muertos por COVID-19 solo en Lima y Callao: el triple de lo reportado por el Minsa en estas regiones, y mucho mayor a la cifra de muertos registrados en todo el país.
El análisis comparativo de las cifras oficiales y las empresas funerarias, pueden consultarse en el siguiente gráfico:
Vale la pena destacar la enorme diferencia entre los datos del crematorio Piedrangel y el Minsa respecto a la cantidad de personas que murieron en la vía pública o en una vivienda. Mientras que Piedrangel cremó a 153 personas fallecidas que fueron recogidas en la calle o en un domicilio, el Minsa solo registra a siete fallecidos en esa condición.
Mortuorio temporal del hospital Loayza en el Cercado de Lima donde son guardados los cuerpos fallecidos por COVID19, 24 de abril de 2020.
Otro dato relevante: Campo Fe cremó 30 cadáveres procedentes del Hospital Guillermo Kaelin, en Villa María del Triunfo, como parte de la donación que hizo la compañía al Estado para cremar fallecidos en el contexto del COVID-19. Sin embargo, este hospital no figura en los registros del Minsa como uno de los centros públicos de salud que han tenido fallecidos por Covid-19.
La funeraria Mapfre, a su vez, que tiene cinco camposantos en Lima, Huachipa, Piura, Ica, Chincha y Pisco, también ha sepultado y cremado fallecidos con diagnóstico positivo de COVID-19 o con la probabilidad de haberlo tenido. De acuerdo con información entregada por la compañía, “hasta el 23 de abril, se han atendido 124 casos: 86 casos confirmados y 38 sospechosos. Se ha usado cremaciones o sepultura. En el marco de la ley y en cuanto esta lo permite, la familia ha decidido por uno de los procedimientos”.
Mortuorio del hospital Hipólito Unanue de el Agustino donde son guardados los cuerpos fallecidos por COVID19, 23 de abril de 2020.
Cifras que no cuadran
IDL-R también pudo comprobar que existe una diferencia marcada entre el conteo de fallecidos del Gobierno y el que refleja las páginas de los registros de fallecidos de dos hospitales públicos de Lima: el Hipólito Unanue (El Agustino), y el Arzobispo Loayza, (Cercado de Lima).
Las páginas del registro del mortuorio del Unanue indican que, desde el 26 de marzo hasta el 24 de abril, fallecieron 70 personas en las zonas acondicionadas para la atención de pacientes COVID-19. La mayoría de ellos, fallecidos en las áreas de Emergencias o en los pabellones D2 y D1, destinados a casos confirmados y sospechosos. Sin embargo, el registro oficial del Minsa, actualizado hasta el 24 de abril, solo contaba 12 muertos.
Otro caso similar lo encontramos en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, uno de los más importantes y antiguos del país. De acuerdo a los registros del mortuorio y a los certificados de defunción, solo entre el 14 y 20 de abril (sin contar el 16), el Loayza consignó 21 muertos clasificados como “Cadáver COVID-19”. En 20 de estos casos se especificaba que habían muerto por COVID-19 o por alguna enfermedad relacionada al COVID-19, en el espacio de “diagnóstico” de la ficha Sin embargo, hasta el 24 de abril, el Minsa solo contaba 10 muertos en este hospital.
La diferencia entre las cifras oficiales y las que registran los hospitales y crematorios llama poderosamente la atención, y revelan, como mínimo, una profunda negligencia del Gobierno en la compilación de los datos de los fallecidos por la pandemia.
Pero, ¿a qué se debe este subregistro? ¿El Minsa incluye en su conteo oficial de muertos por COVID-19 solo a los casos confirmados? ¿Y los casos sospechosos?
En busca de explicaciones, IDL-R conversó con Óscar Ugarte, jefe de Operaciones de Essalud y miembro del Comando COVID-19. Dijo que “de acuerdo a la norma, los fallecidos sospechosos se consideran como casos confirmados. En principio no eran [contabilizados], pero en determinado momento se modificó, porque pasó a predominar la sintomatología, el cuadro clínico”.
Otro experto consultado fue el epidemiólogo César Cárcamo, miembro del grupo Prospectiva Covid, que asesora al presidente Martín Vizcarra y al ministro de Salud, Víctor Zamora. Cárcamo dijo a IDL-R que no sabía si el Minsa incluía o no a los sospechosos por COVID-19 en su registro oficial.
“Sé que al principio no los incluía, a la fecha no lo sé”, dijo Cárcamo. “Hace unas dos semanas hemos solicitado que incluyan a los sospechosos. ¿La razón? Las pruebas pueden dar falsos negativos y porque estamos en una pandemia que va a afectar a muchísima gente, y probablemente una persona que muera con fiebre es porque tenía COVID-19. Entonces hemos pedido estadísticas, incluyendo esos casos”.
Sobre la metodología del registro de muertos, Cárcamo ensayó también una explicación: “En el certificado de defunción se pone un código de covid sin confirmación y nosotros lo contamos como covid. El CDC espera que salgan los resultados y los agregan a la cuenta. Si les hacen la prueba y sale positiva, aparece en las cuentas un poco tarde, pero llega. Lo que hay ahí es un retraso con el reporte. Los problemas son otros, de personas que pueden tener la prueba negativa teniendo COVID-19. Tienen los síntomas, pero tienen la prueba negativa. Y nosotros asumimos que esa persona sí tiene covid. En ese caso sí hay un subregistro. Y luego están las otras personas que fallecieron y nunca les hicieron la prueba y también queda como subregistro. Entonces las estadísticas del CDC son estrictas, pero en las otras estadísticas que nosotros sacamos a partir de los certificados de defunción sí aparecen, solo por el diagnóstico clínico”.
Esas “otras estadísticas” a las que se refiere Cárcamo, son las del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). “Ellos reciben diariamente el certificado de defunción electrónico. El mismo día que muere ya aparece en la base de datos. Esto funciona bien en Lima y en algunas ciudades grandes. En algunas no funciona, como en Lambayeque. Captura más o menos el 70% de las muertes a nivel nacional, y en Lima debe ser como el 80%”.
Según Cárcamo, ese sistema no tiene el retraso de los dos o tres días que tiene la prueba molecular (PCR) y tampoco el problema de falsos negativos o personas a las que no le hicieron dicha prueba.
“Ahí están todas las personas que fallecen y ahí podemos separar a las que tiene causa de muerte de COVID-19”, sostiene el experto. “Nosotros usamos los dos registros. Uno es más sensible y menos específico y el otro es más específico y menos sensible. Nosotros estamos vigilando los dos. La verdad está en medio. No tenemos un registro perfecto”.
Para tener explicaciones más precisas, IDL-R también buscó, durante varios días, una entrevista con Manuel Loayza, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), la institución que compila y procesa los datos que se publican en la Sala Situacional COVID-19. También buscamos a la viceministra de Salud Pública, Nancy Zerpa; y a la jefa del comando COVID-19, Pilar Mazzetti, para que pudieran explicar cómo funciona el sistema de recolección, verificación y sistematización de los datos de fallecidos con diagnóstico positivo o con sospecha de haber tenido coronavirus.
Pero, en lugar de respuesta, solo hubo de parte de ellos un silencio sepulcral.
Al cierre de esta edición, IDL-R pudo contactar al ministro de Salud, Víctor Zamora, quien ofreció contestar, luego de su presentación ante el Congreso este martes 28, las preguntas que le hizo esta publicación sobre las diferencias entre las cifras oficiales y las que registran los hospitales, las funerarias y los crematorios.

La salida del ministro Carlos Morán

Por Miguel Ramírez- Diario Trome.
Hasta el último minuto, el presidente Martín Vizcarra le pidió a su ministro del Interior, Carlos Morán, que no renunciara y continuara buscando una salida jurídica que le permitiera cambiar a los tres principales mandos de la Policía Nacional.
La solución no se encontró, pues aquello significaba quebrantar la ley y podría acarrearle graves problemas judiciales a ambos en el futuro.
La renuncia del ministro –quien fue reemplazado por el general Gastón Rodríguez– no se debió a denuncias por corrupción o algún distanciamiento entre ambos, como se ha especulado, sino a una situación legal insalvable.
Todo empezó hace dos semanas en plena cuarentena para combatir al maldito coronavirus. La prensa empezó a revelar denuncias de compras irregulares de mascarillas, caos en el Hospital de Policía, falta de pruebas rápidas y la cantidad de policías infectados llegó a los 1,500.
De acuerdo con fuentes palaciegas, el jueves pasado el mismo Carlos Morán le propuso al presidente Vizcarra relevar al comandante general de la Policía, teniente general PNP José Luis Lavalle, quien, en la práctica, era el responsable de las deficiencias y desorden que se conocían.
Ese mismo día, Morán le había reclamado severamente al ministro de Salud, Víctor Zamora, por qué a la Policía no le habían entregado un lote de pruebas rápidas, pese a que desde el domingo estaban en los almacenes del Minsa.
Morán le propuso a Vizcarra a cuatro generales, de acuerdo a su antigüedad: Jorge Flores, José Baella, Max Iglesias y Gastón Rodríguez. El presidente escogió a Rodríguez.
Su elección, sin embargo, no era posible: según la Ley de la Policía, cuando deja el cargo el comandante general, este será reemplazado por alguno de los tres generales más antiguos. Rodríguez era el cuarto.
Una alternativa era que los tres primeros renunciaran, pero cuando Morán se los propuso, se negaron. El ministro le dijo a Vizcarra que podría nombrar a Iglesias como comandante general y a Rodríguez como su segundo. Pero el presidente no aceptó.
“Otra salida era hacer los cambios al ‘caballazo’, como lo hizo el presidente Ollanta Humala cuando pasó al retiro a 30 generales y asumió el general Raúl Salazar. Por eso mismo se hizo una ley. Eso le explicó Morán a Vizcarra”, dijo la fuente.
En la mañana del viernes, al no haber otra opción, Morán llegó temprano a Palacio y le entregó su carta de renuncia al mandatario. Era una muestra de que él no se oponía al cambio y tampoco se aferraba al cargo, pero no se podía hacer porque se había elegido al cuarto en jerarquía.
El mandatario insistió hasta el final para encontrar una solución, pero sabía que la ley está primero y aceptó la renuncia de su ministro, quien estuvo presente en la juramentación de su reemplazo.
El orden jurídico está por encima de todo.

PNP confirma 510 contagiados de coronavirus en Escuela de Oficiales y Suboficiales en Puente Piedra

La Escuela de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Puente Piedra registra 510 estudiantes contagiados de coronavirus, de acuerdo a información que la propia institución comunicó en sus redes sociales. Esto sucede luego de que 2,707 cadetes y alumnos fueron sometidos a la prueba rápida para determinar el contagio.
La PNP aseguró que ningún miembro del alumnado que dio positivo presenta síntomas ni complicaciones en su salud. Además, que se dispuso que fueran aislados de sus compañeros. Si bien no se precisó el lugar donde pasan cuarentena, la entidad dijo que “están recibiendo todos los cuidados necesarios” y que los padres de familia recibirán información constante sobre ellos.
De acuerdo a la institución, se ha dispuesto que un equipo médico monitoree a los estudiantes y que, además, “garantice las condiciones que debe mantener un asintomático como el reposo y la hidratación, así como adoptar una atención temprana si alguno manifestara síntomas o complicaciones en su evolución”.
El comandante general PNP, Máx Iglesias, estuvo presente en el centro de estudios. Según la PNP, ello se debió “para supervisar el estado de los futuros policías” y para informar “personalmente de la situación a los padres de familia que se acercaron al lugar para indagar por la salud de sus hijos”.
En su comunicación, tanto la PNP como el Ministerio del Interior hicieron un llamado a la calma a los padres de los cadetes y alumnos. Esto último, a razón de que varios de ellos se acercaron afuera del establecimiento para indagar sobre lo ocurrido o simplemente comunicarse con uno de sus hijos.
Este Diario conversó con algunos padres de los estudiantes que dieron positivo. Ellos manifestaron su preocupación sobre el lugar donde sus hijos fueron aislados y, sobre todo, expresaron su intriga respecto a cómo sucedió el contagio. Se presume que ello se debió por el personal que ingresa y sale del establecimiento.
Los padres de familia aseguraron que desde el 8 de marzo los cadetes y alumnos fueron internados en la Escuela de Oficiales y Suboficiales precisamente como medida de precaución para evitar que contraigan el virus.
Fuente: Diario El Comercio.

“El capitalismo, desde luego, no ha acabado con los problemas en el mundo. Y probablemente nunca lo hará. Pero ha producido más bienestar y mejora de la calidad de vida de los habitantes del planeta que el socialismo y todas sus versiones embozadas” (Ilustración: Rolando Pinillos Romero).

Por Mario Ghibellini– Diario El Comercio.
“El mundo nunca volverá a ser lo que era”, repiten los partidarios del intervencionismo económico y la ingeniería social, y se frotan las manos. Creen o sienten que, con la epidemia del COVID-19, una especie de castigo divino se ha abatido sobre una humanidad en la que el impulso por procurarse bienestar sobre la base del esfuerzo individual y la competencia había ganado misteriosamente la batalla ideológica, y que ahora, en medio de la necesidad y el miedo, les ha llegado la hora de imponer sobre el resto un modelo de sociedad que han acariciado durante décadas, ocultos bajo los ladrillos que les cayeron encima cuando se derrumbó el Muro de Berlín.
Porque con el desmoronamiento de la Cortina de Hierro no solo se vino abajo un sistema político –el de las tiranías estalinistas y el Estado policíaco–, sino, sobre todo, una concepción de la economía. Aquella en la que los burócratas iluminados podían supuestamente asignar recursos mejor que el mercado, dictar precios y programar qué es lo que hacía falta producir y en qué cantidad para que todos fueran felices. La dictadura, en realidad, era el régimen indispensable para que esa concepción de la economía, empobrecedora y más favorecedora de la corrupción que cualquier otra, continuara dominando esos países. Y de hecho lo sigue siendo en los lugares donde ese delirio sigue impidiéndole a la gente buscar un camino para salir de la miseria: Cuba, Venezuela, Corea del Norte.
Los representantes de esa forma de pensamiento en el Perú tratan de marcar distancias frente a esos deplorables fenómenos políticos, pero son los mismos que –si tienen edad suficiente– actuaron en su momento como si la Primavera de Praga hubiese sido el nombre de unos juegos florales en la antigua Checoslovaquia o la Revolución Cultural, el de una campaña de alfabetización en la China de Mao. Y si son muy jóvenes para ello, se ponen a tartamudear cuando les preguntan si el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura.
“Nosotros creemos en el mercado pero…”, dicen. Y si uno analiza todo lo que colocan después de ese ‘pero’, descubre que es exactamente aquello que socava sus bases. Existen también, por supuesto, los que, víctimas de un aturdimiento cognitivo, creen que creen en el mercado. Pero en última instancia, acaban acompañando el esfuerzo de los primeros por deslizar una hoz sobre la libertad económica después de cada martillazo al que la lucha contra el coronavirus obliga al gobierno.
–Afán de locro–
¡Impuesto a la riqueza! ¡Control de precios contra la especulación! ¡Regulación de las pensiones en la educación privada! ¡Topes a las tasas de interés bancarias y a los alquileres que cobran los rentistas! ¡Abajo la suspensión perfecta de labores! Esos y otros semejantes son sus gritos de guerra. Gritos de guerra que, como todos, están provocados por alguna furia ancestral, y no por un razonamiento lógico.
Si hicieran el cálculo de lo que se ganaría y se perdería para la economía en general –y en esa medida, para la sociedad en su conjunto– con esas iniciativas, llegarían a conclusiones que les arruinarían el fuego revolucionario en el que hoy sienten que se doran. Y entonces no se los puede perturbar sugiriéndoles que lo hagan.
No les interesa saber qué es lo que realmente se podría hacer con un impuesto adicional a los ingresos (el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, ha aclarado que esa sería la forma que adoptaría el presunto “impuesto a la riqueza”). Lo que en el fondo persiguen es ‘castigar’ la riqueza misma, que consideran pecaminosa porque siguen creyendo que se consigue a costa de la pobreza de otros.
Les parece que está bien juntar lo suficiente como para comer cada día, pero no acumular ganancias como para labrarse una situación de abundancia o lujo. Consienten, digamos, el afán de locro, pero no el de lucro. No han entendido todavía que en la búsqueda del propio bienestar se ocasiona –deliberadamente o no– el ajeno. “La riqueza de las naciones” 101.
Miran para otro lado cuando alguien les hace notar que el problema no está en el ‘modelo económico’ –un chiste que merecería una columna aparte– que le permitió al Estado Peruano desarrollar las espaldas fiscales que hoy le sirven para paliar los estragos de la emergencia en tantas familias pobres, sino en la incompetencia de los responsables de que se echaran por la borda más de 4,000 millones de dólares en el supuesto reacondicionamiento de la refinería de Talara en lugar de destinarlos al sector Salud. O cuando se les señala que ese mismísimo sector dejó de ejecutar el año pasado el 42% de su presupuesto (1,500 millones de soles) para “adquisición de activos no financieros”.
Son, como dijo recientemente un filósofo contemporáneo, “inmunes a la data”. Los desvela únicamente la posibilidad de imponer, al amparo de la emergencia, lo que nunca pudieron ganar en las urnas o en el debate académico.
¿Quiénes son específicamente? No importa. Todos los podemos reconocer cuando chapan micro en los medios o en el Congreso. Además, ¿para qué individualizarlos si lo que los atolondra es el colectivismo?
–Pregunta para chapulines–
El capitalismo, desde luego, no ha acabado con los problemas en el mundo. Y probablemente nunca lo hará. Pero ha producido más bienestar y mejora de la calidad de vida de los habitantes del planeta que el socialismo y todas sus versiones embozadas. No conviene olvidarlo.
Cuando toda esta pesadilla haya pasado –y lo hará–, la pregunta esencial seguirá siendo: si levantamos la alambrada entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿para qué lado creen que correrá la gente?

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Al juez Chávez Tamariz le valió madre las dolencias de la anciana exalcaldesa Susana Villarán y la posibilidad real de contagio de una peste que, si la contrae, la llevaría con toda seguridad a la muerte.
Opino que el juez Jorge Luis Chávez Tamariz no tiene la calidad esencial para ejercer el cargo: ser justo. Ser justo requiere nobleza pero, a mi parecer, el juez ha demostrado con sus actos en la judicatura que es un villano, es decir, todo lo contrario a lo noble.
Yo opino que este juez ha condenado a muerte a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.
La señora Villarán tiene una prisión PREVENTIVA (sin proceso ni sentencia) por el caso de corrupción de las constructoras brasileras mientras ella dirigía la ciudad de Lima. la defensa de Villarán pidió que la señora –que es una anciana de 70 años, con una serie de enfermedades como lupus, hipertensión, entre otras, y que por lo tanto está en la primera línea del grupo de personas de riesgo de contraer el coronavirus en un ambiente cerrado como es la cárcel– purgue la prisión preventiva en su domicilio. Al juez Chávez Tamariz le valió madre las dolencias de la anciana y la posibilidad real de contagio de una peste que, si la contrae, la llevaría con toda seguridad a la muerte.
Fue este mismo juez, que peca de severo e implacable, el que dictó prisión preventiva para los 14 de 16 árbitros que participaron en procesos arbitrales donde una de las partes era la constructora brasilera Odebrecht. Al final, y haciendo valer el sentido común (esto es, que es imposible que el 95% de los árbitros sea corrupto) y el de estricta justicia, una sala superior anuló el disparate y liberó del arraigo a casi todos los árbitros al que había condenado Chávez Tamariz, entre ellos reputadas eminencias del derecho en la cátedra universitaria y en el quehacer jurídico.
Es decir, ¿qué puede haber en la formación del tal “señor” juez para hacer pasar el rigor por justicia, cuando lo único que denotan sus actos es maldad? ¿Es un resentido? ¿Pretende las de súperhéroe contra la corrupción “caiga quien caiga, tanto mejor si tienen buena fortuna y/o apellidos”? ¿Quiere competir con la mala leche de los fiscales Pérez y Vela o complota con ellos? Quién sabe. Lo que sí sabemos es que cumple con los requisitos para ser considerada una mala persona. ¿Tan mala como para condenar a muerte a Villarán con tal de que Keiko Fujimori (quien, por cierto, pidió un poco de humanidad para la exalcaldesa) tampoco pueda acceder a pasar la prisión preventiva en su casa? ¿Como Pérez, que se retiró de una audiencia en total desacato, con el objetivo evidente de retrasar la libertad de Jorge Yoshiyama (justificándose luego con el riesgo de coronavirus en la sala, aunque no le importe exponer a lo mismo al mismo Yoshiyama, en prisión preventiva?
¿Compiten o complotan? Deseamos de todo corazón que nada le ocurra a la señora Villarán en la cárcel. Pero si contrae coronavirus con riesgo para su vida, simplemente se deberá la maldad de un “juez” que no debería ejercer ni un minuto más tan noble oficio.

El patriarca feminista

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Estos “científicos sociales” tienen una semana para evacuar un informe que explique por qué el Perú es “un país de desconcertadas gentes” en el que, por ejemplo, las feministas terminan adorando a un patriarca macho alfa. Buena suerte.
Una reciente encuesta de Ipsos cuya base es online y por teléfono, hecha solo en el sector urbano, da cuenta de que un 79% de los peruanos encuestados está de acuerdo con la gestión que está llevando a cabo Vizcarra contra la peste china, coronavirus o COVID- 19. Paradójicamente, ese mismo 79% de peruanos considera que los responsables del incremento de los casos de la peste son los mismos peruanos, por el comportamiento que vienen teniendo frente a las medidas dictadas por el gobierno.
En otras palabras: según la encuesta, la población se echa la culpa a sí misma del descalabro de la crisis sanitaria con referencia al coronavirus, mientras santifican al presidente como el hombre sabio, prudente y veraz que no tiene nada que ver con ese descalabro. Y esto pese a que prometió para fin del año 2019 ochenta hospitales full equipo que no existen; pese a que compró kits serológicos que no sirven para nada así como ventiladores sobrevalorados que tampoco funcionan, y hospitales que son un engaño como el de Ate.
El presidente ha triunfado en percibir que en momentos de crisis nacional y mundial –en que está en juego la vida de las personas– la gente se coge de cualquier madero que le dé esperanza. Si esto se transforma en un “reporte” diario del mandatario en cadena nacional, gracias a la simpatía de los medios de comunicación durante más de 30 días, puede entenderse el lavado de cerebro por el cual ese 79% de peruanos se siente responsable y hasta culpable de la tragedia que vivimos, al tiempo que exonera al presidente de toda responsabilidad. Se convierte así en una suerte de “Papá lo sabe todo”, o en el patriarca (con pelotas) que lleva el barco a buen puerto, aunque este pueda llegar vacío por la peste que lo infesta.
Lo más gracioso es que un gran sector de mujeres se ha convertido en hincha número uno de ese patriarca. Féminas de todas las clases sociales sacan la cara por él achicando cualquier crítica, y declarando su satisfacción por la tranquilidad que les produce el macho alfa que está a cargo de la nación y de la crisis. Y aunque varias de ellas se autoproclaman “feministas”, pareciera como si en este caso lo que llaman “patriarcado” se diluye cuando el mencionado patriarca dice, muy de paso, cuatro palabras a favor de la alternancia de “género” y se declara indignado por el machismo que pretende retrotraer sus “reformas” políticas.
Bueno, un análisis más profundo de esta rara situación la hará sin duda el grupo de caviares bautizado como “grupo temático Ciencias Sociales y respuesta al COVID-19”, entre los que están el sociólogo Aldo Panfichi, de la PUCP; el historiador y exrector de San Marcos, Manuel Burga; la politóloga Adriana Urrutia, de la Universidad Ruiz de Montoya; Felipe Portocarrero, rector de la Universidad del Pacífico; Norma Correa, Fabiola Yeckting, Pilar Collantes, Feline Freier, Sandro Venturo, Ricardo Cuenca, Juan Infante, Cecilia Blondet y María Emma Manarelli, entre otros. Estos “científicos” tienen una semana para evacuar un informe que explique por qué el Perú es “un país de desconcertadas gentes”, en el que las feministas terminan adorando a un patriarca macho alfa. ¡Buena suerte!

Vergonzoso titular

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
¿A qué “actividad económica esencial” obedecen los medios de comunicación, para ser convocados con un representante para decidir y debatir sobre cómo se reabre esa actividad económica?
Es porque la libertad de expresión existe que el diario Perú 21 puede soltar un titular como el del jueves 23 de abril. Libertad de expresión y de opinión se asientan en la democracia de un Estado de derecho que se concibe como independencia de poderes, uno de los cuales: el Congreso.
Sin Congreso no hay democracia ni libertad de expresión. Decimos sin un Congreso de verdad, no uno de fantasía. El titular del diario Perú 21 es golpista y antidemocrático: “De vuelta al show. no pueden con su genio. En plena pandemia, el congreso citará a 6 ministros.” Si hablamos de show, baste con los titulares del diario de marras que tienen que padecer los peruanos y que se le ocurren a la directora de ese medio de comunicación del Grupo El Comercio. La señora Valenzuela se ha convertido en la reina, ama y señora del show barato a través de sus titulares, lamentablemente sin resultados económicos para sus dueños.
Pero habría que decirle a la señora Valenzuela, más allá de que no cabe el show en un Congreso con audiencias virtuales donde precisamente no hay medios de comunicación como el suyo, que es una FUNCIÓN del Parlamento o REPRESENTACIÓN NACIONAL, fiscalizar a los gobernantes, sobre todo si en la pandemia a la que alude el diario se vienen dando una serie de IRREGULARIDADES, ROBOS Y ESTAFAS que, paradójicamente, EL PROPIO DIARIO HA DENUNCIADO.
¿La señora Valenzuela quiere acaso que el Congreso no pregunte sobre el “cabezazo” de la compra de mascarillas y guantes, por millones de soles que nunca llegaron y que denunció su propio diario? ¿O de la compra de tests rápidos que no sirven para nada y que empujan a propagar aún más la pandemia con falsos negativos? ¿No quiere que le pregunten al ministro de Salud sobre la indignante muerte de un excongresista, al que las autoridades de su sector peloteaban hasta que fue atendido en su agonía en EsSalud? ¿O no quiere que le pregunten sobre el desmentido de la asociación de médicos intensivistas y del Colegio Médico sobre la cantidad de camas UCI que el gobierno dice que hay?
¿Eso le parece “show” a la señora Valenzuela? ¿O acaso su vergonzoso titular obedece a que el gobierno le ha dado un cupo a los medios de comunicación con un representante en una comisión que tendrá que decidir qué actividades económicas se reabren de a pocos a partir del 4 de mayo? ¿A qué “actividad económica esencial” obedecen los medios de comunicación para ser convocados a decidir y debatir sobre ello? ¿O no será que están buscando, como otras actividades económicas, un salvataje del gobierno a cambio de portadas infames contra el Congreso o contra cualquiera que lo critique?
¿O será que la señora Valenzuela cree que estamos en Corea del Norte y ella es Kim Yo-jong, la hermana déspota de Kim Jong Un?