El pleno del Congreso aprobó a primera hora del sábado la moción que pide conformar una comisión investigadora al proceso de licenciamiento otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) a dos universidades privadas.
El pedido, formulado por la Comisión de Educación, fue aprobado por 101 votos a favor, 16 en contra y 8 abstenciones.
La investigación al proceso de licenciamiento otorgado a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) –por sus filiales en Ica– y a la Universidad Peruano Alemana (UPAL), será por un plazo de 120 días.
El congresista Luis Dioses Guzmán (APP) dijo que la investigación no debe entenderse como una medida que debilita a la Sunedu sino que busca la verdad sobre el licenciamiento de estas dos universidades, en las cuales, según dijo, se habría producido hechos irregiulares.
En ese sentido, se comprometió a que la investigación de realice en forma objetiva e imparcial. “Bajo ningún caso la institucionalidad de la Sunedu y la mejora continua de la universidad debe verse debilitada”, refirió ante el pleno.
Defensa de Sunedu
En una entrevista con RPP Noticias, el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, advirtió que sería “preocupante” en caso se llegue a interpelar al ministro de Educación, Martín Benavides, quien fue su predecesor en el puesto, “porque sería el comienzo del fin de uno de los esfuerzos más importantes que se ha puesto a nivel nacional en educación superior“.
Oswaldo Zegarra expresó su temor ante el hecho de que se estaría buscando “mellar la credibilidad, la imparcialidad y el desarrollo técnico de la Sunedu“, una de las pocas instituciones, según remarcó, “que tiene y goza aceptación popular“. “La educación superior merece todo el respeto y todo el cuidado“, agregó.
Fuente: Radio Programas del Perú con información de Andina.
Colusión, peculado y cohecho: “Estos hechos irregulares en la Sunedu deben ser investigados por la Fiscalía”
Exprocuradora Katherine Ampuero señaló que de encontrar responsables en esta escandalosa entrega de licencias a la UTP y UPAL, se debe sancionar de acuerdo a ley.
Katherine Ampuero, la exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato en Perú, conversó con diario Exitosa sobre la posible investigación del Congreso de la República, a través de la Comisión de Educación, a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) por presuntas irregularidades en el proceso de licenciamiento de la Universidad tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL).
–El Parlamento acordó pedir facultades para investigar, ¿qué puede pasar?
Algunos actores políticos buscan las fallas que ha tenido la Sunedu para desaparecerla y traerse abajo la reforma en educación, y lo hacen porque tienen intereses económicos en la educación, en su mayoría vinculados a universidades.
Sin embargo, tampoco podemos dejar de investigar aquellas licencias que habrían sido entregadas de manera cuestionada.
–Está el caso de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y su filial de Ica.
No solamente a la UTP, sino a la Universidad Privada Peruana Alemana (UPAL), que salió en tiempo récord, cuando fue un tipo de universidad fantasma.
La Sunedu tiene un objetivo y debe continuar vigente para lograr esta reforma que tanto necesitamos, pero eso no significa que debamos de dejar de investigar estas irregularidades.
–Y más ahora que se habla de Intercorp y el exministro Fernando Zavala.
Estos hechos irregulares deben ser investigados por la Fiscalía, que puede iniciar una investigación de oficio; igualmente la Contraloría. Y de encontrar responsabilidad, se tiene que sancionar a quienes corresponde porque no es posible aplicar la ley para los demás, pero cuando se trata para mis amiguitos entonces no la aplico.
–Ambas cosas van por cuerdas separadas.
No podemos decir: “son enemigos políticos que buscan traerse abajo la Sunedu”; lo cual seguramente sea cierto, no lo dudo, especialmente aquellos congresistas vinculados a universidades que no han sido licenciadas.
Y eso es sumamente cuestionable. Estos congresistas no deberían formar parte de ninguna comisión investigadora.
–Pasando a otro tema, tenemos las 264 denuncias recibidas por presuntos actos de corrupción durante la cuarentena.
La emergencia habilita a que los funcionarios públicos puedan contratar bienes y servicios sin seguir un concurso público, sin licitaciones; las adjudicaciones son directas por la necesidad de adquirir bienes de manera inmediata para afrontar la pandemia.
Lamentablemente, aprovechan esto para apropiarse del dinero del Estado y beneficiar a sus amigos, familiares o a las grandes empresas a cambio de coimas.
–Ni en la emergencia cesa la corrupción
Es preciso decir que cuando se dan las adquisiciones no solo estamos hablando de compras dirigidas a determinado proveedor a cambio de dinero, sino también de instrumentos o bienes que están sobrevalorados; aunado a que muchos de esos bienes ni siquiera sirven.
Tenemos casos como el alcohol el gel o las mascarillas.
–Y esto perjudica al personal de salud que no recibe equipos de protección adecuados. Justo nos llegó un caso así de Loreto.
Estas personas que tienen que atender a los pacientes, velar por las vidas los peruanos, a ellos los mandamos totalmente desprotegidos, exponiendo sus vidas.
Mientras que estas autoridades delincuentes, porque ya no se les puede llamar irresponsables, solo piensan en lucrar y no les interesa en lo más mínimo la salud y la vida de las personas.
–¿Qué penas podrían recibir estos malos funcionarios públicos?
Básicamente estarían incurriendo en delitos de colusión, peculado y cohecho. Estamos hablando de una pena privativa de la libertad mínima de 15 años y una máxima de 35 años, porque en el país las penas se acumulan.
Fuente: www.exitosanoticias.pe
Esta es la fotografía de Google Earth el 15 de junio de 2019.
Benavides y la UTP ¿el temor a una doble caída?
El jefe provisional de la SUNEDU Oswaldo Zegarra Rojas, salió en diversos medios a señalar que las “filiales presentadas por la UTP cumplieron con lo exigido por la Ley Universitaria” y en su intentó por encubrir una grave situación que envuelve a Martín Benavides, ministro de Educación y ex jefe de la Sunedu, terminó entregando una evidencia: el licenciamiento de toda la UTP, sede central y filiales, sería inválido y deberá ser investigado.
Ad portas de la interpelación al ministro de Educación Martín Benavides por el caso de los licenciamientos de las sedes de las universidades UTP y UPAL, el actual jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, salió en diversos medios a defender a Benavides difundiendo una idea fuerza: “Creo que hay una concertación que ha tomado como pretexto a la persona del ministro de Educación, Martín Benavides, atacándolo fuertemente. Es una persona honorable, un profesional de éxito. ¿Por qué lo atacan?” y en lo que parece ser una desesperada defensa el médico que ejerce como jefe interino de la Sunedu, arremetió, incluso, contra las más altas autoridades. En efecto, un titular en el diario El Comercio recoge esta declaración de Zegarra: “No escucho al presidente ni al primer ministro defender la reforma universitaria”.
Asimismo, en la defensa previa a la interpelación, el jefe de la Sunedu que reporta a Benavides, se esmeró en señalar que, en el caso del cuestionado licenciamiento de la UTP, la Sunedu “verificó presencialmente que estas filiales cumplieran con todas las condiciones básicas de calidad exigidas para lograr su licenciamiento”. La extraña defensa de un caso específico ha terminado por destapar una realidad que desvela a Martín Benavides: el licenciamiento de la UTP. Según varios indicios y la opinión de expertos, estaría viciada de nulidad y por eso la desesperada defensa y las visitas a medios de comunicación en las últimas dos semanas tanto de Benavides, defendiendo su gestión en Sunedu, como la de Oswaldo Zegarra su reemplazante ocasional en el cargo.
Lo que tratan de ocultar
Las diversas denuncias publicadas en Lima Gris dieron lugar al pronunciamiento del Contralor General de la Nación, Nelson Shack, quien anunció “Vamos a trabajar intensamente e intervenir en diferentes instituciones y no solo en el caso de la Sunedu”. Uno de los casos a investigar es el irregular licenciamiento de la UTP y el temor es que, si las investigaciones llegan a la conclusión de que en la gestión de Benavides se dio un licenciamiento ilegal a la UTP, esto automáticamente invalidaría el licenciamiento total. Esto significa que la sede central de la UTP en Lima y sus filiales en provincias estarían operando con un licenciamiento que no tiene validez.
En efecto, según las reglas dispuestas por la propia Sunedu, todo proceso culmina en un Licenciamiento Institucional. En la página web de la Sunedu se puede leer el concepto impuesto por ellos: “El Licenciamiento Institucional es un procedimiento obligatorio para todas las universidades del país, a través del cual cada casa de estudios debe demostrar ante la SUNEDU que cumple con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para poder brindar el servicio educativo”.
Dicho concepto significa que la licencia se aprueba para toda la institución. Esto quiere decir que no existe el licenciamiento individual. Es decir, no se puede pedir licencia para la sede central y otro trámite para cada filial. Es un solo proceso para toda la institución. Por lo tanto, basta que una sola filial no haya cumplido con los requisitos para que el íntegro del licenciamiento carezca de valor.
Esta fue una exigencia constante de la Sunedu en todos los procesos y, por esa razón, muchas universidades fueron desistiendo de presentar locales y filiales que podían ser desaprobados porque si un solo local no contaba con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) eso daba lugar a la denegatoria de todo el licenciamiento solicitado y la universidad ingresaba a un proceso de cese de actividades. Esta fue la disposición del reglamento implementado por el propio Martín Benavides en el año 2018. ¿Por qué no se le aplicó a la UTP?
La UTP no cumplió con las Condiciones Básicas de Calidad
Teniendo en cuenta lo antes señalado, basta dar una mirada a la filial de la UTP en Ica, uno de los casos que ha sido difundido en diferentes medios a nivel nacional. La filial de Ica tiene como código de local F05L01 y en el Informe Técnico de Licenciamiento figura como “Pendiente de licenciamiento”. Además, en el gráfico de ubicación de locales en Provincia, esta aparece, en el citado informe, como si tuviese construido el primer piso. Sin embargo, en la realidad, al 15 de junio del 2019 -cuando Benavides ya había firmado el licenciamiento para la UTP- en el terreno no existía nada construido, era un lote vacío tras haber sido derruido el local del cine UVK.
La situación es muy grave y eso es lo que mantiene muy preocupado a Benavides por las responsabilidades que ello acarrearía y esa es la razón por la cual el ministro de Educación arremete en sus tours mediáticos contra las investigaciones que van demostrando, entre otras cosas, que la sede de Ica de la UTP recién se terminó de construir y equipar en marzo de 2020 y el licenciamiento se le dio, ilegalmente, en junio de 2019. Un vicio que acarrea la nulidad de toda la licencia y el impedimento para funcionar de toda la institución llamada UTP -sede central en Lima y filiales en provincias-.
¿Quién realizó el Informe Técnico de Licenciamiento de la UTP?
El Informe Técnico de Licenciamiento fue efectuado y firmado por el funcionario Cristhian Alberth Pacheco Castillo, Coordinador General Técnico de Licenciamiento y por Ana María del Pilar Ríos Sosa, Jefe del Sub Equipo de Trabajo. Hay que señalar que Pacheco Castillo no es un profesional en materia educativa, tampoco tiene formación en el funcionamiento de instituciones pedagógicas. Pero aun así ejerció la función de Coordinador General Técnico de Licenciamiento, sin tener un título profesional, pues, solamente es bachiller en Ingeniería de Sistemas pasando por alto que el perfil profesional exigido para el cargo supone tener título profesional y una maestría.
A pesar de todo lo mencionado, el 12 de junio de 2019, y mediante Resolución del Consejo Directivo N°081-2019-SUNEDU/CD, firmada por Carlos Martín Benavides Abanto, Superintendente de la Sunedu, se le otorgó la Licencia Institucional a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).
Denunciar estas irregularidades no es atacar a la reforma universitaria, tampoco es abogar por universidades que no merecen ser licenciadas, es, simplemente, exigir el respeto a la ley y el cese de actos que evidencian una presunta corrupción.
Fuente: LimaGris.com