Los libros que pedía ‘Budian’

Por Romina Mella- IDL Reporteros.
Si alguien hubiera escuchado, hacia mediados de 2014, las conversaciones entre el empresario constructor y el poderoso gerente general de la municipalidad metropolitana de Lima, hubiera supuesto que el Perú vivía una ola cultural arrolladora.
Las conversaciones eran breves, por teléfono vía WhatsApp. El gerente, José Miguel Castro, llamaba al empresario constructor, César Meiggs, y le decía, en varias y frecuentes ocasiones: “Anda a mi casa, llévame 100 libros, 150 libros, 200 libros”.
Uno hubiera pensado que Castro era un lector prodigioso, de cultura oceánica. O un bibliófilo que coleccionaba libros de valiosas ediciones, para calentarse el alma con solo mirarlos.
Y Meiggs concurrió en cada ocasión para llevarle lo pedido. Pero lo único de cultural que tuvieron las entregas fue el rostro de Jorge Basadre en los billetes de cien soles, el de Raúl Porras Barrenechea, en los de veinte soles, y el de Benjamin Franklin en los billetes de 100 dólares.
Es que aquí en el Perú hasta para la cutra se utiliza a la cultura como coartada.
De acuerdo con el testimonio del colaborador eficaz 140-2019, ‘libros’ significaba ‘miles de soles’, en billete: “… cien mil soles, 150 mil soles, 200 mil soles”.
Según indica el colaborador, Meiggs le entregó a Castro en dos ocasiones dos sobres de manila con montos de entre 250 mil y 300 mil soles en cada caso, en la puerta de su casa, en la noche; y una mochila con casi 600 mil soles en un privado del restaurante de comida norteña Don Fernando, en Jesús María.
Castro le decía a Meiggs, a tenor del testimonio, “que ese dinero era a pedido de la señora Susana Villarán para su campaña de reelección como alcaldesa”.
José Miguel Castro y César Meiggs (Foto: Gestión/ Facebook).
Esos pagos no fueron un choque y fuga cutrero ocasional sino parte de una historia de corrupción que empezó tiempo atrás y tuvo a dos compañías constructoras brasileñas como pagadores de los sobornos para lograr una cosecha pronta y provechosa.
OAS y Odebrecht.
Los principales ejecutivos de ambas compañías se han acogido a la delación premiada, han confesado y continúan confesando sobre el detalle de sus fechorías. Asimismo, varios de los sobornados han entrado en régimen de colaboración eficaz, con lo que las operaciones de sobornos han sido y son relatadas por una verdadera polifonía de ex perpetradores, que permite reconstruir los delitos perpetrados a través de confesiones en estéreo, que cada día se hacen más nítidas, con mejor resolución.
IDL-Reporteros pudo revisar diferentes confesiones testimoniales que describen cómo operó el mecanismo de pagos corruptos hechos por OAS y Odebrecht a la gestión de Susana Villarán, a través de su gerente José Miguel Castro.
Muchos conocen cómo funcionó el departamento de sobornos de Odebrecht, pero se sabe mucho menos cómo hizo OAS para comprar voluntades por la vía de la coima.
Ahora lo explicamos, como inicio del relato de los sobornos pagados en la municipalidad de Lima durante la gestión de Villarán.
Campaña de reelección de Susana Villarán (Foto: Andina).
La ‘Contraloría’ de OAS
Ya sabemos cómo manejó Odebrecht sus pagos ilegales, a través del clandestino ‘Sector de Operaciones Estructuradas’, que en sus períodos más intensos llegó a pagar más de 500 millones de dólares al año.
OAS, más pequeña, menos próspera, pero tan o más inescrupulosa, buscó hacer algo parecido.
Hacia fines de la década de los 80 e inicios de la de los 90, OAS creó un departamento de sobornos al que llamó ‘Contraloría de Proyectos Estructurados’.
Era un área ligada al departamento de finanzas abocada a la contabilidad clandestina para la suscripción de contratos ficticios o sobrevalorados, a fin de generar recursos para la Caja 2, y pagar sobornos.
Todos los meses de noviembre, cada año, los directores de la empresa se reunían y entregaban un informe completo sobre lo ejecutado en el año transcurrido: los ingresos, los gastos y la demanda de la Caja 2.
En el mes de enero del año siguiente, la persona a cargo de la dirección financiera se reunía con los directores de cada país para establecer las metas de ese año, que incluía el presupuesto de la contabilidad paralela.
En OAS, a lo que parece, el ‘departamento de sobornos’ era mucho más conocido que en Odebrecht, donde se hacía un esfuerzo por mantenerlo clandestino dentro de la propia organización.
En el caso de Perú, como en los otros países donde operaba la compañía, había una estructura piramidal liderada por el presidente de la constructora, seguida por el superintendente internacional –años después el nombre cambió a presidente internacional–, luego por el director del país, y por debajo los líderes de los proyectos y después los gerentes de contratos, que veían directamente las obras.
“Toda esta estructura sabía del gasto [ilícito] que se iba a efectuar; y respecto del motivo del pago sabían el superintendente [internacional] [César Uzeda hasta 2014 y su sucesor Agenor Medeiros], el director del país [en Perú, Valfredo de Assis y luego Leonardo Fracassi] y el líder de operaciones o proyectos, respecto del cual se generaba el dinero para la Caja 2”, “Se trabajaba sobre demanda, en relación a cada proyecto”, relató José ‘Léo’ Pinheiro, expresidente de OAS, a los fiscales Rafael Vela, Carlos Puma y Ángela Zuloaga durante una diligencia del 26 de abril de 2019, en la Policía Federal de Curitiba.
Conforme la empresa fue creciendo y expandiendo, explicó Pinheiro, surgió la necesidad de tener una persona encargada del área internacional de la contabilidad clandestina de OAS que “implicaba la generación [de recursos para la Caja 2] y entrega de dinero”.
Alexandre Portela fue designado para asumir esa función. Todos los pagos o entregas de dinero tenían que ser autorizados por el director de cada país. Era posible que Portela no conociera la identidad de los beneficiarios finales de los pagos, “pero el director superintendente o el director del país debían saber”, dijo Pinheiro.
La ‘Contraloría’ de OAS, que funcionaba en Brasil, tenía entre 8 a 10 personas. En el Perú, dijo Pinheiro, “había una persona que se encargaba de ver estos temas con los funcionarios que trabajaban en la Contraloría”. “El que tenía el poder de los pagos era el director superintendente o el director del país, estos determinaban cuánto, cómo y cuándo se pagaba; Alexandre Portela solo era requerido por la cantidad de dinero que tenía que pagar”, añadió.
“La mecánica era trabajar los servicios que ya estaban hechos en la compañía […]; valorizar y cotizar en el mercado cuál era la posibilidad de incrementar la Caja 2 a través de dichos contratos. Una vez cotizado el valor se buscaba proveedores reales, los cuales aceptaban generar contratos ficticios o se buscaba operadores financieros con dueños de compañías que no tenían ninguna actividad real […]”, según relató el colaborador eficaz 101-2019 durante un interrogatorio ante el fiscal Carlos Puma, el 14 de marzo de 2019, en el consulado de Perú en Sao Paulo.
“Los contratos así como el dinero recaudado”, dijo el mismo colaborador, “por lo general no tenían un destinatario específico, funcionaba como un fondo, el cual una vez abastecido podría atender a cualquier tema, eso gracias a una red de operadores financieros de conocimiento exclusivo del sector de la Contraloría”.
El intermediario
A inicios de 2014, con el ingreso de Leonardo Fracassi a la cabeza de la constructora en el Perú –tras la salida de Valfredo de Assis–, Léo Pinheiro tenía “una gran preocupación en reanudar los lazos de relación con la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y su gerente general, José Miguel Castro”, según el colaborador eficaz 101-2019.
Léo Pinheiro había conocido a José Miguel Castro en la municipalidad de Lima un año antes, en febrero de 2013, durante la firma de la adenda 1 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla; pero fue recién en 2014 cuando empezó a tener un trato directo y fluido con él.
“Le pedí a Valdemir Garreta [el publicista brasileño que asesoró a Villarán en la campaña en contra de la revocatoria] que organizara una cena para presentarlo a los nuevos directores de OAS” en el hotel Westin, relató Pinheiro.
“En una de esas citas privadas”, de acuerdo con el colaborador eficaz 101-2019, Castro le pidió a Pinheiro cuatro millones de dólares para la campaña de reelección de Susana Villarán. “Con el contexto de la posible quiebra de OAS y la necesidad de estar bien con la municipalidad, el señor Pinheiro aceptó; según información de este último, José Miguel Castro decía que por el tamaño del proyecto era lo que le tocaba pagar”, dijo el colaborador.
Ya había una historia. OAS había hecho aportes ilegales por 3 millones de dólares para la campaña en contra de la revocatoria de Villarán. Un millón había sido entregado en Brasil a Valdemir Garreta, otro millón fue entregado en cash en Perú –puesto en Lima por el notorio doleiro brasileño Rafael Angulo López– al no menos notorio Luis Gómez Cornejo por intermedio de Alexandre Alves de Mendonca, entonces ejecutivo de la constructora. El millón restante se canalizó a través de la empresa Ogilvy.
Según el colaborador eficaz 101-2019, con la detención de Alberto Youssef [el doleiro cuya caída en Brasil permitió empezar a desenredar la madeja del caso Lava Jato. Entre sus muchas actividades, Youssef hacía “contabilidad paralela” en Brasil y en el exterior para OAS], en marzo de 2014, la compañía empezó a tener “problemas con entregas de dinero hechas por Caja 2”.
Parte del dinero que la constructora entregaba en cash en Perú –para pagos ilícitos– era traído por doleiros como Angulo López, con dólares pegados al cuerpo. “Entonces José Miguel Castro pidió que se analice una solución, sugirió que se contrate con [las empresas] CMR y Generación de César Meiggs”. Fracassi pasó esa solicitud a la ‘Contraloría’, que determinó que “era posible hacer a través de [Meiggs] la simulación de servicios y aumentos de precio dichas entregas”.
¿Cómo entra César Meiggs a este proceso? ¿De dónde lo conocía José Miguel Castro?
En realidad, de acuerdo con el colaborador 101-2019, fue OAS quien puso en contacto a César Meiggs, dueño de la compañía Constructores, Consultora y Servicios Generales Generación SA, con Castro porque la “municipalidad de Lima necesitaba de un contratista para hacer una demolición de un mercado y Leonardo Fracassi le dio el número de César Meiggs a José Miguel Castro”.
Este empresario se convirtió así en un personaje clave en trama de la entrega ilegal de dinero para la campaña de reelección de la alcaldesa.
De acuerdo con las confesiones del colaborador eficaz 140-2019, la compañía de Meiggs era subcontratista de OAS –a fines de 2013– para el proyecto Línea Amarilla a través del alquiler de volquetes. A inicios del año siguiente, Marcus Martínez, entonces gerente de maquinarias de OAS, citó a César Meiggs en las oficinas de la constructora en Lima para ofrecerle un trabajo de demolición en La Parada. En la reunión también estuvieron los ejecutivos de OAS, Clayton Goncalvez Holanda Dos Santos y Ricardo Rocha Ulm.
César Meiggs aceptó. Y luego aceptó otras cosas también.
“Castro le dijo al empresario que OAS lo iba a apoyar con más trabajos por recomendación suya, (…) que la alcaldesa “sabía del tema y que no había ningún problema”.
Después de ese trabajo, de acuerdo con el colaborador, Meiggs se quejaba porque OAS no le había pagado, y pidió una cita con José Miguel Castro, quien accedió y lo atendió en su oficina en el municipio. El entonces gerente municipal “intervino ante la empresa OAS para que le pagaran lo adeudado a Meiggs, pero OAS le pagó con otros servicios en los cuales le solicitaron […] que sobrevalorara o inflara los servicios, para pagarle el servicio adeudado”, según el colaborador.
De acuerdo con el colaborador 140-2019, ya en abril de 2014 la relación entre Castro y Meiggs era bastante fluida. Por esas fechas, ambos se reunieron para cenar en el chifa Madam Tusan de Miraflores, cerca del óvalo Gutiérrez. Castro le dijo al empresario que OAS lo iba a apoyar con más trabajos por recomendación suya, “bajo la condición de que los apoyara para el tema de las deudas pendientes por pagar en razón de las campañas de Susana Villarán”. Le dijo que la alcaldesa “sabía del tema y que no había ningún problema”.
16 de Julio de 2014. La entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, inspecciona la construcción del túnel que cruzaría el río Rímac contemplado en el Proyecto Vía Parque Rímac (Foto: Facebook Municipalidad de Lima).
En otro momento, según el mismo colaborador, Castro le preguntó a Meiggs si también era contratista de Rutas de Lima. Este le respondió que entre diciembre y enero de 2013 su compañía había hecho una ampliación del tercer carril de la Panamericana Sur. En ese caso, Castro le dijo que lo contactaría Raúl Ribeiro Pereira, el ejecutivo de Odebrecht que estaba a cargo del proyecto, “para hacer más trabajos sobrevaluados y así ingrese el dinero para la campaña por la reelección de Susana Villarán, y que eso era bajo condición de que pueda seguir trabajando con la municipalidad”.
José Miguel Castro le advirtió a Meiggs que “si no aceptaba esas sobrevaloraciones buscarían otras empresas dispuestas a trabajar con él, y que llamaría a los directores de OAS y Odebrecht, para que no le dieran más trabajo”. Meiggs aceptó y Castro le informó que una de sus contrapartes en OAS sería Clayton Goncalvez.
En julio o agosto de 2014, Meiggs se reunió con Clayton Goncalvez y Alfonso Alegra, entonces gerente de administración de OAS. Ambos “le solicitaron servicios de abastecimiento de roca, afirmado, eliminacion de desmonte, cortes y excavación; luego le dicen que facture mayores cantidades de abastecimiento de materiales y de trabajo y que la diferencia se la entregara al gerente municipal José Miguel Castro”, de acuerdo con el colaborador 140-2019.
Fue así que entre 2014 y 2015, la empresa de César Meiggs, Constructores, Consultora y Servicios Generales Generación SA. facturó 29 millones 642 mil 545 soles a OAS, cargados al proyecto Línea Amarilla. De ese monto, las obras realmente ejecutadas equivalen a 15 millones 740 mil 019 soles, y la cantidad simulada fue de 13 millones 902 mil 526 soles, de acuerdo con el colaborador 140-2019.
“OAS hacía el requerimiento global que incluía lo real y lo sobrevaluado”, indicó el colaborador 140-2019. “Al final de cada día, cada controlador del servicio a ejecutarse coordinaba con el controlador de OAS el servicio realmente ejecutado, luego de ello esos controladores pasaban esa información a la oficina de la Gerencia de Administración de la empresa Constructores, Consultora y Servicios Generales Generación SA”, relató el colaborador, “se hacían los cuadros de lo ejecutado realmente, luego que venía la facturación mensual […] para que los montos sobrevaluados o los estados sobrevaluados sean regularizados a través de guías de remisión”.
A la hora que la compañía de Meiggs presentaba su factura, OAS le transfería el dinero a la cuenta de su empresa. Meiggs retenía el 10% –por actuar como intermediario– y el saldo se lo entregaba a José Miguel Castro en efectivo o a las personas que el entonces gerente municipal designaba.
De acuerdo con el colaborador 140-2019, el dinero fue entregado de tres formas.
Los sobres y la mochila
La primera modalidad consistió en entregas de dinero en cash a José Miguel Castro. Este llamaba a Meiggs por teléfono, vía WhatsApp, como hemos visto, para indicarle el lugar de la entrega. “Anda a mi casa, llévame 100 libros, 150 libros, 200 libros”, le decía Castro a Meiggs, de acuerdo con el colaborador, “que significaba cien mil soles, 150 mil soles, 200 mil soles”. .
En cuanto a la segunda modalidad de entrega de dinero, Luis Gómez Cornejo, representante de la ONG Ciudadanos por Lima, recogió –por encargo de José Miguel Castro– dinero en efectivo en las oficinas de Constructores, Consultora y Servicios Generales Generación SA, en la Avenida Arenales 2632.
Luis Gómez Cornejo (Foto: Caretas).
De acuerdo con el colaborador 140-2019, entre abril y agosto de 2014, César Meiggs le entregó a Gómez Cornejo sobres con dinero en seis oportunidades, uno de los cuales contenía alrededor de 250 mil soles. Gómez Cornejo, a su turno, delegó parte de esta tarea a Graciela Ramos Pérez, quien se reunió con Meiggs cuatro veces para que este le entregara el dinero: tres ocasiones en la oficina del empresario y una oportunidad en una agencia del BBVA. Ramos también recibió cuatro transferencias de dinero a su cuenta bancaria. Todas estas transacciones fueron monitoreadas, de acuerdo con el colaborador, por José Miguel Castro.
En determinado momento, según el colaborador 140-2019, José Miguel Castro le pidió a Meiggs que realice una transferencia de alrededor de 210 mil dólares desde la cuenta bancaria de su compañía a una cuenta extranjera “que le proporcionaron unos españoles en sus oficinas” por indicación de Castro. “Recuerdo que los españoles le dijeron al señor Meiggs que era para una empresa de publicidad”, indicó el colaborador.
En ese contexto la empresa de Meiggs, Constructores, Consultora y Servicios Generales Generación SA., suscribió contratos ficticios con Rentable.pe SAC, por un monto de 1 millón 390 mil soles. De ese total, la compañía transfirió 1 millón 284 mil 025 soles a la cuenta bancaria de Mindshare Perú SAC para el pago de publicidad. Mindshare Perú SAC, a tu turno, fue subcontratada por la agencia Wish Win, liderada entonces por el consultor y publicista político catalán Xavier Domínguez, que manejó la campaña de reelección de Villarán. Mario Ruas, representante de Rentable.pe, cobró 105 mil 982 soles por actuar como intermediario para el contrato simulado, según el testimonio.
La cuota de Odebrecht
La compañía de César Meiggs también actuó como intermediaria para la entrega de alrededor de 2 millones 600 mil soles de aportes ilegales de Odebrecht a las campañas de Susana Villarán.
En su declaración como colaborador eficaz del 1 de junio pasado, José Miguel Castro dijo que fue Raúl Ribeiro quien “había organizado todo el sistema de aportes de Odebrecht a las campañas municipales de 2013 y 2014”. El aporte para la campaña de reelección se definió, según Castro, durante un almuerzo en un rodizio en Río de Janeiro, en el que estuvieron Ribeiro y el vicepresidente de Odebrecht, en diciembre de 2013.
“La forma de ejecutar estos aportes fue a través de César Meiggs y sus empresas”, dijo Castro.“La empresa de Meiggs emitía facturas hasta por un millón de soles, de los cuales él deducía sus impuestos y comisiones y efectivizaba solo 700 mil soles, que él mismo entregaba o transfería a los asesores de la campaña Javier Serrano o Luis Gómez Cornejo, según sea el caso. […] Los aportes de campaña de la reelección tienen directa vinculación con el cierre financiero de la concesión Rutas de Lima, el concepto de puesta en punto, y la adenda de bancabilidad”.
José Miguel Castro fue quien puso en contacto a Ribeiro con Meiggs. Entre abril y mayo de 2014, Ribeiro y Felipe Neves, de Odebrecht, se reunieron con Meiggs y acordaron hacer un contrato sobrevalorado con la concesionaria Rutas de Lima para prestar servicios de excavación, carguío, eliminación y bacheos de la berma central desde Atocongo hasta Pucusana, en la Panamericana Sur, por un monto total de 4 millones 244 mil 325 soles, para el proyecto Vías Nuevas de Lima. Una parte de los servicios fue hecha, otra simulada.
Fuentes de IDL-R confirmaron que la relación entre Odebrecht y Meiggs se dio a partir de una instrucción de Castro, y que se mantuvo solo para lo relacionado a la municipalidad de Lima bajo la gestión de Villarán.
Su papel, de acuerdo con las fuentes, no alcanzó dimensión parecida al de Gonzalo Monteverde, quien sí fue un operador importante para el lavado de dinero del área de sobornos de Odebrecht.
En los próximos días se definirá la fecha de la declaración de Raúl Ribeiro sobre este caso ante el Equipo Especial Lava Jato.
César Meiggs coordinó con José Miguel Castro las entregas de dinero en efectivo, vía WhatsApp. En una oportunidad, de acuerdo con el colaborador 140-2019, Meiggs y Castro “se encontraron en sus carros en Pueblo Libre, a la altura del Queirolo”. El empresario le entregó 300 mil soles en un sobre. El saldo del dinero, Meiggs se lo dio a Gómez Cornejo en 2 o 3 armadas, de entre 150 mil y 200 mil soles cada una, en las oficinas de Constructores, Consultora y Servicios Generales Generación SA; y en otras 2 o 3 ocasiones Meiggs le entregó montos pequeños de 80 mil y 100 mil soles a Graciela Ramos.
El monto total de las entregas de dinero que hizo César Meiggs tanto a José Miguel Castro, Luis Gómez Cornejo y Graciela Ramos; fue de 16 millones 509 mil 892 de soles, dividido entre OAS por el proyecto Línea Amarilla o Vía Parque Rímac (13 millones 902 mil 526 soles, que equivale a 4 millones de dólares) y Odebrecht por el proyecto Rutas de Lima (2 millones 607 mil 366 soles).
De ese total, de acuerdo con el colaborador 140-2019, José Miguel Castro recibió de César Meiggs 4 millones de soles.
Y ni un solo libro.
COMUNICADO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS POLÍTICOS
Los suscritos, en nuestra condición de ciudadanos demócratas, ante el pedido realizado por un Fiscal Provincial, de suspender las actividades políticas del Partido Fuerza Popular en el marco del proceso contra algunos de sus dirigentes, expresamos nuestro total RECHAZO al requerimiento fiscal, considerando que:
1. Nos encontramos dentro de un proceso electoral en marcha, convocado por DS. 122-2020-PCM (9/7/20), a efectos que la voluntad y soberanía popular se manifieste con respecto a elegir Presidente y Congresistas de la República.
2. La suspensión de actividades de un Partido Político afecta a miles de ciudadanos que han optado libremente por esta alternativa democrática y que tienen el derecho constitucional de participar en la vida política del país (artículos 31 y 35 de la Constitución) pudiendo elegir y ser elegidos. Suspender al partido político impediría a estos ciudadanos y a otros que libremente quisieran respaldarlo con sus votos, poder participar en el proceso electoral ya convocado de acuerdo a los dispositivos vigentes en nuestro país.
3. Los efectos jurídicos que afecten irreversiblemente a una institución política integrada por miles de ciudadanos, no pueden venir de una medida cautelar y en medio de un proceso que ni siquiera cuenta con acusación fiscal.
Por algo la Ley de Partidos (art.14) dispone que sea la Corte Suprema, a petición del Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo, quien pueda declarar la ilegalidad de una Organización política.
4. Los requerimientos fiscales y las decisiones judiciales deben estar siempre alejadas de cualquier posibilidad de interferir en las decisiones políticas que frente a un proceso electoral solo competen al pueblo, que no tiene porque aceptar una intromisión anti democrática, abusiva e inconstitucional.
Lima, 24 de julio de 2020
Víctor García Toma
Ernesto Alvarez Miranda
Lourdes Mendoza del Solar
Rosario Fernandez Figueroa
Natale Amprimo Plá
Anibal Quiroga León
Marisol Espinoza Cruz
Antero Flores Araoz
Lourdes Alcorta Suero
Luis Gonzales Posada
Humberto Acuña Peralta
Diethell Columbus Murata
Carlos Bruce Montes de Oca
Juan Sheput More
Eduardo Ponce Vivanco
Fabiola Morales Castillo
Martín Belaúnde Moreyra
Carlos Tubino Arias Schreiber
Alfredo Ferrero Diez Canseco
Ángel Delgado Silva
Aurelio Pastor Valdivieso
Luis Iberico Núñez
José Barba Caballero
Rafael Rey Rey
Gustavo Pacheco Villar
Joseph Campos Torres
Jorge Cáceres Arce
Elías Rodríguez Zavaleta
Alfredo Marcos
Alfonso Baella Herrera
César Campos
Juan Hermoza Ríos
Luis Molina Arlés
José A. Aguilar Janto
Rafael Yamashiro Oré
José L. Delgado Nuñez del Arco
Jorge del Castillo Gálvez
Allan Wagner
Lourdes Flores
Pilar Nores de García

Minsa admite desfase en cifras y revela que hay más de 17 mil fallecidos

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de su titular, Pilar Mazzeti, dio a conocer que tras una evaluación de las cifras de muertes provocadas por el coronavirus, se agregarán 3688 decesos. Con esta revelación, la cantidad de fallecimientos llega a 17,455.
Según la ministra de Salud este análisis de la data oficial comprende el inicio de la pandemia (marzo) hasta las últimas semanas de junio.
“Han trabajado el análisis de información desde el mes de marzo, en el inicio de la pandemia, hasta la última semana de junio, han evaluado cerca de 20,000 casos en un trabajo bastante exhaustivo y les podemos decir para el día de hoy, que de acuerdo al análisis rutinario que hacemos, tendríamos 13,767 personas fallecidas y a esto, luego del análisis que ha hecho este equipo vamos a añadir 3688 personas fallecidas, con esto, el desfase que teníamos en información se está cubriendo hasta el mes de junio”, indicó Mazzetti.
Asimismo, se realizará una segundo proceso de evaluación para obtener la información de julio hasta que se “logre empalmar el desfase”.
“El análisis del exceso de mortalidad en un evento como el que estamos viviendo se hace al finalizar y esto demora por lo menos un año, por lo que hay que hacer un análisis detallado, este proceso ha comenzado durante la pandemia de forma paralela para que todos veamos con transparencia la información que está disponible para los peruanos. El análisis detallado va a continuar en paralelo con la pandemia, de tal manera que tengamos la información más exacta posible”, concluyó Mazzetti.
Fuente: www.americatv.com.pe

“No sabíamos de la propuesta de donación de oxígeno”, afirma ministro de Defensa, Walter Martos

El ministro de Defensa, Walter Martos, señaló que el Ejecutivo desconocía la propuesta de donación de 20 mil litros de oxígeno medicinal semanales por parte de la empresa minera Southern Perú para los hospitales de Arequipa y Moquegua, el cual, presuntamente, fue retrasado por el entonces de presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.
“Desconocíamos de la propuesta en el Ejecutivo, seguro era coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, y con toda seguridad el expremier Vicente Zeballos dará las respuestas que le soliciten y las explicaciones del caso”, precisó el titular de Defensa.
Estas declaraciones las hizo tras conocerse que la minera propuso la donación de 20 mil litros de oxígeno medicinal semanales el 22 de mayo de este año, pero la entrega de este medicamento recién se materializó el 19 de julio, casi dos meses después, cuando los hospitales de Arequipa ya habían colapsado por el incremento de casos COVID-19.
“En el ejecutivo no sabíamos de la propuesta, no se había mencionado en las reuniones de la propuesta de esto en forma específica, se ven los temas en forma general en el Consejo [de Ministros] y la ayuda que se va a dar como una respuesta en el tema hospitalario y materiales”, precisó.
Respecto a una posible denuncia sobre este tema por parte del Congreso, dijo que el que gobierno está abierto a cualquier tipo de investigación y fiscalización.
Fuente: Diario El Comercio.

Cómo retrasaron la PCM y el Minsa la llegada de oxígeno para Arequipa

Por ISAAC VÁSQUEZ TELLO– Diario Perú21.
La ola de retrasos y procesos ineficientes por parte del Ejecutivo para recibir la donación de los 20 mil litros de oxígeno semanales de parte de Southern Perú para Arequipa y Moquegua podría tener responsabilidad penal. Como lo confirmó Perú21 en su edición de ayer, el ofrecimiento de la empresa llegó la mañana del 22 de mayo a través de una llamada telefónica: un funcionario de Southern se lo comunicó directamente a Vicente Zeballos, en ese momento jefe del gabinete.
La compañía a cargo de realizar las pruebas del oxígeno que la minera ofrecía donar fue Praxair Perú, una empresa dedicada a la venta y distribución de gas industrial contratada por el Estado en esta emergencia. La primera prueba recién se pidió el 12 de junio, 21 días después de que Zeballos conociera la disponibilidad de Southern para donar oxígeno para el sur del Perú. Pero si bien la orden de servicios fue recibida por Praxiar el 12 de junio, esta compañía recién tuvo las facilidades para viajar a Ilo, donde se encuentra la planta de Southern, el 17 de junio. El viaje, coordinado por el Cenares (Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud) fue por vía terrestre, cuando la urgencia bien justificaba un vuelo de la FAP directamente al aeropuerto de Ilo.
El viernes 19 de junio, una vez en Lima, Praxair pudo analizar la muestra y obtener los resultados el mismo día. Sin embargo, el Cenares recibió esos resultados el 22; en plena emergencia no había nadie en sus oficinas el fin de semana. El informe que entregó Praxair al Cenares registraba que los parámetros de humedad del oxígeno que había tomado como muestra eran ligeramente superiores a los establecidos por el Minsa. El Cenares entonces le pidió a la Southern que reduzca esos niveles de humedad de su producción. Los ingenieros de la minera consultados por Perú21 sostienen que ese desbalance de humedad nunca existió.
La demora en las decisiones, los traslados y otros procedimientos no facilitados por la PCM y el Cenares habían generado ya la pérdida de 31 valiosos días en la lucha contra la pandemia que enfrentaría la Ciudad Blanca, pero la cosa no quedó ahí.
El 3 de julio, Praxair recibió una nueva solicitud para una segunda prueba. Nuevamente su equipo de técnicos fue trasladado hasta Ilo por vía terrestre, salieron de Lima el 7 de julio. Esta vez la compañía entregó los resultados al Cenares el 10 de julio.
El Cenares demoró hasta el 14 para emitir el documento en el que se admitía el oxígeno donado por Southern. Ha trascendido que Vicente Zeballos estuvo al tanto de cada suceso. ¿Por qué no presionó? El país está en estado de emergencia. ¿Por qué permitió el premier que la burocracia siguiera caminando a su ritmo? ¿Qué se esconde detrás de tamaña indolencia?
El 14 de julio, la cifra de contagios y muertes ya se había desbordado y la ciudad sufría los estragos virulentos de la pandemia. Tuvo que mediar la intervención de la prensa. El sábado 18, Perú21 tuvo que publicar una portada en la que convoca la presencia del presidente y de la nueva ministra de Salud en Arequipa. El domingo 19, después de las escenas desesperadas que ambas autoridades presenciaron en la puerta del hospital general de la Ciudad Blanca, el Gobierno ordenó recién la distribución del oxígeno donado. El lunes 20, los pacientes afectados comenzaron a ser atendidos, pero la cifra de mortandad ya se había duplicado en relación a lo registrado desde el inicio de la pandemia hasta el mes anterior y la población había vivido tres semanas de abandono y dolor.

Jefe de gabinete de asesores no llegó a 4 meses de gestión

Segundo debut de Arroyo en el Minsa ¿otro dolor de cabeza para Vizcarra?

El nombramiento de Juan Eulogio Arroyo Laguna como jefe del gabinete de asesores del Ministro de Salud, Víctor Zamora, sorprendió a muchos en la comunidad médica, porque recuerdan los grandes traspiés dados por el sociólogo durante su breve paso como viceministro de Salud, en setiembre del 2017, por lo que tuvo que salir tan rápido como llegó al Ministerio de Salud (Minsa). Arroyo parece haberse empoderado rápidamente y sin perder tiempo convocó a una reunión de urgencia a los directores administrativos de los hospitales de Lima y regiones, tras su designación el miércoles 25 de marzo.
La convocatoria sorprendió a más de un director de hospital, toda vez que Arroyo no tiene autoridad para convocar a los funcionarios responsables de la logística de los nosocomios del Estado; ya que ese tipo de decisiones corresponde a un alto funcionario del Minsa, como un viceministro con capacidad ejecutiva. El salto de garrocha a los directores de los hospitales se debería a que, según Arroyo, éstos (los directores) estarían demostrando ineficiencia y lentitud en la compra de insumos y equipos.
“Ustedes son los que trabajan”, les dijo a los asistentes a la reunión. Y de inmediato Arroyo les instó a los directores administrativos a que debían comunicarse directamente con él, algo que sorprendió porque así no funcionan las entidades estatales y ciertamente los hospitales. Es decir, existe una línea de responsabilidades que un director administrativo está obligado a respetar; sin embargo, Arroyo, como experto en gestión pública, parece haber olvidado.
Y lo más extraño que dijo a los asistentes fue que se olvidaran del Plan Operativo Institucional y su relación con el Presupuesto del 2020 y que se concentren en el coronavirus #covid19. Además los más sorprendente es que les precisó que él les iba a dar las especificaciones de lo que debían comprar. Más de uno se sorprendió de la proposición del principal asesor del Ministro Zamora, en la medida que hacerle caso es la ruta más directa para una denuncia de la Contraloría e incluso con riesgo de ir a la cárcel.
Es conocido que los mayores de edad, y ello incluye al personal médico, pertenecen al grupo de riesgo del #covid19 y en ese sentido, los directores de hospitales dispusieron que los médicos mayores de 60 años permanecieran en sus domicilios. Sin embargo, Arroyo exigió a los directores administrativos de los hospitales presentes en la reunión, que desde lunes 30, todos los médicos independientemente de su edad estén disponibles para atender pacientes de la pandemia.
“Han abandonado a los pacientes”, dijo en voz alta Arroyo, sin percatarse de que existe una resolución de Servir disponiendo el cuidado con el personal de mayor edad. Arroyo tampoco parecía conocer las limitaciones existentes en la provisión de la vestimenta de protección para atender pacientes del coronavirus. Un aumento del número de médicos implicará que no se les otorgará la vestimenta requerida: mascarillas N95 (que no hay en el mercado), mandiles, botas, etc.
Mientras Arroyo Laguna viene publicitando su nombramiento vía twitter, varios de los asistentes a la cita médica recordaron su silenciosa salida del viceministerio de Salud, el 14 de diciembre del 2017 (Resolución Suprema Nº 026-2017-SA), a dos meses y tres semanas de su designación (Resolución Suprema Nº 015-2017-SA), durante la gestión de Fernando D’Alessio Ipinza. El comentario en esa época fue su desconocimiento del sector salud y su incapacidad para hacer frente a los desafíos de esa época.
De allí que la presencia del polémico sociólogo no parece sintonizar con el apoyo que el Presidente Vizcarra busca dar a los profesionales que se encuentran en la primera línea de batalla frente a la pandemia del coronavirus que tiene inmovilizado al país. “No puedes abrirte un frente en la retaguardia cuando toda la atención debe ser unir esfuerzos contra el coronavirus sin caer en irregularidades administrativas que la Contraloría sancionará a los funcionarios que tienen responsabilidades legales”, fue un comentario de uno de los asistentes.
Fuente: www.gatoencerrado.net

Fiscalización investigará a Vizcarra

Por ERICK SÁNCHEZ NORIEGA- Diario EXPRESO.
La Comisión de Fiscalización del Congreso formaría un grupo que tendría el encargo de indagar sobre las 26 denuncias que tiene el presidente de la República, Martín Vizcarra, referidas a su accionar respecto a presuntas irregularidades en contratos que impulsó como ex gobernador regional de Moquegua y además por los negocios que obtuvo a través de su empresa C y M Vizcarra S.A.C y otros.
Así lo indicó el titular de la Comisión de Fiscalización, Édgar Alarcón, tras recibir las diversas denuncias del presidente del Frente Anticorrupción de Moquegua (FAM), Jesús Paredes Zegarra, quien sustentó cuatro de las 26 acusaciones realizadas a Vizcarra Cornejo, las cuales están siendo investigadas en el Ministerio Público (MP).
“Agradecemos la valentía que ha tenido (Paredes Zegarra) para desplazarse desde Moquegua con las pruebas, ahora es nuestra responsabilidad iniciar las investigaciones, me parece que fácilmente podemos impulsar una comisión investigadora con las facultades respectivas para llevar adelante toda esta investigación” dijo Alarcón, ex titular de la Contraloría General de la República.
Paredes Zegarra reveló que el jefe de Estado “tiene miedo a que le levanten la inmunidad presidencial” porque ya cuenta con una sentencia en primera instancia en el Poder Judicial por la sobrevaloración por más de un millón de soles de la obra de construcción de la infraestructura de la represa de Chirimayuni del distrito de Chojata, provincia Sánchez Cerro, en el año 2011.
TITULAR DEL MTC PROCESADO
“Esta obra fue por administración directa. ¿Quiénes estaban encargados de esta obra? Eran Martín Vizcarra como titular del pliego (gobernador), Carlos Estremadoyro, actual ministro de Transportes y Comunicaciones, y César Ramos, ex funcionario de Vizcarra cuando fue gobernador regional”, dijo.
Según Paredes Zegarra esta obra empezó costando 18 millones y terminó con un monto de más de 28 millones de soles. Según lo determinado por el MP, César Ramos se apropió de casi 800 mil soles. “Este expediente está para ir a la segunda instancia porque ha sido apelada. Se han pedido sentencia efectiva para Martín Vizcarra, Carlos Estramadoyro y César Ramos”, apuntó.
Otro de los casos que recordó el dirigente del Frente de Anticorrupción fue el referido al pago presuntamente irregular de S/41’869,086 a un consorcio relacionado al ‘Club de la Construcción’ por la ampliación y mejoramiento del hospital regional de Moquegua en el 2014.
“La Contraloría señala responsabilidades penales y administrativas a 12 funcionarios del gobierno regional de Moquegua pero resulta curioso que no se señale la misma responsabilidad para Vizcarra Cornejo como titular del pliego y menos al gerente general de ese entonces, Edmer Trujillo”, dijo.
OTROS MINISTROS
Paredes Zegarra recomendó a la Comisión de Fiscalización para que cite a los funcionarios de la Contraloría para que les expliquen por qué razón excluyeron de la responsabilidad al presidente Vizcarra, al ex ministro de Vivienda, Edmer Trujillo, y el actual ministro de Agricultura, Manuel Hernández Calderón, quien por la supervisión de esta obra recibió un pago de más de 5 millones 403 mil soles.
“El hospital de Moquegua ha terminado costando 248 millones y empezó con un monto de más de 123 millones. Era solo un hospital de nivel 2. Está claro que deben investigar principalmente a Trujillo, Estremadoyro, [Jorge] Montenegro [ministro de Agricultura] y a la actual secretaria del despacho presidencial, Mirian Morales, quien trabajó con Vizcarra desde que fue gobernador de Moquegua”, aseguró.
Asimismo, señaló que “las maquinarias de Vizcarra están trabajando también en la mina Quellaveco, en diferentes empresas contratistas y él no aparece en nada. ¿Eso es correcto? Para nosotros no y por eso estamos denunciando. Si algo me pasa ya ustedes están notificados. Aunque no creo que me pase nada. Estaremos dispuestos a sacar la cara por el país”, comentó.
“De acuerdo a las investigaciones que hemos realizado, calculamos que Martín Vizcarra prácticamente se ha apropiado de 200 millones de soles de la región de Moquegua (durante su etapa de gobernador regional y funcionario público)”, remarcó.
REACCIÓN DE PARLAMENTARIOS
El primero en solicitar que amplíe sus aseveraciones fue el congresista del Frente Amplio (FA) José Luis Ancalle Gutiérrez, quien le consultó sobre cuántos agricultores fueron afectados por la obra inconclusa de la ampliación de la frontera agrícola Lomas de Ilo, la cual fue construida durante el periodo de Vizcarra como gobernador.
“Entre las empresas jurídicas y naturales hay 800 personas, porque lo que se ha licitado es 1,750 hectáreas. Aquí esta obra empezó costando S/80 millones y pasó a S/96 millones y luego a través de adendas más de S/200 millones”, apuntó.
Por su parte, el parlamentario de Fuerza Popular (FP), Marco Pichilingue Gómez (FP) pidió detalles respecto a las declaraciones del invitado “respecto a la sentencia en primera instancia que tiene el presidente Vizcarra y si es cierto que de las 26 denuncias la mayoría están archivadas”.
Paredes Zegarra respondió que de las 26 denuncias que tiene Vizcarra en Moquegua solo 5 han sido archivadas, “la mayoría de estos casos está en la etapa preliminar y no han tenido avance”. Del mismo modo indicó, ante la pregunta de Pichilingue Gómez, que es una actitud común en el presidente Vizcarra buscar “gobernar solo”.
“Cuando estuvo en el gobierno regional de Moquegua no coordinó nada con los consejeros, le gusta gobernar solo para tocar el tema de las obras directamente con las empresas que la ejecutarán”, respondió.
A su turno, la congresista del Frepap, María Retamozo Lezama preguntó a Paredes Zegarra en qué circunstancias se dieron los hechos del adelanto de obras de hasta S/41 millones para la construcción del Hospital de Moquegua.
“Es un caso bien complicado porque ha participado incluso la esposa de Ollanta Humala, Nadine Heredia, que trabajaba muy de la mano con Martín Vizcarra. Salieron peleando me imagino por la repartición de la torta. Ustedes deben investigar este caso porque este pago vino por medio del gobierno de Humala al gobierno regional de Moquegua”, respondió Jesús Paredes.
Del mismo modo, la parlamentaria del Frepap insistió en preguntar si a juicio de Paredes Zegarra habría existido un favor político para no incluir a Vizcarra y a Trujillo en la investigación del Hospital de Moquegua. “Presumo que así fue, ello no he podido comprobarlo pero el [hecho de] no incluir a los directamente responsables y sí a los funcionarios medios es de por sí cuestionable”.
En esa misma línea el congresista de Unión por el Perú (UPP) Héctor Maquera indicó que será parte del trabajo de la Comisión de Fiscalización determinar por qué se excluyó a Vizcarra y a Trujillo de las indagaciones de la Contraloría.
Por su parte, el titular de la Comisión de Fiscalización, Édgar Alarcón, consultó a Jesús Paredes si todas esas denuncias llegaron al MP y a ente nacional de control. “Todas las denuncias que hoy he alcanzado han sido presentadas al MP, con algunos archivamientos pero que fueron reaperturados luego. Se trata de dinero del Estado y no puede quedar en nada”, dijo.
Finalmente Alarcón consultó al citado dirigente sobre el entorno personal de Vizcarra. “Habría que enumerar largamente, pero tiene actualmente ministros que han trabajado con él desde que era gobernador regional, [también] con Mirian Morales, secretaria del despacho presidencial y su asistente Karen Roca”.
Los cuatro hermanos de la esposa del presidente Vizcarra deben ser otros indagados desde esta comisión. Además del cuñado Fredy Herrera Begazo, quien es actualmente cuestionado por los contratos que obtuvo con el Estado y que superan los 450 mil soles.
“Para nosotros son en total más de 300 personas las que son parte de una mafia. El señor Vizcarra no gobierna para el país sino para sus intereses”, dijo.
PELIGRA SU VIDA
Las maquinarias de Vizcarra están trabajando también en la mina Quellaveco, en otras contratistas y él no aparece en nada. “¿Eso es correcto? Para nosotros no, y por eso estamos denunciando. Si algo me pasa ya ustedes están notificados. (…) Estaremos dispuestos a sacar la cara por el país”, comentó Jesús Paredes.
EL CUÑADO QUE MINTIÓ
Para cobrar S/10,000 del Programa Subsectorial de Irrigación (PSI), Freddy Herrera Begazo, cuñado de Vizcarra, presentó un informe con fotografías donde supuestamente se reunía con dirigentes del valle de Tambo y otro de la zona, los días 23 de abril y 24 de abril de 2018.
Cuatro meses después usó las mismas imágenes para justificar otro contrato por 30,000 soles, con el mismo organismo del Ministerio de Agricultura.

Comisión de Fiscalización pasa a condición de investigados a Richard Swing, Mirian Morales y Jorge Apoloni

Por PATRICIA QUISPE– Diario Perú21.
La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República acordó esta tarde pasar a la condición de investigados al compositor Richard Cisneros Carballido, conocido como Richard Swing; a la secretaria general del despacho de la Presidencia de la República, Mirian Morales y al exsecretario general del Ministerio de Cultura Jorge Apoloni Quispe.
Por unanimidad, el grupo de trabajo aprobó su preinforme sobre la investigación de las contrataciones realizadas por el Ministerio de Cultura, específicamente la relacionada a Richard Swing, quien entre los años 2018 a 2020 percibió S/175,400 soles del Estado por servicios no personales.
La Comisión de Fiscalización acordó también solicitar una ampliación de plazo de 45 días al Pleno del Legislativo para concluir con la investigación en cuyo marco tiene previsto también entrevistar al jefe de Estado.
Miriam Morales, Richard Cisneros y Jorge Apoloni, se recuerda, rindieron su testimonio ante la Comisión de Fiscalización, semanas atrás, en condición de invitados. Ahora que pasan a la condición de investigados, fuentes legislativas informaron a Perú21 que se tramitará el levantamiento de su secreto bancario y de comunicaciones. Igualmente, se pedirá información de Registros Públicos.
Mirian Morales, se recuerda, es la más cercana colaboradora del presidente Vizcarra y, según la hipótesis de trabajo de la comisión, habría influido en la contratación de Cisneros en el Ministerio de Cultura.
Jorge Apoloni, por su parte, fue el primer funcionario que le abrió las puertas del Sector Público a Richard Swing. Fue él quien autorizó la primera contratación del artista por tres meses y con un pago de S/21,000.

El expresidente Ollanta Humala es acompañado por Jorge Barata y el exministro Jorge Merino (derecha) en las obras de construcción de la hidroeléctrica de Chaglla (Foto: Presidencia de la República).

Caso Gasoducto: Declaración del exministro Jorge Merino compromete a Nadine Heredia

Por Graciela Villasís Rojas– Diario El Comercio.
El exministro de Energía y Minas Jorge Merino Tafur ha dado por primera vez detalles sobre la presunta participación activa que tuvo la ex primera dama Nadine Heredia en la toma de decisiones del gobierno de su esposo Ollanta Humala, las que terminaron beneficiando a Odebrecht en la millonaria licitación del proyecto gasoducto sur peruano. Esta información fue proporcionada en la declaración que brindó el 15 de julio a la fiscalía, a la que El Comercio tuvo acceso.
Merino ha narrado sobre las reuniones que sostuvo con Heredia, el expresidente Humala y el exjefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, para beneficiar a la constructora brasileña. Antes, él ya había ofrecido cinco testimonios como investigado, imputado y aspirante a colaborador.
El exministro –investigado por los presuntos delitos de organización criminal, asociación ilícita y colusión– declaró a la fiscal Geovana Mori del equipo especial Lava Jato que el 26 de marzo del 2012, meses después de asumir la cartera de Energía y Minas, fue convocado a Palacio de Gobierno por Humala. “Entré al despacho presidencial y para sorpresa mía estaban también el señor Jorge Barata y Nadine Heredia. Humala me dijo que era una reunión para coordinar el acto protocolar de la primera piedra del proyecto Kuntur en Quillabamba, Cusco”, señaló.
Merino recuerda que se percató de que Heredia tenía “una relación de confianza y cordialidad con el señor Jorge Barata”. En esa reunión, según el exministro, Barata explicó que “ya iban a adquirir el 100% de las acciones del proyecto Kuntur; sin embargo, dijo que necesitaba el apoyo del Gobierno para cumplir con el cronograma del proyecto. Lo dijo dirigiéndose a Heredia y Humala”.
Tres días después, el 29 de marzo del 2012, el exministro viajó con el entonces jefe del Estado a Quillabamba, Cusco, donde se realizó el evento protocolar con la presencia de Barata, quien llegó en un vuelo chárter. Merino precisó a la fiscalía que la ex primera dama fue quien le pidió “darle celeridad en los temas del proyecto Kuntur” y por eso solicitó a través de la CAF una evaluación de la ingeniería del proyecto para ver si este era factible. La respuesta que recibió fue que el proyecto era inviable debido a que “el costo de inversión no era US$1.300 millones, como había indicado Kuntur en el 2008, sino US$4.500 millones”.
Durante el segundo gobierno de Alan García, se promulgó una ley para que el Estado pueda invertir en proyectos de gas, y así fue que Kuntur sería cofinanciado con Petro-Perú. Sin embargo, esa regla cambió con el gobierno de Humala.
Merino recuerda que aquel 26 de julio del 2012, antes de ingresar al despacho de Humala, conversó con el exministro Castilla. “Quedamos en decirle al presidente la inconveniencia de que Petro-Perú siga con el proyecto Kuntur”, expresó. Luego de esa exposición, el mandatario se incomodó y les pidió a ambos convocar un concurso público.
El exministro afirmó ante la fiscal: “[Humala] nos pidió a Miguel Castilla y a mí que comuniquemos esta decisión a Jorge Barata, y que se le diga que va a haber un concurso público” y que el proyecto va a seguir adelante. “Salimos de la reunión y el ministro Castilla llamó a su secretaria y le solicitó que convoque a su oficina al señor Barata. Esto fue inmediatamente después de la reunión con el presidente. Entonces fuimos los dos a la oficina del ministro Castilla y llegó el señor Jorge Barata […] yo le expliqué a Barata las cuestiones técnicas por las que no era viable. Barata mostró su incomodidad, guardó silencio y luego se retiró”, manifestó.
El 10 de agosto del 2012, Merino recuerda que viajó con el presidente a Huánuco, a la inauguración del túnel de la hidroeléctrica Chaglla. En ese evento participaron también Marcelo Odebrecht y Barata. “Mientras inspeccionábamos el avance de los trabajos dentro del túnel, el señor Marcelo Odebrecht le manifestó al presidente que el Gobierno había procedido adecuadamente al convocar el concurso. El presidente le dijo: ‘No te preocupes, ustedes van a participar porque vamos a lanzar un concurso público y que ya está la ley del Congreso y se le está dando la celeridad’”, recordó.
Merino reiteró que en más de una ocasión Humala le había expresado su molestia por las postergaciones del concurso a pedido de los postores, hasta que el 24 de febrero del 2013 lo llamó a su despacho para decirle que había decidido prescindir de sus servicios. Eleodoro Mayorga fue quien lo reemplazó en el cargo.
Finalmente, el exministro recordó la última vez que se reunió con Humala, en un departamento de Miraflores, en el 2017. Dijo que fue convocado por el expresidente a través de Cynthia Montes. “El presidente me pregunta ¿por qué había dejado el cargo de ministro? Me sorprendió esa pregunta y yo le contesté: recuerde que usted me pidió la renuncia. Ollanta me dijo que ya no se acordaba, que quería saber. Eso fue en el 2017″, señaló.
Merino también narró que Humala le comentó aquella vez que “tenía entendido que Guillermo Lecarnaque [expresidente del comité pro seguridad energética de Pro Inversión] había renunciado por asuntos personales, a lo que yo le comenté que tenía entendido de que le habían pedido la renuncia por versión del propio Lecarnaque. Esa fue la última conversación que tuve con Ollanta Humala”.
Las visitas de Jorge Barata a Luis Miguel Castilla
El exministro Jorge Merino asegura que el extitular de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla participó en las reuniones con Heredia, Humala y Barata en Palacio de Gobierno y en su despacho ministerial. Para corroborar su versión, Merino entregó al equipo especial un registro de visitas del MEF en el que figura Barata en el despacho de Castilla el 26 de julio del 2012.
El reporte de visitas del MEF registra el ingreso de Barata al despacho de Castilla el 26 de julio del 2012.
En diálogo con El Comercio, Castilla señaló que hubo una reunión con Humala y Merino en Palacio y “dos reuniones con Barata y el ministro Merino para negarle el crédito puente a Kuntur que ya era de propiedad de Odebrecht”. Precisó que la primera fue en el Ministerio de Energía y Minas, en la que pidió el crédito, y en la segunda, que fue en el MEF, se negó esa solicitud.
Castilla ha rechazado en reiteradas ocasiones que haya favorecido a Odebrecht en la licitación del gasoducto sur peruano.
Por su parte, Jefferson Moreno, abogado de Heredia, declaró a El Comercio que no han sido notificados sobre la última declaración que dio el exministro Jorge Tafur a la fiscalía, por lo tanto no pueden pronunciarse sobre su testimonio. “Tenemos audiencia el jueves así que debemos mantener en reserva la información”, expresó.

Olor a gas envuelve a los Humala

Por ALVARO REYES QUINTEROS– Diario Perú21.
Todo estaba conversado. El concurso para la adjudicación del millonario proyecto Gasoducto del Sur, que se concedió en junio de 2014, tenía un ganador desde dos años antes. El presidente Ollanta Humala había dado su palabra a la empresa Odebrecht –más precisamente al exdirectivo Jorge Barata– de otorgarle una de las más ambiciosas obras que pudiera haber visto el país: un sistema de transporte de gas natural de más de mil kilómetros de distancia que se iniciaba en la selva cusqueña y terminaba en las costas de Ilo.
Pero fue la entonces primera dama, Nadine Heredia, empoderada por su esposo, quien se encargó de encaminar la megaobra de más de US$7 mil millones de inversión en favor de la constructora. Ella representaba al mandatario en las reuniones de trabajo.
Esta es la hipótesis que traza la fiscal Geovana Mori, miembro del equipo especial Lava Jato, en su investigación. Y es la historia que presentará este jueves en la audiencia en la que sustentará un nuevo pedido de prisión preventiva para la esposa de Humala y los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga que, según su indagación, se sometieron sin protestar a las indicaciones y órdenes de una persona sin cargo público.
Aunque la medida de prisión preventiva es requerida porque el exministro Jorge Merino contó a la Fiscalía que Heredia lo indujo a cambiar su versión para obstruir el proceso. Es decir, la cónyuge de Humala representa una amenaza para el caso. Merino, actualmente, es aspirante a colaborador eficaz.
Mori imputa a Heredia haber sido una “funcionaria de facto” y seguir las instrucciones del jefe de Estado para beneficiar ilegalmente a Odebrecht con la licitación.
A la expareja presidencial, de esta manera, se le sindica de encabezar una organización criminal. A Humala lo salva de momento el antejuicio; a Heredia nada la protege de un posible retorno a la cárcel.
MILLONARIO APORTE
Según la tesis fiscal, los US$3 millones que Odebrecht aportó a la campaña presidencial de Ollanta Humala, en 2011, le sirvió a la empresa brasileña para exigir una retribución convertida en obra cuando el candidato por el que apostó pasó a ser presidente de la República. Así fue como el Gasoducto del Sur se abrió paso.
Era un multimillonario proyecto que se entrampó desde el gobierno de Alan García porque Kuntur, compañía propiedad de Odebrecht y a cargo de la obra, no tenía los recursos para su ejecución.
Incluso, la firma brasileña propuso que Petroperú participara de la concesión y que asumiera el riesgo económico. Pero la empresa estatal desistió de hacerlo.
El abono a la campaña humalista, bajo esta hipótesis, fue una inversión de Odebrecht. En 2012, según la investigación, ya se había acordado que la primera versión del Gasoducto quedaría sin efecto y Kuntur no sería penalizada por incumplir con el contrato. En ese mismo año se gestó un nuevo concurso.
La fiscal Mori se basa en las declaraciones del colaborador eficaz José Graña, exdirectivo de Graña y Montero, para sustentar esto.
El 27 de junio de 2014, Proinversión, cuyo consejo directivo lo integraban los ministros de Humala, descalificó repentinamente al consorcio que competía con Odebrecht pese a que le había otorgado plazo para subsanar una observación. Este jueves se podría dar por cerrado el círculo.
Ollanta Humala y Nadine Heredia también son sindicados de integrar el Club de la Construcción, una organización criminal de empresas que se repartían obras públicas a cambio de conceder coimas a funcionarios públicos.
La fiscal Mori elevó a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, un informe recomendado se abra investigación a Humala por el Gasoducto.
Humala goza de antejuicio por cinco años (hasta 2021).
La ceremonia de suscripción del contrato de concesión del gasoducto sur peruano a las empresas Odebrecht Latinvest y Enagás se realizó en las instalaciones de Palacio de Gobierno el 23 de julio del 2014 (Foto: Presidencia).

Afirman que Odebrecht pagó por información del gasoducto

Por Graciela Villasís Rojas– Diario El Comercio.
Entre junio y julio, varios testigos e implicados en el Caso Gasoducto se han acercado al despacho de la fiscal Geovana Mori, integrante del equipo especial Lava Jato, para ampliar sus testimonios sobre esta investigación.
El Comercio accedió a la declaración que ofreció el aspirante a colaborador eficaz N° 02-2019 –el pasado 10 de julio–, en la que brindó detalles sobre la participación del abogado Miguel Ángel Ronceros Neciosup desde el estudio Delmar Ugarte, cuando era asesor legal de Pro Inversión, para lograr que, a cambio de dinero, la empresa brasileña Odebrecht se adjudicara el proyecto.
En el último tramo de la licitación del gasoducto solo había dos postores: el consorcio Gasoducto Sur Peruano, formado por Odebrecht Latinvest y Enagás ,y el consorcio Gasoducto Peruano del Sur, formado por GDF Suez, Sempra, Techint y TGI.
“Era claro que Odebrecht tenía una ventaja competitiva sobre otros potenciales competidores, que radicaba en el conocimiento que tenía de la nueva concesión del proyecto gasoducto que se estaba licitando, información sobre los peligros y los problemas medioambientales que podrían encontrar en la etapa de construcción del ducto”, dijo el aspirante a la fiscalía.
Según este testigo, Marco Harasic, gerente financiero de Odebrecht, le pidió a Ronceros que buscara un mecanismo que permitiera “premiar a quien llegara más rápido a la puesta en operación comercial, ya que Odebrecht tenía una ventaja competitiva por la adquisición de Kuntur”.
Dijo que le pidió desarrollar “a través de un único contrato con más de un tramo y tener un acercamiento” a Edgar Ramírez Cadenillas, entonces presidente del comité de Pro Seguridad Energética de Pro Inversión.
El aspirante a colaborador eficaz aseguró que Harasic llamó a Ronceros para informarle “que el consorcio competidor había modificado su porcentaje de participación y que de esta manera se había autodescalificado”. En ese contexto, “Harasic le ofrece a Ronceros pagarle US$300.000 si a Odebrecht se le adjudicaba la licitación”, precisó.
Sin embargo, el comité de selección de Pro Inversión le dio un plazo al competidor de la constructora brasileña para que subsanara el problema, lo que generó molestia en los ejecutivos de Odebrecht.Miguel Ronceros, exasesor legal de Pro Inversión.
El 29 de junio del 2014 por la noche, estaba programada una reunión en Pro Inversión con los asesores del estudio Delmar Ugarte para discutir la decisión final que se tomaría sobre el consorcio integrado por GDF Suez, Sempra, Techint y TGI. En esa cita también participó Miguel Ronceros.
“Previa a esta reunión el señor Alfonso Garcés, integrante del gabinete del ministro de Economía y Finanzas Miguel Castilla […] llamó al señor Miguel Ronceros, no recordando si fue vía telefónica o WhatsApp […] y le indica que es del mismo parecer al informe preliminar sobre la descalificación e indicó que el MEF compartía la misma opinión”, añade el testimonio.
Esta información se complementa con el testimonio que brindó Rodney Carvalho, exdirector ejecutivo del Gasoducto Sur Peruano, al equipo especial Lava Jato, el pasado 10 de marzo en Curitiba, Brasil. Carvalho indicó: “[Harasic] tenía una relación previa con alguien que le brindaba información de Pro Inversión. Yo esta información la pasaba a Jorge Barata. Me pidió que le pagara una parte en efectivo de aproximadamente US$50.000”.
El exejecutivo señaló que el dinero adicional se le entregó a través de cuentas bancarias. “Hubo una conversación entre Barata y Harasic para establecer el pago”, indicó.
Además, dijo al equipo especial que la identidad del ‘codinome’ ‘Magali’ correspondía a Miguel Ronceros. En las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, figura que el seudónimo ‘Magali’ recibió US$450.000 en cuatro armadas entre el 24 de octubre y el 23 de diciembre del 2014. Esos pagos aparecen vinculados al proyecto del gasoducto del sur.
Sobre esta denuncia, el estudio Delmar Ugarte señaló en su momento que había iniciado una investigación interna “muy rigurosa”, como parte de las políticas de ‘compliance’ de la empresa, y que para ello había contratado a la compañía Control Risk. También dijeron que “desconocían” la actuación de Miguel Ronceros, exsocio del estudio.
Este Diario buscó la versión de Ronceros pero no fue posible contactarlo.
Descargos
El exministro Miguel Castilla dijo a El Comercio que “en ningún momento hubo directiva o direccionamiento alguno” para la descalificación del consorcio en su calidad de presidente del consejo directivo de Pro Inversión, ni como ministro de Economía, “dada la envergadura de este proyecto”.
“Cuando le pregunté a uno de mis asesores, Alfonso Garcés, qué es lo que pensaba, él me dijo que creía que el tema de la descalificación tenía mérito, pero eso no significa que su respuesta haya tenido injerencia en la decisión del comité”, señaló.
Licitación
Días antes de la adjudicación de la buena pro del gasoducto, el consorcio Gasoducto Peruano del Sur modificó su porcentaje de participación y se autodescalificó.
El aspirante a colaborador sostuvo que Marco Harasic, gerente financiero de Odebrecht, le ofreció a Miguel Ronceros US$300 mil si Odebrecht se adjudicaba la buena pro.

Fiscal de la Nación tiene abierta pesquisa a Pedro Cateriano

La Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima le informó a la fiscal de la Nación que había un expediente sobre la participación de Cateriano en el proceso de compra de equipamiento para el Ejército, y que tenía que ser investigado por Zoraida Ávalos.
Desde entonces, el caso está en el despacho de la Fiscal de la Nación. En Anticorrupción se continúa la pesquisa a los oficiales del Ejército que participaron en la sospechosa adquisición.
EL CASO
En 2015, llegaron al Perú 24 helicópteros rusos modelo MI-17 1SHP comprados desde la Aviación del Ejército con el aval de Humala y Cateriano. Cada nave a un costo de US$22 millones.
El primer cuestionamiento saltó a la luz porque tan solo cuatro años antes se había comprado una versión parecida de este helicóptero y se pagó US$12 millones, US$10 millones menos que con Cateriano. La única variante era la actualización en una parte del sistema del motor.
Solo habían pasado 150 horas de vuelo desde que llegaron al país y 10 helicópteros MI-171SHP presentaron fallas, según fuentes del Ejército.
En enero de 2018, este diario tuvo acceso a un reporte del Ministerio de Defensa que documentaba que 16 helicópteros MI- 17 1SHP se encontraban inoperativos. Estas aeronaves estaban destinadas para la lucha contra el narcoterrorismo en el Vraem.
Cateriano se desempeñó como ministro de Defensa desde julio de 2012 hasta abril de 2015.
En RPP, Cateriano dijo que “esa adquisición ha sido auditada por la Contraloría y no encontró acto ilícito”. El tono conciliador y diplomático con el que se mostró en la puerta del Congreso se le acabó después de la pregunta del periodista Jaime Chincha sobre la investigación por los helicópteros rusos.
BAJADA DE MOTOR
Este diario tuvo acceso a documentos reservados del Ejército que acreditan un proceso de “Adquisición de motor de arranque para helicóptero MI- 17 1SHP”. El 23 de julio de 2018, la Aviación del Ejército otorgó la buena pro a la empresa Aero Systems Group LTD por un monto de 610 mil dólares para que proporcione un motor nuevo para uno de los aparatos rusos.
Esta compra fue aprobada por el teniente coronel Antonio Moyano Cabrera, presidente del comité de selección de la Aviación del Ejército. Además, tuvo todo el aval de Ángel Pajuelo, comandante general de la Aviación del Ejército. En los tiempos del ministro Cateriano, Pajuelo fue integrante del comité para la elaboración del proyecto de inversión pública que permitió la compra de los helicópteros rusos.
Perú21 ha conversado con un ex jefe de la aviación del Ejército y un general piloto que conoció de cerca la compra de los helicópteros, y ambos coincidieron que pagar 610 mil dólares por un motor de arranque es sumamente excesivo. Su costo real sería 250 mil dólares.
¿SIMULADOR?
En agosto de 2016 el ex ministro de Defensa, Mariano González, se presentó en el Congreso para informar sobre la compra de Humala y Cateriano. En un documento advirtió que el contrato establecía que un componente adicional a los helicópteros era la entrega de un simulador integral de vuelo, y aún se encontraba en ejecución.
Perú21 ha sido informado por diversas fuentes que este simulador, para capacitar a nuestros pilotos, hasta ahora no llega a nuestro país. ¿Qué pasó?
Fuente: Diario Perú21.

Gran revelación: nuevo ministro de trabajo es amigo del sobrino de Pedro Cateriano y del hijo de Alan García

Martín Ruggiero juramentó como nuevo ministro de Trabajo y generó críticas debido a su inexperiencia en el sector publico y sus contactos, entre los que destaca el sobrino del presidente del consejo de Ministros, Pedro Cateriano.
Un informe de Cuarto Poder muestra una imagen de Martín Ruggiero junto al sobrino de Pedro Cateriano y el hijo de Alán García. “Con 32 años el más cuestionado por su falta de experiencia, no tiene experiencia en gestión pública, es amigo del sobrino de Pedro Cateriano”, menciona la periodista.
“Yo confío en el ministro de Trabajo, una vez que lo conozcan va a ser una grata revelación”, precisó Pedro Cateriano sobre la decisión de poner al amigo de sobrino en el ministerio de Trabajo, una cartera que durante la cuarentena no hizo nada por los derechos de los trabajadores.
Durante una entrevista con Sol Carreño, Pedro Cateriano defendió su decisión acerca de hacer que el amigo de su sobrino juramente como ministro de Trabajo. Sobre esta cuestionada decisión, el premier afirma que es un “cargo de confianza” y que el abogado tiene muchas ganas de trabajar. Sí, como todos los peruanos, pero no todos los peruanos tenemos esos contactos.
Fuente: www.trome.pe

Paracas

Luego de que El Foco revelara la vinculación comercial entre Métrica y Terminal Portuario de Paracas (TPP), la consultora del hermano del premier Pedro Cateriano decidió renunciar al contrato. Así lo acaba de informar en Twitter el CEO de Métrica.
TPP es la concesionaria del Puerto de Paracas y, actualmente, está solicitando al Gobierno autorización para operar también con minerales.
Fuente: El Foco.

Patricia Donayre: La ministra que pasó por ocho agrupaciones políticas

Por Luis Felipe Alpaca– LimaGris.com
La nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social Patricia Donayre es una persona que ha mostrado carácter y esboza personalidad, porque habla de frente. Su temperamento ha sabido capitalizarlo en su afán de proclamar su defensa ante los más vulnerados de su natal Loreto. Sin embargo, ¿qué tan creíble es su labor como funcionaria del Estado? si tomamos en cuenta que ya ha pasado por ocho organizaciones políticas con tal de obtener una curul y/o una gobernación regional.
Recordemos que ella fue vicepresidenta del Congreso a los 29 años, porque fue elegida parlamentaria por Loreto por el partido de Fernando Olivera, el Frente Independiente Moralizador (FIM). Lamentablemente, no pudo concluir su quinquenio como madre de la patria, porque aquel Congreso cerró sus puertas debido a la caída de Alberto Fujimori; no obstante, ella postuló inmediatamente a las elecciones parlamentarias del 2001, pero no alcanzó los votos para ser nuevamente congresista.
Al año siguiente, en 2002, postuló en las elecciones regionales para ser Presidenta Regional de la región Loreto por el partido Perú Posible de Alejandro Toledo, pero tampoco ganó la elección. No conforme con eso, intentó volver al parlamento en 2006 con la Alianza Electoral Frente de Centro, conformada en aquel entonces por la coalición: Acción popular, Somos Perú y Coordinadora Nacional de Independientes, y en aquella contienda, tampoco tuvo éxito.Y en el quinquenio siguiente, en 2011, ella tampoco se durmió y nuevamente quiso ser congresista de la República; fue entonces que se puso la camiseta turquesa para bailar con el PPKuy que era una nueva aventura tecnócrata-política y postuló al Congreso con la incipiente agrupación de Pedro Pablo Kuczynski Alianza por el Gran Cambio, pero tampoco salió electa.
Finalmente, en 2016 Patricia Donayre lo consiguió y logró ser electa congresista por Loreto, nada menos que, con el Partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, con una obtención de 26,543 votos. Aunque, ella argumenta que aceptó la invitación del partido fujimorista porque le prometieron una frontal lucha contra la corrupción. Sin embargo, al poco tiempo de su labor parlamentaria, se peleó con su compañero de bancada Miki Torres, que en ese momento era el Presidente de la Comisión de Constitución, porque se sintió marginada, ya que éste había relegado su proyecto de ley de Reforma Electoral porque ella también era parte de esa comisión, y luego de protagonizar una acalorada discusión en el hemiciclo, ella renunció a la bancada fujimorista el 06 de junio de 2017 y se quedó sin agrupación política. Pero desde el punto de vista de un político, qué importa eso… si finalmente seguía siendo congresista.Y al poco tiempo, en el mes de septiembre encontró un cobijo político nada menos que en la Bancada oficialista del presidente PPK y pasó a formar parte del grupo parlamentario Peruanos por el Kambio. Pero los altercados no se dejaron esperar. Y esta vez, la riña fue con su compañero de bancada, el congresista Gilbert Violeta en la Comisión de Justicia, todo por culpa de una propuesta fujiaprista para que no se considere a los Partidos Políticos como organizaciones criminales, cosa que Donayre no aceptó, pero al mostrar su oposición contra aquel dictamen, Violeta contradijo la posición de su colega y dijo que no habría ninguna objeción en aceptar la propuesta del Fujiaprismo. Dicha postura fue comunicada por la parlamentaria a otros miembros de la bancada PPkausa, y fue en ese momento, luego del Pleno, que éste le falto el respeto con una frase soez, según denunció ella, y por eso pidió la sanción para Violeta. Pero como no obtuvo resonancia, ella decidió renunciar una vez más a una bancada, dentro de un mismo ciclo parlamentario.
En ese momento, la congresista Donayre desempeñó aproximadamente durante dos meses su labor como parlamentaria independiente, y luego conformó una bancada sui generis llamada Unidos por la República; pero la aventura le duró apenas tres meses, porque aquel grupo parlamentario quedó desactivado como bancada debido a la renuncia del congresista Miguel Castro. Por lo tanto, y de acuerdo al Reglamento del Congreso de la República, no se cumplía con el número mínimo de integrantes que debía tener una bancada. Y pasó a ser nuevamente una parlamentaria no agrupada. Lamentablemente para ella… más allá de su nueva aventura como independiente, su cargo de congresista le duró apenas cinco meses, porque el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso el 30 de septiembre de 2019.
Así las cosas, la abogada Patricia Donayre no quedó por mucho tiempo desamparada por el Estado, porque luego de casi diez meses desde el cierre del Congreso, acaba de ser designada por el presidente Vizcarra: ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en el nuevo Gabinete Cateriano, que aún está por recibir el voto de investidura.
Ahora bien, es importante tomar en cuenta el momento en que se designa a una nueva ministra de Desarrollo e Inclusión social; cuando en resumidas cuentas, dicha cartera en manos de la exministra Ariela Luna cayó en la nebulosa del antipragmatismo, porque no supo administrar debidamente las esperadas asistencias, y los proclamados subsidios para los más pobres y sobre todo para la clase media, que también es considerada un sector vulnerado en el estado de emergencia sanitaria. En ese sentido, la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en recientes declaraciones ha afirmado que se ha comprometido a trabajar por el pueblo.
Hoy sabemos la tenacidad que Patricia Donayre ha sabido emplear durante su vida política, porque no desfalleció en su afán de pretender ser congresista, gobernadora regional, y en esta ocasión ministra de Estado. Ante ese precedente, la población nacional le pide que también emplee esa misma tenacidad en su actual trabajo de inclusión social; porque es el momento de demostrar si es que realmente está a la altura de su investidura… porque como dice el antiguo proverbio: “La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo”.
¿Podrá lograrlo? ¡Estaremos atentos!

Por Iván Slocovich Pardo– Diario Correo.
Irónico que quienes a inicios del 2013, en tiempos de la revocatoria, se mostraban como los paladines de la decencia y la honestidad tras la figura de Susana Villarán, ahora estén siendo señalados por prácticas muy similares o peores a las que pesan sobre sus archirrivales de la otra orilla. Hoy los rostros visibles de la izquierda inmaculada y purísima se ven cubiertos de varios fajos de dólares no por señalamiento de “la derecha”, sino de parte de José Miguel Castro.
Lo que se ha conocido ayer a través de El Comercio, que ha dado cuenta de las últimas declaraciones de Castro ante el Ministerio Público, en que señala que la campaña del “no” también recibido dinero de Graña y Montero que más tarde fue en parte entregado a personajes como Anel Townsend, Marisa Glave y otros, es muy grave. Por menos de eso el Ministerio Público y el Poder Judicial han mandado a varios a la sombra de manera “preventiva”.
Para empezar, no creo que Castro esté mintiendo. Qué ganaría con embarrar a gente del entorno de Villarán si no fuera cierto. Tendría que ser suicida. Si lo que está diciendo es falso, podría ir a parar nuevamente a la cárcel. Dicho esto, es evidente que los mencionados por el ex gerente municipal están en un grave problema si es que se aplican con ellos los mismos criterios con que han actuado fiscales y jueces respecto a otros implicados en actos de corrupción vinculados al caso Lava Jato.
Lo que va quedando claro, de ser cierto lo señalado por Castro, que lo debe ser, es que en el entorno de Villarán los millones se movían con una facilidad pocas veces vista en la política peruana. Lo extraño es que ninguno de los “honestos” y “referentes morales” que rodeaban a la alcaldesa dijo una sola palabra ni encendió las alarmas al ver, por ejemplo, cómo una campaña tan “austera” como la del “no”, podía contratar a un publicista como Luis Favre y llenar la ciudad de costosos paneles.
Ahora nadie sabe nada y todo es mentira. Pero sería bueno que el Ministerio Público actúe con rigurosidad, aunque sin excesos como ha sido en otros casos, para llegar al fondo de la verdad, más allá de lo que digan los señalados. Acá no puede haber vacas sagradas ni intocables. Tampoco que nadie nos venga con la historia de que “soy honesta”, como decía Villarán. Lo concreto es que todo lo que tenga que ver con la campaña del “no” huele muy mal y tiene que ser esclarecido ante los ojos del país.CASO LAVA JATO

Rafael Vela: Cúpula de Villarán lavó US$7.5 millones

El jefe del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, estimó que la cúpula de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán lavó US$7.5 millones de Odebrecht, OAS y Graña Montero para el financiamiento de la Campaña de No Revocatoria (2013) y la campaña de reelección (2014).
En declaraciones a Ideele Radio, sostuvo que en ese caso la Fiscalía investiga a los exregidores Marisa Glave y otros, por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios, lavado de dinero en la modalidad de organización criminal. En la pesquisa, José Miguel Castro es aspirante a colaborador eficaz.
Fuente: Diario Gestión.

Quien a hierro mata…

Por Mariella Balbi- Político.pe
Vizcarra nunca dialoga con el Congreso; solo ordena y quiere que este acate ‘chitón’ boca. Como la criada le salió respondona, ahora convoca a un inventado Consejo de Estado –mayoritariamente ‘vizcarrista’– inexistente en la Constitución, para que ponga paños fríos.
La actitud retadora de Martín Vizcarra con el Congreso, amenazando al primer poder del Estado con un referéndum si no reformaba el artículo sobre la inmunidad parlamentaria al gusto del gobernante de facto, causó gran revuelo y enfrentamiento político.
Pero el Congreso, más precario que el anterior (previo a que PPK-Vizcarra y el Tribunal Constitucional lo pervirtieran), le dio su vuelto. De un plumazo eliminó la inmunidad de altos funcionarios. Saltaron todos, el Ejecutivo y los afectados. Vizcarra habló de afrenta a la Constitución. Vaya cuajo; disolvió el Congreso con galimatías de “denegación de la confianza fáctica” y cuatro miembros del TC ‘santificaron’ el golpe de Estado.
El mandatario nunca dialoga con el Congreso. Solo ordena y quiere que este acate ‘chitón’ boca. Como la criada le salió respondona ahora convoca a un inventado Consejo de Estado –mayoritariamente ‘vizcarrista’– inexistente en la Constitución, para que ponga paños fríos.
Como en los gobiernos ineptos, Vizcarra es un adicto al poder absoluto y dictatorial. ¿Para qué quiere más? Se afirma que su popularidad es su manía y actúa en función de esta. Bastaría que hiciera las cosas medianamente bien y con la prensa claqueta a su servicio obtendría aceptación popular. Un imposible.
Para lo inmediato, el desaguisado creado es un psicosocial que busca ocultar el desalmado manejo del coronavirus. Ha hecho una mazamorra de cifras, miente sobre la carencia de oxígeno y la escasez de camas UCI. La guerrita contra las clínicas finalizó y fue inútil. No responde a la evaluación internacional que proyecta 45 mil muertos para agosto y un contagio mayor al de su dudoso registro.
Lo ha logrado parcialmente. Los medios no presentan la realidad hospitalaria, tocan cada vez menos el peligro del transporte público. Aunque se anuncia entrega de dinero hasta para las piedras, todo es humo. La población lo sabe, no le cree porque sufre la pandemia.
Vizcarra ya no puede quedarse, está desgastado, quiere irse bien. Léase sin problemas judiciales que lo metan en la cárcel, además de entregarle el control de la justicia a Odrebrecht. Para eso cuenta con la complacencia del grupo periodístico vinculado a la empresa corrupta. Súmele los casos Swing, ‘cuñadísimo’, Miriam Morales.
No pudieron embarrar al fiscal Gonzalo Chávarry con una enésima acusación constitucional en el Congreso. Insistieron y lograron una nueva investigación. La Suprema archivó un caso contra Chávarry. Presta y rauda la presidenta de una sala suprema (hermana de la ministra de Producción) lo reabre arbitrariamente.
También se quieren ‘chifar’ al fiscal supremo Tomás Galvez. La Junta Nacional de Justicia, altamente proclive al régimen, lo evalúa por unos audios ‘Cuellos Blancos’, ¡pero no están en el expediente! Vaya debido proceso. Muy probablemente sacará –con malas artes– a Chávarry y a Gálvez del juego. Vizcarra tendrá total control de los poderes del Estado.

Libertad de opinión bajo ataque

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Las elecciones ya empezaron. Uno lo sabe cuando empieza a caer la basura lanzada con cargadores frontales. Y la basura solo cae de un lado hacia los periodistas y políticos independientes que no bailan la cuerda al son que toca Palacio de Gobierno.
En menos de quince días los acontecimientos se han ido sucediendo sin pausa. Primero fue el hackeo a la página web del diario Expreso y a un diario digital que disienten del régimen. Hace apenas un par de días una conferencia organizada por zoom por la Coordinadora Republicana –en la que exponían la periodista María del Pilar Tello y la abogada experta en negociación y derechos humanos y exprocuradora del Perú ante la CIDH, Delia Muñoz– fue víctima de una invasión de pornografía de la peor ralea. El último fin de semana un sicario pata de palo agredió en el semanario H13 a los periodistas Mariela Balbi, Ricardo Uceda y Fernando Rospigliosi, todos con una verdad diferente a la del statu quo.
Yo mismo caí bajo fuego graneado de un portal digital oficialista, en el que se apaleaba a personajes periodísticos y políticos disidentes como Rafael Rey, José Barba, Juan Sheput o Víctor Andrés García Belaunde, por haber prometido durante mi campaña como candidato al Congreso velar para que Vizcarra no se reelija, según él mismo había prometido. Tan es así que tuve razón que, en efecto, Vizcarra invocó a SU PROMESA de no reelegirse y no a su OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL, como hubiera sido el caso.
Como se puede ver, la lista es amplia y es consecuencia de una amenaza directa del presidente cuando en una de sus “conferencias de prensa” sin periodistas lanzó, en plena cuarentena que naufragaba, que ya tenía “identificados” a los criticones. La cosa, sin embargo, no ha quedado ahí.
En lo que más se asemeja a un contubernio entre Palacio y la fiscal de la Nación, se han soltado los perros para que vuelvan a la caza. Los desvaídos fiscales Vela y Pérez han regresado a la noticia de primera plana, uno para echar barro a sus superiores en todas las tribunas oficiales y oficiosas pidiendo que lo dejen hacer lo que le venga en gana, mientras que el otro –cada día menos cuerdo– ha vuelto a solicitar prisión preventiva contra Keiko Fujimori por haber enviado una CARTA GRUPAL a sus congresistas conminándolos a defender los principios de la Constitución del 93, bajo el “argumento” de que uno de sus congresistas es testigo en su proceso y la sala judicial ha ordenado no tener contacto alguno con ellos.
Un disparate más qué importa para la prensa adicta al régimen. Si nadie puede expresar sus opiniones EN DEFENSA de la Constitución, ¿dónde estamos? ¿O la próxima campaña será con tapabocas?

Ministro de Trabajo

Un nuevo gabinete de ministros juramentó en Perú. Un cambio que incluye rostros nuevos para la política peruana, entre ellos al ministro de Trabajo, Martín Adolfo Ruggiero Garzón.
Su nombramiento ha recibido más de un cuestionamiento, sobre todo porque Ruggiero Garzón estaba asociado al estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, un bufete de abogados que asesora a la empresa Tamshi SAC –antes Cacao del Perú Norte SAC– investigada y sentenciada por delitos ambientales.
Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), cree que existe el riesgo de que se presente un conflicto de intereses con la designación de Ruggiero como parte del gabinete de ministros. “El estudio del Ministro de Trabajo venía atacando al fiscal que investiga la deforestación ilegal en Loreto por el caso Tamshiyacu. Las presiones han sido fuertes y han solicitado que el fiscal Caraza se retire del caso. Atentos todos ante el riesgo de conflicto de interés”, comentó.Estudios jurídicos beneficiados con el programa Reactiva Perú.
En la carta enviada a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto, el abogado Juan Diego Ugaz Heudebert –del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez y defensor de Rey Bustamante– acusa al fiscal Caraza de haber cometido “conductas arbitrarias desde los delitos de abuso de autoridad y fraude procesal hasta infracciones administrativas”.
Fuente: Mongabay Latam.

Premier Cateriano acude al Congreso con el nieto de Belaúnde a pedir chepa

El flamante primer ministro Pedro Cateriano, acudió al Congreso de la República a exigir dos temas: que la presentación del gabinete se realice antes del 28 de julio y que se dejen de lado las interpelaciones a los ministros, entre ellos los de Educación y Economía. Como el presidente del Congreso Manuel Merino de Lama pertenece a las filas de Acción Popular (AP), el premier acudió a la cita escoltado por el ministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde.
El joven bachiller de Economía de la Universidad de Lima es nieto del fundador de AP, el expresidente Fernando Belaúnde Terry.
¿Caerá rendido el Congreso a la estrategia de Cateriano?
Fuente: www.gatoencerrado.net

Por Uri Ben Schmuel– CafeViena.pe
Lo difundido los últimos días en medios de comunicación sobre las declaraciones de colaboradores eficaces, no debería causar mayor sorpresa. Era evidente que la organización criminal dirigida por la exalcaldesa Susana Villarán no podía reducirse a un par de funcionarios de la Municipalidad de Lima, sino que muchas otras personas estaban comprometidas hasta el tuétano, como es el caso de Anel Townsend o Marisa Glave.
Sin embargo, se han dado datos precisos que pocos se esperaban, como el pago de un soborno de 200 mil dólares de la empresa Graña y Montero (GyM) a cambio de la firma de un contrato con la Municipalidad de Lima. Este dinero se habría utilizado para pagar publicidad y los servicios que prestaba la empresa Ogilvy a través de su directivo ejecutivo Óscar Vidaurreta en la campaña del No a la revocatoria.
Lo que llama especialmente la atención es la forma en la que se habría materializado el soborno. GyM lo habría bancarizado a través de supuestos pagos a la empresa CHISAC, dirigida por Freddy Chirinos y Pedro Salinas, para que luego ésta entregue el dinero a la empresa Ogilvy por servicios ficticios y pague la publicidad requerida por los funcionarios municipales.
He consultado con varios especialistas y todos coinciden en que este tinglado involucra a los directores de la empresa CHISAC en graves delitos. Primero, en una colaboración en el delito de cohecho, al haber intermediado en el pago de un soborno. Segundo, en un delito de lavado de activos, al dar a apariencia de legalidad a activos que provienen de un delito (cohecho) mediante el pago de la publicidad para levantar la imagen de Susana Villarán, aspirante a una reelección. Y tercero, en un delito de defraudación tributaria. Incurre, pues, en un delito tanto por ser cómplice de Graña al facturarle 200 mil dólares por un servicio no prestado como por haber defraudado al fisco mediante la facturación de 100 mil dólares a Ogilvy por una operación no real.
Este concurso de delitos no sólo les valdría una pena grave a los directores de CHISAC, sino también medidas contra la empresa como multa, prohibición de contratar con el Estado (CHISAC ha facturado al Estado, según Transparencia, más de un millón de soles) o incluso su disolución y liquidación.
Chirinos es el único que ha salido al frente, diciendo que no sabía nada y que solamente actuó por instrucción de su cliente; muy parecido al “soy su hermano, pero no sé nada”. Sin embargo, ha dado un dato bien interesante en sus descargos: que cumplieron con pagar la publicidad por instrucciones de la directora de comunicaciones de la Municipalidad de Lima.
Este dato evidencia que Paola Ugaz, en ese entonces Jefa de comunicaciones y redes sociales de la Municipalidad de Lima, habría coordinado directamente con la empresa CHISAC, en la que el otro director ejecutivo es su amigo y colega, Pedro Salinas. Otro dato importante que han hecho notar varios periodistas: todo el legajo sobre la contratación de Paola Ugaz en la Municipalidad de Lima sospechosamente se encuentra extraviado.
En el 2010, Pedro Salinas escribió en la Revista Synthesis el artículo titulado “El chancro de la corrupción política”, en donde dijo lo siguiente: “Si algo empobrece a este país, es la corrupción, aquella en la que nadan y saltan como lizas unas criaturas despreciables”. Ante las últimas revelaciones de Castro, el columnista de La República ha optado por el silencio, aunque resulta inconcebible que no supiera que un pago de 200 mil dólares no trajera consigo un servicio de su empresa y mucho menos que se haya pagado 100 mil dólares por nada.
Poco creíble es también que no supiera de la triangulación con la Municipalidad de Lima, dada la estrecha relación profesional y de amistad que le une a Paola Ugaz (y a asesorados de alto vuelo en el Ministerio Público, como lo demuestra la foto que acompaña este columna). Seguro no quiere sumar a su condena por difamación, una muy probable condena por delitos de corrupción.

Marisa Glave fue regidora de Lima cuando Susana Villarán era la alcaldesa (GEC).

Fiscalía abrió investigación a Marisa Glave, Jorge Nieto y Anel Townsend por campaña del ‘No’

Por ALVARO REYES QUINTEROS– Diario Perú21.
El fiscal Carlos Puma, miembro del equipo especial Lava Jato, abrió investigación preliminar contra Anel Townsend, Marisa Glave, Jorge Nieto, entre otras personas, por presuntamente haber recibido dinero de las empresas brasileñas que ilegalmente aportaron a la campaña contra la revocatoria de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, en 2013.
Según la disposición, a la que accedió Perú21, los ingresos por esa campaña fueron: US$4 millones abonados por OAS, US$3 millones de Odebrecht y US$200 mil de la compañía peruana Graña y Montero.
José Miguel Castro, exgerente municipal villaranista, contó al fiscal Puma que la entonces vocera de esa campaña Anel Townsend recibió US$20 mil en dos armadas por esa labor. Esa manifestación fue difundida hoy por El Comercio.
Glave, que por esa época era regidora de Lima, recibió junto a la concejal Zoila Reátegui el monto de S/60 mil por apoyar en las actividades proselitistas. Esto también fue señalado por Castro, quien es aspirante a colaborador eficaz.
La exparlamentaria aseguró que esa versión “no es cierta”. “Yo no entré a la política por un rato, ni por intereses subalternos. Ha sido y es un compromiso de vida. No dejaré que pretendan manchar mi nombre”, tuiteó.
En tanto, el exministro Jorge Nieto habría cobrado US$60 mil por asesorías que “adeudaba” la exrburgoamestre. De acuerdo al testimonio, esos pagos fueron financiados por la empresa OAS. Nieto dijo a El Comercio que no recibió dinero de la constructora.
Según la investigación, la Fundación Unidos para Transformar creada por la detenida Villarán fue financiada con fondos que quedaron de la campaña de reelección que ascendían a S/400 mil.
La exautoridad edil cumple actualmente arresto domiciliario mientras se la investiga por los aportes irregulares que recibieron sus campañas contra la revocatoria (2013) y para la reelección (2014).

Susana Villarán utilizó dinero de OAS y Odebrecht para crear la Fundación Unidos para Transformar

El exgerente general de la Municipalidad de Lima afirmó que S/400,000 que quedaron de la campaña de reelección en 2014 fueron destinados para la fundación Unidos para Transformar, que presidió la exalcaldesa.
La empresa Graña y Montero aportó US$200,000 a la campaña por la No revocatoria de la exacaldesa de Lima, Susana Villarán, de acuerdo al testimonio brindado por José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima, al equipo Especial Lava Jato, informó el diario El Comercio.
Marisa Glave recibió S/60 mil de fondos de Odebrecht según declaraciones de José Miguel Castro.
Graña y Montero donó 200 mil dólares a la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán, asegura colaborador
Según el citado medio, el exfuncionario de confianza de Susana Villarán, investigado por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo en agravio del Estado, señaló que los ingresos para la campaña fueron aproximadamente de US$7.2 millones.
«De ellos, US$4 millones fueron aportados por OAS, US$3 millones por Odebrecht y US$200 mil por Graña y Montero», indicó en su declaración realizada entre el 15 y 22 de junio al fiscal Carlos Puma.
Los aspirantes a colaboración eficaz, Hernando y José Antonio Graña también confirmaron el aporte económico en el año 2013 ante el equipo especial Lava Jato antes que la constructora peruana se adjudicara el proyecto Vía Expresa Sur.
El primero señaló, según El Comercio, que en dos oportunidades José Miguel Castro le solicitó un «apoyo económico» para gastos de la campaña de la No revocatoria que se traduciría en US$200,000.
Mientras que José Antonio Graña reveló que convocó a la consultora Chirinos y Salinas Asociados (Chisac), y le canceló una factura por US$200,000 en el 2013 por un «compromiso asumido con la Municipalidad». Les explicó que esto debía materializarse a través pagos de publicidad vinculados al proyecto Vía Sur y un pago a la agencia Ogilvy, encargada de la campaña, a pedido de José Miguel Castro.
Fuente: Diario El Comercio.

El Comercio apoyó campaña de Villarán

Por Luis Garcia Miró Elguera– Diario EXPRESO.
Cual Pilatos y como una gran primicia, El Comercio destacó en portada y páginas interiores que “Graña y Montero aportó US$200,000 para la campaña por el NO” de Susana Villarán. Lo que no dijo El Comercio -venido a menos traicionando el ejemplo de ética periodística fijado por sus fundadores y las generaciones que antecedieron al espectro de sus actuales herederos (que ayer inculpaban a uno de los suyos de sus propios vicios)- es que fue el medio informativo más entusiasta en impulsar la batalla por el NO de Villarán. Tampoco confiesa que, en compensación, recibió centenares de miles de dólares dizque por “publicidad”, aparte de la corruptela de tener “acceso” a la viciosa alcaldesa capitalina y a la cúpula izquierdista institucionalizada por el régimen Humala. Esta manera farisea de hacer periodismo desnuda la mala entraña de ese desacreditado medio, acostumbrado durante las últimas tres décadas a ejercer de correveidile del inquilino palaciego de turno. Amoralidad que le ha permitido acopiar un patrimonio empresarial que jamás hubiese obtenido ejerciendo la función periodística como correspondía. Vale decir manteniéndose distante del poder.
Recordemos nomás que la joya de la corona del holding mediático ensamblado por este grupo mediático -a partir del ascenso al poder del corrupto Toledo febrilmente impulsado por dicho diario- la obtuvo cuando éste le entregaba Canal 4, a cambio de que El Comercio cesase la demoledora campaña emprendida contra el entonces mandatario, cuyo corolario fue un titular en portada exigiéndole a Toledo dar “un paso al costado”. Táctica calculada para ponerlo al borde del Impeachment. Al día siguiente de solventado el quid pro quo, El Comercio volvía a subir a los altares a Toledo. Y la “prosperidad económica” siguió escoltando a este medio desprestigiado.
Por cierto, el periodicazo que le pegó ayer El Comercio a Graña y Montero se basa en eso que la jerga periodística conoce como refrito. No era noticia. Era, sencillamente, la manera taimada de este medio de tomar distancia de la corrupción. Sin embargo, todo el trecho recorrido por El Comercio –desde los primeros años noventa a la fecha- lo ha realizado de la mano de los todopoderosos presidentes del momento, cada uno de los cuales mantiene cuentas pendientes con la justicia por haber gobernado enlodados en corrupción. En pocas palabras El Comercio es cómplice del mayor asalto que se ha perpetrado contra el país, robándonos US$40,000 millones solamente en unas pocas obras de infraestructura, muchas de ellas ejecutadas sin ser convenientes para el país –como la Interoceánica, que beneficia claramente a Brasil-, sujetas a un sobrecosto surrealista que ha enriquecido a dichos exmandatarios, y sin duda alguna, beneficiado a quienes los apoyaron en forma vergonzosamente incondicional. Como El Comercio.
Apostilla. Parte de la mafia izquierdista que apoyó a Villarán en la campaña por el NO permanece actualmente escondida en una madriguera, dedicándose tranquilamente a evangelizar al país con su credo rojo, buenista, protegida por dos fiscales estrella. Es el caso de Anel Townsend, Indira Huilca, Marisa Glave, Paola Ugaz, Gustavo Guerra García, Salomón Lerner. ¿Tienen corona?

El aporte oculto de Graña y Montero a la campaña de Villarán

Por Gustavo Gorriti y Romina Mella- IDL Reporteros.
Como se sabe, en la pintoresca colección de apodos que Odebrecht asignaba a sus sobornados, el de José Miguel Castro, ex gerente de la municipalidad metropolitana de Lima bajo la gestión de Susana Villarán, era uno de los más recordables. ‘Budian’, un pez cuyo perfil parece haberle hecho gracia a muchos, menos al propio Castro.
Que se sepa, los peces, a diferencia de la operática ballena Willie, no suelen cantar. Y, por eso, cuando José Miguel Castro se acogió a la colaboración eficaz el 1 de junio pasado y renunció además a la reserva de su identidad, el apodo de ‘Budian’ empezó a hacerse problemático. Sobre todo porque su confesión tuvo un efecto catalizador sobre la muralla de coartadas que hasta ese momento resistía las investigaciones. ‘Budian’, sin embargo, no cantó como solista sino se convirtió en la primera voz de un coro muy revelador formado por varios de los protagonistas peruanos y brasileños de esos casos de corrupción.
Los datos, argumentos y anécdotas que han salido ya a la luz, documentan, a veces con detalle sorprendente, los manejos de la cutra de esa administración. Desde cómo se lavó o caleteó el dinero para solventar la campaña contra la revocatoria, para la reelección y para el lucro personal de Castro, Villarán y varios otros.
Ahora, en la primera entrega de este conjunto de revelaciones, IDL-Reporteros cuenta la historia, hasta ahora desconocida, de cómo Graña y Montero hizo una donación clandestina a la campaña y el grupo de Villarán.
En declaraciones al fiscal Carlos Puma del Equipo Especial, el colaborador eficaz con clave 145-2019, contó buena parte de la historia.
El 145-2019 empezó su declaración indicando conocer a Óscar Vidaurreta Yzaga, un ex ejecutivo de la multinacional publicitaria Ogilvy, en la que trabajó hasta finales de 2018.
Y vaya que lo conocía. Vidaurreta había colaborado en el pasado con Luis Favre, dándole información de contactos en medios, durante la campaña presidencial de Ollanta Humala. El jefe de Ogilvy en Brasil había presentado a Vidaurreta con el publicista y manejador de campañas electorales Valdemir Garreta, quien lo conectó con Favre.
En diciembre de 2012, Favre llamó a Vidaurreta para contarle que José Miguel Castro lo había contratado para la campaña contra la revocatoria de Villarán y le pidió ayuda en identificar a los medios más adecuados para colocar publicidad. Poco después, José Miguel Castro lo llamó también para coordinar con él el plan de medios de la campaña. Vidaurreta se metió en ella y, como dice la confesión de 145-2019, “la oficina de Ogilvy era el lugar donde se reunían en muchas ocasiones Luis Favre y José Miguel Castro, quienes le pedían prestado [sic] la sala de reuniones”.
Y poco después, Graña y Montero se involucró, con dinero, por supuesto, en la campaña.
Ello ocurrió en enero de 2013. “José Miguel Castro le dijo a Óscar Vidaurreta que Graña y Montero sería otro aportante para la campaña de la no revocatoria y le proporcionó el número de celular de Hernando Alejandro Graña Acuña”.
Vidaurreta llamó y Hernando Graña lo citó al local de la empresa, en Surquillo. Al llegar lo esperaban Hernando Graña y José Graña Miró Quesada. Según el testigo, “José Graña estaba mortificado de tener que aportar a la campaña, muy molesto por que según manifestaba José Miguel Castro Gutiérrez lo estaba condicionando para firmar un contrato, que si no aportaba seguiría esperando”.
El monto que los primos Graña habían acordado contribuir era de 600 mil soles, pero decidieron aportar primero solo la mitad “y la otra mitad cuando se firme el contrato o adenda”.
En los hechos, los Graña solo terminaron pagando esa primera mitad.
¿Cómo hicieron para que ese aporte se mantuviera clandestino?
De acuerdo con el colaborador, el pago se realizó a través de la empresa que hacía las relaciones públicas de Graña y Montero: Chirinos y Salinas Asociados SAC. también conocida como CHISAC.
Ogilvy (Vidaurreta) emitió la factura 0001-00018112, por $100 mil dólares, “se emitió la factura pero no se efectuó ningún servicio por parte de Ogilvy”.Es decir, fue un pago por un servicio ficticio, que luego sirvió “para el pago de los diferentes medios de televisión…”.
Según el declarante, “Óscar Vidaurreta habló con Freddy Chirinos, que en ese momento era el gerente o presidente de la empresa CHISAC, a efectos de coordinar el pago antes referido […] Freddy Chirinos, sabía que no se iba a efectuar ningún trabajo, que solo se iba a emitir la factura a efectos de que ingrese el dinero para la campaña”.
En su declaración fiscal del 22 de junio, José Miguel Castro confirmó lo dicho por el testigo y lo amplió: “Los ingresos para la campaña de la No Revocatoria en el 2013, provenientes de empresas constructoras fueron aproximadamente $7.2 millones de dólares. De ellos, $4 millones fueron aportados por OAS, $3 millones por Odebrecht y $0.2 millones por Graña y Montero (Hernando Graña)”.
La versión de Freddy Chirinos, de CHISAC, tiene varias diferencias con las de Vidaurreta y Castro. “Yo no sabía si eso era para Villarán o no. Yo lo que hice fue cumplir con una instrucción de mi cliente. No tenía la menor idea de qué se trataba. Nosotros hemos sido la agencia de relaciones públicas de Graña desde hace muchos años […] La aprobación [del pago a Ogilvy], la dio a CHISAC, Gonzalo Ferraro en su condición de Director de Concesiones [de Graña y Montero], en esa época”.
Según Chirinos, Ogilvy sí realizó algunos trabajos; “… la pregunta es: ¿Ese trabajo valía los 84 mil facturados? Al tratarse de una transnacional de la publicidad como Ogilvy imagino que el precio no llamó la atención en ese momento. […] sí me llamó la atención que optaran por una agencia de ese volumen para una campaña que ciertamente no era compleja. No era mi rol objetar eso, sin embargo.En nuestro caso, como puedes ver, cumplimos con la instrucción de nuestro cliente, GyM, de encargarle esa campaña a Ogilvy. Así fue”.
Sea como fuere, antes de la avalancha de confesiones, José Miguel Castro hizo todo lo posible para que Vidaurreta no hable, según el colaborador 145-2019.
Luego de la primera respuesta de Vidaurreta a un oficio de la Fiscalía en la que reveló que “José Miguel Castro era quien lo había contratado y detallando otros temas”, Vidaurreta fue, según el colaborador, presionado por Castro para guardar silencio. En una cita en el hotel Miraflores Park Plaza, Castro instó a Vidaurreta a que “no lo involucre en el testimonio, porque a él nadie lo ha involucrado como parte que manejaba la campaña de la no revocatoria y que no hable con mucho detalle y que mantenga todo muy simple, además le instruyó para que diga ‘lo conocí en un cóctel social’. Le dijo también […] que sus abogados iban a estar en su declaración, lo cual atemorizó a Vidaurreta, es por ello que cuando Óscar Vidaurreta rinde su declaración, no comentó nada de los aportes de la campaña de OAS y también señaló que José Miguel Castro nunca participó en la campaña de la No Revocatoria y que lo había conocido en un cóctel social”.
Los tiempos, como vemos, han cambiado. El atemorizante José Miguel Castro de las coartadas negacionistas ha sido reemplazado por el colaborador eficaz de hoy en un coro confesional que, aunque desafina con frecuencia, no para de cantar.

Jorge Nieto Montesinos: asesorías para Villarán fueron pagadas con dinero de OAS, revela José Miguel Castro

José Miguel ‘Budián’ Castro realizó una gestión ante OAS para que esta empresa pague deuda de Villarán con Jorge Nieto que ascensía a US$60,000

Jorge Nietos Montesinos, antes de ser ministro de Cultura en el 2016, brindó asesorías para la exalcaldesa Susana Villarán y, de acuerdo con la declaración de José Miguel ‘Budián’ Castro, sus honorarios fueron pagados por la constructora brasilera OAS, la misma que ha repartido sobornos a más de un líder político.
Según dio a conocer El Comercio, la ex burgomaestre había acumulado una deuda de US$ 60,000 con Nieto Montesinos, por una serie de asesorías de corte político que este le brindó durante los dos primeros años de su gestión.
En este sentido, Castro detalló que realizó una gestión con Valfredo de Assis, exjefe de OAS en el Perú, para que su empresa pague al que luego pasaría a ser uno de los principales colaboradores de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski.
«A los pocos días, ambos confirmaron que esto se había producido», indicó el exgerente municipal, quien también precisó que Susana Villarán estaba al tanto de dicha gestión.
José Miguel Castro también relató que, una vez culminada y ganada la campaña del «No» a la revocatoria, recibió la llamada de Jorge Nieto para felicitarle por la victoria y, acto seguido, ofrecer sus servicios. Fue así que la exmano derecha de Villarán decide contratarlo usando la misma forma de pago: entregas “en efectivo a través de OAS”.
El aspirante a colaborador eficaz con clave 145-2019 contó, ante el fiscal Carlos Puma del Equipo Especial Lava Jato, una serie de detalles con nombre y apellido sobre cómo se repartieron aportes de OAS, Odebrecht y Graña y Montero, al entorno de la exalcaldesa Susana Villarán.
Fuente: Diario EXPRESO.

“SIGAN EL DINERO…” – “LA CONEXIÓN HONDUREÑA”

Por Edgardo Palomino Martínez– LaAbeja.pe
“Sigan el dinero…” es una frase que la historia del periodismo atribuye a Mark Felt, Director Asociado del FBI, el informante conocido como “Garganta Profunda”, que ayudó a los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein del Washington Post a destapar el “Caso Watergate”, una de las causas por las que Richard Nixon renunciaría a la Presidencia de los Estados Unidos de América en 1974.
Y la recomendación de Felt ha resultado oportuna para las investigaciones que hemos realizado, pues seguir el dinero de la “Campaña por el NO” y a aquellos que habrían seguido la ruta de éste –antes, durante y después de la consulta para la revocatoria de Villarán– nos han conducido a descubrir una serie de indicios que deben ser investigados para que la verdad se revele y se haga justicia como corresponde.
De acuerdo al movimiento de fondos de la “Campaña por el NO” que la Fiscalía presenta a fojas 62 y 63 del “requerimiento de variación de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva Susana Villarán y otros”, de fecha 07 de mayo de 2019, la campaña se habría financiado con S/1’614,321.50 aportados por simpatizantes de la Villarán a través de la “Asociación Amigos de Lima” y de los colectivos a favor del “No”, US$3 Millones “contribuidos” por Odebrecht y otros US$3 Millones “aportados” por OAS.
Respecto a los egresos de campaña, la Fiscalía ha acreditado que los servicios de FX Comunicaciones, pagados en el exterior, ascendieron a US$3 Millones (US$ 2 Millones pagados por Odebrecht y US$ 1 Millón pagados por OAS).
Asimismo, la Fiscalía ha identificado que los egresos locales de campaña no ascendieron a la suma de S/1’612,322.00 como se declaró a la ONPE, sino a S/5’738,737.49; importe que se habría solventado con las contribuciones locales por S/1’614,321.50; US$1 Millón (aproximadamente equivalente a S/2.58 Millones) que Jorge Barata entregó a José Miguel Gamarra; y, US$700,000 (aproximadamente equivalente a S/1.8 Millones) provenientes de los US$2 Millones que OAS trajo al país a través de “Doleiros”.
Estos egresos se habrían aplicado a pagar los honorarios de Favre declarados en US$150 mil, así como para solventar pagos para medios de comunicación, periodistas “mermeleros”, macropaneles, movilizaciones, mítines, volantes, posters, banners, personeros, entre otros conceptos.
Finalmente, una sencilla matemática sobre las cifras presentadas por la Fiscalía, lleva a concluir que una suma aproximada a US$1.3 Millones, que ingresaron al país a través de “Doleiros”, no habría sido aplicada a la campaña; y, asimismo, a preguntar: ¿Por qué la Fiscalía no habría hecho mención alguna a este hecho en el “requerimiento de prisión preventiva de Susana Villarán y otros”? y ¿Por qué no habría indagado que sucedió con esos US$1.3 Millones?
Nuestra hipótesis, sobre la base de indicios que obran en poder del Ministerio Público, así como otros que hemos conocido a través de entes públicos y noticias de la época, nos llevan a considerar que Anel Townsend, como Jefa de la “Campaña por el NO” y administradora de sus fondos, habría quedado como custodia de los US$1.3 Millones; así como encargada de “sacarlos” al extranjero, de una manera similar a la que había ingresado: es decir, sin pasar por el Sistema Financiero Nacional para no despertar sospechas; pues tanto por la forma en como ingresaron al país, como aquél que se emplearía para su remesa al exterior, resultarían siendo ilegales e ilícitos.
¿Cuántos casos hay en la “historia del crimen organizado” en los que un miembro de la organización guarda “el botín” por el tiempo necesario para que “se enfríen las cosas”, para después proceder a su distribución sin levantar sospechas? Incontables.
A mediados de febrero de 2013, Guillermo (“Willy”) Gonzales Arica, esposo de Anel Townsend, fue nombrado Embajador “Político” del Perú en Honduras. Por ende, los Gonzales-Townsend debían mudar su residencia a Tegucigalpa; y, con ello no sólo empacar maletas, sino también menaje personal y de casa, en un volumen que entrase en un contenedor de 20 pies cúbicos; embalajes que, por reciprocidad diplomática, usualmente no pasarían por una revisión aduanera profunda.
¿Cómo llegó “Willy” –hombre de confianza del expresidente Toledo y muy allegado a él– al cargo de Embajador “Político”, durante “tiempos de tormenta” en los que se destapaba el “Caso ECOTEVA”, con gran revuelo por parte de la prensa local; y, cuando en el Congreso se estaba produciendo un alejamiento entre el partido de Gobierno y Perú Posible? A ciencia cierta no lo sabemos, pero sospechamos que no fue por casualidad.
Una de las formas de llegar a ser Embajador “Político”, cuyo nombramiento es una prerrogativa del Presidente de la República, es a pedido de una “persona poderosa” con influencia sobre el Primer Mandatario del País; es decir, como favor político a dicha “persona de poder”.
La prudencia ordena que nuestra hipótesis se base en que Susana Villarán habría pedido “el favor”, directamente o por interpósita persona. Cuál haya sido el medio por el que Villarán lo solicitó, por el momento es irrelevante.
Así, “quedando todo en familia”, Anel Townsend, que se habría quedado en Lima hasta después de concluida la consulta popular por la revocatoria, en su condición de jefa de campaña y a cargo de los fondos de la misma, presuntamente, habría sacado del país de manera oculta –dentro de maletas y menajes–, con destino a Honduras, el excedente de US$1.3 Millones que no fueron aplicados a la “Campaña por el NO”; y, para ello, habría hecho uso de las ventajas y privilegios que le otorgaba la calidad de diplomática que ostentaba por ser cónyuge de un Embajador.
Esta hipótesis resultaría del todo descabellada sino fuera que hechos posteriores aportarían indicios que lo antes mencionado es plausible.
Si a nivel mundial los bancos no suelen financiar restaurantes por tratarse de negocios de alto riesgo, salvo que los créditos que otorguen para tales efectos estén respaldados por garantías pecuniarias (fianzas bancarias o prendas dinerarias); y, los ahorros del sueldo de Embajador (luego de impuestos) no habría alcanzado para ello: ¿cómo justifica la sociedad conyugal Gonzáles-Townsend haber contado con el capital necesario para la apertura, en el año 2017, de una cadena de cinco restaurantes en Tegucigalpa, Honduras?
Cuando la congresista de Fuerza Popular Milagros Salazar pidió que se investigará este hecho: ¿por qué el Ministerio Público no lo hizo?
Así también, como relataremos en la próxima crónica, hay que considerar que ciertos personajes vinculados a la Villarán habrían visitado a “Willy” y Anel en Tegucigalpa, teniendo como posible tesis que lo hicieron para trasladar a Panamá gran parte de los aproximadamente US$1.3 Millones.

“SIGAN EL DINERO…” ¡Y TAMBIÉN A QUIENES LO SIGUEN!

Por Edgardo Palomino Martínez– LaAbeja.pe
A mediados de septiembre de 2019, cuando había interpuesto la denuncia contra Anel Townsend, Paola Ugaz, Maria Luisa Méndez Gálvez, Marco Antonio Zevallos Bueno, Ana María Escudero Valdivieso y otros ante el Despacho del Fiscal Anticorrupción Carlos Puma Quispe, y batallaba contra su decisión de “no ha lugar” a la misma porque consideraba que los hechos que presentaba ya eran materia de investigación, leí los titulares de varios diarios de la denominada “prensa no alineada” que reclamaban la investigación de Ugaz por diversos viajes que había realizado en el 2013-2014, cuando fungía de Gerente de “Social Media” de la MML, con la condición de “personal de confianza”.
A la prensa escrita siguieron los programas políticos y de noticias de la radio y la televisión, e involucraban a Ugaz en toda irregularidad posible que pudiera haberse incurrido en la MML durante la gestión de Villarán; incluido el haber participado en actividades de lavado de activos, a través de lo que un reconocido periodista llamó “La Conexión Panameña”.
Lo sorprendente entonces y hasta ahora, es que Ugaz, una periodista supuestamente de polendas, lejos de responder a sus atacantes con pruebas que desvirtúan las acusaciones en su contra por su participación en la MML de Villarán, optó por victimizarse y, sin mayor prueba o fundamento, alegar que era objeto de una persecución por aquellos que supuestamente ella había desenmascarado con sus investigaciones periodísticas.
Con toda la información que los medios proporcionaron, agregando a ésta hechos revelados por las investigaciones que el suscrito personalmente había realizado, presenté dentro del proceso de impugnación del “no ha lugar” decretado por el Fiscal Puma Quispe, el escrito correspondiente al despacho del Fiscal Superior Coordinador Anticorrupción Hernán Wilfredo Mendoza Salvador adjuntando las “Notitia Criminis” para que se amplíen las investigaciones… pero esa denuncia y su tramitación por la Fiscalía será materia de otra crónica.
HOY NOS OCUPAMOS DE LOS VIAJES DE PAOLA UGAZ.
Cuando en septiembre de 2019 investigamos las Actas del Concejo de la MML, contrario al caso de Augusto Rey que fue autorizado a viajar a Panamá mediante Resolución de Concejo N° 001-2013-MML, no encontramos aprobación alguna que autorizase los viajes de Paola Ugaz; máxime si ella era Gerente de “Social Media” con calidad de personal de confianza, mientras que el primero era un simple asesor legal en la Gerencia de Inversión Privada.
Así, solicitamos formalmente a la MML copia de su Contrato Administrativo de Servicios y copia de su expediente personal; a lo que la MML respondió, como ya mencionamos en una crónica anterior, que el legajo de Ugaz no había sido ubicado, como tampoco Resolución alguna que autorizase sus viajes a Centroamérica y Panamá, con o sin goce de haberes.
Entonces, ante la falta de información, se procedió a solicitar el movimiento migratorio de Ugaz y observamos que durante el año 2013, tiempo en que fue funcionaria pública, viajó 5 días a El Salvador, 10 días a Costa Rica, 20 días a Panamá (sumados sus 2 viajes), 32 días a Estados Unidos y 6 días a Colombia. Un total de dos meses y 13 días fuera de su centro de labores. Ante esa llamativa lista de viajes fuera del país inevitablemente surgen muchas preguntas, como por ejemplo ¿Qué gestiones realizó para la MML? ¿Estos viajes le fueron computados como vacaciones, a pesar que no le correspondía por no haber cumplido un año laborando? ¿o viajo para atender asuntos personales? De ser viajes por temas personales ¿por qué cobró su sueldo? Y, si cobró su sueldo sin haber trabajado durante esos meses para la municipalidad ¿estamos ante el delito de enriquecimiento ilícito que señala el artículo 401 del Código Penal? ¿Por qué el Ministerio Público no investiga estas irregularidades que podrían ser indicios de corrupción?
Veo muy importante que nos detengamos en el viaje a El Salvador de fecha 13 de mayo de 2013 con retorno por San José de Costa Rica el 17 de mayo de 2013, que a primera impresión no despertaba sospechas.
En esas fechas todos los medios de comunicación estaban enfocados al “Caso ECOTEVA”, una empresa constituida en Costa Rica, que tenía como principal “accionista oculto” a Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp, y que el expresidente Alejandro Toledo habría empleado para el supuesto lavado de activos presuntamente provenientes de la corrupción que habría existido en la licitación de la carretera “Interoceánica” y de otras obras públicas en las que participó Odebrecht y otras empresas constructoras brasileras, de la mano con empresas locales “miembros” del llamado “club de la construcción”.
Así, no resultaría extraño que Gustavo Gorriti e IDL Reporteros hubiesen convocado a Pao Ugaz, conocida por su audacia, astucia y sagacidad para llegar “sin invitación” a fuentes de información, conseguirla y elaborar un reportaje; tal como lo habría demostrado en la entrega del Premio Nobel de Literatura 2010, que la leyenda urbana refiere que se habría hecho pasar por “nana” de la familia Vargas Llosa.
Sin embargo, no tenía lógica que para tal comisión Ugaz viajase desde Lima –en Sudamérica– a El Salvador –en el norte de Centroamérica–, para hacer una conexión a San José de Costa Rica –en el sur de Centroamérica–, máxime, cuando existían vuelos directos Lima-San José y viceversa.
Tanto era que no encontraba sensato hacer ese periplo , que al releer el artículo de Carlos Wesley sobre Gustavo Gorriti, republicado por la revista “Gente”, a inicios del 2000, durante el gobierno de Toledo (http://archivos2gente.tripod.com/1330/gorriti.html), inclusive, en broma, llegué a pensar que Gorriti habría instruido a Ugaz que pasara por El Salvador para que “saludase” a “amigos” que él habría hecho en la región, en caso fuese cierta la historia de Wesley acerca de que Gorriti habría trabajado para la CIA durante la “Operación Irán-Contras” en los ‘80s.
Aparentemente se había llegado a un callejón sin salida.
“Siguiente” me dije… Lima-Panamá-Lima del 26 al 31 de mayo de 2013, la “afamada” “Conexión Panameña”; pero algo llamó mi atención.
Teniendo delante el artículo de Wesley; la carpeta de investigación de Anel Townsend, que en esos tiempos habría estado en Tegucigalpa (supuestamente custodiando US$1.3 millones, excedentes derivados de la “Campaña por el NO”, lo que hemos llamado “La Conexión Hondureña” en una crónica anterior); y, considerando la proximidad de fechas entre el viaje Lima-San Salvador-San José-Lima con el viaje Lima-Panamá-Lima, decidí investigar todos estos elementos en conjunto.
El resultado de esa investigación sería la hipótesis que a continuación se narra.
Habiendo sido ratificada en el cargo, Susana Villarán, alcaldesa de Lima y fundadora del Instituto de Defensa Legal (IDL), habría solicitado a Paola Ugaz (periodista relacionada a IDL-Reporteros y supuesta “Jefa de Defensa e Impunidad” de la presunta organización criminal que Villarán habría dirigido en la MML) que realizase un “viaje secreto” a Honduras y Panamá para coordinar la movilización de parte (o el total) de los fondos excedentes de la “Campaña por el NO”, ascendentes a un monto aproximado a US$1.3 Millones, que se encontrarían bajo la custodia de Anel Townsend, supuestamente en la residencia del Embajador del Perú en Tegucigalpa.
Ugaz debía viajar primero a Tegucigalpa, donde realizaría las coordinaciones correspondientes para el traslado de los excedentes de campaña de Honduras a Panamá. Luego debía viajar a la Ciudad de Panamá, donde debería tomar contacto con ciertos banqueros especializados con el lavado de activos, presuntamente a los fines de coordinar el traslado de los fondos de forma segura y secreta de Tegucigalpa a un banco en Panamá, donde quedarían depositados en una cuenta segura a la que solamente tendrían acceso Villarán y Ugaz. Supuestamente, desde esa cuenta, en un futuro, se realizaría la repartición del dinero entre Villarán, Glave, Castro Gamarra, Rey, Ugaz y otros.
Así, Ugaz el 13 de mayo de 2013 habría tomado el vuelo de 4.5 horas con destino a San Salvador. El 14 de mayo Ugaz habría tomado la conexión a Tegucigalpa –un vuelo que habría demorado alrededor de 1 hora– y realizado durante el día las coordinaciones del caso para el traslado de los excedentes de campaña a Panamá; y, al término del día habría tomado un vuelo a Ciudad de Panamá, de duración aproximada de 1 hora. Asimismo, los días 15 y 16 de mayo se habría reunido con los banqueros que le habrían indicado para coordinar el traslado de los fondos a Panamá y la apertura de cuentas, posiblemente a nombre de empresas fantasmas en algún paraíso fiscal con poco o ningún control regulatorio. Luego de culminadas las supuestas reuniones de coordinación con los banqueros en Ciudad de Panamá, Ugaz habría tomado un vuelo de 1.5 horas aproximadas a San José de Costa Rica; y, el 17 de mayo de 2013 se habría embarcado con destino de regreso a Lima.
La hipótesis resulta totalmente plausible. ¿No considera usted, señor lector, que el Ministerio Público está obligado a investigarla?
La historia de Wesley sobre Gustavo Gorriti (republicada también por el portal La Abeja el 11 de julio de 2019 –https://www.laabeja.pe/quien-es-gustavo-gorriti/) me quedó dando vueltas en la cabeza, por lo que solicite su movimiento migratorio; documento público que reveló que el señor Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen, identificado con DNI N° 118455677 y Pasaporte N°481499, viajó el 14 de mayo de 2013 a El Salvador, e ingresó al Perú proveniente de dicho país el 18 de mayo de 2013.
Ante esta coincidencia o casualidad de lugares y fechas, dentro del marco de la hipótesis planteada, cabe preguntarse: ¿Gorriti y Ugaz, del 14 al 17 de mayo de 2013, habrían hecho juntos el presunto recorrido San Salvador-Tegucigalpa-Ciudad de Panamá?; dado el tiempo que Gorriti vivió y trabajó en Panamá: ¿Villarán y Ugaz se habrían valido de él y de sus contactos en dicho país para movilizar a Panamá los presuntos fondos excedentes de la “Campaña por el NO”, ascendentes a un monto aproximado a US$1.3 Millones y que habrían quedado bajo la custodia de Anel Townsend y “Willy” Gonzales Arica en la Embajada del Perú en Tegucigalpa, Honduras?
La realidad puede resultar siendo más extraña que la ficción; y tratándose de casos de corrupción, todos aquellos indicios que pudiesen convertirse en elementos de convicción deberían ser investigados. ¿No lo cree usted así, señor lector?
Asumamos que el método de investigación que se denomina “La Navaja de Ockham” fuese infalible; y que la respuesta más simple fuese la correcta: entonces deberíamos asumir que lo cierto habría sido que Gorriti y Ugaz habrían viajado a Centroamérica para juntos investigar el “Caso ECOTEVA”, pues en el mismo estarían implicados el expresidente Toledo, Joseph Maiman y Sabih Saylan; y, que la única manera de llegar a San José de Costa Rica era vía San Salvador.
Aún, si esta tesis fuese correcta, la misma genera diversas preguntas: si Iberia-TACA mantenía operativa la ruta Lima-San José, ¿por qué no viajaron directamente a Costa Rica? ¿por qué tendrían que volar primero a El Salvador para luego tomar una conexión a San José de Costa Rica? ¿Por qué Gorriti y Ugaz no viajaron juntos? Y, finalmente, ¿qué necesidad había de regresar al Perú en vuelos separados?
¿Será tan extraña la verdad acerca de estos viajes, coincidencias y casualidades que revelarla generaría graves y severas complicaciones para todos aquellos que supuestamente estarían involucrados con y en la presunta organización criminal que, liderada por Villarán, se habría enquistado en la MML?
Ello explicaría porque Paola Ugaz guarda silencio absoluto y no responde la imputación que el periodista Phillip Butters le hace, al afirmar: “Paola Ugaz [jefa de prensa de la exalcaldesa], cuando trabajaba con Villarán, ha viajado a Panamá, que es un paraíso fiscal. ¿A qué ha viajado a Panamá, donde estaban los de OAS? Yo tengo el legítimo derecho de pensar que ella tendría que explicar las maletas [de Odebrecht y OAS] de Susana Villarán, que esclavizan a los peruanos”; afirmación que, en nuestra opinión, estaría vinculada a la presunta recepción de dineros maculados, activos que habrían sido “lavados” en Panamá. (Ver diario “La Razón”, edición de 27 de noviembre de 2019, “Paola Ugaz debe explicar maletas que recibió Villarán”)
Pero, sobre todo, a decir del abogado Enrique Ghersi, dada la influencia del IDL en el Ministerio Público y el Poder Judicial, también se explicaría por qué desde la Fiscalía Anticorrupción, en especial a través de los Fiscales Carlos Puma Quispe y Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, se estaría “blindando” a Paola Ugaz, Anel Townsend, Marisa Glave, Augusto Rey Hernández de Agüero, y otros; así como por qué existen presunciones sobre una posible eliminación del cargo de “asociación ilícita” u “organización criminal” que se les imputa a Susana Villarán y a José Miguel Castro Gamarra.
El viaje de Paola Ugaz a Panamá, entre el 26 y el 31 de mayo de 2013, sobre la base de la hipótesis antes expuesta, habría tenido por objeto supervisar la ejecución de las presuntas coordinaciones realizadas con los hipotéticos banqueros panameños con los que se habría reunido entre el 15 y 16 de mayo de 2013; a decir: la supuesta transferencia de fondos de Tegucigalpa a Panamá; la formalización de hipotéticas “sociedades fantasmas” (mismo “Panamá Papers”) y la designación de sus apoderados; la apertura de presuntas cuentas bancarias donde se depositarían los fondos que habrían llegado de Honduras; y, por qué no, la hipotética consolidación en dichas presuntas cuentas de la probable coima que Roberto Trombeta habría entregado a Augusto Rey –en la presunta reunión que tuvieron en Panamá en enero de 2013– para la supuesta “Cúpula” que dirigía la organización ilícita que Villarán lideraba.
El siguiente viaje de Paola Ugaz a Panamá se realizó del 17 al 30 de noviembre de 2013. Poco antes, del 1 al 3 de noviembre de ese año, aprovechando un “fin de semana largo” Susana Villarán también viajó a Panamá.
La hipótesis de estos viajes maneja la teoría que resultaría sospechoso que Villarán y Ugaz viajasen juntas a Panamá. Que Villarán no sólo habría viajado para tomarse unos días de descanso, sino que también lo habría hecho para firmar los hipotéticos documentos que liberarían la participación de Ugaz en el supuesto “botín” obtenido durante la “Campaña por el NO”, toda vez que “La Pao” dejaría de trabajar en la MML en enero de 2014. Ugaz habría llegado dos semanas después y tomado posesión sobre su participación.
Si se quedó catorce (14) días en Panamá gozando de un “merecido descanso” por el intenso “trabajo” que habría realizado como presunta “Jefa de Defensa e Impunidad” de la supuesta organización criminal que Villarán habría enquistado en la MML; o, si de Panamá se habría trasladado a otros “puntos del planeta”, no lo sabemos. Pero vuelven a saltar las siguientes preguntas: no habiendo cumplido el año trabajando para el Estado, ¿no es un ilícito pedir vacaciones con goce de haberes?; y, ¿por qué el Ministerio Público no investiga estas irregularidades que podrían ser indicios de corrupción?
Pero los viajes de Paola Ugaz a Panamá continuaron con posterioridad a su salida de la MML. Ella regresó por cuatro días entre el 27 y el 31 de marzo de 2017; pero también, casi un año antes, entre el 7 y 10 de mayo de 2016, vía Colombia, lo hizo su esposo, el ciudadano británico Daniel Collyns. Si estos dos viajes estarían vinculados en alguna forma con los antes descritos en esta crónica, por los antecedentes de las hipótesis presentadas, cualquiera podría presumir que sí; por lo que, tratándose de un supuesto caso de corrupción y lavado de activos, el Ministerio público está obligado a investigar.
Lo que sí sabemos, a través de los medios de comunicación, es que esta avezada periodista de oficio, que se dedicó a la “demolición de personas y de sus nombres, honras y prestigios” durante la campaña del No a la revocatoria, ante las imputaciones que se le han hecho por la comisión de ilícitos penales y daños a terceros, o guarda un supuestamente cómplice silencio, o se victimiza.

SE REVELAN TENTÁCULOS DE CORRUPCIÓN EN TORNO A SUSANA VILLARÁN

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
Hace menos de 24 horas una noticia más que relevante se ha hecho pública en distintos medios peruanos: la declaración de José Miguel Castro, alias “Budian”, sobre un aporte oculto de parte de la empresa Graña y Montero a la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, para la campaña de la revocatoria.
Primero fue IDL-Reporteros (https://www.idl-reporteros.pe/el-aporte-oculto-de-grana-y-montero-a-la-campana-de-villaran/). Luego fue la Unidad de investigación del diario El Comercio (https://elcomercio.pe/politica/justicia/la-empresa-grana-y-montero-tambien-aporto-a-la-campana-por-el-no-de-susana-villaran-noticia/). Las diferencias entre ambas notas son mínimas lo cual, periodísticamente hablando, le da cierta credibilidad. De hecho, en esta breve columna no pretendemos desarrollar todo lo que salta a la vista al leer las declaraciones de Castro y las confirmaciones de varios otros actores de la historia. Eso lo haremos, como siempre, con calma y con fundamento. Pero sí queremos resaltar los dos puntos arriba mencionados, tal y como se recogen en las declaraciones de Castro.
Para LA ABEJA son muy importantes ya que desde hace dos años venimos denunciando lo que hoy aparece como grandes destapes y por lo que algunos “colegas” nos han acusado irresponsable o interesadamente de difamadores: la participación de la empresa CHISAC en distintos entramados del Gobierno y una red de corrupción que habría funcionando alrededor de la exalcaldesa de Lima.
Como se puede leer en lo publicado por IDL y El Comercio, y a manera de resumen, la empresa Graña y Montero “donó” 200 mil dólares a Susana Villarán para que terminara de pagar sus cuentas pendientes por la campaña del No a la revocatoria. Este pago habría sido condicionado a la firma de un contrato que beneficiaría a GyM. El pago de estos 200 mil dólares se realizaría en dos entregas a través de la empresa CHISAC –cuyos dueños son Freddy Chirinos y Pedro Salinas Chacaltana— para que no ingrese como coima sino como pago de servicios que luego se derivarían a la agencia Ogilvy, con la cual Villarán tenía una deuda.
Según IDL ha informado, Ogilvy emitió la factura 0001-00018112, por $100 mil dólares, “se emitió la factura, pero no se efectuó ningún servicio por parte de Ogilvy”. Es decir, fue un pago por un servicio ficticio, que luego sirvió “para el pago de los diferentes medios de televisión…”. Según el declarante, “Óscar Vidaurreta habló con Freddy Chirinos, que en ese momento era el gerente o presidente de la empresa CHISAC, a efectos de coordinar el pago antes referido […] Freddy Chirinos, sabía que no se iba a efectuar ningún trabajo, que solo se iba a emitir la factura a efectos de que ingrese el dinero para la campaña”. Esto es sin duda muy grave, todo un carrusel de facturas con el fin de ocultar la coima.
De hecho, esto fue confirmado por el mismo Chirinos aunque se defiende diciendo que él solo hizo lo que su cliente (Graña y Montero) le solicitaba. Según la nota de El Comercio, “luego de las coordinaciones internas, José Graña declaró que convocó a Chisac, y les canceló una factura por US$200.000 más IGV, con fecha 13 de agosto del 2013. La campaña fue pagada por la concesionaria Vía Expresa Sur, de propiedad de GyM”. Por supuesto, hasta el cierre de esta nota, Salinas Chacaltana no ha dicho nada al respecto.
Por otro lado, en la misma nota del diario El Comercio sobre este asunto, hay unas líneas que pasan desapercibidas porque no se han atrevido a poner nombres y apellidos, pero nosotros nos encargaremos de hacerlo. Según lo declarado por Freddy Chirinos, el dinero fue recibido por encargo de GyM para pagar publicidad del municipio y que para esto sostuvo una reunión con José Miguel Castro. Pero miren el detalle de su declaración según lo recogido por el diario: “Me llamó la atención que Castro, a través de su directora de comunicaciones, nos exigió poner avisos de corte muy popular […] que Graña jamás había puesto, y me di cuenta de que Villarán quería levantar su perfil para su reelección”. La directora de comunicaciones de Villarán, como se ha repetido ya innumerables veces, era ni más ni menos que Paola Ugaz Cruz. Sí, la misma amiga y socia de Pedro Salinas en sus investigaciones periodísticas. Es decir, según lo declarado por el socio de Salinas en Chisac, Ugaz Cruz estuvo presente en dichos acuerdos que se llevaron a cabo con el dinero recibido de Graña y Montero de manera oculta. ¿Así o más argolleros? Me detengo sobre todo en Ugaz Cruz porque es importante recordar que tengo un proceso judicial pendiente con la exfuncionaria edil debido a que nos acusó de difamación en distintos medios, abiertamente, por haberle señalado varias de las cosas que hoy salen a la luz. Entre ellas, su falta de transparencia y su mitomanía. Nuestra respuesta, desde entonces, sigue siendo la misma: aquí hablamos con la verdad, con pruebas y con fundamento. Y no somos los únicos que seguimos denunciando. Desde hace varios meses, múltiples periodistas y medios de comunicación no alineados a la línea editorial del Gobierno vienen cuestionando la falta de impunidad para un grupo cercano a Susana Villarán.
¿Seguirá hablando Budian? ¿Seguirán cayendo como fichas de dominó? ¿El Ministerio Público tomará cartas en el asunto para evitar fugas masivas apenas se abrán los vuelos internacionales? ¿Seguirán Salinas Chacaltana y sus socios negando lo que hoy es noticia hasta en sus medios más amigos? ¿Qué otro destape se viene que hasta IDL está tomando distancia?
Por lo pronto, nosotros no cesaremos de buscar la verdad porque sabemos que, tarde o temprano, saldrán a la luz los entramados de corrupción, complicidad y encubrimiento en los que están involucrados estos personajes que pensaban ser inmunes a la investigación y el destape.

‘Budián‘ Castro afirma que Anel Townsend recibió US$20 mil en la campaña del «No»

Exgerente general de la Municipalidad de Lima señaló que Anel Townsend recibió 20,000 dólares en dos armadas, dinero proveniente de las compañías OAS, Odebrecht y Graña y Montero.
Desde que a José Miguel Castro, alias ‘Budián’, le variaron la orden prisión preventiva por cárcel domiciliaria no ha parado de cantar. Y es que el exgerente municipal ha señalado a exfuncionarios del entorno de Susana Villarán, cuando fue alcaldesa de Lima, como receptores de dinero proveniente de las compañías OAS, Odebrecht y Graña y Montero, información que hasta el día de hoy se desconocía.
Castro afirmó, según su declaración fiscal a la que accedió el diario El Comercio, que la excongresista Anel Townsend, quien fue el principal rostro del No a la revocatoria de Villarán, recibió US$20,000 en dos armadas. Los primeros US$10,000 fueron recursos destinados para su movilidad y para compensar algunos gastos de publicidad que ella había realizado. Y los US$10,000 restantes se pagaron una vez que terminó la campaña y bajo el concepto de «bono de éxito».
Según el aspirante a colaborador eficaz, el acuerdo de pago se dio luego de un almuerzo que se llevó a cabo en el 2013 en la residencia de la ex burgomaestre capitalina, en el distrito de Jesús María.
Asimismo, ‘Budián’ reveló que Townsend fue posteriormente contratada por la Municipalidad de Lima, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por un semestre para ejecutar trabajos en el área de Participación Ciudadana de la comuna.
Cabe señalar que Townsend no es la única mencionada en la confesión del exfuncionario edil. A ella se suman las ex regidoras Marisa Glave y Zoila Reátegui. «Ambas visitaron entre seis y ocho veces la oficina de la Gerencia Municipal para coordinar acciones de cierre de campaña. Ambas se encargaron de contratar la producción, movilidad y estrados», refirió Castro, y agregó que autorizó a Luis Gómez Cornejo, tesorero de la campaña, que entregara a Glave y Reátegui la suma de S/60,000.
Gómez Cornejo -quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, luego de que el Poder Judicial ordenara prisión preventiva en su contra- le confirmó que la entrega había sido concretada.
Fuente: Diario EXPRESO.

Breve historia de la humanidad en los últimos trece mil años

Es un libro de investigación histórica escrito por el biólogo Jared Diamond, catedrático de geografía y fisiología en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en 1997. Diamond analiza el progreso de diferentes civilizaciones del mundo y propone una explicación a la apariencia de que la cultura de Europa occidental haya llegado a ser la predominante sobre las demás.​ El autor ganó el premio Pulitzer por el libro en 1998. Ha sido traducido a más de veinticinco idiomas.
El libro es un intento por explicar las razones por las que las civilizaciones euroasiáticas, en general, han sobrevivido y conquistado otras y, al mismo tiempo, refutar la idea de que la hegemonía euroasiática se debe a la superioridad genética, moral o intelectual de los miembros de tales civilizaciones. Diamond alega que las diferencias de poder, y en concreto en la posesión de tecnología entre las diferentes sociedades humanas, tienen su origen en las diferentes condiciones ambientales que son amplificadas por ciertos mecanismos de retroalimentación y que, si algunas diferencias culturales o genéticas han favorecido a los europeos y asiáticos (por ejemplo, el gobierno centralizado de China o la resistencia de los europeos a las enfermedades infecciosas), ellas mismas fueron generadas por la influencia del ambiente geográfico.
Así, el libro intenta explicar, principalmente con base en factores biogeográficos, por qué los europeos gozaron de tal superioridad tecnológica y militar y por qué las enfermedades que aportaron los europeos -a las que se habían hecho resistentes- devastaron y diezmaron a las poblaciones conquistadas.Zonas comprobadas como origen y evolución independiente de la agricultura son: Creciente Fértil en 8500 a.C., China en 7500 a.C., Mesoamérica en 3500 a.C., Los Andes y Amazonia en 3500 a. C. y Cuenca del Mississippi en 2500 a. C. y muy seguramente en Nueva Guinea durante 7500 a. C. Están por verificarse áreas como el Sahel en 5000 a.C., África occidental en 3000 a.C y Etiopía.
De acuerdo con el autor, un título alternativo pudo haber sido «Una corta historia sobre todos nosotros durante los últimos 13000 años». Sin embargo, el libro no es simplemente una descripción del pasado por lo que el título final terminó siendo una referencia a los medios mediante los cuales las naciones europeas conquistaron poblaciones de otras áreas y mantuvieron su dominio, aun cuando, en muchos casos, estaban en una gran desventaja numérica. Dicho de otra manera, el título «armas, gérmenes y acero» alude a las causas intermedias y más obvias de la dominación, no obstante, la tesis principal por el cual el poder se empezó a decantarse a unas zonas se explica mediante las causas mayores o últimas que, según Diamond, no son tan obvias para la mayoría de los historiadores.
Estructura del libro
Diamond estructuró el libro en cuatro apartados. El primer apartado, del capítulo primero al tercero, trata desde los orígenes de la humanidad, el modelo de la diversidad cultural polinesia como ejemplo de sus tesis y las causas inmediatas del dominio europeo, ejemplificando el caso de la conquista de Cajamarca. El segundo apartado, del capítulo cuarto al décimo, trata sobre aquellas causas mayores o últimas y que terminan siendo los factores biogeográficos y tesis centrales del libro, como la orientación de los ejes continentales, la agricultura y la domesticación de los grandes mamíferos. El tercer apartado, del capítulo undécimo al decimocuarto, trata sobre las causas intermedias, aquellas que conectan las causas últimas con las inmediatas, como el origen de la escritura, la tecnología, origen de las enfermedades y la sociedad estructurada más allá de una sociedad agraria simple. El último apartado, del capítulo decimoquinto en adelante, trata sobre el estudio de sus tesis mediante la ejemplificación de la evolución de distintas sociedades y un epílogo final donde se las compara con la sociedad occidental, para entender por qué esta ha logrado ejercer su dominio.
Factores biogeográficos
Son los factores que Diamond llama causas últimas. Comprenden la agricultura incipiente, las domesticaciones y la disposición de los ejes continentales. Son considerados por otros investigadores como las tres principales tesis de las que deriva su marco teórico.
Agricultura y ejes continentales
De partida, entre el 8500 y el 7500 a.C., el Creciente Fértil, China y Nueva Guinea fueron las primeras regiones en donde se desarrolló la agricultura. No obstante, Diamond aclara que el estancamiento tecnológico de Nueva Guinea a partir de ese entonces se debe a que las plantas tenían una menor concentración calórica y proteica o a que su técnica de cultivo eran menos eficientes que, por ejemplo, las técnicas de cultivo de trigo en el Creciente Fértil o de arroz en China. Además, en Nueva Guinea no había grandes mamíferos para ser utilizados como animales de labranza.
Así pues, la tesis principal del autor es que Eurasia, por su mayor extensión en su eje horizontal (este-oeste), contenía la mayor variedad de especies vegetales y animales susceptibles a ser domesticadas.​ Así mismo, el eje este-oeste de Eurasia otorga una mayor uniformidad climática, permitiendo una rápida expansión de la agricultura y los saberes. Este no fue el caso en América y África, pues la mayor extensión en esos continentes son en los ejes verticales (norte-sur). En la antigüedad, mientras el ritmo de difusión de la agricultura en América era menor de 0.5 kilómetros por año, en Eurasia este ritmo iba del kilómetro por año a los 5 kilómetros por año.
Bajo las tesis de Diamond resulta más fácil entender por qué en Creciente Fértil surgieron las civilizaciones más antiguas, como Mesopotamia y Egipto.
Ganadería y enfermedades
En Eurasia la existencia de los grandes mamíferos domesticables permitió un mayor aporte de alimentos ricos en proteínas, movilidad y fuerza de trabajo y labranza, lo que supuso una clara ventaja frente a aquellas sociedades que no tenían ganado en otros continentes. La importancia de los grandes mamíferos domesticables sobre los otros animales domesticables de menor tamaño es que, además de servir de fuente alimenticia, también servían como transportación, acarreo y labranza, facilitando muchas de las tareas pesadas que requieren una mayor movilidad y fuerza. Trece de los catorce grandes mamíferos domesticados, es decir, todos excepto la llama, habitaban Eurasia. Así mismo, cuatro de los más importantes, como las cabras, ovejas, cerdos y bovinos confluían en Asia Occidental, resultando más obvio a los ojos la existencia del Creciente Fértil y la aparición de las primeras civilizaciones en esa región.
Ninguno de los catorce grandes mamíferos provienen de África Subsahariana pues, aunque ahí existe una superabundancia de mamíferos como las cebras, bóvidos o antílopes, estos tienen un temperamento diferente, acondicionado a huir o agredir a los mamíferos depredadores, o bien, como el caso del elefante, su gestación es de crías únicas y de periodos de desarrollo, crianza y madurez sexual muy largos. De acuerdo al Principio de Ana Karenina, la existencia estos factores negativos hacen a estos animales poco aptos para la domesticación.
La convivencia estrecha con el ganado dio lugar, en las sociedades ganaderas, a la exposición a gérmenes de origen animal por parte del ser humano, y la mayor densidad demográfica produjo que estos gérmenes pudieran atacar a poblaciones humanas ocasionalmente, incluso adquiriendo el carácter de epidemias. Con el tiempo, las sociedades euroasiáticas llegaron a inmunizarse relativamente contra esos gérmenes. De hecho, fueron las epidemias de enfermedades como la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la gripe y otras, un factor decisivo en el dominio de los occidentales sobre poblaciones no expuestas con anterioridad a estos gérmenes y por tanto no inmunes, como los indígenas americanos antes de 1492.
Catorce mamíferos domesticados, no carnívoros y con un peso mayor de 45 kilos.Con información de respectivos lugares y fechas de domesticación, hábitos alimenticios y algunas enfermedades que posiblemente propagaron a humanos, según Diamond:
Cerdo (omnívoro), domesticado en Eurasia en 8000 a. C. Gripe y tos ferina. Vaca (herbívoro), domesticado en Eurasia en 6000 a. C. Sarampión, tuberculosis y viruela. Oveja (herbívoro), domesticado en Asia Occidental en 8000 a. C.
Cabra (herbívoro), domesticado en Asia Occidental en 8000 a. C.
Asno (herbívoro), domesticado en Egipto en 4000 a. C.  Caballo (herbívoro), domesticado en Ucrania en 4000 a. C.  Dromedario (herbívoro). domesticado en Arabia en 2500 a. C.  Camello bactriano (herbívoro), domesticado en Asia Central en 2500 a. C.  Búfalo acuático (herbívoro), domesticado en el sureste asiático y China en 4000 a. C.  Yak (herbívoro), Tíbet e Himalayas, se desconoce fecha de domesticación.Banteng (herbívoro), sudeste asiático, se desconoce fecha de domesticación. Gaur (herbívoro), India y Birmania, se desconoce fecha de domesticación. Reno y caribú (herbívoros), tundra y taiga del hemisferio norte, se desconoce fecha de domesticación.  Llama y alpaca (herbívoros), domesticados en Sudamérica en 3500 a. C.  
El marco teórico de Diamond se fundamenta en tres tesis: la presencia de grandes mamíferos domesticables, la susceptibilidad de las plantas locales para ser desarrolladas para la agricultura y la influencia de la orientación del eje mayor continental para la facilidad de la dispersión cultural y técnica.
Fuente: Wikipedia.

Por Mariella Balbi- Político.pe
La evaluación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre el coronavirus en el Perú es contundente. Revela que el gobierno miente respecto a la evolución de la pandemia. Informa que el pico de la enfermedad será en agosto, que nuestra tasa de letalidad es superior al 3% y que en octubre los muertos llegarían a 48 mil. Adicionalmente, no hay camas UCI (prometieron incrementarlas), ni oxígeno, ni alcohol y el desbarajuste respecto a las mascarillas es de espanto. Muchas no sirven, pero igual se usan.
El COVID-19 prospera, las cifras hablan, pero el mandatario se queja en sus presentaciones del desastre que dejaron los gobiernos de los últimos 30 años. No admite que gracias al apropiado manejo económico de estos dispone hoy de una caja fiscal generosa, que le permite ofrecer los innumerables bonos, aunque no sepa repartirlos. Olvida además que no ha hecho nada por la salud.
Durante los períodos de Humala, PPK y Vizcarra el cierre de brechas (salud, educación, conectividad, reducción de pobreza) se estancó. Las cifras no mienten, aunque el peruano, en medio de su hartazgo por la corrupción y la ineptitud, no lo note. La inutilidad frente a la reconstrucción del norte es desesperante. Poblaciones olvidadas y abandonadas a su suerte porque no se sabe proyectar ni ejecutar.
Vizcarra pagará US$128 millones al Reino Unido por administrar los proyectos de la reconstrucción, el 6.4% de una inversión de US$2000 millones. Nada está muy claro, menos si funcionará en medio de esta pandemia. Los ingenieros peruanos ya protestaron porque “se contratará indiscriminadamente a empresas extranjeras” y porque no se revisan los expedientes técnicos ni se cambian los procedimientos de contratación de proyectos. ¿Podrá la monarquía inglesa con el potente tráfico de terrenos norteño? Veremos.
La guerra por el control de la Fiscalía y el JNE volvió con fuerza. Un grupo de comunicación impulsa nuevamente una sucia campaña contra el fiscal Gonzalo Chávarry, condenándolo de antemano y presionando a la Junta Nacional de Justicia en su contra para desaparecerlo de la faz de la tierra si es posible.
El conglomerado de prensa está empeñado en que el fiscal gobiernista Pablo Sánchez no vaya al JNE pues la fiscal Zoraida Ávalos se quedaría sola en la junta de fiscales. Las pruebas presentadas contra Chávarry son ridículas, propias del fantasioso caso ‘Los Cuellos Blancos’. Hace quince días este Congreso no pudo acusarlo, pero los congresistas de Acción Popular liderados por Yonhy Lescano –a quien Ávalos le archivó la denuncia por acoso sexual– volvieron a la carga junto con la bancada del Partido Morado, jefaturado por el rey del escape, Julio Guzmán. Se entiende el fracaso del Ejecutivo ante el COVID-19.

Cuatro en raya

Editorial Diario El Comercio.
En menos de dos meses, una seguidilla de denuncias sobre contrataciones de determinadas personas o empresas a fin de trabajar para el Estado que no debieron producirse ha puesto al presidente Vizcarra en una situación incómoda. A ninguna de ellas las contrató él mismo, por supuesto. Pero en varios casos sí alguien de su entorno; y en otros, su presunta o probada cercanía a los beneficiados por el contrato ha sembrado la duda de si existió algún favorecimiento producido al amparo del poder que emana de la figura presidencial.
El primero fue el caso de Richard Cisneros, contratado nueve veces para ofrecer servicios de dudosa utilidad para el Ministerio de Cultura desde que el actual jefe de Estado asumió el poder, en el 2018. La relación entre ambos venía desde que Cisneros colaboró en la campaña de Peruanos por el Kambio en el 2016, y el propio mandatario declaró que seguramente eso permitió que tuviera “una participación en algún nivel del Gobierno”. Sus intentos de explicación, además, no impidieron que tanto el Ministerio Público como la Comisión de Fiscalización del Congreso se abocasen a investigar el asunto con resultados que todavía no conocemos.
Vinieron luego, y casi al mismo tiempo, los casos que involucran a la secretaria general del despacho presidencial, Mirian Morales, y la asesora presidencial Karem Roca. Más allá de que en determinado momento cada una de ellas se reunió con el ya mentado Cisneros, ambas han sido asociadas a contrataciones de trabajo para el Estado que no debieron ocurrir. Las más importantes, la de la hermana de la expareja de la señora Morales, Claudia Teresa Mere Vidal, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (mientras Morales era funcionaria de ese sector), y la de la empresa de vigilancia de la señora Roca y su padre por el Gobierno Regional de Moquegua, cuando lo encabezaba el actual mandatario y ella trabajaba también allí.
Sobre estos contratos, cabe anotar, no ha existido ni siquiera un intento de explicación oficial. Solo el alegato, en el segundo caso, de que no hubo nada ilícito.
El domingo pasado, por último, el programa “Cuarto poder” reveló que el cuñado del mandatario, Freddy Herrera Begazo (esposo de su hermana Doris), quien contrataba con el Estado desde el 2015, siguió haciéndolo en varias oportunidades después del 28 de julio del 2016, a pesar de que no debía hacerlo. Como se sabe, en esa fecha se instaló el actual gobierno con Martín Vizcarra como primer vicepresidente y, por lo tanto, la relación de parentesco entre ellos suponía un impedimento legal para ello.
La pregunta fundamental, por supuesto, es si el jefe de Estado supo de ello en su momento o fue más bien algo que sucedió a sus espaldas… Cada quien sacará sus conclusiones sobre lo verosímil que esta última opción resulta, pero entre tanto, en el Congreso y fuera de él, las exigencias de que la materia sea investigada han menudeado. Y el problema es que las reacciones del presidente al respecto no pueden ser calificadas exactamente de respuestas. No de respuestas sobre lo que hace falta saber, en cualquier caso.
Decir, en efecto, que el Gobierno está “abierto a cualquier tipo de investigación” es poco más que una perogrullada. ¿Imagina acaso alguien al mandatario anunciando lo contrario? Y por otra parte, hablar de “poner el pecho” frente a los esfuerzos indagatorios es de un dramatismo que no se justifica: estamos hablando de una investigación, no de balas disparadas por alguien.
La insinuación de que los afanes esclarecedores obedecen a una ofensiva artera no viene, pues, al caso. Sobre todo porque esta denuncia, que es la que más cerca cae del presidente, tiene algo de lluvia sobre mojado. Junto a este, los casos relacionados con Cisneros, Morales y Roca forman, efectivamente, una serie inquietante, un cuatro en raya que no debe ser desdeñado con fórmulas altisonantes que no tocan el asunto de fondo, sino atendido con explicaciones minuciosas que por el momento no se distinguen.

El estate quieto funcionó

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Con un ánimo y actitud muy diferentes a la matonería del último domingo 5 de julio, el presidente de la República dio este miércoles 8 un mensaje a la nación que parecía, según el contexto, su despedida. Luego de hacer un balance del Estado de Emergencia Sanitaria –con “logros alentadores”, según fuentes oficiales, y recuperación de empleos–, el presidente desarrolló en tono modesto y humilde el tema político que usó para pechar al Congreso tres días atrás y que terminó explotándole en la cara.
No solo anunció la convocatoria para el jueves 9 del llamado “Consejo de Estado”, al que no asistiría la presidenta del TC -pésimamente asesorada, por haber salido con la cabeza caliente a despotricar contra la eliminación de su inmunidad en sendas entrevistas periodísticas-, sino que el presidente dio el paso definitivo de la capitulación al firmar ante cámaras de televisión la convocatoria a elecciones generales para el segundo domingo de abril del 2021. Despejó así cualquier posibilidad de quedarse en el cargo.
Lo hecho por el presidente es pura concesión a un Congreso –que ya no puede disolverse– y lleva por finalidad hacer las paces. El mensaje de fondo es que él se va en la fecha establecida por la Constitución y no antes, que sería lo que más teme luego de ver los sorpresivos resultados de la votación del Congreso el último domingo. Mientras tanto parece previsible que, por el nuevo tono, el Congreso también recule: ya lo están haciendo varios congresistas, a los que parece que les importaba más darle un estate quieto al presidente que estatuir un cambio constitucional peligroso para todo el andamiaje institucional político del Perú.
Mi impresión es que no habrá, por supuesto, eliminación de la inmunidad parlamentaria (lo que, en mi opinión, es estupendo) y que, de igual modo, todo lo aprobado en la primera votación del último domingo volverá a foja cero. Al final, es lo mejor que le puede pasar al Perú, aunque siempre haya algunos maximalistas y fanáticos que no dejarán de gritar en contra del Parlamento. Pero lo cierto es que el presidente está de salida y se lo ha hecho entender bien claro al Congreso.

Cuñado de Martín Vizcarra cobró más de S/320 mil en servicios al Estado desde el 28 de julio del 2016

Fredy Herrera Begazo siguió contratando con un programa adscrito al Ministerio de Agricultura pese a que su cuñado, Martín Vizcarra, había jurado como vicepresidente de la República.
El ingeniero Fredy Herrera Begazo, esposo de la hermana del presidente Martín Vizcarra, Doris Vizcarra, recibió más de S/320 mil por sus servicios al Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) adscrito al Ministerio de Agricultura (Minagri) desde el 28 de julio de 2016, según reveló este domingo un reportaje de ‘Cuarto Poder’.
Herrera Begazo siguió contratando con el Estado hasta mayo del 2019, pese a estar impedido desde el 28 de julio del 2016 por la ley de contrataciones del Estado cuando Martín Vizcarra, su cuñado, juró como vicepresidente de la República.
Según el informe de Cuarto Poder, el cuñado de Vizcarra cobró por sus servicios al Estado:
S/36 mil por sus servicios en prevención de conflictos en la zona del río Tambo, en noviembre de 2016
S/20 mil en otro contrato similar en abril de 2017
El portal de Transparencia del Estado registra S/100 mil soles de ingresos en el 2017.
Desde abril de 2018, hasta mayo de 2019 logró contratos en el PSI del Minagri hasta por S/190 mil, siempre como especialista en la resolución de conflictos.
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en base a la Ley de Contrataciones del Estado, precisa que “las personas que cumplan una función pública, así como sus familiares, no pueden contratar con el estado durante su gestión y hasta 12 meses luego de haber dejado el cargo dentro de la jurisdicción de su competencia”.
Están impedidos de contratar con el Estado el cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad del presidente o vicepresidente de la República, congresistas, entre otros altos funcionarios.
Cuarto Poder buscó el descargo de Herrera Begazo, cuya remuneración bordeaba entre los S/10 mil a S/30 mil por orden de servicio, pero no obtuvo respuesta.
Fuente: Diario El Comercio.

Sacerdotes Diocesanos

Fallece Padre Carlos Homero Neyra Villena

Sacerdote de la Parroquia”Santa Rosa de Lima” Oxapampa, y la Misión de San Pedro y San Pablo de Chontabamba (Vicariato de San Ramón). Durante años fue también vicario de la Parroquia Inmaculada Concepción de Comas- Diócesis de Carabayllo.

Robertina Santillana, congresista de APP, dio positivo al COVID-19 y fue internada

La congresista Robertina Santillana de Alianza para el Progreso (APP), dio a conocer que fue diagnosticada con coronavirus y que a la fecha se encuentra internada en un centro de salud con pronóstico reservado. Con anterioridad Humberto Acuña y Fernando Melendez (APP) también dieron positivo al CONVID-19.
La congresista de APP por la región San Martín, señaló que vive momentos difíciles y señaló que se contagió producto de constantes visitas a hospitales: “Son momentos difíciles para mi, ya que me encuentro internada con pronóstico reservado debido a que he dado positivo a #COVID19, producto de mis múltiples visitas a nuestros hospitales, apoyando incluso con mis propios medios a nuestra región”, indicó.
Pese a su ausencia en el Pleno extraordinario que se realizó el último domingo 5 de julio, Santilla expresó su voto a favor de que se elimine la inmunidad parlamentaria.
Finalmente, la legisladora instó a la ciudadanía a cuidar de su salud haciando uso de la mascarilla, respetando la distancia social y el constante lavado de manos.
Fuente: Canal N.

Moquegua: Zenón Cuevas, el cuarto gobernador regional contagiado con Covid-19

El gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas Pare, dio positivo al coronavirus luego de ser sometido a la prueba molecular en la ciudad de Tacna, confirmó hoy el gerente regional de Salud, Roy Ramos. Hasta el momento ya suman cuatro las autoridades regionales que se contagiaron con Covid-19.
El estado de salud de la máxima autoridad moqueguana es estable y se encuentra aislada en su domicilio por prescripción de su médico, tras la descompensación por diabetes que sufrió el último fin de semana.
Cuevas Pare se sometió a una prueba rápida que salió negativa, después se practicó una prueba molecular cuyo resultado fue positivo. El gobernador regional también sufre de hipertensión.
En Moquegua se reforzará el cerco epidemiológico, como medida de seguridad.
El gobernador regional de Madre de Dios también se contagió de coronavirus. Las otras autoridades regionales que se contagiaron de Covid-19 son: Elisbán Ochoa, de Loreto; Pedro Ubaldo Polinar, de Pasco, quienes ya retornaron a sus labores; mientras ayer se dio a conocer que Luis Hidalgo Okimura, de Madre de Dios; también tiene el virus.
Fuente: Agencia Andina de Noticias.

GOBERNADOR DE CUSCO CON CORONAVIRUS

El gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente contrajo COVID-19. Fue diagnosticado luego de que se practicara una prueba molecular y pasó a guardar cuarentena domiciliaria, según informó el Gobierno Regional a través de un comunicado.
El Gore-Cusco informó que Jean Paul Benavente habría contraído la enfermedad en medio de las intensas actividades que viene ejerciendo en la Ciudad Imperial .
Fuente: Diario El Comercio.

Congreso aprueba eliminar inmunidad parlamentaria y reduce otras prerrogativas

El Pleno del Parlamento aprobó, además, eliminar la inmunidad y antejuicio político para ministros de Estado. En tanto, el presidente de la República puede ser acusado por delitos contra la administración pública durante su mandato o con anterioridad.
El Congreso de la República aprobó con 110 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones, el dictamen que elimina la inmunidad parlamentaria y reduce esta prerrogativa para altos funcionarios del Estado, como el presidente de la República, a través de cambios en la Constitución. El debate se prolongó desde las 4:00 p.m. hasta después de las 9 p.m.
Momentos previos a la votación, el Pleno se enfrascó en una discusión por la incorporación en el texto sustitutorio de la propuesta de eliminación del antejuicio e inmunidad de ministros y el debilitamiento de esta para el mandatario, pues no había formado parte del debate original.
¿CUÁLES SON LAS MODIFICACIONES?
Así, la reforma constitucional modifica cinco artículos de la Constitución Política de la siguiente manera: el artículo 93 elimina la inmunidad parlamentaria y deja en manos de la Corte Suprema los delitos comunes cometidos por los congresistas durante su mandato; el artículo 99 dispone que ministros del Estado no cuenten con antejuicio político ni ningún tipo de inmunidad; el artículo 117 establece que el presidente de la República pueda ser acusado por delitos contra la administración pública durante su mandato o con anterioridad; el artículo 161 plantea que el defensor del Pueblo sea elegido y removido por el Congreso con el voto de dos tercios de su número legal; y, finalmente, el artículo 201 queda modificado para que la elección de magistrados del Tribunal Constitucional tenga los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema y para que a estos les alcance las mismas incompatibilidades de los congresistas.
RECHAZO
Fueron principalmente las bancadas del Partido Morado y Frente Amplio las que se opusieron a no solo eliminar la inmunidad parlamentaria, pues consideraron que el tema ameritaba un debate a mayor profundidad en la Comisión de Constitución.
«Invoco a la tranquilidad e invoco a la razón, no legislemos a la carrera en base a la indignación. Limitémonos al artículo 93 y al texto que nos han presentado», instó Francisco Sagasti, quien invocó a una cuestión previa para que el debate retorne al grupo de Constitución, la misma que fue rechazada con 16 votos a favor, 106 en contra y 2 abstenciones.
PENDIENTE DE VOTACIÓN
El titular del Parlamento, Manuel Merino De Lama, anunció luego de la sesión virtual del Pleno que, en cumplimiento del artículo 206 de la Constitución, la reforma constitucional deberá ser ratificada en la siguiente legislatura ordinaria.
Fuente: Diario EXPRESO.