PLANTEAMIENTOS DEL GOBIERNO DE CHILE RESPECTO AL ACUERDO DE ESCAZÚ
El “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, “Acuerdo de Escazú” en adelante “el Acuerdo” es un tratado internacional de Derechos Humanos referido a derechos de acceso en materia ambiental.
El Tratado no entrará en vigencia hasta que consiga la ratificación de al menos 11 países de América latina y el Caribe, situación que, a la fecha, aún no se materializa. En todo caso el Acuerdo dispone que los Estados pueden manifestar su consentimiento en obligarse, con posterioridad, en cualquier fecha mediante el mecanismo de la adhesión.
Con fecha 4 de octubre de 2018, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado de prensa conjunto, indicando las razones fundamentales por las que el país decidió “efectuar un análisis más profundo del Acuerdo”. Considerando el tenor del texto finalmente adoptado.
En el comunicado se plantearon los siguientes aspectos: – La institucionalidad existente para la protección del medio ambiente en Chile y su relación con Escazú; – El alcance y efecto que tienen los mecanismos que contempla el Acuerdo de Escazú a la hora de resolver controversias de carácter internacional y su implicancia interna.
A la luz del análisis realizado, corresponde reafirmar que Chile tiene una legislación ambiental que es reconocida, nacional e internacionalmente, por su contenido, alcance y consistencia. Compartimos plenamente la gran relevancia de la participación ciudadana, la transparencia y la justicia ambiental para el avance a un desarrollo sustentable. Así, nuestro país ha sido pionero en incorporar a nivel legal las temáticas planteadas por el Acuerdo, que incluye normas sobre participación, información y acceso a la justicia. En efecto, a partir del ingreso del país a la OCDE, Chile modificó su legislación en materia de acceso a la información, así como toda su institucionalidad ambiental, destacando principalmente la creación de los tribunales ambientales el año 2012, una jurisdicción especializada en la materia.
Sin embargo y desde un punto de vista técnico, el Acuerdo contiene normas que, conforme a su tenor literal, podrían ser eventualmente interpretadas como autoejecutables, y otras que, pese a contemplar reenvíos a la legislación doméstica, generan o podrían generar debate sobre su aplicación en virtud del control de convencionalidad. En efecto la aplicación de los principios, definiciones y disposiciones generales del Acuerdo sumado a su carácter supra legal, abre una incertidumbre grave respecto a la normativa de fondo aplicable.
En este sentido, el Gobierno de Chile considera inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú, atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna, todo lo cual generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y, planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica. Además, el Acuerdo expone al país a demandas ante Tribunales Internacionales por problemas de interpretación de estas nuevas regulaciones. Finalmente, hay que agregar que el Tratado no admite reservas y que establece diversas obligaciones ambiguas para el Estado de muy compleja implementación.
Las razones o motivos antes señalados pueden agruparse en las siguientes categorías: (i) El Acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental. (ii) El Acuerdo podría implicar cambios inciertos en nuestra legislación, dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica. (iii) El Acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento. (iv) El Acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas.
I.El Acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental
El artículo 3° del Acuerdo establece una serie de principios que guiarán su implementación. Desde un punto de vista ambiental y en cuanto a su aplicación, en Chile existen tres tipos de principios: (i) Principios de aplicación indirecta: aquellos mencionados en el Mensaje de la Ley 19.300 y que inspiraron y se manifiestan en distintos instrumentos de gestión ambiental. (ii) Principios de aplicación directa: aquellos que están consagrados directamente en nuestra legislación, como por ejemplo en la materia específica de residuos a través de la Ley N° 20.920. (iii) Principios que podrían aplicarse frente a vacíos legales: corresponden a principios no reconocidos en nuestro ordenamiento y que pertenecen al ámbito internacional y que el juez podría aplicar con el objeto de resolver vacíos legales, en aplicación del artículo 76 de la Constitución, “…reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión”.
Ahora bien, el problema radica cuándo principios del ámbito internacional pudieran aplicarse interpretativamente contra ley o en contradicción con ciertas instituciones ambientales u otros principios ambientales reconocidos en forma indirecta o directa por nuestra legislación. En este sentido, de suscribirse el Acuerdo y dado su carácter supralegal, estos principios declarados, pero no definidos en Escazú, pasarían a tener una jerarquía superior, modificando los principios reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico y condicionando el mismo.
El hecho de que el Acuerdo no defina los principios propuestos como guía para la implementación del mismo, significa una incertidumbre y un problema interpretativo y de aplicación, que, en un tratado supra legal, tiene consecuencias difíciles de predecir, especialmente si la definición de los principios va a ser precisada a través de futuras Conferencias de Estados Partes del Acuerdo, quedando por tanto abierto el tema a futuras definiciones.
Por último, el artículo 4.8 del Acuerdo, establece que “en la implementación del presente Acuerdo, cada Parte avanzará en la adopción de la interpretación más favorable al pleno goce y respeto de los derechos de acceso”, criterio interpretativo que debiera seguir cada Parte y la Conferencia de las Partes en la aplicación y definición de los señalados principios, todo lo cual condicionará toda nuestra legislación ambiental y su interpretación. En conclusión, el hecho de que el Acuerdo no defina los principios propuestos como guía para su implementación en un tratado supra legal, genera gran incertidumbre y, un problema interpretativo y de aplicación concreta, con consecuencias difíciles de predecir.
II. El Acuerdo implica cambios en nuestra legislación, dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica
1.Inconsistencia de la definición legal de la garantía constitucional del Derecho a vivir en un Medio Ambiente libre de Contaminación (Art. 1° del Acuerdo).
1.El artículo 1° del Acuerdo establece como finalidad y uno de los objetos del tratado, la “protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano …”.
Dicho derecho es diferente al establecido en el artículo 19 N° 8 de la Constitución “Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, el cual está basado en un análisis de riesgo de aquello que podría ser peligroso para las personas (los contaminantes). Es más, de conformidad a la discusión que se produjo en la sesión 186 de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, se acordó justamente modificar la versión original, que hablaba del derecho a vivir en un medio ambiente libre de toda contaminación, eliminando la palabra “toda” y apuntando así a evitar riesgos peligrosos. Con todo, fue la ley 19.300 la que finalmente definió “Medio Ambiente Libre de Contaminación”1, como “Aquel en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental” (énfasis agregados). De esta forma, la garantía constitucional y su definición legal, podrían considerarse como la viga maestra de nuestra legislación ambiental, y a la cual han de supeditarse toda la normativa y los instrumentos de gestión ambiental.
Así, la definición legal de la garantía constitucional apunta entonces a evitar aquellos riesgos peligrosos de contaminantes, cuestión distinta a garantizar un medio ambiente sano, concepto no definido en el Acuerdo y de amplia discusión internacional, lo que podría llegar a interpretarse como una nueva obligación completamente distinta para el Estado, modificándose, por tanto, un pilar clave en nuestra legislación.
2. La autoejecutabilidad del Acuerdo y su carácter supra-legal, significarán cambios relevantes en las evaluaciones ambientales de proyectos, generándose por tanto incertidumbres, conflictos y judicializaciones relacionadas con la normativa a aplicar (Art. 7.2 del Acuerdo).
El artículo 7, en particular, el 7.2 contiene, a nuestro juicio, una norma de carácter autoejecutable.
Esta autoejecutabilidad de la norma, como hemos señalado, dado su carácter vinculante y supralegal, podrían llevar a que los tribunales de justicia hagan prevalecer el Acuerdo por sobre la legislación doméstica, lo que trae consigo graves situaciones de incerteza jurídica.
De esta manera, el problema radica en la autoejecutabilidad de la norma, su control de convencionalidad y la ambigüedad que la misma genera en caso de aplicarse, y no por el contrario, en el hecho de avanzar en la participación ciudadana, como ya ha propuesto el gobierno en un proyecto de ley que establece reglas claras. En el caso de la legislación chilena, los proyectos se evalúan a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual distingue entre proyectos que se evalúan a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), cuando existen impactos significativos, o a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuando no se generan dichos impactos significativos. Las DIAs, por regla general, no contemplan participación ciudadana, salvo en las denominadas “DIAs con carga ambiental”, esto es, aquellas que generan externalidades ambientales negativas a nivel local y un beneficio social.
Además, el artículo señalado menciona la exigencia de la participación “en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente…”, lo cual por tanto y dado el carácter de autoejecutabilidad de la norma en referencia, haría directamente exigible dicha participación en procedimientos y permisos sectoriales respecto a proyectos que de acuerdo a nuestra actual legislación ambiental y las tipologías y umbrales establecidos en el artículo 10 de la Ley 19.300 y artículo 3° del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, no son evaluados ambientalmente, sin que hoy, nadie pueda afirmar con claridad, a que procesos podría hacerse extensiva esta materia.
Finalmente, no es claro qué significa “participación del público”, que en la reglamentación chilena3 corresponde básicamente al derecho a acceder y conocer el expediente ambiental y a formular observaciones y a obtener respuesta fundada. En el texto del Acuerdo, el artículo 7.7 señala una cuestión diferente, ya que establece que “la autoridad pública que corresponda tomará debidamente en cuenta el resultado del proceso de participación”, cuestión que podría dar para diversas interpretaciones.
En definitiva, el Gobierno de Chile promueve la participación ciudadana y, de hecho, presentó un proyecto de ley que busca modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ampliando la participación ciudadana a todas las DIAs 4. Sin embargo, la técnica del Acuerdo y, en consecuencia, la aplicación de estas normas autoejecutables, llevarán inevitablemente a conflictos y judicializaciones relacionadas con la normativa a aplicar.
3. Incerteza respecto de la inclusión de participación ciudadana en procesos de tomas de decisiones ambientales que no se refieran a proyectos o actividades, por efecto de la autoejecutabilidad. (Art. 7.3 del Acuerdo).
Ahora bien, el artículo 7.3 utiliza un verbo rector diferente al artículo señalado en el acápite anterior, sin embargo y dada la indefinición de los principios y la interpretación armónica del Acuerdo, es altamente probable que esta norma (artículo 7.3) del Acuerdo adquiera un carácter autoejecutable.
De esta forma, y a la luz de las definiciones, principios y disposiciones generales, se podría extender la participación ciudadana a todo el proceso de toma de decisiones dentro del Estado en materia ambiental, lo cual podría ir más allá de las competencias del Ministerio del Medio Ambiente, como por ejemplo, en tiempos de escasez hídrica, la necesidad de contar con agua es clave y podría, dada la indefinición del Acuerdo, exigirse etapas de participación en las solicitudes de agua potable rural (APR).
Nuevamente, el problema no radica en más y mejor participación, sino en la indefinición del Acuerdo y la incerteza que introduce, en cuanto la técnica de la norma no permite tener la claridad sobre las materias que deban tener participación abriendo espacios de judicialización masiva sobre todo tipo de decisiones administrativas.
4. Legitimación amplia, directa y que incluye las omisiones, en el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Art. 8 del Acuerdo). El Acuerdo en su artículo 8.2 establece que “Cada Parte, en el marco de su legislación nacional, ha de asegurar el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y al procedimiento: (a) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental. (b) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales; (c) cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa el medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente”.
Por otra parte, el artículo 8.3 establece que “Cada Parte, considerando sus circunstancias, contará con: c) Legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, de conformidad con la legislación nacional”.
Sin perjuicio de que los artículos mencionan “en el marco de su legislación nacional” y “de conformidad a la legislación nacional”, tal como están redactados y de conformidad con una interpretación amplia basada en los principios, definiciones y disposiciones generales del Acuerdo, y dado el carácter supra-legal del mismo, se podría dar una discusión sobre su autoejecutabilidad en sede judicial, lo cual podría alterar nuestra legislación, especialmente la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y la Ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, básicamente en tres aspectos: (i) El régimen general chileno es que las distintas acciones ambientales no corresponden a acciones populares, sino que la respectiva legitimación activa está establecida expresamente dependiendo de cada situación o acto administrativo ambiental. Así, en el daño ambiental, el artículo 54 de la Ley 19.300 establece que pueden demandar el Consejo de Defensa del Estado, el municipio respectivo y las personas que hayan sufrido el daño. Respecto al recurso de protección ambiental (art. 20 de la Constitución), puede recurrir el “afectado”. En relación a las reclamaciones normativas (art. 50 ley 19.300), las pueden interponer aquellos respecto a los que la norma genere un “perjuicio”5. Finalmente, las reclamaciones relacionadas con calificaciones ambientales de proyectos, previo agotamiento de la vía administrativa, las pueden interponer los titulares o aquellos que formularon observaciones. 6 Desde el punto de vista de la Ley 20.600, el artículo 17 establece taxativamente las materias de competencia del tribunal, y el artículo 18 la legitimación activa en relación a cada tipo de reclamación o acción (caso del daño ambiental).
(ii) El artículo 8 establece que “Cada Parte, en el marco de su legislación nacional, ha de asegurar el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y al procedimiento”.
Esta disposición estaría modificando las lógicas y reglas propias del derecho administrativo, ya que a nivel general (ley 19.880) o específico (por ejemplo, la ley 19.300), el acceso a los tribunales requiere en forma previa haber agotado la vía administrativa, con la finalidad de evitar decisiones contradictorias y por temas de economía procesal. Por otra parte, cuando se fortalece el acceso directo a la justicia ambiental, ello podría significar un desincentivo a la participación en los procedimientos administrativos, además de plantearse interrogantes respecto al rol de los tribunales y la posible sustitución del actuar administrativo discrecional a través de sus sentencias. (iii) Finalmente, el artículo 8.2 establece el derecho amplio de recurrir e impugnar en relación a omisiones, cuestión que, salvo el recurso de protección ambiental, no está contemplada en nuestra legislación respecto de otros actos administrativos de índole regulatorio. En efecto bajo esta interpretación los tribunales de justicia podrían sentirse convocados a mandatar o incluso sustituir, el actuar de la administración en materia ambiental.
5. Facilidades en cuanto a la producción de la prueba del daño ambiental (Art. 8.3 e) del Acuerdo).
El Acuerdo establece que, para garantizar el derecho de acceder a la justicia en asuntos ambientales, “Cada Parte, considerando sus circunstancias, contará con: e) Medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, cuando corresponda y sea aplicable, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba”.
Este artículo modifica el sistema probatorio en materia de daño ambiental, que está basado en la sana crítica y en que únicamente se contempla en el artículo 52 de la Ley 19.300, una presunción de culpabilidad a través del cambio del peso de la prueba del demandante al demandado cuando existen incumplimientos ambientales. Por otra parte, la Ley 20.600 en sus artículos 35 y siguientes, regula expresamente el procedimiento y la prueba, en forma bastante detallada y relacionada con una jurisdicción específica (tribunales ambientales), todo lo cual se vería modificado por la introducción del párrafo en comento.
6. Promoción de mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos ambientales (artículo 8.7).
El Acuerdo establece que “cada Parte promoverá mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos ambientales, en los casos en que proceda, tales como la mediación, la conciliación y otros que permitan prevenir o solucionar dichas controversias”.
Al respecto, nuestra legislación ambiental solo establece en la Ley 20.600 y para los casos de daño ambiental la conciliación7, en que es el Tribunal el que entrega las bases para la misma siguiendo el principio de “Indemnidad”, en virtud del cual no se debieran aceptar compensaciones económicas que sustituyan la reparación ambiental. Para el resto de los casos, que corresponden al contencioso administrativo ambiental (reclamaciones), no existen en la ley mecanismos alternativos de solución de controversias, dado que la función de los tribunales ambientales radica en el control de legalidad de los actos administrativos ambientales, por lo que de acuerdo al artículo 308 de la señalada ley, el Tribunal solo puede declarar si el acto recurrido se ajusta a la normativa ambiental, anulándolo en su caso. En este sentido, esta norma podría significar la sustitución del actuar administrativo ambiental a través de equivalentes jurisdiccionales acordados entre las partes.
Por lo anterior, dada la naturaleza jurídica de los procedimientos de reclamación administrativa de la ley 20.600 y por el deber del Estado de garantizar un medio ambiente libre de contaminación, es que resulta incompatible la norma del Acuerdo en relación a la decisión sobre la legalidad de un acto administrativo, por lo que carece de todo sentido que el Estado de Chile fuera obligado a promover mecanismos de solución de controversias no contemplados en el sistema procesal ambiental, donde se le ha entregado esta competencia de manera privativa a la jurisdicción especializada.
III. El Acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento.
9 1. Reconocimiento y tutela de los “Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales” (artículos 9.1 y 9.3).
Los artículos 9.2 y 9.3 del Acuerdo establecen: “Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales …”
“Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir …”
Resultan manifiestas las implicancias constitucionales de estas disposiciones, ya que las mismas significarían no solamente que Chile debiera reconocer legalmente a este grupo, sino que, además, el otorgamiento de un estatus diferente al de otras agrupaciones de derechos humanos, afectando así la igualdad ante la ley.
Chile, al igual que otros Estados, ya cuenta con diversas figuras legales que permiten llevar adelante las acciones señaladas en las normas del Acuerdo de modo general y para todo el que se vea afectado, a través de mecanismos sancionatorios y penales. Por ello es que las normas del Acuerdo solo pueden ser interpretadas en el sentido que pretenden imponer al Estado la obligación de elaborar un marco de protección legal especial para este grupo de personas, no siendo entonces suficiente la existencia de las normas generales actualmente vigentes. En tal sentido, se exigiría un trato y protección privilegiada generando un estatuto especial que carece de fundamento suficiente, pudiendo dar lugar a una discriminación arbitraria.
Por último, tampoco se define quién puede considerarse efectivamente un defensor ambiental, sobre el cual el Estado pasaría a tener obligaciones específicas y especiales, por sobre otras personas o grupos de derechos humanos en nuestro país, como ya se ha señalado.
En este sentido, de establecerse estas obligaciones para el Estado, su cumplimiento sería muy dificultoso, ya que colisionaría con principios constitucionales y mecanismos legales actualmente vigentes, lo que da cuenta que el Acuerdo contiene obligaciones amplias e indefinidas.
2. Entorno propicio (artículos 4.6 y 9.1).
El Acuerdo en los artículos 4.6 y 9.1, establece que “cada Parte garantizará un entorno propicio para el trabajo de las personas, asociaciones o grupos que promuevan la protección del medio ambiente [promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales], proporcionándoles reconocimiento y protección”.
Ambas disposiciones intentan imponer al Estado un mandato especial para la generación de condiciones adecuadas para el ejercicio de las funciones de estas personas, asociaciones o 10 grupos. Una vez más, ellas vienen a sumarse a las condiciones generales que hoy establecen las actuales regulaciones para el adecuado funcionamiento de los grupos intermedios y, en general, de toda asociación de la sociedad civil. La exigencia de generar una regulación especial vuelve a ubicar en un lugar privilegiado a estas entidades en relación con otras que también despliegan su labor en tareas tan relevantes como la protección del medio ambiente. Ello tensiona el mandato de igualdad ante la ley que exige nuestro derecho.
Por otra parte, este estatus especial podría llevar también a la discusión acerca del financiamiento de estos grupos y de su apoyo para la litigación.
Así, de establecerse estas obligaciones para el Estado, su cumplimiento sería muy dificultoso, ya que colisionaría con principios constitucionales y mecanismos legales.
3. Indefinición de cualidades ambientales de bienes y servicios (artículo 6.10)
El artículo 6.10 señala que “Cada Parte asegurará que los consumidores y usuarios cuenten con información oficial, pertinente y clara sobre las cualidades ambientales de bienes y servicios y sus efectos en la salud, favoreciendo patrones de consumo y producción sostenibles”.
En primer lugar, no existe una definición de las cualidades ambientales de bienes y servicios, lo cual abre un flanco interpretativo y una dificultad para el Estado respecto no solo a establecer el contenido de dicho concepto, el cual puede incluir desde las externalidades ambientales y sociales negativas hasta temas de trazabilidad, por ejemplo, hídrica o de carbono, sino que también respecto a cómo obligar a que la señalada información esté disponible para los consumidores.
Todo ello, además, resulta especialmente dificultoso en relación a la necesidad de generar información respecto a los servicios, lo que podría significar una suerte de evaluación ambiental de los mismos si lo que se pretende es evaluar su eventual riesgo, lo cual puede tener alcances insospechados.
4. Generación y divulgación de información ambiental privada (artículo 6.12)
Por otra parte, el artículo 6.12 del Acuerdo establece que “Cada Parte adoptará las medidas necesarias, a través de marcos legales y administrativos, entre otros, para promover el acceso a la información ambiental que esté en manos de entidades privadas, en particular la relativa a sus operaciones y los posibles riesgos y efectos en la salud humana y el medio ambiente”, obligando al Estado a generar un marco legal y reglamentario que lleve a generar información de entes privados acerca de sus posibles riesgos ambientales, sin precisar qué tipo de información, qué nivel de riesgo debieran declararse y cómo han de tratarse los temas relacionados con información de carácter sensible desde un punto de vista técnico.
IV. El Acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas.
El Acuerdo es un tratado internacional que contiene obligaciones susceptibles de ser demandadas ente tribunales Internacionales.
El Acuerdo incorpora un catálogo de nuevos derechos ambientales específicos, susceptibles de protección a través de órganos jurisdiccionales internacionales, cuyos contornos son difusos como antes se ha explicado. En efecto, nuestro país podría enfrentar: la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (por aplicación del Pacto de Bogotá de 1948 con los países que han suscrito dicho tratado de Resolución de Controversias) y la jurisdicción del sistema Interamericano de Derecho Humanos por ser Chile y los demás países que eventualmente ratifiquen el Acuerdo, partes integrantes de este sistema.
1. Chile puede ser demandado internacionalmente ante la Corte Internacional de Justicia por: a) Un Estado parte del Pacto de Bogotá en relación con controversias sobre la interpretación y aplicación de las normas del Acuerdo, en el evento que uno de los países miembros considere que nuestro país ha infringido el contenido de las normas de derecho internacional medio ambiental establecidas en el Acuerdo y, particularmente en la medida que tales supuestas infracciones afecten su territorio. b) Un Estado parte del Pacto de Bogotá en relación con controversias sobre la interpretación y aplicación de las normas del Acuerdo en ejercicio del derecho de Protección Diplomática, en defensa de sus propios connacionales que no han obtenido en la justicia interna de nuestro país el cumplimiento de los derechos que prevé el Acuerdo. El Estado demandante, en tal caso, no se transforma en un representante del particular, sino que acciona en defensa de su propio derecho (el derecho de proteger en la persona de su connacional el cumplimiento de las obligaciones de derecho internacional ambiental);
2. Chile puede ser demandado internacionalmente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El sistema se estructura a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante esos organismos se puede plantear una controversia, reclamando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Acuerdo en relación a la CADH; en la forma que a continuación se indica: a) Se podría demandar una supuesta infracción del Acuerdo por la vía de reclamar una vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: (i)Por Requerimiento de un Estado Parte del Sistema Interamericano: Chile puede ser requerido ante la Comisión por otro Estado parte del Sistema al tenor del artículo 45 de la 12 Convención. Dicho Estado podría reclamar una supuesta vulneración a preceptos vagos del Acuerdo, por la vía de reclamar una infracción al derecho a un medioambiente sano del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dado que este derecho no tiene un tratamiento explícito en la Convención, para su interpretación la CIDH o la Corte IDH podrían recurrir al Acuerdo. (ii)Por Instancia de Privados: Chile puede ser requerido por una persona, grupo de personas u ONG de un Estado miembro, ante la Comisión. Los privados formulan una petición ante dicho órgano, siendo, requisito previo para concurrir ante el mismo el haber agotado todas las instancias internas de reclamación (justicia local chilena). Los privados podrían reclamar ante ese órgano el incumplimiento del derecho a un medio ambiente sano (al amparo del artículo 26 de la Convención), recurriendo al Acuerdo para dotar de contenido a este derecho. La Comisión elaborará un informe el que someterá eventualmente a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que podrá declarar la responsabilidad internacional del Estado.
b) Chile podría ser sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de forma directa por un Estado parte del Sistema Interamericano, con el objeto de obtener una opinión consultiva. Este tipo de acciones se ejercerían en el evento que un Estado requiera una interpretación acerca de la forma como nuestro país está aplicando las normas del Acuerdo, al tenor del artículo 64.1 de la Convención y los efectos que de dicha interpretación se derivan en el contexto nacional o internacional.
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Santiago, 22 de septiembre de 2020
Notas:
1 Art. 2° literal m Ley 19.300. 5
3 Arts. 26 y ss., de la Ley 19.300
4 Proyecto de ley que introduce modificaciones en la institucionalidad ambiental, y en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (boletín 12.714-12).
5 En el caso de las normas de calidad primarias, y dado que tienen alcance nacional, cualquier persona podría impugnarlas.
6 Con todo, se ha abierto a través de la jurisprudencia una vía para recurrir directamente al Tribunal Ambiental a través de la Invalidación impropia ambiental (art. 17 N° 8 Ley 20.600).
7 Artículo 38 Ley 20.600
8 Artículo 30 Ley 20.600: “La sentencia que acoja la acción deberá declarar que el acto no es conforme a la normativa vigente y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o el acto recurrido y dispondrá que se modifique, cuando corresponda, la actuación impugnada. En el ejercicio de esta atribución el tribunal no podrá determinar el contenido específico de un precepto de alcance general en sustitución de los que anulare en el caso de los actos de los números 1 y 7 del artículo 17, así como tampoco podrá determinar el contenido discrecional de los actos anulados”.

Monseñor Cabrejos pide ratificación

Por Paola Calderón Gómez – Prensa CELAM.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Perú y del Consejo Episcopal Latinoamericano, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, dirigió una carta al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama y a los parlamentarios de la República en donde pide que el acuerdo de Escazú sea ratificado.
El prelado lamentó la muerte de tres peruanos de la etnia Kukama Kukamiria en el lote 95 en la localidad de Loreto, luego de presentarse un enfrentamiento con las fuerzas del orden, en medio de una protesta por la contaminación generada por las actividades de la empresa petrolera y la deficiencia de los servicios de salud y la falta de acciones efectivas ante la propagación del COVID-19 que viene afectando fuertemente a la Amazonía.
“Para proteger la vida de los pueblos indígenas u originarios, hay que garantizar la plena vigencia de sus derechos, por lo que es necesario reflexionar sobre la importancia de ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe – “Acuerdo de Escazú”, pues los acuerdos supranacionales fortalecen la institucionalidad y el bienestar principalmente de los más vulnerables en el Perú“. Se lee en la misiva.
La solicitud
La Iglesia recordó que el Acuerdo de Escazú fue generado por los propios países de América Latina y El Caribe y suscrito por el Perú, para fortalecer la democracia y la transparencia en materia ambiental, mediante el acceso a la información veraz, participación ciudadana, justicia ambiental y para garantizar el derecho a la vida y la integridad física de los defensores y defensoras de derechos ambientales; en particular de los pueblos originarios que actúan como custodios de la Casa Común.
En ese sentido la decisión de ratificar el Acuerdo de Escazú por el Congreso de la República, debe estar fundamentada en la verdad, y debe resultar como fruto de un diálogo honesto y transparente que respete el plazo de ratificación. “Como pastores y ciudadanos, invocamos a las autoridades a priorizar la defensa de la vida, la protección de los derechos, del ambiente y el desarrollo humano integral”. Indicó el prelado.
Igualmente advirtió que los valores de hermandad y solidaridad sustentan el Acuerdo de Escazú, pues reconoce la realidad pluriétnica y pluricultural, se encarga de promover la cultura del encuentro y el diálogo, la escucha mutua, el consenso, y la comunión; todo para encaminar decisiones soberanas que protejan y garanticen la vida de los pueblos y la ecología integral.

Por Mariella Balbi- Político.pe
La difusión de audios vergonzosos que comprometen seriamente a Martín Vizcarra no activará la vacancia presidencial. Pero es un gran triunfo del sector democrático. Después de dos años y medio de atropellos, trapacerías y control férreo de los medios e instituciones por el Ejecutivo, los peruanos de bien levantan cabeza. La ridícula teoría del complot contra el gobernante, planteada por IDL, fracasó.
Los variados audios nos ilustran –para quien quiera verlo– sobre una verdadera organización criminal: su gente de mayor confianza, el estrafalario y siniestro Swing, los cajeros, las órdenes del capo, su vinculación con importantes autoridades del sistema de justicia. La actuación de los parientes de Vizcarra es grotesca, presentes en todas partes, con la Fiscalía, con el sector privado. Qué más.
El audio en el que Vizcarra articula con Mirian Morales (funcionaria importantísima en Palacio) y Karem Roca (moqueguana, su secretaria 11 años) para ‘mentirle bien’ a la Fiscalía es contundente. Reparte bola para que ellas asuman los ingresos de Richard Swing a Palacio, se cobija bajo sus faldas, lavándose las manos cual Poncio Pilatos. La presión y el hostigamiento psicológico contra estas mujeres revelan abuso, pero nadie protesta.
En su breve presentación en el Congreso, el mandatario denigró a Roca presentándola como una mitómana profesional. La desacreditó para que no se crea en la valiosa información brindada. Una radiografía nítida de “El amigo en la sombra”, título de la novela sobre Vizcarra que Swing dice estar escribiendo. Roca merece toda la solidaridad y apoyo de los demócratas. Está en gran peligro.
Vizcarra quiso bloquear la vacancia guareciéndose bajo las faldas del Tribunal Constitucional. Fracasó. En el Parlamento centró su defensa enfatizando que se pondrá en manos de la Fiscalía. El gato de despensero. Los audios revelan el vínculo de jefa de la Fiscalía, Zoraida Ávalos, con el gobernante, a quien le disgusta el perfume de la magistrada. Ambos se reunieron el 9 de julio. Luego el congresista Édgar Alarcón recibió más denuncias fiscales.
Alarcón, que preside la comisión de Fiscalización, ha sido nuevamente linchado por los medios afines al gobierno. Similar a lo ocurrido con el fiscal Gonzalo Chávarry, masacrado por una irrelevante llamada con el ‘hermanito’ Hinostroza.
Los audios ‘Cuellos Blancos’ –administrados por el IDL– tuvieron en vilo al país durante tres meses y aún aparecen. No se verificó nada y la DIVIAC fue protagónica. Los audios revelan la podredumbre de este régimen, Chinchero incluido, y la calidad de mandatario (no elegido) que tenemos. Vizcarra le dio poder absoluto a Mirian Morales, no actuó por su cuenta.
Vizcarra tuvo el cuajo de presentarse como el paladín de la lucha contra la corrupción, pero se le quemó el pastel. Ni con los medios amigos saldrá de esta porque, dicen, vendrán más audios. Su abogado defendió a Odebrecht. Huele a ello.Foto: Misspolitica.com

RBG y el TC

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Los caviares son fariseos aquí y en todas partes. En Estados Unidos murió esta semana Ruth Bader Ginsburg (RBG), a la que los caviares elevaron a un altar de semidiosa llenándola de la parafernalia propia de una megaestrella, que es como en gringolandia se percibe a los semidioses. La anciana difunta juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos era abortista y feminista, de esas que los caviares adoran.
Como el cardenal Fleury, primer ministro de Luis XV, nadie esperó que esta veterana abogada viviera tanto, dejando a muchos con los crespos hechos. Vio pasar presidentes tras presidentes –en Estados Unidos el cargo de juez de la Suprema Corte es vitalicio–, pero finalmente Dios la llamó a rendir cuentas a los 87 años.
De inmediato empezó, como corresponde, la sucesión. Según la Constitución, el presidente de los Estados Unidos tiene la potestad de proponer al candidato a juez supremo, ante el Senado que lo ratifica o lo rechaza. Pero el presidente es Donald Trump (que ya designó en su mandato a un juez supremo conservador, Brett Michael Kavanaugh, al que las feministas le hicieron la vida imposible) y ya los caviares han puesto el grito en el cielo para que se abstenga de ejercer su derecho porque “eso sería un abuso que el pueblo no toleraría”, según dijo “Sleepy Joe” Biden en un arranque de frustración e impotencia.
Trump, por supuesto, se ha zurrado en la nota y ya empezó el proceso de selección para que el Senado de mayoría republicana decida quién reemplaza a la díscola anciana RBG (muy parecida, por cierto, a Ruth Gordon, la bruja de El bebé de Rosemary).
Mientras tanto, aquí en el Perú los caviares actúan de la misma forma totalitaria que Joe Biden y sus esbirros en la prensa, ONG y opinología (que se hacen llamar la “opinión pública”). Ya han salido varios a advertir que el actual Congreso no debería designar a los seis de siete miembros del Tribunal Constitucional con mandato vencido desde hace dieciocho meses, y que es mejor que lo haga el nuevo Congreso que se elegirá en las elecciones generales de abril de 2021. ¿Hay alguna norma constitucional que limite el poder del Congreso a ejercer su función? NINGUNA. No olvidemos que el anterior Congreso –que no pudo terminar su mandato– fue disuelto, precisamente, por querer ejercer su función de elegir a los miembros del TC y al que los caviares, desde el Estado y fuera de él, le inventaron una serie de objeciones en la elección ya estatuida por el propio Reglamento del Congreso y la Constitución, y bajo los cuales fueron elegidos los siete magistrados aún en funciones.
Se alegó “falta de transparencia”, se creó una campaña mediática de grueso calibre y el mismo día de la elección se presentó una “cuestión de confianza” para detener el proceso. Y ¡zaz!, se disolvió el Congreso.
Hoy lo anterior ya no puede ser posible según la Constitución, y no hay nada que impida que el Parlamento elija a los magistrados, pese a la pataleta que ya vienen haciendo los caviares desde sus poderosas trincheras. No faltarán zancadillas en el camino pero en Estados Unidos y aquí, independientemente de quién gane las presidenciales, habrá nuevo juez de por vida en la Corte Suprema y nuevo TC por siete años. Ese será el mejor legado de Trump y de nuestro Congreso.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE SENTIDO COMÚN

Por Federico Prieto Celi– LaAbeja.pe
Después de la vacancia, podemos hacernos nuestras propias suposiciones de lo que ocurrió en los últimos diez días, en la última crisis política, sin ofender a nadie.
-¿Por qué llamó el presidente del Congreso al comandante general de la Marina, antes de la sesión sobre la vacancia presidencial?
-Para que los comandantes de las Fuerzas Armadas le digan si estaban a favor o en contra de la vacancia. Estaban en contra.
-¿Desde cuándo llamar por teléfono a los comandos de las Fuerzas Armadas es un complot para dar un golpe de estado?
–Desde que el presidente de la República no dice la verdad. ¿Miente?
-¿Por qué habló el presidente del Consejo de Ministros al país con los comandantes generales del Ejército, la Marina, la Aviación y la Policía con uniformes de combate?
-Porque los tenían puestos y el gobierno aprovechó para asustar a los congresistas.
–¿Por qué se prestaron esos cuatro comandantes generales a posar detrás del presidente del Consejo de Ministros?
-Porque después de deliberar entre ellos, decidieron apoyar al presidente Vizcarra, como hicieron cuando ordenó el inconstitucional cierre del parlamento anterior.
-¿Por qué el poder legislativo y el poder ejecutivo miran a las Fuerzas Armadas?
-Porque el primer poder del estado es el que tiene las armas… y el poder real.
-¿Por qué muchos se opusieron a la vacancia presidencial?
-Porque más vale malo conocido que bueno por conocer.
-¿Porqué el presidente Vizcarra habló de prácticas montesinistas?
-Porque todos imitan a Montesinos, desde hace 20 años, pero no lo pueden superar.
-¿Por qué los presidentes de Colombia, Ecuador y Bolivia invocaron a respetar la democracia en el Perú?
-Porque cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar.
-¿Por qué la campaña de las cacerolas no funcionó?
-Porque todavía no estamos como Chile con Salvador Allende.
-¿Por qué el presidente del consejo de ministros es un militar?
-Porque el civil no asustaba ni al parlamento y lo mandaron a la OEA.
-¿Por qué el presidente de la República no tiene incapacidad moral permanente?
-Porque la tiene la mayoría del Congreso.
-¿Por qué el presidente de la República llama directamente por teléfono?
-Porque no tiene secretarias.
-¿Por qué la gente mira con indiferencia la crisis política?
-Porque está en guerra con el virus chino.
-¿Cómo acabará este sainete?
-Eso no lo sabe ni Richard Swing.
[Salvo error u omisión; este es un caso de política ficción].

FISCAL ANTICORRUPCIÓN IMPLICA AL PRESIDENTE VIZCARRA EN CASO DE CONTRATOS IRREGULARES DE ‘RICHARD SWING’

Por Luis Enrique Pérez- Convoca.pe
La fiscal anticorrupción Janny Sánchez Porturas, a cargo del caso ‘Richard Swing’, considera que el mandatario habría coordinado con Mirian Morales, saliente secretaria general de Palacio de Gobierno, para contactar a los ministros de Cultura —que ocuparon este cargo entre 2018 y 2020— para facilitar las contrataciones del cantante y productor musical. Durante esos años, se emitieron nueve órdenes de servicios a favor de Richard Cisneros Carballido por más de 175 mil soles.
El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción halló indicios de la presunta intervención del presidente Martín Vizcarra en las contrataciones irregulares del cantante Richard Cisneros (‘Swing’) en el Ministerio de Cultura, razón por la cual elevó un informe a la Fiscalía de la Nación para que esta instancia inicie las pesquisas a “altos funcionarios públicos”, entre ellos el actual mandatario, implicados en los actos indebidos, según la Disposición Nº13 firmada por la la fiscal especializada Janny Sánchez, a la cual accedió Convoca.pe.
De acuerdo con el documento fiscal, existen evidencias de que Richard Cisneros se habría valido de la confianza del jefe de Estado para que “al parecer, [Martín Vizcarra] recomiende o disponga” ante altos funcionarios, como la exministra de Cultura, Patricia Balbuena, la contratación de ‘Richard Swing’ en esa entidad ministerial.
La fiscal Sánchez precisa que en los hechos que son parte de la tesis preliminar se advierte la presunta vinculación de altos funcionarios públicos como son el presidente Vizcarra y la exministra Balbuena, en presuntos hechos de connotación penal y que corresponderá a la Fiscal de la Nación pronunciarse sobre los hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción.
En base a su pesquisa, la Fiscalía Anticorrupción señala que con esa finalidad el mandatario Vizcarra habría coordinado con la entonces secretaria general del Despacho Presidencial, Mirian Morales, quien se encargaría de contactar directamente con los funcionarios del Ministerio de Cultura y con el investigado Richard Cisneros. Es decir, para viabilizar la contratación directa del cantante y productor musical.
Los altos funcionarios aludidos serían los ministros de Cultura que ocuparon este cargo cuando se realizaron las nueve contrataciones directas a favor de Richard Cisneros, entre 2018 y 2020. En este periodo los titulares de esta cartera ministerial fueron Patricia Balbuena, Rogers Valencia, Ulla Holmquist, Luis Castillo, Francesco Petrozzi y Sonia Guillén.
Los contratos de servicios de Richard Swing fueron emitidos entre julio de 2018 a abril de 2020.
En el caso de la exministra Patricia Balbuena, el Ministerio Público indica que durante su gestión se habría creado una necesidad de servicio direccionando el perfil del proveedor al currículum vitae de Richard Cisneros, mediante coordinación con la exsecretaria presidencial Mirian Morales. El texto añade que los montos de los contratos al parecer estarían sobrevalorados.
En otro de los puntos del documento fiscal, la fiscal Sánchez, indicó que las coordinaciones previas, los ministros de Cultura, serían quienes coordinarían a su vez con los secretarios generales de ese sector, para que a su vez “coordinen y acuerden” con los otros funcionarios para la factibilidad de la contratación directa de Richard Cisneros.
El documento incluye un gráfico piramidal que señala que el esquema de contratos habría estado liderado por el jefe de Estado, Martín Vizcarra, pasando por los ministros de cultura y funcionarios de diferentes niveles en ese sector.
El presidente, ministros de Cultura y otros funcionarios involucrados en los contratos de Richard Cisneros, según la Fiscalía.
Además, la fiscal Sánchez señaló que Diana Yamashiro Oshiro, exsecretaria general del Ministerio de Cultura durante las gestiones de Sonia Guillen y Alejandro Neyra (del 17 de enero al 30 de junio de 2020), se habría reunido con ‘Richard Swing’ para coordinar y acordar las contrataciones directas del año 2020. Según el Ministerio Público, esa funcionaria habría coordinado con otros servidores públicos para direccionar el perfil de las órdenes de servicios.
En la ampliación de investigación, resalta que la fiscal indica que si bien el jefe de Estado, Martín Vizcarra, no puede ser involucrado en calidad de investigado ya que goza de inmunidad, en su momento sí será llamado para obtener su testimonio, que podrá ser presentado de forma oral o escrita.
La Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima dispuso ayer que se ampliara las pesquisas por el caso de Richard Cisneros Carballido (‘Swing’) y se incluya como investigadas a las dos exfuncionarias de Palacio de Gobierno, Mirian Morales Córdova y Karem Roca Luque, así como a la ex secretaria general del Ministerio de Cultura, Diana Tamashiro Oshiro.
La fiscal Janny Sánchez Porturas considera que Mirian Morales y Diana Tamashiro actuaron como instigadoras de la presunta comisión de colusión agravada y, alternativamente, negociación incompatible. A Morales también se le investigará como autora del delito de obstrucción a la justicia y ocultamiento real.
Respecto a Roca Luque, exasistente en el Despacho Presidencial, se le investiga como presunta autora de ocultamiento real, así como falsedad genérica. Todos los mencionados delitos fueron en agravio del Estado.
Según la tesis fiscal preliminar, Morales Córdova sería quien habría realizado reuniones previas y coordinaciones, con el fin de que se viabilice la contratación directa del proveedor Richard Cisneros.
Asimismo, en base a diversos elementos, entre ellos la información de un testigo en reserva, y mientras se culminan las pericias para verificar la veracidad de algunos audios difundidos recientemente respecto al caso, se advierte que habría inducido a que se presenten falsos testimonios dentro de la investigación.
En tanto, a Diana Tamashiro se le investiga debido a que, desde su cargo de secretaria general del Ministerio de Cultura (del 17 de enero al 30 de junio del 2020), se habría reunido con ‘Richard Swing’ y con los demás funcionarios a cargo del procedimiento de contratación directa, para coordinar y acordar la elección de dicho proveedor por servicios innecesarios; direccionando el perfil y, al parecer sobrevalorando los montos contractuales, además de otras irregularidades materia de investigación, según la Fiscalía.
Sobre la exasistente de Palacio de Gobierno, se infiere que habría dado falso testimonio sobre los registros de ingreso a dicho lugar, y al sostener que fue ella la que se reunió con el investigado el 12 de octubre del 2018.
Hasta la fecha, son un total de 17 las personas implicadas en la investigación declarada como compleja, la cual está referida a las diversas irregularidades que se habrían cometido entre 2018 y 2020, al efectuar nueve órdenes de servicio a favor de Cisneros, por 175 mil 400 soles en total.

Abren investigación a asesor de Vizcarra

Por César Rojas- Diario EXPRESO.
Óscar Vásquez aparece en audios donde el Presidente coordina ocultamiento de pruebas del caso Richard Swing.
El caso Richard Swing llegó hasta instancias supremas del Ministerio Público, donde ya hay un informe para investigar a Óscar Manuel Vásquez Zegarra, asesor del presidente Martín Vizcarra, por presunto tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico.
Bersabeth Revilla, titular de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, se basa en diversos indicios para señalar que el comunicador habría actuado “por encargo” del mandatario para diversos temas, entre ellos, el de coordinar la defensa legal de Richard Cisneros con dinero del Estado.

Omar Chehade: «Martín Vizcarra es un pato, un pato rengo, un pato cojo»

El congresista de Alianza Para el Progreso (APP) Omar Chehade describió al presidente de la República, Martín Vizcarra, como un ‘pato’, ‘pato rengo’ y ‘pato cojo’. El término ‘pato rengo’ refiere al funcionario público cuyo mandato ya va a terminar y cuyo sucesor ya está elegido o nombrado.
«Es un presidente que lamentablemente está deslegitimado y ¿qué cosa es estar deslegitimado? No tener la autoridad moral para gobernar el país. El presidente Vizcarra es un pato, es un pato rengo, es una persona que como dice la doctrina política, es un pato cojo que no puede gobernar», señaló Chehade, quien es titular de la Comisión de Constitución del Parlamento.
El legislador de APP recordó, además, que la vacancia presidencial no es un juicio penal, sino un juicio político.
«Vizcarra es el presidente que miente, el presidente que de alguna manera no está con el pueblo, que falsea los documentos, que falsea documentación», añadió.
Luego, repitió que el mandatario es un ‘pato’, pero uno ‘rengo’ y uno ‘cojo’, que ya no podrá gobernar en los próximos meses.
Cabe recordar que el jefe de Estado acudió al Congreso para responder por el proceso de vacancia por incapacidad moral que ahí se le sigue tras la difusión de grabaciones que lo implican en el caso Richard Swing. En su discurso, negó que estos audios divulgados en la prensa signifiquen la comisión de un delito por parte suya.
Fuente: Diario EXPRESO.

Salvado mas no exculpado

Editorial Diario El Comercio.
Anoche, el Congreso de la República decidió no vacar al presidente Martín Vizcarra, luego de que una moción en ese sentido se aprobase el 11 de setiembre a propósito de una serie de audios hechos públicos por el parlamentario Edgar Alarcón.
Desde esta página hemos dicho en más de una oportunidad que la vacancia no era una medida sensata, especialmente en un contexto en el que deponer a un jefe del Estado solo hubiese atizado las crisis sanitaria y económica que enfrenta el país. La idea de que se dé un cambio de gobierno en medio de una pandemia hubiese sido imprudente, particularmente en base a indicios que bastan para iniciar una investigación al accionar del gobernante, pero no para emitir una sanción tan significativa como la que algunos congresistas pretendían.
Esta circunstancia, empero, no debe hacernos perder de vista que el mandatario no ha sido exculpado de alguna forma de los cuestionamientos que lo rodean. Para empezar, la presentación de Vizcarra y su abogado, Roberto Pereira, estuvo muy lejos de ser la que el país merecía. El presidente continuó rehusándole a la ciudadanía explicaciones claras sobre su vínculo con el señor Richard Cisneros y se enfocó en disputar la legitimidad de las grabaciones, mientras que la defensa de Pereira se basó en discutir la pertinencia de la herramienta constitucional empleada por el Congreso para responder a las transgresiones que se le imputan al presidente. En suma, el argumento fue que el mandatario merecía ser investigado, pero que esa tarea no le correspondía a la representación nacional.
Que el jefe del Estado acudiese al hemiciclo fue, sencillamente, lo que le correspondía por el compromiso que tiene ante la ciudadanía y las formas democráticas. Pero lo cierto es que se perdió una importante oportunidad para conjurar las sombras que envuelven su gestión y con ella se escamoteó una responsabilidad pendiente de su administración, que incluye aclarar las dudas sobre la contratación de personas cercanas a él y a sus exfuncionarias en el sector público. Que haya elegido evadir el fondo del asunto mantiene intactas las preguntas que han puesto en aprietos al Ejecutivo y es difícil imaginar que estas no vuelvan a generar una nueva crisis en los próximos meses.
Por otro lado, que el Poder Legislativo no haya vacado al mandatario tampoco libra a esta institución de todo lo ocurrido en la última semana. Que un proceso de esta naturaleza se haya tramitado de manera tan apresurada y que algunos representantes, como el titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama, incluso llegaran a tratar de acercarse a las Fuerzas Armadas, dejó claro que buena parte de los intereses que guiaron esta medida eran más políticos que justicieros.
El debate, por su parte, fue una combinación de calificativos y digresiones inexplicables. Resaltan, por ejemplo, la alusión de un congresista de Unión por el Perú a que el presidente debería ser condenado a pena de muerte y la insistencia de múltiples legisladores con tópicos y medidas que poco tenían que ver con la moción que los convocaba, como lo relativo a la norma que aprueba el retiro de los fondos de la ONP, que el Gobierno cumplió con observar.
Así las cosas, si algo ha quedado claro de toda esta crisis es que nuestras autoridades están harto alejadas de los apremios del país. El hecho de que, durante esta emergencia sanitaria, el Gobierno haya ejecutado gastos y tenido encuentros que no se preocupa por explicar, y que el Congreso haya ensayado un proceso político que amenazó con agravar todo, expresa nítidamente que los problemas que nos afligen son asuntos secundarios en sus agendas.

Martín Vizcarra al desnudo

Por Luis Garcia Miró Elguera– Diario EXPRESO.
El presidente que repite como papagayo “mi gobierno lucha permanentemente contra la corrupción”. El mismo presidente que ha dañado al país con sus emprendimientos. Desde el escándalo Chinchero, al “pacto secreto” con Odebrecht, la Reconstrucción con Cambios, la inseguridad ciudadana, etc. El presidente que ha llevado al Perú a que, internacionalmente, se le califique como “el país que peor ha gestionado la crisis del Covid”. El presidente que ha generado un desastre económico tras encomendarle el MEF a una señorita probablemente plena de calificativos teóricos, pero sin el peso específico que debe exhibir quien maneja las finanzas del país ni menos la experiencia que demanda administrar el Erario Nacional. En síntesis hablamos del presidente Vizcarra, quien aparece en audios dando órdenes a sus subalternos para que alteren los registros oficiales de palacio de gobierno a efectos de obstruir la Justicia para esconder pruebas fehacientes ante el Parlamento Nacional y la Fiscalía de la Nación, convirtiéndose en jefe de una organización criminal. A Vizcarra se le enrostra ejercer influencia desde su cargo para que el Estado contrate a amiguitos descalificados. Ese mismo Vizcarra que salía diariamente en televisión desinformando al país sobre la pandemia. Pues ayer, con jactancia y prepotencia, Vizcarra sostuvo “No entraré al fondo del asunto.
Eso que lo hagan los fiscales; no los congresistas”. Hablamos del orondo presidente que asistió al recinto congresal supuestamente para defenderse frente a la moción de vacancia por incapacidad moral acordada por la representación nacional. Aunque, de plano, se presentó mal trajeado. Sin corbata. Sibilino mensaje de desprecio al primer poder del Estado. Por cierto no se quedó a escuchar la defensa de su letrado. Más bien abandonó el Legislativo diciendo cínicamente: “Debo trasladarme a La Libertad, porque yo trabajo todos los días por nuestro país”. Una tonta excusa. Como si desconociese que la labor de un buen presidente implica que trabaje muchas veces las 24 horas al día. Sin aspavientos. Sin vanagloriarse. Recuerde ingeniero que ¡la carne viene con hueso!
También Vizcarra se refirió peyorativamente a la forma tendenciosa que “presentan los audios” del escándalo, en los cuales queda plenamente registrada su voz. Comete ahí flagrante ligereza. Porque en lugar de disculparse frente al país y el Legislativo, alegó que los audios “carecen de peritaje”. Avanzó más al manifestar que “todo proceso judicial en mi contra procedería recién al finalizar mi gestión”. Acá Vizcarra igualmente confunde en forma expresa que un extremo es referirse al proceso judicial y otro, muy distinto, a su temperamento como incapaz moral. Porque en esta instancia su idoneidad ética se encuentra descalificada. Tan sólo su voz es prueba fehaciente de incompetencia moral, cuando aparece lanzándole ucases a sus subalternos para que alterasen matrículas, repartiesen responsabilidades y modificasen registros oficiales que, de manera irrebatible, corroboran los delitos que se le imputan.
Sin embargo, ayer con ostensible hipocresía Vizcarra se limitó a pedir disculpas por la “gente cercana a mí” que divulgó trapicheos para trampear al país. Ni siquiera hubo un pedido de perdón al soberano por su comportamiento evidentemente falaz y delictivo.

Richard Cisneros llevó a George Forsyth al Palacio de Gobierno.

Mirian Morales a Karem Roca: “Hay que negar hasta el final visitas de Richard Swing”

Un nuevo audio propalado por ‘Panorama’ muestra las coordinaciones entre Mirian Morales, secretaria general de Palacio de Gobierno, y Karem Roca, asistente del Despacho Presidencial, para negar las visitas del cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’. Según dicho programa, el audio fue grabado el pasado 25 de junio, luego de la declaración de Morales ante la fiscal Yenny Huacchillo, de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que investiga las contrataciones de Swing.
Allí se revela la existencia de tres correos electrónicos de la visita de Swing a un personaje con las iniciales ‘SPR’, que serían ‘Señor Presidente de la República’. Incluso, dicho personaje ingresó a las reuniones con el mandatario con celular, pese a que el protocolo no lo permitía.
“Entró con celular. ¿Por qué entró con celular?”, pregunta Mirian Morales, a lo que Karem Roca responde: “Porque el presidente dijo que entre con celular. El presidente lo dijo, no es que a mí se me antoje. Porque son amigos pues”.
Incluso en ese momento de la reunión Morales se da cuenta de la existencia de los tres correos, que ahora están en poder del Ministerio Público y que corroboran la versión de las cinco visitas de Swing a Vizcarra. Los e-mails datan del 18 de abril y 12 junio del 2018, y 13 de agosto del 2019.
En el audio Mirian Morales y Karem Roca coordinan sobre cómo justificar las asistencias de Richard Swing a Palacio de Gobierno y lo que la segunda debe declarar ante la fiscal Yenny Huacchillo. También acuerdan decir que es el propio Vizcarra quien decide a quién recibe.
“Hay que negarlo hasta el final”, dice Morales al referirse a las visitas de Richard Swing a Vizcarra. “La cosa es cómo cubrirnos. Tenemos que cubrirnos todo el equipo”, añade. Incluso, al enterarse de la existencia de los correos, afirmó: “No, ahora el tema cambia, la versión tiene que cambiar”.
A su vez, Karem Roca manifiesta que una de las visitas la registró a nombre de Óscar Vásquez, uno de los asesores, aunque eso no aparece en el sistema. También ensayan algunas respuestas que darán ante la fiscal sobre las visitas, como decir que se trataron de “reuniones personales”.
“La única excusa que puedo decir es que este señor no vino a las reuniones, por eso no está en el sistema. Con eso me cubro, que mi sistema sigue siendo impoluto”, señaló Mirian Morales, quien hace mención de hasta siete visitas de ‘Richard Swing’.
El pasado 1 de junio un equipo de la fiscal anticorrupción Janny Sánchez allanó las oficinas de la Secretaría General de Palacio de Gobierno, como parte de las diligencias de recojo de documentos y otros indicios por la investigación preliminar a las presuntas irregularidades en la contratación de ‘Richard Swing’.
Fuente: Diario El Bocón.

Caso Richard Swing: Peritos determinaron que en Palacio se borraron correos electrónicos

Peritos en análisis digital forense del Ministerio Público determinaron que en Palacio de Gobierno se borraron correos electrónicos, justo 30 días antes de la intervención de la Fiscalía Anticorrupción a las oficinas administrativas del lugar, para recabar información sobre el caso Richard Cisneros.
Así se recuperaron correos electrónicos en los que se consigna oficialmente siete solicitudes de ingreso a Palacio de Gobierno de Richard Cisneros Carballido. El primer correo electrónico tramitado para el ingreso del cantante fue enviado al sistema de seguridad de la Casa de Pizarro el 19 de diciembre del 2017 por Karem Roca Luque, asistente personal del entonces vicepresidente de la República, Martin Vizcarra.
El segundo correo electrónico fue enviado por Luis Amadeo Luna de la Cruz el 2 de abril del 2018. Ese día, ya con la banda presidencial tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra tomó juramento a su primer gabinete en el patio de honor de Palacio de Gobierno y Richard Cisneros fue uno de los invitados.
Es allí donde empiezan las visitas continuas. Los peritos del Ministerio Público encontraron un tercer correo electrónico enviado por Karem Roca el 18 de abril del 2018, solicitando autorización de ingreso del cantante hoy también investigado por la Fiscalía. Dos meses después, el 12 de junio del 2018, otra vez, la entonces asistente personal del jefe de Estado vuelve a tramitar vía e-mail una nueva visita.
Richard Cisneros se movía en las entrañas mismas del poder, pues 16 días después, es decir el 28 de junio del 2018, Ángela Patricia Mariños Flores, asistente administrativo de la entonces secretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, solicita también autorización de ingreso del cantante.
Según los registros encontrados por los peritos de la Fiscalía, el 12 de octubre del 2018, Karem Roca Luque, una vez más, tramita otra visita de este personaje.
Finalmente, el séptimo y último correo de solicitud de autorización de ingreso de Richard Cisneros a Palacio de Gobierno, lo pide el 13 de agosto del 2019, Julio Ubillús Boada, funcionario del servicio diplomático que fue destacado a trabajar con el presidente Martín Vizcarra.
Los peritos en análisis digital forense de la Fiscalía encontraron que, a pesar de la existencia de los siete correos electrónicos, sólo se consignó el ingreso de Richard Cisneros en dos oportunidades y que la tabla de registro “ha sido alterada”.
De acuerdo a información a la que este canal tuvo acceso, los expertos en informática lograron recuperar 27 mil 420 correos electrónicos de los años 2017, 2018 y 2019, los cuales, sospechosamente, “sin ningún criterio establecido”, fueron eliminados de la bandeja respectiva.
Fuente: www.americatv.com.pe

A días de celebrarse el 198° aniversario de creación del Congreso de la República, se ofició la misa en la capilla Juan Pablo II del Hospicio Ruiz Dávila del Parlamento.
El acto religioso fue oficiado por el padre Ángel Ortega Trinidad, capellán de la institución.
Participaron el presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama, y los vicepresidentes Luis Valdez Farías, Guillermo Aliaga Pajares y María Teresa Cabrera Vega.
También asistieron algunos voceros y legisladores de las bancadas como Otto Guibovich (AP), José Luna (PP), Jorge Pérez (SP), Edgar Alarcón (UPP), entre otros.
La misa fue transmitida por la plataforma virtual a fin de que sea seguida por los demás parlamentarios, funcionarios, trabajadores de la institución y los fieles católicos.El 20 de setiembre de 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente del Perú convocado por el Libertador José de San Martín y Matorras.
Este acto fue un paso decisivo en el proceso emancipador y de democratización de la Patria.
Fuente: Centro de Noticias del Congreso de la República.

Ocho bancadas demandan que ministros Walter Martos y Luis Incháustegui vayan al pleno por conspiración

Por Carlos Hinostroza Sánchez y Gonzalo Arcasi Mariño- Diario Gestión.
El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y el ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, están en la mira del Congreso.
Las bancadas de Acción Popular, APP, Podemos Perú, UPP, Frente Amplio y Fuerza Popular pidieron que ambos ministros acudan al Pleno a fin de que rindan cuentas por los audios difundidos en los últimos días y que generaron una crisis política.
En el caso de Martos, su presencia en el Parlamento es requerida para que revele los nombres de los dos líderes de partidos políticos que llamaron al presidente Martín Vizcarra para pedirle la postergación, por dos años, de los comicios del 2021.
Precisamente, ayer se le consultó al presidente Martín Vizcarra los nombres de las personas que lo llamaron, pero evitó responder y se alejó de la prensa.
En lo que respecta a Incháustegui, los grupos parlamentarios exigen que el ministro diga los nombres de las presuntas personas ligadas a Acción Popular y el Congreso que lo contactaron para que forme parte de un “gabinete de transición”, liderado por Manuel Merino de Lama.
Lanza advertencia
En diálogo con Gestión, el vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, cuestionó las declaraciones del titular del MINEM, al señalar que, de manera irresponsable, hace una denuncia y no la fundamenta.
“Estamos exigiendo que el ministro dé los nombres de las personas que lo llamaron, por eso es que debe ser citado al Congreso. Si no lo hace, se pone en riesgo de que presentemos una denuncia por difamación y calumnia en su contra, y hasta sería plausible de una interpelación”, advirtió.
Burga recordó que su partido tiene más de 280 mil militantes inscritos, por lo que dijo cualquier persona pudo haber tomado el nombre de su agrupación. Por eso, reiteró, es necesario que revele los nombres.
“Aún no hemos tomado una decisión, por la memoria del padre del ministro. Estamos dándole un plazo para que diga los nombres, antes de tomar cualquier medida. Él (Luis Incháustegui) nos ha insultado y eso no debe quedar así”, apuntó.
Al igual que Burga, Carmen Omonte, de APP, señaló que si el ministro no aclara esta situación demostraría que simplemente se prestó para generar zozobra ante la población.
“De no corroborar los hechos, quedaría demostrado que el ministro, con sus declaraciones, buscaba distraer a la gente con el verdadero fondo de las crisis política que atravesamos”, indicó a este diario.
En tanto, Mártires Lizana, de Fuerza Popular, dijo que el Parlamento debería darle facilidades a Incháustegui para que rinda cuentas ante el Pleno o a alguna comisión ordinaria.
“Si no aclara, todo lo que dijo el ministro caerá en saco roto. Lo importante es que revele los nombres de las personas que lo llamaron”, enfatizó.
El ministro Luis Miguel Incháustegui denunció que dos personas cercanas a Acción Popular lo llamaron para que integre un “gabinete de transición” liderado por Manuel Merino.
El ministro Luis Miguel Incháustegui denunció que dos personas cercanas a Acción Popular lo llamaron para que integre un “gabinete de transición” liderado por Manuel Merino.
Moción de invitación
La bancada de UPP presentó ayer una moción de invitación a fin de que Martos acuda ante el Pleno y explique sus declaraciones emitidas el último domingo.
“El primer ministro Walter Martos, hasta ahora no ha esclarecido quienes fueron las personas que llamaron al presidente, por eso es que lo vamos a convocar para que diga la verdad. Espero que las demás bancadas apoyen nuestra moción”, indicó el congresista Javier Mendoza a este diario.
En la misma línea, José Luis Ancalle, del Frente Amplio, dijo a Gestión que su agrupación también alista una moción para citar al titular de la PCM.
“El señor Martos debe identificar a los partidos que llamaron al presidente y no generalizar, porque no todos tenemos los mismos intereses. Uno no puede declarar hechos que no conoce, así que no debería correrse del Congreso”, manifestó.
El legislador de Podemos Perú, Carlos Almerí, señaló a Gestión que su grupo evalúa apoyar estas mociones, debido a que urge una aclaración desde el Ejecutivo.
“Todas estas declaraciones de los dos ministros son actos de inexperiencia política y sujeción al presidente Vizcarra, deberían hacer un mea culpa (…) Dada las expresiones del premier Martos, tiene que venir al Congreso a hacernos una explicación. Para nosotros sería suficiente”, enfatizó.
El primer ministro Walter Martos señaló que dos líderes de partidos políticos llamaron al presidente Martín Vizcarra con la finalidad de pedirle la suspensión de los comicios del 2021.
El primer ministro Walter Martos señaló que dos líderes de partidos políticos llamaron al presidente Martín Vizcarra con la finalidad de pedirle la suspensión de los comicios del 2021.
¿Acudirá Vizcarra?
Este viernes el presidente Martín Vizcarra ha sido citado por el Congreso para que brinde sus descargos ante el proceso de vacancia iniciado en su contra a raíz de los audios difundidos el fin de semana; sin embargo, hasta la fecha no ha habido una confirmación por parte del mandatario.
Al respecto, tanto Burga como el vocero de Podemos Perú, Daniel Urresti, coincidieron en señalar que el mandatario está obligado a acudir ante el Pleno, de lo contrario su situación se agravaría aún más.
“El presidente Vizcarra tiene la responsabilidad moral de acudir este viernes ante el Congreso y explicarnos lo que dijo en los audios. Él no está acusado ni investigado, solo pedimos que venga a aclarar los audios de la vergüenza. ¿Cuál es el problema de dar cuentas a la nación?, ¿cuál es el temor?”, cuestionó el acciopopulista.
En una actividad en Villa María del Triunfo, el mandatario solo atinó a decir que “hay que trabajar unidos contra la corrupción”.

“Tarjetazo”

Por Iván Slocovich Pardo– Diario Correo.
En junio último, cuando se hizo pública la facilidad con que un cantante de medio pelo como Richard Cisneros o Richard “Swing” lograba contratos en el Ministerio de Cultura a cambio de trabajos innecesario, el presidente Martín Vizcarra salió al frente a decir, con el dedo en alto, que a diferencia de otros gobiernos, en el suyo no cabía el “tarjetazo” ni las “recomendaciones”, sino que solo existía espacio para los mejores profesionales.
Luego hemos sabido que el mandatario no decía la verdad. Para muestra varios botones: los puestos de trabajo dados a los familiares y conocidos del presidente en el Estado, la suerte del exesposo de Mirian Morales y la de los amigos apodados “Los raqueteros del Lawn Tenis”. Ya en medio de la turbulencia de los audios conocidos desde el jueves pasado se ha sabido que la exasistente Karen Roca tenía a su esposo en una dirección en Cofopri.
Todos estos casos que el presidente Vizcarra se ha negado a explicar en la Comisión de Fiscalización del Congreso, sumado al de Cisneros que ha tratado de ser escondido con malas artes en Palacio de Gobierno, han llevado al jefe de Estado a estar hoy contras las cuerdas y con un pedido de vacancia encima, en medio de la pandemia del COVID-19 que sigue cobrando decenas de vidas todos los días.
Mientras tanto ayer, un día después que Roca fue echada del cargo que ocupaba en Palacio de Gobierno por todo lo que ya conocemos, se publicó en El Peruano la resolución que da por concluida la designación de su esposo, con lo que queda claro que el puesto del caballero en Cofopri se debía a la cercanía de su mujer con el generoso mandatario al que ella quería como a “un padre”. Una vez que esto se acabó, adiós empleo en el aparato estatal.
¿Y así el presidente nos hablaba de que con él no caben los “tarjetazos”? El actual jefe de Estado es uno más de los tantos mandatarios que a lo largo de nuestra historia han usado el Estado como si fuera su empresa particular o su chacra, para así beneficiar a los parientes y los amigos. Un cambio de discurso no vendría mal al gobierno de Vizcarra, porque eso de dar empleo a todos los que ya conocemos y luego poner cara de indignación, es de mal gusto y va contra la ley.

Pronunciamiento firmado por encargo del SPR:

Karem Roca desliza supuestos actos de corrupción de Martín Vizcarra y Mirian Morales en el proyecto minero Quellaveco

En una reciente grabación a la que tuvo acceso EXPRESO, Karem Roca le cuenta a su confidente, el abogado Fabio Noriega, que Pastor Paredes Diez Canseco, actual Director de la Oficina de Diálogo y Gestión Social del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es el «operador» del presidente Martín Vizcarra y Mirian Morales en el proyecto minero Quellaveco, ubicado en Moquegua y a cargo de la empresa Anglo American.
En este audio, Roca desliza supuestos actos de corrupción por parte de Vizcarra y Morales, a través de Paredes Diez Canseco, en el mencionado proyecto cuprífero.
«Él por encargo de la PCM se ha ido nombrado en asuntos sociales, en asuntos de mesas de diálogo, a Moquegua. Él ve todo lo que es Anglo American, Quellaveco, las mesas, él impulsa cómo se hacen las negociaciones, y la directora del proyecto es la concuñada del presidente, Rosemary Silva. (…) Es plata y todo eso lo está viendo el presidente y Mirian, si eso se le cae, pierde. (¿Paredes Diez Canseco es operador del presidente?) Claro y de Mirian», narra Roca Luque, a la vez que remarca que Morales y Paredes Diez Canseco son «mejores amigos».
«Entonces, lógicamente, dime, ¿le va a convenir su amiga de todos los años o quien le da plata?», pregunta la exasistente de Vizcarra, en referencia a que el mandatario defendería a Morales en desmedro de Roca Luque.
Al respecto, recordemos que, en otro audio, Karem Roca llega a manifestar, incluso, que Martín Vizcarra le dijo: «Si tú actúas en contra de Mirian, actúas en contra mía». «Y y yo le dije: ‘Las lealtades son de ida y vuelta. Yo no he actuado en contra de usted. Usted está enojado porque quiere saber mi manifestación; lo va a saber y va a saber que nunca fui desleal’. Así le dije», agregó.
Cabe precisar que Rosemary Silva Acevedo, quien ocupa el puesto de directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo de Moquegua (un organismo de coordinación multisectorial que maneja el fondo social de Anglo American Quellaveco), es la esposa de Gabriel Díaz, hermano de la esposa de mandatario, Maribel Díaz. Sobre ella, Roca ha aseverado que «coordina» con los fiscales Zoraida Ávalos y Domingo Pérez.
Fuente: Diario EXPRESO.

Pericias fiscales confirman que registro de visitas a Palacio de Gobierno fue alterado

Peritos forenses del Ministerio Público han concluido que hubo alteración en el registro de visitas al despacho presidencial del Palacio de Gobierno, en el marco de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción en el caso ‘Richard Swing’.
El análisis fiscal, según un reportaje de ‘Punto Final’, ha encontrado registros que confirman que Ricardo Cisneros -conocido en el mundo artístico como ‘Richard Swing’- visitó entre 6 a 8 veces el Palacio de Gobierno entre 2018 y 2020. Según las pericias, esta información intentó ser borrada.
Según la nota periodística, la fiscalía tiene información que la asistente administrativa Karem Roca era la persona que tenía acceso directo a dicho registro de visitas.
Como se recuerda, el registro del sistema de visitas y correos electrónicos del área administrativa de Palacio de Gobierno fueron intervenidos el pasado 1 de junio por la fiscal Janny Sánchez, en busca de información sobre las reuniones que sostuvo el cantante con funcionarios del Gobierno.
El dominical también apunta que la fiscalía analizó 9 órdenes de servicio a Ricardo Cisneros, y que según las conclusiones preliminares, los requisitos publicados para contratar con el Estado habrían sido direccionados, buscando favorecerlo.
Asimismo, se determina un excesivo pago por las tres conferencias de ‘liderazgo transformador sapiencial virtual’ que dictó, comparándolo con otros proveedores que dieron el mismo servicio.
Cisneros cobró 30 mil soles por sus 3 conferencias (10 mil cada una), mientras que a las otras dos empresas recibieron entre 2950 y 3000 soles por el mismo concepto.
Fuente: Diario Correo.

Frente Amplio y Partido Morado: tontos útiles

La bancada de Frente Amplio presentó una moción de censura contra el Presidente del Congreso de la República, Manuel Merino De Lama.
Entre los fundamentos, la moción señaló que el presidente del Parlamento procedió de inmediato a suspender la agenda del Pleno y dar prioridad indebidamente a la audición de los audios de fuente anónima, violando flagrantemente el procedimiento parlamentario para su valoración en el marco de la investigación.
Terminada la votación, el congresista Daniel Urresti (Podemos Perú), quien votó en contra de la moción, dijo que lo hizo porque no se han presentado pruebas que involucren efectivamente las conversaciones de Merino de Lama con las Fuerzas Armadas.
Con 93 votos en contra, se rechaza la moción 12125 que proponía la censura. También 21 congresistas se abstuvieron y 10 votaron a favor: Olivares Cortés, Belaunde de Cárdenas, Ancalle Gutierrez, Bazán Villanueva, Checco Chauca, Montoya Guivin, Quispe Apaza, Silva Santisteban y Vasquez Chiquilin.
Fuente: Agencia Andina de Noticias.

Peor, imposible

Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
Aunque debería, Martín Vizcarra declaró que no renunciará a la presidencia por los audios propalados en el Congreso que demuestran un turbio ‘modus operandi’, siendo su norte la mentira y la traición. Los delitos que implican los audios son varios y nos introducen brutalmente a la vacancia presidencial. A ello se añade algo muy importante: Vizcarra –que heredó el cargo y no fue votado– ha perdido legitimidad.
Asimismo, por su trayectoria sinuosa, no garantiza que las próximas elecciones sean limpias, imparciales, sin cochinadas. Más aún si tiene a su escudero en la OEA. Lo escuchado es suficiente para vacarlo. Faltan 11 meses para el 28 de julio próximo, no es poco tiempo. Durante su gobierno Vizcarra no ha hecho nada de nada. Ni colegios, ni hospitales, ha desmantelado las instituciones tutelares como la Fiscalía y metido mano en el Poder Judicial.
La pandemia del COVID-19 nos trajo más muertes que en los países vecinos. La reacción del régimen ha sido inmoral e irresponsable. Rechazó el trabajo conjunto con el sector privado. La escasez de oxígeno para los enfermos de coronavirus ha llevando a la tumba a miles de ciudadanos. Las regiones tuvieron que hacer colectas para comprar con la suya. Los médicos aún protestan por la falta de equipos sanitarios y son 125 galenos muertos heroicamente. Solo el Perú no ha usado pruebas moleculares; las únicas que detectan el virus.
Nos encerró inútilmente y la economía se cae, aunque digan que hay recuperación Obviamente, si metes plata de bonos y hay una apertura veremos una mejora. Pero Vizcarra siempre quiere el triunfalismo, cosa que logra con los medios amigos.
El caso ‘Swing’ no es moco de pavo, como se pretende presentar. Es la punta de un iceberg que llega hasta Chinchero, Odebrecht y aledaños. La retahíla de casos de corrupción en el período Vizcarra es grande. Otra cosa es que se tape. Sus familiares sacan plata del Estado, los amigos de su hermano y los del tenis también. Pero nada pasa.
La estrategia de Vizcarra es negar todo, igual que Susana Villarán y sus secuaces, y Nadine Heredia. También desprestigiar a quienes denuncian la putrefacción existente. El mandatario vapulea al congresista Edgar Alarcón en su discurso llorón y los medios lo vuelven a lapidar. La fiscal Rocío Sánchez (audios Cuellos Blancos publicados durante meses) ayudó a Julio Guzmán (investigado por recibir US$400,000 de Odebrecht) “antes de que le caiga un show mediático”. No era proba. Qué más habrá.
Vizcarra demostró no ser confiable. Los militares, sabe dios bajo qué acuerdos, se auparon al golpe de Estado que cerró el Congreso anterior. Imposible disolver este. Se debe respetar la decisión del Parlamento. Sabemos que a los congresistas les están ofreciendo prebendas, también hay chantajes.
Cada día aparecerá más corrupción. Un gobernante agujereado no debe permanecer en el poder. Perjudicará al Perú enormemente. La moral de la República no se negocia.
Jorge Villena señala que declaración coincide con viaje a ese país de Augusto Rey y Paola Ugaz

“Cajero de OAS declaró que dio dinero a peruanos en Panamá”

El analista político Jorge Villena dijo en charla con LA RAZÓN que veía con mucha preocupación que las Fiscalía no pidan una sola detención preliminar ante las graves acusaciones hechas sobre el entorno de Susana Villarán que trabajó en la campaña electoral por el NO a la revocatoria.
Agregó que no le llamaría la atención que la acusación sobre Paola Ugaz sea una de las estrategias para “pitufear” el dinero de la sórdida campaña.
“Entre enero y febrero del 2013 año de la revocatoria, justamente en pleno proceso judicial el contador de Línea Amarilla, OAS del Brasil, al ser interrogado declaró que estuvo en Panamá repartiendo dinero para pagar presuntas coimas de la empresa OAS a Gobiernos locales de Ecuador y Perú, donde habrían estado precisamente el señor Augusto Rey y la señora Paola Ugaz”, expresó
Jorge Villena indicó que le llamaba poderosamente la atención que ante una acusación tan grave la Fiscalía no haya pedido una detención preliminar contra los acusados o establecer una ampliación de carácter más gravoso para cautelar la investigación. “No estoy a favor de la prisión preventiva que debe usarse en casos extremos, pero hemos visto mayor celo en casos de opositores al Gobierno”, dijo.
“No me sorprendería que ésta sea parte de una de muchas estrategias para poder pitufear el dinero de la campaña del No a través de intermediarios o de personajes de poder económico que habrían prestado sus cuentas bancarias para pagos irregulares. Una frase de Luciano Revoredo dice: Paola Ugaz de ser de la jefa de los trolls habría pasado a ser la jefa de los pitufos”, sostuvo.
El ex regidor remarcó que ahora todo depende del señor José Miguel Castro de revelar quienes participaron dentro de esa organización que debía traer dinero al país y distribuirlo, porque –dijo- estamos hablando de una campaña prácticamente del mismo nivel del que costaría una campaña presidencial, pese a que haya sido solo en Lima. Con un costo aproximado de 10 millones de dólares.
Fuente: Diario La Razón.

Se aprobó la admisión de la moción de vacancia presidencial por 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones.
El Pleno del Congreso acordó el día 18 de setiembre a las 10am para el debate y votación del pedido de vacancia mediante una sesión especial. El Presidente Vizcarra cuya vacancia es materia del pedido puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, hasta por sesenta minutos.
El acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución, requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso (87 votos) y consta en Resolución del Congreso.
La resolución que declara la vacancia se publica en el diario oficial dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la recepción de la transmisión remitida por el Congreso. En su defecto, el Presidente del Congreso ordena que se publique en uno de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.
La resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica al vacado, al Presidente del Consejo de Ministros o se efectúa su publicación, lo que ocurra primero.
Fuente: Diario El Comercio y Convoca.pe

QUIEN A HIERRO MATA: LA VACANCIA

Por Aníbal Quiroga León, Jurista. Profesor Principal PUCP- Guik.pe
Nuevamente vivimos momentos convulsos en nuestra política doméstica y en nuestra estabilidad constitucional. Un jueves ordinario se tornó en frenético cuando, como antaño, el Congreso de la República (CR) exhibió de pronto comprometedores audios nada menos que para el Presidente de la República, en donde resulta evidente que ha sido traicionado y grabado subrepticiamente por su entorno más cercano, probablemente con un inocente y moderno celular, en situaciones comprometedoras a partir de las tibias investigaciones del CR por el presunto favorecimiento a un personaje inverosímil, como el ahora famoso “Richard Swing”, a quien se habría favorecido de modo grosero para recibir dinero del Estado por la vía de presuntas órdenes de servicio emitidas por sus eminentes servicios profesionales, como “doctor honoris causa”, en nada menos que el Ministerio de Cultura, como si fuera un verdadero exponente de la cultura nacional, habiendo sido las últimas contrataciones en plena emergencia nacional declarada por la inclemente pandemia del COVID-19.
No deja de ser bochornoso y patético, que nos pinta de cuerpo entero y nos desnuda en nuestra desinstitucionalización política y constitucional, que la Presidencia de la República y sus relaciones con el CR se vean severamente afectadas por la aparición de un curioso personajillo como este, aparentemente favorecido por “órdenes e influencias superiores”. Todo ello a costa del erario nacional, es decir, de nuestros impuestos: de los suyos y de los míos que deberían tener mejor destino en la crisis de salubridad más severa en el último siglo, y una crisis económica que nos tiene fondeados, habiendo logrado dudoso mérito de ser el primer país del mundo en el peor manejo público de la pandemia y de su economía.
Pero, como bien se preguntó Zavalita: ¿Cuándo se jodió la cosa? La crisis empieza en verdad en el 2016, cuando PPK gana las elecciones en segunda vuelta a KFH arrebatándole un triunfo que consideraba cantado. La tozudez política, la no aceptación de la derrota y la sangre en el ojo -siempre mal consejera- determinaron que la mayoritaria representación congresal fujimorista -tipo Panzer- se enfrentara a PPK no dejándole gobernar -más allá de su presidencia naif y de su pobre liderazgo- quien además adolecía de una bancada importante y, sobre todo, verdaderamente cohesionada, pues no pasaba de ser un conjunto de patas inconexos que ni se terminaban de conocer, ni de pasar, que no tenían mucho en común y que competían por sus personalísimas ambiciones.
Así las cosas, el pleito se llevó hasta llegar a dos pedidos de vacancia presidencial del PPK, el segundo firmemente alentado por César Villanueva, con la anuencia y beneplácito del Vicepresidente Vizcarra, a quien tales escarceos le sirvieron la presidencia de la República en bandeja, una vez que un abrumado y cansado PPK se viera forzado a renunciar viendo desfilar, delante de su puerta, traiciones y traidores. También en aquel entonces hubo audios y videos clandestinos de dudosa legalidad, pero por los que nadie reclamó y la renuncia de PPK llegó casi un bálsamo político, en una crónica de una muerte anunciada. Por eso la máxima bíblica: quien a hierro mata, a hierro muere…
Es curioso como aquello que se dijo antes, ya no se dice ahora; como aquello en que se fundamentó aquello, hoy se discute y contradice buscándole la quinta esencia a la Constitución a fin de casi desaparezca la causal de vacancia por permanente incapacidad moral del Presidente de la República. Si la pudieran borrar de la Constitución, lo harían. Pero mal que les pese, ahí está, tal cual, puesta en blanco y negro, recordando una causal que ha estado en muchas constituciones en el pasado sin que nadie la objetara; la misma que fue aplicada tan solo en dos ocasiones en el Siglo XX: con Billinghurst en 1914 y en el 2000 con gran alegría y sentimiento de justicia a AFF cuando -luego de un Golpe de Estado, un gobierno autoritario, asesores presidenciales harto discutibles y una fuga hacia Brunei desde donde pretendió renunciar por fax- el CR de entonces no le aceptara la misma y, de modo expeditivo, trocara el pedido de renuncia por una de vacancia por “permanente incapacidad moral”, siendo votada en ese mismo en el acto con solo 66 votos (los que entonces exigía el Reglamento del Congreso) e inhabilitado para el ejercicio de función pública por 10 años, el máximo previsto. ¿Alguien dudó entonces, o duda hoy, de que la causal encajaba perfectamente en la conducta de AFF? No, ni entonces ni hoy, a nadie le pareció general, inespecífica, indeterminada, arbitraria o sin tipicidad.
Y es que la vacancia por incapacidad moral permanente prevista en el Inc. 2do. del Art. 113° de la Constitución no pertenece a una categoría jurídica, sino política, que se forma y configura cuando 87 congresistas, cuando menos, consideran con su voto que se ha configurado. Es lo que la doctrina constitucional reconoce como un Impeachment o “juicio político”. Es una determinación política. No vamos a encontrar hospital o institución médica que certifique la “incapacidad moral permanente” de nadie, ni se trata de una afección mental; se trata de una categoría política propia del juego político constitucional que se abre paso cuando un presidente comete, a juicio de la Representación Nacional, graves hechos que comprometen su prestancia y ejercicio en el cargo y afectan a la institución presidencial, y cuando el presidente carece de congresistas en el CR que sean de su agrupación o partido, es decir, cuando carece de bancada propia. ¿Por qué Toledo, Humala o Garcia no pasaron por esa tesitura? Porque tenían una bancada que restaba los votos a la oposición y ejercían su defensa. ¿Por qué PPK, o ahora su sucesor y antaño objetor Martín Vizcarra, estuvieron o están sometidos a ello? Porque tenían muy pocos, o a nadie, en el congreso que le represente. Ello, que forma parte de la forma tan peculiar con que el Presidente de la República concibe nuestra democracia constitucional, con un carácter binario que hace que desprecie al CR y solo tenga como leitmotiv el estar en permanente contención con este: reforma judicial, reforma política, referéndum, muy discutible cierre del Congreso, el abismo hacia elecciones congresales apresuradas e innecesarias para un CR corto y mocho que es su principal creación, como ya lo había señalado en estas páginas digitales (“Padre, he ahí tu creatura”; Guik, 040720). Ahora, cual Urano inverso el hijo decide fagocitarse al padre en un acto de parricidio político.
¿Hay causal para vacar al Presidente de la República? Pues, como en el caso de PPK, dependerá de lo que decida políticamente el Congreso. También en Paraguay Lugo entró a su Congreso en la mañana como Presidente de la República y salió por la tarde como expresidente, luego del impeachment que le aplicaron. Hace poco el Presidente Trump salvó por pocos votos la formación de la causa política del impeachment en su contra, animada por la Congresista Demócrata Nancy Pelosi, que casi logra su destitución en el cargo de la nación más poderosa del mundo. Le faltaron votos, no razones. Si no hay los votos necesarios, no se legitimará el pedido de vacancia y, si los hubiera, esta deberá proceder de modo fulminante.
No deja de ser candoroso observar cómo se han invertido los papeles: aquel que traicionó a su Presidente para reemplazarle en el cargo complotando con oscuros personajes de la política, hoy perseguidos por la justicia anticorrupción, pactando inclusive con los fujimoristas, hoy podría ser pasado por las mismas horcas caudinas. Aquel que estiró como chicle la letra de la Constitución para justificar un cierre arbitrario e inconstitucional del Congreso, hoy pide que se lea la misma letra de modo restringido y casi inexistente, casi abrogando el texto constitucional; aquel que proclamó la tolerancia cero a la corrupción, acusando a diestra y siniestra, quiere hacer creer que ha tenido inocentes coordinaciones de trabajo con sus subordinados; aquel que habla de la institucionalidad política y de la democracia, se deja pechar por una secretaria personal que lo saca al fresco hasta en 10 oportunidades, mientras aleccionaba a testigos de cómo declarar lo que no era verdad, instigándolos a mentir, ordena al mismo tiempo alterar registros de visitas; y aquel que negó, como Pedro por tres veces, haberse reunido con Richard Swing, faltó groseramente a la verdad al reconocer sotto voce y en la intimidad, que fueron dos, “tal vez tres…”, las reuniones en Palacio de Gobierno.
Es muy probable que salve la vacancia presidencial este viernes 18 por falta de los votos necesarios a la luz de la votación de la admisibilidad del trámite de vacancia de ayer viernes, donde faltan aún alrededor de 20 votos para llegar a los mágicos 87. Mucho dependerá de su defensa y de cómo la ejercite. Y si la ejercita. Pero aun así quedará muy mellado y deslegitimado. Y los mismos que le auparon y aplaudieron en su momento -con excepción de los rentados- se erigirán en severos catones que le demandarán las evidentes responsabilidades penales del caso. No es él a quien corresponde calificar y exculpar el contenido de los audios como carentes de contenido penal, eso es lo dicen todos los investigados: conforme a la Constitución, tal calificación, apreciación y valoración le corresponde autónomamente al Ministerio Público, a un fiscal honesto e imparcial. Es el quien deberá decirlo en senda resolución debidamente motivada.
Entretanto, una entusiasta Ministra de Justicia anuncia que recurrirán de emergencia al Tribunal Constitucional (TC) con una nueva contienda de competencia, cuando ellos mismos se burlaron y denostaron a las autoridades del Congreso disuelto cuando hicieron uso de ese mismo instrumento del derecho procesal constitucional el año pasado. No parece ser una vía procedente, porque la destitución del Presidente no le quita al Poder Ejecutivo ninguna facultad ni le menoscaba competencia o atribución alguna, ya que de producirse, sólo le quitaría la banda presidencial a Martín Vizcarra y se la daría a otro, quien sería el nuevo Jefe del Ejecutivo. Habría de inmediato un nuevo Presidente de la República conforme a la sucesión presidencial ya prevista en la Constitución (véase el 2000 con el Presidente Paniagua), y no parece muy seguro que el conflicto de competencia constitucional pueda usarse para salvar el pellejo de un presidente bajo impeachment. Sin embargo, con este TC, que ya le salvó el cuello en enero pasado con una ajustada mayoría de 4-3 al Presidente Vizcarra con ocasión del indebido cierre del Congreso anterior, nada se puede adelantar y es probable que en estos días de euforia en la Plaza Bolívar ya hayan coordinado algo en la casa de Pilatos con alguno de los más conspicuos como discutibles miembros del actual TC.
Quizás confiado en eso, el Presidente Vizcarra desista de ir al Congreso a hacer su defensa y, quizás, ni siquiera acredite abogado alguno para que lo haga en su representación. Total, está lleno de frases huecas, falsas muestras de valor y promesas no cumplidas. Así que eso de que “aquí estoy” si vienen por mí, “yo no me corro”, “No me van a doblegar” y “pondré el pecho” para afrontar las responsabilidades políticas del caso, está aún por verse. Dime de qué te jactas, y te diré qué te falta, reza el dicho popular. Suelen ser bravatas para la tribuna. Por su propia personalidad y temores, no parece que tenga mucho interés de enfrentar al pleno del Congreso con su defensa. En todo caso, pago por ver.

Exprocuradores señalan que Fiscalía de la Nación puede iniciar investigación preliminar sobre audios

Dos exprocuradores de la República conversaron con RPP Noticias sobre los audios revelados por el congresista Edgar Alarcón, que involucran al presidente Martín Vizcarra y personajes de su entorno, y analizaron las consecuencias jurídicas.
“Habrían varios delitos”
La exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Katherine Ampuero, afirmó que la Fiscalía de la Nación podría iniciar una investigación preliminar o diligencias preliminares a los protagonistas de los audios.
Sin embargo, aclaró que esta pesquisa no podría avanzar a una siguiente etapa del proceso contra el jefe de Estado, Martín Vizcarra, ya que por su alto cargo no puede ser acusado hasta finalizar su mandato presidencial.
“Tendría que esperar que venza, su mandato presidencial, esto es el 28 de julio del 2021 para que pueda formular una acusación por la presunta comisión…porque aquí habrían varios delitos”, explicó.
Katherine Ampuero precisó que por ejemplo en el primer audio se escucha al presidente Martín Vizcarra, Karem Roca, Mirian Morales y Óscar Vásquez ponerse de acuerdo para “distorsionar la verdad de los hechos” ante el Ministerio Público.
“De los tres audios que se han hecho público el día de hoy, en el primero audio es donde he podido sacar las conversaciones y tipificarlas en los delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal, obstrucción a la justicia”, dijo.
“Sospecha simple”
Asimismo, el exprocurador Iván Montoya consideró que la Fiscalía de la Nación puede abrir una investigación preliminar al entorno del presidente Martín Vizcarra sobre los audios revelados por el congresista Edgar Alarcón.
“Un pequeño fragmento donde se refiere cuántas visitas (…) ese es el fragmento, el único que puede denotar sospecha simple de un encubrimiento real o delito de obstrucción a la justicia. Ameritaría una pesquisa preliminar”, sostuvo.
Iván Montoya aclaró que una eventual investigación preliminar sobre los personajes vinculados a los audios podría extenderse de nueve meses a 18 meses aproximadamente.
“Con la información que tenemos lo ideal es que la Fiscalía abra una investigación preliminar probablemente para investigar al entorno presidencial, probablemente para hacer algunas preguntas, y probablemente al Presidente como testigo”, dijo.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Fiscalía y la Diviac allanan viviendas de Ricardo Cisneros, Karem Roca y Mirian Morales

El Ministerio Público y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional allanaron esta madrugada las viviendas del cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, así como las de Karem Roca y Mirian Morales.
La medida fue dispuesta por la Tercera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de la fiscal Janny Sánchez.
La decisión se adoptó con la finalidad de incautar documentos en el marco de la investigación sobre el caso ‘Richard Swing’ y tras la difusión de tres audios en el Congreso de la República.
El operativo en todas las viviendas se realizó de manera simultánea en San Isidro y Miraflores, e incluyó la casa de Lincoln Matos Parodi, director general de la Oficina General de Administración del Ministerio de Cultura.
Como se recuerda, el último jueves Edgar Alarcón, titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso, presentó tres audios: los dos primeros son conversaciones grabadas del jefe de Estado con funcionarios de Palacio de Gobierno, y en el tercero se escucha a ‘Richard Swing’.
En el primer audio, el presidente Martín Vizcarra y las funcionarias mencionadas por Alarcón conversan sobre la versión que debería dar Karem Roca respecto a la visita de ‘Swing’ registrada en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno.
El segundo audio es una conversación entre el jefe de Estado y una voz que sería la de Karem Roca. Allí el jefe de Estado se muestra ofuscado, niega y llega a alzar la voz. “Estás llena de odio en tu cabeza, llena de mentiras, ¡ya me hartaste!”, se escucha decirle en el audio.
El tercer y último audio es una conversación entre Karem Roca y el propio Richard ‘Swing’. En este, ‘Swing’ dice que tiene audios de conversaciones con el presidente Martín Vizcarra y Roca hace referencia a otros funcionarios.
El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro realiza una diligencia en ocho inmuebles vinculados a la investigación por las presuntas irregularidades cometidas en la contratación del polémico cantante Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, entre los años 2018 y 2020, por un monto total de S/175,400.
Las viviendas de los funcionarios del Ministerio de Cultura allanadas pertenecen a Jorge Antonio Apoloni Quispe, secretario general; Lincoln Martin Matos Parodi, director general de la Oficina General de Administración; Aura Elisa Quiñones Li, directora general de la Oficina General de Recursos Humanos; Liliana Margot Chaname Castillo, directora general de Recursos Humanos; y Mauricio Manuel Salas Torreblanca, programador del Gran Teatro Municipal.
La medida autorizada judicialmente a pedido de la fiscal provincial Janny Sánchez Porturas se realiza con el apoyo de 8 fiscales, 8 peritos informáticos y 24 efectivos policiales de la División de Alta Complejidad (Diviac), en los domicilios de seis de un total de catorce investigados por el delito de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible en agravio del Estado.
Mediante dicha diligencia, se busca incautar todos aquellos bienes, especies y documentos relacionados al caso; así como ejecutar el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones para visualizar y extraer información, data digital y redes sociales vinculadas al mismo.
Fuente: Diarios Perú21 y EXPRESO.

MRTA hace apología del terrorismo y procurador denuncia a Víctor Polay

Por AMET AGUIRRE– Diario Perú21.
En 1992, la Policía logró recapturar al cabecilla de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay, después de dos años desde que se había escapado del penal Castro Castro. Pese a que el delincuente ha permanecido 28 años en prisión, no se ha arrepentido de sus delitos y así lo plasma en una publicación de su autoría llamada Revolución en los Andes, en la que enaltece los atentados perpetrados por el MRTA. Perú21 advirtió que el pasado 28 de agosto un grupo de seguidores de Polay había organizado la presentación virtual del libro, que fue difundido a través de redes sociales. Ante el hecho, el procurador antiterrorismo Milko Ruiz denunció al recluso y a los que resulten responsables por el delito de apología del terrorismo. “Víctor Polay justifica las acciones terroristas cometidas por el MRTA en los atentados de la toma de la residencia del embajador de Japón, así como del caso Los Molinos, haciendo hincapié en la heroicidad que tuvieron sus actores miembros”, se indica en la denuncia. En ese sentido, el procurador Ruiz advirtió que “cualquier persona que incurra en el delito de apología será inmediatamente denunciada y estaría sujeta a recibir una pena de hasta 15 años de pena privativa de la libertad”. Polay tendrá que enfrentar esta denuncia a solo seis años de culminar su condena, que finaliza el 3 de enero de 2026.
LIBRO ENGAÑOSO
En la publicación, el autor formula afirmaciones falsas con el objetivo de confundir a los lectores y ganar adeptos. Por ejemplo, escribe que un miembro del MRTA debe estar “dotado de una moral superior; por eso inculcamos que un tupacamarista debía ser el más respetuoso de las leyes de la guerra. Jamás atacar a la población civil, respetar a los prisioneros, cuidar a los heridos”. Pero esto está totalmente fuera de la realidad.
En setiembre de 1992, los emerretistas secuestraron al empresario David Ballón Vera y pidieron dinero por su rescate. Después de cinco meses sin llegar a un acuerdo, lo asesinaron. Cuando la Policía encontró su cuerpo, no lo reconocieron, pues apenas pesaba 40 kilos y tenía la barba crecida. Durante el tiempo como rehén, bajó 50 kilos.
“El empresario fue sometido a condiciones de privación de alimentos y maltrato físico durante su cautiverio y fue finalmente ejecutado mediante disparos de arma de fuego en el cráneo por sus secuestradores”, concluyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Los policías de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) están analizando detalladamente la publicación para establecer todos los fragmentos que demuestren la comisión del delito de apología. En tanto, es necesario recordar que los miembros del MRTA no fueron luchadores sociales, sino terroristas.
A continuación, algunos extractos del libro de Víctor Polay al que tuvo acceso este diario: “Me siento en condiciones físicas y mentales aceptables y como proclama la canción de Edith Piaf ‘Je ne regrette rien’, es decir, no me arrepiento de ninguna manera de mis convicciones y asumo toda la responsabilidad por mis actos. Mis sueños y anhelos no han mermado en estos años. Guardo la esperanza de que cuando vuelva al seno de mi pueblo, las nuevas generaciones me den un campito, aunque sea de soldado raso”. “Deberíamos felicitarnos como pueblo, porque los combatientes del MRTA, a pesar de estar armados con fusiles automáticos, granadas de guerra y explosivos, prefirieron morir antes que atentar contra los rehenes indefensos (de la residencia del embajador de Japón), convirtiéndose así en verdaderos herederos de nuestro Caballero de los Mares, el gran almirante Miguel Grau”. “Todos los secuestros y retenciones, como los llamábamos los del MRTA, fueron reivindicados públicamente y se hicieron por motivos políticos, reivindicativos o económicos”. “Si nuestro objetivo era el poder, era inevitable tener una estrategia y una organización política y militar capaz de derrotar en estos campos a la reacción, como la única posibilidad de un triunfo”. “A Sendero Luminoso siempre lo calificamos como una fuerza del campo popular, incluso cuando ya se conocían sus múltiples crímenes contra el pueblo y la izquierda. En una fecha tardía, como era 1988, en nuestro Comité Central insistimos y le enviamos una carta pública que se difundió en más de cincuenta mil folletos con los acuerdos de nuestro Comité Central, donde los llamábamos a la reflexión y el diálogo, para evitar inútiles enfrentamientos”.

MRTA tuvo fluida amistad con  la izquierda

Por DAMIÁN RETAMOZO NINA– Diario Correo.
En sus memorias, “Revolución en Los Andes”, el jefe del movimiento terrorista MRTA, Víctor Polay Campos, revela información inédita sobre las relaciones de colaboración que el grupo armado mantuvo con partidos, personalidades y sindicatos de la izquierda comunista de los 80. La data de Polay pone en entredicho la tesis de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), según la cual el MRTA era básicamente un proyecto militarista sin aparato político.
Sus relaciones principales fueron con políticos marxistas, como Javier Diez Canseco, entonces líder del Partido Unificado Mariateguista (PUM); y Jorge del Prado, secretario general del Partido Comunista Peruano (soviético). Polay llama “sector consecuente” a este sector. En cambio, se expresa con hostilidad sobre Alfonso Barrantes, líder del bloque Izquierda Unida.
DIEZ-CANSECO
La relación más fluida era con Javier Diez-Canseco y el PUM, escribe Polay. “La relación principal la tuvimos con Javier Diez-Canseco que era su dirigente más importante (…), nunca dejamos de perder el contacto”, precisa.
Se conocieron en 1979. Ambos pasaron una semana juntos en Bengasi, Libia, en una reunión de la izquierda comunista latinoamericana con el dictador árabe Muammar Gadafi. Recuerda que Diez-Canseco, hacia 1984, intentó formar un grupo armado. “Cuando ellos (el PUM) pensaban alzarse en armas abriendo un frente guerrillero en Puno, los apoyamos logísticamente y con nuestra experiencia”. “Con el PCP (y Jorge del Prado) tuvimos relaciones desde un comienzo. Cuando nos íbamos a levantar en el Cusco, en 1983, ellos se comprometieron a solidarizarse en caso necesario”, anota.
En un webinar difundido desde Lima, el terrorista chileno Jaime Castillo Petruzzi y cabecillas de grupos extremistas radicales de Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina rindieron homenaje al “legado” del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y a su fundador, Víctor Polay Campos. El evento, organizado por un grupúsculo denominado Tierra y Libertad, sirvió de marco para rendir pleitesía a un libro de memorias del sanguinario Polay Campos, titulado “Revolución en Los Andes”.
Recluido 23 años en Perú por delito de secuestro, Castillo Petruzzi dijo que el MRTA “no es el inicio ni el fin de la revolución peruana. Es un punto más: militar, político y organizativo en la larga historia de las luchas de nuestros pueblos”. Para Luis Alberto Sánchez, director de Waynakuna, es “un manual dirigido a los jóvenes radicales de cómo organizar un grupo terrorista”.

Trinchera Rossa

METAMORFOSIS
Por Ricardo Velazco- HILDEBRANDT EN SUS TRECE Nº 368, 13OCT17, pp, 9,10.
El ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, uno de los hombres más cercanos al presidente Pedro Pablo Kuczynski, alguna vez creyó que la revolución era la única forma posible para alcanzar un país más justo y que la lucha armada era una alternativa. El sociólogo fue un activo dirigente de la nueva izquierda radical que dominó el escenario político durante la década de los 70 y la primera mitad de los 80.
Nació en Arequipa el 29 de octubre de 1951. Su padre fue un oficial del Ejército y su madre, prima de Vladimiro Montesinos, ama de casa. Pese a crecer en un hogar de ideas “progresistas”, su mayor influencia política fue su tío, el poeta y candidato a la vicepresidencia por Izquierda Unida, Luis Nieto Miranda.
Luego de pasar por la gran unidad escolar Francisco Bolognesi, su vida universitaria se inició en la Universidad Nacional San Agustín (UNSA), donde estudió Derecho a principios de los años 70. En 1972 se muda a Lima para continuar sus estudios en la Universidad Católica. Aquí no tardó mucho en sumarse a los movimientos estudiantiles y perfilar un carácter de liderazgo que lo llevó a presidir la Federación de Estudiantes de la PUCP con el apoyo de la agrupación Vanguardia Revolucionaria, dirigida en ese entonces por un joven Javier Diez Canseco. Al año siguiente Nieto cambió el Derecho por Ciencias Sociales y se hizo conocido con el apelativo de “Coco”.
En la PUCP Nieto perteneció a los rezagos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), aquel partido fundado por Luis de la Puente Uceda y convertido en grupo guerrillero durante los años 60. Ahí se codeó con conocidos rostros de la izquierda, entre ellos el exparlamentario andino Alberto Adrianzén Merino, el exdiputado Agustín Haya de la Torre y la excongresista Rosa Mavila.
“Era bastante activo e inteligente. Tenía que serlo. En esa época, como no había huelgas en la Universidad Católica, tenías que destacar académicamente o los estudiantes no votaban por ti para dirigente. No existía el activista profesional dedicado exclusivamente a la militancia”, señala Haya de la Torre de la Rosa, reincorporado a un sector contestatario del Apra.
Durante su paso por el Consejo Universitario de la PUCP, el ministro de Defensa llegó a compartir espacios políticos con otros estudiantes como Alan García y Martha Chávez, una simpatizante en aquella época de las ideas de izquierda y estudiante de Derecho.
Además de alumno aplicado, Nieto también mostró habilidades netas para convertirse en uno de los líderes juveniles del convulso ambiente de los setenta que dominó en las universidades. “Le gustaba mucho la lectura y era muy locuaz. También era muy buen orador”, recuerda Agustín Haya de La Torre.
Mavila coincide con esta descripción y añade que el ahora ministro “siempre tuvo una forma de pensar muy táctica. Tenía visión para hacer buenos análisis de la coyuntura. La voluntad política también era algo con lo que había nacido. En una ocasión nos dijo que él podía llegar a ser presidente del Perú”, recuerda Mavila.
Por ese tiempo Nieto y sus compañeros de agrupación habían rechazado alinearse con las corrientes de Moscú o Pekín, decantándose por la revolución cubana de 1959, las protestas de mayo de 1968 en Francia y las manifestaciones en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, hechos históricos por los que Nieto mostraba profunda admiración. “Aunque nunca entablamos una conexión real con los cubanos como sí lo hicieron otras organizaciones, había mayor simpatía por el Che Guevara y Fidel Castro. Por el contrario, Nieto era un gran crítico del velasquismo pese a que este era progresista. Eso era normal, pues Velasco había intervenido las universidades. La región estaba plagada de dictaduras militares”, cuenta Haya de la Torre.
En 1974 sucedieron tres hechos que marcaron la vida estudiantil de Nieto Montesinos. Con motivo de las visitas de presidentes latinoamericanos por el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, fue parte del grupo de dirigentes juveniles que fueron apresados para evitar posibles disturbios. Según una fuente muy cercana a Nieto, el ministro de Defensa pasó un mes detenido en el penal de Lurigancho. Poco tiempo después acabó sus estudios de sociología e ingresó al Partido Comunista Revolucionario (PCR), organización liderada por Manuel Dammert, actual congresista de Nuevo Perú. Ahí, sin saberlo, se cruzaría con otros izquierdistas que posteriormente también terminarían ligados al gobierno pepekausa: el ministro del Interior, Carlos Basombrío, el exministro de Economía, Alfredo Thorne, y el parlamentario de Peruanos por el Kambio Gino Costa.
“Teníamos una idea, bastante errada, de la destrucción del Estado porque no había una visión global de las cosas. En realidad éramos un grupo heterodoxo, principalmen­te mariateguista, que tenía muy claro los temas del dogmatismo y del voluntarismo radical gue­rrillero”, dice Rosa Mavila sobre aquella etapa.
El liderazgo de Dammert al frente del PCR no duró mucho tiempo. Hacia mediados de la dé­cada, luego de la caída de Velasco y el ascenso al poder de Francisco Morales Bermúdez, Nieto Mon­tesinos, acompañado de Agustín Haya de la Torre, Jorge Béjar, Manuel Córdova y otros, renun­ció al movimiento para fundar uno nuevo: el Partido Comunista Revolucionario “Trinchera Roja”. En 1977 dicha agrupación se alió a Vanguardia Revolucionaria y al MIR para fundar un frente denominado Unión Democrática Popular (UDP). Los dos objetivos angulares de la alianza fueron la salida de los militares del poder y la unificación total de la izquierda. Fracaso absoluto: los militares se fueron cuando quisieron y la izquierda nunca dejó de subdivi­dirse.
“En ese tiempo había la idea de que la democracia era inviable en el Perú. Incluso había voces que decían que nunca más iba a ha­ber un parlamento ni elecciones. Previamente Velasco había sido el primer gobernante en cerrar el Congreso por completo. En ese contexto una idea muy fuerte era que, efectivamente, el Perú se di­rigía a una confrontación armada porque no había manera de que los militares dejaran el poder. Se temía que se quedaran por 20 o 30 años más”, dice Agustín Haya de la Torre.
Ese mismo año la UDP y Nieto Montesinos, como uno de sus di­rigentes, participaron activamente en la organización del gran paro del 19 de julio del 77, aprovechando su influencia en la Confederación Campesina del Perú, la Federación de Trabajadores de la Industria Me­talúrgica y el magisterio.
Uno de los personajes con los que Nieto compartió actividades políticas dentro de la UDP por esos días fue nada menos que con Víctor Polay Campos, futuro líder del te­rrorista Movimiento Revoluciona­rio Túpac Amaru (MRTA). El paso de Polay por UDP, según señalan varios consultados, fue muy breve. Participó tímidamente en pocos de­bates y se retiró silenciosamente.
La vida para los miembros de la UDP durante los últimos años de la dictadura militar no fue fácil. Hasta el cambio de gobierno permane­cieron en la semiclandestinidad y sus reuniones, también ilegales, se llevaban a cabo los fines de semana en un local prestado por la FEPUC cerca de la Iglesia de la Merced en el centro de Lima.
Habiendo participado de la Asamblea Constituyente de 1978, la UDP preparó candidatos para las primeras elecciones libres en doce años celebradas en 1980. Nieto Montesinos fue selecciona­do para postular como diputado por el Callao, pero los votos no le alcanzaron. Dos años después, en 1982, obtuvo una beca de estudios a México que lo alejaría del Perú pero no de su coyuntura. Entre 1986 y 1987 colaboró con algunos artículos para la mítica revisa izquierdista “El zorro de abajo”, dirigida por Carlos Iván Degregori.
En el país del norte obtiene el grado de magíster en Ciencia Políti­ca por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y un doctorado en el Colegio de Mé­xico. Los títulos le sirvieron para obtener un puesto en la UNESCO, donde ocupó el cargo de Director de la Unidad para la Cultura De­mocrática y la Responsabilidad. Allí, el tiempo y el rodillo de la socialdemocracia europea, sumados a las comodidades de la sociedad del “bienestar”, limaron cualquier arrebato radical en “Coco Nieto”.
“Aunque ser ministro de Defen­sa luego de haberse enfrentado a los militares suena paradójico, para mí lo más extraño es verlo en un go­bierno de derecha como el de PPK. Podría haber esperado verlo en una gestión hasta del APRA, sobre la que él ha escrito, pero con PPK la unión era impensable”, sentencia Agustín Haya de la Torre.

La firma en los diplomas que entregó Richard Swing es de un asesor del presidente

Por Eloy Marchán– ElFoco.pe
Óscar Manuel Vásquez Zegarra no es un funcionario común y corriente de Palacio de Gobierno. Vásquez, quien en la planilla del Despacho Presidencial aparece como “coordinador en comunicación” con un sueldo de S/10,000, es el principal asesor de Martín Vizcarra en temas mediáticos, y es el enlace no oficial del Gobierno con algunos periodistas. Vásquez también es moqueguano, conoce a Vizcarra hace varias décadas y, según su presentación en Twitter, es “periodista, analista político y algo más”.
Twitter de Óscar Vásquez, en cuya portada tiene una foto de él con el presidente Martín Vizcarra. Su presentación: “Periodista. Analista político y algo más”.
Vásquez es un hombre de pocas fotos, una característica que lo distingue por completo del otro protagonista de esta historia: Richard Swing, el cantante que ganó S/175.000 en contratos con el Ministerio de Cultura. Las facturas de Swing –Richard Javier Cisneros Carballido, según el Reniec– hoy vienen siendo investigadas por el Ministerio Público y la Comisión de Fiscalización del Congreso. Y es que, debido a su perfil profesional, no habría razones para que Swing haya ganado esos contratos con el Estado.
¿Qué vínculos tienen Vásquez y Swing? Una fiesta, un diploma y una firma. Cuando estalló el escándalo Swing, destapado por el portal Lima Gris, en redes sociales circuló un afiche de una fiesta que organizó el cantante. En él, Swing promocionaba que su fiesta “Serenata al Perú”, del 27 de julio del 2016 en la discoteca “MK Rumba” de Lince, iba a tener como invitado de honor a Martín Vizcarra. El hoy mandatario en ese entonces todavía era vicepresidente electo y estaba a un día de acompañar a Pedro Pablo Kuczynski a la toma de juramento en el Congreso.
Afiche de la “Serenata al Perú”, fiesta organizada por Richard Swing, el 27 de julio del 2016. Ahí se entregaron los diplomas.
La orquesta Kallao Salsa fue una de las participantes de esa fiesta y, cuando se destapó el escándalo de los contratos de Swing, el director de la agrupación, Yamandu Blaka, contó al programa Punto Final de Canal 2 que a cambio de su presentación recibió un diploma. “(Richard Swing) nos mencionó que iba a estar el presidente Martín Vizcarra, que en ese entonces era el vicepresidente, y que nos iba a entregar el diploma”, dijo Blaka. Vizcarra no concurrió a la fiesta, pero sí hubo reparto de certificados. Los firmantes: Swing y, supuestamente, el actual presidente de la República.
Hoy se sabe que la rúbrica que ahí aparece no es de Vizcarra y, cuando Punto Final le preguntó a Swing por el nombre de la persona que había firmado en el espacio de mandatario, el cantante respondió: “No lo recuerdo”. El comunicado oficial que Palacio de Gobierno le dio al dominical sobre el diploma fue: “el presidente nunca firmó nada para un evento de este tipo”. ¿Richard Swing falsificó la firma de Vizcarra? Al parecer, no. Y aquí es cuando aparece Óscar Vásquez, el amigo y asesor personal en temas mediáticos del presidente Martín Vizcarra.
El Foco comparó la firma que Vásquez registra en su ficha Reniec, con la rúbrica que aparece en el diploma repartido por Swing. La similitud es más que evidente. El Foco consultó al respecto a Augusto Arbaiza, un especialista en peritaje grafotécnico. “Las firmas provienen de la misma persona, definitivamente. Están todas las características propias. Ambas firmas guardan una correspondencia gráfica, provienen del mismo puño. No estamos hablando de una falsificación. Ambas firmas, la de la ficha Reniec y la del diploma, son de la misma persona”, dice Arbaiza.
Perito Augusto Arbaiza: “Ambas firmas guardan una correspondencia gráfica, provienen del mismo puño”. (Foto: Fabiola Granda)
¿Fue Vásquez, entonces, quien firmó los diplomas de Swing? El Foco llamó al asesor presidencial para recoger su versión. “Yo desconozco ese tipo de cosas. No sé de qué me está hablando. Para empezar, señor, yo no sé quién es usted. ¿Descargo de qué? Yo no sé de peritos. En estos momentos yo estoy en una reunión”, respondió Vásquez antes de cortar el teléfono.
No es la primera vez que se habla de una cercanía entre Óscar Vásquez y Richard Swing. A inicios de julio, Radio Americana de Moquegua entrevistó a César Caro, un periodista que fue muy cercano al presidente de la República y a su asesor. En la entrevista, Caro dijo: “A Richard Swing me lo presentó Óscar Vásquez”. “Es cierto lo que se menciona en muchas ocasiones, que la cercanía es debido a alguien del entorno del presidente. Yo pienso que esa persona es Óscar Vásquez. Yo pienso que llevarlo y conocerlo no es ningún pecado, las implicancias es lo que se hizo después”.
Portal “Lima Gris” rebotó entrevista de Radio Americana de Moquegua a César Caro. “A Richard Swing me lo presentó Óscar Vásquez”, dijo Caro.
Desde el Ejecutivo siguen negando cualquier cercanía del presidente Martín Vizcarra con Richard Swing, quien estuvo, al menos, dos veces en Palacio de Gobierno. La primera vez fue para conversar con Mirian Morales, secretaria general del Despacho Presidencial, y la segunda para visitar a Karem Roca, asistente administrativa de la casa de Gobierno. Desde hace un mes, funcionarios de Palacio de Gobierno y del Ministerio de Cultura han estado desfilado por el Congreso para responder por los contratos de Swing. Y, hasta ahora, nadie dice quién dio la orden para que se contrate al cantante.

Testigo protegido afirma que Óscar Vásquez pagó S/100 mil a Richard Swing para blindar a Vizcarra

Nuevos elementos podrían complicar nuevamente al presidente Martín Vizcarra en el caso Richard Swing. Y es que la fiscal Janny Sánchez Porturas argumentó, en su petitorio de prisión preventiva contra 10 investigados en el caso, que un testigo protegido bajo el código 02-2020-141, el mandatario habría cumplido un rol en el caso para evitar ser involucrado.
De acuerdo con el testigo protegido, el exasesor presidencial Óscar Vásquez habría transferido S/100 mil a Richard Cisneros a fin de que no mencione más al presidente Vizcarra en las investigaciones.
Esta nueva información que la fiscal recibió el 6 de octubre pasado fue incluida como argumento para solicitar la prisión preventiva de 9 meses de los investigados Mirian Morales, Liliana Chaname, Óscar Vásquez y Richard Cisneros.
«Óscar Vásquez, quien le deposita siempre sumas de dinero en sus cuentas del banco de Crédito y del banco Interbank, en sumas aproximadas no menos de S/100,000 a Richard Cisneros. Además le ha comprado un celular y una laptop. Óscar Vásquez es quien le paga los abogados para el caso denunciado ante la Fiscalía. (…) Richard Cisneros Carballido desde que salió del Ministerio de Cultura le asignan un dinero no menor a S/10,000, el cual es depositado por el señor Óscar Vásquez, ello por guardar silencio sobre la presente denuncia de esta Fiscalía, por disposición del presidente Martín Vizcarra, porque Richard Cisneros es más amigo del presidente que de Óscar», indicó el testigo en la página 68 de la resolución a la que accedió Gestión.
En otro apartado de la declaración del testigo protegido, se indica que Richard Swing solía llamar «el jilguerito» el presidente de la República y «Don Óscar» a Óscar Vásquez.
«Tengo conocimiento de que el señor Richard Cisneros cuando se comunicaba con el señor Óscar Vásquez era con familiaridad ‘Don Óscar’, a quien le comentaba todas sus actuaciones mediáticas y televisivas y cuando le preguntaba por el presidente le decía ¿Y cómo está el jilguerito?», contó el testigo a la Fiscalía.
Fuente: Diario EXPRESO.

Amigos del hermano de Martín Vizcarra fueron favorecidos con bonos del Fondo Mivivienda

Los amigos más cercanos de Mario Vizcarra, hermano del presidente de la República, Martín Vizcarra, fueron favorecidos con bonos del Fondo Mivivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), según reveló el programa ‘Panorama’.
Según el reportaje, la compañía Constructora e Inmobiliaria Vanini-Salas de Claudio Vanini y su esposa, Catherine Salas, obtuvo 2675 bonos del Fondo Sitio Propio desde que empezó a operar, en el año 2009, hasta el 2018.
En el 2016 las empresas de los Vanini-Salas accedieron a 135 bonos, es decir, a igual número de construcciones de viviendas. En el 2017 llegaron a apenas 21.
En el 2018 los amigos de Mario Vizcarra cerraron Constructora e Inmobiliaria Vanini-Salas tras ser denunciada a principios de ese año por dejar trabajos inconclusos y no pagarles a empleados en Caylloma, región Arequipa.
Tras ello, crearon las empresas VS Grupo Constructor SAC; Doble G y V SAC (a nombre de Catherine Salas); y Constructora Betel EIRL. Varias de ellas empezaron a operar con S/1000 de capital, monto que se incrementó a S/20 mil meses después.
Incluso, Claudio Vanini y su esposa lograron inscribir a sus tres empresas en el Fondo Mivivienda del MVCS. En el 2018 Doble G y V SAC consiguió 237 bonos de dicho fondo para construcción en sitio propio.
Esto implica que dicho fondo paga a las empresas o entidades técnicas -como la de los Vanini-Salas- por la construcción de pequeñas casas de 35m2 a pobladores que tengan un terreno inscrito en Registros Públicos.
Así, por cada casa construida las entidades reciben S/23 mil 345 del MVCS. Es decir, Doble G y V SAC, la empresa de Catherine Salas de Vanini, recibió en el año 2018 en total S/5 millones 532 mil 765 del Fondo Mivivienda.
Cabe indicar que en el 2018 las tres empresas vinculadas a Claudio Vanini (Constructora e Inmobiliaria Vanini-Salas, VS Grupo Constructor SAC; Doble G y V SAC) obtuvieron en total 416 bonos. Es decir, pasaron de recibir S/490 mil en el 2016 a S/9 millones 711 mil.
“Tengo amistad con Mario antes que su hermano sea presidente. Mi amistad con Mario debe venir de junio o julio del 2017. Es muy amigo mío, de mi esposa y de mis hermanas. Hemos tenido muchísimas reuniones sociales, hemos estado en muchísimos eventos familiares, pero no tenemos ningún vínculo comercial ni con el Gobierno ni con lo privado”, señaló Claudio Vanini.
“Si por allí hay algún run run que mi amigo Mario es hermano del presidente y me apoyó para favorecerme, eso es totalmente falso. Yo con mi esposa nos dedicamos al tema de viviendas sociales hace doce o casi trece años”, añadió.
Fuente: Diario Perú21.

Ministra Fabiola Muñoz y otros funcionarios son investigados por presuntas irregularidades

Por Edwin Cavello Limas– Lima Gris.
La actual ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, fue Directora Ejecutiva de SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) entre el año 2013 y 2016. En su gestión sucedieron dos hechos que hasta el día de hoy se siguen investigando. En el primer hecho se la involucra directamente por tres presuntas irregularidades, debido a la exoneración del proceso de selección para las contrataciones por un monto aproximado de un millón setecientos mil soles, tal como lo señala el informe de Auditoría N°017-2016-2-0052.
Informe de auditoria.
Y durante su gestión como Directora Ejecutiva de SERFOR, sucedió la estafa de 12 millones de soles que sufrió el Banco GNB. Una millonaria estafa donde estuvieron involucrados ex funcionarios de SERFOR y que hasta el día de hoy se sigue investigando.
En estas dos denuncias  y documentos a los que tuvimos acceso, figuran funcionarios que actualmente están trabajando en el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Defensa, Ministerio de Energía y Minas y hasta hace unos días en el Ministerio de Cultura, ya que luego de nuestra publicación del 27 de noviembre, Lita Aimé Verástegui Soto, renunció como Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, por encontrarse involucrada en la investigación por estafa contra el Banco GNB, investigación que se encuentra actualmente en la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima.
Ministra Fabiola Muñoz y su Jefa de Gabinete de Asesores Lies Araceli Linares Santos
En el informe de auditoría N° 017-2016-2-0052 donde se investiga a los exfuncionarios de SERFOR por presuntas irregularidades, aparecen cuatro nombres, entre ellos la de la actual ministra del Ambiente Fabiola Muñoz, su actual Jefa de Gabinete de Asesores, Lies Araceli Linares Santos, el ex Director General de la Oficina de Administración de SERFOR, Alejandro Augusto Cedeño Monrroy y Norvil Coronel Olano, ex Director de la Oficina de Abastecimiento de SERFOR.
El informe de auditoria se titula “Verificación de Presuntas Irregularidades en Servicio de Consultoría, y Contrataciones para el Arrendamiento y Acondicionamiento del Local – Servicio Forestal y de Fauna Silvestre”, y señala la responsabilidad directa de las cuatro personas mencionadas.
Conversamos personalmente con la ministra Fabiola Muñoz sobre la estafa de los 12 millones al Banco GNB y sobre el informe de Auditoría en la que se le involucra por presuntas irregularidades.
La estafa al Banco GNB sucedió cuando usted fue Directora Ejecutiva de SERFOR ¿Nunca se enteró de lo que pasaba en ese momento?
Yo nunca tuve ninguna comunicación sobre el tema del Banco GNB, es más, la única información que yo tengo la recibí varios meses después de que salí, y me enteré de que el banco había encontrado una mafia interna del banco y del personal que trabajó ahí, y que se habían hecho varias denuncias. Durante el tiempo que yo estuve ahí, no tuvimos ninguna información al respecto. Yo no tengo ninguna relación con el tema de GNB.
Entonces, nunca tuvo conocimiento hasta después de salir, ya que se enteró por una denuncia del Banco
A ver, el banco nunca me ha notificado ni me ha involucrado en nada, yo me enteré porque hay gente que sigo conociendo que trabaja en SERFOR, y me comentó que había un problema con los préstamos, esa fue la forma como me enteré. Cuando indagué más del problema con los préstamos, me explicaron que el banco había identificado dentro del banco funcionarios que tienen una mafia.
Los involucrados son exfuncionarios del banco y exfuncionarios de SERFOR…
Yo por ejemplo no conozco la investigación, nunca me han citado ni tengo idea de los cargos que se han hecho ni nada de eso.
En el informe de auditoría se le menciona por tres temas, ¿por qué pasó lo de la exoneración del proceso de selección para las contrataciones?
Nosotros tomamos la decisión de hacer un proceso para alquilar un nuevo local, y eso lo hicimos a principios del año. Lamentablemente el proceso quedó desierto y no pudimos contratar, se volvió a lanzar el proceso y quedó desierto por segunda vez, no pudimos contratar en julio, tuvimos que lanzar el proceso de alquiler por tercera vez y recién nosotros hemos recibido el inmueble en la tercera oportunidad en agosto. Entonces el local de CONCYTEC no tenía condiciones, el local del proyecto de inventario forestales no tenía condiciones, la ANA (Autoridad Nacional del Agua) nos estaba desalojando del local donde nosotros estábamos, y el otro local que teníamos vencía el contrato el 31 de diciembre. Si nosotros no nos mudábamos al local que habíamos alquilado, no solo era un tema de hacinamiento o un problema de desalojo, sino que íbamos a dejar de brindar el servicio de los permisos de deforestación, teníamos la información del reglamento de la Ley forestal, que en ese momento se tenía que hacer la consulta previa. Entonces, había condiciones suficientes que iban a generar que no podamos brindar el servicio que como identidad pública tenemos que brindar.
Es decir, usted priorizó eso antes que seguir los procedimientos para realizar las contrataciones…
De hecho no. Nosotros lo que hicimos fue usar una de las causales que existe en la legislación, que permite exonerar los procesos, y de hecho lo consultamos con nuestro OCI (Órgano de Control Interno) y nuestro OCI dijo que efectivamente hay condiciones, y le pedimos que nos diera lo que se llama control concurrente. Entonces, el OCI de SERFOR, nos acompañó en todo el proceso. Eran tres procesos básicamente, lo que era el cableado estructural, el tema de lo que se llama las obras civiles para habilitar lo que se necesitaba de oficinas y el tema de mobiliario. El OCI de SERFOR participó del proceso con nosotros, desde la elaboración de los términos de referencia.
En un documento del 05 de noviembre del 2015 con asunto “Comunicación de hechos identificados para la adopción inmediata de medidas preventivas”, dirigido a Fabiola Muñoz, por parte del señor Jesús Arias Valencia, del OCI de SERFOR, se menciona lo siguiente: Se viene ejecutando la acción simultánea al proceso de selección exonerado de la adjudicación directa pública para el servicio de acondicionamiento de ambientes para el local alquilado de la sede central de SERFOR, habiéndose acreditado al equipo responsable en la referencia.
Pero en el siguiente párrafo también se señala lo siguiente:
Al respecto, durante la ejecución de la acción simultánea, se han identificado hechos adversos que pudieran afectar la transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de las metas previstas y que podrían requerir la adopción inmediata de medidas preventivas.
Luego el 18 de diciembre del 2015, el señor Jesús Arias Valencia, envía tres cartas dirigidas a Fabiola Muñoz, sobre el proceso de exoneración de las contrataciones del acondicionamiento de ambientes, adquisición de mobiliario y servicio de cableado estructurado y sistema eléctrico. En las tres cartas se lee dos cosas importantes, en el segundo párrafo dice “…Se le comunica que no se advertido la existencia de hechos que puedan afectar la transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de las metas previstas”.
Pero en el siguiente párrafo de la carta, claramente dice: “Cabe mencionar que por la naturaleza de la materia de control (actividades de un proceso en curso), y el carácter selectivo del servicio de control, el presente documento no es señal de conformidad, por lo que no limita el ejercicio de control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control”.
El hecho es que las conclusiones del informe de auditoría N°017-2016-2-0052 tiene fuertes argumentos contra la actual ministra Fabiola Muñoz, ya que en dicho informe se señala que las exoneraciones en los tres procesos de contratación se han realizado “sin que concurran las exigencias legales para la configuración de la causal de desabastecimiento, establecidas en la normativa de contrataciones del Estado”. Es decir, no existió fundamento legal para la exoneración de las contracciones por el monto aproximado de un millón setecientos mil soles.
También la conclusión de la auditoría menciona que se ha privado a la entidad de contar con los beneficios y ventajas que ofrece un proceso regular de concurso público, afectándose el principio de eficiencia de la contratación estatal. Siendo esta situación originada por la Directora Ejecutiva de SERFOR (Fabiola Muñoz) sin que concurran las exigencias legales para la configuración de la situación de desabastecimiento.
Dos de las personas que dieron opinión favorable en los informes técnico y legal, fueron el Director General de la Oficina General de Administración, Alejandro Augusto Cedeño Monrroy y Lies Araceli Linares Santos, quien en esa época trabajó en SERFOR como Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica. Es por eso que también está implicada en el proceso, ya que como señala el informe de auditoría, se dio opinión favorable “pese a que no concurrían las exigencias legales para la configuración de situación de desabastecimiento, previstas en la norma de contrataciones del Estado”.
Además en las recomendaciones de la Auditoría se menciona “Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentadas correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionados respecto de los funcionarios señalados en el presente informe”.
Sobre el tema, la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz, señaló que como hay dos opiniones diferentes del OCI, el que tiene que dirimir ahí es Contraloría, ya que ese proceso no ha terminado.
A pesar de la existencia de este informe de auditoría, Fabiola Muñoz fue nombrada ministra del Ambiente por el presidente Martín Vizcarra, el 02 de abril del 2018 y Lies Araceli Linares Santos se convirtió el 04 de julio del 2018 en Asesora del Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente, luego el 09 de noviembre del 2018 fue designada Jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio del Ambiente. Pero, además, el ex Secretario General de SERFOR, José Ángel Valdivia, se convirtió en Secretario General del Ministerio del Ambiente el 03 de abril del 2018.
Presidente Martín Vizcarra y ministra del Ambiente Fabiola Muñoz.
SERFOR Y LA ESTAFA DE LOS 12 MILLONES AL BANCO GNB
Hay que señalar que el convenio de SERFOR con el BANCO GNB, se suscribió el 04 de diciembre del 2014, a través de los representantes del Banco GNB Perú S.A.C el señor José Antonio Bacigalupo Castañeda y el señor Héctor Enrique Ángulo Zavala, y el SERFOR a través del Secretario General, José Ángel Valdivia Morón, con el objeto de regular el otorgamiento de los préstamos por parte de la entidad financiera a los trabajadores de SERFOR, como lo indica el informe legal N°78-2017-SERFOR/OGAJ
Sobre el tema, lo primero que publicamos es el caso de la señora Lita Aimé Verástegui Soto, una de las investigadas por la estafa al Banco GNB. Ella fue Directora de la Oficina General de Recursos Humanos de SERFOR, durante la gestión de Fabiola Muñoz, como Directora Ejecutiva, y luego llegó a ser Directora General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, gracias a la designación de la ex ministra Patricia Balbuena. Después de publicar la denuncia en Lima Gris el 27 de noviembre, la señora Lita Aimé Verástegui, renunció a su cargo, justo el día que la ex ministra Balbuena se presentó en la Comisión de Cultura del Congreso de la República, por la denuncia de corrupción contra el ex viceministro de Patrimonio Cultural, Luis Felipe Villacorta Ostolaza.
Aquí también aparece el personaje de Alejandro Augusto Cedeño Monrroy, quien fue en la gestión de Fabiola Muñoz en SERFOR, el Director General de la Oficina General de Administración, el señor se encuentra implicado tanto en la investigación del informe de la auditoría y en la denuncia del Banco GNB, por la estafa de 12 millones de soles.
En esta investigación aparecen varios ex funcionarios de SERFOR, que lograron posicionarse en puestos claves en diferentes Ministerios, entre ellos, el de Ambiente, Energía y Minas, Defensa y Cultura. Lima Gris tuvo acceso al Memorando 0277-2017-SERFOR-OGA con fecha del 04 de abril del 2017, al Informe N°204-2017-SERFOR-OGA/ORH del 04 de abril del 2017 y al Informe Legal N°78-2017-SERFOR/OGAJ con fecha del 03 de marzo del 2017, tres importantes documentos que detallan valiosa información.
Una de las cosas que señala en Informe técnico N°204-2017-SERFOR-OGA/ORH son las fechas de la desvinculación de algunos ex funcionarios de SERFOR. El señor Alejandro Cedeño Monrroy, se desvincula el 31 de diciembre del 2016, la señora Lita Verástegui Soto, el 23 de diciembre del 2016, la señorita Mónica Pamela Torres Valverde, el 06 de enero del 2017 y el señor José Ángel Valdivia Morón, el 29 de julio del 2016, respectivamente.
¿Cómo fue la estafa de los 12 millones? La estafa se realizó mediante préstamos del Banco GNB. De acuerdo a la carta N°032-2017-SERFOR/OGA-ORH la oficina de Recursos Humanos indicó que la relación de 302 personas enviada por el Banco GNB que habrían accedido al crédito personal como trabajadores de SERFOR, 109 registraban información en la base de datos de SERFOR, mientras que 193 no registran información laboral. Es decir, 193 empleados fantasmas.
Además, señalan que de los 193 que accedieron a los préstamos sin tener relación laboral con SERFOR, cinco personas tienen vinculación familiar con personal de SERFOR.
Y del total de las 109 personas que registran información laboral, Secretaría Técnica ha identificado a 42 personas habrían presentado documentación falsa para obtener un crédito. Entre los que presentaron información falsa para el crédito figura el nombre de José Ángel Valdivia Morón, actual Secretario General del Ministerio del Ambiente.
Conversamos personalmente con el señor José Ángel Valdivia Morón, y estas fueron sus declaraciones:
José Ángel Valdivia Morón.
¿Usted sabía del problema que estaba sucediendo con el Banco GNB?
Cuando estuve en SERFOR nunca supe nada.
Pero usted fue parte de las personas que sacó un préstamo…
Sí, yo saqué el préstamo, pero no sabía que había una irregularidad.
Pero su préstamo se hizo con una irregularidad, porque en el informe de SERFOR su nombre figura entre las personas que habrían presentado documentación falsa para acceder al préstamo.
Yo me enteré de eso cuando ya me citaron, porque esto ha pasado por la dirección e investigación de estafas de la policía. Cuando me llaman y me muestran esta documentación y boletas que se señalan, son copias, entonces cuando se pide el original se ve que esta adulterada, son copias adulteradas.
¿Quién dice que esta adulterada?
Yo digo que esta adulterada, porque yo he llevado el original. También hay un peritaje.
Que yo sepa la policía no ha realizado ningún peritaje, el único peritaje que hay, es la que mandó hacer por su cuenta de forma privada la señora Lita Aimé Verástegui.
Ya, pero si tú revisas el atestado, yo no estoy denunciado, están denunciadas otras personas.
Yo no digo que usted está denunciado, mi pregunta fue si usted tenía conocimiento sobre el tema, y me dijo que no.
No, te dije que saqué un préstamo y no que había irregularidades del préstamo que yo saqué como persona natural, eso sí lo tuve porque obviamente yo saqué un préstamo, pero de las irregularidades que ha habido, no he tenido conocimiento.
Pero igual por el monto que usted ganaba no accedía al crédito…
Con el monto que yo ganaba sí accedía al crédito.
El informe se SERFOR dice que usted no accedía al crédito.
Lo que se llena la información, es información que no es cierta. Ese llenado no lo hice yo.
Pero sí accedió al préstamo
Sí saqué un préstamo.
Entonces si llenó un formulario
Yo firmé el formulario en blanco.
Usted se desvincula de SERFOR el 29 de julio del 2016
Sí, porque al día siguiente me designaron como Secretario General del Ministerio del Interior.
Como lo mencionamos líneas arriba, el señor José Ángel Valdivia Morón, fue el responsable de realizar el convenio para los préstamos entre SERFOR y el Banco GNB, pero según sus declaraciones no sabía nada de las irregularidades que se cometieron, a pesar de ser un beneficiario de un préstamo. El nos dice que solo firmó una papel en blanco, pero esto es parte de la documentación presentada para el préstamo.
A nosotros nos llama la atención, como un grupo de ex funcionarios de SERFOR de una gestión que por un lado tiene una investigación por presuntas irregularidades y por otro lado una denuncia por estafa del Banco GNB, ha ido posicionándose y asumiendo cargos en distintos ministerios, tal vez será casualidad, o como dice la ministra Fabiola Muñoz “Cuando hay un cambio de gobierno normalmente los que son cargos de confianza se mueven, cambian presidente e inmediatamente cambian los ministros, de los ministros luego los viceministros y secretarios generales”.
DE SERFOR A DIVERSOS MINISTERIOS
Ahora revisaremos como se han movido los ex funcionarios de SERFOR hacia otros ministerios.
José Ángel Valdivia deja SERFOR el 29 de julio del 2016 se va a trabajar inmediatamente como Secretario General al Ministerio del Interior desde el 30 de julio del 2016 hasta el 02 de abril del 2018.
Lita Aimé Verástegui también ingresa a trabajar al Ministerio del Interior el 23 de diciembre del 2016 hasta el 09 de junio del 2017.  Luego en el 2017 pasa a trabajar el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como Jefa de la Unidad de Gestión de Talento Humano.
Algunos puestos de Lita Verástegui.
Otro de los investigados que figuran en el informe de auditoría, es Norvil Coronel Olano, luego de trabajar en SERFOR, pasó a ocupar el puesto de Director de Abastecimiento y Servicios en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en febrero del 2017. Luego en septiembre del 2017 pasa al Ministerio del Interior como Asesor, y en julio del 2018 pasa a trabajar al IPEN (Instituto Peruano de Energía Nuclear) organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas.
En enero de 2017 Lies Araceli Linares Santos, también llega a trabajar en el Ministerio del Interior como Asesora de Secretaría General, cargo que desempeñó hasta julio de 2017.  Ese mismo año la primera en llegar al Ministerio del Ambiente es Lies Araceli Linares, donde ocupa el cargo de asesora del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, puesto que desempeña desde julio del 2017 a julio del 2018.
La segunda en llegar al Ministerio del Ambiente fue Fabiola Muñoz, designada como ministra por el presidente Martín Vizcarra, el 02 de abril del 2018, esa misma fecha también es designada ministra de Cultura Patricia Balbuena. El tercero en llegar al Ministerio del Ambiente es José Ángel Valdivia, que es designado como Secretario General por la ministra Fabiola Muñoz el 03 de abril del 2018.
Ya en el 2018 Lita Aimé Verástegui llega al Ministerio de Cultura, designada por Patricia Balbuena el 16 de octubre del presente año como Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, según la resolución ministerial N° 412-2018-MC.
Otro nombre que aparece en el informe de SERFOR, es el del ex funcionario de SERFOR, Julio José Arturo Morales Loyola, que ingresó a trabajar al Ministerio de Defensa en marzo del 2018, como Coordinar General de Recursos Humanos para la Dirección de Personal Civil.
Por último, Alejandro Cedeño Monrroy, investigado en el informe de auditoría y en la estafa de los 12 millones al Banco GNB, postuló en el 2017 al Ministerio del Ambiente, pero no ingresó.
TODO EN MANOS DEL CONTRALOR NELSON SHACK
En la Resolución Ministerial N° 0293-2018-MINAGRI se menciona que las resoluciones emitidas de la ex funcionario, Fabiola Muñoz Dorero, en su condición de Directora Ejecutiva de SERFOR, se habría incurrido en una conducta infractora calificada de grave, por tanto correspondería a la Contraloría General de la República, deslindar la presunta conducta funcional de la citada ex funcionaria, en mérito de requisito de competencia material; esto es, conocer desde las actuaciones previas e iniciar el procedimiento administrativo sancionador, de ser el caso, por los hechos identificados en el informe de Auditoría.
Pero esta Resolución Ministerial firmada por el ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Eduardo Mostajo Ocola, menciona:
Se resuelve: Declarar de oficio la nulidad de las Resoluciones Ministeriales N°334-2017-MINAGRI y N°449-2017-MINAGRI y, por consiguiente nulo y sin efecto legal, el procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra la señora Fabiola Muñoz Dorero, ex Directora Ejecutiva de SERFOR, así como nulas todas las actuaciones realizadas por la Comisión Ad Hoc PAD, que tuvo a su cargo el procedimiento administrativo disciplinario seguido contra la mencionada ex funcionaria.
Es decir, el ministro Gustavo Mostajo Ocola, limpió a la actual ministra del Ambiente Fabiola Muñoz. A pesar que se creó una comisión para investigar el tema. Por otro lado el presidente Martín Vizcarra sigue diciendo que en su gobierno se lucha contra la corrupción, pero cuando sus ministros están involucrados en investigaciones, vemos que entre ellos se protegen.
Ahora todo queda en manos la Contraloría General de la República, esperemos que el contralor Nelson Shack, no mire a un costado y no deje pasar más tiempo para concluir las investigación contra la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz, o acaso están esperando que prescriba la denuncia.

Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
Con enorme descaro el Ministerio Público ignora la información publicada por este diario sobre la periodista Paola Ugaz, ex trabajadora de la Municipalidad de Lima en la época de Susana Villarán. Un viejo periodista francés me enseñó que “los hechos son sagrados, las opiniones son bienvenidas”.
Vamos entonces a los hechos. Expreso publica ‘chats’ del 2020 de Ugaz con varias personas, que ilustran transacciones monetarias no santas. La modalidad es clara. Ella les pide usar sus tarjetas de crédito para depositar, digamos S/100,000, y ofrece una ‘comisión’ de 15%, introduciendo los S/85,000 restantes en el sistema financiero.
Los ‘chats’ indican que la gente con la que ‘ruleteó’ el dinero se siente estafada porque no cumplió con entregarles la ‘comisión’ prometida. Las recriminaciones son duras y furiosas. La periodista pide paciencia, reprendiéndoles por no reconocer los ‘favores’ que les ha hecho. Le increpa a Fiorella Pinedo por quejarse, le reprocha haber ayudado a su marido a quien “de hacer abortos en una posta de Chacra Ríos lo nombró director”.
En las conversaciones, Ugaz ofrece archivar un caso en la Fiscalía y menciona al asesor legal de la gerencia del Ministerio Público desde el 2015, Marco Antonio Ríos Luna. Expreso tiene movimientos bancarios de varios ‘colaboradores’. La imputada, con todo derecho, lo ha negado todo, aduciendo una campaña de difamación contra ella.
Por viajes y otras informaciones se presume que el dinero ‘blanqueado’ sumaría S/2’000,000 provenientes de la revocatoria por el NO, de Susana Villarán. Los legos señalan que es evidente el delito de lavado de activos y organización criminal. Ugaz procederá como considere.
Lo escandaloso es que la Fiscalía calle sobre esta grave denuncia. El fiscal Carlos Puma, a cargo del caso Villarán, ‘renunció’, asignándoselo al verborreico fiscal José Pérez, el perseguidor de Keiko Fujimori. El mismo que acusó sin pruebas al fiscal Gonzalo Chávarry y a cuantos quiso. A Pérez le comió la lengua el gato sobre la profusa información de Expreso.
Bastó que una mujer denunciara, injustificadamente, a Alan García, Pilar Nores y otros por poseer bienes para que la atrabiliaria fiscalía anticorrupción iniciara una investigación por lavado de activos, señalando que se trataba de una organización criminal similar “a la Camorra o la Yakuza”, sin pruebas. Cuando García vio que el objetivo era encarcelarlo, desafortunadamente se suicidó.
Lo mismo ha ocurrido con otros líderes políticos, que han pasado por la abusiva prisión preventiva. Por el pantallazo del chat ‘La Botica’, donde hay solo opiniones lícitas, el fiscal Pérez vinculó a Chávarry con el fujimorismo, cayéndole una campaña de lapidación mediática, afectando su carrera profesional. Nos dicen que en Fiscalía hay temor y chantaje.
Los medios amigos del régimen y de la imputada callan, sabiendo que la denuncia es real. Pero que la Fiscalía lo encubra y enmudezca con desvergüenza es inaceptable. Será por la amistad de Ugaz con el fiscal Pablo Sánchez.

Caso Paola Ugaz: Marcos Ríos Luna sí trabajó para el Ministerio Público

LUEGO DEL 2015. INCLUSO ESTE AÑO
La semana pasada, este diario publicó dos reportajes completos que exponía una presunta red de lavados de activos y tráfico de influencias que estaría liderada por la periodista Paola Margot Ugaz Cruz. Si bien la información que publicamos incluye a un círculo de más de 20 personas que estarían involucradas en los delitos, solo tres nos hicieron llegar los descargos respectivos para asegurar que no tenían ningún vínculo con Ugaz.
Y nosotros, como corresponde, procedimos a publicar dichos descargos sin que eso signifique ningún tipo de rectificación de nuestra parte, ni que hayamos dado un paso atrás en lo que venimos sosteniendo con respecto a la información presentada. Pensamos, más bien, que es parte de hacer periodismo serio darles espacio a todas las partes involucradas en una noticia.
Una de las tres personas que envío su descargo a este diario fue el abogado Marco Antonio Ríos Luna, quien sería pieza clave en esta red de tráfico de influencias.
Según lo que se puede deducir de las conversaciones sostenidas por Paola Ugaz, él era el hombre dentro del Ministerio Público que le arreglaba algunos casos a la periodista y a sus contactos. Como lo expusimos la semana pasada, esto habría sucedido en el caso de Marcos Huamán, a quien según lo conversado Ugaz habría prometido “librar del proceso” a su hijo en el caso “nuevo Ayacucho” a través de la gestión en la fiscalía del Dr. Ríos Luna.
También es mencionado en otra ocasión cuando Jhosy Lisbeth Mogollón Villarreyes, con DNI 76852104, le dice a Ugaz que ha recibido unos documentos en su domicilio de parte de la Fiscalía.
La periodista le responde: “No ha seguido. Me lo aseguró Ríos Luna”. Nuevamente, el apellido Ríos Luna aparece como aquel que maneja los “asuntos” de Ugaz en el Ministerio Público.
Como lo mencionamos, luego de nuestra publicación, el abogado Marco Antonio Ríos Luna nos hizo llegar su descargo. No negó que existiera esta red de tráfico de influencias y lavados de activos, como por ejemplo sí lo ha hecho Ugaz y Rosa María Palacios. Pero sí fue enfático en negar que conocía a Ugaz Cruz y como argumento para sustentar que no podía ser verosímil lo publicado por este diario dijo: “No trabajo en la Fiscalía desde hace cinco años. Yo trabajé en el Ministerio Público solo hasta el 2015”.
Sin embargo, tenemos pruebas que demuestran lo contrario. Como se puede ver en esta página, existen dos pagos a su nombre por parte del Ministerio Público, colocados en el portal Transparencia del Estado Peruano luego de 2015. El primero fue en 2018, por el monto de 5434.80 soles, y el segundo en 2019, por exactamente el mismo monto con una orden emitida el 5 de diciembre del mismo año.
Además, existe un contrato por servicios de defensa legal y asesoría con el Ministerio Público por el monto de 10,869.60 soles con una orden emitida en plena pandemia: el 24 de julio del 2020.
Por lo tanto, con la evidencia mostrada y debidamente documentada en esta nota, queda claro que lo consignado en su descargo a este diario por Marco Antonio Ríos Luna no es cierto. Sí tiene vínculos vigentes con el Ministerio Público y coincide con lo expuesto en los chats de Paola Ugaz. ¿Hasta cuándo los fiscales se harán los de la vista gorda? Nosotros somos periodistas. Los encargados de delinear los delitos son ellos. ¿Qué más indicios necesitan?
SILENCIO SEPULCRAL
La inhibición de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en el proceso de evaluación de Ríos Luna para ser elegido miembro de la Junta Nacional de Justicia, es otro elemento a tener en cuenta. Ávalos se inhibió porque había una relación de naturaleza civil para la asesoría especializada en defensa legal de la exgerente general del Ministerio Público, cuya orden de servicio se generó el 19 de diciembre de 2018.
Fuente: Diario EXPRESO.

Intento de intimidación

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Según el diccionario, intimidación es “la acción y efecto de intimidar”. Y este verbo refiere a causar o infundir miedo. Una intimidación, por lo tanto, es un acto que intenta generar miedo en otra persona para que esta haga lo que uno desea.
“Como @Expresoperu no se ha rectificado tal y como le pedí en la carta del lunes 31, y sigue publicando temerariamente al estilo de Montesinos con el fin de desprestigiarme, responderé legalmente con @IDL_Rivera a todo aquel que repita el operativo de desinformación”. Esto ha sido publicado en la cuenta de Twitter @larryportera. En la misma cuenta, el usuario de Twitter @larryportera también dice: “En la primera publicación, la nota está tan mal hecha que no se entendía cuál es el presunto delito que se me quiere imputar. Gracias al periodismo ‘ña catita’ que practican Phillip Butters y Mariella Balbi, a quienes les he enviado sendas cartas notariales, entendí el mecanismo”.
De esto se infiere que según el usuario de Twitter @larryportera, Phillip Butters y Mariella Balbi estarían en una suerte de contubernio con el diario Expreso, pues solo al verlos o leerlos COMENTANDO LO PUBLICADO EN EL DIARIO entendió “cuál es el presunto delito que se le quiere imputar”. Así pues, el usuario de Twitter @larryportera, sin ninguna prueba que lo demuestre, estaría afirmando implícitamente que Butters y Balbi serían las eminencias grises de lo publicado en Expreso y, lo que es aún peor, les estaría enviando un mensaje intimidatorio para que NADIE MÁS ose comentar u opinar sobre las referencias de Expreso hacia dicho usuario de Twitter, lo que es obviamente absurdo. Y lo es porque el diario aludido NO SE HA RECTIFICADO en lo dicho y lo asume como verosímil, no bastando que la aludida cuenta de Twitter @larryportera lo niegue, porque entonces tendríamos únicamente LA PALABRA DEL DIARIO CONTRA SU PALABRA.
Lo que pretendería quien está detrás de la cuenta de Twitter @larryportera es la clásica maniobra intimidatoria contra los pocos que se han atrevido a comentar la publicación de Expreso y a solicitar una investigación fiscal, en la medida de que de lo publicado se sugiere un delito que el usuario de Twitter @larryportera identifica como un presunto lavado de activos, SIEMPRE SEGÚN LO QUE DICE EL DIARIO.
El desempeño de una función pública suma al pedido de transparencia y una mínima pesquisa fiscal a la denuncia del diario, toda vez que quien se identifica como el usuario de Twitter @larryportera dice haber sido funcionario público en la gestión municipal de Susana Villarán, investigada hoy por múltiples delitos y bajo rigor domiciliario, así como varios otros funcionarios de su gestión, todos involucrados por un colaborador eficaz identificado como José Miguel Castro, quien habría sido brazo derecho de Villarán. No es, pues, una cuestión a soslayar que a través de cartas notariales una periodista bien relacionada –quien estaría detrás del usuario de Twitter @larryportera– parezca pretender que nadie hable de ella en referencia a lo publicado por el diario Expreso, pues ello configuraría un intento de INTIMIDACIÓN a LA LIBERTAD DE PRENSA Y OPINIÓN.
Pedir una explicación y una investigación fiscal no es ningún delito. Los organismos e instituciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión tienen el deber de pronunciarse contra estas maniobras que pretenderían AMORDAZAR a periodistas, dejando de lado las vinculaciones amicales que puedan tener con quien está detrás de la cuenta de Twitter @larryportera. Finalmente, no deja de ser hasta cómico el guión utilizado por dicha cuenta de Twitter: alude a una “venganza” por su coautoría de un libro sobre abusos en una organización pseudo religiosa, lo que estaría usando de escudo para dejar de responder a cualquier cuestionamiento en su contra por otros asuntos más graves que los que denuncia en esa publicación.

CONGRESISTA DE BELAUNDE, ¿TIENE ALGO QUE DECIR?

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
Una de las personas que se unió a las cruzadas de los hoy tristemente célebres Pedro Salinas Chacaltana y Paola Ugaz Cruz fue el congresista de la República Alberto De Belaúnde. Como es bien conocido, el parlamentario por el Partido Morado promueve una serie de posturas contrarias a valores con los que se identifican la mayoría de los peruanos. En su momento, la investigación que realizaran Salinas y Ugaz, hoy vinculados fuertemente con la mafia de Las Chalinas Verdes, le cayó a pelo al congresista para ser utilizada como bastión en sus luchas por la reivindicación de los que para él son los más vulnerables. Inclusive la cruzada de los amigos de Villarán le sirvió como justificación para conformar una comisión extraordinaria en el Congreso.
No queremos aquí mezclar papas con camotes. La lucha en contra de los abusos sexuales en instituciones, sean religiosas o seculares, es muy importante y debe hacerse sostenidamente, y no solo como justificación para agendas personalísimas como lamentablemente suelen hacerlo los activistas. Sin embargo, así como uno toma la bandera de la justicia para algunas causas, debe ser coherente y blandirla inclusive cuando hacerlo implica denunciar a personas que otrora militaron en la misma trinchera.
En esa línea, el congresista Alberto De Belaunde, habiendo pasado varias semanas desde que se confirmara que la empresa de Pedro Salinas, CHISAC, fue la intermediaria en el pago de una coima de parte de Graña & Montero a Susana Villarán, no ha dicho nada. Ni un tuit. Ni una señal. Lo mismo con el caso de Paola Ugaz Cruz. Hace muy poco se reveló que estaría liderando una red de testaferros en lavados de activos con dinero de procedencia incierta. No es una denuncia ligera. Y tampoco, en esta oportunidad, Alberto De Belaunde ha dicho nada, ni siquiera un pedido de investigación.
¿Qué evidencia esta conducta? Que los que dicen estar comprometidos con la causa de la justicia y la transparencia tienen una noción de la equidad muy selectiva. Si apelamos al principio de la no contradicción, uno no puede buscar la justicia y no buscarla al mismo tiempo. O se la defiende en todos los ámbitos y ante cualquiera que atente contra ella, o se cae en una flagrante incoherencia.
Esperamos de un político y líder de opinión como De Belaunde, la consistencia necesaria para pedir una investigación en los casos de Salinas y Ugaz con la misma vehemencia y compromiso que le hemos visto en otras causas. Es parte de su responsabilidad defender de la nefasta corrupción a los peruanos que votaron por él y a todos los que le pagamos el sueldo con nuestros impuestos.