Desvergüenza de la Fiscalía

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Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
Con enorme descaro el Ministerio Público ignora la información publicada por este diario sobre la periodista Paola Ugaz, ex trabajadora de la Municipalidad de Lima en la época de Susana Villarán. Un viejo periodista francés me enseñó que “los hechos son sagrados, las opiniones son bienvenidas”.
Vamos entonces a los hechos. Expreso publica ‘chats’ del 2020 de Ugaz con varias personas, que ilustran transacciones monetarias no santas. La modalidad es clara. Ella les pide usar sus tarjetas de crédito para depositar, digamos S/100,000, y ofrece una ‘comisión’ de 15%, introduciendo los S/85,000 restantes en el sistema financiero.
Los ‘chats’ indican que la gente con la que ‘ruleteó’ el dinero se siente estafada porque no cumplió con entregarles la ‘comisión’ prometida. Las recriminaciones son duras y furiosas. La periodista pide paciencia, reprendiéndoles por no reconocer los ‘favores’ que les ha hecho. Le increpa a Fiorella Pinedo por quejarse, le reprocha haber ayudado a su marido a quien “de hacer abortos en una posta de Chacra Ríos lo nombró director”.
En las conversaciones, Ugaz ofrece archivar un caso en la Fiscalía y menciona al asesor legal de la gerencia del Ministerio Público desde el 2015, Marco Antonio Ríos Luna. Expreso tiene movimientos bancarios de varios ‘colaboradores’. La imputada, con todo derecho, lo ha negado todo, aduciendo una campaña de difamación contra ella.
Por viajes y otras informaciones se presume que el dinero ‘blanqueado’ sumaría S/2’000,000 provenientes de la revocatoria por el NO, de Susana Villarán. Los legos señalan que es evidente el delito de lavado de activos y organización criminal. Ugaz procederá como considere.
Lo escandaloso es que la Fiscalía calle sobre esta grave denuncia. El fiscal Carlos Puma, a cargo del caso Villarán, ‘renunció’, asignándoselo al verborreico fiscal José Pérez, el perseguidor de Keiko Fujimori. El mismo que acusó sin pruebas al fiscal Gonzalo Chávarry y a cuantos quiso. A Pérez le comió la lengua el gato sobre la profusa información de Expreso.
Bastó que una mujer denunciara, injustificadamente, a Alan García, Pilar Nores y otros por poseer bienes para que la atrabiliaria fiscalía anticorrupción iniciara una investigación por lavado de activos, señalando que se trataba de una organización criminal similar “a la Camorra o la Yakuza”, sin pruebas. Cuando García vio que el objetivo era encarcelarlo, desafortunadamente se suicidó.
Lo mismo ha ocurrido con otros líderes políticos, que han pasado por la abusiva prisión preventiva. Por el pantallazo del chat ‘La Botica’, donde hay solo opiniones lícitas, el fiscal Pérez vinculó a Chávarry con el fujimorismo, cayéndole una campaña de lapidación mediática, afectando su carrera profesional. Nos dicen que en Fiscalía hay temor y chantaje.
Los medios amigos del régimen y de la imputada callan, sabiendo que la denuncia es real. Pero que la Fiscalía lo encubra y enmudezca con desvergüenza es inaceptable. Será por la amistad de Ugaz con el fiscal Pablo Sánchez.

Caso Paola Ugaz: Marcos Ríos Luna sí trabajó para el Ministerio Público

LUEGO DEL 2015. INCLUSO ESTE AÑO
La semana pasada, este diario publicó dos reportajes completos que exponía una presunta red de lavados de activos y tráfico de influencias que estaría liderada por la periodista Paola Margot Ugaz Cruz. Si bien la información que publicamos incluye a un círculo de más de 20 personas que estarían involucradas en los delitos, solo tres nos hicieron llegar los descargos respectivos para asegurar que no tenían ningún vínculo con Ugaz.
Y nosotros, como corresponde, procedimos a publicar dichos descargos sin que eso signifique ningún tipo de rectificación de nuestra parte, ni que hayamos dado un paso atrás en lo que venimos sosteniendo con respecto a la información presentada. Pensamos, más bien, que es parte de hacer periodismo serio darles espacio a todas las partes involucradas en una noticia.
Una de las tres personas que envío su descargo a este diario fue el abogado Marco Antonio Ríos Luna, quien sería pieza clave en esta red de tráfico de influencias.
Según lo que se puede deducir de las conversaciones sostenidas por Paola Ugaz, él era el hombre dentro del Ministerio Público que le arreglaba algunos casos a la periodista y a sus contactos. Como lo expusimos la semana pasada, esto habría sucedido en el caso de Marcos Huamán, a quien según lo conversado Ugaz habría prometido “librar del proceso” a su hijo en el caso “nuevo Ayacucho” a través de la gestión en la fiscalía del Dr. Ríos Luna.
También es mencionado en otra ocasión cuando Jhosy Lisbeth Mogollón Villarreyes, con DNI 76852104, le dice a Ugaz que ha recibido unos documentos en su domicilio de parte de la Fiscalía.
La periodista le responde: “No ha seguido. Me lo aseguró Ríos Luna”. Nuevamente, el apellido Ríos Luna aparece como aquel que maneja los “asuntos” de Ugaz en el Ministerio Público.
Como lo mencionamos, luego de nuestra publicación, el abogado Marco Antonio Ríos Luna nos hizo llegar su descargo. No negó que existiera esta red de tráfico de influencias y lavados de activos, como por ejemplo sí lo ha hecho Ugaz y Rosa María Palacios. Pero sí fue enfático en negar que conocía a Ugaz Cruz y como argumento para sustentar que no podía ser verosímil lo publicado por este diario dijo: “No trabajo en la Fiscalía desde hace cinco años. Yo trabajé en el Ministerio Público solo hasta el 2015”.
Sin embargo, tenemos pruebas que demuestran lo contrario. Como se puede ver en esta página, existen dos pagos a su nombre por parte del Ministerio Público, colocados en el portal Transparencia del Estado Peruano luego de 2015. El primero fue en 2018, por el monto de 5434.80 soles, y el segundo en 2019, por exactamente el mismo monto con una orden emitida el 5 de diciembre del mismo año.
Además, existe un contrato por servicios de defensa legal y asesoría con el Ministerio Público por el monto de 10,869.60 soles con una orden emitida en plena pandemia: el 24 de julio del 2020.
Por lo tanto, con la evidencia mostrada y debidamente documentada en esta nota, queda claro que lo consignado en su descargo a este diario por Marco Antonio Ríos Luna no es cierto. Sí tiene vínculos vigentes con el Ministerio Público y coincide con lo expuesto en los chats de Paola Ugaz. ¿Hasta cuándo los fiscales se harán los de la vista gorda? Nosotros somos periodistas. Los encargados de delinear los delitos son ellos. ¿Qué más indicios necesitan?
SILENCIO SEPULCRAL
La inhibición de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en el proceso de evaluación de Ríos Luna para ser elegido miembro de la Junta Nacional de Justicia, es otro elemento a tener en cuenta. Ávalos se inhibió porque había una relación de naturaleza civil para la asesoría especializada en defensa legal de la exgerente general del Ministerio Público, cuya orden de servicio se generó el 19 de diciembre de 2018.
Fuente: Diario EXPRESO.

Intento de intimidación

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Según el diccionario, intimidación es “la acción y efecto de intimidar”. Y este verbo refiere a causar o infundir miedo. Una intimidación, por lo tanto, es un acto que intenta generar miedo en otra persona para que esta haga lo que uno desea.
“Como @Expresoperu no se ha rectificado tal y como le pedí en la carta del lunes 31, y sigue publicando temerariamente al estilo de Montesinos con el fin de desprestigiarme, responderé legalmente con @IDL_Rivera a todo aquel que repita el operativo de desinformación”. Esto ha sido publicado en la cuenta de Twitter @larryportera. En la misma cuenta, el usuario de Twitter @larryportera también dice: “En la primera publicación, la nota está tan mal hecha que no se entendía cuál es el presunto delito que se me quiere imputar. Gracias al periodismo ‘ña catita’ que practican Phillip Butters y Mariella Balbi, a quienes les he enviado sendas cartas notariales, entendí el mecanismo”.
De esto se infiere que según el usuario de Twitter @larryportera, Phillip Butters y Mariella Balbi estarían en una suerte de contubernio con el diario Expreso, pues solo al verlos o leerlos COMENTANDO LO PUBLICADO EN EL DIARIO entendió “cuál es el presunto delito que se le quiere imputar”. Así pues, el usuario de Twitter @larryportera, sin ninguna prueba que lo demuestre, estaría afirmando implícitamente que Butters y Balbi serían las eminencias grises de lo publicado en Expreso y, lo que es aún peor, les estaría enviando un mensaje intimidatorio para que NADIE MÁS ose comentar u opinar sobre las referencias de Expreso hacia dicho usuario de Twitter, lo que es obviamente absurdo. Y lo es porque el diario aludido NO SE HA RECTIFICADO en lo dicho y lo asume como verosímil, no bastando que la aludida cuenta de Twitter @larryportera lo niegue, porque entonces tendríamos únicamente LA PALABRA DEL DIARIO CONTRA SU PALABRA.
Lo que pretendería quien está detrás de la cuenta de Twitter @larryportera es la clásica maniobra intimidatoria contra los pocos que se han atrevido a comentar la publicación de Expreso y a solicitar una investigación fiscal, en la medida de que de lo publicado se sugiere un delito que el usuario de Twitter @larryportera identifica como un presunto lavado de activos, SIEMPRE SEGÚN LO QUE DICE EL DIARIO.
El desempeño de una función pública suma al pedido de transparencia y una mínima pesquisa fiscal a la denuncia del diario, toda vez que quien se identifica como el usuario de Twitter @larryportera dice haber sido funcionario público en la gestión municipal de Susana Villarán, investigada hoy por múltiples delitos y bajo rigor domiciliario, así como varios otros funcionarios de su gestión, todos involucrados por un colaborador eficaz identificado como José Miguel Castro, quien habría sido brazo derecho de Villarán. No es, pues, una cuestión a soslayar que a través de cartas notariales una periodista bien relacionada –quien estaría detrás del usuario de Twitter @larryportera– parezca pretender que nadie hable de ella en referencia a lo publicado por el diario Expreso, pues ello configuraría un intento de INTIMIDACIÓN a LA LIBERTAD DE PRENSA Y OPINIÓN.
Pedir una explicación y una investigación fiscal no es ningún delito. Los organismos e instituciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión tienen el deber de pronunciarse contra estas maniobras que pretenderían AMORDAZAR a periodistas, dejando de lado las vinculaciones amicales que puedan tener con quien está detrás de la cuenta de Twitter @larryportera. Finalmente, no deja de ser hasta cómico el guión utilizado por dicha cuenta de Twitter: alude a una “venganza” por su coautoría de un libro sobre abusos en una organización pseudo religiosa, lo que estaría usando de escudo para dejar de responder a cualquier cuestionamiento en su contra por otros asuntos más graves que los que denuncia en esa publicación.

CONGRESISTA DE BELAUNDE, ¿TIENE ALGO QUE DECIR?

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
Una de las personas que se unió a las cruzadas de los hoy tristemente célebres Pedro Salinas Chacaltana y Paola Ugaz Cruz fue el congresista de la República Alberto De Belaúnde. Como es bien conocido, el parlamentario por el Partido Morado promueve una serie de posturas contrarias a valores con los que se identifican la mayoría de los peruanos. En su momento, la investigación que realizaran Salinas y Ugaz, hoy vinculados fuertemente con la mafia de Las Chalinas Verdes, le cayó a pelo al congresista para ser utilizada como bastión en sus luchas por la reivindicación de los que para él son los más vulnerables. Inclusive la cruzada de los amigos de Villarán le sirvió como justificación para conformar una comisión extraordinaria en el Congreso.
No queremos aquí mezclar papas con camotes. La lucha en contra de los abusos sexuales en instituciones, sean religiosas o seculares, es muy importante y debe hacerse sostenidamente, y no solo como justificación para agendas personalísimas como lamentablemente suelen hacerlo los activistas. Sin embargo, así como uno toma la bandera de la justicia para algunas causas, debe ser coherente y blandirla inclusive cuando hacerlo implica denunciar a personas que otrora militaron en la misma trinchera.
En esa línea, el congresista Alberto De Belaunde, habiendo pasado varias semanas desde que se confirmara que la empresa de Pedro Salinas, CHISAC, fue la intermediaria en el pago de una coima de parte de Graña & Montero a Susana Villarán, no ha dicho nada. Ni un tuit. Ni una señal. Lo mismo con el caso de Paola Ugaz Cruz. Hace muy poco se reveló que estaría liderando una red de testaferros en lavados de activos con dinero de procedencia incierta. No es una denuncia ligera. Y tampoco, en esta oportunidad, Alberto De Belaunde ha dicho nada, ni siquiera un pedido de investigación.
¿Qué evidencia esta conducta? Que los que dicen estar comprometidos con la causa de la justicia y la transparencia tienen una noción de la equidad muy selectiva. Si apelamos al principio de la no contradicción, uno no puede buscar la justicia y no buscarla al mismo tiempo. O se la defiende en todos los ámbitos y ante cualquiera que atente contra ella, o se cae en una flagrante incoherencia.
Esperamos de un político y líder de opinión como De Belaunde, la consistencia necesaria para pedir una investigación en los casos de Salinas y Ugaz con la misma vehemencia y compromiso que le hemos visto en otras causas. Es parte de su responsabilidad defender de la nefasta corrupción a los peruanos que votaron por él y a todos los que le pagamos el sueldo con nuestros impuestos.

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