Apolinario Jesús Antezana Rivera alias Jaime

Estudió Educación -especialidad de Filosofía e Historia- en la Universidad Nacional de Educación y suplanta a los profesionales en sociología.

Lista de Antezana

Por Álvaro Arce- Revista CARETAS
Jaime Antezana se reunió con periodistas de CARETAS en un local de la avenida Brasil. Estaba seguro de que sus dos celulares eran ‘chuponeados’. Miraba a los costados con nerviosismo.
Cogió una libreta de notas y escribió los nombres de 7 congresistas de una lista de 12 que, según afirma, estarían involucrados en actividades de tráfico de drogas o lavado de dinero del narcotráfico.
Antezana dijo que tres de ellos son de Gana Perú, dos de Fuerza Popular, uno de Unión Regional y uno del APRA.
“Tengo indicios razonables y elementos suficientes que podrían dar pie a una investigación profunda”, dijo. “Soy un investigador social y por lo tanto mi función es lanzar alertas”.
Esta es parte de mi lista ‘blanca’, sostuvo Antezana. “Exhibo indicios y es menester de las autoridades investigarlos”.
Aquí los nombres:
JOSUÉ GUTIÉRREZ CÓNDOR (GANA PERÚ-HUÁNUCO)
Antezana señala que Gutiérrez fue gerente de una empresa del actual presidente regional de Huánuco, Luis Picón Quedo, quien es investigado junto con su familia por lavado de activos del tráfico de drogas.
Según Antezana, los Picón Quedo aportaron dinero a su campaña electoral al Congreso, en 2011.
El congresista Gutiérrez no ha presentado sus reportes de financiamiento ante la ONPE en ninguna de las tres fechas programadas.
“No tengo ninguna relación o conexión con Luis Picón Quedo, ni trabajé en alguna empresa de su propiedad. No sabía que estaba investigado por lavado de activos. Descarto además que algún miembro de esa familia haya aportado dinero a mi campaña”, declaró Gutiérrez a CARETAS.
El 30 de septiembre del 2010, el titular de la Primera Fiscalía de Leoncio Prado, César Gonzales Ramos, abrió una investigación financiera contra Picón Quedo por lavado de activos del narcotráfico.
Gutiérrez fue consejero regional cuando Picón fue vicepresidente regional de Huánuco del 2007 al 2010.
El 18 de julio del 2011, la Fiscalía Antidrogas de Tingo María ordenó ampliar la investigación financiera preliminar contra la familia Picón Quedo, solicitando las referencias por Tráfico Ilícito de Drogas, requisitorias y antecedentes policiales de otras 14 personas. El caso continúa en investigación.
FEDERICO PARIONA (FUERZA POPULAR -JUNÍN)
Antezana lo vincula con el actual alcalde provincial de Satipo, comandante EP(r) César Merea Tello. Según el experto antidrogas, Pariona fue designado por Merea como Gerente de Desarrollo Económico en la Municipalidad de Satipo, en noviembre del 2010.
Merea fue investigado por la fiscal Ana Ley por alojar en la Villa Militar de Piura a narcotraficantes del cártel de Tijuana a los que se les decomisó una carga de 698 kilos de cocaína en Paita, el 12 de noviembre del 2004.
El 1 de abril pasado, dos serenos de la Municipalidad de Satipo fueron intervenidos por agentes de inteligencia de la Comisaría de Satipo con 33 kilos de cocaína en el sector Ricardo Palma-Marankiari, una ruta alterna para acceder a Puerto Ocopa.
Antezana sostiene que Pariona estaría haciendo lobby a favor de Merea y que lo habría protegido de una inhabilitación emitida el 10 de julio por el JNE por abuso de autoridad.
Pariona dijo a CARETAS que solo laboró dos meses, de noviembre del 2010 a enero del 2011, con Merea. “Ese caso de narcotráfico es un tema de él. Jamás tuve nada que ver en su restitución como alcalde, en absoluto, es una tema judicializado y eso no me compete. Merea jamás aportó en mi campaña”, sostuvo.
MARÍA MAGDALENA LÓPEZ (FUERZA POPULAR-ÁNCASH)
Es investigada junto con su esposo Erlis del Castillo por desbalance patrimonial, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Entre 1996 y 2001, cuando era secretaria de la congresista fujimorista Luz Salgado, acumuló S/. 12 millones en depósitos bancarios y compró siete embarcaciones pesqueras.
El fiscal anticorrupción Walter Delgado la denunció por enriquecimiento ilícito, en 2011. El Ministerio Público esbozó dos hipótesis: su fortuna provendría de actos de corrupción vinculados a Vladimiro Montesinos o al narcotráfico. La congresista no respondió a las insistentes llamadas de esta revista.
NORMAN LEWIS (UNIÓN REGIONAL-LORETO)
El 25 de mayo del 2011, cuando Lewis se encontraba en plena campaña, fue asesinado en Leticia (Brasil) un simpatizante voluntario del partido que era parte de su comparsa en Iquitos: Ronald Yengle Vásquez (41), ‘Rambo’.
Se habló de un ajuste de cuentas por drogas. La familia sospechaba de un crimen pasional.
Yengle fue contratado, según Antezana, como “guachimán” personal de Lewis. Lo raro es que era dueño de un billar y dos cantinas.
Lewis niega una amistad con Yengle y asegura que jamás le ofreció un puesto de trabajo en el Congreso. El legislador reportó a la ONPE S/. 141,050 en aportaciones y como fuente a la agrupación Fuerza Loretana.
“Yo me enteré de su muerte cuando regresé de viaje”, aseguró Lewis: “Ignoraba su información personal. Yo no entiendo de dónde sale la acusación por narcotráfico”.
WILDER RUIZ (GANA PERÚ- LIMA PROVINCIAS)
Según Antezana, Ruiz sería dueño de una propiedad de entre 5 y 10 hectáreas en Huaura, donde hay versiones de que se cultiva marihuana. Ruiz no presentó reporte de aportaciones ante la ONPE en ninguna de las tres entregas. Todos los intentos de CARETAS por entrevistarlo a largo de los últimos días fueron infructuosos.
TEÓFILO GAMARRA (GANA PERÚ-UCAYALI)
Antezana sospecha que es pariente de Walter Gamarra Lino, cabeza de una presunta mafia de lavado de activos del narcotráfico en Iquitos, con un desbalance patrimonial de S/90 millones.
El 2 de diciembre del 2011, el fiscal antidrogas de Iquitos, Germán Juárez, incautó 34 propiedades vinculadas a Gamarra Lino como parte de la operación “Alfa 2011”. Sigue en calidad de no habido.
El congresista Gamarra reportó un total de S/40,100 en aportaciones a su campaña poniéndose como fuente él mismo, a Holguer y Enrique Gamarra y a René Taboada.
“A ese señor no lo conozco ni en pintura. Gente enferma piensa que porque llevamos el mismo apellido somos parientes y no es así”, zanjó.
ELÍAS RODRÍGUEZ (APRA-LA LIBERTAD)
CARETAS 1975 reveló que Rodríguez recibió un “préstamo” de US$10,000 de Fidel Sánchez Alayo, investigado junto a su padre por lavado de dinero del narcotráfico, para la compra de muebles para su oficina.
“No tengo ningún vínculo con Fidel Sánchez Alayo, ya superé ese capítulo de mi vida. Estoy en un lugar repleto de leones, si hubiera tenido un verdadero problema ya me hubieran comido”, dijo a CARETAS.

El caos vehicular en nuestra capital ha sido expuesto en vitrina al mundo con la emisión del programa Don’t drive here (No manejes aquí), de la cadena Discovery Channel. Lo sorprendente es que la burgomaestre de Lima, Susana Villarán, calificó este reportaje como “estupendo”.
El documental –que se suma a la presentación de la situación del tránsito en diversas ciudades del mundo– muestra las largas filas de vehículos en ‘horas punta’, el peligro de conducir y ser trasladado en combis, así como los constantes accidentes.
De acuerdo con el reportaje, cada año se producen 50 mil atropellos o choques en la capital. Al respecto, indica que se trata del “índice más alto en América Latina, con 30 muertes por cada 10 mil vehículos”.
Además, se precisa que más del 80% de los pasajeros utiliza el transporte público.
Eso no es todo. El reportero Andrew Younghusband compara la flota aproximada de taxis en Lima (230 mil) con las unidades en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), que solo tiene 13 mil.
Al respecto, la alcaldesa Susana Villarán calificó de “estupendo” que el canal haya transmitido ese documental.
“Me parece estupendo porque está de acuerdo con nuestra gestión y con la reforma del transporte. Estamos haciendo un ordenamiento por fin después de tantos años, pero es una tarea de todos”, enfatizó.
En el documental se muestran las “peculiares” formas de transporte, como mototaxis, triciclos y ‘combis asesinas’. El periodista critica la insuficiente labor de la Policía para la fiscalización. Younghusband se burla del examen para obtener un brevete. Lo aprobó y manejó diversos vehículos.
Fuente: Diario Perú21.

Siete listas del No
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEE-LC) determinó que los partidos Somos Perú, Acción Popular y Perú Posible deben corregir, en un plazo de dos días naturales, ciertas observaciones de forma a las solicitudes de inscripción de listas de candidatos que presentaron para participar en las Nuevas Elecciones Municipales del 24 de noviembre en Lima Metropolitana.
En sendas resoluciones, el órgano electoral admitió las listas de Somos Perú y Acción Popular, con la excepción de dos candidatos (uno por cada fuerza política), quienes deberán subsanar algunos reparos de forma si desean seguir en carrera.
En el caso de Perú Posible, su lista de postulantes no fue admitida porque debe corregir un mayor número de observaciones, una de las cuales afecta a la nómina completa.
Dichas objeciones están referidas fundamentalmente al incumplimiento de algunos requisitos exigidos por la ley electoral (no haber solicitado la licencia en el plazo establecido, no consignar la firma y huella de candidatos o no llevar la solicitud la firma del personero, entre otros)
De ser admitidas, dichas nóminas de candidatos serán publicadas para que en el plazo de tres días se puedan presentar eventuales tachas contra uno o varios postulantes.
Cabe precisar que ayer venció el plazo para la presentación de las solicitudes de inscripción ante el JEE de Lima Centro, cuya sede se encuentra en el distrito de Jesús María.
En los comicios del 24 de noviembre se elegirán 22 regidores que reemplazarán a las autoridades revocadas en la consulta popular de marzo último.
También presentaron listas de candidatos Siempre Unidos, Partido Popular Cristiano, Partido Humanista, así como Tierra y Dignidad.
En el caso de Frente por la Ciudad (FxC), fachada coyuntural de Tierra y Dignidad, seis de sus candidatos son actuales regidores de la Municipalidad de Lima, por lo que el JNE ha exigido la presentación de sus licencias.
Según informó José Boza, coordinador de FxC, los concejales ya cuentan con sus licencias sin goce de haber para que puedan participar en los próximos comicios electorales, por lo que harán la entrega respectiva de los documentos.
Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.
Patria Roja y otros radicales
Por Héctor Villalobos- Diario El Comercio
El abogado Juan Manuel Velarde explicó que su renuncia a Fuerza Social, ocurrida en mayo, se dio porque no estaba de acuerdo con el manejo de la gestión edilicia. “No era una gestión eficaz. Los resultados se han visto en la revocación del 17 de marzo”. Aclaró que sus discrepancias vienen de antes de la revocación, pero como personero no podía renunciar en plena campaña.
El otro motivo de su salida fue “el acercamiento con posiciones de izquierda radical” que no comparte, como el MAS de Gregorio Santos y Tierra y Dignidad, que participan en la gestión municipal. “Dentro de Fuerza Social hay gente que está disconforme y descontenta y está planteando elecciones de una nueva junta directiva para setiembre”.
Velarde consideró que la lista oficialista, que postulará con el logo de Tierra y Dignidad, tiene pocas opciones de ganar en Lima y probablemente no colocará un solo regidor, ya que ese partido está asociado con las protestas anti-Conga y su rechazo a la inversión privada.
Ante este escenario, vaticinó que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, perderá la mayoría que tiene en el concejo y se quedará con un solo regidor. “Espero que los partidos que obtengan las regidurías tengan un comportamiento ecuánime”, sostuvo.
Aclaró también que la lista oficialista no podrá participar con la denominación de Frente por la Ciudad, como se vienen promocionando, pues ya se venció el plazo legal para hacer el cambio de nombre.
Velarde dijo que otros militantes que se fueron descontentos de Fuerza Social postularán como invitados en la lista del Partido Humanista, pero que su objetivo es formar una nueva agrupación política que se llamará Izquierda Liberal.
La izquierda moderna
Por Carlos Meléndez
El crecimiento accidental en la intención del voto limeño por Susana Villarán ha traído al debate la relevancia de una opción política que dicha candidata presenta como “izquierda moderna”. Sin embargo, si uno revisa sus declaraciones y propuestas, e identifica a sus propulsores, se encuentra con la triste realidad de que abundan más los rezagos del pasado, y que la supuesta modernidad es de utilería. En su afán por llamar la atención de los pobres (ahí donde no pasa del 5%), Villarán predica la insistencia en un programa social caduco (Vaso de Leche) que ha generado corrupción antes que niños sanos. Su aproximación a los sectores D y E es digna de monjas caritativas o de tías del Golf que lavan sus culpas ensuciándose los zapatos en los arenales. Sus visitas de médico a los comedores populares conmueven tanto como Boloña durmiendo entre esteras.
Su alianza con sectores fundamentalistas no le permite mirar adelante. ¿Quién le dijo que la izquierda tenía que unirse, cuando lo que se necesita es zanjar de una vez con los errores de sus autodenominadas “viejas glorias” que nunca cambiarán? ¿Quién dice tener un discurso basado en la honestidad pactando con quienes controlan las argollas de la Derrama Magisterial y obstruyen la transparencia en la gestión pública? (A ver, que Patria Roja maneje el presupuesto participativo de Lima). Además, la supuesta renovación de cuadros es falaz, porque esas “jóvenes promesas” son en realidad chiquiviejos-manos-blancas que creen que ser de izquierda es tutear a su empleada (que no tiene seguro social) y vestirse con look novoandino.
El país necesita una izquierda realmente moderna, popular en serio (ni paternalista, ni obligada por el “affirmative action”), que se acerque a los barrios con horizontalidad (no como policía femenina ni promotora de ONG feminista); que deje a un lado el inútil discurso del emergente (que sólo sirve para pedir plata a la cooperación-small-is-beautiful); que no se pierda en disquisiciones del siglo pasado (¿Fidel o no Fidel?); que se libere tanto de post-violentistas como de socialconfusos; que deje el discurso participativo ingenuo (¿qué es eso que tan ligeramente consideras “pueblo”?); que cimiente una ciudadanía liberal (deja de llamar “pobladores” a la gente de D y E y “ciudadanos” a tus amigos que te acompañan en tus marchitas); que sepa interpretar el capitalismo contemporáneo (ya olvídate del rollo soso de la Economía Solidaria, que sólo sirve para que Mocha vaya a Brasil a florear a Boaventura Dos Santos); que se acerque al mercado amparado en la legalidad de las instituciones (¿alguien de tus patas ha abierto una microempresa exitosa? No vale convertir tu casa en centro cultural para que tus amigos escuchen jazz); que respete los derechos pero también ponga orden (¿o es que el orden es monopolio de la derecha?).
El país no necesita un remake de Izquierda Unida, sino una izquierda inédita. Quisiera una izquierda que rompa con sus argollas, que divida, que sincere. “Soy una Bachelet”, dice Villarán, cuando en todo caso habría que escuchar a Enríquez-Ominami (“Somos una generación post Guerra Fría, donde la democracia y la economía mixta son las premisas”). Una izquierda joven a la que no se le pueda echar en cara ningún roche. Eso no es Fuerza Social por ningún lado, que lo único de “moderno” que tiene son las confesiones nostálgicas de aficionados a la marihuana.

El congresista Julio Rosas señaló que pedirá la presencia de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, en la Comisión de Fiscalización para que declare sobre presuntas irregularidades en el alquiler del Puericultorio Pérez Aranibar.
Esto debido a que un total de 24 mil m2 del puericultorio fueron alquilados al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) en el 2009 a un monto de 12 mil dólares mensuales, sin embargo hasta el momento poco o nada de se sabe del destino de ese dinero, que sería un total de 636 mil dólares.
“Al parecer habría malversación de fondos, el convenio dice expresamente que ese dinero no se debe usar en gastos administrativos ni estudios técnicos, tengo entendido que gastaron más de 80 mil dólares en refaccionar una piscina que ni se usa”, dijo el congresista de Fuerza Popular.
“Urge la presencia del Presidente de la Sociedad de Beneficencia de Lima Carlos Otero ante la Comisión de Fiscalización y también de la señora Susana Villarán, pues la Beneficencia depende de la Municipalidad de Lima”, aseguró.
Asimismo, Julio Rosas dijo que a pesar del dinero que ingresa al Puericultorio ciertos ambientes lucen abandonados, como es el pabellón Miguel Echenique que albergaba a 300 niñas.
“Hubo una donación de parte del PNUD de más de 300 mil dólares al Puericultorio, ¿en qué se ha usado? No es posible que se les quite sus recursos a los niños del Puericultorio Pérez Aranibar”.
Fuente: Diario Correo.

Javier Villa Stein, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, arremetió contra el premier Juan Jiménez y pidió que se le investigue por el contenido del audio de la reunión que sostuvo, en mayo del 2012, con la entonces jueza Carmen Rojjasi por el caso Chavín de Huántar.
“Se tiene que investigar el contenido de los audios, puesto que, de ser exacto, se estaría revelando el doble estándar que tiene Jiménez en materia de derechos humanos”, manifestó el magistrado a RPP.
En esa línea, Villa Stein acusó a Jiménez Mayor de poner en peligro la situación judicial de los comandos que participaron en el rescate de los rehenes de la embajada de Japón, en 1997.
“(El primer ministro) es un pregonero de los derechos humanos, pero todo parece indicar que tiene dos estándares en esa materia. No tiene convicción, no cree en los derechos humanos y ha quedado desnudada su posición en ese tema”, afirmó.
Sobre la validez del audio que registra el diálogo de personajes del Ejecutivo con magistrados del Poder Judicial, Villa Stein dijo que ese material no constituye una prueba prohibida.
“Recordar que en el Perú se ha hecho uso de audios para condenar a mucha gente, la que ahora con muchos motivos podría pedir la revisión de sus sentencias”, remarcó.
“Se tiene que tomar una decisión sobre si los audios tienen o no valor, porque es clarísima las voces de los protagonistas. Las voces de los actores podríamos reconocerlas todos los que las hemos oído en diversas oportunidades”, finalizó.
Fuente: Diario Perú21.

Fue detenido en el pueblo de San Lorenzo, en Datem del Marañón, un policía quien habría informado a los delincuentes del traslado de medio millón de soles del aeródromo Alfonso Valcárcel hacia el Banco de la Nación.
Según manifestó el administrador de la entidad financiera, José Alberto Cotrina Chicoma, se trata de un efectivo PNP, quien viene colaborando con las investigaciones del caso.
Asimismo, confirmó que la Policía Nacional continúa realizando el operativo fluvial para dar con la ubicación de los sujetos armados, quienes se apoderaron del dinero este miércoles por la mañana.
El administrador detalló que la atención en la agencia bancaria en San Lorenzo es normal. En la comisaría existe mucho hermetismo en brindar la información a los medios de comunicación sobre el hecho.
Los efectivos de la Policía Nacional Mayor Edwin Quiroz Mendoza, SO3 Carlos Enrique Camacho Sánchez (22) y funcionarios del Banco de la Nación fueron sorprendidos por nueve delincuentes encapuchados y fuertemente armados cuando llegaban al distrito de San Lorenzo con los pagos que correspondían a 1,600 beneficiarios del Programa Juntos, de los distritos de Cahuapanas y Barranca. ¿El resultado? Les robaron S/500,000.
El Banco de la Nación, en un comunicado, indicó que la seguridad policial y el personal del banco se vieron obligados a entregar el dinero que debía ser depositado en la agencia bancaria de dicho distrito.
“Es importante señalar que por las condiciones de la zona, desafortunadamente no se cuenta con una empresa de transporte de caudales, razón por la cual para realizar este tipo de operaciones financieras se utiliza el transporte local”, detalló el banco.
La entidad financiera lamentó lo ocurrido “pues perjudica los objetivos de apoyo a los programas sociales y de la inclusión financiera en zonas donde se encuentran los peruanos más necesitados de nuestros servicios”.
El gobernador de San Lorenzo, capital de la provincia Datem del Marañón, José Valera, informó que el medio millón de soles que fue robado en el aeródromo Alfonso Valcárcel se produjo cuando dos policías trasladaban el dinero en una mototaxi hacia una agencia del Banco de la Nación.
Valera dijo que, el traslado de dinero desde el aeródromo es generalmente en mototaxi, y nunca ocurrió nada similar.
Asimismo, indicó que en el aeródromo esperaban dos policías y un funcionario del Banco de la Nación (Eugenio Tamay).
Según los habitantes de San Lorenzo, desde hace tres semanas, sujetos extraños eran vistos por las calles; estos, al parecer habrían llegado de Jaén o Bagua, añadió Valera.
Fuente: Diario La República y Radio Programas del Perú.

El Presidente del Congreso de la República Freddy Otárola Peñaranda aseguró que el procurador Julio Arbizu si laboró en el Congreso. Además, que tiene una colegiatura activa del Colegio de Abogados de Ayacucho y del Callao. “Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado”, agregó.
El legislador fujimorista Héctor Becerril presentó una nueva denuncia penal contra el procurador anticorrupción Julio Arbizu, a quien acusó por los delitos de ostentación de distintivos de cargos que no ejerce, omisión de actos funcionales y falsedad genérica.
En el documento, presentado ante la 47 Fiscalía Penal, se consigna que Arbizu escribió en su currículum vitae (CV) que obtuvo su título de abogado en junio del 2002, cuando en realidad fue en 2003. “(Esto) con la finalidad de adicionarse un año más de experiencia profesional”, indica Becerril.
En otro punto, se revela que Julio Arbizu no laboró de junio a diciembre de 2008 en la Defensoría del Pueblo (DP), sino hasta octubre de ese año.
Además, no laboró en la “Unidad Anticorrupción” de esa entidad pues “dicho órgano no existía en esas fechas, y tampoco en la actualidad, en su estructura organizacional”.
Fuente: Diario Perú21.

Organismos de fachada
En busca de captar mayor cantidad de jóvenes para integrar sus filas, Sendero Luminoso utiliza las redes sociales y el Internet, bajo organismos de fachada, advirtió el periodista experto en narcoterrorismo, Pedro Yaranga.
En ese sentido, refirió que el grupo terrorista suele reinventarse luego de los duros golpes de las fuerzas militares a sus remanentes. Explicó que la nueva estrategia de los subversivos pasa por el debate político, tema en el que las redes sociales como Facebook pueden ser de mucha utilidad para sus fines.
“No hay que olvidar que Sendero siempre cambia de estrategia de tiempo en tiempo. Antes lo hacía, me refiero al grupo que está con Abimael Guzmán, con una estrategia militar y lo hacían anualmente, hoy lo hacen a nivel político y mediático”, manifestó a RPP.
Yaranga añadió que los terroristas están empleando vídeos con reclamos justos de la población, en donde insertan sus frases subversivas, para distorsionar el mensaje final de su contenido, alentando a la lucha armada.
También utilizan las supuestas pésimas condiciones carcelarias de sus líderes, entre ellos Abimael Guzmán, del que piden su inmediata liberación, mediante una campaña organizada no solo en el Perú, sino también en el extranjero.
“Hasta ahora están produciendo algunos videos y lo que hacen es recopilar los reclamos de la población a nivel nacional e internacional. […] La primera prioridad desde el año pasado es lograr la libertad de Abimael Guzmán y los altos dirigentes. Para eso hacen están haciendo una campaña nacional e internacional”, comentó.
Finalmente, refirió que estas nuevas organizaciones han sido identificadas como Hijas del Pueblo, Jóvenes del Pueblo y  Filas Proletarias, todas ellas con evidente filiación a Sendero Luminoso.
Fuente: Diario La República.

Por Enrique Chávez- Revista CARETAS
Y juntó a perro, pericote y gato, como sugiere su apellido.
O casi. Los fujimoristas y las ONG defensoras de los Derechos Humanos se han unido contra el magistrado César San Martín en la insólita tarea de tumbarse el proceso por el operativo Chavín de Huántar, que acababa de finalizar en el fuero local y esperaba su definición en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
San Martín, cuyo nombre dio la vuelta al mundo al comandar un juicio ejemplar que condenó a un ex Presidente de la República a 25 años de prisión en 2009, es criticado incluso por los que lo aplaudieron.
“Ahora soy la bestia negra”, se le ha escuchado admitir con ironía en los últimos días.
El Consejo Nacional de la Magistratura acaba de abrirle una investigación preliminar por su papel en el almuerzo del 31 de mayo del 2012 con la jueza Carmen Rojjasi, al que también asistieron el entonces ministro de Justicia, Juan Jiménez, y el agente del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Cateriano.
El CNM pretende establecer si se justifica un proceso disciplinario que podría conllevar hasta la destitución del actual titular de la Sala Penal Transitoria de la Suprema. Determinarán si la presencia de Rojjasi en el almuerzo constituyó una interferencia en el juicio y si San Martín influyó en la sentencia de la jueza.
El audio de la reunión en el comedor de la presidencia del Poder Judicial fue filtrado el domingo 1 de agosto por Youtube.
Los críticos aducen que del audio se desprende que San Martín y Jiménez pretendían imponer a Rojjasi la posición del Estado en dos puntos fundamentales: 1) negar la existencia de una “cadena de mando paralela” durante el operativo de rescate de 72 rehenes en la residencia del embajador de Japón, y 2) negar que el emerretista Eduardo Cruz Sánchez, alias “Tito”, fuera ejecutado extrajudicialmente bajo el amparo de esa cadena.
Pero no solo el dictamen de Rojjassi de octubre de 2012 desmiente esto al establecer que Tito fue ejecutado de modo extrajudicial, sino que, en julio último, la sentencia de la Sala Penal Transitoria de la Suprema, presidida por San Martín, ratifica ese criterio.
El Tribunal Superior presidido por Rojjassi sentenció que “A) si bien no se ha probado la existencia de una “cadena de mando paralela”, se acreditó la muerte del agraviado Cruz Sánchez, luego de ser detenido por efectivos del SIN, bajo las órdenes de (el coronel EP Jesús) Zamudio Aliaga”.
Mientras tanto, el texto firmado por San Martín establece:
“Sexagésimo séptimo. “Que en atención (i) a la declaración de los efectivos del SIN y a lo mencionado por Hideka Ogura –que en este extremo de su declaración el Tribunal Superior le otorga credibilidad–, sin perjuicio de que existen testimonios en otro sentido, y (ii)) al resultado médico y balístico forense –del Instituto de Medicina Legal y de la Dirección de Criminalística de la Policía–, más allá de las acotaciones de los informes médico forenses de Pounder y Cartagena, la Sala Sentenciadora estimó que tales indicios son graves, concordantes y pertinentes (univocidad de los indicios), así como que, ante la ausencia de contraindicios sólidos, no existe otra explicación razonable que concluir que el agraviado Cruz Sánchez (a) “Tito” fue ejecutado extrajudicialmente”.
El fondo de la reunión
El ex fiscal Avelino Guillén, recordado por exponer sus argumentos en el juicio a Fujimori, declaró a La República el lunes 12, que el almuerzo de mayo, “es una vulneración al principio que establece nuestra Constitución en el sentido de garantizar la independencia de nuestros magistrados”.
San Martín basará su defensa ante el CNM precisamente en la independencia de la judicatura.
“Yo dirigía la reunión porque quería garantizar su objetividad”, ha dicho. El encuentro está registrado en la agenda oficial, y correspondía al presidente del Poder Judicial estar presente por un tema de jerarquías. Como confirmó Jiménez a CARETAS 2295 (El Complot de Chavín), el ministro de Justicia había solicitado la reunión con toda la Sala y no solo con Rojjasi. La reunión es legítima “por imperio de la ley orgánica” del Poder Judicial, que obliga al magistrado a hablar con las partes “antes de la vista”, si así lo solicitan estas, sostiene San Martín.
Para el ex fiscal Guillén existió injerencia “nítidamente” porque los representantes del Estado “le plantean a la jueza diversos escenarios”. Para San Martín eso “es lo normal y se hace todo el tiempo”.
En efecto, toda controversia jurídica suele ser objeto de puntos de vista encontrados, como era el caso Chavín de Huántar.
Además, no pierde de vista que, al estar el caso abierto en un tribunal internacional, se trataba de una reunión de Estado y estaba doblemente justificada. La prueba ácida de este lío, que puede tener graves consecuencias para la causa pendiente en la CIDH, se encuentra en las dos sentencias.
Y quien invierta un tiempo en su lectura encontrará un desarrollo complejo que construye su lógica en camino a la verdad.
Thriller y sentencia
A lo largo de sus 58 páginas, la sentencia de San Martín cita y confirma la de Rojjasi, pero también avanza, como en el guión de un thriller de guerra, en el seguimiento del planeamiento y la ejecución del operativo.
Se refiere a “la actitud reacia de los emerretistas” durante las negociaciones para liberar a los rehenes y sus demandas incumplibles.
Cita el “Manual de la lucha contra el secuestro” de Naciones Unidas para concluir que “cuando existen factores internacionales de por medio y, sobre todo, en momentos en que después de largas y frustradas negociaciones –no por obra de las autoridades públicas– se produjo una lógica de rechazo al Estado por parte de los terroristas, y se conocía –por información interna- de su proceder incluso contra los rehenes. El uso de la fuerza letal, en estas condiciones, era absolutamente necesaria en relación con la fuerza y la amenaza que se quería repeler, a fin de liberar a los rehenes de la opresión terrorista”.
Ese contexto convierte a los emerretistas, según la sentencia, “en objetivos militares legítimos”.
Concluye que “los comandos y quienes lo dirigieron (el operativo), dado lo ya expuesto, se mantuvieron dentro de lo que le impone el deber, por lo que su conducta está plenamente justificada”.
Los nuevos críticos de San Martín se preguntan cómo él, que fundamentó el concepto de “autoría mediata” para sentenciar a Fujimori a 25 años de prisión por amparar la existencia de escuadrón para–militar “Grupo Colina”, la pierde de vista aquí y lo exculpa a él, a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza y Roberto Huamán:
Afirma la sentencia, “que, en el presente caso, la operación militar de rescate, más allá de la calificación que merezca el régimen del presidente Alberto Fujimori Fujimori –sobre la que incide la acusación y la parte civil–, no constituyó, para el Derecho Internacional Penal, un delito de lesa humanidad… No se trató de un acto sistemático y generalizado, sino una operación de rescate focalizada que cumplió su finalidad: rescatar rehenes sometidos a esa condición por integrantes del MRTA. Los resultados de la acción de rescate no importaron un ataque generalizado, de grandes proporciones (…), ni se llevó a cabo mediante un plan común para matar, de modo sistemático, a los emerretistas, quienes por lo demás no pueden calificarse de población civil: no se rindieron ni depusieron las armas – es de insistir que un caso singular es el de Cruz Sánchez (a) “Tito””.
La secuencia resulta vital para entender el fondo del razonamiento.
Es descrita y legitimada la técnica israelita del “Tiro Instintivo Selectivo” (TIS) seleccionada para el operativo: 3 disparos en 2 segundos contra el objetivo militar. Cabeza, tronco y remate en la cabeza. Así se evitan las ráfagas que pueden herir a los rehenes.
La reconstrucción del operativo incluye las declaraciones de los comandos. El general EP Augusto Jaime Patiño reconoce ser el responsable del Plan Operativo Nipón y el coronel EP Williams Zapata hizo el “Plan de Operaciones Tenaz”, específicamente para la toma de la residencia. Zapata también estuvo al mando de los comandos que ingresaron a la residencia.
El Tribunal Superior había sentenciado que “ninguna prueba permite dar por acreditada una orden o disposición ilícita bajo el supuesto de la existencia de una cadena de mando paralela; F) en tiempo corto y en pleno combate no es posible una transmisión de comunicaciones desde el nivel más bajo hacia el más alto y viceversa”.
Según la acusación fiscal, la “cadena paralela” se expresó en los llamados “gallinazos” del SIN que irrumpieron luego de los comandos.
Pero la sentencia delimita las atribuciones del SIN, que se encargó de introducir micrófonos de escucha en la residencia acosada, la construcción de los túneles, y, durante el operativo de rescate, de la seguridad de las casas aledañas.
“Los comandos no utilizaron pasamontañas, sino los del SIN, quienes ingresaron luego del operativo a filmar. El técnico de tercera EP Jaime Tolentino García tenía a su cargo la filmación y tomas fotográficas con otros seis efectivos”.
También demuestra que “Montesinos no tuvo injerencia en la propia operación de rescate. No existió orden de ejecutar extrajudicialmente a los emerretistas. Zamudio dependía del SIN –no integraba la patrulla de comandos– y con él no tenía comunicación alguna, al igual que con Huamán –tampoco le cursó orden alguna–, el cual durante la operación se abocó al tema de inteligencia y no participó en la parte operativa”.
Un Caso Aislado
Zamudio, hasta hoy prófugo de la justicia, es la pieza clave que falta en el rompecabezas. La sentencia establece que “Tito” fue detenido terminado el combate, cuando intentaba infiltrarse entre los rehenes rescatados de dos habitaciones, que eran trasladados a la casa “Uno”, custodiada por el SIN.
El emerretista ofreció resistencia y fue reducido por los policías, que llamaron por radio a su jefe, Zamudio, para comunicar la detención.
Tito fue encontrado muerto de un solo disparo. Sin cuestionar la naturaleza “extralegal, sumaria o arbitraria” de la ejecución, San Martín introduce elementos de discusión. Entre ellas las pericias del Estado realizadas por los expertos Derrick Pounder y Juan Manuel Cartagena, que contradicen abiertamente la tesis de José Pablo Baraybar. Esta última le sirvió de base al Ministerio Público para formular que al menos otros dos emerretistas fueron ejecutados extrajudicialmente, pero queda claro que, con excepción de “Tito”, todos murieron por fuego cruzado.
La sentencia admite que “existen todavía algunos pasajes de los hechos, vinculados al agraviado Cruz Sánchez, que deben y pueden esclarecerse en una línea de investigación más intensa” por parte del Ministerio Público. Tito era un terrorista descrito como ferozmente radical por los rehenes y quien, según el almirante ® Luis Giampietri, fue quien mató al juez supremo Ernesto Giusti.
San Martín se excusó de ofrecer una entrevista formal a CARETAS debido a la investigación abierta en el CNM. Pero deja sentir su malestar porque los perjudicados terminan siendo los comandos.
Para confirmarlo basta leer el artículo que Gloria Cano, abogada de la parte civil, publicó en el semanario de César Hildebrandt: “Si no fueron los acusados (Fujimori y compañía) los responsables de la muerte de Tito, entonces no hay otra salida que quienes tenían el control de la zona eran los comandos y, por ende, serían ellos a quienes debían investigar”.
Cano declaró que, con los audios, “nos han puesto el caso en bandeja de plata ante la Corte Interamericana”. Donde el Perú era el campeón de los juicios perdidos.

Emboscada en el VRAEM

Por Américo Zambrano- Revista CARETAS
Una comunicación radial interceptada en mayo de este año fue el hilo de la madeja de la operación que acabó con la vida de Orlando Borda Casablanca, ‘Alipio’, y Marco Quispe Palomino, ‘Gabriel’, No 2 y 4 de Sendero Luminoso del VRAEM, en el caserío de Pampas, en Huanta, al norte de Ayacucho, a las 21:30 horas del domingo 11.
‘Alipio’ le dice en quechua a un traficante de drogas de la zona que arribará “pronto a Llochegua”, jurisdicción vecina a Pampas.
Llochegua está ubicado a 525 metros de altura, al pie de las montañas del Vizcatán, y es un bastión del narcotráfico.
Y el traficante era un informante, un “fite”, de la inteligencia policial. Fue captado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el año pasado, y luego puesto a disposición de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).
Este “soplo” fue el que permitió emboscar a dos de los ‘narcoterroristas’ más importantes y sanguinarios del VRAEM.
EL RETIRO
La muerte marcó a ‘Alipio’ (46) y ‘Gabriel’ (37), cuando decidieron retirarse de la provincia de La Convención, en el Cusco, y desplazarse a Ayacucho, cruzando el río Apurímac, según inteligencia policial.
Ambos coincidieron en Cusco y ejecutaron el secuestro de 36 trabajadores del consorcio Camisea TGP, en Kepashiato, en abril del 2012, poniendo en vilo la seguridad energética del país.
Pero dos sucesos los empujaron a abandonar La Convención por donde pasa el gasoducto, de acuerdo a la Policía.
El 5 de septiembre del 2012, las fuerzas del orden abatieron, en Llochegua, a Víctor Crespo Ramírez (43), ‘William’, el segundo mando militar, después de ‘Alipio’ (CARETAS 2249).
Posteriormente, en diciembre del año pasado, ‘Alipio’ y ‘Gabriel’ descubrieron que cuatro de sus secuaces habían sido captados por la inteligencia policial y desertado de la organización terrorista.
Con cuatro soplones en manos de la Policía era un peligro permanecer en el Cusco y, por otro lado, Llochegua debía ser “recuperada” por SL.

TRIANGULACIÓN ELECTRÓNICA

La Dirandro colocó tres poderosos equipos de interceptación radial, de onda larga y corta, en tres zonas estratégicas de Ayacucho para triangular las comunicaciones radiales de los terroristas.
Fue así como se intervino la conversación de ‘Alipio’ con el traficante-informante, en mayo. Pero era imposible determinar con exactitud la ubicación de los ‘narcoterroristas’.
A través de diversos informantes se supo que ‘Alipio’ y ‘Gabriel’ –con unos 30 combatientes armados– se venían desplazando por las localidades de San Gerardo y Sol Naciente, en Sivia, distrito que colinda con Llochegua.
El 5 junio de este año, los terroristas intervinieron el campamento del Consorcio Vial Quinua, en el poblado de Tutumbaru, en Sivia.
Se apoderaron de 12,000 cartuchos de dinamita, lo que para la Policía fue una respuesta a la intervención, el 23 de abril de este año, de cuatro caletas en Junín, donde los subversivos ocultaban un verdadero arsenal: 30 rockets, cohetes S-5, cartuchos de dinamita, minas antipersonales Claymore y munición para fusiles israelitas Galil.
Luego, el pasado 23 de julio, los senderistas volvieron a incursionar en el Consorcio Vial Quinua y quemaron la maquinaria destinada al asfaltado de la carretera Quinua-San Francisco.
Fue un error político para los senderistas porque el sabotaje al asfaltado de la carretera generó un sentimiento de rechazo entre los pobladores del VRAEM que terminaría por costarles la vida.

ANFO Y DINAMITA

Los primeros días de agosto no hubo noticias de los terroristas. Ni una sola comunicación radial o llamada telefónica. Nada.
La Policía sospecha que los subversivos se desplazaron a las montañas de Vizcatán a celebrar el cumpleaños del líder ‘narcosenderista’ Víctor Quispe Palomino, ‘José’, el jueves 1 de agosto.
El martes 6, el “fite” soltó una bomba: ‘Alipio’ y ‘Gabriel’ llegarían a su casa, en Pampas, entre el sábado 10 y el martes 13.
Una versión policial refiere que el narco engatusó a los terroristas diciéndoles que habría mujeres. Una propuesta difícil de despreciar.
La Policía “preparó” la casa. En la sala se escondió una batería, un cable eléctrico y un balde con anfo y dinamita capaz de volar el predio entero. Solo había que aguardar, como un lobo al acecho.
Colaboradores de las fuerzas del orden fueron “sembrados” en los poblados de Pampas y el vecino Nuevo Horizonte. Estos confirmaron la presencia de los terroristas, la noche del sábado 10.
El domingo 11, a eso de las 9:00 p.m., ‘Alipio’, ‘Gabriel’ y ‘Alfonso’ dejaron a sus hombres de seguridad dispersos a 10 minutos de Pampas e ingresaron al inmueble del traficante.
Está claro que querían estar solos, probablemente por las chicas.
Pero adentro aguardaba la muerte.
A las 9 y 30 p.m. se escuchó una tremenda explosión y la casa empezó a arder. El “fite”, advertido a tiempo, escapó del incendio.

LA BRIGADA DEL VRAEM

En la casa siniestrada, las dos patrullas combinadas de las FF.AA. y la PNP encontraron tres cadáveres carbonizados.
Tres desertores senderistas reconocieron a uno de ellos como ‘Alipio’ por su contextura y 1.72 metros de altura. En su poder se halló el arma que le fue sustraída al suboficial PNP Luis Astuquillca, durante su travesía de 17 días en la selva de Kepashiato, en abril del 2012.
Los mismos colaboradores de las fuerzas del orden aseguran que uno de los tres muertos es ‘Gabriel’ por una corona en su dentadura.
Los exámenes de ADN a los tres cuerpos se conocerán en 7 días.
El presidente del Comando Conjunto de las FF.AA., vicealmirante AP José Cueto, descartó que el artífice de esta operación haya sido la llamada Brigada ‘Lobo’ de la que negó su existencia.
Pero el lunes último, el propio presidente Ollanta Humala confirmó que el trabajo estuvo a cargo de una Brigada Especial de Inteligencia Conjunta, conformada por policías y militares en actividad, que fue creada el año pasado.
Esta brigada no tiene nombre ni partida de nacimiento oficial. Se conformó tras la captura de ‘Artemio’, en febrero del 2012, y la integran efectivos de la Dirandro, la Dircote, el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (Ciocec), la Fuerza Especial Conjunta (FEC) y el Comando Especial VRAEM.
Su articulador político es el viceministro del Interior, Iván Vega, quien reporta directamente al Presidente de la República.
Opera de la siguiente manera: la inteligencia es producida por la Dirandro, la Dircote y el Ciocec. Cuando hay un operativo específico, Vega convoca a comandos de las tres armas. Y cuando el trabajo culmina, estos retornan a sus labores habituales en las FF.AA.
Bajo este esquema de trabajo, la Brigada Especial de Inteligencia Conjunta ha propinado varios golpes de importancia a los Quispe Palomino: el rescate de un grupo de niños “pioneritos”, en junio del año pasado; la muerte de ‘William’, en septiembre del 2012; la destrucción del campamento de “Raúl”, en febrero de este año; la intervención de las 4 caletas senderistas, en abril, y el hallazgo de la laptop de ‘Gabriel’, el 21 de junio de este año, entre otros operativos más.
Cada uno de estos golpes se hizo combinando la inteligencia de fuentes humanas con la inteligencia electrónica, a través de las interceptaciones radiales y telefónicas, y el incansable trabajo de campo.
Dos artífices, y tocayos por añadidura, son el jefe de la Dirandro, general Vicente Romero, y el jefe de la Dircote, Vicente Álvarez.

LA OPERACIÓN CAMALEÓN

La ejecución de la ‘Operación Camaleón’ fue manejada en secreto, al punto que ni el propio jefe del Comando Conjunto estaba al tanto. El vicealmirante Cueto se encontraba el domingo en Brasil.
Según fuentes confiables, se buscó proteger a los informantes que –como en el caso de ‘Artemio’ y la captura de la congresista oficialista Nancy Obregón, el martes 14 pasado– fueron determinantes.
Gracias a ellos, en buena medida, el SL del VRAEM ha quedado herido de muerte, sin su aparato militar, responsable del asesinato de 220 militares y 56 policías entre 1999 y el 2012 (CARETAS 2278)
Es cierto que ‘Alipio’ no era un Quispe Palomino, pero este ayacuchano de nacimiento, natural del pueblo de San José de Cecce, era un despiadado criminal que dirigió prácticamente todas las grandes emboscadas senderistas de los últimos 13 años.
Resulta paradójico que el más sanguinario estratega de las emboscadas ‘narcoterroristas’ del VRAEM haya muerto de la misma forma: emboscado por un delator, un soplón de su propio entorno.

Audios y Radios

Las interceptaciones radiales y telefónicas en la operación que acabó con la muerte de ‘Alipio’, ‘Gabriel’ y ‘Alfonso’ estuvieron a cargo del ‘Sistema Constelación’ de la Dirección Antidrogas (Dirandro).
Los equipos fueron donados por la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia norteamericana represora del narcotráfico.
Las escuchas fueron supervisadas por la fiscal especializada en delito de terrorismo de Huánuco, Eneida Aguilar Solórzano.
La FAP apoyó con dos aviones T26, a los que se ha acondicionado equipos de interceptación multiespectral de origen israelí por US$16 millones.
También intervinieron dos helicópteros MI-17, habilitados con sistemas de vigilancia electrónica FLIR y de visión nocturna.
En diciembre del año pasado, el gobierno de Ollanta Humala aprobó una partida especial de S/. 83 millones para el VRAEM.
El dinero fue canalizado para repotenciar las comisarías de Ayna San Francisco, Tambo, Huamanguilla y Huanta, en Ayacucho; la compra de equipos de comunicación y el pago de informantes.
El sistema de recompensas funcionó como un reloj. Hasta hace dos años era impensable penetrar el entorno de los Quispe Palomino.
El año pasado se aprobó la entrega de S/. 2 millones como concepto de pago de informantes para el VRAEM. Solo por la captura de ‘Artemio’, en febrero del 2012, se pagó S/. 1 millón.

Sendero Rojo

Entre 1999 y 2012, Sendero asesinó a unos 220 militares y 56 policías en múltiples atentados en el VRAEM y La Convención, en el Cusco.
La cronología de los últimos ataques es la siguiente:
– 9/4/2009: Una patrulla es emboscada en Sanabamba, Huanta, en Ayacucho. Murieron 14 soldados.
– 21/11/2011: Un soldado muerto deja el atentado contra la base Unión Mantaro, en el distrito de Llochegua, en Ayacucho.
– 16/2/2012: Narcoterroristas asesinan a un capitán del Ejército en un nuevo ataque a la base Unión Mantaro.
-9/4/2012: Narcoterroristas secuestran a 36 trabajadores del proyecto Camisea en Kepashiato, Cusco.
– 12/4/2012: Muere capitana PNP Nancy Flores en Alto Lagunas, La Convención, Cusco. Poco después son asesinados los SO César Vilca y Lánder Tamani.
– 14/4/2012: Dos policías fallecen en una emboscada terrorista en Kepashiato.
– 6/6/2012: Senderistas irrumpen en el helipuerto de Pomoreni, en Cusco, reteniendo a 18 trabajadores.

Bombas guiadas de precisión
La muerte del sanguinario Alejandro Borda Casafranca ‘Alipio’ y de Martín Quispe Palomino ‘Gabriel’ –ocurrida la noche del último domingo en Ayacucho– ha obligado a las huestes narcoterroristas a replegarse en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
El especialista en temas de subversión Pedro Yaranga señaló que, momentáneamente, ‘José’ y ‘Raúl’ se encargarán del mando político-militar en esa zona. Sin embargo, el más indicado para suceder a ‘Alipio’ sería Teodoro Benítez (‘Dino’).
La familia que albergó en su vivienda de Pampas-Llochegua (Huanta) a ‘Gabriel’, a ‘Alipio’ y a ‘Alfonso’ (seguridad personal del mando militar) ha desaparecido del lugar desde la noche de la intervención militar-policial.
Yaranga calificó como “extraño” que los mandos narcoterroristas hayan llegado a ese sitio con absoluta confianza. “Allí comieron y hasta bebieron, por lo que no se descarta que hayan sido dopados por los integrantes de esta familia, que tiene tres hijos jóvenes”, indicó el analista a Perú21.
Recordó que otros mandos narcoterroristas del clan Quispe Palomino también han caído con la misma modalidad.
Lo cierto es que, durante el operativo, los terroristas no alcanzaron a herir a ninguno de los efectivos que, provistos de visores nocturnos, habían rodeado la casa donde se hallaban. Es más, ni siquiera alcanzaron a evadir los misiles rockets que les lanzaron, por lo que la humilde vivienda quedó completamente calcinada,al igual que los tres cuerpos de los delincuentes.
Sin embargo, anunció que hay un cuarto subversivo que fue abatido, pero cuyo cuerpo aún no ha sido ubicado.
El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, recalcó que esta intervención no fue “producto de la casualidad”, sino de un “pasivo seguimiento”.
La ‘Operación Camaleón’ se realizó a las 10:30 de la noche del último domingo. Disparos de ametralladora y hasta bombas acabaron con la vida del segundo y del cuarto mando del clan Quispe Palomino.
‘Alfonso’ era el resguardo personal de ‘Alipio’, quien estaba seguro de que Jorge Quispe Palomino, (‘Raúl’) –el tercero en la línea de mando– quería asesinarlo.
Fuente: Diario Perú21.

Por Álvaro Arce- Revista CARETAS
La siguiente es la historia de cómo la telaraña que dirige el abogado Rodolfo Orellana cuenta con un alto mando de la Policía con antecedentes por narcotráfico para abrirse espacio en la ciénaga de la investigación privada y el reglaje ilegal.
La empresa Investigaciones Corporativas SAC fue conformada por Orellana y el expolicía Benedicto Jiménez, el 4 de junio del 2008.
De acuerdo a la SUNARP, la empresa fue creada con el objeto de “dedicarse a la consultoría y gestión en seguridad, utilizando para estos fines la investigación, estrategia, metodología combinada de inteligencia militar, detectivismo y la seguridad ciudadana, entre otros”.
Pero un tercer conspicuo socio de Investigaciones Corporativas SAC es el coronel PNP Óscar Cánepa Ruiz.
Este se desempeñó como jefe Antidrogas de Ayacucho hasta octubre del 2012.
Fue destituido del cargo al detectarse un “cambiazo” de 45 kilos de cocaína por sal en el almacén de la División de Operaciones Especiales Antidrogas ‘Los Waris’ de Huamanga. (CARETAS 2255 – Policía y el Tráfico de Drogas)
Cánepa había ordenado trasladar el cargamento hacia la base de Palmapampa para que sea enviado por helicóptero a Lima y finalmente incinerado.
Pero el 4 de septiembre dio marcha atrás y pidió que la cocaína fuera devuelta a Huamanga aduciendo “falla de vuelos a la capital”.
Fue entonces cuando se produjo el “cambiazo” y la coca desapareció.
Cánepa fue removido de su cargo y puesto a disposición de la Inspectoría General de la Policía. No fue dado de baja y ahora está destacado en la jefatura de Estado Mayor.
La vinculación de Orellana con un coronel involucrado en narcotráfico se suma al cúmulo de indicios por los que el abogado es investigado por lavado de dinero en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado.
“Que esté involucrado un coronel en actividad es totalmente ilegal. Hay un conflicto de intereses”, denunció el congresista AP-FA Víctor Andrés García Belaunde. “Es evidente que esta empresa se dedica al ‘chuponeo’ y al seguimiento de todo aquel que se ponga en su camino delictivo. A mí y a CARETAS, por ejemplo”, sostuvo.
La SUNAT consignó como domicilio fiscal de Investigaciones Corporativas SAC la avenida General Canevaro 1061 dpto. 501 en Lince.
ELIMINA RIESGOS
CARETAS ubicó al coronel Cánepa en su casa de la avenida Agustín de la Rosa Toro 580, en San Luis, la semana pasada.
Una placa en la puerta de entrada al tercer piso salta a la vista. En ella se lee: “BUINSE SAC. Previene y elimina riesgos”.
Se trata de una segunda empresa, ‘Business Intelligence Security SAC’, creada el 9 de agosto del 2005.
El gerente general, según la SUNAT, es una figura repetida: Alfredo Sánchez Ruiz, cuarto accionista de Investigaciones Corporativas SAC.
Cánepa asegura que por ahora solo le alquila la última planta de su vivienda por US$500. “Estoy tramitando mi retiro”, dice.
Dicha compañía, según su página web, “es dirigida y supervisada por oficiales de alta graduación de las FFAA y la PNP, compuesta por personal entrenado en la seguridad integral de instalaciones con el uso adecuado de la tecnología”.
Entre sus clientes –oh, sorpresa– aparece la revista Juez Justo que dirige Benedicto Jiménez.
“(Benedicto) nos pidió que le brindemos asesoría policial a la unidad de investigación de Juez Justo”, declaró Sánchez Ruiz a CARETAS.
¿Qué asesoría brinda el coronel Cánepa al pasquín Juez Justo?
El congresista García Belaunde denunció el 7 de junio a Benedicto Jiménez por el delito de lavado de activos. (CARETAS 2294 – Hasta el Cuello)
La procuradora de Lavado de activos, Julia Príncipe, denunció un sistemático seguimiento y amedrentamiento por investigar las actividades presuntamente ilícitas de este grupo.
Del mismo modo, el magistrado del Quinto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Riveros, quien lleva procesos contra Orellana y Benedicto Jiménez, denunció en CARETAS 2295 ser víctima de reglaje por parte de la red. Lo mismo ha ocurrido con periodistas de CARETAS. (CARETAS 2295 – Juez Bajo Presión)
“Esto merece una investigación profunda”, dijo García Belaunde. “Porque una empresa que dice combinar la inteligencia militar con el detectivismo, y que sirve a una organización delincuencial que es investigada por lavado de dinero y otros delitos más, no puede estar dedicándose sino al reglaje ilícito y a la interceptación telefónica”.

Las Cuentas ‘Blancas’

CARETAS tuvo acceso al Informe de Inteligencia Financiera N°022-2012-DAO-UIF-SBS que conecta una serie de cuentas del investigado Rodolfo Orellana con el narcotráfico.
El documento, elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), es pieza clave en la investigación a Orellana por lavado de activos iniciada en 2011.
El informe señala que con base en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) presentados por el sistema financiero a la UIF, determinaron que Orellana y sus familiares más cercanos recibieron, entre junio del 2002 y diciembre del 2011, dinero en efectivo de terceros en distintas cuentas bancarias por un total de US$ 2,329,179 vinculados, principalmente, al tráfico ilícito de drogas (TID).
EL DELITO FUENTE

La UIF identificó como delito-origen el narcotráfico sustentándose en los siguientes indicios:
– Participación de personas con delito precedente.
– Vinculaciones con personas con antecedentes en delito precedente.
– Transferencia de activos de presunta fuente ilícita.
– Utilización del sistema financiero para ingresar fondos presuntamente ilícitos.
– Posible participación de testaferros.
– Utilización de intermediarios en las operaciones.
– Utilización de presunta empresa fachada.
El objetivo de Orellana, según la UIF, sería “la realización de transferencias de activos y la canalización de fondos provenientes del TID”.
Según el informe, Orellana fue “ordenante” de una transferencia bancaria a favor de Ester Morales Schaus, viuda de Hugo Díaz Lozano, presunto narcotraficante detenido con 800 kilos de cocaína del Cártel de Tijuana en febrero del 2005.
Morales, por cierto, sería la actual pareja sentimental de Orellana.
Orellana también realizó un giro con monto desconocido a favor de Jenny Cerdeira Sales, quien es investigada por narcotráfico.
Según la Partida Electrónica (PE) de la SBS N°11820070, Churchill Orellana, hijo adoptivo del abogado, resultó beneficiado en noviembre del 2005 con un poder que le otorgaba potestad sobre tres inmuebles a nombre del narcotraficante Ricardo More Tejada, documento que fue rubricado por Laura, su hermana.
Entre 2002 y 2011, según la UIF, Orellana percibió ingresos con “origen y destino desconocido” por US$ 1,063,881 en 139 operaciones bancarias.