Será trasladado por la fuerza a Fiscalía por caso de malversación de bienes de la Iglesia
El prelado, quien se ha negado a comparecer en dos citaciones consecutivas, es considerado clave para esclarecer las actividades de Alex Aníbal Cano Arce, canciller de la Diócesis de Puno y principal investigado por lavado de activos y peculado doloso.
En un caso que mezcla fe, corrupción y patrimonio cultural, la Fiscalía de Lavado de Activos de Puno ha ordenado que el obispo Jorge Carrión Pavlich sea trasladado de manera compulsiva, con apoyo de la Policía Nacional, para que declare sobre su presunta implicación en un escándalo de malversación de bienes eclesiásticos. El prelado, quien se ha negado a comparecer en dos citaciones consecutivas, es considerado clave para esclarecer las actividades de Alex Aníbal Cano Arce, canciller de la Diócesis de Puno y principal investigado por lavado de activos y peculado doloso.
El canciller con doble sueldo
Cano Arce, quien además de ser agente pastoral y canciller de la Diócesis de Puno (cargo remunerado por el Ministerio de Justicia), es policía de inteligencia en actividad (pagado por el Estado), está acusado de utilizar su posición para disponer ilegalmente de bienes de la Iglesia. Según las investigaciones del fiscal provincial Carlos Iscarra Pongo, el imputado habría vendido objetos religiosos de alto valor, como cuadros de pintura cusqueña, cálices, copones y adornos de oro y plata, considerados patrimonio cultural.
Pero eso no es todo. Cano Arce también estaría involucrado en transacciones inmobiliarias irregulares, incluyendo la adquisición de 300 hectáreas en Santa Rosa, Mazocruz (Puno), zona donde se presume la existencia de yacimientos de litio. Además, habría gestionado de manera cuestionable terrenos del Santuario de Cancharani, lo que ha levantado sospechas de enriquecimiento ilícito.
Una red que se extiende a otras diócesis
Las indagaciones han revelado que las actividades de Cano Arce no se limitan a Puno. El fiscal Iscarra ha señalado que el investigado habría operado de manera similar en las diócesis de Huancané, Juli y Ayaviri. Por ello, se ha previsto citar a los obispos de estas jurisdicciones -Monseñor Giovani Cefai, Monseñor Ciro Quispe y Monseñor Pedro Bustamante- para que expliquen el rol que Cano Arce desempeñaba en sus respectivas diócesis.
El silencio del obispo Carrión
Monseñor Jorge Carrión Pavlich, obispo de Puno, ha sido renuente a colaborar con la investigación. Ante su negativa a declarar en dos oportunidades, la Fiscalía ha dispuesto su traslado compulsivo con apoyo policial. Según las pesquisas, Carrión habría facilitado la presunta red de malversación al permitir que Cano Arce manejara los bienes de la Iglesia de manera irregular.
Hasta el momento, no se ha determinado el monto total de la afectación patrimonial, pero se sospecha que las transacciones ilegales podrían ascender a sumas millonarias. El fiscal Iscarra aguarda los informes de Registros Públicos, la Sunat y notarías para cuantificar el daño y establecer el nivel de enriquecimiento ilícito del imputado.
La Procuraduría en silencio
Mientras el escándalo crece, la Procuraduría, encargada de velar por los intereses del Estado, guarda un silencio que muchos califican de cómplice. Joao Arriarán García, representante de la Procuraduría en el caso, se limitó a declarar que “espera indicaciones de sus superiores”, lo que ha generado críticas por la falta de acción frente a un caso que involucra bienes públicos y patrimonio cultural.
Fe, corrupción y patrimonio en juego
Este caso no solo expone una presunta red de corrupción al interior de la Iglesia, sino que también pone en riesgo el patrimonio cultural y religioso de la región. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, los fieles de Puno y otras diócesis afectadas esperan respuestas claras y acciones concretas.
Por ahora, lo único seguro es que este escándalo ha sacudido los cimientos de una institución que, en teoría, debería ser ejemplo de integridad. Y mientras el obispo Carrión es llevado a declarar por la fuerza, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿cuánto más tendrá que revelarse antes de que se haga justicia?
Fuente: Revista CARETAS.
Archivamiento por supuesta inmunidad diplomática
La denuncia fue admitida en julio de 2024 y nuestra declaración se llevó a cabo el 18 de septiembre ante el fiscal designado.
En octubre de 2024, el fiscal provincial, Sandro Ruiz Herrera, se inhibió de llevar el caso, argumentando que Jordi Bertomeu tenía rango de ministro por pertenecer a una misión diplomática del Vaticano, citando el DS N°0007-82-RE, que establece la inmunidad diplomática.
Sin embargo, el fiscal no incluyó que el mismo reglamento señala que la inmunidad diplomática requiere que la misión diplomática esté debidamente acreditada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
Nuestro abogado solicitó dicho ministerio información sobre la acreditación de Bertomeu, y a finales de noviembre se confirmó que ingresó al país con visa oficial. El motivo de su viaje era una “visita a la Nunciatura Apostólica de Lima”, sin haber solicitado la acreditación como misión diplomática.
A inicios de diciembre de 2024, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, revisó la información y devolvió el caso al fiscal Sandro Ruiz Herrera. La Fiscal de la Nación expuso que el denunciado Jordi Bertomeu Farnós no es un alto funcionario y no cuenta con la prerrogativa del antejuicio político.
El 17 de diciembre de 2024, el abogado de Jordi Bertomeu se presentó por primera vez en el proceso y pidió el archivamiento de la denuncia, argumentando la inmunidad diplomática. Presentó tres documentos:
1. Una fotocopia del pasaporte diplomático. Tener pasaporte no te da inmunidad automática.
2. Fotocopia de una solicitud enviada desde la Nunciatura Apostólica del Perú a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores para que se haga una atención protocolar en la Sala VIP del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima para la delegación compuesta por Monseñor Scicluna y Jordi Bertomeu. Como este documento dice que son diplomáticos, Jordi Bertomeu, por medio de su abogado, pretende justificar que esto es sustento de su inmunidad.
3. Fotocopia de un documento en italiano con el encabezado del Dicasterio de Doctrina de la Fe que parecería ser una solicitud o agenda de reunión entre Monseñor Scicluna y el Padre Jordi Bertomeu con el Papa Francisco que se titula “Sodalicio de Vida Cristiana”. Al final del documento se encuentra un pedido al Papa para que les garantice inmunidad diplomática. El Papa firma el documento el 5 de julio de 2023. Este documento tampoco sustenta la inmunidad diplomática pues esta no es el resultado del acto unilateral de un Estado.
Ante lo presentado, nuestra defensa sustentó que en su visita de julio de 2023, Jordi Bertomeu Farnós no fue acreditado para gozar de inmunidad diplomática.
El 20 de enero de 2025, nos enteramos que el sacerdote Jordi Bertomeu estaba en Lima. Al día siguiente, nuestro abogado solicitó que se le cite a declarar, pero nos sorprendió que la denuncia había sido archivada, siendo informados por la prensa y no por la Fiscalía. El 23 de enero, confirmamos que la denuncia había sido archivada el 13 de enero.
La razón del archivamiento fue que el fiscal consideró a Jordi Bertomeu como diplomático.
Reiteramos que la misión con la que llegó no fue acreditada y que el fiscal ha omitido la información del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Fiscal de la Nación.
Ante esta situación, presentamos una impugnación argumentando que el fiscal omitió información clave del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Fiscal de la Nación. La justicia peruana ha aceptado ahora esta impugnación, lo que permitirá que el caso continúe en evaluación.
Giuliana Caccia y Sebastián Blanco
*Caccia y Blanco han reiterado que no tienen vínculos con el Sodalicio de Vida Cristiana y han solicitado al sacerdote Bertomeu que deje de evadir la justicia y responda a las acusaciones en el marco del debido proceso legal.