Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
Todo lo que no es formal es ilegal. Si no fuera así, dejaríamos de pagar impuestos y seguiríamos operando nuestras empresas. ¿Qué tal? La hipocresía debe acabar, igual que las nomenclaturas que intentan suavizar lo intolerable: minería informal, ilegal, artesanal; todas operan fuera de la ley, y, por tanto, todas son ilegales. Por menos, cierran bodegas y persiguen a vendedores ambulantes a palazos.
La Amazonía sur agoniza, es una de las zonas megadiversas del planeta; el mercurio contamina los ríos, la trata de mujeres y menores es un abominable negocio más en los campamentos-ciudad mineros, y la tierra, violada una y otra vez, pierde su capacidad de regenerarse. Pero no es solo en Madre de Dios; en 21 de nuestras 25 regiones, esta plaga aniquila suelos agrícolas y envenena cursos de agua de los que dependen diversas actividades y millares de familias rurales para calmar la sed.
La minería ilegal no comenzó con este gobierno ni terminará con él. Hace falta un líder con la osadía de Nayib Bukele, alguien dispuesto a enfrentarse a una actividad que mueve mucho más que los ocho mil millones de dólares que reporta la Superintendencia de Banca y Seguros.
Bukele, presidente de El Salvador, dio un golpe a las Maras, pero un organismo multilateral le auguró un colapso económico si actuaba de manera radical. “El Salvador perderá 10% de su PIB”, le dijeron, pero Bukele no titubeó, asumió el riesgo. En cuestión de meses, su país dejó de ser el más peligroso del planeta y el PIB creció 3%. ¿Quién tiene esa convicción en el Perú? Nadie quiere enfrentarse a un negocio que involucra a más de medio millón de personas y, sumando familiares y asociados, más de tres millones de votantes.
¿Aquí las multilaterales, como el Banco Mundial, el BID o el FMI, asustan también lejos de respaldar y promover decisiones valientes y necesarias? La minería criminal tiene cómplices dentro del sistema, dentro de la formalidad. Hay mineras establecidas que prefieren comprar oro sucio, pues es más barato que extraerlo. En las zonas asoladas, una empresa de maquinaria pesada, varias veces denunciada, repone los equipos confiscados a los ilegales en cuestión de horas. Es un sistema perfectamente aceitado, y su dinero invisible es intocable.
Figuras reconocidas como el ingeniero Rómulo Mucho caen víctimas de este cáncer. “¿Qué resuelve mi censura?”, dijo tras su salida como ministro, gracias a la estupidez del Congreso. “Tenemos que gestionar para todos los estratos de la minería”. Pero nadie quiere escuchar. Y Hernando de Soto, quien advirtió hace décadas sobre la minería informal, sigue siendo desoído. ¿Y qué se hace? Operativos mediáticos combinados para dinamitar dragas mientras se dejan intactos los sistemas que son alimentados por esta actividad: los puti-bares, las tiendas que les abastecen, las marcas que lucran y los amigos de peso.
A grandes males, grandes remedios. Den un plazo para que abandonen las zonas y dinamiten todo. Si Bukele pudo enfrentar a las Maras, ¿los peruanos no podemos salvar nuestra tierra?
La respuesta es evidente: No.