Por Mariella Balbi- Diario EXPRESO.
Quisiera escribir sobre la necesidad de investigar la actuación del fiscal José Pérez y del exjefe DIVIAC (hoy suspendido por faltoso), que llevó al suicidio de Alan García Pérez, o sobre el hecho de que dos sacha (falsos) colaboradores como Miguel Atala y Luis Nava aún no entreguen una sola prueba contra Alan García. No puedo. Inmediatamente –cual vistosa escena cinematográfica– aparecen en acción el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) –un rimbombante nombre–, junto con la DIVIAC, la policía política, (Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad), otra denominación pomposa, y nos ponen de vuelta y media.
Vivimos ametrallados diariamente por la extorsión, el asesinato, granadas amenazantes en colegios y el compulsivo robo de celulares. También por la corrupción del Congreso y por lo que le ocurre a la actriz estelar en este reparto, Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, supuesta jefa de una organización criminal. Días atrás el Eficcop, liderado por Marita Barreto, una ‘starlet’ que no quiere perder protagonismo, realizó allanamientos y detenciones de siete personas vinculadas a Benavides por una compra millonaria de computadoras que no se realizó. Todo en base a las declaraciones de Jaime Villanueva, ex asesor de Benavides. Una suerte de oráculo de Delfos que, cuando le conviene a la contaminada Fiscalía, a Barreto y Colchado, va. Lo que no gusta al abusivo Eficcop, es convenientemente silenciado.
Este reciente episodio incluye el allanamiento al domicilio del periodista Juan Carlos Tafur por una estupidez: haber criticado el viaje de la más, más Barreto, a Punta Cana para tomar declaraciones al ‘angelito’ Sada Goray. Por cierto, no escuchamos nada de este megacaso de corrupción del gobierno de Castillo. ¿Por qué será?
Los antecedentes de este ‘golpe’ de Eficcop son la suspensión del taimado policía de DIVIAC, Harvey Colchado y la ansiada estocada final a Patricia Benavides de parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para destituirla. Luego Barreto&Company la harán chichirimico. El método es conocido. A los siete detenidos los ajustarán para que digan lo que quiere Eficcop y poder seguir a velocidad de crucero. Si no, a la reja. Afortunadamente el TC ha confirmado la destitución de dos integrantes de la JNJ. Habrá un suspenso.
Otro propósito de este ‘Choliwood’ fiscal es tumbarse a Dina Boluarte. El tema relojero ya la hundió. Ahora está investigada por corrupción por su actuación como ministra del MIDIS. También está el asuntillo de haber sido cajera de Vladimir Cerrón, el inencontrable. Insistiremos que detrás de esto, entre otros –caviares, Odebrecht, etc.– figura el Lagarto Vizcarra, agazapado judicial y mediáticamente. Se esfumó.
Si lo logran pronto, porque hartazgo ciudadano hay, tendremos seis presidentes en seis años. Pero el Congreso tiene su juego y podría adelantar para el 2025 las próximas elecciones. Sin un JNE decente y con partidos como el de Antauro Humala, seguiremos hundiéndonos. La Fiscalía es un espacio mafioso. El Fiscal de la Nación, Juan Villena, pasó a la condición de fantoche.
Quien publica comunicado tras comunicado institucional es la fiscal Marita Barreto. Está empachada de poder. Mete a la ‘cana’ a Kiko y a Caco, amparada por jueces que creen que es una paladina de la justicia, o están presionados, o forman parte de esta temible red. Esa organización, no Boluarte, nos gobierna. Le guste o no.

Marita Barreto y sus perlas: siempre hay una mano negra favoreciéndola

Por Plinio Esquinarila– Diario EXPRESO.
Fiscal nunca estudió lavado de activos, pero en un año pasó a ser la reina de esas fiscalías con el caso Orellana. Ahora pretende encarcelar por más de 10 años a dos periodistas por investigarla.
Doctor Reyna, muchos tienen vivo el recuerdo de la pérdida de expedientes y de sobres del caso Orellana, lo que motivó incluso la presentación de Pablo Sánchez, siendo Fiscal de la Nación, en el Congreso. Y Sánchez no tuvo otra escapatoria que incriminar directamente a la doctora Barreto. ¿En qué terminó eso?
Como seguramente terminan muchas investigaciones, ¿no? En verdad, yo creo que ha habido siempre una suerte de mano oscura que protege este tipo de irregularidades, por llamarlas de la manera más elegante, de Marita Barreto.
Pero a cualquier otro fiscal lo hubieran destituido. Perder documentos del caso Orellana, nada más y nada menos, no solamente hubiera significado una destitución, sino además un proceso penal por obstrucción de la justicia o encubrimiento, según las investigaciones.
-Pero además habría pérdidas de otros cuadernos, al parecer en casos de tráfico de tierras…
Estos problemas relacionados a tráfico de tierras en el sur, pérdida documental, hacen sospechar que cuando se pierden documentos vinculados a este tema de tráfico, de terrenos en el sur, la señora termina comprando un terreno precisamente en el sur, en el balneario de Asia. Yo creo que ahí había y hay mucho material para poder investigar.
¿A qué cree usted que se debe el tremendo “impulso” que le ha dado la fiscal Marita Barreto a ese equipo de fiscales contra la corrupción del poder con allanamientos desmedidos y detenciones?
En la medida que ella haga una investigación en el marco de lo que la Constitución y el Código Procesal Penal establecen, todo estaría bien.
Pero cuando uno advierte una serie de deficiencias, como las que se han producido en torno a querer vincular a la señora Patricia Benavides como cabeza de “organización criminal”, cuando se lanza esos Power Point con fotos y organigramas, filtrándolos [a la prensa] y, a partir de ello, consigue una serie de medidas contra la Fiscal de la Nación [ahora suspendida], uno va advirtiendo que hay una segunda intencionalidad que no solamente es la de investigar, sino además la de perjudicar.
Cuando ya no se respeta una serie de principios como el de inocencia, los de razonabilidad, proporcionalidad y otros que rigen nuestro Código, siendo ya las medidas arbitrarias, como las que se ha dado recientemente contra un periodista, el señor [Carlos] Tafur, uno comienza a sospechar de que ya no es investigación sino que ya tiene ciertas características de persecución.
-Aparte de Tafur, qué otros hechos concretos ha notado usted contra la prensa.
Lamentablemente ella va contra el periodismo. Y esta es una clara advertencia de lo que puede pasar más adelante con otros que ejercen este oficio o carrera. No es la primera vez que la señora Barreto, en mi opinión, incurre en arbitrariedades de esa naturaleza.
-¿A qué se refiere?
Esto es a propósito de críticas pasadas a la labor como fiscal a Marita Barreto que publicara el diario Expreso. Me refiero a las investigaciones de los periodistas José Briceño y Rafael Romero, colaboradores en su oportunidad del citado medio periodístico, quienes le solicitaron información sobre supuestos pagos a colaboradores eficaces: pasajes y algunos otros desembolsos que la fiscal Barreto admitió haberlos sufragado, esto en una entrevista televisiva.
También a raíz de que el señor Briceño hace una denuncia sobre un certificado médico falso que quiso usar dicha magistrada para un reintegro irregular, y a compra de un terreno en Asia [al sur de Lima] al contado por 60,000 dólares…
-¿Cuándo se produjo todo eso?
Todo eso se produjo en 2019, pero y en el año 2020, en febrero, citan a ambos como testigos y a los pocos meses termina involucrándolos nada menos que como parte de una organización criminal, como su brazo periodístico. Es decir, frente a la crítica, la respuesta fue: te incluyo en una investigación por lavado de activos y como parte de una organización criminal.
Esta medida es gravísima porque ella no desarrolla, en los hechos que imputa, no presenta nada más que los artículos periodísticos; no hay imputación de nadie, no hay declaración que los sindiquen a ellos como parte de la organización criminal, no hay llamadas.
No hay depósitos de dinero, no hay fotografías de encuentros subrepticios, no hay absolutamente ningún elemento de convicción, o medios de prueba que hagan sospechar siquiera que dos periodistas que ejercían su labor formen parte de una organización criminal.
Al cierre de esta edición, el hijo del empresario sentenciado Rodolfo Orellana, denunció que Marita Barreto mandó a su fiscal adjunto “para extorsionar a mi papá con una solicitud de prisión preventiva de 18 meses prorrogable de 18 meses más contra la mamá de la hija de mi padre, de mi hermana de tres años”. Agregó que si se allanaba a las dávidas solicitadas, “ella no iba a pedir detención”.